Category: Inmigracion

La población de inmigrantes nacidos en México que reside en Estados Unidos registró una caída del 5% entre 2010 y 2024, la primera reducción observada desde 1980, de acuerdo con un análisis del Migration Policy Institute (MPI), que advierte que la tendencia podría profundizarse conforme se fortalecen las medidas de control migratorio en la frontera y en el interior del país.

El reporte señala que la Oficina del Censo de Estados Unidos contabilizó 11.14 millones de residentes nacidos en México en 2024, una cifra inferior al máximo histórico de 11.71 millones alcanzado en 2010. Ese descenso rompe una trayectoria de crecimiento sostenido durante más de cuatro décadas, periodo en el que la población inmigrante mexicana llegó a quintuplicarse respecto a los niveles registrados en 1980.

La disminución ocurre en un contexto en el que la población total nacida en el extranjero continúa aumentando. Entre 2010 y 2024, el número de inmigrantes en Estados Unidos creció 26%, hasta alcanzar 51.28 millones de personas, equivalentes al 15.4% de la población nacional.

A pesar del descenso, los mexicanos continúan siendo el grupo de inmigrantes más numeroso del país, al representar el 22% del total de personas nacidas en el extranjero, es decir, más de uno de cada cinco inmigrantes que viven en Estados Unidos.

???La cifra de inmigrantes mexicanos en EEUU, la población extranjera más numerosa del país, cayó un 5 % de 2010 a 2024, su primera reducción desde 1980, informó el Migration Policy Institute (MPI), que advirtió de un mayor descenso en el futuro ante el endurecimiento de la?

— Canal 44 (@CANAL44TV) August 3, 2026

Menor flujo migratorio y controles más estrictos

El estudio identifica como uno de los principales factores detrás de esta reducción la disminución de los cruces irregulares por la frontera sur. Durante el año fiscal 2025, las autoridades estadounidenses interceptaron alrededor de 238,000 personas que intentaban ingresar sin autorización, la cifra más baja registrada en 55 años.

Del total de esos cruces, el 47% correspondió a ciudadanos mexicanos, lo que refleja un cambio significativo respecto a décadas anteriores, cuando la migración procedente de México dominaba ampliamente los flujos fronterizos.

Los investigadores Andrés Ayala y Jeanne Batalova sostienen que “las futuras reducciones de la población inmigrante mexicana podrían acelerarse debido al endurecimiento de las medidas de control de la inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México y en el interior del país”. El informe también indica que, a mediados de 2023, aproximadamente 5.5 millones de inmigrantes mexicanos vivían en Estados Unidos sin autorización migratoria. Esa cifra representa cuatro de cada diez inmigrantes indocumentados del país, cuyo total se estima en 13.7 millones.

México mantiene la mayor comunidad de origen extranjero

Aunque el número de inmigrantes nacidos en México ha disminuido, la presencia de la comunidad mexicana continúa siendo determinante en la vida económica y social de Estados Unidos. El estudio calcula que, al sumar a las personas nacidas en México con los estadounidenses de ascendencia mexicana —quienes también son considerados ciudadanos mexicanos conforme a la legislación de México—, la población alcanza los 40.5 millones de personas, una de las comunidades de origen nacional más grandes del país.

En el ámbito laboral, los inmigrantes mexicanos mantuvieron una tasa de participación del 68% en la fuerza laboral civil durante 2024, superior al 63% registrado entre las personas nacidas en Estados Unidos.

California continúa concentrando la mayor parte de esta población, con el 35% del total de inmigrantes mexicanos, seguido de Texas con el 22%. Asimismo, más de un tercio reside en cinco grandes áreas metropolitanas: Los Ángeles, Chicago, Houston, Dallas y Riverside, regiones que históricamente han concentrado importantes comunidades mexicanas y que siguen siendo los principales centros de asentamiento de esta población.

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NUEVA YORK.- La política migratoria del presidente Donald Trump busca cualquier forma de encontrar a inmigrantes indocumentados que pudiera procesar para deportación, incluso utilizando programas de asistencia social esenciales para la supervivencia de familias.

Tal es el caso del Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), el principal programa del gobierno federal para brindar asistencia financiera a familias de muy bajos ingresos con hijos, cuya información es compartida por las autoridades.

Desde el 23 de junio de 2026, la Oficina de Asistencia Familiar (OFA), perteneciente a la Administración para Niños y Familias (ACF) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), publicó “un aviso indicando que otorgaría a otras agencias federales y estatales, en particular al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), acceso a información sobre las personas que recibieron beneficios del programa” TANF.

La información que comparten no solamente es sobre los beneficiarios, sino de todas las personas que viven en sus hogares, incluyendo números de Seguro Social, ingresos, estado civil y estatus migratorio, por lo que una demanda ante la Corte de Distrito Este de Nueva York busca detener tal acción.

La demanda es presentada por Make the Roads States, Common Cause y el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica (EPIC), que acusan violaciones a la ley TANF, la Ley de Seguridad Social, la Ley de Privacidad de 1974, la Ley de Cotejo Informático de Protección de la Privacidad de 1988 y otras leyes federales.

“Esta administración está intentando una vez más explotar la información personal de los estadounidenses y utilizarla para fines totalmente inaceptables”, afirmó John Davisson, subdirector y director de Cumplimiento de EPIC. “Las personas que buscan ayuda financiera para sus familias no deberían temer que sus datos se utilicen como arma para la aplicación de la ley de inmigración u otros fines perjudiciales”.

Los demandantes –representados por Democracy Forward y el Centro Nacional para el Derecho y la Justicia Económica– solicitan al tribunal prohibir a la administración de Trump de implementar esta política de divulgación de información.

“El programa TANF ayuda a las familias a satisfacer una necesidad básica, y utilizarlo como arma de esta manera es cruel y destruye la red de seguridad que creó el Congreso”, dijo Jay Young, Director Sénior de Políticas de Derechos Civiles y Libertades Civiles de Common Cause. “Si se permite que esto suceda, podría provocar que los niños pasen hambre, ya que las familias temen represalias”.

La Ley de Privacidad exige una notificación pública significativa y una oportunidad real para presentar comentarios antes de que las agencias realicen cambios de gran alcance en el manejo de la información personal. Esto no es solo un requisito formal, sino una salvaguarda esencial contra el abuso de poder del gobierno. La administración debe cumplir la ley.”

Los demandantes advierten que agentes enmascarados de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están secuestrando y haciendo desaparecer a inmigrantes “mediante violencia y tácticas inconstitucionales”.

“Cada vez más, el ICE utiliza sistemas de vigilancia con inteligencia artificial, desarrollados por controvertidas empresas tecnológicas como Palantir, para combinar conjuntos de datos gubernamentales, incluyendo información personal sensible que las familias han compartido con los gobiernos estatales y federales al solicitar beneficios, con el fin de deportar a estas familias”, advirtió Theo Oshiro, codirector ejecutivo de Make the Road States. “Nos enorgullece unirnos a Democracy Forward para detener el intento ilegal de la administración de compartir datos del TANF con el ICE y otras agencias federales y entidades privadas”.

Según la Ley de Privacidad, las agencias federales deben notificar al público –y tomar en consideración la opinión pública– sobre las formas en que planean usar la información personal.

“El cambio de política [del gobierno de Trump es] es un intento de eludir ilegalmente la Ley de Privacidad y otras leyes y salvaguardias federales que protegen la información confidencial de los beneficiarios del TANF”, agregan los demandantes.

Según las organizaciones demandantes, el TANF financia más de $16 mil millones de dólares anuales en subvenciones a los 50 estados, el Distrito de Columbia y varios territorios y gobiernos tribales, es decir, si bien el gobierno federal distribuye los fondos, los estados administran los esfuerzos “para aliviar la pobreza”.

“El programa TANF también ayuda a financiar una variedad de beneficios y servicios estatales para familias de muy bajos ingresos con hijos, incluyendo asistencia para el cuidado infantil, programas de empleo y capacitación, servicios para niños en riesgo de abandono o abuso, y programas extraescolares para jóvenes”, se advierte.

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA) advirtió de un inusual incremento en los arrestos de inmigrantes que tenían planeado realizar viajes nacionales en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

De acuerdo con la organización CHIRLA, más de una docena de inmigrantes han sido arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el LAX, y más de la mitad de esos casos han ocurrido en las últimas dos semanas.

La organización defensora de los inmigrantes aseguró que la situación no es exclusiva del aeropuerto de Los Ángeles, sino que las detenciones por parte de agentes federales de inmigración también han ocurrido en las últimas semanas en otras terminales aéreas del país.

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CHIRLA denunció que tiene documentadas 14 detenciones de personas inmigrantes en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

“Muchos de los arrestados son personas que se han quedado más tiempo de lo permitido por su visa y que incluso tenían permiso de trabajo, un periodo autorizado y una aplicación pendiente”, declaró la abogada de inmigración de CHIRLA, Yunen Trujillo.

La organización proinmigrante CHIRLA aseguró que ocho de los arrestos en el aeropuerto de Los Ángeles ocurrieron en las últimas ocho semanas.

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En las últimas semanas ocurrieron detenciones en terminales aéreas, como la que ocurrió el 22 de julio en el Aeropuerto de San Francisco, donde detuvieron a una inmigrante ucraniana que tenía su visa vencida desde hace 15 años, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional.

“Los hemos visto en personas abordando, personas bajando de conexiones o siendo bajadas del avión en conexiones“, expresó Trujillo.

“El intercambio de información entre ICE y TSA (Administración de Seguridad en el Transporte) es fundamental para identificar a quienes intentan viajar dentro del país, incluidos criminales violentos, con el fin de mantener seguros nuestros cielos y la nación“, dijo el Departamento de Seguridad Nacional.

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“Esta administración está trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros que se encuentren ilegalmente en nuestro país ya no puedan viajar en avión, a menos que sea para autodeportarse”, agregó el DHS.

La abogada de inmigración de CHIRLA recomendó consultar con un experto antes de viajar si se tiene planes de viajar en avión, especialmente si se le venció la visa o tiene un permiso para estudiar o trabajar vigente mientras avanza su caso migratorio.

La abogada Trujillo aseguró que todos los inmigrantes que han sido detenidos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles no contaban con antecedentes penales ni tampoco tenían órdenes pendientes de deportación.

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“Y si es posible que su viaje, si no es necesario, sea hasta que consulten con un abogado, aunque tengan una aplicación migratoria pendiente, es recomendable que hagan esto”, recomendó Trujillo.

La recomendación para no viajar en avión dentro del país es también para los inmigrantes que tengan solicitudes pendientes de residencia permanente o asilo. Se les recomienda consultar primero con un abogado de inmigración para evaluar su caso.

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El temor a una detención migratoria ya no se limita al lugar de trabajo. Para miles de campesinos en Estados Unidos, también alcanza la consulta médica, el supermercado, las redes sociales y las actividades familiares.

Un informe difundido por la Fundación UFW revela que el 88% de los trabajadores agrícolas encuestados teme ser detenido o deportado, mientras que el 92% asegura que las redadas migratorias y las deportaciones han afectado su empleo. El estudio, titulado Bajo el sol y fuera de las sombras, reunió las respuestas de 2,250 campesinos.

Aunque el documento fue publicado en julio de 2026, las respuestas fueron recogidas entre el 27 de junio y el 11 de julio de 2025, durante los primeros meses de la segunda administración de Donald Trump.

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El miedo se extiende fuera del trabajo

Una de las conclusiones más significativas del informe es que el temor a los operativos migratorios está modificando actividades básicas de la vida cotidiana.

El 61% de los participantes afirmó que redujo sus salidas para realizar compras. Otro 29% dijo que no buscó atención médica por miedo a ser arrestado, mientras que el 21% reconoció que comenzó a utilizar las redes sociales con mayor cautela.

La preocupación principal, sin embargo, es la familia. El 90% teme ser separado de sus seres queridos debido a una deportación. Además, el 43% considera que, si tuviera que abandonar el país, podría no conseguir regresar a Estados Unidos.

Estas respuestas muestran que las consecuencias de los operativos no se limitan a posibles arrestos. Según la Fundación UFW, el temor también puede llevar a los trabajadores a postergar cuidados médicos, reducir su participación comunitaria y evitar lugares públicos.

La mayoría lleva más de una década en Estados Unidos

El informe señala que muchos de los participantes han formado raíces profundas en las comunidades donde viven y trabajan.

El 80% lleva más de 10 años residiendo en Estados Unidos y el 41% supera los 20 años. En el terreno laboral, el 84% declaró haber trabajado en la agricultura estadounidense durante al menos una década.

Estos datos ayudan a explicar por qué la separación familiar aparece como la principal preocupación. Muchos de los trabajadores tienen hijos, parejas y otros familiares en Estados Unidos, mientras que algunos llevan años o décadas sin regresar a sus países de origen.

Ante la posibilidad de una reforma migratoria que les permitiera obtener un estatus legal, el 87% dijo que una de sus primeras acciones sería visitar a familiares que viven fuera de Estados Unidos y a quienes no han podido ver durante años.

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Qué protección reclaman los trabajadores agrícolas

Cuando se les preguntó qué condiciones los llevarían a continuar trabajando en el campo durante los próximos cinco años, el 76% eligió protecciones contra la detención y la deportación.

Un 66% pidió salarios dignos, el 53% señaló que desea una vía hacia el estatus legal o la ciudadanía y el 50% reclamó empleos con beneficios, incluida la cobertura médica. Los participantes podían elegir más de una respuesta.

La Fundación UFW sostiene que una regularización migratoria permitiría conservar trabajadores con años de experiencia, ofrecer mayor estabilidad a las familias y reducir el temor que actualmente dificulta denunciar abusos laborales o condiciones inseguras.

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Qué tan representativa es la encuesta

Los resultados deben interpretarse con algunas limitaciones. No se trata de una encuesta nacional probabilística diseñada para representar a todos los trabajadores agrícolas de Estados Unidos.

La Fundación UFW distribuyó el cuestionario mediante su propio programa de mensajes de texto y recibió respuestas principalmente de California, aunque también participaron trabajadores de otros 15 estados, entre ellos Florida, Georgia, Michigan, Nueva York, Arizona y Washington.

Para proteger a los participantes, la organización no preguntó directamente por su estatus migratorio, dirección, nombres de familiares ni rutinas diarias. En su lugar, utilizó preguntas indirectas para identificar las experiencias de quienes podrían encontrarse en situación irregular. Tampoco se exigió responder todas las preguntas, por lo que el número de participantes varía ligeramente entre los distintos resultados.

El estudio, por lo tanto, refleja principalmente las experiencias de trabajadores vinculados con los programas de comunicación y asistencia de la Fundación UFW. No obstante, ofrece una de las muestras recientes más amplias sobre cómo las políticas migratorias están siendo percibidas dentro de comunidades agrícolas.

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Dónde pueden buscar orientación

La Fundación UFW ofrece información sobre derechos migratorios, planes de preparación familiar y proveedores de servicios legales para trabajadores agrícolas e inmigrantes.

La organización publica estos recursos en español y también atiende consultas en el 1-877-881-8281. La asistencia disponible depende de cada caso y no sustituye la evaluación individual de un abogado de inmigración autorizado.

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo en San Francisco, California, a Roberts Nemiro, originario de Letonia, quien había permanecido en territorio estadounidense más tiempo del permitido por su visa.

En su momento, el bailarín profesional llegó a concursar en el programa de televisión “Dejo ar Zvaigzni!”, la versión letona del reality show “Bailando con las Estrellas”.

Su detención se produjo a raíz de una denuncia recibida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

De acuerdo con un comunicado emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Nemiro arrastraba varios antecedentes policiacos entre los que figuran agresión con agravantes a una persona ajena a la familia con un arma de fuego, agresión sexual y delitos relacionados con drogas.

Al cotejar su información migratoria, las autoridades estadounidenses detectaron que el letón ingresó al país en octubre de 2011 y, aún cuando su visa expiró en agosto de 2012, optó por quedarse.

DEGENERATE DANCER DETAINED: this illegal alien from Latvia once had a career as a professional dancer on TV, but has turned into a CAREER CRIMINAL.

Roberts Nemiro, from Latvia, was previously a contestant on the Latvian equivalent of “Dancing with the Stars.” But since being in? https://t.co/EzXjdODdX7 pic.twitter.com/Acgrwd8tLT

— Homeland Security (@DHSgov) August 1, 2026

A través de un comunicado emitido por el DHS, Roberts Nemiro enfrenta un proceso de deportación recluido temporalmente en un centro de detención de ICE ubicado en Bakersfield y sólo es cuestión de tiempo para que regrese a su nación de origen.

“Este inmigrante ilegal de Letonia puede que en su día haya tenido una carrera como bailarín profesional en televisión, pero se ha convertido en un delincuente habitual con un historial delictivo que incluye agresión con agravantes con arma de fuego, agresión sexual y posesión de drogas.

A pesar de que California es un estado santuario, el ICE logró arrestar a este criminal y sacarlo de nuestras calles, y pronto será deportado de nuestro país.

ICE está poniendo fin a su estancia ilegal y a su ola de crímenes aquí en los EE. UU.”, señaló Lauren Bis, secretaría adjunta del DHS.

Una mujer quien dice llamarse Lydia y ser pareja sentimental del letón detenido, habilitó una página en GoFundMe, plataforma de financiación colectiva, con el objetivo de reunir fondos para sostener su defensa legal tratando de obtener su liberación.

“El 28 de julio, Roberts y yo asistimos a nuestra entrevista programada con el USCIS para su solicitud de tarjeta de residencia por matrimonio con nuestro abogado de inmigración.

Al concluir la entrevista, los agentes del ICE detuvieron a Roberts por haber permanecido en el país más tiempo del permitido por su visa.

Nos hemos esforzado mucho por hacer todo correctamente y nunca imaginamos que asistir a una entrevista de inmigración obligatoria acabaría con la separación de nuestra familia”, detalla en la reseña de la cuenta donde apela a la solidaridad de los ciudadanos estadounidenses.

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