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La ley para establecer una mili voluntaria y abrir la puerta a una obligatoria se había aprobado unas horas antes en el Bundestag, casi como un trámite irrelevante, dado que la coalición de conservadores y socialdemócratas había cerrado previamente el acuerdo. Durante los seis meses que ha durado la negociación entre los socios de gobierno, apenas se han escuchado en Alemania voces en contra.

El número de reclutas voluntarios ha crecido un 16%, de hecho, a través de los proyectos piloto de alistamiento. Y una cultura de servicio social ha comenzado a surgir entre los jóvenes, que apoyan mayoritariamente un año de servicio civil en las encuestas. Pero la cosa es empuñar las armas. «Si hubiera nacido sólo un mes más tarde me habría tocado también», respiraba aliviado Laurent, que asistía a la manifestación «en solidaridad con mis compañeros de clase, la mayoría afectados».

La nueva ley establece que los barones nacidos a partir de enero de 2008 y siguientes serán alistados obligatoriamente. Recibirán un cuestionario sobre motivación y aptitud, cuya cumplimentación será obligatoria, al igual que el posterior examen médico. De ahí, los voluntarios pasarán a un periodo de instrucción mínimo de seis meses.

En el momento en el que la afluencia de voluntarios no sea suficiente para cubrir las necesidades alemanas de defensa, pasará a ser obligatorio el reclutamiento a través de una resolución parlamentaria y por sorteo.

El Bundesrat debe todavía aprobar el proyecto, pero es muy previsible que la ley entre en vigor a partir de enero de 2026. Su objetivo es aumentar el número de soldados activos de los actuales 183.000 a 255.000 y más tarde hasta los 270.000, cifra que se espera alcanzar en 2035. Además, se añadirán 200.000 reservistas.

Los seis meses entrañarán instrucción, tareas de seguridad nacional y guardias, quedando después destinados los reclutas a reforzar las reservas. Algunos de ellos, los más aptos o necesarios por sus cualidades, pasarán sin embargo a formar parte de las tropas activas, que estarán listas para el combate y deben ser entrenadas durante más tiempo.

El Ministerio de Defensa deberá presentar al Parlamento el número de voluntarios cada seis meses a partir de 2027 y, sobre ese dato, se establecerá la necesidad semestralmente de pasar al modo obligatorio.

Las mujeres quedan fuera

Las mujeres quedan fuera debido a que, en el momento de la redacción de la Ley Fundamental alemana, en 1949, el deber de defensa fue redactado en género masculino y sería ahora necesaria una reforma constitucional para abrir el servicio obligatorio femenino.

Ellas, en todo caso, pueden responder de forma voluntaria al formulario e igualmente de forma voluntaria presentarse al examen médico y cumplir con el servicio militar. Con el fin de atraer al mayor número posible de personas al servicio voluntario, se planifican incentivos como un salario mensual de alrededor de 2.600 euros brutos y una subvención para la formación y obtención del carné de conducir, que en Alemania tiene un precio promedio de 3.000 euros.

Se dispondrán también servicios sociales voluntarios para jóvenes que no deseen empuñar armas, a modo de objeción de conciencia.

El Ejército alemán comienza así a acompañar el intenso proceso de rearme con la dotación de personal que la Bundeswehr requiere para operar el armamento. Esta misma semana ha entrado en funcionamiento el sistema antimisiles Arrow 3, convirtiendo así al país en el primero fuera de Israel en desplegar esta tecnología.

Se trata de un hito estratégico dentro del rearme alemán y transforma el mapa europeo de la defensa, adoptando un ejército nacional la tarea de interceptación por impacto de misiles balísticos en el espacio, algo de lo que hasta ahora se venían encargando las tropas americanas en las bases alemanas.

Cada batería del sistema Arrow 3 requiere unos 200 efectivos de la Bundeswehr para su operación completa, entre personal técnico, operadores de radar, equipos de lanzamiento y logística, y las fuerzas armadas alemanas apenas son capaces de cubrir las plazas de ingenieros y especialistas en análisis de riesgo.

«La libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad de religión y el Estado no se protegen a sí mismos. Es algo que debe ser hecho por personas dispuestas a defenderlos, y no por quienes se quedan detrás de la valla del jardín esperando a que otros lo hagan», defendió su proyecto ante el pleno del Bundestag el ministro de Defensa, Boris Pistorius, que respondía así por adelantado las principales críticas de los manifestantes.

Entre los jóvenes que protestaban en la plaza de la República, la explanada frente al parlamento de Berlín, muchos alegaban su condición de musulmanes para negarse a empuñar las armas.

«Como ciudadano, al menos deberías considerarlo», corrige en declaraciones a ABC Ali Mete, portavoz del Consejo de Coordinación Musulmán, aunque añade que «si finalmente decides personalmente a favor o en contra depende de la conciencia de cada individuo».

«Desde un punto de vista islámico-teológico, el compromiso con el Estado en el que se vive es religiosamente imperativo», según Mete, que insistía en que «los musulmanes están obligados a asumir la responsabilidad de la sociedad, lo que también incluye servir en armas si es para proteger y mantener la paz».

«Este país, esta democracia, se lo merece… Les recuerdo que nuestra Bundeswehr también protege a quienes no quieren aprobarla», alegó además Pistorius.

El presidente de la Comisión de Defensa, el cristianodemócrata Thomas Röwekamp, insistió en que la decisión sobre la reactivación del servicio militar obligatorio se tomará en el verano de 2027 si no hay suficientes voluntarios reclutados en ese momento.

Röwekamp describió la ley sobre un nuevo servicio militar como un «compromiso político de dos puntos de vista políticos muy diferentes» y que «la mayoría de los alemanes acepta».

El proyecto está abriendo, sin embargo, una brecha generacional. Si bien las encuestas coinciden en que los alemanes de más de 50 años apoyan mayoritariamente la nueva ley como medida de seguridad nacional, también muestran que más del 60% de los menores de 25 años se oponen.

En realidad estaba lanzando un ultimátum a los cachorros conservadores en el Bundestag: si fallaba la votación, la única salida era una crisis de gobierno. Los jóvenes disidentes acudieron en bloque, se sentaron juntos, abuchearon la presentación de la reforma e hicieron una crítica descarnada de la misma. Finalmente, Merz obtuvo la aprobación con 319 votos, su propia mayoría, salvando así un obstáculo que ha situado al canciller alemán al borde de su primera gran crisis sólo seis meses después de llegar al cargo.

El momento de mayor tensión, durante el debate parlamentario, tuvo lugar cuando tomó la palabra Pascal Reddig, nacido en 1995, y reprochó a sus colegas de partido más veteranos estar embolsándose gruesas pensiones pagadas por unos jóvenes a los que al mismo tiempo se está condenando a una vejez de pobreza.

«El cambio demográfico no espera a las próximas elecciones. El proyecto de ley va en contra de mis convicciones fundamentales, de la solidaridad generacional. Y por eso he decidido no votar a favor del proyecto de ley», justificó.

Criticó además el hecho de que la reforma contempla costes adicionales de 120.000 millones. «Esto paralizará el presupuesto. Las pensiones continúan así una práctica del pasado. Se decidirían los costes, se pospondrían las decisiones… solo que esta vez ya no va a salir bien», advirtió.

Agradeció a su grupo parlamentario que le permitiese tomar la palabra, aunque votase en contra de la línea de la mayoría, y recibió abundantes aplausos por ello, incluso del líder del grupo parlamentario, Jens Spahn. «El paquete de pensiones debe ir seguido de una gran reforma de pensiones y estaremos encantados de trabajar en eso», añadió con esperanza y dejando entrever la contrapartida del pacto por el que, finalmente, los jóvenes diputados se han plegado a un voto del que Merz no podía prescindir si quería evitar el ridículo.

Lo que hace inaceptable esta reforma para los jóvenes es el «nivel de seguridad antes de impuestos», como lo denomina la ley, una variable matemática que compara el desarrollo de las pensiones con los ingresos del trabajo y establece una pensión estándar en relación con el salario medio. Si el nivel es estable, esta pensión estándar aumenta en consonancia con la evolución salarial. Si el nivel de pensión baja, sube más lentamente que los salarios y sueldo la pensión estándar, que es la que recibe alguien que ha pagado contribuciones durante 45 años como salario medio a tiempo completo y que actualmente alcanza los 1.836 euros al mes.

Esta proporción entre la pensión estándar y los ingresos medios ya ha caído drásticamente en las últimas décadas. A finales de los años 70, aún representaba casi el 60% de los ingresos medios, en 2012 bajó por debajo del 50% por primera vez y ahora queda establecida en el 48%.

La «mayoría de canciller»

Tras conocerse el resultado de la votación, 319 sí, 225 no y 53 abstenciones, con una «mayoría de canciller» por sólo por tres votos, el ministro de Finanzas sonrió e hizo un signo de victoria. El también líder de los socialdemócratas, Lars Klingbeil, el cerebro detrás de la reforma, da así el último golpe a un sistema de pensiones que ya comenzó a desmantelar su colega de partido, el excanciller Gerhard Schröder, con su Agenda 2010.

Merz sobrevive a la resistencia interna e impone el proyecto, pero por muy poco margen de votación y a costa de romper el consenso social sobre la jubilación alemana. El resto de grupos parlamentarios ha brillado por su falta de propuestas al respecto. La extrema derecha se ha limitado a calificar el debate de «caos de las pensiones» y la líder de La Izquierda, Heidi Reichinnek, ha criticado con pasión una ley sobre la que después ha evitado votar en contra.

La decisión ha sido anunciada en un correo electrónico enviado al personal y al alumnado de la escuela de postgrado en la que asegura haber actuado «siempre» con «el máximo rigor y corrección». Mogherini fue detenida el martes y puesta en libertad el miércoles en el marco de la investigación sobre presunto fraude y corrupción en la licitación para la Academia Diplomática Europea, adjudicada en 2022 al Colegio de Europa.

«Con el máximo rigor e integridad con los que siempre he desempeñado mis funciones, he decidido dimitir de mi cargo de rectora del Colegio de Europa y directora de la Academia Diplomática de la Unión Europea –afirma la exjefa de la diplomacia de la UE–. Estoy segura de que la comunidad universitaria en nuestros tres campus continuará el camino de innovación y excelencia que hemos trazado juntos durante estos últimos cinco maravillosos años. Estoy orgullosa de lo que hemos logrado juntos y profundamente agradecida por la confianza, la estima y el apoyo que me han demostrado y siguen demostrándome los estudiantes, el profesorado, el personal y los exalumnos de la Facultad y la Academia. Ha sido un honor y un placer para mí servir a la comunidad universitaria y a su misión, junto con todos ustedes».

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Corrupción en Europa

Mogherini había sido detenida en el marco de una investigación sobre un posible fraude en el uso de fondos de la UE. También están implicados en la misma investigación el exsecretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (AEE) en Bruselas, Stefano Sannino (quien también ha dimitido), y el italobelga Cesare Zegretti, codirector de la Oficina Ejecutiva de Educación, Formación y Proyectos del Colegio de Europa.

Los hechos se remontarían a 2021-2022. Se le reprocha «fraude en la adjudicación de contratos públicos, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional».

Los investigadores pretenden determinar si el Colegio de Europa o sus representantes fueron informados previamente de los criterios de selección de la licitación convocada por el Servicio Europeo de Acción Exteriores (SEAE) para un programa de formación de diplomáticos.

Según fuentes vinculadas al caso, Carvajal se ha ofrecido a entregar al Departamento de Justicia todo lo que sabe sobre redes de corrupción relacionadas con «altos exfuncionarios del Gobierno español», lo que puede llegar de forma inminente a la Fiscalía norteamericana. Como exdirector de la Inteligencia militar venezolana, Carvajal asegura disponer de información detallada sobre operaciones internas del Estado y sobre la captación de colaboradores extranjeros por parte de la dictadura. Su entorno sostiene que ha puesto ese material a disposición de las autoridades estadounidenses como parte de su estrategia de cooperación, lo que podría abrir un caso derivado.

En su escrito, que ABC publica también íntegro, Carvajal relata que el régimen venezolano colaboró durante años con Rusia y Cuba para espiar a Estados Unidos. Afirma que agentes rusos propusieron intervenir cables submarinos que conectan el continente con EE.UU., mientras que Cuba dirigía redes de espionaje infiltradas en bases navales de la costa este. Asegura que, durante dos décadas, el régimen envió espías a territorio estadounidense, algunos de ellos camuflados como opositores, y que incluso diplomáticos y funcionarios norteamericanos habrían facilitado la permanencia de Chávez y Maduro en el poder.

«Por veinte años, el régimen venezolano envió espías a su país; muchos siguen ahí, algunos disfrazados de miembros de la oposición. La inteligencia cubana me mostró sus redes dentro de sus bases navales en la costa este. Presumían de haber enviado miles de espías durante décadas, algunos hoy convertidos en políticos», afirma Carvajal en su carta. Así, apunta a la posibilidad de revelar la identidad de agentes infiltrados, o políticos a sueldo del régimen venezolano, plantados desde hace años en EE.UU. y otros países.

ABC ha visto parte de la documentación que Carvajal y quienes le han asesorado ponen a disposición de la Casa Blanca, además de notas manuscritas del preso, que ahora espera sentencia tras declararse culpable.

Acuerdos con Rusia, China y Cuba

El general venezolano sostiene además que ese aparato criminal movió toneladas de droga hacia EE.UU. mediante rutas diseñadas para inundar ciudades norteamericanas. Señala que mantenía acuerdos operativos con Rusia, China y Cuba, y que el régimen permitió la presencia de técnicos y agentes extranjeros para penetrar comunicaciones y obtener información sensible. Añade que Venezuela atacó a EE.UU. mediante emisarios encubiertos, fondos procedentes del narcotráfico y sistemas de inteligencia adquiridos con apoyo de terceros países, y que parte de esos operativos sigue activa.

Su declaración de culpabilidad, en junio de este año, supuso asumir responsabilidad por todos los delitos cometidos, algo que en su entorno interpretan como la aceptación de que iba a pasar el resto de su vida en prisión. Carvajal sostiene que su objetivo, en esta fase, es revelar en su totalidad cómo funcionaba el aparato criminal del que formó parte.

Pese a ello, aún no ha sido entrevistado por el Departamento de Justicia ni por los servicios de Inteligencia estadounidenses. Cuando se produzca, su comparecencia será clave para determinar el alcance real de las operaciones que denuncia.

En paralelo, el proceso judicial avanza. La última novedad del caso es un nuevo aplazamiento de su audiencia en Nueva York. El juez Alvin K. Hellerstein aceptó una petición de la Fiscalía, respaldada por la defensa, y fijó una nueva fecha para el 23 de febrero de 2026. Ese día se revisarán pruebas, implicados y testigos con el fin de establecer los factores que influirán en la sentencia.

Extraditado desde España

Carvajal fue extraditado desde España en 2022 y se enfrenta a cargos por narcotráfico y por conspirar con las milicias colombianas de las FARC y estructuras del Estado venezolano para introducir toneladas de cocaína en territorio estadounidense. Su caso se enmarca en la presión creciente de Washington, que ha designado al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, tras haber sido imputados sus integrantes, entre ellos el propio Maduro, en 2020.

En el ámbito electoral, Carvajal dedica un apartado a Smartmatic, empresa tecnológica fundada por venezolanos y contratada en procesos electorales de varios países. Sostiene que nació como herramienta del chavismo para asegurar el control del poder y que el sistema «podía ser alterado».

Afirma que la tecnología fue exportada al extranjero, incluido Estados Unidos, y que operativos del régimen mantuvieron contacto con funcionarios y compañías vinculadas a máquinas de votación. Trump ya denunció en 2020 que una empresa surgida bajo Chávez estuvo implicada en un supuesto fraude electoral en aquellas elecciones. «El sistema Smartmatic puede ser alterado; esto es un hecho. Esa tecnología fue luego exportada al extranjero, incluido Estados Unidos», escribe Carvajal. Se usa, de hecho, en abundantes elecciones, como las de Honduras el domingo.

El general sostiene finalmente que el régimen al que sirvió «no es simplemente hostil». Dice: «Está en guerra con ustedes, usando drogas, bandas criminales, espionaje e incluso sus propios procesos democráticos como armas». La afirmación llega en un momento de tensión creciente en el Caribe, donde la Casa Blanca ha reforzado su despliegue militar con el movimiento del portaaviones Gerald R. Ford, el mayor del mundo. Trump estudia ataques dentro de Venezuela, según ha admitido. El martes dijo que está convencido de que Maduro dejará el poder.

Según fuentes oficiales, en una veintena de operaciones contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico y a redes asociadas al aparato de seguridad venezolano, fuerzas estadounidenses han matado a unas 80 personas. Estas acciones forman parte de la estrategia que impulsa Trump y que, en la lectura del Gobierno, busca contener una amenaza que ya no se interpreta como un problema criminal o fronterizo, sino como una ofensiva coordinada desde un Estado que, según el relato de Carvajal, lleva años operando con la intención de vulnerar la seguridad estadounidense.

«Por tierra es mucho más fácil, ¿sabes? Sabemos las rutas que usan. Sabemos todo sobre ellos. Sabemos donde vive, donde viven los malos. Y vamos a empezar con eso muy pronto», defendió Trump durante el turno de preguntas de la prensa posterior a la última reunión de su Gabinete este año. «Cientos de miles de personas mueres aquí todos los años. Vamos a acabar con esos hijos de perra», aseguró.

Las advertencias de ataques terrestres inminentes ocurre en medio de una creciente tensión sobre la posible intervención militar de EE.UU. en Venezuela. La Administración Trump ha acusado al presidente del país, Nicolás Maduro, de ser un líder del narcotráfico y ha realizado un enorme despliegue militar en el Caribe.

Las nuevas declaraciones sobre los ataques al narco ocurren poco después de que Trump reconociera la celebración de una llamada telefónica con Maduro. En ella, el presidente de EE.UU. exigió al dictador venezolano su salida del poder o que se enfrentara a consecuencias.

Pero en sus declaraciones a la prensa, Trump no circunscribió las posibilidades de ataques militares terrestres solo a Venezuela. Aseguró que también irá a por objetivos del narco en otros países «si creemos que están creando instalaciones para la producción de fentanilo o cocaína».

Y señaló de forma específica a Colombia, donde también ha acusado a su presidente, Gustavo Petro, de ser un narco y al que EE.UU. ha sancionado por sus relaciones con el negocio de la droga.

«Me dicen que Colombia está fabricando cocaína. Que tienen plantas de producción de cocaína. Y que nos venden su cocaína. Cualquiera que haga eso y nos venda droga puede ser sujeto de ataque. No, no solo Venezuela», aseguró.

«Venezuela ha actuado muy mal. Lo han hecho muy mal en otras cosas, probablemente es peor que la mayoría. Pero otros también lo hacen», dijo.

Tambores de guerra en la región

Las palabras de Trump intensifican la presión contra Maduro y hacen que vuelvan a sonar con más fuerza los tambores de guerra en la región, donde EE.UU. ha desplegado cerca de diez mil soldados, además de decenas de buques militares. Entre ellos, el portaaviones Gerald R. Ford, el más poderosos del mundo, que trasladó desde el Mediterráneo el mes pasado para reforzar la presencia militar en el Caribe. O, al menos, acercan la posibilidad de ataques específicos en territorio de Venezuela contra objetivos del narcotráfico que contribuyan, además, a la desestabilización del régimen chavista.

Maduro, que ignoró su derrota electoral en las elecciones del año pasado, busca aferrarse al poder a toda costa y ha intentado convencer al presidente de EE.UU. para que no dé el paso bélico y encontrar un arreglo. El último intento fue en esa llamada, de la que la Administración Trump no dio información y solo se conoció por revelaciones periodísticas. En la conversación, que fue corta, Maduro ofreció dejar el poder a cambio de muchas garantías legales, financieras y de seguridad: amnistía total para sus familiares, eliminación de las sanciones de EE.UU. para él y para todo su entorno de altos cargos, desestimación de su caso ante el Tribunal Penal Internacional… Según Reuters, el dictador venezolano también pidió a Trump que el Gobierno quedara de forma provisional en manos de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y que se convocarían elecciones.

La llamada apenas duró quince minutos y la respuesta de Trump fue rechazar la mayoría de sus pretensiones y darle una salida: abandonar Venezuela en pocos días con el destino de su elección y con la compañía de sus familiares.

Trump defendió la posibilidad de ataques terrestres como resultado de la experiencia de la campaña militar a narcolanchas en aguas internacionales del Caribe y del Pacífico, que celebró como muy efectivas y que han logrado hundir la entrada de droga por mar en EE.UU.

Crisis por las narcolanchas

Pero, al mismo tiempo, han creado una crisis política para Trump por lo ocurrido en el primer ataque a una narcolancha y que ha puesto en el foco, una vez más, a su secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Desde hace unos días, se sabe que en aquel ataque del 2 de septiembre se lanzó un segundo misil para acabar con dos supervivientes aferrados a la lancha en llamas. La legalidad de los ataques militares a narcolanchas ha sido cuestionada por muchos dentro y fuera de EE.UU. Pero rematar a dos supervivientes eleva mucho las dudas mucho más allá, con investigaciones del Congreso ya en marcha.

La semana pasada, ‘The Washington Post’ aseguró que ese segundo misil se lanzó para cumplir con las órdenes de Hegseth de «matar a todo el mundo» en esos ataques. Ahora, tanto Hegseth como el propio se han distanciado de la decisión del segundo ataque, lo que apunta a que toda la responsabilidad recaiga en el almirante Fran ‘Mitch’ Bradley, al frente de la Comandancia Sur.

Trump se quitó de enmedio durante la reunión del Gabinete. «No sabía que hubo un segundo ataque», «no sabía que había gente ahí», «no estuve implicado en ello», aseguró, después de decir el domingo que él no hubiera ordenado un segundo ataque.

Hegseth, que ya dijo en la víspera que la decisión fue de Bradley, volvió a dejar claro que él se lava las manos en el episodio, pese a que en su día, en una entrevista en Fox News, aseguró que siguió el ataque en directo. «Tenemos muchas cosas que hacer y no me quedé todo el tiempo», matizó el martes, cuando también aseguró que «yo personalmente no vi a los supervivientes». Pero apoyó la decisión del almirante, porque el segundo ataque ocurrió en lo que él llamó «la niebla de la guerra».

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Vladímir Putin parece haberle tomado gusto a los golpes de efecto previos a las negociaciones con Estados Unidos sobre la paz en Ucrania. Poco antes de la llegada de Steve Witkoff y Jared Kushner a Moscú, el Ministerio de Defensa ha anunciado la conquista de Pokrovsk, una ciudad industrial antaño importante, de 60.000 habitantes de los que solo queda un millar en sus calles, que los dos bandos toman como un centro neurálgico en el futuro de la guerra. Kiev niega la victoria y asegura que se trata de una simple operación de propaganda del Kremlin.

«Las fuerzas de la agrupación militar Vostok (Este) liberaron la ciudad de Krasnoarméisk (el nombre ruso de Pokrovsk) y continúan aniquilando las unidades del enemigo en Dimitrov», una localidad colindante, ha dicho Valeri Valeri Guerásimov, el hombre fuerte del Estado Mayor. Putin, por su parte, ha hecho una visita a la comandancia militar de las tropas rusas para alentarles en su lucha en el frente, justo unas horas antes de recibir a Witkoff.

El objetivo principal de la delegación norteamericana en este encuentro es avanzar en las negociaciones de paz en Ucrania -que parecen haberse acelerado en las últimas semanas a raíz de que trascendiera el plan elaborado por EE UU y Rusia- y tratar el futuro de la antigua república soviética.

Witkoff y el propio Kushner, junto al secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, se han reunido en los últimos días con una delegación ucraniana para abordar el plan de paz, que inicialmente recogía las peticiones rusas y no contaba con la opinión de la exrepública. Entre los puntos que trataron aparecían «el calendario de las elecciones en Ucrania, la posibilidad de un intercambio territorial y otros asuntos que la Casa Blanca y Kiev aún no han podido resolver», señaló el diario ‘The Wall Street Journal’. Hasta ahora, Trump se ha mostrado optimista sobre estas conversaciones: «Las negociaciones van bien. Queremos evitar la pérdida de vidas», declaró.

Expertos citados por medios de Rusia como el portal ‘Gazeta’ sugieren que la principal cuestión que se tratará en la cita de este martes será «el futuro de Ucrania» y que el Kremlin plantea el mantenimiento bajo control ruso de las provincias ocupadas en la antigua república como «una exigencia férrea».

Sexta visita

La de este martes es la sexta visita de Witkoff este año a Rusia. Estuvo en febrero en Moscú y viajó a San Petersburgo el 13 de marzo, los días 11 y 25 de abril y el 6 de agosto. En las reuniones entre el enviado de Trump y Putin se notó muy buena sintonía, con saludos sonrientes, pero lo cierto es que en la práctica ha habido muy pocos avances sobre un hipotético plan de paz. Yuri Ushakov, asesor presidencial ruso, dijo sobre la última reunión que el jefe del Kremlin había transmitido «algunas señales (a Trump) sobre la cuestión ucraniana» y calificó aquel diálogo de «útil y constructivo».

La propuesta de paz de 28 puntos negociada por Washington y Moscú ha tenido mucho eco en la esfera internacional. A pesar de las críticas ucranianas y de la UE, en Rusia han recibido la propuesta con moderado entusiasmo. Lo confirmó Putin el pasado jueves, cuando dijo que el documento podría servir como «posible base de futuros acuerdos». Ushakov comentó en la misma línea que, «no todas, pero sí muchas de las cláusulas nos parecen totalmente aceptables». El plan, sin embargo, fue modificado hace unos días en Ginebra entre representantes de Ucrania y EE.UU. para hacerlo un poco más favorable a los intereses de la exrepública. Por ahora no se conocen los detalles de esos cambios ni si cuentan con el visto bueno del Kremlin.

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Otro de los detenidos sería el Secretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE, el equivalente al ministerio de Exteriores europeo) hasta este año, el diplomático Stefano Sannino, también italiano.

La Fiscalía Europea ha revelado que tiene «fuertes sospechas» de que se infringieron las normas de «competencia leal» cuando el SEAE adjudicó la licitación para establecer la academia diplomática en el Colegio de Europa, que se encuentra en Brujas y cuya función es formar a los futuros altos funcionarios de las instituciones europeas. La investigación se centra en si el colegio recibió información sobre los criterios de selección del procedimiento de licitación antes de la publicación del anuncio oficial.

La creación de una academia diplomática europea fue llevada a cabo por Josep Borrell cuando era el Alto Representante, cargo en el que sustituyó a Mogherini, que a su vez pasó de dirigir el SEAE a convertirse en rectora del Colegio de Europa. La investigación habría comenzado antes de que la actual Alta Representante, la letona Kaja Kallas, accediese al puesto.

Los registros de la Policía judicial belga se han llevado a cabo en las oficinas administrativas del SEAE, donde se conminó a los funcionarios a que desalojaran las instalaciones y dejaran abiertos y sin llave las puertas y los muebles de todas las oficinas. También se han registrado algunos domicilios particulares.

La portavoz de la Comisión Europea, Anitta Hipper, confirmó que los registros de la Policía belga son «parte de una investigación en curso sobre las actividades que tuvieron lugar… durante el mandato anterior», es decir, antes de que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, fuera reelegida en diciembre de 2024.

La Fiscalía Europea afirmó haber solicitado a las autoridades correspondientes (belgas y europeas en este caso) el levantamiento de la inmunidad diplomática de «varios sospechosos» antes de la investigación, y que esta les fue concedida.

La academia diplomática, bajo la lupa

La academia diplomática europea establecía un periodo de formación de nueve meses para diplomáticos jóvenes de los Estados miembros de la UE, para adaptarse a futuras funciones en el SEAE.

Para el periodo 2021-2022 este programa de enseñanza fue adjudicado al Colegio de Europa en lugar de a otras instituciones que también optaban a este contrato. En aquel momento, el responsable del SEAE era Josep Borrell. La investigación se centra en si el proceso de licitación estuvo sesgado a favor del Colegio de Europa.

El comunicado de la fiscalía europea afirma que «existen fuertes sospechas de que el SEAE compartió información confidencial relacionada con la contratación en curso con uno de los candidatos que participaron en la licitación». La Fiscal general europea es la rumana Laura Codruta Kovesi.

Ya este lunes, con el 56% de las mesas escrutadas, los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral reflejaban un vuelco inesperado. El candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, alcanzaba el 40% de los votos, unos 735.703 sufragios, después de haber pasado del tercer lugar en las encuestas al primero impulsado por el respaldo explícito del presidente estadounidense Donald Trump. Muy cerca quedaba el candidato de centroderecha Salvador Nasralla, con 39.78% y 731.527 votos. En contraste, la candidata oficialista, Rixi Moncada, se desplomaba hasta el 19.18%, con 352.836 votos.

En el llamado búnker de la candidata del Gobierno, la escena era de desolación e incredulidad. Rixi Moncada no compareció durante toda la noche electoral. Su discurso de resistencia, de enfrentamiento con las élites y de denuncias contra una supuesta injerencia estadounidense no logró calar. Tampoco ayudó que, a lo largo de la jornada, se proclamara ganadora en varias ocasiones antes de que cerraran las urnas, insistiendo en que la oposición no tenía ninguna posibilidad. El resultado la desmintió con una enorme contundencia.

Honduras, donde un presidente sólo puede servir un único mandato, se suma al giro a la derecha que en los últimos años ya habían marcado Ecuador, Argentina y Bolivia. Para muchos votantes, este resultado es una corrección directa al rumbo que tomó el país bajo el oficialismo de Xiomara Castro y Manuel Zelaya, marcado por su acercamiento político a Nicolás Maduro en Venezuela y al castrismo en Cuba.

En Honduras se conoce como el ‘familión’ al círculo de poder que rodea al expresidente Zelaya, depuesto en un golpe en 2009, y a la actual mandataria, su mujer. El término se popularizó porque varias posiciones estratégicas del partido Libre y del Gobierno quedaron en manos de familiares directos o figuras muy próximas al núcleo Zelaya-Castro. Su hijo Héctor Manuel Zelaya ocupó puestos de dirección y estrategia; y otros parientes y allegados de variado pelaje alcanzaron responsabilidades de peso en el aparato estatal. Para la oposición, el ‘familión’ resume un proyecto político basado en la concentración familiar del poder bajo la apariencia de políticas de progreso.

También se puso a prueba en Honduras el llamado ‘efecto Trump’. En las calles, tanto en la izquierda como en la derecha existía el temor de que el apoyo tan explícito del presidente de Estados Unidos al candidato del Partido Nacional terminara perjudicándolo. Trump intervino de manera frontal apenas tres días antes de la votación y lo hizo indultando al expresidente Juan Orlando Hernández, que gobernó entre 2014 y 2022 y que fue detenido, imputado, extraditado y condenado por narcotráfico en Estados Unidos durante la Administración Biden. Trump sostiene que Hernández fue víctima de una trampa y decidió perdonarlo, un gesto que marcó la recta final de la campaña y reconfiguró por completo el tablero político hondureño.

Nasralla recorta distancias

Al final, como pasó recientemente en Argentina, con el apoyo a Milei en las legislativas, Asfura pasó a liderar el recuento inicial, aunque su victoria aún está en entredicho. El motivo es que su principal competidor, Salvador Nasralla, fue recortando distancias a medida que avanzó el escrutinio. Entre el primer corte y las actualizaciones de la mañana del lunes, la brecha pasó de más de 20.000 votos a menos de 5.000, según el sistema de resultados del Consejo Nacional Electoral.

En cualquier caso, los dos candidatos que se disputan la presidencia representan un rechazo frontal al oficialismo. Ambos han prometido tomar distancia del Gobierno de Nicolás Maduro en un momento de tensión creciente con Estados Unidos y se reivindican como aliados de Trump, dispuestos a cooperar con Washington en materia migratoria y comercial.

Ese alineamiento tiene una explicación clara y contundente: en un país de poco más de 10 millones de habitantes, alrededor del 26% del PIB hondureño procede de las remesas enviadas desde el exterior y más de 1,2 millones de hondureños residen en Estados Unidos. Esa dependencia convierte cualquier cambio en la política estadounidense en un asunto decisivo para la economía y la estabilidad social de Honduras, y obliga a los candidatos a presentarse como interlocutores fiables ante la Casa Blanca.

Relaciones con EE.UU.

El voto hondureño en Estados Unidos ha sido hasta ahora favorable a Asfura, alimentado por la expectativa de una mejora en las relaciones bilaterales y en la situación de los propios emigrantes. Pero muchos de ellos denunciaron que no pudieron votar: informaron de papeletas insuficientes, centros mal asignados y listados incompletos. El congresista estadounidense Carlos Giménez acusó al Consejo Nacional Electoral de haber dificultado el proceso sobre todo en Miami. Para miles de hondureños en el exterior, la jornada terminó con frustración y sin la posibilidad de hacer valer su voto. En España no se pudo votar por decisión de ese mismo organismo.

La jornada estuvo marcada por atrasos, fallos de los dispositivos biométricos en centros de votación, retrasos en la apertura de mesas y errores en los listados. En varios puntos de Tegucigalpa y San Pedro Sula, grupos afines al oficialismo intentaron bloquear a observadores y presionar a miembros de las Juntas Receptoras, lo que elevó la tensión en las horas críticas del escrutinio. Hubo denuncias de papeletas insuficientes, cambios de último minuto en la ubicación de centros y problemas en el voto en el exterior, donde miles de hondureños informaron de centros erróneos y listados incompletos.

Pese a ese clima, el cierre de la noche dejó claro que el proceso estaba bajo una vigilancia amplia, sobre todo de Washington. La Organización de Estados Americanos (OEA) desplegó una misión completa. A ella se sumaron observadores independientes enviados por organizaciones cívicas regionales, así como una delegación de congresistas demócratas y republicanos de Estados Unidos, que recorrieron centros de votación en Tegucigalpa. Esa combinación de misiones internacionales y supervisión externa añadió una capa de control adicional sobre un proceso ya tenso y decisivo, y finalmente sin sospechas de irregularidades en ese recuento.

Los observadores, algunos acreditados por misiones internacionales, otros independientes, intentaron explicar que tenían derecho a permanecer en el aula. No hubo espacio para diálogo. Uno de los hombres dio un empujón a un periodista que grababa con el móvil. Otro empezó a cerrar el acceso desde afuera. En cuestión de segundos, la sala quedó bajo su control. Nosotros, presionados hacia el pasillo, quedamos encerrados.

Aquel grupo no actuaba por cuenta propia. Obedecía al aparato del oficialismo. Las camisetas con el nombre de Rixi Moncada, candidata del partido Libre y figura estrechamente ligada a la presidenta Xiomara Castro, eran un mensaje en sí mismas. A lo largo del día, Rixi ya había declarado que iba ganando, incluso antes de que empezara el recuento en buena parte del país. Para la oposición, eso se ha vivido como la señal de una estrategia más amplia: administrar el caos, expulsar a los testigos y blindar los espacios donde se cuentan los votos.

La expulsión forzosa de observadores y prensa agravó ese temor. La presencia de un grupo organizado, alineado con el partido en el poder y dispuesto a forzar físicamente la salida de cualquier mirada independiente, convirtió el recuento de este centro en un proceso totalmente opaco. Lo ocurrido encaja, además, con las advertencias que los partidos opositores llevan días repitiendo: que ciertos sectores del oficialismo podrían empujar el proceso hacia una deriva en la que el caos funcione como herramienta para legitimar un resultado cerrado desde arriba.

La presidenta de mesa, del opositor Partido Nacional, estaba visiblemente alterada

Explicó que ese grupo la había obligado a cerrar la urna antes del horario oficial, dejando a decenas de hondureños sin posibilidad de votar. Yo mismo vi cómo una mujer vestida de rojo, del mismo grupo, se le acercaba con el móvil en alto, grabándola y exigiendo que cerrara el centro de inmediato. Eran las 17.40. El Consejo Nacional Electoral había ampliado la votación hasta las 18.00 por los retrasos en la entrega de material y en la apertura de los colegios, pero aun así la presionaron para detener el proceso antes de tiempo.

Momentos antes había estado en la misma universidad el favorito en las encuestas, Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal. Denunció que forzar el cierre anticipado de un centro es un delito electoral y señaló directamente al oficialismo. «Están tratando de cerrar los colegios antes de lo que ordenan las autoridades, y eso es ilegal», dijo. Según su equipo, un grupo vinculado a Libre intentó impedirle el acceso al aula donde ya se había clausurado la urna. Nasralla los increpó, reclamó que se respetara la ampliación del horario y el grupo terminó retirándose.

Esta tensión en el cierre decía mucho en una jornada ya marcada por fallos técnicos, aperturas tardías, urnas que no cuadran y un sistema biométrico que se cayó en numerosos centros. Desde las primeras horas, miles de votantes se enfrentaron a colas interminables y mesas sin material. En varios colegios de Tegucigalpa, la apertura se retrasó más de dos horas. La desorganización, lejos de resolverse con el paso del día, fue aumentando.

Por eso lo ocurrido en el 10565 no era un incidente aislado, sino un síntoma de tensión alimentada desde el oficialismo. En un país con un historial reciente de crisis poselectorales, la irrupción violenta de un grupo partidista, la expulsión de observadores y la proclamación anticipada de victoria de la candidata oficialista alimentan la sensación de que la línea entre una elección desordenada y una elección intervenida era borrosa.

Las irregularidades se habían acumulado desde la mañana y formaban ya un telón de fondo, la verdad, inquietante. El sistema biométrico falló en numerosos centros, obligando a permitir el voto sin validación de huellas o fotografía. Varias urnas abrieron con retrasos de más de dos horas porque no había material básico y en algunos colegios los votos registrados digitalmente no coincidían con las papeletas físicas. Cada presidente de mesa aplicó criterios distintos ante los fallos técnicos, lo que generó decisiones contradictorias y aumentó la desconfianza. A ello se sumaron intentos documentados de cierre anticipado de urnas incluso después de la ampliación oficial del horario, además de activistas del oficialismo moviéndose dentro de los recintos para presionar a miembros de mesa y votantes.

Ese ambiente alimentó un temor real entre la oposición y también entre no pocos observadores internacionales: que Honduras estuviera asomándose a una deriva parecida a la de Venezuela, con un proceso electoral desbordado por el caos y controlado por un solo bloque político. La proclamación anticipada de victoria por parte de Rixi, la entrada de grupos afines en centros estratégicos y la expulsión de testigos en momentos críticos ahondaron esa preocupación antes de un recuento total.

Los europeos, inquietos, hablaban ya de que aquello se asemejaba a un degüello. Veían con alarma unas concesiones a Vladímir Putin, un regalo inesperado y chocante de Trump. Y entonces llegó Marco Rubio. El secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, ausente hasta ese momento en la elaboración del documento y en aquellos contactos, venía a arreglar las cosas. Su llegada cambió la temperatura de la sala: la imposición dio paso a una negociación más abierta y pausada. Según varios diplomáticos presentes, fue la primera vez en días que se respiró la posibilidad de un acuerdo que no obligara a Ucrania a aceptar su propia rendición, con concesiones sí, pero no inabarcables.

La paz en Ucrania –que se le resiste tanto a Trump– se ha convertido en el escenario donde en realidad se mide una nueva rivalidad soterrada entre el vicepresidente Vance y el secretario Rubio. De hecho, fue el equipo de Vance el que impulsó aquel plan de 28 puntos que tantos consideraron una lista de exigencias rusas sin modificaciones. En redes, el propio vicepresidente en persona lo definió como un intento honesto para «poner fin a un conflicto de cuatro años en Europa del Este» y se mostró furioso con quienes en su partido se oponen.

La magnitud del fiasco del plan fallido es enorme. A la mesa de negociaciones llegaron mediadores próximos a Vance, como Driscoll, que se sumaban a las gestiones de Steve Witkoff –amigo personal de Trump, empresario inmobiliario sin formación diplomática– y del propio Rubio.

Paz sin los ucranianos

Todo apuntaba a que el vicepresidente buscaba entregar al presidente un acuerdo de paz rápido, algo que sumar a la lista de logros con los que alimentar la idea de merecer el Nobel en una candidatura que debería quedar ya cerrada. Pero pronto quedó claro que se trataba de una paz sin los ucranianos y a costa de los ucranianos. Cuando la lista de exigencias a Zelenski se filtró, Witkoff llegó a insinuar por error, en un mensaje que pensaba que era privado, que seguramente lo habían filtrado los rusos.

El conflicto, en realidad, es triple: la guerra en Ucrania; la pugna interna de poder en la Casa Blanca, y la precampaña silenciosa hacia 2028, cuando Trump debe ceder el poder. Las tensiones llevan tiempo sobre la mesa. Fue Vance quien, en febrero, reprochó duramente a Zelenski en el Despacho Oval «no dar las gracias», mientras Rubio permanecía sentado en el sofá, ajeno al bochorno, casi resignado ante la escena.

En aquellos meses, muchos daban por hecho que Marco Rubio tenía los días contados en la Administración. Era el ‘establishment’ en sí mismo: 14 años en el Senado y una confirmación unánime en la Cámara alta que incluso los demócratas celebraron con respeto. Vance era todo lo contrario. Su breve paso por el Senado –apenas dos años, de 2023 a 2025– fue incendiario, le hizo blanco de recelos, sobre todo tras su giro dramático desde calificar a Trump de «Hitler» hasta convertirse en su aliado más fiel. En ese contexto, la persona encargada de presionar a Kiev para que aceptara el plan fue Driscoll, cuyo principal activo no era su rango, sino su relación personal con Vance.

Poder silencioso

Pero Rubio fue ganando enteros. Mostró a Trump disciplina, discreción y un talante institucional que empezó a apreciarse tanto en Washington como en las capitales europeas. Se mantuvo al margen de la agitación causada por Elon Musk –cercano a Vance– y asumió más responsabilidades, incluida la dirección del Consejo de Seguridad Nacional y hasta ser Archivero. Es ya, de facto, el funcionario con más poder en materia exterior desde los tiempos de Henry Kissinger. En contraposición, la figura de vicepresidente suele ser, como mucho, la de un actor secundario en la política exterior, limitado a misiones puntuales y a un papel representativo que rara vez altera el rumbo real del gobierno.

Vance y Rubio se ven casi a diario y se coordinan en numerosas áreas. Pero son dos almas distintas dentro del Partido Republicano. Rubio, heredero del conservadurismo clásico: halcón en política exterior, firme defensor de Ucrania, Taiwán y de la alianza transatlántica. Vance, en cambio, encarna el aislacionismo contemporáneo: Europa como problema, Ucrania como carga y la convicción de que EE.UU. no debe comprometerse nada más allá de sus fronteras.

La elaboración del controvertido plan de los 28 puntos confirma esa división. Witkoff viajó a Miami para reunirse con Kirill Dmitriev, jefe del fondo soberano ruso y enviado especial del Kremlin. Fueron tres días de conversaciones, parte de ellas en la propia casa de Witkoff. Allí se fijaron los elementos centrales del texto. Fue Vance quien llamó personalmente a Zelenski para exponer las condiciones. Después envió a Driscoll a Kiev para advertir de un colapso militar. El mensaje era inequívoco: la guerra estaba perdida, Kiev debía ceder.

El 18 de noviembre, con Mohamed bin Salmán en la Casa Blanca, Rubio recibió una copia del plan. Horas después, el medio digital Axios revelaba su existencia. El documento causó estupefacción. ¿Por qué presentaba la Casa Blanca un plan con todas las aspiraciones del Kremlin? ¿Por qué estaba escrito con giros y estructuras propias de una traducción defectuosa del ruso? Entre la confusión, Rubio decidió viajar a Ginebra.

Antes llamó a varios senadores. Según uno de ellos, Mike Rounds, Rubio les explicó que el texto «no era el plan de la Administración», sino «lista de deseos de los rusos». Lo dijo en un tono grave, casi de advertencia, subrayando que EE.UU. no podía asumir como propio un documento que parecía diseñado desde Moscú. Más tarde, ya en público, rectificó y afirmó que el plan estaba «elaborado por EE.UU.» con aportaciones rusas y ucranianas. El giro evidencia la tensión interna y confirma que Rubio trataba de reconducir la política exterior hacia posiciones compatibles con el Congreso y con los aliados de la OTAN.

La senda republicana

En Ginebra, Rubio se sentó junto a Witkoff, Jared Kushner, yerno de Trump, y Andy Baker, adjunto de Seguridad Nacional y mano derecha de Vance. Lo primero que hizo fue suspender el plazo de Acción de Gracias. Luego redujo las 28 exigencias a 19, dejando cualquier cuestión territorial en manos de los presidentes. Insistió: «Es solo un borrador».

Entre los diplomáticos europeos y de la OTAN, su intervención fue recibida con gran alivio. Dijeron dos de esas fuentes a ABC que el proceso se había vuelto «más lento» y «mejor». «Por primera vez desde el miércoles, Rubio controla la negociación», dijo una de ellas. Sin embargo, también advirtieron de la ausencia de una línea clara en Washington. Witkoff, Kushner, Driscoll actuaban con notable independencia, lo que hacía difícil prever el rumbo final.

Ante los apuros del vicepresidente, sus aliados ya se han movilizado, temerosos de que el Partido Republicano quede en manos de Rubio. La influyente organización Turning Point USA, tras el asesinato de su líder, Charlie Kirk, quedó bajo la dirección de su viuda, Erika. Esta declaró esta semana que apoyaría a Vance en unas futuras primarias y que esa era la voluntad del difunto fundador.

Rubio permanece en su papel institucional, cuidando la relación con Europa, con el Capitolio –del que Trump depende para sus presupuestos y reformas– y con las estructuras del partido. Cualquier acuerdo de paz, si llega, deberá pasar por el Senado, un órgano más duro con Rusia de lo que suele ser la Casa Blanca. Y Rubio es, para muchos senadores, la figura fiable que puede devolver los términos de una negociación a un terreno razonable.

Al final, la realidad obligará a Trump a escoger. Una línea que se aproxima a las demandas iniciales de Moscú, representada por el plan de Miami y defendida por el círculo de Vance; o una estrategia más cercana a Kiev y a los aliados europeos, impulsada por Rubio. Y, aunque no lo diga en público, el Senado lo ha dejado claro: hoy Rubio goza de más crédito institucional, mientras Vance aglutina el entusiasmo de las bases trumpistas.