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En una sentencia sin precedentes, el máximo tribunal obligó al Estado ecuatoriano a reconocer su responsabilidad en la desaparición forzada y muerte de cuatro niños de Las Malvinas, un caso que expuso los abusos cometidos por militares en el Gobierno de Daniel Noboa. Cada frase del perdón fue redactada por los jueces de la Corte Constitucional.

“Reconocer con vergüenza y dolor que el Estado es responsable de un horrendo suceso, la desaparición forzada y posterior muerte de cuatro niños afrodescendientes, habitantes de un barrio popular del sur de Guayaquil”. Con esa frase comenzó el acto de disculpas públicas ordenado por la justicia ecuatoriana. Quien la pronunció fue Mauricio Salazar, comandante de la Fuerza Aérea, la institución a la que pertenecían los 16 militares que el 8 de diciembre de 2024 interceptaron a cuatro menores de entre 12 y 17 años cerca del barrio Las Malvinas. Según determinó la investigación judicial, los soldados los detuvieron, los golpearon, los desnudaron y los abandonaron en una zona apartada de la ciudad. Días después, sus cuerpos aparecieron junto a un manglar.

“Arrebatándoles su libertad, su infancia y su derecho a vivir dignamente”, continuó leyendo Salazar frente a los padres de Josué, Ismael, Steven y Nehemías. Era el 4 de junio de 2026 y habían pasado casi 18 meses desde la desaparición de los menores. Cada una de las palabras había sido redactada por los jueces de la Corte Constitucional, que obligaron al Estado a reconocer públicamente su responsabilidad. La sentencia es inédita y marca un impás en la política de seguridad impulsada por el presidente Daniel Noboa, quien en enero de 2024 decretó un conflicto armado interno contra organizaciones criminales como Los Choneros y Los Lobos, y que desde entonces ha reforzado el protagonismo de las Fuerzas Armadas en las calles. Organizaciones de derechos humanos sostienen que esa estrategia ha venido acompañada de un aumento de denuncias por desapariciones forzadas y otros abusos cometidos por militares.

En el Hemiciclo de la Rotonda, en el centro de Guayaquil, un lugar simbólico para la ciudad, las palabras del comandante fueron escuchadas por familiares y vecinos que contenían en sus rostros la rabia en medio del silencio, que solo cuando terminó de hablar Salazar pudieron gritar: “¡Eran niños!”, “¡Asesinos!”.

El perdón llegó en medio de un clima de desconfianza. Un día antes, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) denunció que familiares de las víctimas estaban siendo hostigados por militares. Entre los hechos reportados constaba la presencia de soldados en la vivienda de una de las madres, un episodio que la organización calificó como un acto de amedrentamiento. “En otras ocasiones, dentro de este mismo caso, lo que ha ocurrido son ataques a jueces que sentencian, a organismos de derechos humanos que han patrocinado el caso y a las familias que las señalan como parte de grupos organizados”, señala Billy Navarrete del CDH.

Por eso muchos recibieron las disculpas públicas con escepticismo; entendían que si no hubiesen sido obligados por el máximo tribunal del país, ese acto jamás se hubiese realizado. Aunque la justicia condenó a los integrantes de la patrulla a la pena máxima de 34 años de prisión en primera instancia, para Diana Roca, del Comité de Madres Buscadoras, el acto tenía un significado que iba más allá del caso de los cuatro niños. “Es una forma de que la gente conozca lo que pasó, y que también se visibilicen nuestros casos, para que sepan que no solo fueron los cuatro niños de las Malvinas; antes de los niños de las Malvinas existieron más desaparecidos por militares. Solo que nadie habló de ellos”.

Diana es tía de Dave Robin Loor Roca, un joven de 20 años, que desapareció el 26 de agosto de 2024, tras ser requisado por una patrulla militar en la ciudad de Ventanas, en Los Ríos, la provincia de la costa ecuatoriana que se ha convertido en el epicentro de la violencia. “Buscamos que las Fuerzas Armadas desclasifiquen la información y nos digan dónde están todos los desaparecidos”, señala Roca. Desde 2024, cuando el Gobierno de Daniel Noboa decretó un conflicto armado interno para hacer frente a las acciones violentas del crimen organizado, la Fiscalía ha registrado 51 denuncias de desapariciones forzadas, una cifra que va en aumento.

La parte más dura de las disculpas llegó cuando el comandante leyó que el Estado no solo había fallado en proteger a los cuatro menores, sino también en responder a sus familias. La Corte Constitucional obligó a reconocer que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas no proporcionaron información inmediata, completa ni veraz sobre la detención, el paradero y la suerte de los niños. La respuesta oficial, admitió el texto, fue “tardía, fragmentaria y contradictoria”, una cadena de omisiones que prolongó durante días la incertidumbre de los padres mientras buscaban a sus hijos sin recibir respuestas.

Después vino otra admisión —poco habitual— en un país donde las autoridades rara vez rectifican: el reconocimiento de que altos funcionarios contribuyeron a estigmatizar a las víctimas. Durante semanas, funcionarios del Gobierno rechazaron que se tratara de una desaparición forzada e insinuaron vínculos de los adolescentes con estructuras criminales, reforzando estereotipos sobre la juventud afrodescendiente de los barrios más pobres de Guayaquil. Para sus amigos y vecinos esta parte era fundamental. “Lo más importante es que el nombre de estos niños no se manche”, dijo Susana Veloz, de la Fundación Nueva Vida, que trabaja en Las Malvinas y conocía de cerca a los cuatro. “Eran chicos sanos, deportistas, artistas, que tenían ganas de vivir y muchos sueños”.

Cuando terminó la lectura, llegó el momento más esperado del acto: la respuesta de los padres. Uno a uno tomaron el micrófono y, pese al dolor acumulado durante un año y medio entre la búsqueda, incertidumbre, el proceso judicial y el duelo, aceptaron las disculpas públicas del Estado. No porque consideraran cerrado el caso, sino porque entendían el gesto como un reconocimiento que durante meses les fue negado.

Luis Arroyo, padre de Josué e Ismael, dijo que al menos existía la esperanza de que reconocieran que se había actuado mal contra los cuatro niños y que esa decisión había devastado a familias enteras. Silvana Lajones, madre de Steven, aseguró que aceptaba el perdón porque no le correspondía juzgar. Y Johana Arboleda, madre de Nehemías, aprovechó el momento para reiterar la exigencia que ha acompañado a los familiares desde el primer día: conocer toda la verdad sobre lo ocurrido y evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.

La última en intervenir fue Kathy, madre de Josué e Ismael. Pidió que se pusieran de pie las madres buscadoras de desaparecidos. Varias mujeres se levantaron con sus carteles con los rostros de sus familiares. Entonces, un militar vestido de civil comenzó a exigirles que se sentaran. La tensión se apoderó de la sala. Los presentadores dieron por concluido el acto de forma abrupta y el comandante abandonó el lugar escoltado por una docena de soldados. El acto concebido para pedir perdón terminó con una escena que resumía la desconfianza acumulada durante meses: las familias reclamando respuestas mientras los militares se retiraban en silencio.

El llamado caso PDVSA Cripto, quizá el mayor escándalo de corrupción juzgado en Venezuela, ha revelado no solo la trama del desfalco —estimado entre 3.000 y 21.000 millones de dólares—, sino los vicios del propio sistema judicial, sometido ahora a una reforma ordenada por Delcy Rodríguez. El expediente involucra a más de 60 personas: desde Tareck El Aissami, exministro de Petróleo y hombre más poderoso del país después de Maduro, hasta banqueros, empresarios y los choferes de algunos de ellos, todos imputados por asociación para delinquir, traición a la patria, lavado de dinero y apropiación de bienes públicos. Este viernes, una representación de sus abogados denunció las irregularidades del caso y corroboró informaciones filtradas durante las 16 audiencias del juicio.

La filtración de las declaraciones tuvo represalias. El Aissami señaló directamente al exfiscal Tarek William Saab, quien en su momento le dio un matiz político a la causa al presentarla como parte de una conspiración en la que participaba Estados Unidos. Otros detenidos mencionaron a figuras cercanas a Delcy Rodríguez.

Después de que el 20 de abril comenzaran las audiencias presenciales, esta semana se ordenó que fueran telemáticas para los acusados de mayor peso, casi todos recluidos en el Rodeo. Sus familias lo interpretan como una medida para silenciar las denuncias. Antes de esa decisión ya había habido retaliaciones: tras la primera ronda de declaraciones, “todos fueron desnudados y golpeados” al regresar a la cárcel, según Marialis Roa, hermana del exdiputado y exministro Hugbel Roa, detenido desde marzo de 2023.

Los abogados reclaman irregularidades desde el inicio: detenciones sin órdenes judiciales, negativa a permitir defensa privada en la primera fase e incumplimiento de los lapsos procesales. Buena parte de los procesados cumplieron tres años presos sin que se iniciara el juicio, por lo que la medida de prisión ha debido decaer. En ese tiempo, cinco detenidos han fallecido bajo custodia del Estado. Denuncian además que el Rodeo —controlado por la Dirección de Contrainteligencia Militar, no por el Ministerio de Servicio Penitenciario— ha negado los traslados a los tribunales, lo que ha obligado a diferir el proceso en lo que califican como un “desacato a la autoridad judicial”. Esta semana, nueve personas fueron trasladadas desde el Helicoide al Rodeo y otras prisiones sin órdenes del juzgado.

En el Rodeo están el esposo y el cuñado de Mariana Parra: los hermanos Carmelo y Daniel De Grazia Suárez. Fueron detenidos en 2024, un año después que El Aissami, en una segunda oleada de aprehensiones que incluyó también al empresario Samark López, buscado por la justicia estadounidense. Los De Grazia eran los accionistas mayoritarios de Bancamiga, entidad privada involucrada en la trama que cambió de dueños sin intervención de los reguladores. Según la defensa, el banco pasó a manos de empresarios cercanos al chavismo en una asamblea de la que los De Grazia no pudieron participar porque estaban presos —o “secuestrados”, precisa Parra, dado que permanecieron en desaparición forzada varias semanas tras su aprehensión.

“Mi esposo fue torturado en el Dgcim en Boleíta”, relató Parra. “Fue puesto en un antiguo tanque de agua donde le quedaba una hendidura para que entrara aire. Ahí hacía sus necesidades. Luego lo pasaron a un cuarto frío con las paredes congeladas. Él creía que estaba en una cava y no recuerda cuántos días estuvo ahí; dice que estuvo delirando”. El propio Carmelo hizo este relato ante la jueza Alejandra Romero sin que ella se pronunciara. Hoy, él y Daniel han perdido entre 20 y 25 kilos cada uno; hace apenas dos semanas les permitieron tener almohadas y sábanas en celdas con las paredes pintadas de negro. Su hermano Levin recibió arresto domiciliario a finales de 2024.

Entre los detenidos hay también empleados de Bancamiga, como Erlis López, subgerente de una agencia allanada por funcionarios encapuchados de la Dgcim en un procedimiento sin órdenes judiciales en el que, según la defensa, se llevaron dos millones de dólares de la bóveda. Y hay conductores: Luis Daniel Guzmán, de 30 años, llevaba cuatro meses trabajando como chofer de la esposa de uno de los empresarios implicados cuando fue detenido. Como él, otros tres conductores enfrentan los mismos cargos que todos los demás. Está preso en Yare, tras pasar más de dos años en una cárcel en el occidente del país a la que su familia apenas podía llegar. “Cuando difirieron la audiencia esta semana, Luis Daniel iba a declarar, por eso decidieron ponerse en huelga de hambre. No hemos tenido contacto con ellos ni sabemos en qué condiciones están”, dijo su padre Rafael Guzmán.

Los abogados exigen que el juicio siga siendo presencial y abierto al público, y han pedido observadores independientes de la Defensoría del Pueblo y de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el mes pasado otorgó medidas cautelares de protección a los hermanos De Grazia. Piden también acceso consular para algunos procesados. “No pedimos trato especial ni diferenciado, solo pedimos que triunfen la verdad y la justicia”, señalaron en un comunicado conjunto que enmarcaron en la convocatoria del Gobierno para la reforma judicial.