La administración del presidente Donald Trump analiza la posibilidad de desprenderse de parte de la infraestructura adquirida este año por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para ampliar su capacidad de detención de migrantes, informaron dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional citados por NBC News.
De acuerdo con el reporte, varios de los 11 grandes almacenes comprados durante la gestión de la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem podrían ser puestos a la venta. Algunas de estas instalaciones estaban diseñadas para albergar hasta 8,000 inmigrantes cada una.
No obstante, las fuentes precisaron que todavía no existe una decisión definitiva y que ninguna propiedad ha sido oficialmente ofrecida en el mercado.
Las adquisiciones formaban parte de un plan impulsado por Noem para aumentar la capacidad de detención simultánea hasta 100,000 migrantes en todo el país. Según NBC News, el costo estimado de la compra de los almacenes superó los $38,000 millones de dólares.
Además de los inmuebles, funcionarios del DHS indicaron que el ICE también estudia la venta de varias aeronaves adquiridas o arrendadas durante la administración anterior, incluido un Boeing 737 Max 8.
Tradicionalmente, la agencia ha recurrido a vuelos chárter para ejecutar deportaciones, por lo que estos aviones representaban los primeros equipos de deportación propiedad directa del gobierno federal.
Las discusiones reflejan el cambio de enfoque dentro del DHS desde la llegada de Markwayne Mullin a la secretaría de la agencia. Las fuentes consultadas por el medio dijeron que ICE ya no considera necesaria una capacidad de detención para 100,000 personas.
“Bajo el nuevo liderazgo, el DHS está evaluando todos nuestros recursos, incluidas las aeronaves, para maximizar la eficiencia y seguir cumpliendo con la misión del presidente Trump de garantizar la seguridad nacional para todos los estadounidenses”, señaló un portavoz del departamento en declaraciones recogidas por la cadena.
El funcionario añadió que Mullin busca asegurar que las necesidades operativas del DHS sean cubiertas mientras se administran de manera responsable los recursos públicos. “Como en cualquier transición, estamos revisando las políticas y propuestas de la agencia”, afirmó.
Los llamados “megaalmacenes” generaron controversia en diversas comunidades donde se proyectaba su instalación. Las propuestas provocaron protestas y divisiones entre residentes y autoridades locales, que debatían entre los posibles beneficios económicos y el impacto sobre los servicios públicos y la vida comunitaria.
Incluso algunos dirigentes republicanos expresaron reservas. Maryland logró bloquear judicialmente la construcción de una instalación cerca de Hagerstown, mientras que el senador Roger Wicker cuestionó un proyecto similar en Byhalia, Mississippi.
El posible cambio también coincide con una auditoría del inspector general del DHS sobre las compras de almacenes realizadas por el ICE. La investigación busca determinar si la agencia cubrió sus necesidades de espacio de detención de manera rentable.
Una de las operaciones bajo escrutinio es la compra de un almacén en Social Circle, Georgia. La ciudad presentó una demanda alegando que ICE pagó más de cinco veces el valor previamente tasado de la propiedad.
El administrador municipal de Social Circle, Eric Taylor, explicó a NBC News que la comunidad acudió a los tribunales para impedir la apertura del centro de detención. “Somos un pequeño y pintoresco pueblo del sur, y esto triplicaría la población de la noche a la mañana y supondría una gran presión para nuestra infraestructura de agua y alcantarillado”, afirmó.
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