El hecho ocurrió la noche del sábado 18 de abril en el condado Seminole, cuando Ray Barráez, de 50 años, fue interceptado por un agente policial mientras trabajaba como conductor de la plataforma digital Uber, publicó Univisión.
De acuerdo con la información disponible, el oficial realizó una revisión rutinaria y le solicitó documentos al conductor, quien no hablaba inglés. En medio del procedimiento, Barráez comenzó a presentar signos de afectación física y dificultades para respirar.
Sus pasajeros lo ayudaron a descender del vehículo y solicitaron asistencia médica, mientras el agente intentaba prestarle primeros auxilios hasta la llegada de los servicios de emergencia.
Pese a los esfuerzos, el venezolano falleció en el lugar.
El incidente quedó registrado tanto en la cámara corporal del policía como en un sistema de grabación instalado dentro del vehículo.
Temía que ICE lo detuviera
La esposa de Barráez declaró a Univision que el hombre padecía hipertensión y que habría sufrido un infarto tras un episodio de pánico. Según su versión, el conductor temía ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Barráez tenía un proceso de asilo en curso.
“Estoy segura de que el nivel de nerviosismo que teníamos todo el tiempo fue lo que lo llevó a eso, porque todos los días, cada vez que salíamos, le pedíamos a Dios que volviéramos”, manifestó.
La mujer relató a la cadena de noticias que duraron más de 20 días sin salir de casa cuando comenzaron las redadas migratorias en Estados Unidos.
Un Tribunal de Apelaciones autorizó la entrada en vigor de la ley SB4 en Texas, una normativa que faculta a la policía estatal para detener a personas bajo sospecha de encontrarse en el país de manera irregular, así como impulsar su expulsión a México.
La resolución, emitida este 24 de abril, revierte la pausa que mantenía bloqueada la legislación desde 2023, cuando fue aprobada por el Congreso estatal. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos habían presentado demandas para frenar su implementación; sin embargo, el tribunal determinó que dichas organizaciones carecen de legitimidad procesal para impugnarla.
Ingreso irregular
La SB4 establece como delito estatal el ingreso irregular desde México. Las sanciones contemplan penas de hasta seis meses de cárcel, que pueden extenderse hasta 20 años en casos de reincidencia. Además, la norma otorga a las autoridades estatales la capacidad de arrestar y retener a quienes consideren que han cometido esta falta, y permite que jueces locales ordenen la expulsión de migrantes hacia territorio mexicano.
Entre las organizaciones que promovieron las demandas se encuentran American Gateways y el Centro de Defensa del Inmigrante de las Américas. Estas argumentaron ante los tribunales que la ley invade competencias exclusivas del gobierno federal, como la regulación migratoria, y que podría interferir con las labores de las autoridades federales. También señalaron que la medida impediría a personas migrantes solicitar asilo tras cruzar la frontera de forma irregular.
Podría caer en prácticas discriminatorias, denuncian
Asimismo, los grupos demandantes advirtieron que la aplicación de la SB4 podría derivar en prácticas discriminatorias por parte de autoridades locales, especialmente contra comunidades hispanas y otras minorías étnicas y raciales.
La legislación fue aprobada durante la administración del expresidente Joe Biden (2021-2025), en un contexto de incremento récord en los cruces irregulares en la frontera sur y tensiones entre el gobierno estatal de Texas y la administración federal.
En el escenario actual, bajo el gobierno de Donald Trump, los cruces irregulares han disminuido a niveles no registrados en años recientes. Paralelamente, se ha impulsado una política de arrestos masivos de inmigrantes dentro del territorio estadounidense.
La entrada en vigor de la SB4 coincide con presiones del gobernador Greg Abbott hacia ciudades clave como Houston, Dallas y Austin, para reforzar la cooperación entre policías locales y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Estas medidas han generado rechazo entre sectores de la población que se oponen a políticas migratorias de línea dura.
Datos del Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley indican que, en el último año, los arrestos de migrantes sin antecedentes penales aumentaron un 770 %, mientras que las detenciones en la vía pública crecieron más de un 1,000 %.
WASHINGTON.- La orden ejecutiva del presidente Donald Trump para impedir que inmigrantes soliciten asilo en la frontera, además de deportalos en forma expedita, fue considerada como “ilegal” por el Tribunal de Apelaciones para el Distrito de Washington, D.C., este viernes.
“Sostenemos que la Proclamación y la Guía [del gobierno de Trump] son ilegales en la medida en que eluden los procedimientos de expulsión cuidadosamente elaborados por el Congreso y dejan de lado las leyes federales que brindan a las personas la oportunidad de solicitar y ser consideradas para la concesión de asilo o la suspensión de la expulsión”, dice la orden.
De esa forma, los jueces confirmaron la sentencia dictada por el tribunal de Distrito inicialmente, además de confirmar la certificación de la demanda colectiva, lo cual obliga a que la decisión tenga impacto en todo EE.UU.
“Esta decisión pone fin a la política inhumana de Trump de enviar a personas, incluidas familias con niños pequeños, de regreso a un peligro terrible sin siquiera una audiencia”, declaró el abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Lee Gelernt, quien presentó la apelación. “El tribunal dejó claro que el presidente no tiene el poder unilateral de anular todas las leyes de asilo promulgadas por el Congreso”.
Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos bloqueó este viernes una de las medidas más duras impulsadas por el presidente Donald Trump en materia migratoria, la suspensión del acceso al asilo en la frontera sur, decretada al inicio de su nuevo mandato en 2025.
La decisión la adoptó un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, que concluyó que el Ejecutivo no tiene autoridad para eliminar, mediante una orden unilateral, un derecho que está establecido por ley.
En su fallo, el tribunal subrayó que la legislación migratoria vigente garantiza a las personas la posibilidad de solicitar asilo al llegar al país, independientemente de cómo hayan cruzado la frontera.
MientrasICE y CBP siguen adelante con sus detenciones indiscriminadas y sus cuotas diarias, los republicanos del Senado avanzan mecanismos para asignarles más fondos con miras a reabrir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), parcialmente cerrado desde el 14 de febrero.
El cierre responde a las demandas demócratas de que se aprueben reformas a la conducta de los agentes migratorios que mataron a tiros a dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota en medio de violentos operativos. Los demócratas reclaman controles sobre los abusos de autoridad, mayor supervisión y que haya rendición de cuentas.
Los republicanos no ceden a las demandas, recurriendo a medidas parlamentarias que les permiten financiar las agencias sin apoyo demócrata.
Han optado por la conciliación presupuestaria que le permite al partido en control aprobar medidas por simple mayoría y no los 60 votos requeridos para superar bloqueos en el Senado.
El jueves, el Senado aprobó una resolución de $70,000 millones de dólares para financiar las agencias migratorias por los tres años y medio restantes del gobierno de Trump. Ahora los comités correspondientes se encargan de redactar el proyecto de ley. La resolución del Senado debe ser aprobada por la Cámara Baja antes de que los comités designados redacten su proyecto de ley.
Es decir, que para no ceder a las demandas demócratas, los republicanos prefieren seguir financiando el mismo caos y la impunidad que rigen en las agencias migratorias.
Coalición pide que en vez de perseguir a los inmigrantes se les legalice
La Opinión reportó que diversas organizaciones de defensa de derechos civiles, humanos, y de los inmigrantes piden al Congreso la regularización de inmigrantes en lugar de perseguirlos.
“La solución en que los legisladores deberían centrarse es crear una oportunidad para que los inmigrantes se presenten, superen una verificación de antecedentes y soliciten la residencia permanente legal, convirtiéndose finalmente en ciudadanos naturalizados”, informó el diario que tuvo acceso a la carta de la coalición.
Y agregó que “la misiva destaca que las actuales políticas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump son “costosas y peligrosas”, al tiempo que argumenta los aportes económicos de los inmigrantes para los Estados Unidos”.
“El texto insta a contemplar tales aportes y coloca como ejemplo que en 2023 casi la mitad de la población indocumentada en EE.UU. había vivido en el país más de 20 años, formando familias, creando empresas y pagando impuestos”.
“Los grupos citan que el 72% de los estadounidenses apoya un camino a la ciudadanía para indocumentados, según una encuesta de febrero de 2026 realizada por Morris Predictive Insights”, escribió el diario.
La carta está firmada, entre otros grupos, por CHIRLA, United We Dream,We Are Casa, MIRA, ACLU y FLIC.
Prevalece rechazo de estadounidenses a la política migratoria de Trump
La Opinión también reportó que “los resultados de un informe desarrollado por el Civic Health and Institutions Project (CHIP50) a partir de los datos captados a través de una encuesta realizada a más de 30,000 estadounidenses en los 50 estados del país, señalan que, al margen de su afiliación política, edad o género, cada vez son más los ciudadanos que están en contra de la detención de inmigrantes llevada a cabo durante los operativos de ICE”.
El artículo señala que “hasta febrero, cerca de tres de cada cinco estadounidenses desaprobaban la actuación de ICE”.
“Asimismo, la manera sobre cómo el presidente Donald Trump maneja la inmigración continúa siendo desaprobada y con una tendencia al alza pasando del 48.8% al 54.4%…El rechazo a las redadas de ICE en los lugares de trabajo aumentó 5.8 puntos; en tanto que la desaprobación al empleo del ejército para detener y deportar a inmigrantes subió 4.2 puntos”.
Y el rechazo de un importante sector electoral, los independientes, es significativo: “la desaprobación hacia el desempeño de ICE superó 64%, con un aumento de 5.6 puntos; en tanto que el rechazo a la gestión de Donald Trump por el manejo de la inmigración alcanzó 57.7%”.
Los planes de Trump también afectan a ciudadanos naturalizados
La Opinión reportó que “el Departamento de Justicia (DOJ) ha puesto en marcha una estrategia para acelerar los procesos de revocación de ciudadanía, con al menos 384 personas identificadas como posibles objetivos en una primera fase. La medida, revelada por The New York Times, marca un giro relevante en la política migratoria al ampliar el uso de la desnaturalización, una práctica históricamente poco frecuente”.
El diario agregó que “aunque el gobierno insiste en que la medida busca combatir el fraude, críticos temen que el uso ampliado de la desnaturalización genere incertidumbre entre millones de ciudadanos naturalizados”.
“Amanda Frost, profesora de derecho en la Universidad de Virginia, señaló que el mensaje es delicado: “Sugiere que los ciudadanos naturalizados no tienen la misma estabilidad que los nacidos en el país” y agregó que “el gobierno ha utilizado este poder en el pasado para atacar a quienes considera opositores políticos”.
Grupos cívicos alertan sobre riesgos de detenciones en el Mundial 2026
El comunicado señala que “más de 120 organizaciones de la sociedad civil han lanzado una advertencia de viaje en la que alertan de que los aficionados, jugadores, periodistas y demás visitantes que viajen con motivo de la Copa Mundial 2026 podrían correr el riesgo de sufrir graves violaciones de sus derechos, dado que la administración Trump está redoblando su draconiana política de inmigración y su agenda contraria a los derechos humanos”.
En su aviso, los grupos afirman que, ante la falta de medidas significativas por parte de la FIFA, las ciudades anfitrionas o la administración Trump, las personas que viajen a Estados Unidos y dentro del país podrían correr el riesgo de: denegación arbitraria de entrada y riesgo de arresto, detención y/o deportación; restricciones y limitaciones ampliadas a los viajes y la entrada a EE.UU.; un control invasivo de las redes sociales y registros de dispositivos electrónicos; una aplicación violenta e inconstitucional de las leyes de inmigración, incluyendo el uso de perfiles raciales; represión de la libertad de expresión y de protesta, y una mayor vigilancia; tratos crueles, inhumanos o degradantes —e incluso la muerte— durante la detención o bajo la custodia de ICE”.
Amnistía Internacional y ACLU figuran entre los 120 grupos que emitieron la advertencia.
Cita de la semana: “Los aficionados, periodistas y demás personas que viajen a Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 corren el riesgo de encontrarse con un panorama de derechos humanos profundamente preocupante, marcado por las políticas migratorias racistas de la administración Trump, las detenciones y deportaciones masivas, y los ataques a la libertad de expresión y de manifestación pacífica”, afirmó Daniel Noroña, director de campañas para EE.UU. de Amnistía Internacional.
WASHINGTON.- La madrugada del jueves, los republicanos en el Senado lograron aprobar un paquete presupuestal bajo proceso de Reconciliación, a fin de reabrir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), sin atender las peticiones de demócratas sobre condiciones en operaciones migratorias.
Ahora la presión está sobre el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson (Louisiana), que deberá aprobar el plan con votos de mayoría simple, sin respaldo de los demócratas, tal como ocurrió en el Senado, donde el paquete se aprobó con 50 votos contra 48, con el rechazo de dos republicanos, Lisa Murkowski (Alaska) y Rand Paul (Kentucky).
El presupuesto busca autorizar $70 mil millones de dólares en fondos para la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, en medio de críticas de la mayoría de los demócratas y decenas de organizaciones civiles, quienes este jueves enviaron una carta al Congreso para enfocarse en proteger a los inmigrantes, no en su persecución.
De aprobarse en la Cámara el paquete presupuestal, además de ICE, el financiamiento sería para todo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), luego de casi dos meses de cierre, debido a la falta de acuerdos sobre cambios significativos en operaciones migratorias: obligar a agentes a dejar de utilizar máscaras, presentar órdenes judiciales en detenciones en viviendas y otros espacios privados y concretar detenciones sin violencia.
“Los republicanos del Senado le mostraron al pueblo estadounidense cual es su postura. No se preocupan por las familias sufriendo con el alto costo del cuidado infantil, los alimentos, la gasolina, o la electricidad, sino por destinar $140,000 millones de dólares a agencias corruptas”, expresó la madrugada del jueves el líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer (Nueva York).
En el debate del proceso conocido como ‘vote-a-rama’ –que obliga a presentar mociones para distintos proyectos del paquete presupuestal– el senador Alex Padilla (California) presentó una moción para detener la financiación considerada excesiva de ICE y la Patrulla Fronteriza, recordando que las agencias habían recibido presupuestal multimillonario en 2025.
“ICE y CBP todavía tienen financiación de $103,000 millones del proyecto de la ley OBBBA del año pasado”, indicó la moción del senador Padilla. “ICE todavía tiene financiación de $63,200 millones (84%) de los fondos del proyecto de ley del año pasado”.
El líder de la mayoría en el Senado, el republicano John Thune (Dakota del Sur), confía en que el proyecto presupuestal de Reconciliación sea aprobado en la Cámara Representantes, aunque todavía no hay un mensaje de consenso entre los líderes republicanos en esa cámara sobre el plan aprobado por senadores.
Rechazo a mayor financiamiento para ICE
Diversas organizaciones civiles enviaron una carta al Congreso para evitar el aumento de financiamiento para la persecución de inmigrantes, además de considerar que los legisladores deberían enfocarse en aprobar planes que protejan a millones de indocumentados.
“El Congreso ha dedicado décadas a debatir, pero no ha logrado aprobar, un nuevo camino importante hacia la ciudadanía, lo que ha convertido el statu quo en un enfoque cada vez más centrado exclusivamente en el control migratorio”, exponen.
Los grupos citan que el 72% de los estadounidenses apoya un camino a la ciudadanía para indocumentados, según una encuesta de febrero de 2026 realizada por Morris Predictive Insights.
Tras la aprobación presupuestal en el Senado, la Alianza Nacional para los Nuevos Americanos (NPNA), una coalición de más de 70 organizaciones líderes en defensa de los derechos de los refugiados e inmigrantes, expresó su oposición al plan presupuestal.
“Las comunidades de todo Estados Unidos ya han pagado el precio de que nuestros impuestos se desvíen a ICE y CBP. En lugar de firmar cheques en blanco para poner en peligro a nuestras comunidades, esperamos que nuestros legisladores inviertan en lo que apoya a las familias, los trabajadores y los niños en estos tiempos de incertidumbre económica”, expuso Nicole Melaku, directora ejecutiva de la NPNA. “Ahora que los estadounidenses han visto los daños de las deportaciones masivas, su tolerancia ha disminuido”.
La NPNA indicó que los estadounidenses están más preocupados por la economía del país que por la persecución de indocumentados.
El proyecto permitirá aumentar el déficit presupuestal en no más de $70 mil millones de dólares durante los próximos 10 años; pero ha déficits adicionales que podrían llevar al DHS a acceder a hasta $140 mil millones de dólares, según un análisis del Center for American Progress (CAP).
Los retrasos en la renovación del programa DACA bajo la administración de Donald Trump están dejando a cientos de beneficiarios en un limbo legal que impacta directamente en su vida laboral y personal. Casos recientes documentados por NOTUS evidencian cómo incluso quienes cumplen con los plazos recomendados terminan perdiendo sus empleos y enfrentando el riesgo de deportación.
Uno de los casos más representativos es el de Vicente, un bombero paramédico beneficiario de DACA, quien tuvo que renunciar a su trabajo luego de que su permiso expirara sin que su renovación fuera procesada. A pesar de haber presentado su solicitud con meses de anticipación, la respuesta nunca llegó. “Haces todo bien y aun así no consigues ni una respuesta ni ninguna novedad”, declaró.
De acuerdo con NOTUS la situación de Vicente no es aislada, trabajadores en distintas áreas —desde terapeutas infantiles hasta empleados del sector público— han perdido sus empleos por retrasos similares. El problema radica en que, sin autorización de trabajo vigente, los beneficiarios de DACA no pueden seguir laborando legalmente, lo que los empuja a una crisis económica inmediata.
El programa DACA, creado en 2012, protege de la deportación a jóvenes migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad y les permite trabajar legalmente. Sin embargo, actualmente solo se procesan renovaciones, y estas enfrentan demoras crecientes. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el tiempo promedio de procesamiento ha alcanzado los 2.3 meses, aunque muchos casos superan ese plazo.
Historias como la de César reflejan el impacto humano detrás de las cifras. A sus 25 años, perdió su empleo como probador de videojuegos justo cuando estaba por comprar una casa con su esposa. “Es como una pesadilla constante… ahora mismo no hay nada positivo que celebrar”, dijo. Hoy, su familia depende de ingresos adicionales y vive en incertidumbre.
El panorama ha generado críticas desde el ámbito político. El senador Dick Durbin acusó que estas demoras forman parte de una estrategia para debilitar el programa.
“Permitir que se retengan las renovaciones mientras pierden su protección es la última táctica para destruir DACA”, afirmó.
Funcionarios como Joseph Edlow han reconocido retrasos, aunque los justifican como parte de un proceso más riguroso. “Es un dolor a corto plazo que llevará a un beneficio a largo plazo”, sostuvo.
Muchos beneficiarios, aun cumpliendo con los tiempos sugeridos, enfrentan desempleo, ansiedad y temor constante a la deportación. “No solo es económico, también es mentalmente agotador”, expresó Yenifer, terapeuta infantil que lleva semanas sin poder trabajar.
El caso de Vicente resume el dilema: un servidor público obligado a dejar su vocación no por incumplimiento, sino por la lentitud del sistema.
El programa del Departamento de Justicia encargado de acreditar a organizaciones sin fines de lucro que brindan asistencia legal a inmigrantes de bajos ingresos no ha aprobado nuevas solicitudes desde marzo, luego de que su equipo de abogados fuera reasignado a otras oficinas, según información de fuentes con conocimiento directo del proceso citadas por CBS News.
La medida afecta al programa de Reconocimiento y Acreditación, que forma parte de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), y que tiene como función certificar a representantes no abogados que trabajan en organizaciones comunitarias y religiosas para asistir legalmente a migrantes en trámites como solicitudes de naturalización y procesos ante tribunales de inmigración.
Reasignación de personal y suspensión de aprobaciones
De acuerdo con el reporte, el grupo de abogados sénior que lideraba el programa fue trasladado hace aproximadamente un mes a tribunales de inmigración cercanos, sin que se ofrecieran explicaciones públicas sobre la decisión. Estos funcionarios eran los encargados de revisar, renovar y aprobar las solicitudes de acreditación.
Actualmente, los únicos dos empleados que permanecen en la oficina no cuentan con autoridad para aprobar o rechazar solicitudes, lo que ha dejado el proceso operativo sin capacidad de resolución. A pesar de ello, el programa continúa recibiendo entre 40 y 60 nuevas solicitudes cada semana, según las fuentes consultadas.
El Departamento de Justicia informó previamente que el programa no había sido cancelado y que continuaría en funcionamiento, aunque no ha respondido a solicitudes recientes de comentarios.
Impacto en organizaciones de asistencia legal
El programa permite que trabajadores de organizaciones sin fines de lucro, como Caridades Católicas y Jewish Family Services, obtengan autorización para representar o asistir legalmente a inmigrantes en procesos.
Rocío Pulido, directora de desarrollo de capacidades del Proyecto Resurrección en Chicago, explicó que su organización no solo cuenta con representantes acreditados, sino que también capacita a nuevos solicitantes y apoya financieramente a otros grupos de asistencia legal en el estado de Illinois.
Tras los primeros reportes sobre la reasignación de personal, la organización convocó una reunión de emergencia con sus socios estatales. Pulido señaló que los recortes han afectado directamente la capacidad de atención legal en la comunidad migrante.
“Esto afecta gravemente a nuestro ecosistema y a nuestra capacidad para brindar servicios legales”, afirmó. Añadió que en Illinois existe una alta demanda de asistencia migratoria que no puede ser cubierta únicamente por abogados.
Peticiones para restablecer el programa
Más de 330 organizaciones sin fines de lucro que participan en el programa enviaron una carta al fiscal general interino Todd Blanche y al director de la EOIR, Daren Margolin, solicitando el restablecimiento total de sus funciones.
En la misiva, los grupos señalaron que en 2025 los tiempos de procesamiento ya se habían extendido entre seis y ocho meses debido a la falta de personal, situación que se ha agravado tras la reasignación de todo el equipo federal encargado del programa.
“Les instamos a que actúen de inmediato para restablecer el pleno funcionamiento del programa”, señalaron las organizaciones en su petición.
Un sistema clave para la asistencia migratoria
El programa de Reconocimiento y Acreditación es considerado un mecanismo clave para ampliar el acceso a servicios legales entre comunidades migrantes de bajos ingresos en Estados Unidos, especialmente en contextos donde la representación legal es limitada.
Hasta el momento, no se ha informado cuándo podrían reanudarse las aprobaciones ni si habrá cambios en la estructura del programa dentro del Departamento de Justicia.
El deseo de migrar a Estados Unidos ha disminuido a nivel global y alcanzó su nivel más bajo en años, según una encuesta publicada por Gallup en 2025. A pesar de la caída, el país continúa siendo la principal opción para quienes consideran establecerse en el extranjero.
De acuerdo con el estudio, el 15% de los adultos encuestados en todo el mundo eligieron a Estados Unidos como su destino preferido para vivir, una disminución significativa frente al 24% registrado entre 2007 y 2009. En la última medición previa, realizada en 2017, ese porcentaje era del 18%.
América Latina y otras regiones mantienen preferencia
A pesar del descenso, Estados Unidos se mantiene como el destino más atractivo para personas de América Latina, el Caribe y el África subsahariana.
En el ranking global, Canadá ocupa el segundo lugar con 9%, seguido de Alemania con 5%. Otros países como Australia, España, Francia, Reino Unido y Japón fueron elegidos por el 4% de los encuestados.
Caída notable en América Latina y México
El informe destaca que siete de los 16 países donde cayó el interés por emigrar a Estados Unidos en al menos 10 puntos pertenecen a América Latina. En esta región, el porcentaje bajó del 33% en 2024 al 28% en 2025.
Uno de los descensos más marcados se registró en México, donde el interés cayó a 21%, igualando los niveles más bajos registrados en 2017 y 2018.
Gallup señaló que, durante años, la tendencia global mostraba un aumento constante en el deseo de migrar, pero los datos más recientes sugieren un cambio. “Los descensos son generalizados y se concentran en las regiones que históricamente han impulsado la migración global”, indicó la firma.
Cambios en la intención de migrar dentro de EE.UU.
El estudio también analizó el comportamiento de los propios ciudadanos estadounidenses. Encontró que el interés por mudarse al extranjero ha crecido especialmente entre mujeres menores de 45 años, alcanzando el 40%, frente al 10% registrado en 2014.
Según Gallup, este aumento comenzó en 2016 y se mantuvo durante varios años, lo que apunta a un cambio más amplio en las percepciones, más allá de factores políticos inmediatos.
Datos globales de migración
A pesar de la disminución en el interés por Estados Unidos, el deseo de migrar sigue siendo alto a nivel mundial. La encuesta estima que alrededor de 900 millones de personas quisieran mudarse a otro país, incluyendo unos 134 millones que elegirían Estados Unidos como destino.
El estudio se realizó entre el 12 y el 15 de septiembre de 2025 e incluyó a más de 144,000 personas en 140 países, ofreciendo una visión amplia sobre las tendencias actuales de migración global.
El programa de visa “Tarjeta Dorada” impulsado por el presidente Donald Trump ha aprobado a su primer solicitante desde que comenzó a recibir aplicaciones en diciembre, según informó el secretario de Comercio, Howard Lutnick, durante una audiencia ante el Congreso.
De acuerdo con la declaración oficial, el proceso de revisión del programa fue recientemente coordinado con el Departamento de Seguridad Naciona (DHS), organismo encargado de supervisar su implementación. El esquema está dirigido a extranjeros dispuestos a realizar una donación de un millón de dólares al gobierno estadounidense como condición para optar por la residencia.
Lutnick explicó ante legisladores que, aunque solo una persona ha sido aprobada hasta ahora, existen “cientos en la fila” de revisión. Afirmó que las autoridades buscan garantizar un proceso “perfecto” antes de ampliar las aprobaciones.
Un programa de residencia con altos costos y verificación estricta
La visa “Tarjeta Dorada” contempla, además de la donación de un millón de dólares, el pago de una tarifa de procesamiento de $15,000 dólares no reembolsables. Según el Departamento de Comercio, el programa incluye un sistema de verificación de antecedentes considerado como “el más riguroso en la historia del gobierno”.
El sitio oficial del programa describe que esta iniciativa permite a extranjeros obtener residencia legal en tiempos acelerados, bajo un esquema diseñado para atraer capital y talento internacional.
Durante su implementación, también se ha señalado que corporaciones pueden pagar dos millones de dólares por la incorporación de un trabajador extranjero, además de una cuota anual de mantenimiento del 1%.
Origen del programa y objetivos del gobierno
El programa fue anunciado por Donald Trump el año pasado como una alternativa para generar ingresos federales y ofrecer una vía rápida de residencia a inversionistas extranjeros. La propuesta busca sustituir el antiguo sistema de visas EB-5, que permitía la residencia a quienes invertían alrededor de un millón de dólares en negocios que generaran empleos.
Según lo planteado por la administración, la iniciativa forma parte de una estrategia para atraer inversión extranjera y fortalecer las finanzas públicas.
Lutnick ha sostenido en distintos momentos que el programa podría generar ingresos significativos para el gobierno, aunque no ha detallado públicamente el destino específico de los fondos recaudados. Ante preguntas legislativas, indicó que el uso de los recursos será determinado por la administración federal y orientado al “mejoramiento de Estados Unidos”.
Identidad del primer beneficiario y revisiones en curso
El Departamento de Comercio no ha revelado la identidad del primer beneficiario aprobado. Sin embargo, reportes de medios como Bloomberg señalaron que el empresario Jeffrey Chao, fundador de TP-Link Systems, habría solicitado la visa y estaría en proceso de evaluación, mientras se revisan posibles vínculos de su empresa con China.
Las autoridades no han confirmado esta información ni han emitido comentarios adicionales sobre el solicitante.
El programa ha generado también cuestionamientos legales. Dos grupos han presentado demandas en su contra, mientras especialistas señalan diferencias entre esta iniciativa y otros sistemas de inmigración basados en inversión o habilidades laborales.
La orden ejecutiva que establece el programa contempla dos categorías principales: una basada en “habilidades extraordinarias” y otra en “habilidades excepcionales”, lo que amplía los criterios de elegibilidad más allá de la inversión económica.
Expansión del modelo
Modelos similares de visas para inversionistas existen en otros países, como Reino Unido, España, Grecia, Malta, Australia, Canadá e Italia, donde se ofrecen permisos de residencia a cambio de inversión económica significativa.
En el caso estadounidense, el programa ha sido promovido como una herramienta para atraer capital extranjero y talento calificado, mientras mantiene un sistema de evaluación de seguridad reforzado.
El gobierno no ha detallado cuántas aprobaciones adicionales podrían realizarse en el corto plazo, aunque el proceso continúa en fase inicial con solicitudes en revisión.
