AUSTIN – El Gobierno de Estados Unidos impondrá fianzas de hasta $20,000 dólares para los nacionales de unos 50 países, en su mayoría africanos, que quieran solicitar visados de turismo y negocios, según indicó este viernes el Departamento de Estado.
La medida hace permanente un programa piloto que entró en vigor en agosto del año pasado y afecta a quienes solicitan visados B-1/B-2 para viajar a EE.UU., procedentes principalmente de países de África occidental y oriental, como Benín, Cabo Verde, Nigeria, Etiopía y Uganda, así como de cuatro países de América: Cuba, Granada, Nicaragua y Venezuela.
El Gobierno publicó el cambio este viernes en el Registro Federal y entrará en vigor el próximo lunes. Los funcionarios consulares tendrán discreción a la hora de decidir el monto de la fianza que se le exigirá a los solicitantes, que podrá ser de 10.000, 15.000 o 20.000 dólares, según detalla el documento.
Bajo este programa, los solicitantes deben pagar el monto para poder solicitar un visado. El dinero será manejado por el Departamento de Tesoro y el Departamento de Estado y, según el Gobierno, les será devuelto una vez concluyan su estancia en EE.UU.
El Gobierno de Trump presenta la medida como parte de su campaña para reducir la inmigración y asegura que se aplica a países cuyos ciudadanos suelen permanecer en EE.UU. más tiempo del autorizado por sus visados.
Según señaló el Departamento de Estado, durante este primer año piloto, se identificaron 20,000 solicitudes que debían pagar fianza y la mitad de ellas decidieron abandonar el proceso y no pedir un visado.
A su vez, esta restricción produjo una reducción del 83% en la cantidad de visas de turismo y negocios concedidas en los países afectados, agregó el documento.
Organizaciones defensoras de los migrantes denuncian que las fianzas crean una barrera económica para las vías legales de entrada a EE.UU. y perjudican especialmente a ciudadanos de países pobres y de mayoría negra.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo a Ameaka Fatima Nkempu, investigadora camerunesa que trabaja para la Universidad Johns Hopkins y cuya visa para permanecer en territorio estadounidense expiró hace más de dos años.
La inmigrante africana fue detenida en Baltimore acusada de permanecer en el país más tiempo del establecido en el documento con el cual ingresó en junio de 2023.
Funcionarios de la Universidad Johns Hopkins dieron a conocer que agentes del ICE sorprendieron a Nkempu en el Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington durante un viaje efectuado por motivos personales.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reiteró que, permanecer más tiempo del establecido en cualquier visa, constituye una violación de las leyes de inmigración, lo cual implica un delito.
Basado en ello, a Ameaka Fatima Nkempu se le dio la opción de permanecer bajo custodia en un centro de detención para extranjeros carentes de estatus legal mientras se desarrolla su proceso de deportación o bien acceder a un vuelo gratuito de regreso a su nación de origen junto con un cheque de $2,600 dólares como incentivo económico para salir voluntariamente de Estados Unidos.
La investigadora camerunesa es empleada de la Escuela de Salud Pública Bloomberg y miembro respetada de la comunidad universitaria.
Al interior de la Universidad Johns Hopkins existe una enorme preocupación del destino que le depara.
“La universidad comprende el temor y la preocupación que esto genera en los miembros de nuestra comunidad.
La Dra. Ameaka viajaba por motivos personales y, si bien no podemos comentar sobre los detalles de su situación, queremos asegurar a nuestra comunidad que la universidad está trabajando activamente para brindarle apoyo, incluyendo garantizarle acceso a representación legal”, indicó la institución educativa a través de un comunicado.
Esta semana, una investigación llevada a cabo por el diario The New York Times donde se incluye la revisión de documentos oficiales y el testimonio de abogados de inmigración revela que, en su afán por incrementar las deportaciones de extranjeros carentes de estatus legal, el gobierno federal incluso ha empezado a exigir la detención en los aeropuertos de extranjeros cuyas visas estadounidenses se encuentran vencidas.
Para cumplir con dicho objetivo, existe un acuerdo de colaboración entre la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el ICE.
La población inmigrante sin estatus migratorio permanente alcanzó un nuevo máximo en Estados Unidos, impulsada por varios años de llegadas elevadas a la frontera y por la expansión de programas humanitarios temporales.
El Migration Policy Institute, MPI, estima que 15.8 millones de personas integraban esa población a mediados de 2024, frente a aproximadamente 10.8 millones en 2019. El crecimiento neto fue de casi cinco millones en cinco años, después de una década en la que la cifra se había mantenido cerca de los 11 millones.
El cálculo no significa que las 15.8 millones de personas hayan cruzado ilegalmente la frontera ni que todas estén actualmente expuestas de la misma manera a una deportación. La metodología incluye a quienes ingresaron sin autorización o permanecieron después de vencer sus visas, pero también a algunos inmigrantes con protecciones temporales, permisos humanitarios o solicitudes de asilo pendientes.
Por qué aumentó la población inmigrante sin estatus
El instituto atribuyó el fuerte incremento a las llegadas récord registradas en la frontera con México, especialmente entre 2021 y 2023, y a los programas de libertad condicional humanitaria utilizados durante el gobierno de Joe Biden.
También influyeron la recuperación económica estadounidense después de la pandemia y el desplazamiento de personas afectadas por violencia, represión política, inestabilidad y dificultades económicas en América Latina.
El mayor aumento anual ocurrió entre 2022 y 2023, cuando la población estimada creció en alrededor de 1.6 millones. Entre 2023 y 2024 se sumaron otros 1.1 millones, aunque el ritmo comenzó a desacelerarse.
México sigue primero, pero representa una proporción menor
México sigue siendo el principal país de origen, con aproximadamente 5.5 millones de personas. Sin embargo, su peso dentro del total disminuyó considerablemente. En 2010, los mexicanos representaban alrededor del 62% de la población inmigrante sin autorización permanente. Para 2024, esa participación había bajado al 35%.
La explicación no es una caída importante del número de mexicanos, sino el crecimiento mucho más acelerado de la migración procedente de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Entre 2019 y 2024, la población mexicana incluida en la estimación aumentó en unas 266,000 personas.
Soldados miran el muro fronterizo cerca de un vehículo de vigilancia en Sunland Park, Nuevo México.Crédito: AP
Los países que registraron los mayores aumentos
La población procedente de Centroamérica creció en aproximadamente 2.25 millones de personas durante el período analizado. La de Sudamérica aumentó en cerca de 1.3 millones.
Después de México, los principales países de origen en 2024 fueron:
Guatemala: 1.52 millones.
Honduras: 1.35 millones.
El Salvador: 920,000.
Venezuela: 797,000.
Colombia: 444,000.
Nicaragua: 440,000.
Brasil: 368,000.
Ecuador: 342,000.
Honduras registró el mayor aumento absoluto desde 2019, con unas 843,000 personas adicionales, seguido por Guatemala, con 827,000, y Venezuela, con 581,000.
Uno de los datos más importantes del informe es que una parte considerable de las personas contabilizadas no carecía completamente de documentación.
El MPI estima que un máximo de 6.3 millones, equivalentes al 40% del total, podían tener alguna protección temporal o situación migratoria pendiente a mediados de 2024. La cifra real probablemente era menor porque una misma persona podía aparecer en más de un programa.
El grupo incluía aproximadamente:
2.9 millones de solicitantes de asilo.
1.45 millones de beneficiarios de programas de permiso humanitario.
1.09 millones de personas con TPS.
535,000 beneficiarios de DACA.
329,000 personas con otras formas de acción diferida.
El instituto utiliza el término “estatus liminal” para describir estas situaciones: las personas podían vivir y, en muchos casos, trabajar legalmente durante un período, pero no contaban con residencia permanente ni con una protección migratoria duradera.
La cifra podría haber comenzado a bajar
El récord corresponde a mediados de 2024 y no describe necesariamente la situación actual. El MPI considera probable que la población se haya mantenido estable o haya comenzado a disminuir durante 2025, debido a la caída de los cruces fronterizos, el fin de varios programas humanitarios y el aumento de las medidas de control y deportación.
Sin embargo, una reducción importante puede tardar. Millones de personas tienen procesos pendientes ante tribunales migratorios, derecho a una audiencia o posibilidades de solicitar asilo y otras formas de protección.
El futuro de la cifra dependerá tanto de las nuevas llegadas como de las deportaciones, las salidas voluntarias, las decisiones judiciales y la posibilidad de que algunas personas consigan un estatus legal permanente.
NUEVA YORK – Chantal Morales Rojas, la joven ecuatoriana arrestada por agentes migratorios en Denver, Colorado, cuando se disponía a abordar un avión, fue liberada este jueves tras 10 días bajo custodia.
La información fue confirmada a Telemundo Noticias por Alicia Dantzker, quien se encontraba junto a la sudamericana al momento del incidente, el pasado 20 de julio, y captó la intervención en video.
“Esto es atroz”, declaró Dantzker al referido medio, al tiempo que añadió que detenciones como la de su amiga están ocurriendo por todas partes de Estados Unidos “sin que esos arrestos salgan a la luz”.
La gente está vulnerable y simplemente se la están llevando”, afirmó.
La mujer relató que, antes de intervenir con Morales Rojas en el Aeropuerto Internacional de Denver, un hombre le preguntó sobre su visado mientras esperaban para abordar. Aproximadamente, media hora después y tras pasar la puerta de embarque, Dantzker vio cómo agentes vestidos de civil se llevaban a su amiga por los brazos.
Al momento de los hechos, Morales Rojas se dirigía a Oakland, California, donde reside.
Morales Rojas, de 27 años, trabajaba como au pair (persona acogida por una familia a cambio de labores como cuidar a los niños).
“Es la niñera más querida de varias familias”, dijo Dantzker.
Había llegado a EE.UU. en el 2023. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), su visa de trabajo expiró el 4 de enero de 2025.
Morales Rojas se trasladó en grupo a Denver para un torneo de frisbeey terminó arrestada y encerrada en el Centro de Procesamiento de ICE en Aurora.
El video de la detención de la ecuatoriana se viralizó e incentivó el debate sobre los operativos de las autoridades migratorias que, según varios reportes, han incrementado en las últimas semanas en los aeropuertos.
Dantzker relató que no pensaron “que estaban persiguiendo específicamente a Chantal”, pero reconoció que cualquier persona en su caso corre el riesgo de ser detenida.
La mujer consideró que a Morales Rojas “le tomará tiempo sentirse segura para poder desenvolverse en el mundo, y que hay muchas cosas que tendrá que superar”.
Dantzker y otros amigos de la ecuatoriana se movilizaron inmediatamente para recaudar fondos para su defensa. Laura Lichter representa legalmente a la migrante. Este martes, un juez migratorio ordenó su liberación al imponerle una fianza de $3,000 dólares.
La abogada además presentó una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la que sostiene que su clienta fue detenida ilegalmente.
“ICE todavía no ha presentado los registros que expliquen por qué la detuvieron o por qué consideraron justificada la detención. Continuaremos esta lucha porque el público merece saber si el Gobierno cumplió con la ley antes de privar a alguien de su libertad”, señaló la letrada.
“Una fianza de $3,000 habla por sí sola”, resaltó, por su parte, Dantzker en declaraciones a The Oaklandside. “Chantal nunca representó un peligro para la comunidad ni se ocultó de las autoridades de inmigración. Vivía abiertamente, trabajaba con autorización gubernamental y cumplía con todos los requisitos”, aseguró.
Lauren Cahr, otra amiga de la hispana, se expresó en la misma dirección.
“La decisión del juez de inmigración confirma que la detención no era necesaria para garantizar la comparecencia de Chantal ante el tribunal ni para proteger al público”, planteó.
Un reporte de The New York Times este martes reveló que los operativos antimigratorios bajo la Administración de Donald Trump se han intensificado en los aeropuertos del país. La información apuntó a que agentes vestidos de civil están deteniendo a personas con visas vencidas tanto en mostradores de facturación como en puertas de embarque.
El reportaje añadió que, como resultado de un acuerdo de cooperación entre la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y ICE, agentes se han personado a 15 aeropuertos en semanas recientes donde han arrestado a personas de más de 12 países.
La Opinión reportó que “los campesinos indocumentados que viven en Estados Unidos consideran que son tratados como si no fueran seres humanos, y casi la totalidad de 2,250 encuestados por la Fundación de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW Foundation) teme una probable detención y deportación”.
El reporte “Bajo el sol y fuera de las sombras: Miedos, esperanzas y aspiraciones de los trabajadores agrícolas indocumentados afectados por las medidas de control de la era Trump”, encontró que el 88% de los 2,250 trabajadores agrícolas encuestados “expresaron su preocupación por ser presa de las continuas redadas migratorias y deportaciones masivas”.
Y el 90% indicó que su principal preocupación es la separación familiar.
Para la encuesta se entrevistaron trabajadores agrícolas de California, Washington, Michigan, Georgia y otros 12 estados.
Sigue la pesquisa por la muerte de Lorenzo Salgado Araujo a manos de ICE
El caso de la muerte del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston, Texas, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) registró varios desarrollos esta semana, y entre esos, se confirmó que una sustancia encontrada en su vehículo y que según las autoridades podría tratarse de “metanfetaminas” arrojó negativo a drogas ilícitas. Asimismo, un juez ordenó la liberación de un centro de detención de ICE a uno de los tres trabajadores que eran pasajeros de Salgado y que son testigos presenciales de los hechos que culminaron en su muerte.
El primer punto es significativo porque los agentes argumentaron que aunque Salgado no era el objetivo del operativo, la presencia de la “sustancia” justificó, según ellos, la intervención. Alegan además que Salgado usó su vehículo como “arma” y por eso fue abatido a tiros. Los trabajadores que lo acompañaban desmienten la versión oficial.
La oficina del procurador del condado Harris, Sean Teare, afirmó que quiere que las pruebas contra los agentes de ICE sean lo más exhaustivas posible antes de presentarlas ante un gran jurado porque es probable que el gobierno de Trump quiera trasladar el caso de un tribunal estatal a uno federal. Teare le dijo al Houston Chronicle que “su oficina podría impedir dicho traslado demostrando que el agente federal actuó fuera del ámbito de sus funciones durante el tiroteo”.
Una de las principales quejas de los inmigrantes y de quienes los apoyan es precisamente la falta de rendición de cuentas de los agentes migratorios que operan con absoluta impunidad.
Agente de ICE que mató a joven colombiano posee un serio historial de violencia
Por otra parte, The Associated Press reportó que el agente de ICE que mató al inmigrante colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero cuenta con un historial de conducta violenta, incluso contra sus dos exesposas. Una de ellas proveyó a la agencia de noticias el audio de un mensaje que le dejó el agente indicando que alguien debería cortarle el cuello.
El zar de la frontera, Tom Homan, indicó en CNN que, si los alegatos son ciertos, el agente no debió aprobar la verificación de antecedentes.
La Opinión reportó que ICE revisará los protocolos de contratación tras las muertes de los dos inmigrantes.
“La revisión anunciada por Homan busca determinar si los actuales filtros de contratación y capacitación son suficientes para evitar que personas con antecedentes incompatibles con el servicio federal ingresen a una de las agencias más cuestionadas por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes”, escribió el diario.
“Para ampliar la fuerza operativa, la agencia ofreció bonos de ingreso de hasta $50,000, acumulando más de 220,000 solicitudes. Sin embargo, activistas y legisladores advirtieron que el apresurado crecimiento provocó que se pasaran por alto antecedentes penales o conductas violentas entre los nuevos reclutas”, agregó el artículo.
Gobierno sigue ampliando su capacidad de detención
La Opinión informó que ICE “se prepara para ampliar de forma significativa su infraestructura de detención con la apertura de cuatro nuevos centros en Miami, Seattle, Philadelphia y Denver, instalaciones que en conjunto podrán albergar a unas 5,500 personas”.
“La ampliación de la capacidad de detención coincide con un incremento sostenido en las operaciones migratorias. En junio, ICE registró cerca de 40,000 ingresos a sus centros de detención, mientras que datos oficiales indican que actualmente más de 65,000 personas permanecen bajo custodia de la agencia en 207 instalaciones distribuidas en 40 estados”, explicó el diario.
Los centros de detención de ICE también son objeto de críticas por las condiciones deplorables que han denunciado los propios inmigrantes y quienes los apoyan, incluyendo alimentos en mal estado y falta de atención médica preventiva y de emergencia.
La Opinión escribió que “cada complejo contará con cinco salas para audiencias de inmigración, oficinas para jueces y al menos 20 espacios destinados a abogados de la división legal de ICE. Con ello, la agencia pretende reducir el traslado de los detenidos hacia tribunales externos y agilizar el desarrollo de los procesos migratorios”.
Niños inmigrantes no acompañados podrían perder su asistencia legal
La Opinión reportó que “miles de niños inmigrantes no acompañados en Estados Unidos podrían perder su derecho a contar con representación legal a partir del 31 de julio, cuando vence el contrato federal que financia estos servicios, advirtieron organizaciones especializadas durante una conferencia organizada por Defending Our Neighbors Fund”.
“Los proveedores de asistencia jurídica alertaron que, si el gobierno no renueva el convenio, decenas de miles de menores deberán enfrentar solos los procesos ante las cortes de inmigración, mientras el gobierno seguirá representado por abogados especializados”, dice el artículo.
ICE arresta a más de 12,000 usando información sobre menores no acompañados
La Opinión informó que “de acuerdo con un reportaje exclusivo de Reuters, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) compartió desde enero de 2025 más de 460,000 registros investigativos con ICE, la agencia encargada de hacer cumplir las leyes migratorias dentro del país”.
“Esos datos incluían información sobre menores no acompañados, sus patrocinadores —en muchos casos padres, madres u otros familiares— y también otros adultos que vivían en el mismo hogar. Según los documentos internos citados por Reuters, esa información estuvo vinculada con más de 12,000 arrestos realizados por ICE”, reportó el diario.
“Uno de los episodios relatados por Reuters es el de una madre mexicana que entregó documentos, huellas y una prueba de ADN para recuperar a su hija de seis años. Días después de concretar la reunificación, tanto la madre como la niña fueron detenidas y trasladadas a un centro familiar de Texas, según la investigación”.
Cita de la semana
“Tengo temor de salir a trabajar y no regresar a casa para ver a mis hijas. No sé qué haría si llegara a encontrarme con esos hombres enmascarados, quienes no sé si sean secuestradores”, indicó Yazmín, una trabajadora del campo que posee DACA y de todos modos teme ser detenida y deportada. Yazmín es una de los 2,250 trabajadores del campo encuestados por la UFW Foundation.
La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) emitió una alerta de viaje en vuelos nacionales para inmigrantes, ante operativos de agentes Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en aeropuertos.
Hasta el momento, la organización ha confirmado acciones contra inmigrantes en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO) en California.
“En las últimas semanas, CHIRLA ha recibido informes de miembros de la comunidad que indican un aumento en las detenciones relacionadas con la inmigración en aeropuertos estadounidenses durante vuelos nacionales”, señaló Yunuen Trujillo, abogada de inmigración y directora de Servicios Legales de Derechos Laborales de la coalición.
Tras esos reportes, la organización recolectó información de otros incidentes similares y confirma operativos de ICE en Nevada, Colorado, Massachusetts, Florida, Illinois, Kansas, Michigan, Nueva Jersey, Texas y Virginia.
“A diferencia de los casos de control migratorio reportados anteriormente durante vuelos nacionales, estos incidentes reflejan un patrón emergente que afecta a personas que históricamente no se consideraban en mayor riesgo al viajar dentro de Estados Unidos”, agregó Trujillo.
Además de ICE, en aeropuertos hay oficinas de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cuyos oficiales también pueden ejecutar detenciones de inmigrantes.
Desde marzo se ha reportado una mayor presencia de agentes migratorios en aeropuertos de todo el país, incuidos LaGuardia, JFK y Newark, en Nueva York y Nueva Jersey.
¿Qué inmigrantes corren más riesgo?
La abogada de CHIRLA señaló que ICE podría detener a cualquier persona que tenga pendiente alguna solicitud de visa ante la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), como una Green Card.
Las acciones contra inmigrantes podrían ser hacia personas que tengan permisos de trabajo o algún otro documento legal, incuso si no tienen antecendentes penales.
“Personas [han sido] detenidas a pesar de tener solicitudes pendientes de alivio migratorio, incluyendo la tarjeta de residencia o asilo, y encontrarse en un período de estadía autorizada o poseer una autorización de empleo válida basada en dichas solicitudes”, agrega Trujillo.
Hay inmigrantes que podrían estar en proceso de obtener una Residencia Permanente Legal por matrimonio o petición familiar, pero al haber dejado vencer sus visas, los coloca en riesgo.
“[También se podría detener a] personas que han permanecido en el país más tiempo del permitido por su visa o que no han cumplido con los términos de la misma, incluso sin antecedentes penales, órdenes de deportación previas ni procedimientos judiciales de inmigración pendientes”, acotó la experta.
Detenciones en cualquier aeropuerto
Las detenciones no siempre ocurren en los aeropuertos donde las personas toman un vuelo, ya que eso podría suceder en la terminal de arribo o durante escalas en vuelos nacionales.
“Con base en estos informes, instamos a los miembros de la comunidad a evaluar cuidadosamente los riesgos de los viajes aéreos nacionales en este momento y a consultar con un abogado de inmigración calificado antes de viajar para evaluar sus circunstancias específicas y el nivel de riesgo”, agregó la organización. “Recomendamos particularmente que las personas con solicitudes pendientes de tarjeta de residencia [Green Card] o asilo consulten con su abogado antes de hacer cualquier plan de viaje nacional y, de ser posible, pospongan los viajes aéreos nacionales no esenciales hasta que hayan recibido asesoría legal”.
Las personas que consideren que requieran ayuda legal pueden llamar a la Línea Directa Nacional de Asistencia para Inmigrantes al (888) 624-4752, indicó CHIRLA.
De acuerdo con un comunicado difundido por la propia organización, las detenciones han sido documentadas en terminales como el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO), además de reportes provenientes de Nevada, Colorado, Massachusetts, Florida, Illinois, Kansas, Michigan, Nueva Jersey, Texas y Virginia.
Ante este panorama, CHIRLA exhortó a quienes tengan procesos migratorios pendientes a analizar cuidadosamente los riesgos antes de abordar un vuelo dentro del país y buscar asesoría legal especializada.
Detectan un nuevo patrón de detenciones
La organización explicó que los casos recientes muestran un comportamiento distinto al observado anteriormente. Según los reportes recibidos, las detenciones ya no se limitan a personas con antecedentes migratorios complejos, sino que también involucran a quienes permanecieron en el país más tiempo del autorizado por su visa o incumplieron alguna condición migratoria, aun cuando no tengan antecedentes penales ni órdenes de deportación.
Además, CHIRLA indicó que también existen informes de personas detenidas durante escalas en vuelos nacionales, así como personas con Green Card, solicitantes de asilo o aquellos que cuentan con permisos de permanencia o autorización de empleo vigente mientras sus casos continúan en trámite.
Piden asesoría antes de viajar
La abogada de inmigración y directora de Servicios Legales de Derechos Laborales de CHIRLA, Yunuen Trujillo, pidió a la comunidad actuar con cautela antes de realizar viajes dentro de Estados Unidos.
“En las últimas semanas, CHIRLA ha recibido informes de miembros de la comunidad que indican un aumento en las detenciones relacionadas con la inmigración en aeropuertos estadounidenses durante vuelos nacionales”, señaló.
La especialista recomendó que quienes tengan solicitudes pendientes de residencia permanente o asilo consulten primero con un abogado de inmigración para evaluar su situación particular.
“Instamos a los miembros de la comunidad a evaluar cuidadosamente los riesgos de los viajes aéreos nacionales en este momento y a consultar con un abogado de inmigración calificado antes de viajar”, añadió.
La organización incluso sugirió posponer los viajes nacionales que no sean indispensables hasta recibir orientación jurídica, especialmente para quienes mantienen procesos migratorios abiertos.
En caso de requerir asesoría legal confiable, la organización insta al público a comunicarse con la Línea Directa Nacional de Asistencia para Inmigrantes al (888) 624-4752.
Las condiciones de atención médica en el Centro de Procesamiento de Inmigración de California City, el mayor centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California, volvieron a quedar bajo escrutinio. Un monitor independiente designado por un tribunal federal concluyó que la instalación incumplió la orden judicial que la obligaba a garantizar servicios médicos adecuados para las personas inmigrantes detenidas.
De acuerdo con información publicada por The Hill, el médico Muthusamy Anandkumar, nombrado por la jueza federal Maxine M. Chesney, detectó múltiples fallas estructurales tras una inspección realizada durante tres días, en la que revisó expedientes clínicos, entrevistó a trabajadores y analizó documentación proporcionada tanto por ICE como por la empresa CoreCivic, encargada de operar el centro.
Escasez de personal y atención insuficiente
El informe de ACLU concluye que la instalación carece del personal médico necesario, enfrenta problemas de supervisión y no cuenta con mecanismos eficaces para detectar y corregir fallas en la atención sanitaria.
Además, señala que parte del personal fue incorporado a sus funciones sin concluir su capacitación debido a la falta de trabajadores disponibles, situación que, según el especialista, incrementa el riesgo para pacientes con enfermedades físicas y problemas de salud mental.
“Dado el número de pacientes y la gravedad de sus necesidades médicas y de salud mental, estas importantes deficiencias contribuyen a crear un entorno inseguro”, escribió Anandkumar en su informe.
El especialista también advirtió que el centro no dispone de un sistema confiable para dar seguimiento continuo a los tratamientos, lo que podría derivar en daños inmediatos y de largo plazo para las personas bajo custodia.
ICE y CoreCivic responden al informe
En respuesta, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró al medio señalado que ningún detenido es privado del acceso a servicios médicos y afirmó que las instalaciones de ICE son auditadas periódicamente para verificar el cumplimiento de los estándares nacionales.
Por su parte, Ryan Gustin, portavoz de CoreCivic, señaló que la empresa ya revisa las observaciones del monitor judicial y defendió el trabajo del personal médico.
“Nada es más importante que la salud, la seguridad y el bienestar de las personas bajo nuestro cuidado”, afirmó Gustin.
El caso podría derivar en nuevas acciones judiciales para garantizar que el centro cumpla con las condiciones mínimas de atención médica exigidas por la justicia federal.
La muerte de un migrante mexicano que permaneció varias semanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Georgia desató nuevas críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que acusan a la agencia de haber retrasado la atención médica que requería el joven, quien padecía leucemia.
Priciliano Trejo, de 29 años y conocido entre sus familiares como “Yanito”, falleció el 24 de julio en un hospital de Georgia, días después de haber sido trasladado desde el Centro de Detención de Stewart, una de las mayores instalaciones para inmigrantes en Estados Unidos.
De acuerdo con su familia y con organizaciones como Detention Watch Network, Project South, Georgia Latino Alliance for Human Rights y El Refugio, Trejo fue detenido por agentes de ICE en Carolina del Norte y posteriormente enviado al centro de detención en Georgia.
Los familiares aseguraron que el 6 de julio comenzó a sentirse mal y solicitó atención médica debido al avance de la enfermedad que padecía. Sin embargo, denunciaron que no recibió asistencia durante ocho días y que fue llevado al hospital hasta el 13 de julio. Dos días después, el mexicano cayó en coma.
Las organizaciones señalaron que fue entonces cuando ICE notificó a la familia para transferirles la custodia del joven. Trejo murió nueve días después, ya fuera de la custodia directa de la agencia migratoria.
ICE detain 29 year old man?30 days later he was dead.
“He was completely fine, everything started in ICE,” father said.
No medical care given until too late?couldn’t walk & vomiting blood.
ICE claim he was “technically released” to doctors?so shouldn’t count as official death.? pic.twitter.com/l7mo0NhvRR
— LongTime?FirstTime??? (@LongTimeHistory) July 30, 2026
Organizaciones exigen respuestas y el cierre del centro
Los grupos defensores sostienen que, al haber sido entregado a sus familiares antes de su fallecimiento, existe la posibilidad de que el caso no sea contabilizado oficialmente como una muerte ocurrida bajo custodia de ICE. “Él merecía estar junto a sus seres queridos mientras luchaba contra la leucemia. Merecía recibir atención médica adecuada y especializada, no estar encerrado en una prisión del ICE hacinada y letal, plagada de violaciones a los derechos humanos y negligencia médica”, afirmó Priyanka Bhatt, abogada de Project South.
Por su parte, Setareh Ghandehari, de Detention Watch Network, expresó que la organización se encuentra “profundamente” entristecida e indignada por el fallecimiento.
Amílcar Valencia, director ejecutivo de El Refugio, dijo que la muerte de Trejo se suma a una “larga lista” de personas fallecidas en el Centro de Detención de Stewart, donde, según la organización, ya se han registrado 15 decesos. Agregó que el padre del joven exige una explicación sobre el rápido deterioro de su salud y reclama una investigación.
Adelina Nicholls, directora ejecutiva de Georgia Latino Alliance for Human Rights, reiteró el llamado para cerrar ese centro de detención, al asegurar que enfrenta desde hace años denuncias por presuntas condiciones inhumanas y deficiencias en la atención médica.
Hasta el cierre de esta información, ICE no había respondido a las solicitudes de comentarios sobre el caso. De acuerdo con Human Rights Watch, al menos 52 inmigrantes murieron bajo custodia de ICE entre el 20 de enero y el 4 de junio de 2025.
La Administración del presidente Donald Trump busca ampliar las facultades de los jueces de inmigración para imponer multas de hasta $3,500 dólares a inmigrantes, abogados y testigos que desobedezcan órdenes judiciales, mediante una nueva normativa que ya se encuentra en proceso de revisión pública.
La propuesta permitiría que los jueces de inmigración establezcan sanciones civiles de entre $1,000 y $3,500 dólares cuando una persona persista en incumplir las instrucciones emitidas por el tribunal, una autoridad que hasta ahora no estaba disponible de esta manera en las cortes migratorias.
La normativa fue publicada en el Registro Federal por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, organismo encargado de administrar los tribunales de inmigración en Estados Unidos.
Uno de los aspectos que ha provocado cuestionamientos es que las nuevas sanciones no podrían aplicarse a los abogados que representan al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), una diferencia que organizaciones de abogados consideran injustificada.
Gregory Chen, director de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), calificó la propuesta como “totalmente sesgada” y sostuvo que constituye otro mecanismo de presión contra los abogados especializados en inmigración.
La regla, afirmó Chen en declaraciones a CBS, estaría “en consonancia con las tácticas de intimidación del presidente”.
Abierta por 60 días
La propuesta permanecerá abierta durante 60 días para recibir comentarios del público antes de que las autoridades determinen los siguientes pasos.
El debate se produce además en medio de una estrategia más amplia de la Administración Trump para utilizar sanciones económicas contra personas que permanecen en Estados Unidos después de recibir una orden de salida.
Más de 100,000 extranjeros han recibido comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en las que se les informa que deben pagar $998 dólares por cada día que hayan permanecido en el país después de una orden de deportación, según datos citados por The New York Times.
En algunos casos, las cantidades acumuladas han superado ampliamente el millón de dólares. Una mujer mexicana, madre de tres ciudadanos estadounidenses, recibió una multa de $1,820.352 dólares por supuestamente haber permanecido en Estados Unidos desde 2013 pese a una orden de salida.
La iniciativa sobre el desacato también vuelve a poner bajo escrutinio la estructura de los tribunales de inmigración. Estas cortes forman parte de la rama ejecutiva del Gobierno federal y no del Poder Judicial, por lo que el Departamento de Justicia tiene capacidad para modificar sus normas y procedimientos.
