Category: Inmigracion

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se prepara para ampliar de forma significativa su infraestructura de detención con la apertura de cuatro nuevos centros en Miami, Seattle, Philadelphia y Denver, instalaciones que en conjunto podrán albergar a unas 5,500 personas y que forman parte de la estrategia de la administración del presidente Donald Trump para reforzar la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos.

De acuerdo con documentos de licitación publicados por el gobierno federal, las nuevas instalaciones deberán estar listas para operar en un plazo de 30 días tras la adjudicación de los contratos. A diferencia de propuestas anteriores que contemplaban estructuras temporales o edificios que requerían remodelaciones importantes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) busca centros “llave en mano” que puedan comenzar a recibir detenidos casi de inmediato.

El proyecto contempla la incorporación de 1,800 camas en Philadelphia, 1,500 en Denver, 1,500 en Seattle y 700 en Miami. Los centros deberán ofrecer alojamiento para hombres y mujeres bajo custodia de ICE, además de servicios médicos, atención de salud mental, alimentación, transporte y vigilancia permanente.

Instalaciones diseñadas para acelerar procesos migratorios

Los documentos establecen que cada complejo contará con cinco salas para audiencias de inmigración, oficinas para jueces y al menos 20 espacios destinados a abogados de la división legal de ICE. Con ello, la agencia pretende reducir el traslado de los detenidos hacia tribunales externos y agilizar el desarrollo de los procesos migratorios.

Las instalaciones estarán dedicadas exclusivamente a personas bajo custodia de ICE y no compartirán espacio con otras agencias federales. Asimismo, deberán disponer de sistemas de videovigilancia en pasillos, áreas comunes y accesos, además de conservar las grabaciones por un periodo de hasta 90 días.

Los contratos también exigen protocolos para el uso de cámaras corporales por parte de los oficiales de detención durante traslados, incidentes con uso de la fuerza y situaciones consideradas de alto riesgo. Según un portavoz del DHS, el objetivo de la estrategia es concentrar los recursos en la expulsión de inmigrantes con antecedentes criminales.

“Estos criminales atroces, una vez arrestados, deberían ser expulsados a la velocidad del rayo, no alojados en suelo estadounidense a costa de los contribuyentes”, señaló el funcionario, quien agregó que el departamento trabaja con autoridades estatales y locales para aprovechar espacios de detención ya existentes.

Expansión ocurre en medio de críticas a la agencia

La ampliación de la capacidad de detención coincide con un incremento sostenido en las operaciones migratorias. En junio, ICE registró cerca de 40,000 ingresos a sus centros de detención, mientras que datos oficiales indican que actualmente más de 65,000 personas permanecen bajo custodia de la agencia en 207 instalaciones distribuidas en 40 estados.

Información del DHS señala que alrededor del 72% de los detenidos enfrenta condenas o procesos penales pendientes. Sin embargo, la expansión también llega en un momento de creciente escrutinio sobre las prácticas de la agencia. En las últimas semanas, ICE recibió críticas tras dos tiroteos mortales ocurridos en Texas y Maine, en los que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales. Ambos casos son objeto de investigaciones por parte de la Oficina del Inspector General del DHS.

Después del incidente registrado en Maine, el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, informó que ICE modificó sus protocolos para exigir que, durante los controles de vehículos, al menos un agente utilice una cámara corporal para documentar toda la intervención. Además, la Oficina del Inspector General anunció dos investigaciones relacionadas con las condiciones de detención y el incremento de fallecimientos bajo custodia de ICE.

Hasta finales de junio, la agencia reportó 20 muertes de personas detenidas en lo que va del año, mientras continúa avanzando con la expansión de su red de centros de detención como parte de la política migratoria impulsada por la administración Trump.

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Durante los días en que Estados Unidos fungió como anfitrión de la Copa del Mundo de la FIFA, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aprovechó para detener a 906 presuntos traficantes de personas y rescatar a 180 víctimas, entre ellos 30 niños.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de varios operativos planificados anticipadamente, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), en colaboración con el Centro para la Lucha contra la Trata de Personas del DHS y organismos policiales federales, estatales y locales, les dieron un severo golpe a varios grupos delincuenciales dedicados a al tráfico de personas.

Lauren Bis, subsecretaria del DHS, emitió un comunicado donde elogió los resultados del trabajo colaborativo.

“Mientras los estadounidenses y los visitantes internacionales disfrutaban de la Copa Mundial de la FIFA, los hombres y mujeres de las fuerzas del orden del ICE trabajaban arduamente para desmantelar las redes de trata de personas en las ciudades sede de la FIFA y en todo el país.

Las fuerzas del orden federales arrestaron a más de 900 sospechosos y rescataron a casi 200 víctimas.

Bajo la presidencia de Trump y la gestión del secretario Mullin, estamos desmantelando las redes de trata de personas”, indica parte del texto.

Como parte del informe del DHS también se menciona que, durante la celebración del certamen futbolístico, en los operativos llevados a cabo por las agencias federales se incautaron más de 700 drones no autorizados, esto gracias a la inspección de más de 19,000 vehículos que se dirigían a estadios y festivales de aficionados.

A esto debe agregarse el golpe que se le dio a la piratería ya que se lograron confiscar cientos de miles de artículos falsificados relacionados a la Copa del Mundo, cuyo valor superó $33 millones de dólares.

Cabe señalar que los presuntos traficantes de personas fueron puestos a disposición de la policía y estarán detenidos hasta que un juez determine su situación legal.

A nivel federal, ese delito implica condenas que oscilan entre 10 años de prisión hasta cadena perpetua y, en los casos de extranjeros, también se incluye su posterior deportación.

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Miles de niños inmigrantes no acompañados en Estados Unidos podrían perder su derecho a contar con representación legal a partir del 31 de julio, cuando vence el contrato federal que financia estos servicios, advirtieron organizaciones especializadas durante una conferencia organizada por Defending Our Neighbors Fund (Fondo para la Defensa de Nuestros Vecinos).

Los proveedores de asistencia jurídica alertaron que, si el gobierno no renueva el convenio, decenas de miles de menores deberán enfrentar solos los procesos ante las cortes de inmigración, mientras el gobierno seguirá representado por abogados especializados.

Alertan sobre un riesgo al debido proceso

De acuerdo con los organizadores, desde noviembre de 2025 la administración Trump ha retenido pagos a organizaciones que representan a menores, presuntamente para presionarlas a entregar información confidencial de sus clientes. Ante ello, el fondo ha otorgado recursos de emergencia para mantener parte de la atención legal, aunque advierte que esa ayuda ya no será suficiente.

Michael Lukens, director ejecutivo del Amica Center for Immigrant Rights, aseguró que la decisión pone en riesgo garantías fundamentales.

“El gobierno sabe perfectamente lo que está haciendo. La mejor oportunidad para que un niño tenga derecho al debido proceso es contar con un abogado a su lado”, afirmó.

Por su parte, Melissa López, directora ejecutiva de Estrella del Paso, advirtió que el impacto será inmediato: “Sabemos lo que les sucede a los niños que acuden a la corte sin un abogado. En una palabra: deportación“.

Organizaciones piden una solución inmediata

Las organizaciones señalaron que los jueces continuarán con los casos aun cuando los menores no tengan representación legal.

Meena Shah, directora de Servicios Legales de The Door, explicó que las audiencias seguirán programándose. “Ordenarán la deportación de niños sin representación, a partir del lunes por la mañana, en todo Estados Unidos”, dijo.

En tanto, Lindsay Toczylowski, directora ejecutiva de Immigrant Defenders Law Center, afirmó que retirar el acceso a abogados también elimina uno de los principales mecanismos de vigilancia sobre las acciones del gobierno.

Las organizaciones hicieron un llamado al gobierno federal para renovar el contrato antes de su vencimiento y evitar que miles de niños inmigrantes enfrenten solos procedimientos que podrían definir su permanencia en el país.

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Tres venezolanos presentaron una demanda colectiva contra las compañías estadounidenses CSI Aviation y Global Crossing Airlines (GlobalX), a las que acusan de participar en vuelos de deportación que terminaron con su traslado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde aseguran haber sufrido detención arbitraria y torturas.

De acuerdo con la demanda, retomada por The Guardian y sustentada en documentos judiciales, las empresas colaboraron con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una operación realizada en marzo de 2025, pese a que existían órdenes judiciales que buscaban detener esos vuelos.

Acusan violaciones a derechos humanos

Los demandantes —Andry Omar Blanco Bonilla, Wild Yahare Chirinos Romero y Jerce Egbunik Reyes Barrios— sostienen que ellos y más de 230 venezolanos fueron informados de que serían enviados de regreso a su país, pero terminaron en la prisión de máxima seguridad salvadoreña.

La demanda señala que permanecieron incomunicados durante varios meses y fueron víctimas de golpes, abuso psicológico, privación de alimentos y atención médica, hechos que califican como actos de tortura.

El caso quedó asignado al juez federal James Boasberg, quien anteriormente conoció litigios relacionados con estas deportaciones.

Empresas niegan responsabilidad

La demanda afirma que CSI Aviation actuó como intermediaria en la contratación de vuelos para ICE, mientras que GlobalX operó parte de las aeronaves utilizadas durante las expulsiones.

Los demandantes argumentan que ambas compañías obtuvieron beneficios económicos mediante contratos federales y que desempeñaron un papel esencial para concretar las deportaciones.

La acción legal solicita una indemnización por daños, recursos para tratamiento médico y psicológico, además de que el caso sea certificado como demanda colectiva.

Hasta el momento de la publicación, ni CSI Aviation ni GlobalX habían emitido una respuesta pública sobre las acusaciones.

Organizaciones como Human Rights Watch y la organización salvadoreña Cristosal ya habían documentado denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos dentro del CECOT, incluyendo detenciones arbitrarias y malos tratos, aspectos que ahora forman parte de esta nueva batalla judicial.

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La colaboración entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) se ha intensificado en todos los aeropuertos del país, facilitando la localización y detención de inmigrantes con procesos migratorios pendientes o presuntas infracciones administrativas, según información publicada por CBS News y respaldada por documentos obtenidos por American Oversight.

Intercambio de datos entre ICE y TSA

De acuerdo con el medio señalado, fuentes del ICE señalaron que la TSA comparte ahora más información sobre viajeros que no son ciudadanos estadounidenses. Esto incluye personas sin antecedentes penales, pero que podrían haber incurrido en violaciones civiles de las leyes de inmigración, como permanecer en el país después del vencimiento de su visa.

Las fuentes explicaron que estos datos permiten a los agentes identificar con mayor facilidad a personas sujetas a procedimientos de deportación. Incluso quienes cuentan con solicitudes migratorias o permisos de trabajo en trámite podrían enfrentar revisiones si no poseen un estatus legal permanente.

En mayo de 2025, ambas agencias firmaron un acuerdo para fortalecer el intercambio de información, según un memorando divulgado por la organización American Oversight, lo que representa un cambio importante respecto a prácticas anteriores.

Cambia la estrategia de vigilancia

Según las fuentes consultadas por CBS News, los aeropuertos se han convertido en puntos estratégicos para realizar arrestos, ya que permiten a los agentes operar en entornos controlados y con información previa sobre los pasajeros.

Una de las fuentes indicó que este tipo de operativos también responde al objetivo de incrementar el número de arrestos diarios impulsado por la administración del presidente Donald Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó el endurecimiento de la política migratoria mediante un comunicado enviado al medio señalado.

“El DHS revirtió la política de la era Biden que permitía a los inmigrantes indocumentados viajar por el país. Bajo la presidencia de Trump, esta administración trabaja para garantizar que los inmigrantes indocumentados no puedan volar, salvo para deportarse voluntariamente”, indicó la dependencia.

Especialistas en inmigración consultados por el mismo medio recomiendan a las personas con procesos migratorios pendientes buscar asesoría legal antes de realizar viajes nacionales, ya que el nuevo esquema de cooperación entre ICE y TSA amplía el alcance de las verificaciones migratorias dentro de los aeropuertos estadounidenses.

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Las secuelas de las muertes de dos inmigrantes latinos a manos de agentes de ICE en Houston y Maine, respectivamente, siguen poniendo en entredicho las versiones oficiales de las autoridades migratorias y, de paso, ilustran por qué incluso en el tema migratorio, los republicanos parecen estar perdiendo su ventaja ante los demócratas.

Muertes que reabren el debate

La violencia de la campaña de detenciones y deportaciones del gobierno de Trump alcanzó uno de sus peores momentos en los operativos en Minneapolis cuando dos ciudadanos estadounidenses también murieron a tiros por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en hechos separados. Estos no eran inmigrantes y ni ser ciudadanos los protegió de unos agentes volátiles y mal entrenados cuyo énfasis en cumplir con cuotas de arrestos los lleva a pisotear derechos y a ocasionar muertes.

Estos eventos llevaron al pueblo estadounidense a catalogar la política migratoria de Trump como excesiva, demasiado violenta. En el marco de las muertes de Renée Good y Alex Pretti en Minnesota, 65% de los estadounidenses opinaron que la política migratoria de Trump “va demasiado lejos”.

Ahora las muertes de Lorenzo Salgado Araujo y Johan Sebastián Durán Guerrero plasman esos excesos y los detalles que emergen no dejan bien paradas a las autoridades migratorias.

En el caso de Salgado, se dio a conocer que la sustancia que se ocupó en su vehículo no eran drogas ilícitas. Aunque Salgado no era buscado por los agentes, el gobierno afirmó que una “sustancia” en su camioneta, que podrían ser “metanfetaminas”, justificó la intervención con su vehículo que culminó en su muerte.

CBS News informó que la oficina del fiscal del condado de Harris, Texas, Sean Teare, indicó que “podemos confirmar que la sustancia encontrada en la furgoneta de Lorenzo Salgado Araujo ha dado negativo en las pruebas de narcóticos o drogas ilícitas”.

“Hemos informado a la familia de Salgado Araujo porque consideramos que tenían derecho a saberlo”, señala el comunicado.

La interrogante es si se presentarán cargos contra los agentes involucrados que alegan que Salgado utilizó su camioneta como “arma” y por eso lo abatieron a tiros. Un juez ordenó la liberación de uno de los tres pasajeros que acompañaban a Salgado de un centro de detención de ICE por ser testigo de una investigación en curso.

Encuestas muestran cambio político

En el caso del joven colombiano Joan Sebastián, se reportó que el agente que le disparó presuntamente tenía un historial de violencia incluso contra sus dos exesposas y de todos modos aprobó el entrenamiento de ICE.

La Associated Press (AP) reportó que, según familiares, el agente “tiene un historial de comportamientos aterradores y violentos”. “Le acusan de haber agredido a las mujeres de su entorno a lo largo de los años, y una de ellas facilitó a la AP un mensaje de voz del invierno pasado en el que él le decía que pensaba que alguien debería cortarle el cuello”, reportó la agencia.

El zar de la frontera, Tom Homan, dijo en CNN que “si eso es cierto, no creo que hubiera debido aprobar la verificación de antecedentes”.

Para Johan es demasiado tarde. La interrogante es, una vez más, si habrá rendición de cuentas o si se culpará a la víctima por su propia muerte.

Un sondeo de Fox News arrojó que por primera vez los demócratas superan a los republicanos 50% sobre 49% en el manejo del tema migratorio. Aunque es un punto, esa ventaja republicana en inmigración era de ocho puntos apenas en abril, según la encuesta.

Quizá los excesos y la violencia de la política migratoria sean un factor pues ha tocado de cerca a comunidades a través del país cuando pierden a un vecino, a un trabajador, al cuidador de sus padres o de sus hijos enfermos como está ocurriendo ahora mismo con los haitianos que perderán su TPS y con ello sus permisos de trabajo y su protección contra la deportación.

Es decir, el efecto dominó de una detención o deportación no se limita a esa persona afectada sino que repercute en familias, amistades, empleadores, la comunidad y en el propio fisco que deja de recibir el pago de impuestos.

El mismo sondeo arrojó bajos índices de aprobación para Trump en diversas áreas, particularmente economía, salud, inflación, desigualdad de ingresos y política exterior.

Con ese complicado panorama como trasfondo, Trump alude al “fraude electoral” en su intento de interferir en los comicios.

Quizá a menos de 100 días de las elecciones de medio tiempo, los votantes ya le tomaron la medida a Trump.

El reto de los demócratas es convencer a esos votantes desafectos de que votar por ellos y no quedarse en casa es la mejor alternativa.

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