Category: Inmigracion

Una coalición de organizaciones civiles, de derechos humanos y de defensa de los inmigrantes emitió un comunicado urgente dirigido a los miembros del Congreso para que se rechacen las políticas de detención y deportación masiva, y que en su lugar, se pueda proponer una agenda enfocada en la obtención de la ciudadanía para la población inmigrante.

La misiva, enviada por 125 organizaciones, destacó que el enfoque actual de control fronterizo y aplicación de la ley no coincide con la opinión de los electores.

La coalición citó un sondeo realizado en febrero de este año, el cual revela que el 72% de los votantes apoya una vía hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que ya residen en el país.

Asimismo, las organizaciones señalaron que el sistema actual genera un gasto de decenas de miles de millones de dólares a los contribuyentes.

“Las investigaciones muestran que una vía hacia la ciudadanía haría crecer nuestro PIB nacional en más de un billón de dólares”, declaró la coalición.

Destacan el impacto del arraigo de la comunidad migrante en EE.UU.

El documento enfatiza el arraigo de la comunidad inmigrante, indicando que, para 2023, casi la mitad de las personas indocumentadas han vivido en el país por más de 20 años. Se mencionan sectores clave como la agricultura, donde los trabajadores pasan un promedio de ocho años en labores de campo, y los más de un millón de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) que operan en construcción y salud.

Sobre los beneficiarios de DACA, conocidos como Dreamers, una encuesta de 2024 determinó que su edad promedio de llegada fue a los 6 años, acumulando más de un cuarto de siglo de residencia en territorio estadounidense.

Crítica a los estatus temporales que facilitan la explotación

Las organizaciones advierten sobre los riesgos de crear categorías legales intermedias que no conduzcan a la ciudadanía. En el texto se precisó que estas medidas generan un “estatus de segunda clase” que facilita la explotación laboral.

“Establecer una nueva categoría de estatus temporal de inmigrantes que carezcan de los derechos y responsabilidades de los residentes permanentes o de la ciudadanía solo complicaría más nuestro sistema de inmigración roto“, indicó parte de la misiva.

La coalición, que afirmó que el 4% de los miembros del Congreso estadounidense son ciudadanos naturalizados, sostiene que la ciudadanía es la única protección definitiva frente a cambios administrativos y acciones judiciales que buscan revocar permisos de trabajo o protecciones contra la deportación.

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El Ayuntamiento de Houston, de mayoría demócrata, dio marcha atrás en una política de tipo santuario que limitaba la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, advirtiera sobre el retiro de más de $110 millones de dólares en fondos estatales.

La decisión se produjo en medio de un enfrentamiento entre autoridades estatales y locales sobre la aplicación de las leyes de inmigración en la ciudad.

Cambio en la política de cooperación con ICE

A principios del mes, el Ayuntamiento de Houston había aprobado una medida que eliminaba el requisito de que la policía esperara al menos 30 minutos a la llegada de ICE cuando un sospechoso contaba con una orden de detención por motivos migratorios.

La iniciativa fue criticada por Abbott, quien acusó al concejo de incumplir obligaciones vinculadas a un acuerdo de seguridad pública que condiciona el acceso a fondos estatales a la cooperación con autoridades federales de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El gobernador fijó como plazo el miércoles para que la ciudad revirtiera la medida o devolviera los más de $110 millones de dólares.

Votación del concejo municipal

El concejo municipal, a solicitud del alcalde demócrata John Whitmire, votó por modificar la política. La decisión se aprobó con 13 votos a favor y 4 en contra, tras varias horas de debate.

La nueva disposición elimina restricciones que impedían a los agentes extender detenciones relacionadas con ICE y permite ampliarlas si existe otra justificación legal para la detención.

Reacciones del gobierno estatal

Un portavoz de Greg Abbott calificó la votación como un “paso en la dirección correcta” tras lo que describió como políticas que debilitaban a las fuerzas del orden.

El representante del gobernador afirmó que las ciudades de Texas deben cumplir la ley estatal y cooperar con autoridades federales de inmigración para mantener fuera de las calles a delincuentes peligrosos.

Abbott había advertido previamente que la falta de cambios generaría “decisiones financieras extraordinariamente difíciles” para la ciudad.

Posición del gobierno local

El alcalde John Whitmire describió la situación como una “crisis” que afectaba directamente a los departamentos de policía y bomberos, así como a los servicios de seguridad pública y a los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante la sesión del concejo, señaló que los fondos públicos suelen estar sujetos a condiciones y pidió la aprobación de la modificación para evitar impactos financieros mayores.

Por su parte, la concejala demócrata Abbie Kamin criticó el cambio de política y acusó al gobierno estatal de presionar a la ciudad.

Acciones de ICE en Houston

El mismo día de la votación, ICE Houston informó el arresto de 277 inmigrantes indocumentados entre el 6 y el 17 de abril.

De acuerdo con la agencia, entre los detenidos se encontraban 17 personas acusadas de pedofilia, seis de homicidio, 16 de narcotráfico y 15 vinculadas a pandillas o actividades asociadas. También se reportaron casos relacionados con fraude, falsificación, atropello y fuga, y agresión.

ICE señaló que, en conjunto, los detenidos acumulaban 751 delitos y múltiples reingresos ilegales a Estados Unidos.

Debate sobre cooperación migratoria

El director interino de la oficina de ICE en Houston, Paul McBride, destacó que la cooperación con autoridades locales y estatales ha permitido la expulsión de cientos de personas con antecedentes criminales.

Advirtió que cualquier limitación a esa cooperación podría tener efectos inmediatos en la seguridad pública, la seguridad nacional y la seguridad fronteriza, además de impactar a las comunidades migrantes.

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Un agente federal de inmigración fue acusado de agresión en tercer grado y daños a la propiedad tras un incidente ocurrido durante una protesta en Durango, Colorado, donde una manifestante afirmó que fue estrangulada y agredida.

El hecho ocurrió en octubre pasado durante una manifestación contra la detención de tres solicitantes de asilo colombianos frente a instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Y es que la manifestante Franci Stagi fue interceptada por un agente enmascarado identificado en documentos judiciales como Nicholas Rice

Videos grabados por transeúntes muestran al agente sujetando y arrastrando a Stagi en la vía pública. La mujer, una hipnoterapeuta jubilada, afirmó que estaba grabando la protesta con su teléfono cuando el agente le golpeó la mano, provocando que soltara el dispositivo. Posteriormente, dijo que intentó tocarlo para llamar su atención.

Denuncia de la manifestante

Stagi declaró que el agente la agarró del cabello, la estranguló y la arrojó por un terraplén junto a la calle. Añadió que aún presenta dolor en el brazo al realizar actividades cotidianas como ponerse una chaqueta.

La Oficina de Investigaciones de Colorado abrió una investigación tras una solicitud del jefe del Departamento de Policía de Durango, Brice Current, quien expresó preocupación por posibles violaciones a la ley estatal.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que incluye a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, calificó la investigación como “ilegal” y una “maniobra política”, al sostener que los funcionarios federales solo pueden ser investigados por agencias federales. El DHS informó además que mantiene su propia investigación.

Cargos contra el agente

De acuerdo con documentos judiciales, Nicholas Rice enfrenta cargos por agresión en tercer grado por causar lesiones corporales y por daños a la propiedad relacionados con el teléfono celular de la manifestante. No se detalla el mecanismo exacto de la lesión ni se menciona el uso de una llave de estrangulamiento. En el expediente no figura representación legal del agente.

La fiscalía indicó que el cargo de agresión es un delito menor con una posible pena de hasta poco menos de un año de cárcel.

Posición de la manifestante

Franci Stagi expresó su inconformidad con la clasificación de los cargos, al considerar que no reflejan la gravedad del incidente. Señaló que espera que el caso establezca límites claros sobre el uso de la fuerza por parte de agentes de inmigración.

El caso se enmarca en un debate nacional sobre el uso de técnicas de estrangulamiento y sujeción al cuello por parte de fuerzas de seguridad, restringidas o prohibidas en varios estados desde la muerte de George Floyd en 2020.

En Colorado, estas prácticas fueron prohibidas como parte de una reforma policial aprobada tras ese hecho. A nivel federal, propuestas para prohibir las llaves de estrangulamiento no avanzaron completamente en el Congreso.

El caso permanece bajo revisión estatal y federal, en medio de disputas sobre jurisdicción y alcance de la investigación.

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La desaprobación hacia las políticas de inmigración del gobierno del presidente Donald Trump ha aumentado significativamente en Estados Unidos, especialmente después de la intensificación de las operaciones del ICE en Minnesota.

Este cambio de actitud se refleja en un informe del Civic Health and Institutions Project (CHIP50), que muestra un patrón creciente de oposición en diversos grupos demográficos y políticos.

Los datos analizados corresponden a dos fases de encuestas nacionales, la primera realizada entre diciembre de 2025 y enero de 2026, durante un aumento en las actividades del ICE en Minnesota, y la segunda entre febrero y marzo de 2026, tras la retirada del ICE tras los incidentes que involucraron a dos agentes del ICE.

Desaprobación por operaciones de ICE

Según el informe, la desaprobación hacia la forma en que el ICE maneja las leyes migratorias aumentó un 6.3%, pasando del 52.9% al 59.2%. En cambio, la aprobación pasó del 32.6% al 29.6%. Este cambio también se reflejó en la percepción de la gestión general de la política migratoria de Trump, que vio un aumento en la desaprobación del 48.8% al 54.4%, con un descenso en la aprobación, que bajó del 37.4% al 35.6%.

Desaprobación por grupos demográficos

Uno de los hallazgos más destacados del informe es que los estadounidenses de 55 años o más, un grupo históricamente más conservador en cuestiones migratorias, mostraron el mayor aumento en desaprobación. En este segmento, la desaprobación hacia el ICE subió 8.3 puntos, alcanzando el 58.9%. Además, la desaprobación de la política migratoria de Trump aumentó 7.7 puntos, llegando al 54.3%.

Entre los votantes independientes, la desaprobación hacia el ICE superó el 64%, con un aumento de 5.6 puntos. Aunque los republicanos siguen mostrando un apoyo mayoritario a las políticas migratorias de Trump, la desaprobación dentro de este grupo aumentó 3.4 puntos.

Cambios en la percepción masculina y femenina

El informe también refleja diferencias de género en la desaprobación. Los hombres mostraron un aumento más notable en su desaprobación hacia el ICE, con un incremento de 8 puntos, frente a un aumento de 4,8 puntos en las mujeres. Similarmente, la desaprobación hacia la política migratoria de Trump aumentó 6.8 puntos entre los hombres, mientras que entre las mujeres fue de 4.5 puntos.

Redadas y uso de las fuerzas armadas

La desaprobación hacia las tácticas específicas del ICE también experimentó un aumento. Por ejemplo, las redadas en los lugares de trabajo vieron un incremento en la desaprobación de 5.8 puntos, mientras que el uso de las fuerzas armadas para arrestar y deportar inmigrantes subió 4.2 puntos. La medida más polémica, la deportación de residentes sin antecedentes penales y con empleo estable, siguió siendo la más rechazada a nivel nacional.

La inmigración sigue siendo un tema relevante

A pesar del creciente rechazo hacia las políticas de control migratorio, la inmigración sigue siendo un tema prioritario para la mayoría de los estadounidenses. Alrededor de dos tercios de los encuestados, de todos los grupos políticos y demográficos, afirmaron que la inmigración es un asunto de gran relevancia para ellos, sin que se registraran cambios significativos entre las dos oleadas de la encuesta.

Este informe es parte de una encuesta realizada a nivel nacional por el Civic Health and Institutions Project (CHIP50), una colaboración entre investigadores de la Universidad de Harvard, la Universidad Northeastern, la Universidad de Rutgers y la Universidad de Rochester. El estudio cubrió los 50 estados y se basó en la opinión de más de 30,000 estadounidenses.

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Meenu Batra, una intérprete judicial de Texas con más de dos décadas de trayectoria profesional, permanece bajo custodia federal tras ser arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras un incidente, ocurrido el pasado 17 de marzo, ha generado atención sobre los alcances de la figura legal conocida como “suspensión de la expulsión”.

Batra, de 53 años y originaria de la India, fue interceptada en un puesto de control de la TSA mientras se dirigía a Milwaukee por motivos laborales.

Según la declaración jurada presentada por su defensa, citada por ABC News, un agente del ICE le preguntó: “¿Sabe usted que está aquí ilegalmente?”, a lo que ella respondió: “No”. Pero pese a presentar su autorización de empleo y explicar su estatus de protección, el oficial le manifestó que “eso no significa que pueda quedarse aquí para siempre”.

Experiencia “degradante” y “humillante”, denuncia Batra

La afectada describió al medio anteriormente citado que fue trasladada esposada en un vehículo sin distintivos hacia una oficina de campo en Harlingen, y denunció que en ese lugar fue obligada a posar para una fotografía junto a varios agentes con fines de publicación en redes sociales.

La intérprete judicial calificó la experiencia en esa oficina como “degradante”, y afirmó haberse sentido “humillada y tratada como una criminal”.

Estatus legal de la migrante afectada

Batra llegó a Estados Unidos proveniente de la India tras la muerte de sus padres durante conflictos sectarios en los años 80. En el año 2000, un juez le otorgó la suspensión de deportación.

El Consejo Estadounidense de Inmigración y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes señala que este beneficio implica que la persona está “protegida de ser devuelta a su país de origen y recibe el derecho a permanecer en los Estados Unidos y trabajar legalmente“. Sin embargo, esta condición no habilita una vía hacia la ciudadanía ni permite peticiones de reunificación familiar.

Jasper Jai Dolezal, su hijo de 18 años, aceleró su reclutamiento en el ejército para intentar gestionar un permiso de residencia temporal para su madre. Mientras tanto, Batra permanece en el centro de detención El Valle, y describió el proceso como una “sensación de hundimiento” y al asegurar que este periodo representa “el mes más largo de su vida”.

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