Category: Inmigracion

Un tribunal de apelaciones bloqueó este miércoles una ley de California, aprobada en septiembre de 2025, que exigía a los agentes federales de inmigración llevar una placa o algún tipo de identificación.

La administración Trump presentó en noviembre una demanda para impugnar la ley, que fue firmada por el gobernador Gavin Newsom, argumentando que pondría en peligro la seguridad de los agentes por acoso, divulgación de información personal y violencia.

El gobierno federal también consideró que la ley de California violaba la Constitución, porque el estado estaba imponiendo reglas a las autoridades federales.

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Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos emitió este miércoles una orden judicial provisional, pendiente de apelación.

Anteriormente, ya había otorgado una orden judicial administrativa temporal para bloquear la implementación de la ley.

En una audiencia que se llevó a cabo el 3 de marzo, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que la ley de California pretendía regular al gobierno federal, lo que viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución.

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El tribunal de apelaciones consideró que la ley del estado intenta regular directamente a los Estados Unidos en el desempeño de sus funciones gubernamentales, de acuerdo con una opinión expresada por el juez Mark J. Bennett.

Los abogados de California argumentaron que la ley se aplicaba por igual a todos los agentes del orden sin discriminar al gobierno de Estados Unidos, y que los estados podían aplicar leyes de aplicación general a los agentes federales.

Además, los abogados de California sostuvieron que la ley era importante para abordar las preocupaciones de seguridad pública.

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En la demanda inicial también se abordaba otra medida impuesta en California, que habría prohibido a la mayoría de los agentes del orden público el uso de mascarillas, cubrebocas o cualquier otro tipo de cubierta facial mientras participen de forma activa en operativos. Un juez la frenó en febrero.

La legislación no se aplicaba a las fuerzas del orden estatales y establecía excepciones para agentes encubiertos, equipos de protección como cubrebocas N95 o equipo táctico, y otras situaciones en las que no usar una mascarilla pondría en peligro la operación.

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Un juez federal bloqueó este lunes la entrada en vigor de una ley de California que prohíbe a los agentes federales de inmigración cubrirse el rostro mientras lleven a cabo operativos en el estado.

Sin embargo, los agentes tienen la obligación de llevar una identificación visible que muestre el número de su placa y la agencia a la que pertenecen.

California fue el primer estado en prohibir que los agentes del orden público usen mascarillas, tras la aprobación de una ley firmada en septiembre de 2025 después de que se intensificaron en Los Ángeles las redadas en junio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) avanza en un nuevo modelo de contratación que le permitiría diseñar, construir, renovar e incluso demoler instalaciones en todo el país con mayor rapidez y menor supervisión tradicional. La iniciativa, revelada a través de una solicitud de información publicada en el portal federal SAM.gov, plantea un cambio significativo en la forma en que la agencia gestiona su infraestructura.

De acuerdo con documentos oficiales, ICE busca establecer una red nacional de contratos de construcción altamente flexibles bajo el esquema conocido como SACC (Single Award Construction Contracts). Este modelo permitiría adjudicar contratos a un grupo reducido de empresas previamente seleccionadas, evitando procesos de licitación abiertos para cada proyecto.

El objetivo es claro: acelerar la ejecución de obras en centros de detención, oficinas y otras instalaciones clave. Entre los servicios contemplados se incluyen diseño arquitectónico, planificación ambiental, mantenimiento, renovaciones, análisis de ingeniería y demolición de estructuras existentes.

Aunque este tipo de contratos no es nuevo en el ámbito federal, el alcance propuesto por ICE ha llamado la atención de expertos en políticas públicas. Según el enfoque descrito, las empresas seleccionadas podrían gestionar múltiples órdenes de trabajo simultáneamente durante un periodo de hasta cinco años, lo que reduciría tiempos, pero también limitaría la competencia.

El plan se enmarca en la clasificación NAICS 236220, utilizada para grandes proyectos de construcción institucional, lo que sugiere que la agencia prevé obras de gran escala, no solo mantenimiento menor. Además, la convocatoria menciona que estos contratos podrían utilizarse en “respuestas de emergencia ante desastres naturales”, una función que tradicionalmente corresponde a la FEMA, lo que ha generado interrogantes sobre el alcance real del programa.

Actualmente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha utilizado mecanismos como WEXMAC TITUS —un programa logístico del Pentágono— para adaptar instalaciones en territorio estadounidense. Sin embargo, el nuevo esquema permitiría a ICE operar de forma más autónoma, sin depender de estructuras militares ni del mismo nivel de escrutinio.

Otro punto relevante es el perfil de las empresas que podrían participar. ICE exige que los contratistas cuenten con respaldo financiero suficiente para cubrir proyectos de hasta $300 millones, lo que, en la práctica, deja fuera a pequeñas y medianas empresas y concentra las oportunidades en grandes corporaciones del sector construcción.

Hasta ahora, la agencia se encuentra en fase de estudio de mercado. Las empresas interesadas tienen plazo para responder antes de que se publique una solicitud formal de propuestas, lo que podría ocurrir en los próximos meses.

Aunque ICE no ha emitido comentarios adicionales, el proyecto ya abre un debate sobre transparencia, supervisión y el futuro de la infraestructura migratoria.

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El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, arremetió contra los republicanos por centrarse en la financiación de agencias de inmigración, como ICE y la Patrulla Fronteriza, sin abordar reformas necesarias y sin considerar las prioridades urgentes de los estadounidenses.

Schumer acusó a los republicanos de desconectarse de las preocupaciones de los estadounidenses al presentar una resolución presupuestaria centrada en el fortalecimiento de la seguridad fronteriza sin tratar el aumento de los costos que afectan a las familias.

Senadores republicanos votan por financiación a agencia de inmigración

El debate en el Senado sobre el plan fiscal comenzó este martes, cuando los republicanos presentaron una resolución presupuestaria que destinaría alrededor de $70 mil millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a otras agencias dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La resolución fue aprobada con 52 votos a favor y 46 en contra, y se espera que continúe su proceso en las próximas semanas.

A pesar del apoyo republicano, Schumer destacó que los esfuerzos del Senado están siendo desviados hacia una “agenda partidista” que no refleja las necesidades del pueblo estadounidense.

Altos costos para estadounidenses

Schumer recordó que mientras los republicanos priorizan el fortalecimiento de las agencias de inmigración, los estadounidenses siguen enfrentando altos costos en gasolina, atención médica, alimentos y vivienda.

Además, señaló que durante semanas los demócratas han estado dispuestos a tratar temas que realmente preocupan a los ciudadanos, pero los republicanos han elegido seguir los intereses de figuras de su partido como el propio presidente Donald Trump y Stephen Miller.

Respaldo de republicanos a financiación a agencias de inmigración

Por otro lado, el presidente del Comité de Presupuesto del Senado, Lindsey Graham, defendió la propuesta señalando que la medida busca asegurar la frontera del país y proporcionar recursos adecuados a las agencias encargadas de la seguridad fronteriza.

La resolución fue aprobada por el Senado marcando el inicio de un proceso que podría concluir con una “votación masiva”, en la que los senadores podrán presentar enmiendas y forzar múltiples votaciones. Se espera que el Senado dé su aprobación final a la medida antes de finalizar la semana.

Republicanos argumentan seguridad para el país

A pesar de las críticas de Schumer y otros demócratas, los republicanos ven la resolución presupuestaria como un paso necesario para garantizar la seguridad del país.

Sin embargo, Schumer insistió en que la verdadera prioridad debería ser reducir los costos para las familias estadounidenses y que los republicanos deberían enfocarse en “reabrir la FEMA, la Guardia Costera y la TSA”, agencias clave que han enfrentado recortes en los últimos años.

El proceso legislativo sigue avanzando con la expectativa de que el Senado y la Cámara de Representantes lleguen a un acuerdo sobre la financiación, aunque las tensiones partidistas continúan siendo un tema central en la discusión.

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Los casos de Jorge Andrés Cubillos Ramírez y Deisy Fidelina Rivera Ortega son ejemplo de cómo la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está implementando la nueva política de deportaciones a terceros países del gobierno del presidente Donald Trump.

Rivera Ortega, quien es esposa de un sargento en servicio activo, con casi tres décadas en el Ejército, enfrenta la posibilidad de ser deportada a un tercer país, a pesar de haber seguido los procesos legales para obtener una Green Card, bajo el programa ‘Parole in place’ –el proceso de Residencia Legal Permanente sin salir del país– pero fue detenida en una entrevista, informó primero ABC News.

Cubillos Ramírez, de origen colombiano, es uno de los casos concreto de las más de 15,000 deportaciones a terceros países que ha realizado la administración Trump.

El fue enviado junto con otras 15 personas a el Congo, luego de rechazar su deportación a México, contó a Telemundo. Él llevaba ocho años viviendo en EE.UU., donde una jueza tenía pendiente la resolución sobre su caso de asilo.

Según un reciente reporte del Migration Policy Institute, la segunda administración Trump retoma la estrategia que implementó durante el primer periodo de gobierno del republicano, utilizando las deportaciones a terceros países como una forma de presionar a las personas que no desean salir del país en forma voluntaria.

“La intención y el objetivo de estos de estos acuerdos no solamente es aumentar las deportaciones, sino más bien llevar a cabo más miedo entre la comunidad, para poder hacer que más de ellos consideren deportarse solos”, expuso Ariel Ruiz Soto, analista sénior de Políticas del Migration Policy Institute y autor del reporte, en el podcast “El Diario Sin Límites” de esta casa editorial.

Agregó que incluso esto puede afectar a las personas que estén realizando algún trámite migratorio. Este es el caso de Deisy Fidelina Rivera Ortega.

“[El gobierno de Trump busca] poder que la mayoría de las personas que, por ejemplo, están llevando un trámite migratorio decidan no continuarlo, porque se les da este tipo de decir, si no aceptas regresar a México te vamos a mandar a Ecuador, o si no se te regresar a México te mandaremos a Uzbekistán o a algún otro país”, indicó Ruiz Soto.

¿Qué es una deportación a un tercer país?

Hay cuatro tipos de deportaciones a un tercer país, según el Migration Policy Institute: 1) acuerdos de cooperación con países considerados seguros para petición de asilo; 2) acuerdos llamados “puente” para la deportación, es decir, un país acepta a los inmigrantes que después enviará a su nación de origen o incluso a otro país; 3) estrategias de encarcelamiento, como el caso de El Salvador, a donde fueron enviados más de 200 venezolanos, y 4) los acuerdos considerados híbridos, donde se permite el ingreso de inmigrantes que no recibirán promesa de protección alguna, como ocurre en México con gente de Cuba o Venezuela.

Hay al menos 10 acuerdos que no tienen clasificación: Antigua y Bermuda, Camerún, Dominica, Guinea Ecuatorial, Guaya, Kosovo, Libia, Palau, St. Kitts and Nevis y St. Lucía, agrega el reporte.

En total, la administración Trump ha concretado 27 acuerdos, pero busca otros 54, confirmó Soto Ruiz, quien señaló que la clasificación de los acuerdos se realizó con forme a la información disponible.

“Cabe recalcar que algunos detalles no lo sabemos y pueden cambiar ese tipo de acuerdos en el futuro, pero existen cuatro tipos de acuerdos”, expuso.

¿Cuántos inmigrantes han sido deportados a países que no es el suyo?

El reporte indica que hay información limitada del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, lo cual impide “determinar el número total de deportaciones realizadas”.

“Dado que el MPI estima que se han realizado aproximadamente 15,000 deportaciones a terceros países, estas representan solo una fracción del total de deportaciones durante el segundo mandato de Trump”, se indica. “La mayoría, a México, se han llevado a cabo con mucha menos atención internacional que las deportaciones a países de Asia y África”.

Destaca que las deportaciones a Asia y África son significativamente más costosas, pero el análisis insiste en que el objetivo del gobierno de Trump es utilizar estas deportaciones a terceros países para infundir miedo.

“El gobierno parece estar utilizando acuerdos de deportación con terceros países para infundir temor entre los inmigrantes indocumentados, lo que contribuye al clima de miedo creado sistemáticamente mediante operativos de control migratorio de gran visibilidad, el aumento masivo de la detención de inmigrantes y otras acciones”, se acota. “Amenazar con deportar a personas a un país donde no tienen vínculos ni dominan el idioma local contribuye a lograr el objetivo de las deportaciones masivas”.