Category: Inmigracion

Mientras la nación enfoca su mirada en los violentos arrestos de los inmigrantes y los agresivos actos de intimidación contra los manifestantes por parte del gobierno, se ha prestado mucha menos atención a un tribunal administrativo poco conocido cuyas extremas decisiones han preparado el terreno para más deportaciones masivas: la Junta de Apelaciones de Inmigración.

Esta junta funciona mayormente a espaldas del público, pero las opiniones que publica son de carácter obligatorio para los 600 jueces de inmigración del país y también para todos los funcionarios y oficiales de inmigración. Históricamente, la Junta de Apelaciones de Inmigración ha considerado todas las apelaciones que ha recibido y decide cientos de miles de casos por año.

Cuando evalúa las apelaciones que le llegan de todo el país, se supone que la junta debería resolver confusiones con respecto al derecho migratorio o inconsistencias para su “correcta interpretación y administración” y, así, publicar determinados casos para sentar precedentes.

Al igual que los tribunales de inmigración del país, esta junta es parte del Departamento de Justicia (DOJ, por su sigla en inglés). En teoría, la junta está separada del aparato de control migratorio que opera el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) para que pueda funcionar como un tribunal imparcial. Sin embargo, al igual que el personal del DHS, los jueces miembros de la junta responden a las personas que ocupan cargos políticos y que están alineadas con las prioridades de la administración.

Desde el regreso al poder del presidente Donald Trump, la junta ni siquiera guarda la apariencia de ser solo un intérprete imparcial de la ley. Por lo bajo, la fiscalía general ha ejercido una influencia sin precedentes sobre las opiniones de la junta, entre ellas, un número récord de decisiones que cambian las reglas para las personas inmigrantes que procuran obtener la libertad tras ser detenidas, recursos judiciales tras recibir una orden de deportación o la residencia permanente en el país. Miles de estos casos no están fácilmente a disposición del público.

Y en febrero de 2026, la junta anunció sus planes de incorporar una regulación mediante la cual se negaría a considerar la mayoría de las apelaciones. Además de los fuertes aumentos en el costo que supone presentar una apelación y los muchos despidos de jueces que el liderazgo del DOJ considera que no respaldaban sus prioridades, estos cambios restringen los derechos de las personas inmigrantes y reducen la imparcialidad judicial, lo cual socava el debido proceso y amenaza la libertad y hasta la vida de las personas inmigrantes.

La junta ha restringido el acceso de las personas inmigrantes

Los múltiples cambios implementados en el seno de la junta, desde el regreso al poder de Trump, han restringido la capacidad de las personas inmigrantes de apelar los dictámenes de los tribunales de inmigración. En febrero de 2025, la fiscal general redujo el tamaño de la junta de 28 a 15 miembros y, para ello, despidió o removió a todos los jueces nombrados por la administración Biden, a pesar de tener una enorme cantidad de apelaciones retrasadas.

La junta ahora está compuesta por 15 jueces que son miembros permanentes y cuatro jueces que son miembros temporales, de los cuales todos, menos dos, fueron nombrados por fiscales generales republicanos y todos, menos uno, fueron nombrados por fiscales generales de Trump. Durante el año que terminó en septiembre de 2025, el número de casos que consideró bajó más del 20 por ciento con respecto al año anterior, a pesar de que el número de apelaciones presentadas se duplicó.

Además, un cambio implementado por ley en julio de 2025 produjo un aumento astronómico en el costo de presentar apelaciones, que pasó de $110 por persona a $1,010 (y que luego subió a $1,030). Este cambio crea un sistema de pago donde solo los que pueden pagar el alto costo pueden apelar su caso ante la junta.

Aun así, ha habido otros cambios que plantean dudas sobre qué tan genuina es la revisión judicial que realiza la junta. Una regla publicada de la junta habría reducido el plazo que tienen las partes para presentar una apelación de 30 días, después de que un tribunal de inmigración dicta su decisión, a tan solo 10 días en la mayoría de los casos, lo cual difícilmente sea suficiente para contratar a un abogado y preparar los argumentos legales.

En lugar de seguir la actual práctica de considerar las evidencias, la transcripción de la audiencia del tribunal de inmigración, la opinión del juez de inmigración y los argumentos de la apelación, esta regla le habría permitido a la junta presuntamente desestimar casi todas las apelaciones sin revisar ninguno de los registros judiciales ni considerar nada más. (Un tribunal federal invalidó ciertas partes fundamentales de esta regla en marzo, pero el gobierno probablemente apele esta decisión).

Entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, se presentaron casi 100,000 apelaciones. Sería imposible que tan solo los 15 miembros de la junta puedan considerarlas realmente; en cambio, es probable que la junta siga emitiendo solo decisiones que restrinjan aún más los derechos de las personas inmigrantes.

Muchos de los rechazos superficiales de la junta (aunque no todos) podrán ser apelados ante un tribunal federal de apelación por un costo adicional de $600. Restringir la capacidad de la junta de realizar revisiones judiciales auténticas abrumaría a los tribunales federales.

Las personas inmigrantes con apelaciones pendientes quedarían vulnerables a la posibilidad de arresto, detención y deportación por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), a menos que la junta o un tribunal federal dicte una suspensión.

Nuevas opiniones que sientan precedentes menoscaban el debido proceso y otros derechos

Desde que Trump regresó a la presidencia, la junta ha dictado numerosas decisiones que socavan los derechos sustantivos y procesales de las personas inmigrantes. Todas, menos una de las 87 decisiones, restringen los derechos de las personas inmigrantes (la única excepción se trató de un caso en el que el DHS ni siquiera se presentó para la audiencia), y ninguna brindó a las personas inmigrantes ninguna directriz sobre qué precisarían para ganar en casos parecidos.

Algunas de las decisiones imponen restricciones procesales que menoscaban la capacidad de las personas inmigrantes de tener una audiencia justa ante un tribunal. Por ejemplo, la junta dictaminó en septiembre de 2025 que los jueces de inmigración pueden preterir —es decir, desestimar— las solicitudes de asilo sin dejar que el solicitante preste su declaración sobre los detalles de su caso, si no hay hechos en disputa y si la solicitud inicial aparentemente no establece su elegibilidad para obtener asilo.

Al mes siguiente, la junta les dio luz verde a los jueces de inmigración para que desestimen los casos de asilo sin audiencia cuando el DHS argumenta que la persona solicitante podría haber solicitado asilo en otro país.

Luego de estas dos opiniones, el DHS rápidamente incrementó sus solicitudes de preterición, que en septiembre de 2025 habían sido de menos de 1,000 y que en enero de 2026 llegaron a más de 20,000 y en febrero a más de 17,000. Desde entonces, ha trascendido que les ordenó a sus abogados que ya no presenten nuevas mociones de deportaciones a otros países, pero no queda claro si este cambio de política será permanente y si las mociones pendientes igualmente serán procesadas.

Por lo general, las personas solicitantes de asilo llegan a los Estados Unidos con muy pocos recursos y preparan sus solicitudes de asilo sin la ayuda de abogados, lo cual reduce significativamente su capacidad de presentar los argumentos legales suficientes en sus solicitudes iniciales. Ahora, muchos serán deportados a los países de los que se escaparon o a otros países con los que no tienen ningún vínculo, sin siquiera tener la oportunidad de que se evalúen sus casos.

Además, la junta rompió con décadas de interpretación legislativa cuando ratificó un memorando de políticas del DHS que, sin la suficiente argumentación, coloca incluso a personas inmigrantes que han vivido en el país durante años y no tienen ningún antecedente penal en un proceso de deportación expedito y las obliga a permanecer detenidas aun cuando tengan permiso de vivir y trabajar en el país o tengan una audiencia judicial pendiente.

Ahora, miles de inmigrantes más sin antecedentes penales están siendo detenidos, cuyos casos inundan los tribunales federales de distrito con peticiones de habeas corpus en contra de su detención indebida. Jueces de todas las banderas ideológicas han rechazado la interpretación de la junta sobre la ley más de 3,000 veces y siguen ordenando la liberación de inmigrantes por motivos constitucionales.

Si bien un tribunal en California certificó una acción de clase a nivel nacional y declaró la política como ilegal, esa orden fue suspendida mientras se apela el caso, y los Tribunales Federales de Apelación para el Quinto y Octavo Circuitos han avalado esta táctica de detención obligatoria de la administración.

Esto motivará a ICE a trasladar a sus detenidos rápidamente a estos circuitos antes de que tengan la oportunidad de presentar una petición de habeas corpus donde hayan sido arrestados o detenidos en primera instancia, e inundará aún más a los tribunales de distrito con peticiones de habeas corpus.

La fiscalía general está usando una herramienta procesal poco conocida para comprometer la imparcialidad de la junta

La junta siempre ha enfrentado cuestionamientos sobre su independencia porque se encuentra ubicada dentro de la rama ejecutiva. La fiscalía general tiene la autoridad concedida por ley de interpretar el derecho migratorio y qué regulaciones delegar a los tribunales de inmigración y a la junta.

Si bien esas regulaciones exigen que los jueces del DOJ sean imparciales y buscan evitar que sus supervisores dictaminen el resultado de cada caso, también permiten que la fiscalía general revise cada caso individual y emita opiniones que sientan precedentes.

Este proceso borra la línea entre el cumplimiento de la ley, que suele estar impulsado por las prioridades políticas del presidente, y el pronunciamiento de los dictámenes judiciales. En el sistema de justicia penal, esas funciones se mantienen separadas para que los jueces puedan funcionar como árbitros neutrales e independientes de la ley. Pero, en el mundo migratorio, la fiscalía general no solo es la entidad policial más alta de la nación, sino también juez.

Además, las decisiones de la fiscalía general suelen emitirse sin la presentación normal de los escritos, sin divulgación pública y sin otras medidas que incrementarían la confianza del público en que este es un proceso justo.

Como fiscal general, Pam Bondi utilizó su autoridad para restringir gravemente el acceso de las personas inmigrantes a los distintos recursos, en especial, el del asilo. En un caso, Bondi hizo que sea más difícil establecer la elegibilidad de asilo para los solicitantes de asilo que escapan de situaciones de violencia doméstica, principalmente mujeres y niños.

En otra decisión sobre una solicitante de asilo que escapaba de una situación de violencia pandillera, Bondi restringió la capacidad de las personas solicitantes de establecer que la pertenencia a una unidad familiar o a un grupo de parientes podía ser motivo de persecución.

Los dos casos van en contra de leyes migratorias de larga tradición que afirman que el asilo se puede establecer por motivos de persecución cometida por actores privados cuando un gobierno no puede o no quiere proteger del peligro a su población.

Antes de la primera administración Trump, la fiscalía general intervenía muy poco en estos casos. Durante la primera presidencia de Trump, los fiscales generales Jeff Sessions y William Barr intervinieron con mucha más frecuencia, y los fiscales generales de la administración Biden luego revocaron algunas de esas opiniones.

Este ping-pong de opiniones sugiere que los fiscales generales, que, por lo general, se reservaban el derecho de la revisión para aclarar determinadas interpretaciones legales, ahora lo ven como su oportunidad para implementar cambios en las políticas mediante un proceso relativamente rápido que no requiere el pedido ni la consideración de los comentarios del público.

Bondi y su predecesor interino también designaron la publicación de más de tres docenas de decisiones de la junta apenas unos días o unas semanas después de ser emitidas, lo cual suele ser demasiado tarde para que la persona inmigrante pueda apelarla ante un tribunal federal.

Por lo general, cuando la junta considera publicar una decisión, las partes tienen la oportunidad de presentar todos los escritos correspondientes, así como también escritos de amicus curiae, y pueden solicitar una audiencia con alegatos orales.

Designar la publicación de una opinión para que esta sienta precedente después de que se haya decidido esquiva todo ese proceso y crea un precedente vinculante sin notificarle al público o siquiera a la persona inmigrante afectada sobre esa posibilidad.

Detrás de las bambalinas tenemos a un presidente que ha ejercido un tremendo control sobre el DOJ, nunca visto desde las reformas implementadas tras el escándalo Watergate con el objetivo de colocar distancia entre la Casa Blanca y las fuerzas policiales y fiscalías federales. Ahora se ha vuelto casi imposible que los jueces del Departamento de Justicia mantengan siquiera la apariencia de independencia.

La junta tiene una lista de casos de emergencia en la sombra

Tal como la Corte Suprema ahora decide con frecuencia casos muy trascendentales a través de su lista de casos de emergencia en la sombra —llamada en inglés “shadow docket” o lista de casos en la sombra— sin la plena presentación de escritos, audiencias ni explicaciones de sus razones, la junta también emite decenas de miles de decisiones cada año que no se publican.

Estos miles de decisiones componen la “enorme mayoría” de los dictámenes de la junta, pero brindan escasas directrices. Pueden ser emitidas por un solo juez miembro de la junta, a menudo ofrecen muy pocos análisis o ninguno y suelen llegar a conclusiones que contradicen otras decisiones.

Si bien un litigio reciente obliga a la junta a difundir públicamente algunas de sus decisiones no publicadas, la página web utilizada con ese propósito no permite su búsqueda y las opiniones se publican con importantes demoras, lo cual dificulta la comprensión de la jurisprudencia de la junta por parte de la comunidad inmigrante.

Combinado con la escasez de opiniones publicadas que brinden algún tipo de directriz sobre cómo determinar la mejor defensa contra un caso de deportación, todo esto deja a las personas inmigrantes y a sus representantes a oscuras. Esta larga falta de transparencia no es compatible con el estado de derecho.

En lugar de ser un tribunal imparcial, la Junta de Apelaciones de Inmigración se ha convertido en una fachada judicial detrás de la cual ocurre una fingida revisión de casos y se ofrecen muy pocas directrices para las personas inmigrantes y sus representantes.

Varios fiscales generales y la junta han menoscabado los principios de la justicia y el debido proceso y han aumentado el riesgo de que las personas inmigrantes terminen detenidas y deportadas sin tener la oportunidad de disputar el caso.

Aparte de la Corte Suprema de los EE. UU., la junta es el único tribunal que brinda una interpretación uniforme sobre el derecho migratorio. Debería funcionar como los otros tribunales: la persona inmigrante que presenta una apelación debe tener un tiempo razonable para conseguirse un abogado y preparar sus argumentos de apelación, el costo del caso debería reducirse drásticamente y exonerarse para aquellas personas que no pueden pagarlo, y la junta debería brindar una revisión individualizada de los alegatos y las evidencias de cada caso.

Y todas las decisiones deberían estar disponibles al público y permitir su búsqueda en la página web, con la correspondiente eliminación de la información personal de las personas inmigrantes, cuando sea necesario.

Mientras tanto, el Congreso debería quitar a los tribunales de inmigración y a la junta del dominio de la rama ejecutiva y establecerlos como tribunales hechos y derechos según lo prevé el Artículo I o el Artículo III, en los que los jueces pueden llevar a cabo revisiones judiciales verdaderamente imparciales. Estos jueces de inmigración deben ser independientes de la interferencia del poder ejecutivo para que las personas inmigrantes puedan tener una audiencia justa ante un tribunal.

(*) Margy O’Herron es investigadora fellow sénior, Libertad y Seguridad Nacional, del Brennan Center for Justice. Neema Jyothiprakash, coautora de este informe, lo escribió en su carácter de abogada investigadora fellow Brooks Burdette en el Brennan Center for Justice.

La política migratoria del presidente Donald Trump enfrenta un creciente desgaste entre los votantes en Estados Unidos, particularmente entre la comunidad latina. Así lo revela una encuesta elaborada por Third Way y UnidosUS, con el apoyo de firmas como Impact Research y BSP Research.

El estudio, difundido a través de thirdway.org, se basa en entrevistas a mil votantes potenciales y una muestra adicional de 850 votantes hispanos. Sus resultados apuntan a un cambio significativo en la percepción pública sobre la estrategia migratoria de la actual administración.

Uno de los hallazgos más relevantes es la caída en los niveles de aprobación. Actualmente, Trump registra un 44% de apoyo general frente a un 55% de desaprobación. Sin embargo, entre los votantes latinos la brecha es mucho más amplia: solo el 34% aprueba su gestión, mientras que el 66% la rechaza.

La evaluación negativa también alcanza a instituciones clave como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que mantiene cifras similares de desaprobación. Aunque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza presenta una imagen ligeramente más favorable, tampoco escapa a la tendencia a la baja entre los hispanos.

El informe señala que el endurecimiento de las políticas migratorias, incluyendo operativos en ciudades como Minneapolis, ha tenido un fuerte impacto mediático. De hecho, el 97% de los encuestados afirma haber escuchado sobre estos hechos. Al evaluar responsabilidades, el 51% de los votantes atribuye los disturbios a la administración Trump, mientras que el 54% señala directamente a agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza. Entre los latinos, estas cifras aumentan a 60% y 66%, respectivamente.

“El presidente Trump y los republicanos han ido demasiado lejos”, coincide el 55% del electorado general y el 70% de los votantes latinos, según la encuesta. Esta percepción contrasta con el 43% que considera que la estrategia actual “va por buen camino”.

Pese a la caída en su popularidad en temas migratorios, la seguridad fronteriza sigue siendo el punto más fuerte para Trump, con un 56% de aprobación. No obstante, el estudio subraya que este respaldo no se traduce automáticamente en apoyo a las políticas de deportación masiva o al accionar del ICE en territorio estadounidense.

Otro aspecto clave es que la inmigración no figura como la principal preocupación de los votantes. Temas como la inflación, el costo de vida y la corrupción política dominan la agenda. Entre los votantes latinos, el 29% señala la economía como prioridad, mientras que la inmigración se mantiene en un segundo plano, aunque con mayor peso relativo.

En el terreno político, estos cambios se reflejan en la intención de voto. Mientras que demócratas y republicanos están prácticamente empatados a nivel general, entre los votantes latinos los demócratas mantienen una ventaja clara: 61% frente a 31%.

El estudio también revela un amplio consenso a favor de reformar el sistema migratorio. Más del 70% de los encuestados respalda medidas como el uso obligatorio de cámaras corporales por parte de agentes migratorios, la exigencia de órdenes judiciales y la prohibición de detenciones en lugares sensibles como escuelas u hospitales.

En particular, el 59% de los votantes considera que deben implementarse cambios significativos en el ICE antes de aprobar más financiamiento. Entre los latinos, esta cifra alcanza un contundente 81%.

Lejos de apoyar posiciones extremas, la mayoría de los encuestados apuesta por un enfoque equilibrado. El 77% respalda la deportación selectiva de inmigrantes con antecedentes penales o sin base legal reciente, mientras que el 54% rechaza expulsiones masivas indiscriminadas.

En conjunto, los resultados muestran un electorado que no solo cuestiona la estrategia actual, sino que también exige soluciones más moderadas, transparentes y alineadas con valores democráticos.

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Este 15 de abril fue la fecha límite para radicar los impuestos y los inmigrantes, pese a ser perseguidos por la presente administración, no fueron la excepción.

La prensa, empero, reportó que el temor a ser ubicados y detenidos o deportados hizo que muchos optaran por no declarar sus impuestos. Y es que el año pasado se anunció que el IRS iba a intercambiar información con ICE de los contribuyentes que utilizan el número ITIN que otorga el IRS a algunas categorías de no ciudadanos que no pueden obtener un número de Seguro Social.

Ese acuerdo fue bloqueado en tribunales, pero el temor de los inmigrantes, con y sin documentos, persiste.

The New York Times entrevistó al matrimonio Evelin y Gustavo Quebedo, de Los Ángeles, ambos indocumentados, que por más de diez años han pagado sus impuestos pensando que cumplir con su responsabilidad los ayudará a demostrar que no son una carga para el gobierno en caso de que se apruebe una reforma que los legalice.

Aunque este año pensaron en no radicar sus impuestos por temor a ICE, al final lo hicieron.

Pero María García, una indocumentada que tiene un puesto de venta de ropa y cosméticos en el centro de Los Ángeles, no lo hizo por temor a ser ubicada.

“En todos los años que llevo en este país, nunca había experimentado lo que está ocurriendo ahora… Toda mi vida está aquí. Mi anciana madre está aquí. Mis dos hijos están aquí. No quiero separarme de ellos”, señaló al diario García, quien lleva 30 años viviendo en Estados Unidos.

Si las personas no declaran sus impuestos, las arcas de los gobiernos federal, estatales y locales dejan de recibir miles de millones de dólares.

La Opinión reportó que “los inmigrantes en Estados Unidos no solo forman parte esencial de la fuerza laboral, sino que también aportan más al sistema fiscal que el ciudadano promedio”.

“Tan solo en 2023, los inmigrantes pagaron alrededor de $1.3 billones en impuestos, mientras que recibieron beneficios gubernamentales por 761 mil millones, dejando un superávit fiscal superior al medio billón de dólares”, escribió el diario citando un reporte del Cato Institute.

La conclusión es clara: los inmigrantes, indocumentados y autorizados, benefician a la economía del país y los estados y ciudades donde viven con su mano de obra, pagando impuestos, consumiendo productos y servicios, y abriendo negocios.

Cámara Baja avanza proyecto para extender hasta 2029 el TPS para haitianos

De hecho, sus aportes económicos fueron citados por algunos de los 10 congresistas republicanos que votaron con los demócratas para aprobar un proyecto de ley en la Cámara Baja que busca restablecer el TPS para los haitianos, uno de los varios grupos afectados por la revocación de ese y de otros programas que les permiten estar en el país legalmente con permisos de trabajo y protección de la deportación.

La Opinión reportó que “el congresista Don Bacon (republicano de Nebraska) señaló que retirar este beneficio “privaría a 350 mil trabajadores de su capacidad laboral en un momento de escasez de mano de obra”. “No le veo sentido a deportar a personas que están aquí legalmente, que trabajan y que contribuyen a nuestro país”, agregó.

“En la misma línea, la representante Nicole Malliotakis (republicana de Nueva York) destacó que hospitales y residencias de ancianos podrían perder personal clave”. “Se trata de personas que trabajan, pagan impuestos y cubren necesidades críticas en el sistema de salud”, indicó la congresista.

Aparte de su agenda de deportaciones masivas, el gobierno de Trump ha revocado, eliminado o reducido programas que permiten la estancia legal de inmigrantes en Estados Unidos como parte de su estrategia para también reducir la inmigración autorizada.

Además de la eliminación de visados para nacionales de decenas de países, Trump ha ido tras programas como el TPS que permite a nacionales de países afectados por guerras o desastres naturales permanecer en Estados Unidos con permiso de trabajo y protección de la deportación.

Unos 350,000 haitianos son afectados por la revocación del TPS así como 348,000 venezolanos. Otros 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses que tenían protección de la deportación y permisos de trabajo desde 1999 también perdieron el TPS. También canceló el parole humanitario para medio millón de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.

Es una especie de doctrina que busca deslegalizar a los inmigrantes para hacerlos blanco de la deportación.

Trump ha reducido más la inmigración legal que la no autorizada

La Opinión informó que en el segundo mandato de Trump “la reducción más drástica no se ha dado en los cruces irregulares, sino en la inmigración legal”. “Información retomada de análisis publicados por el Cato Institute sugiere que los recortes en las entradas legales podrían ser hasta 2.5 veces mayores que la disminución de la inmigración irregular. En términos absolutos, se estima que cerca del 72% de la caída total en la inmigración corresponde a vías legales”.

“Uno de los cambios más significativos fue la eliminación de la aplicación CBP One, que permitía a solicitantes de asilo programar citas en los puertos de entrada. Como resultado, el ingreso legal de solicitantes de asilo se desplomó en un 99.9%, pasando de casi 40 mil en diciembre de 2024 a apenas unas decenas en febrero de 2025”, agregó.

También se han afectado las visas de nacionales de decenas de países, visados de estudiantes y de trabajadores altamente especializados, y la lotería de visas por diversidad, entre otros.

Pero Trump también oficializa su meta de deportar 1 millón de indocumentados anualmente

The Washington Times reportó que “aunque se llevaba tiempo rumoreando y desmintiendo, ICE lo ha hecho ahora oficial: el objetivo es alcanzar el millón de deportaciones al año. La agencia incluyó discretamente esa cifra en la exposición de motivos de su presupuesto ante el Congreso hace varias semanas. Comunicó a los legisladores que cuenta con la “capacidad” y el “compromiso” necesarios para deportar a más inmigrantes indocumentados”.

Renuncia director interino de ICE

Los medios informaron sobre la renuncia de Todd Lyons, director interino de ICE, quien encabezó la violenta estrategia de detenciones indiscriminadas y deportaciones que resultó en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota, y en un alza en las muertes en los centros de detención, así como violaciones de derechos incluso de ciudadanos estadounidenses. Lyons, sin embargo, solamente lamentó el alza en amenazas y agresiones físicas contra agentes de ICE.

Cita de la semana: “Está enviando el mensaje a los migrantes indocumentados y a las familias con estatus mixto de que estar en la sombra es más seguro”, declaró Louis DeSipio, politólogo de la Universidad de California en Irvine a The New York Times refiriéndose al intercambio de información entre el IRS y ICE que aunque está bloqueado en tribunales, ha provocado que por temor a ser ubicados y deportados muchos inmigrantes opten por no declarar sus impuestos en detrimento de las arcas gubernamentales.

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El gobierno de Texas intensificó sus acciones contra ciudades que han establecido límites a la colaboración entre la policía local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un escenario marcado por el aumento de detenciones de migrantes en el país.

Uno de los movimientos más recientes proviene del fiscal general Ken Paxton, quien inició una investigación dirigida a Austin tras la implementación de lineamientos que regulan la actuación policial frente a solicitudes migratorias de carácter administrativo.

Al mismo tiempo, en Houston se analiza la continuidad de políticas similares, luego de que el gobernador Greg Abbott advirtiera con retirar más de $100 millones de dólares en fondos estatales.

Reglas locales bajo escrutinio

Las medidas adoptadas por ambas ciudades establecen límites sobre cómo y cuándo los agentes pueden extender una detención, como en el caso de paradas de tráfico, con el objetivo de evitar que se prolonguen únicamente para facilitar la intervención de autoridades migratorias.

También fijan restricciones a la cooperación con ICE cuando se trata de personas sujetas a órdenes administrativas, un tipo de notificación emitida cuando existe sospecha de estancia irregular en el país.

Críticas desde el ámbito legal

Abogados y organizaciones civiles sostienen que estas disposiciones no solo son legales, sino que refuerzan derechos constitucionales.

Caro Rivera Nelson, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en Texas, explicó que las directrices se alinean con la Cuarta Enmienda, que protege contra detenciones arbitrarias.

“La orden administrativa no es una base suficiente para detener a alguien. Se necesita una orden firmada por un juez”, señaló.

La abogada advirtió además que las acciones del gobierno estatal buscan confundir los límites entre distintos tipos de órdenes, lo que podría derivar en prácticas contrarias a la ley. También cuestionó las amenazas de retirar financiamiento público, al considerar que podrían afectar a más ciudades.

Preocupación en comunidades migrantes

Desde organizaciones comunitarias, el enfoque está en las consecuencias que estas políticas tienen sobre la confianza en la policía.

César Espinosa, director de la ONG FIEL Houston, indicó que las directrices buscan evitar que los residentes asocien a las autoridades locales con operativos federales de inmigración.

“Si la gente confunde a la policía local con el Gobierno federal, no confiará en los agentes como víctimas o testigos de delitos”, explicó.

Según Espinosa, en distintas comunidades se reporta que la presencia policial durante paradas de tráfico genera temor, ya que muchos residentes creen que se trata de acciones vinculadas a ICE.

Incremento de detenciones a nivel nacional

El conflicto en Texas ocurre en paralelo a un aumento significativo en las detenciones de migrantes en Estados Unidos.

De acuerdo a informes del Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley indican que los arrestos de personas sin antecedentes penales crecieron un 770%, mientras que las detenciones en espacios públicos superaron el 1,000% durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump.

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La posibilidad de que policías locales colaboren con autoridades migratorias en Nueva York ha generado un intenso debate luego de que la gobernadora Kathy Hochul impulsara una propuesta que incluye esta medida bajo condiciones específicas.

El planteamiento establece que dicha cooperación solo se permitiría cuando exista una orden de arresto sustentada en “causa probable” de que una persona haya cometido un delito grave o violento, excluyendo infracciones menores.

Sin embargo, este punto ha provocado fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones que defienden a la población inmigrante.

Críticas por posible uso arbitrario

Diversos grupos advierten que el criterio de “causa probable” podría abrir la puerta a decisiones discrecionales. Yasmine Farhang señaló que este concepto puede prestarse a interpretaciones amplias desde el momento inicial de una detención.

En la misma línea, Natalia Aristizábal consideró que la medida podría derivar en acciones influenciadas por prejuicios, lo que representaría un retroceso en la protección de los inmigrantes en el estado.

Reunión clave en medio del retraso presupuestario

La propuesta fue discutida este jueves durante un encuentro entre la gobernadora y legisladores estatales, en el contexto de las negociaciones del presupuesto, cuya aprobación permanece pendiente. En esa reunión también se abordó la relación entre autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras hechos ocurridos a principios de año en los que murieron dos ciudadanos estadounidenses.

Restricciones planteadas al actuar migratorio

El plan de Hochul no se limita a la cooperación condicionada. También incluye medidas para restringir la actuación de ICE, como impedir operativos en espacios considerados sensibles, entre ellos iglesias y escuelas, y prohibir el uso de cárceles locales para fines migratorios.

Asimismo, se contempla que los agentes no puedan cubrir su rostro durante operativos y que la Policía no participe en acciones migratorias fuera de los supuestos definidos.

Tras la reunión, la gobernadora reiteró que las fuerzas de seguridad deben enfocarse en tareas locales.

“Los policías locales deberían centrarse en los delitos locales, mantener nuestras calles seguras, responder a emergencias y perseguir a los traficantes de armas y a los delincuentes violentos”, afirmó.

También subrayó que muchos agentes prefieren concentrar su labor en la seguridad de las comunidades donde trabajan, sin asumir funciones propias de autoridades migratorias.

Propuestas alternativas y preocupaciones legislativas

En medio del debate, organizaciones civiles han pedido a los legisladores considerar iniciativas más amplias, como la propuesta “Nueva York para Todos”, promovida por el senador Andrew Gounardes, que plantea mayores protecciones para inmigrantes.

Al mismo tiempo, algunos legisladores han expresado inquietud por el posible impacto de la iniciativa en políticas vigentes que buscan proteger a esta población. Según reportes de medios locales, consideran que el uso del criterio de “causa probable” podría representar un cambio respecto a las medidas actuales.

La discusión sigue abierta y forma parte de las negociaciones en curso para definir el presupuesto estatal.

Propuestas de la gobernadora Kathy Hochul

• Permitir que la Policía coopere con el ICE solo si existe una orden de arresto basada en “causa probable” por delitos graves o violentos (no por infracciones menores).
• Prohibir que el ICE realice redadas en lugares sensibles como iglesias y escuelas.
• Impedir que la Policía colabore de forma general con agentes de inmigración, fuera de los casos permitidos.
• Prohibir el uso de cárceles locales para fines migratorios.
• Evitar que agentes de inmigración cubran su rostro durante operativos.
• Enfocar el trabajo de la Policía en delitos locales, emergencias y seguridad comunitaria, en lugar de tareas migratorias.

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El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Todd Lyons, anunció que dejará su cargo para dedicar más tiempo a su familia, en medio de un clima de creciente presión y amenazas contra agentes de la agencia.

De acuerdo con reportes de New York Times, Lyons comunicó su decisión de dimitir tras más de un año al frente de la institución, señalando que planea “pasar más tiempo con su familia”.

Su salida se produce en un contexto de fuertes críticas hacia las operaciones migratorias impulsadas durante la administración del presidente Donald Trump, así como por el aumento de tensiones en torno a la labor de ICE.

En distintas comparecencias públicas, Lyons ha advertido sobre el creciente riesgo que enfrentan los agentes de inmigración. El funcionario aseguró que conoce la situación de primera mano y que la violencia contra el personal se ha intensificado.

Durante una audiencia, afirmó que su agencia enfrenta un entorno cada vez más peligroso, destacando un aumento significativo en amenazas: “Estamos enfrentando el entorno operativo más peligroso en la historia de nuestros agentes.

Datos oficiales presentados por el propio Lyons indican que las amenazas de muerte contra personal de ICE aumentaron más de 8,000% en 2025, junto con un incremento notable en agresiones físicas.

El funcionario también ha subrayado que esta situación no es abstracta: la ha vivido directamente, en referencia a amenazas dirigidas tanto a agentes como a sus familias.

Acting ICE Director Todd Lyons: In FY 2025, Homeland Security conducted more than 4,800 arrests related to child exploitation and rescued nearly 1,500 child victims from ongoing sexual abuse. They’ve also dismantled more than 2,400 human smuggling operations. The 2027 budget will… pic.twitter.com/BpzjZNiKN1

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 16, 2026

El supuesto aumento de amenazas ocurre en medio de un clima de polarización en Estados Unidos respecto a la política migratoria. En 2026, se registraron protestas masivas contra ICE en varias ciudades, tras operativos polémicos y enfrentamientos con civiles, especialmente en estados como Minnesota.

La renuncia de Lyons, efectiva a finales de mayo, marca la salida de una figura clave en la implementación de políticas de deportación masiva. Durante su gestión, ICE incrementó operaciones y detenciones, lo que generó tanto respaldo político como críticas por presuntas violaciones a derechos civiles.

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El gobierno de Francia intensificó las gestiones diplomáticas ante Estados Unidos para lograr la liberación de Marie-Thérèse Ross, una ciudadana francesa de 86 años que permanece bajo custodia migratoria tras ser detenida a inicios de abril.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a Ross el pasado 1 de abril en Alabama por haber excedido el límite de su visa de 90 días. Actualmente, la mujer se encuentra recluida en un centro federal de detención de inmigrantes en Luisiana.

Presión diplomática para su liberación

El cónsul general de Francia en Nueva Orleans, Rodolphe Sambou, informó que el gobierno francés se ha movilizado plenamente para conseguir su liberación. El diplomático señaló que ha visitado a Ross en dos ocasiones y mantiene contacto constante con su familia y con autoridades en Washington D.C., Atlanta y París.

“Dada su edad, realmente queremos que salga de esta situación lo antes posible. Queremos sacarla de la cárcel”, declaró Sambou.

Asimismo, indicó que las autoridades francesas han establecido comunicación con el DHS para coordinar acciones que permitan su liberación, además de garantizar que reciba alimentación y atención médica adecuadas durante su detención.

Detención tras proceso migratorio en trámite

Ross fue detenida en su vivienda en Anniston, Alabama, donde residía con su esposo, un exmilitar estadounidense con quien se casó en abril de 2025. Según las autoridades, su situación migratoria era irregular debido a que no contaba aún con la residencia permanente (Green card), trámite que estaba en proceso.

La mujer, originaria de un poblado cercano a Nantes, en el oeste de Francia, permanece en un centro de detención en Luisiana junto con otros detenidos, según reportó su familia.

Marie-Thérèse is 86 years old.

Handcuffed. Wrists and ankles.

Sitting in an ICE detention facility in Louisiana with roughly 70 other detainees.

She has heart problems. She has a bad back.

Her children in France didn’t know where she was for a week.

Here’s why:

Sixty years… pic.twitter.com/gGvzhoBIUF

— Sammi🦋 (@PatriotSammi) April 15, 2026

La historia de amor de Ross

La historia personal de Ross se remonta a finales de la década de 1950, cuando conoció a su esposo en Montoir-de-Bretagne, cerca de una base de la OTAN en Saint-Nazaire. Él trabajaba como piloto militar y ella como secretaria.

Tras décadas sin contacto, retomaron la relación en 2010, luego de que ambos enviudaran, y finalmente contrajeron matrimonio el año pasado.

El esposo de Ross falleció en enero de este año. De acuerdo con el testimonio de su hijo, la mujer tenía previsto regresar a Francia a finales de abril, pero decidió permanecer en Estados Unidos para resolver asuntos relacionados con la herencia.

Condiciones de detención y situación de salud

Familiares de Ross denunciaron que fue arrestada en condiciones violentas pese a su edad. Según su hijo, fue esposada “de pies y manos” durante la detención. También señalaron que permaneció incomunicada durante varios días antes de que autoridades consulares lograran establecer contacto.

El consulado francés en Nueva Orleans confirmó que sigue de cerca el caso, mantiene comunicación con la familia y con autoridades migratorias estadounidenses, y trabaja para lograr su pronta repatriación.

La familia expresó su preocupación por su estado de salud, ya que la mujer presenta problemas cardíacos y condiciones médicas delicadas.

Parte de una política migratoria más amplia

El caso de Ross ocurre en medio de la política de deportaciones masivas implementada por el presidente Donald Trump, bajo la cual han sido detenidos familiares de soldados y veteranos militares estadounidenses que anteriormente recibían un trato más flexible bajo políticas ya derogadas.

Las autoridades francesas continúan sus gestiones para que la ciudadana pueda salir del centro de detención y regresar a su país lo antes posible.

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Greg Morgan, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue acusado acusado de agresión en segundo grado tras presuntamente apuntar con su arma reglamentaria a un conductor y a su acompañante mientras conducía en servicio en Minnesota.

La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, anunció este jueves los cargos contra Greg Morgan, quien está acusado de un incidente ocurrido en febrero pasado en la autopista 62, en el que amenazó con su pistola a los ocupantes de otro vehículo, por lo que dijo, se emitió una orden de arresto.

Según la denuncia penal, Morgan, quien conducía un SUV sin distintivos, circulaba ilegalmente por el arcén de la carretera cuando otro vehículo se desvió brevemente hacia el lado derecho. Al regresar a su carril, el conductor del otro vehículo no habría esperado que Morgan lo siguiera y lo igualara en velocidad.

Fue entonces cuando el agente presuntamente bajó la ventanilla de su coche y apuntó su arma al conductor y a su acompañante dentro del otro automóvil.

Hennepin County Attorney Mary Moriarty: “Are we concerned as to whether there would be federal blowback? Not a concern of ours. Our role is to hold people accountable if they violate the laws of Minnesota. We feel strongly that this ICE agent committed 2nd degree assault.” pic.twitter.com/G6aPyewU3q

— Aaron Rupar (@atrupar) April 16, 2026

¿Qué cargos enfrenta Greg Morgan?

El incidente fue registrado en la denuncia presentada por la fiscalía, que precisa que Morgan actuó de manera ilegal al conducir por el arcén y luego apuntar con su pistola sin justificación.

El agente enfrenta dos cargos de agresión en segundo grado, y si es condenado, podría enfrentar hasta 36 meses de prisión.

Operación “Metro Surge” en Minnesota

Este caso es parte de una serie de investigaciones en curso sobre las prácticas de los agentes del ICE durante la operación “Metro Surge”, que se llevó a cabo a principios de 2026, donde se desplegaron cientos de agentes federales en varias ciudades de Minnesota para realizar arrestos masivos de inmigrantes.

Las tensiones aumentaron después de que varios incidentes involucraron a agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y resultaron en tiroteos mortales.

En uno de los incidentes más graves, ocurrido en enero pasado, tres personas, incluidos dos manifestantes, fueron asesinadas a tiros por agentes federales. La muerte de estas personas, Alex Pretti y Renee Good, generó una ola de indignación en todo el país y se convirtió en un tema de protesta en contra de las políticas de deportación masiva de la administración Trump.

Reacciones a los cargos contra el agente del ICE

Durante la conferencia de prensa en la que se anunciaron los cargos contra Morgan, la fiscal Moriarty expresó que el caso representa un importante avance en los esfuerzos por exigir responsabilidades por los daños a la comunidad.

Moriarty subrayó que los cargos son un hito en el proceso de justicia, destacando que el comportamiento de Morgan excedió ampliamente sus atribuciones como agente federal.

Moriarty también fue cuestionada sobre si el gobierno de Donald Trump podría interferir con la investigación debido a las tensiones políticas que rodean a las fuerzas del orden federales.

La fiscal dejó claro que no se dejaban intimidar por posibles represalias y que su oficina seguiría adelante con la acusación.

“Nuestro trabajo es garantizar que quienes violan la ley en Minnesota enfrenten consecuencias”, afirmó Moriarty. “Este caso no se ve afectado por la política, es un asunto de justicia.”

Investigaciones adicionales en curso

Además del caso de Morgan, las autoridades de Minnesota están investigando otros incidentes violentos que involucran a agentes federales. Entre estos, se encuentra la detención de ChongLy “Scott” Thao, un ciudadano estadounidense de 56 años, quien fue arrestado de manera violenta por agentes del ICE en su hogar. Esta detención, en la que Thao fue sacado a rastras en condiciones extremas, está siendo investigada por posibles cargos de secuestro y detención ilegal.

La fiscalía también ha recibido reportes sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes federales durante las operaciones en Minnesota. En particular, las muertes de Pretti y Good siguen siendo investigadas, pero las autoridades federales han sido acusadas de obstruir el acceso a pruebas cruciales que podrían arrojar más luz sobre los incidentes.

Desafíos legales y el futuro del caso

La situación legal de los agentes federales sigue siendo compleja, ya que el gobierno de Trump ha insistido en que los agentes del ICE tienen “inmunidad absoluta” frente a los procesos judiciales a nivel estatal. Sin embargo, la fiscal Moriarty se mostró firme en que los agentes deben rendir cuentas, independientemente de su estatus federal.

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