Category: Inmigracion

La Opinión reportó que “los campesinos indocumentados que viven en Estados Unidos consideran que son tratados como si no fueran seres humanos, y casi la totalidad de 2,250 encuestados por la Fundación de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW Foundation) teme una probable detención y deportación”.

El reporte “Bajo el sol y fuera de las sombras: Miedos, esperanzas y aspiraciones de los trabajadores agrícolas indocumentados afectados por las medidas de control de la era Trump”, encontró que el 88% de los 2,250 trabajadores agrícolas encuestados “expresaron su preocupación por ser presa de las continuas redadas migratorias y deportaciones masivas”.

Y el 90% indicó que su principal preocupación es la separación familiar.

Para la encuesta se entrevistaron trabajadores agrícolas de California, Washington, Michigan, Georgia y otros 12 estados.

Sigue la pesquisa por la muerte de Lorenzo Salgado Araujo a manos de ICE

El caso de la muerte del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston, Texas, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) registró varios desarrollos esta semana, y entre esos, se confirmó que una sustancia encontrada en su vehículo y que según las autoridades podría tratarse de “metanfetaminas” arrojó negativo a drogas ilícitas. Asimismo, un juez ordenó la liberación de un centro de detención de ICE a uno de los tres trabajadores que eran pasajeros de Salgado y que son testigos presenciales de los hechos que culminaron en su muerte.

El primer punto es significativo porque los agentes argumentaron que aunque Salgado no era el objetivo del operativo, la presencia de la “sustancia” justificó, según ellos, la intervención. Alegan además que Salgado usó su vehículo como “arma” y por eso fue abatido a tiros. Los trabajadores que lo acompañaban desmienten la versión oficial.

La oficina del procurador del condado Harris, Sean Teare, afirmó que quiere que las pruebas contra los agentes de ICE sean lo más exhaustivas posible antes de presentarlas ante un gran jurado porque es probable que el gobierno de Trump quiera trasladar el caso de un tribunal estatal a uno federal. Teare le dijo al Houston Chronicle que “su oficina podría impedir dicho traslado demostrando que el agente federal actuó fuera del ámbito de sus funciones durante el tiroteo”.

Una de las principales quejas de los inmigrantes y de quienes los apoyan es precisamente la falta de rendición de cuentas de los agentes migratorios que operan con absoluta impunidad.

Agente de ICE que mató a joven colombiano posee un serio historial de violencia

Por otra parte, The Associated Press reportó que el agente de ICE que mató al inmigrante colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero cuenta con un historial de conducta violenta, incluso contra sus dos exesposas. Una de ellas proveyó a la agencia de noticias el audio de un mensaje que le dejó el agente indicando que alguien debería cortarle el cuello.

El zar de la frontera, Tom Homan, indicó en CNN que, si los alegatos son ciertos, el agente no debió aprobar la verificación de antecedentes.

La Opinión reportó que ICE revisará los protocolos de contratación tras las muertes de los dos inmigrantes.

“La revisión anunciada por Homan busca determinar si los actuales filtros de contratación y capacitación son suficientes para evitar que personas con antecedentes incompatibles con el servicio federal ingresen a una de las agencias más cuestionadas por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes”, escribió el diario.

“Para ampliar la fuerza operativa, la agencia ofreció bonos de ingreso de hasta $50,000, acumulando más de 220,000 solicitudes. Sin embargo, activistas y legisladores advirtieron que el apresurado crecimiento provocó que se pasaran por alto antecedentes penales o conductas violentas entre los nuevos reclutas”, agregó el artículo.

Gobierno sigue ampliando su capacidad de detención

La Opinión informó que ICE “se prepara para ampliar de forma significativa su infraestructura de detención con la apertura de cuatro nuevos centros en Miami, Seattle, Philadelphia y Denver, instalaciones que en conjunto podrán albergar a unas 5,500 personas”.

“La ampliación de la capacidad de detención coincide con un incremento sostenido en las operaciones migratorias. En junio, ICE registró cerca de 40,000 ingresos a sus centros de detención, mientras que datos oficiales indican que actualmente más de 65,000 personas permanecen bajo custodia de la agencia en 207 instalaciones distribuidas en 40 estados”, explicó el diario.

Los centros de detención de ICE también son objeto de críticas por las condiciones deplorables que han denunciado los propios inmigrantes y quienes los apoyan, incluyendo alimentos en mal estado y falta de atención médica preventiva y de emergencia.

La Opinión escribió que “cada complejo contará con cinco salas para audiencias de inmigración, oficinas para jueces y al menos 20 espacios destinados a abogados de la división legal de ICE. Con ello, la agencia pretende reducir el traslado de los detenidos hacia tribunales externos y agilizar el desarrollo de los procesos migratorios”.

Niños inmigrantes no acompañados podrían perder su asistencia legal

La Opinión reportó que “miles de niños inmigrantes no acompañados en Estados Unidos podrían perder su derecho a contar con representación legal a partir del 31 de julio, cuando vence el contrato federal que financia estos servicios, advirtieron organizaciones especializadas durante una conferencia organizada por Defending Our Neighbors Fund”.

“Los proveedores de asistencia jurídica alertaron que, si el gobierno no renueva el convenio, decenas de miles de menores deberán enfrentar solos los procesos ante las cortes de inmigración, mientras el gobierno seguirá representado por abogados especializados”, dice el artículo.

ICE arresta a más de 12,000 usando información sobre menores no acompañados

La Opinión informó que “de acuerdo con un reportaje exclusivo de Reuters, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) compartió desde enero de 2025 más de 460,000 registros investigativos con ICE, la agencia encargada de hacer cumplir las leyes migratorias dentro del país”.

“Esos datos incluían información sobre menores no acompañados, sus patrocinadores —en muchos casos padres, madres u otros familiares— y también otros adultos que vivían en el mismo hogar. Según los documentos internos citados por Reuters, esa información estuvo vinculada con más de 12,000 arrestos realizados por ICE”, reportó el diario.

“Uno de los episodios relatados por Reuters es el de una madre mexicana que entregó documentos, huellas y una prueba de ADN para recuperar a su hija de seis años. Días después de concretar la reunificación, tanto la madre como la niña fueron detenidas y trasladadas a un centro familiar de Texas, según la investigación”.

Cita de la semana

“Tengo temor de salir a trabajar y no regresar a casa para ver a mis hijas. No sé qué haría si llegara a encontrarme con esos hombres enmascarados, quienes no sé si sean secuestradores”, indicó Yazmín, una trabajadora del campo que posee DACA y de todos modos teme ser detenida y deportada. Yazmín es una de los 2,250 trabajadores del campo encuestados por la UFW Foundation.

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La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) emitió un inusual aviso dirigido a la comunidad inmigrante tras detectar un aumento en los reportes de arrestos migratorios por parte de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de aeropuertos de todo el país, incluso durante vuelos nacionales.

De acuerdo con un comunicado difundido por la propia organización, las detenciones han sido documentadas en terminales como el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO), además de reportes provenientes de Nevada, Colorado, Massachusetts, Florida, Illinois, Kansas, Michigan, Nueva Jersey, Texas y Virginia.

Ante este panorama, CHIRLA exhortó a quienes tengan procesos migratorios pendientes a analizar cuidadosamente los riesgos antes de abordar un vuelo dentro del país y buscar asesoría legal especializada.

Detectan un nuevo patrón de detenciones

La organización explicó que los casos recientes muestran un comportamiento distinto al observado anteriormente. Según los reportes recibidos, las detenciones ya no se limitan a personas con antecedentes migratorios complejos, sino que también involucran a quienes permanecieron en el país más tiempo del autorizado por su visa o incumplieron alguna condición migratoria, aun cuando no tengan antecedentes penales ni órdenes de deportación.

Además, CHIRLA indicó que también existen informes de personas detenidas durante escalas en vuelos nacionales, así como personas con Green Card, solicitantes de asilo o aquellos que cuentan con permisos de permanencia o autorización de empleo vigente mientras sus casos continúan en trámite.

Piden asesoría antes de viajar

La abogada de inmigración y directora de Servicios Legales de Derechos Laborales de CHIRLA, Yunuen Trujillo, pidió a la comunidad actuar con cautela antes de realizar viajes dentro de Estados Unidos.

“En las últimas semanas, CHIRLA ha recibido informes de miembros de la comunidad que indican un aumento en las detenciones relacionadas con la inmigración en aeropuertos estadounidenses durante vuelos nacionales”, señaló.

La especialista recomendó que quienes tengan solicitudes pendientes de residencia permanente o asilo consulten primero con un abogado de inmigración para evaluar su situación particular.

“Instamos a los miembros de la comunidad a evaluar cuidadosamente los riesgos de los viajes aéreos nacionales en este momento y a consultar con un abogado de inmigración calificado antes de viajar”, añadió.

La organización incluso sugirió posponer los viajes nacionales que no sean indispensables hasta recibir orientación jurídica, especialmente para quienes mantienen procesos migratorios abiertos.

En caso de requerir asesoría legal confiable, la organización insta al público a comunicarse con la Línea Directa Nacional de Asistencia para Inmigrantes al (888) 624-4752.

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Las condiciones de atención médica en el Centro de Procesamiento de Inmigración de California City, el mayor centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California, volvieron a quedar bajo escrutinio. Un monitor independiente designado por un tribunal federal concluyó que la instalación incumplió la orden judicial que la obligaba a garantizar servicios médicos adecuados para las personas inmigrantes detenidas.

De acuerdo con información publicada por The Hill, el médico Muthusamy Anandkumar, nombrado por la jueza federal Maxine M. Chesney, detectó múltiples fallas estructurales tras una inspección realizada durante tres días, en la que revisó expedientes clínicos, entrevistó a trabajadores y analizó documentación proporcionada tanto por ICE como por la empresa CoreCivic, encargada de operar el centro.

Escasez de personal y atención insuficiente

El informe de ACLU concluye que la instalación carece del personal médico necesario, enfrenta problemas de supervisión y no cuenta con mecanismos eficaces para detectar y corregir fallas en la atención sanitaria.

Además, señala que parte del personal fue incorporado a sus funciones sin concluir su capacitación debido a la falta de trabajadores disponibles, situación que, según el especialista, incrementa el riesgo para pacientes con enfermedades físicas y problemas de salud mental.

“Dado el número de pacientes y la gravedad de sus necesidades médicas y de salud mental, estas importantes deficiencias contribuyen a crear un entorno inseguro”, escribió Anandkumar en su informe.

El especialista también advirtió que el centro no dispone de un sistema confiable para dar seguimiento continuo a los tratamientos, lo que podría derivar en daños inmediatos y de largo plazo para las personas bajo custodia.

ICE y CoreCivic responden al informe

En respuesta, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró al medio señalado que ningún detenido es privado del acceso a servicios médicos y afirmó que las instalaciones de ICE son auditadas periódicamente para verificar el cumplimiento de los estándares nacionales.

Por su parte, Ryan Gustin, portavoz de CoreCivic, señaló que la empresa ya revisa las observaciones del monitor judicial y defendió el trabajo del personal médico.

“Nada es más importante que la salud, la seguridad y el bienestar de las personas bajo nuestro cuidado”, afirmó Gustin.

El caso podría derivar en nuevas acciones judiciales para garantizar que el centro cumpla con las condiciones mínimas de atención médica exigidas por la justicia federal.

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La muerte de un migrante mexicano que permaneció varias semanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Georgia desató nuevas críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que acusan a la agencia de haber retrasado la atención médica que requería el joven, quien padecía leucemia.

Priciliano Trejo, de 29 años y conocido entre sus familiares como “Yanito”, falleció el 24 de julio en un hospital de Georgia, días después de haber sido trasladado desde el Centro de Detención de Stewart, una de las mayores instalaciones para inmigrantes en Estados Unidos.

De acuerdo con su familia y con organizaciones como Detention Watch Network, Project South, Georgia Latino Alliance for Human Rights y El Refugio, Trejo fue detenido por agentes de ICE en Carolina del Norte y posteriormente enviado al centro de detención en Georgia.

Los familiares aseguraron que el 6 de julio comenzó a sentirse mal y solicitó atención médica debido al avance de la enfermedad que padecía. Sin embargo, denunciaron que no recibió asistencia durante ocho días y que fue llevado al hospital hasta el 13 de julio. Dos días después, el mexicano cayó en coma.

Las organizaciones señalaron que fue entonces cuando ICE notificó a la familia para transferirles la custodia del joven. Trejo murió nueve días después, ya fuera de la custodia directa de la agencia migratoria.

ICE detain 29 year old man?30 days later he was dead.

“He was completely fine, everything started in ICE,” father said.

No medical care given until too late?couldn’t walk & vomiting blood.

ICE claim he was “technically released” to doctors?so shouldn’t count as official death.? pic.twitter.com/l7mo0NhvRR

— LongTime?FirstTime??? (@LongTimeHistory) July 30, 2026

Organizaciones exigen respuestas y el cierre del centro

Los grupos defensores sostienen que, al haber sido entregado a sus familiares antes de su fallecimiento, existe la posibilidad de que el caso no sea contabilizado oficialmente como una muerte ocurrida bajo custodia de ICE. “Él merecía estar junto a sus seres queridos mientras luchaba contra la leucemia. Merecía recibir atención médica adecuada y especializada, no estar encerrado en una prisión del ICE hacinada y letal, plagada de violaciones a los derechos humanos y negligencia médica”, afirmó Priyanka Bhatt, abogada de Project South.

Por su parte, Setareh Ghandehari, de Detention Watch Network, expresó que la organización se encuentra “profundamente” entristecida e indignada por el fallecimiento.

Amílcar Valencia, director ejecutivo de El Refugio, dijo que la muerte de Trejo se suma a una “larga lista” de personas fallecidas en el Centro de Detención de Stewart, donde, según la organización, ya se han registrado 15 decesos. Agregó que el padre del joven exige una explicación sobre el rápido deterioro de su salud y reclama una investigación.

Adelina Nicholls, directora ejecutiva de Georgia Latino Alliance for Human Rights, reiteró el llamado para cerrar ese centro de detención, al asegurar que enfrenta desde hace años denuncias por presuntas condiciones inhumanas y deficiencias en la atención médica.

Hasta el cierre de esta información, ICE no había respondido a las solicitudes de comentarios sobre el caso. De acuerdo con Human Rights Watch, al menos 52 inmigrantes murieron bajo custodia de ICE entre el 20 de enero y el 4 de junio de 2025.

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Los campesinos indocumentados que viven en Estados Unidos consideran que son tratados como si no fueran seres humanos, y casi la totalidad de 2,250 encuestados por la Fundación de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW Foundation) teme una probable detención y deportación bajo la agresiva apliación de leyes migratorias por parte de la administración Trump.  

“Tengo temor de salir a trabajar y no regresar a casa para ver a mis hijas”, declaró Yazmín, una trabajadora del campo nacida en Hidalgo, México, quien está amparada de la deportación bajo el programa de DACA. “No sé qué haría si llegara a encontrarme con esos hombres enmascarados, quienes no se si sean secuestradores”.  

El testimonio de Jazmín se presentó mientras los autores del reporte denominado “Bajo el sol y fuera de las sombras: Miedos, esperanzas y aspiraciones de los trabajadores agrícolas indocumentados afectados por las medidas de control de la era Trump”, informaban que el 88% de los 2,250 trabajadores agrícolas encuestados –la mayoría de California- expresaron su preocupación por ser presa de las continuas redadas migratorias y deportaciones masivas.  

Los resultados de la investigación se dieron a conocer este jueves en una conferencia en Los Ángeles.

Preocupa la separación familiar  

“A menudo se trata a los trabajadores agrícolas indocumentados como si no fueran seres humanos importantes, como si sus temores, aspiraciones e inquietudes no tuvieran la suficiente relevancia para ser tomados en cuenta”, señala el estudio, liderado por Jonathan Angulo, analista de investigación y políticas de la Fundación UFW y profesor adjunto en la Universidad Estatal de San Diego, campus Imperial Valley.  

Los autores del reporte de 29 páginas entrevistaron a trabajadores agrícolas de California y también de los estados de Washington, Michigan, Georgia y 12 más.  

Otros resultados indican que el 90% de los campesinos respondió que su principal preocupación era la separación familiar, es decir, 2,225 de un total de 2,250.  

“Yo temo por mis padres”, le dijo a La Opinión Andrés Alonso Felipe, ciudadano estadounidense y trabajador agrícola de Oxnard, California. Sus padres son originarios de Michoacán, México.  

Alejandro Herrera, analista senior de investigación y datos para la UFW Foundation afirmó que la protección de la información confidencial de los participantes fue fundamental para completar el informe, porque los encuestados sabían que su privacidad estaría resguardada.  

Hay demanda contra Trump  

Erica Lomelí Corcoran, directora ejecutiva de la UFW Foundation, señaló que durante, demasiado tiempo, investigadores académicos y gubernamentales, así como los responsables de formular políticas, se han enfrentado a importantes obstáculos para acceder a datos exhaustivos sobre las personas cuyas vidas se ven más directamente afectadas por las redadas migratorias.  

Enfatizó que “Bajo el sol y fuera de las sombras” es el primer estudio en profundidad que examina las preocupaciones y los temores de los trabajadores agrícolas indocumentados, así como sus esperanzas y aspiraciones.  

“Esperamos que esta encuesta arroje luz sobre la situación y permita que quienes ostentan el poder comprendan la realidad que viven los sectores más vulnerables”, dijo.

La representante de la UWF Foundation indicó que los datos recopilados han sido compartidos con legisladores y congresistas para educarlos sobre la realidad que están viviendo cientos de miles de familias.  

Actualmente, la Fundación UFW y su organización hermana, la Unión de Campesinos (UFW), mantienen una demanda contra la administración Trump y el Departamento del Trabajo por recortar los salarios de los campesinos entre $3 y $7 por hora.  

“Fue una regla aprobada en noviembre de 2025 y entró en vigor de inmediato”, informó la fundación. “Es injusta y también ilegal”.  

Trabajadores agrícolas: 45% indocumentados

Los aproximadamente 300,000 trabajadores agrícolas que hay en California, incluyendo a Yazmín, su esposo Andrés Alonso y sus padres, ayudan a producir más de 350 productos alimenticios para todo Estados Unidos. Dicha producción incluye un tercio de las verduras y casi dos tercios de las frutas y frutos secos. Además, en el “Estado Dorado” se cosecha el 90% de las fresas del país.  

Según la Fundación UFW, de los casi 2.5 millones de trabajadores agrícolas que hay en Estados Unidos, cerca del 70 por ciento son inmigrantes y más del 45 por ciento son inmigrantes indocumentados.  

Debido a su situación migratoria, muchos son vulnerables al robo de salarios y a otras prácticas laborales injustas.  

Dicha situación afecta los salarios, los derechos laborales, así como la salud y la seguridad de estos trabajadore y sus familias. Los inmigrantes indocumentados son más vulnerables a la explotación y tienen menos probabilidades de tomar medidas al respecto debido al temor a la deportación.  

De hecho, Erica Lomelí Corcoran informó que la fundación que dirige ha atendido casi medio millar de casos de trabajadores agrícolas arrestados por ICE y les ha brindado asesoría legal. Sin embargo, no pudo dar a conocer cuántos de ellos lograron evitar la deportación.  

Jonathan Angulo, el analista de investigación de la fundación, manifestó que el 13% de las personas encuestadas, es decir, aproximadamente 300 de 2,250, teme sufrir persecución en sus lugares de nacimiento.  

“[El porcentaje] refleja términos cualitativos del miedo a ser asesinados y extorsión: dicen que si regresan a su pueblo o comunidad le tiene que dar una cantidad de dinero a los narcos porque, si no lo hacen, secuestran sus familias”, le dijo Angulo a La Opinión. Esa fue la razón por la que no preguntaron a los encuestados por su país de origen.  

Conclusiones de la encuesta  

• Impactos de las redadas: el 92% de los encuestados reportaron que las redadas migratorias y las deportaciones han afectado su empleo.  
• Residencia estadounidense: la mayoría, el 80%, ha vivido en los Estados Unidos por más de 10 años, y el 41% por más de 20 años, revelando las raíces profundas que han creado en sus comunidades.  
• Años de empleo: más del 40% de los encuestados han laborado en la agricultura por más de 20 años, lo que demuestra su experiencia profesional y habilidades laborales.  
• Efectos inhibidores: el 90% se preocupa por la separación de su familia debido a las deportaciones, el 49% no ha vivido en su país de origen por muchos años, el 43% tiene miedo de no poder regresar a Estados Unidos y el 13% tiene miedo de la persecución en su país de origen.  
• Deportaciones y las separaciones de familias: el 76% reportó su deseo de protección contra la deportación y detención y el 53% espera una vía hacia un estatus legal y la ciudadanía estadounidense.  
• Prioridades de política migratoria: el 66% de los encuestados quieren un salario digno y el 50% empleo con beneficios, lo que señala su deseo de políticas laborales a favor de los campesinos.  
• Prioridades de política económica: si el Congreso estadounidense llegara a aprobar una ley de reforma migratoria que les dé un estatus legal a los campesinos, el 87% de los encuestados dijo que una de sus primeras acciones sería visitar a sus seres queridos en su país de origen, a quienes muchos no han podido ver durante muchos años. 

El presidente Donald Trump dio a conocer una controversial iniciativa mediante la cual pretende reemplazar a inmigrantes indocumentados que presuntamente conducen camiones por veteranos del ejército estadounidense.

Sin embargo, la posición del conservador de 80 años parece carecer de fundamento, pues las leyes estadounidenses imposibilitan el otorgamiento de licencias para conducir camiones a extranjeros carentes de una documentación que justifique su estancia en Estados Unidos.

De hecho, esa responsabilidad recae en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), agencia que se encarga de emitir licencias de conducir, registrar vehículos y expedir sus correspondientes placas metálicas en todo el país. Así que, sin su aval, a cualquier extranjero carente de estatus legal le resulta imposible acceder a una licencia para conducir camiones.

Basado en ello, resulta sorprendente que Trump haya lanzado la iniciativa denominada “Freedom Haulers” (Transportistas de la Libertad), la cual se enfocará en camioneros prácticamente inexistentes, pues, en teoría, ningún inmigrante sin documentos que avalen su estancia en el territorio estadounidense puede acceder a una licencia para conducir camiones y, hacerlo sin ella, implicaría un riesgo muy alto de ser detectado por las autoridades durante los controles de vigilancia efectuados periódicamente en distintas carreteras estadounidenses.

A sabiendas de ello, este jueves, el hombre de 80 años que gobierna la Casa Blanca, acompañado por Sean Duffy, secretario de Transporte, y Keith Sonderling, secretario de Trabajo interino, advirtió que su lucha para deportar a inmigrantes indocumentados se extenderá hacia un sector de ellos condiciendo camiones en distintas las carreteras de la nación.

Trump además anticipó que la baja de estos conductores será reemplazada por veteranos de las Fuerza Armadas que se ajusten al perfil y cumplan con los requisitos.

A todos ellos se les otorgarán licencias de conducir comerciales (CDL) aceleradas.

Incluso se aseguró que los veteranos sin experiencia en la conducción de camiones podrán recibir capacitación para obtener el documento exigido por el Departamento de Transporte.

Alineándose a la nueva disposición del presidente, Werner Enterprises, empresa estadounidense de transporte y logística que presta servicios en Estados Unidos, México y Canadá, anunció estar abierta a contratar a 1,400 veteranos y cónyuges de veteranos para sumarse a la conducción de camiones.

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