Un juez federal de Nueva York ordenó a ICEaplicar de manera permanente nuevas condiciones para las personas detenidas en 26 Federal Plaza, en Manhattan, después de concluir que durante 2025 fueron sometidas a hacinamiento, falta de higiene, problemas para dormir, alimentación insuficiente y acceso limitado a atención médica y abogados.
El juez de distrito Lewis A. Kaplan emitió una opinión de 127 páginas en el caso Barco Mercado v. Mullin, en la que concedió una injunction permanente y certificó una clase que incluye a todas las personas que actualmente están detenidas o que sean detenidas en el futuro por ICE en ese edificio.
El fallo no se limita a quienes permanecieron allí durante días. Kaplan determinó que algunas de las condiciones denunciadas podían afectar a las personas prácticamente desde su llegada, entre ellas la falta de atención médica adecuada, las restricciones para realizar llamadas confidenciales a abogados y las condiciones de hacinamiento e higiene.
Más de 70 detenidos en una misma habitación
El documento judicial describe cómo aumentó la cantidad de personas retenidas en las salas de espera de 26 Federal Plaza. Antes del verano de 2025, ICE normalmente mantenía allí a menos de 10 detenidos. Hacia finales de mayo, la cifra llegó a entre 40 y 70 personas en las salas en determinados momentos, según el expediente.
Los testimonios recogidos durante el proceso también describieron las condiciones para dormir. El tribunal encontró que ICE no proporcionaba camas, catres, almohadas ni otros elementos adecuados, por lo que algunos detenidos tuvieron que descansar sobre láminas de aluminio o mylar. Las luces permanecían encendidas durante la noche y algunos testimonios señalaron temperaturas extremadamente frías o calientes.
En materia de higiene, el fallo recoge testimonios de personas que dijeron no haber podido bañarse ni cepillarse los dientes. Una persona aseguró haber permanecido 19 días con la misma ropa con la que fue arrestada. Otra mujer declaró que durante cinco días de menstruación solo recibió dos toallas sanitarias para todas las mujeres de su habitación.
¿Qué tendrá que cambiar ICE?
La nueva orden establece, entre otras medidas, límites de ocupación y un mínimo de 50 pies cuadrados de espacio por detenido, además de condiciones adecuadas para dormir. Las personas que pasen la noche deberán recibir una colchoneta, almohada y manta limpias, mientras que las luces deberán atenuarse entre las 9:00 p. m. y las 7:00 a. m.
También se ordenan mecanismos para garantizar llamadas legales confidenciales, incluida la posibilidad de realizar una llamada dentro de la primera hora de detención. El tribunal estableció además requisitos relacionados con evaluaciones médicas, alimentación, higiene y temperatura de las salas.
El medio Axios, al reportar el fallo, destacó que Kaplan describió las condiciones como “inhumanas e inconstitucionales” y señaló que ICE había mantenido a personas durante periodos mucho mayores de los previstos para esas instalaciones.
Por su parte, la ACLU, una de las organizaciones que llevó el caso, dijo que la orden representa protecciones permanentes para quienes sean detenidos en el lugar. La organización sostuvo que no debería haber sido necesaria una demanda federal para que ICE cumpliera con sus obligaciones.
El fallo, por tanto, no elimina la facultad del gobierno para realizar detenciones migratorias. Lo que establece son condiciones obligatorias sobre cómo deben ser tratadas las personas mientras permanezcan bajo custodia de ICE en 26 Federal Plaza.
La muerte de un costarricense de 36 años bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) elevó a al menos 58 el número de personas fallecidas bajo custodia migratoria desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, según el seguimiento realizado por AP.
El caso de Carlos Josué Marchena Marchena, quien murió el 18 de septiembre en el Winn Correctional Center, en Luisiana, volvió a colocar bajo escrutinio las condiciones de detención y la atención médica que reciben los inmigrantes detenidos por ICE.
Pero mientras aumentan las preguntas sobre la actuación de la agencia, el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, lanzó un mensaje desafiante durante un evento del Departamento de Justicia (DOJ) celebrado el en Washington.
“Vamos a seguir presionando. No vamos a disculparnos. Pueden odiarnos todo lo que quieran, no vamos a irnos a ningún lado” y añadió “Los gobernadores de las ciudades santuario pueden decir que los estoy amenazando, que, ya saben, Homan es un racista, que es, ya saben, un nazi. Digan lo que quieran de mí, me importa un [insulto]” .
La declaración fue pronunciada durante la cumbre del DOJ sobre víctimas de delitos violentos, donde Homan defendió la continuidad de las operaciones de ICE en todo Estados Unidos. Según el reporte de The Hill, el funcionario aseguró que la agencia continuará con sus labores pese al creciente escrutinio sobre sus operaciones.
La muerte que llevó el conteo a 58
De acuerdo con AP, Marchena fue encontrado inconsciente el 18 de septiembre en el centro de detención de Winn. El personal realizó maniobras de reanimación y posteriormente fue trasladado en ambulancia a un hospital, donde fue declarado muerto.
Su hermana, su novia y un detenido que se encontraba en una celda cercana dijeron a AP que Marchena se había quejado de recibir de manera irregular sus inyecciones de insulina, además de tener problemas con las comidas y el acceso al agua mientras era trasladado entre distintos centros de detención.
La familia señaló que padecía diabetes tipo 1 y que su condición se deterioró después de llegar a Winn. Sin embargo, la causa oficial de su muerte todavía está pendiente de un examen médico adicional.
ICE rechazó que hubiera existido una falta de atención médica. En un comunicado citado por la agencia afirmó: “Marchena recibió la atención médica apropiada y fue atendido por profesionales de la salud”.
El centro donde murió también había sido señalado recientemente por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional por incumplimientos relacionados, entre otros aspectos, con la atención médica.
Homan promete que ICE seguirá adelante
Las declaraciones de Homan se producen en un momento de creciente atención sobre las operaciones de ICE, que durante el gobierno de Trump ha incrementado las detenciones y deportaciones.
El funcionario también dijo que la agencia continuará concentrando recursos en las llamadas ciudades santuario y que hará cumplir las leyes migratorias “sin disculpas”.
“Les aseguro que seguiremos haciendo el trabajo todos los días en todo el país”, afirmó Homan.
La frase llega apenas días después de que la muerte de Marchena se convirtiera en la número 58 registrada por la agencia antes citada desde enero de 2025. La cifra corresponde al conteo periodístico de la agencia y no a una estadística anual única publicada por el gobierno estadounidense.
Mientras continúan las investigaciones sobre el fallecimiento del costarricense, la postura de Homan deja claro que el gobierno de Trump mantiene su intención de continuar con la estrategia de control migratorio, detención y deportación, aun frente al escrutinio generado por los casos ocurridos bajo custodia de ICE.
Trump’s Border Czar Tom Homan, following the 58th death in ICE custody:
We’re not gonna apologize. You can hate us all you want, we’re not going anywhere. ICE will continue pic.twitter.com/cecG6xbeoi
“Tengan cuidado si están en el área; tenemos a la migra aquí”, se escucha decir a un organizador del grupo de defensa de inmigrantes Unión del Barrio en un video de alerta publicado el miércoles por la mañana en City of Industry.
De acuerdo con Ron Góchez, líder de Unión del Barrio, el comunicado llegó alrededor de las 7:50 a. m., en el que se le informó a la comunidad por Instagram que un organizador llamado Ron — que no debe confundirse con Ron Góchez — confirmó que un vehículo Ford negro, estacionado frente a la oficina del Departamento del Sheriff de City of Industry, era de agentes de inmigración.
Según imágenes exclusivas analizadas por La Opinión, en algún momento lo que comenzó como una respuesta de rutina a la presencia de ICE en la comunidad se convirtió, según los organizadores, en una sesión de burlas e intimidación por parte de un agente de inmigración.
“Los agentes, desde sus vehículos, utilizaron el altavoz que llevan y empezaron a burlarse, diciendo: ‘Oye, Ronald, ¿crees que podrías conseguirme una Big Mac?’, como una forma de hacerle saber a Ron que sabían su nombre”, dijo Góchez, quien hablaba en nombre del activista, miembro de Unión del Barrio. “Y luego se pusieron a burlarse de él llamándolo ‘Ronald McDonald’”.
En los videos se puede observar que, mientras el vehículo se acercaba al organizador, quien estaba parado afuera de las oficinas del Departamento del Sheriff en la avenida Hudson, uno de los agentes empezó a mencionar el nombre completo del organizador—quien prefirió no compartir su nombre completo en este artículo por motivos de seguridad—, indicando su dirección completa y preguntando: “¿Todavía vives en (dice la dirección)?”. Luego, el agente empezó a mencionar nombres de familiares que viven en la casa del organizador y a preguntarle si aún viven con él.
“Te esperaré ahí”, le responde el organizador al agente, quien le dijo que es posible que visite su casa.
Captura de uno de los dos videos que La Opinión revisó. Crédito: Union del Barrio | Cortesía
“Le estaban haciendo saber que ellos saben quién es y dónde vive. Básicamente, es una amenaza. Es una amenaza velada”, dijo Góchez. “En ese momento su vehículo estaba ahí, así que lo acorralaron para que no pudiera irse, por lo que quedó atrapado entre los agentes del ICE y la estación del sheriff; fue entonces cuando se publicó en Instagram la solicitud de refuerzos”.
Góchez explicó que el Distrito Escolar Unificado de Hacienda La Puente se encontraba a solo 6 minutos del lugar del incidente, lo cual era una de las principales razones por las que querían que los agentes se retiraran de la zona, por temor a que algún padre fuera detenido. Agregó que en esos momentos los organizadores llamaron a las escuelas cercanas y a los negocios locales para alertarlos.
Finalmente, los agentes se retiraron, pero, según Góchez, quien se mantenía en contacto con los organizadores en el lugar, regresaron poco después, antes de irse de nuevo, y, finalmente, los organizadores los encontraron dando vueltas por el estacionamiento trasero de un supermercado Superior cercano.
“Dondequiera que fueran, informábamos a la comunidad para que la gente supiera por dónde andaban”, contó Góchez. “Al final comenzaron a irse, y algunos de nuestros miembros confirmaron que su destino final fue el centro de Los Ángeles, en el Centro Metropolitano de Detención; se fueron de la vecindad”.
“Así que nadie fue detenido ese día”, concluyó Gochez.
Pero parece que los insultos al organizador en el video fueron más allá de ese incidente. En unas capturas de pantalla a las que La Opinión tuvo acceso, parece que una página que la organización describe como “falsa”, con el nombre de Jay Martínez, hizo comentarios en el perfil de Unión del Barrio similares a los que el agente le hizo en persona al organizador.
Capturas de pantalla de los comentarios en el Instagram de Unión del Barrio.
“Vete a casa, Ronald (apellido). Pomona te está esperando”.
Seguido por otro comentario con una imagen generada por IA de lo que parece ser el organizador vestido como el payaso Ronald Mcdonald del restaurante McDonald’s.
“Sabemos que es posible que esa persona con ese perfil en Instagram sea uno de los propios agentes”, dijo el líder de Unión del Barrio.
Aunque se considera legal que los departamentos de policía, incluidos los agentes de inmigración, creen cuentas falsas en Instagram u otras redes sociales con fines de vigilancia, está prohibidos por ley utilizarlas para acosar a personas.
La Opinión se puso en contacto con ICE para solicitar un comentario sobre el comportamiento de sus agentes, pero al cierre de esta edición no ha recibido respuesta.
“Eso no está bien; imagínate si nosotros los tratáramos igual. ¿Hostigándolos, amenazándolos, mencionando a miembros de su familia y acosándolos en línea? La reacción sería completamente diferente; probablemente estaríamos en la cárcel o sufriríamos graves consecuencias si alguno de nosotros actuara así”, dijo Góchez.
Nueva forma de operar
El líder de la organización comunitaria compartió que, aunque las redadas masivas que se vieron a principios del año y en 2025 ya no ocurren con tanta frecuencia, los arrestos continúan en los exteriores de cortes, aeropuertos, cárceles y oficinas de inmigración. Diciendo que, normalmente, los agentes esperan a que la gente salga de estos lugares para poder arrestarla. Una estrategia que pensaron que se utilizó el miércoles cuando los agentes se estacionaron afuera del Departamento del Sheriff en City of Industry.
La Opinión habló con empleados del supermercado Superior y de otros negocios cercanos a la oficina del alguacil, donde ocurrió el incidente, y todos mencionaron que en el último mes se ha observado un aumento de la presencia de agentes de ICE en el Valle de San Gabriel.
“Creo que la zona de Los Ángeles que más está sufriendo en este momento es el Valle de San Fernando y comunidades como la de hoy (miércoles)”, consideró Gochez. “Creo que esto se debe a que hay menos organización allá en comparación con donde estamos nosotros, en South Central y en el centro de Los Ángeles; por eso, en nuestra zona hay muy poca actividad de ICE, porque creo que saben que patrullamos todos los días”.
El activista mencionó que, para satisfacer la demanda en zonas como el Valle de San Fernando y otras, pronto comenzarán a ayudar a organizar grupos más grandes con el fin de proteger a las comunidades más vulnerables.
En cuanto a la vigilancia a la que sienten que están sometidos, dijo que sabían que cuanto más lograra la comunidad impedir que detuvieran a alguien, más estarían en el punto de mira de ICE.
“Sabemos que nos están observando por el trabajo que hacemos, lo entendemos. Pero no nos vamos a dejar intimidar”, dijo Góchez. “No vamos a detenernos. Solo hemos ido creciendo. Vamos a durar más que ellos. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y no nos van a detener”.
La Administración de Donald Trump pidió este jueves a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita continuar deportando rápidamente a migrantes hacia países distintos de aquellos de los que proceden, después de que tribunales inferiores bloquearan la política por considerar insuficientes las garantías ofrecidas a los afectados.
El Departamento de Justicia presentó una solicitud de emergencia ante el máximo tribunal horas después de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, permitiera que entrara en vigor una decisión que impide al Gobierno realizar estas expulsiones sin dar antes a los migrantes una oportunidad efectiva para plantear sus temores sobre el país de destino.
El fiscal general Todd Blanche había anunciado previamente que el Gobierno recurriría de inmediato a la Corte Suprema para intentar mantener vigente la política.
Garantías antes de la expulsión
El caso plantea qué procedimiento debe seguir el Gobierno cuando pretende enviar a una persona a un país que no es aquel del que procede.
Los tribunales inferiores determinaron que los migrantes deben recibir una notificación suficiente y una oportunidad significativa para explicar si consideran que podrían ser perseguidos o sometidos a tortura en el país al que Estados Unidos pretende enviarlos.
La decisión afecta a una política migratoria que la Administración Trump comenzó a utilizar en 2025 para trasladar a personas a terceros países, incluso cuando no podían ser enviadas directamente a sus países de origen.
El Gobierno sostiene que los requisitos impuestos por los tribunales dificultan la ejecución de las deportaciones y generan problemas operativos. Entre ellos, la Administración menciona dificultades para organizar vuelos y casos en los que las expulsiones han tenido que ser canceladas.
La disputa judicial no gira únicamente en torno al destino de los migrantes, sino también al momento en que deben poder presentar sus objeciones y a las garantías que deben recibir antes de ser trasladados fuera de Estados Unidos.
Más de 25,000 envíos
La política ha permitido el traslado de más de 25,000 migrantes a terceros países, según datos citados por organizaciones de derechos humanos. Entre los destinos utilizados se encuentran México, Uganda y otros países con los que la Administración estadounidense ha establecido acuerdos.
Los tribunales han cuestionado que algunas de estas expulsiones se hayan realizado con poco aviso y sin ofrecer a los afectados una oportunidad efectiva para demostrar que podían enfrentar riesgos en el país de destino.
Amnistía Internacional pidió este jueves al Gobierno de Estados Unidos abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de documentar lo que la organización describe como un patrón recurrente de violaciones de derechos humanos durante operativos migratorios en cuatro zonas del país.
El informe, titulado “Teníamos silbatos, ellos tenían armas”: violaciones de derechos humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para abolir el ICE, analiza las actuaciones de agentes federales en Chicago, Minneapolis-St. Paul, Nueva Orleans y Washington D.C.
La investigación se basa en entrevistas con 154 personas y sostiene que los abusos registrados no fueron hechos aislados, sino parte de patrones que se repitieron durante las operaciones examinadas.
Amnistía documentó denuncias de discriminación racial, detenciones arbitrarias, intimidación, uso injustificado de la fuerza, represión de protestas y condiciones de detención que, según la organización, podrían vulnerar normas internacionales contra la tortura.
Uso de fuerza letal y detenciones incomunicadas
Entre los casos analizados, la organización documentó el uso de fuerza letal contra siete personas en Chicago, Minneapolis-St. Paul y Washington D.C.
Amnistía cuestionó además algunas versiones oficiales sobre los tiroteos y señaló que, en determinados casos, fueron contradichas por videos, testimonios de testigos o investigaciones posteriores.
El informe también recoge acusaciones de detenciones en régimen de incomunicación y posibles desapariciones forzadas. Según la organización, en algunos casos ICE se negó a confirmar si determinadas personas permanecían bajo custodia o a informar sobre su paradero a familiares y abogados.
Amnistía afirma además que agentes federales utilizaron gases lacrimógenos, gas pimienta y otros dispositivos considerados menos letales contra manifestantes, observadores y miembros de equipos de respuesta comunitaria durante operaciones en Chicago y Minneapolis-St. Paul.
La organización denunció asimismo que agentes actuaron con frecuencia con el rostro cubierto, sin identificación visible y en vehículos sin distintivos. Según el informe, las violaciones documentadas rara vez fueron seguidas por investigaciones independientes y efectivas o por mecanismos significativos de rendición de cuentas.
Denuncian perfiles raciales durante las operaciones
Amnistía sostiene que agentes de ICE, la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales seleccionaron a personas que consideraban migrantes basándose, entre otros factores, en su raza, color de piel, nacionalidad, etnia, idioma o acento.
El informe señala que las operaciones también afectaron a ciudadanos estadounidenses, personas con estatus migratorio regular, solicitantes de asilo, refugiados y miembros de comunidades indígenas.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional USA, Nadia Daar, afirmó que las prácticas documentadas muestran que los abusos han alcanzado un nivel que, a juicio de la organización, requiere una respuesta institucional.
“Agentes federales enmascarados y armados atacando impunemente a personas en las calles no hacen que nuestras comunidades sean más seguras: ponen a todo el mundo en peligro”, declaró Daar.
La organización sostiene que las violaciones no pueden atribuirse únicamente a actuaciones individuales de agentes, falta de entrenamiento o fallas aisladas de supervisión. Según su investigación, existe un entorno institucional en el que las prácticas violentas y discriminatorias fueron respaldadas y ampliadas durante la Administración Trump.
Por ello, Amnistía concluye que las reformas parciales no son suficientes y reclama la abolición inmediata de ICE como paso necesario para establecer un sistema de control migratorio que cumpla con las obligaciones internacionales de derechos humanos.
Además de abolir la agencia, la organización pidió poner fin a las políticas de detención y deportación masivas que considera abusivas, eliminar las prácticas de control migratorio basadas en perfiles raciales, investigar de manera independiente las denuncias contra agentes y detener el uso ilegal de tecnologías de vigilancia y reconocimiento facial.
Amnistía Internacional (AI) acusó al gobierno de Estados Unidos de cometer violaciones generalizadas de derechos humanos durante las operaciones federales de control migratorio realizadas entre 2025 y 2026 en Chicago, Minneapolis-St. Paul, Nueva Orleans y Washington, D.C., y pidió el “fundamental desmantelamiento” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La organización documentó detenciones arbitrarias, discriminación racial, intimidación, vigilancia ilícita, represión de protestas y uso injustificado de la fuerza, incluida fuerza letal. Algunas de las muertes registradas durante los operativos, señaló, deberían investigarse como posibles “ejecuciones extrajudiciales”.
Las conclusiones forman parte del informe de 130 páginas “Teníamos silbatos, ellos tenían armas: Violaciones de derechos humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para abolir el ICE”, elaborado después de 154 entrevistas y del análisis de más de 30 materiales audiovisuales.
Our latest report documents widespread human rights violations committed by ICE and other federal agencies. Based on our findings, we’re calling for ICE to be abolished, immediately. https://t.co/bCVs5ckIvU
De acuerdo con el informe, los abusos no fueron hechos aislados atribuibles únicamente a agentes individuales, sino que forman parte de un patrón que se repite en distintas ciudades y que estaría relacionado con las políticas impulsadas por el gobierno de Donald Trump. Amnistía Internacional afirmó que las operaciones estuvieron acompañadas de perfiles raciales, detenciones discriminatorias y arbitrarias, hostigamiento y trato degradante hacia inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados, así como contra personas negras y de piel oscura y quienes acudieron en ayuda de las comunidades.
Entre los casos de uso ilegítimo de fuerza letal mencionó los disparos contra Marimar Martínez y Silverio Villegas González en Chicago; Julio César Sosa-Celis, Renee Good y Alex Pretti en Mineápolis; además de Philip Brown y Justin Bryant Nelson en Washington, D.C.
“Los homicidios ilícitos de Villegas González, Good y Pretti podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, señala el documento.
El reporte también acusa a agentes federales de utilizar gas lacrimógeno y ‘spray’ de pimienta contra manifestantes, observadores y redes de respuesta rápida, además de recurrir a tecnologías de reconocimiento facial que, según la organización, vulneran el derecho a la privacidad.
Denuncia condiciones de detención y falta de acceso legal
La organización señaló además un “patrón generalizado” de detenciones prolongadas en oficinas de campo, centros de procesamiento y otros edificios oficiales, en algunos casos bajo condiciones que calificó de “inhumanas” y que podrían constituir “tortura”. Amnistía afirmó que algunas personas detenidas tuvieron dificultades para acceder a abogados y familiares, mientras que en determinados casos el ICE habría rechazado confirmar si una persona permanecía bajo custodia o informar sobre su paradero.
Para la organización, estas prácticas pueden constituir “detención en régimen de incomunicación y posibles actos de desaparición forzada”. El informe también recoge testimonios sobre el impacto de los operativos en las comunidades. Liish Kozlowski, representante del estado de Minnesota, relató el caso de una familiar embarazada que, según su testimonio, fue detenida mientras viajaba en automóvil.
“Mi prima iba en su coche camino del trabajo con su esposo. El ICE llegó, buscando literalmente a personas negras y de piel oscura. Le rompieron la ventanilla a punta de pistola”, relató Kozlowski.
Un informe de la ONG detalla que los centros de procesamiento y oficinas de campo del ICE han sido utilizados para detenciones prolongadas bajo condiciones crueles e inhumanas.Crédito: Eric Gay/ Archivo | AP
La organización exige abolir el ICE
Nadia Daar, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos, sostuvo que los abusos documentados representan una nueva escalada en la actuación de las autoridades migratorias. “Nuestro informe documenta un escalofriante patrón de violaciones de derechos humanos en todo Estados Unidos con el fin de infundir miedo en las comunidades de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas”, declaró.
La organización sostiene que el sistema de detenciones y deportaciones masivas está impulsado por discursos “racistas, xenófobos y falsos” y que las violaciones requieren cambios estructurales, no solamente ajustes internos.
“El ICE es fundamentalmente inservible y no tiene arreglo”, afirmó Daar. “Para que el gobierno de Estados Unidos tenga un sistema de control migratorio que cumpla con las leyes y normas de derechos humanos, es necesario abolir el ICE y empezar de cero”. Amnistía también destacó la respuesta de organizaciones comunitarias mediante redes de ayuda mutua, observadores, redes de respuesta rápida y protestas.
Sin embargo, sostuvo que algunas manifestaciones fueron respondidas con nuevas acciones de fuerza por parte de agentes federales. La organización concluyó que las operaciones generaron un clima de temor que se extendió más allá de las personas directamente afectadas, alcanzando escuelas, centros de salud, templos, lugares de trabajo y vecindarios de comunidades migrantes.
Un médico especialista recomendó operar a Wilber Garcés, el migrante venezolano detenido en el sur de Texas después de que un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) le disparara en la espalda, para extraerle la bala que aún tiene incrustada en el cuerpo.
Así lo informó este miércoles en una rueda de prensa en San Antonio, Texas, el congresista demócrata Greg Casar, quien visitó este miércoles a Garcés en el centro de detención de Pearsall para conocer su estado de salud y hablar directamente con él.
El legislador aseguró que el migrante, de 28 años, está en una silla de ruedas, tiene un cabestrillo en el brazo izquierdo y la herida, donde penetró la bala, cubierta con gaza en la que se “está acumulando sangre”.
A su vez, agregó Casar, Garcés dijo haber estado sufriendo dolor “constante” desde que fue abaleado y solo haber recibido analgésicos orales hasta una hora antes de la visita de Casar, cuando le pusieron una inyección que “lo alivió un poco”.
El domingo, después de que Garcés recibiera el disparo por parte de ICE, los servicios de emergencia de Austin lo llevaron a un hospital local. Sin embargo, el centro médico le dio el alta unas tres horas después de admitirlo, con bala aún dentro de su cuerpo.
De ahí, señaló Casar, las autoridades lo trasladaron primero a un centro de procesamiento de ICE en Plugerville, al norte de Austin y luego al centro en Pearsall, donde llegó en la madrugada del lunes.
Según el legislador, Garcés pudo ver al especialista médico hoy en un hospital San Antonio, el cual le recomendó que se le hiciera cirugía para retirarle la bala.
“Obviamente, todos sabemos que una operación tiene sus riesgos y sus beneficios pero si Wilber y su esposa deciden que la necesita, ICE debe agilizar su atención médica”, agregó el político, del ala progresista del partido demócrata.
La visita del legislador a Garcés llega un día después de que un grupo de más de 100 congresista exigiera a ICE la liberación del migrante para que pueda obtener el cuidado médico necesario, al igual que se impidiera su deportación a Venezuela.
Casar insistió hoy en estas exigencias y pidió, a su vez, transparencia sobre la atención médica que recibió Garcés el día del tiroteo.
“A ninguno de los profesionales de la salud con los que he hablado le parece lógico que una persona que recibió un disparo en la espalda, todavía tiene la bala dentro del cuerpo, sigue sangrando y siente un dolor intenso haya recibido el alta hospitalaria menos de cuatro horas después del disparo”, indicó,” alguien con una herida así debería permanecer bajo atención médica”.
El Secretario de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, rechazó también hoy en una publicación en la plataforma X las denuncias de Casar y aseguró que los migrantes en centro de detención “reciben una atención de mejor calidad que en la que hay en la mayoría de prisiones donde están recluidos ciudadanos estadounidenses”.
La abogada que representa a Garcés, Kate Lincoln-Goldfinch, presentó el lunes una demanda ante una corte federal en la que se solicita su liberación inmediata y suspensión de su deportación y se fijó una audiencia para el 30 de septiembre.
El venezolano entró en Estados Unidos en 2024 mediante la aplicación CBP One, un programa activo durante el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025) que permitía a los migrantes solicitar una cita para presentarse en un puerto de entrada fronterizo y pedir asilo, según su abogada y su familia.
Pese a que presentó una solicitud de asilo, el migrante tiene una orden de deportación en su contra, que fue dictada en ausencia por un juez de inmigración. Según Lincoln-Goldfinch, él no acudió a la audiencia porque la notificación llegó a una dirección antigua, pese a que había informado al Gobierno de su cambio de domicilio.
El republicano Paul LePage, exgobernador de Maine y actual candidato a la Cámara de Representantes, reveló que un integrante de su familia enfrenta un proceso de deportación por parte de ICE, aunque, según su versión, cuenta con un permiso válido para trabajar en Estados Unidos.
LePage hizo la declaración durante un evento en Augusta, donde recibió el respaldo de la Fraternal Order of Police. De acuerdo con Bangor Daily News y Central Maine, el familiar es el padre de su nuera y, según el político, se encuentra legalmente en el país.
“Eso no está bien. Tiene un permiso de trabajo. Debería permitírsele quedarse”, afirmó LePage al referirse al caso.
El republicano también dijo que el hombre estaría siendo deportado porque proviene de un país que, según sus palabras, “no es del agrado de ciertas personas en Washington”.
Sin embargo, LePage no identificó al familiar, no reveló su país de origen ni explicó cuál es la base legal del procedimiento migratorio. Tampoco se ha informado públicamente qué autoridad inició el proceso ni cuáles son las circunstancias específicas del expediente.
Su postura sobre ICE también hizo ruido
El intento de deportación resulta relevante porque LePage ha convertido la inmigración y el control fronterizo en temas centrales de su campaña. Durante el mismo evento, defendió que ICE tiene una función que cumplir, aunque planteó que las operaciones deberían concentrarse en determinados grupos.
“Ellos tienen un trabajo que hacer”, dijo LePage sobre los agentes de inmigración. Después añadió que no perseguiría a todas las personas que llevan décadas en el país y tienen permisos de trabajo. “Probablemente iría tras las pandillas y los criminales”, afirmó.
La postura del republicano ocurre después de una fuerte presencia de agentes de ICE en Maine durante este año. Según datos de Bangor Daily News, casi 200 personas fueron detenidas durante el operativo de enero y solo 11 tenían condenas penales.
Hasta ahora, no existen detalles públicos suficientes para determinar por qué las autoridades migratorias buscan deportar al allegado de LePage.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) modificó su plataforma digital de rastreo, ocultando la ubicación actual de los migrantes que poseen órdenes definitivas dedeportación, así lo afirmó The Associated Press, que citó a varios abogados relacionados con el tema.
Desde el 15 de septiembre, ICE eliminó de su base de datos pública a las personas que ya tienen una orden de deportación final. Según los registros analizados por el Deportation Data Project, casi 16,000 migrantes se encontraban bajo esta condición legal durante el mes de julio.
Sin embargo, esta medida no se aplica a los centros de retención ubicados en Adelanto (California), Minneapolis, Nueva York y los suburbios de Chicago, debido a dictámenes previos emitidos por tribunales locales, indicó Telemundo Houston, que citó a AP.
Reacciones de las organizaciones legales
Por su parte, Greg Chen, quien lidera la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración alertó sobre el impacto de este hecho.
“Las familias entran en pánico porque creen que la persona ha sido deportada y no saben dónde podría estar”, señaló Chen. “Del lado de los abogados, esto tiene serias implicaciones para la capacidad de contactar a su cliente. Sin duda, tiene implicaciones sobre cómo interferirá con la relación abogado-cliente”.
Mientras tanto, Michelle Mendez, directiva del National Immigration Project, cuestionó la medida y expresó: “Para mí, es simplemente otra iteración de hacer desaparecer a la gente”.
En la misma línea, Atenas Burrola Estrada, del Amica Center for Immigrant Rights, confirmó la ausencia de registros e indicó que “todos y cada uno de nuestros clientes que tiene una orden final ha desaparecido del localizador”, mientras que My Khanh Ngo, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), alertó sobre las dificultades para ejercer la defensa.
“Si no puedes encontrar a tu cliente, no sabes qué está pasando con tu cliente, no puedes llevar esa información al tribunal para detener su expulsión”, apuntó Khanh.
¿Qué ha dicho ICE y el DHS al respecto?
ICE rechazó los señalamientos. En su declaraciones a Telemundo Arizona, el organismo enfatizó que la agencia “no desaparece a las personas (…) “esta es una mentira ridícula que los medios difunden para demonizar a los agentes de ICE, quienes enfrentan un aumento del 1,300% en las agresiones en su contra”.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acompañó la postura de ICE al asegurar que los procedimientos aplicados respetan los derechos constitucionales y que la prioridad de la agencia es concretar las expulsiones definitivas según la disponibilidad logística de los centros.
María* tiene un tic en el ojo derecho. Desde que los agentes de ICE aparecieron en las calles de Doral, ese movimiento involuntario se volvió casi constante, hasta que un día sintió que la mitad de su rostro se paralizaba.
Doral es uno de los 34 municipios del condado de Miami-Dade, en el sur de Florida, y durante siete años ha sido el hogar de María, su esposo y sus hijas.
También es la ciudad con la mayor población venezolana de Estados Unidos y una de las más custodiadas durante los últimos meses por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en medio de la promesa del gobierno del presidente Donald Trump de ejecutar el mayor operativo de deportación en la historia del país.
Con un caso de asilo pendiente, esta mujer venezolana de 52 años cambió su rutina para minimizar la posibilidad de toparse con patrullas de ICE en las esquinas de Doral, temerosa de ser detenida si las autoridades vinculan su estatus migratorio con la placa de su auto.
“Nosotros pedimos asilo afirmativo y el caso nunca cambió de estatus porque no hemos tenido ni siquiera la entrevista. Pero el caso está activo”, explica.
Asilo afirmativo significa que María solicitó voluntariamente esta protección. Las leyes vigentes establecen que ella y su familia deberían estar protegidos contra la deportación mientras esperan la decisión de un juez o de un oficial de migración sobre su caso.
Pero desde que ICE se llevó a su primo en Orlando en junio, pese a que también tenía un caso de asilo afirmativo, María siente que el riesgo de deportación es elevado.
Getty: Doral es la ciudad con la mayor población venezolana de Estados Unidos.
“Es como si me faltara el aire”
En un esfuerzo por conservar su trabajo, solo sale a la calle para ir a la oficina. Dejó de caminar por el parque cercano, abandonó sus clases de baile y no volvió a asistir a reuniones sociales.
Cada vez que una madre de la escuela se ofrece a llevar a su hija a clases, María acepta agradecida. Suele ser otra mujer venezolana que dispone de ciudadanía estadounidense y busca a los niños de otras familias que también se sienten amenazadas.
“Todo este año he estado muy asustada. Mis pasos están súper restringidos, no estoy haciendo ninguna actividad extracurricular. Ya no puedo más con esto, no me estoy sintiendo bien”, cuenta en una llamada telefónica.
Antes de salir de casa, revisa portales como iceout.org o cuentas que reportan noticias de Doral para verificar si hay reportes del lugar exacto por donde transitan las patrullas de ICE.
Sentada en el puesto del copiloto mientras su esposo conduce, María siente que su corazón se acelera. En un intento por apaciguar la angustia, instaló una aplicación en los teléfonos de su esposo y sus hijas para monitorear dónde están en todo momento.
“Cada vez que la aplicación suena y dice que alguien llegó a la casa, yo respiro. Desde que tengo esta ansiedad, aguanto la respiración. Es como si me faltara el aire, como si estuviera bajo el agua”.
La sensación se parece a lo que María experimentaba antes de emigrar de Venezuela.
“Siento que esto es como un secuestro. Me siento como en Caracas cuando estaban los secuestros exprés”, dice en referencia a la época en la que los delincuentes retenían a sus víctimas para vaciar el dinero de sus cuentas a través de cajeros automáticos o robar pertenencias en sus casas.
Getty Images: María revisa portales y cuentas en redes sociales para informarse de en qué sectores se encuentra ICE en Doral.
“Nos quedamos aquí y punto”
Fue justamente un secuestro lo que empujó a María a quedarse en Estados Unidos.
La familia llegó a Miami en 2019, después de que unos hombres armados obligaran a su esposo, bioanalista en un laboratorio privado en Caracas, a prestarles servicio en medio de un apagón nacional que afectó durante días a casi todos los estados de Venezuela.
“Entraron al laboratorio pidiendo que les hicieran unos exámenes y mi esposo les dijo que la planta eléctrica era para la terapia intensiva y la emergencia de la clínica. Pero ellos sacaron las armas y lo amenazaron para que les hiciera los tests”, recuerda María.
“Él tuvo que hacerles todos los exámenes y procesarlos. Le dijeron que si no lo hacía, lo iban a matar”.
En los días siguientes, el esposo de María vio a aquellos hombres a bordo de motocicletas en semáforos cercanos a la clínica donde trabajaba. Se movían a cara descubierta.
Aunque nunca pudo confirmarlo, la pareja sospechaba que eran “colectivos”, como se conoce en Venezuela a los miembros de grupos paramilitares afines al chavismo.
“Vinimos de vacaciones a Estados Unidos para desconectarnos y descansar. Y cuando estábamos aquí, al hermano de mi esposo lo secuestraron. También preguntaron por mi esposo, lo estaban buscando”, cuenta sobre aquellos días.
“¿Sabes cómo es la cosa?”, recuerda María haberle dicho a su marido… “No vamos a regresar a ningún lugar. No me voy y no me voy. Nos quedamos aquí y punto. Fue así como pedimos asilo”, dice al reconstruir la decisión de instalarse en Doral apenas llegaron.
Aquel vecindario limpio y tranquilo que tanto les había gustado, habitado por numerosas familias venezolanas, también albergaba una de las propiedades más importantes de Trump en Florida: el Trump National Doral Golf Club, un hotel con un campo de golf donde se celebran torneos internacionales.
María transita casi todos los días por esa zona para ir y volver de su trabajo.
Getty Images: Donald Trump visita su hotel y campo de golf en Doral cuando se encuentra en Florida.
“De un plumazo se voló esto”
Dos años después, en 2021, María y su familia se sumaron a los 268.000 venezolanos que recibieron el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) durante el gobierno del expresidente Joe Biden.
Esta figura no solo reconocía que las condiciones en Venezuela impedían el regreso seguro de sus beneficiarios, como lo establece la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, sino que además les concedía tres beneficios: autorización de empleo, permiso de viaje y la garantía de que no serían deportados.
En 2023, con la renovación del TPS para los venezolanos, 350.000 personas más se sumaron a este beneficio.
Pero en febrero de 2025, una vez que Trump asumió la presidencia por segunda vez, una de las primeras medidas de su gobierno en materia migratoria fue eliminar el TPS para los venezolanos, mientras otras 16 nacionalidades todavía gozaban de ese beneficio.
“Cuando pasó todo esto, yo dije: ‘Guau, cómo este señor de un plumazo se voló esto”, señala María. “Pero aún así yo tenía mucha confianza en el sistema judicial”.
La decisión de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señalaba que en Venezuela había “mejoras notables en varias áreas, como la economía, la salud pública y la delincuencia”, por lo cual los venezolanos podían regresar “de forma segura a su país de origen”.
Sin embargo, ocho meses antes la oposición venezolana había presentado pruebas de un fraude electoral que deslegitimaba el triunfo del entonces presidente Nicolás Maduro, en medio de una ola represiva que llevó a miles de detenciones y denuncias de violaciones de derechos humanos en todo el país.
En marzo de 2025, la revocatoria del TPS para los venezolanos fue suspendida por el juez federal Edward Chen.
“Generalizar la criminalidad a toda la población venezolana acogida bajo el TPS carece de fundamento y huele a racismo basado en estereotipos falsos y generalizados”, escribió.
Aunque su criterio fue respaldo por una corte federal de apelaciones en agosto, dos meses después la Corte Suprema de Esatdos Unidos autorizó al gobierno de Trump a poner fin a este programa de protección que beneficiaba a más de 600.000 venezolanos.
AFP via Getty Images: Meses antes de que EE.UU. eliminara el TPS para los venezolanos, se reportaban protestas violentas en las calles y violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Un acuerdo polémico
Dos meses después de la decisión de Noem, en abril de 2025, el Consejo Municipal de Doral aprobó por unanimidad el acuerdo 287(g), un polémico instrumento que autoriza la colaboración entre la policía local y ICE para detener a migrantes.
Frente a la denuncia de comerciantes y empresarios venezolanos que atribuyen la caída de hasta 70% de sus ventas a la presencia de ICE en la ciudad, la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, ha señalado que las autoridades locales no pueden intervenir en los operativos.
Sin embargo, otras alcaldías de Florida, como la del sur de Miami, se negaron en su momento a suscribir este acuerdo.
El martes 22 de septiembre, el alcalde de esa ciudad, Javier Fernández, acudió a las puertas de la alcaldía de Doral junto con exlegisladores del estado para exigir a sus autoridades que revoquen el acuerdo con ICE.
“Derogar la resolución 287(g) no cambia las leyes federales de inmigración ni las políticas federales de cumplimiento migratorio”, respondió Fraga horas más tarde en un comunicado.
“La aplicación de las leyes de inmigración es una responsabilidad federal, y las operaciones federales no terminan en los límites municipales de Doral”, señaló.
“El dolor y la incertidumbre que sienten los habitantes del sur de Florida no deben utilizarse para obtener ventajas políticas ni para convertir a Doral en el rostro de una crisis migratoria nacional que esta ciudad no creó y no tiene autoridad para resolver”, dijo Fraga.
Miami Herald via Getty Images: La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, asegura que las autoridades locales no pueden intervenir.
Un agente en el café
Hace un mes, cuando María vio entrar a un agente uniformado de ICE en la cafetería en la que realizaba una entrevista de trabajo en una mesa del local, decidió que buscaría la forma de quedarse en casa hasta que pudiera marcharse de Estados Unidos.
Aunque su marido revalidó su carrera para intentar otro mecanismo de legalización, las detenciones en Doral le hacen sentir que ya no tienen tiempo para buscar alternativas de permanencia en el país.
“Me da muchísimo dolor dejar la vida que he construido acá, pero esto no es vida. Mi esposo tiene un hermano que vive en Canadá y estamos viendo cómo podríamos movilizarnos hasta allá”, asegura María.
Primero se ocuparán de cerrar el caso de asilo para “seguir las leyes y hacer las cosas correctamente”. Están conscientes de que cuando se vayan, correrán el riesgo de ser detenidos en el aeropuerto, aunque ya tengan pasajes para abandonar Estados Unidos.
“Hay una incertidumbre total”.
Por ahora, María asistirá a otra diligencia que la obligará a salir a la calle: una cita para hacerse “un estudio de los nervios de la parte superior del cuerpo” y una resonancia magnética del cerebro.
Antes de marcharse de Doral, le gustaría saber si el tic nervioso en el ojo derecho y la tensión en los músculos de su cara acabarán convirtiéndose en los síntomas de una nueva preocupación.
* El nombre fue cambiado a petición de la entrevistada para proteger su identidad.
