Category: Inmigracion

  • Identifican al agente de ICE señalado por disparar y matar al mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston

    Identifican al agente de ICE señalado por disparar y matar al mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston

    El agente de ICE señalado de disparar contra Lorenzo Salgado Araujo en Houston fue identificado como Gregory Feathers, casi tres meses después de que el inmigrante mexicano muriera durante una persecución migratoria que continúa bajo investigación. The Texas Tribune identificó a Feathers con base en información de un funcionario familiarizado con el caso. Su participación también aparece respaldada por documentos y por un pasajero.

    El agente no ha sido acusado de ningún delito. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que el disparo ocurrió en legítima defensa, mientras la Fiscalía del Condado de Harris mantiene abierta una investigación que podría llevar el caso ante un gran jurado.

    Identidad mantenida en secreto durante meses

    Salgado Araujo, de 52 años, murió el 7 de julio en Houston mientras viajaba hacia su trabajo en la construcción con su hermano y otros dos pasajeros. El nombre de Feathers aparece en un formulario I-213, documento utilizado por agentes migratorios. El formulario, normalmente no público, fue divulgado por error el mes pasado por la Fiscalía de Estados Unidos.

    Otros registros señalan a Feathers como uno de los agentes involucrados y muestran que llamó a los servicios de emergencia. Un pasajero lo identificó como el hombre que disparó; un funcionario corroboró esa identificación. Según dos personas, Feathers había trabajado para ICE, se jubiló y fue recontratado durante los últimos dos años, en medio de la campaña de Trump para ampliar la fuerza de agentes.

    Su abogada, Nicole DeBorde Hochglaube, se negó a comentar y señaló que las reglas del DHS impiden que su cliente hable mientras continúa la investigación.

    Familia y legisladores exigen respuestas

    La familia de Salgado Araujo cuestionó la falta de información. Su hermano Víctor, pasajero delantero, identificó a Feathers y sostuvo que no sabían que eran perseguidos porque los agentes utilizaban SUV negros sin distintivos. La representante federal Sylvia García, demócrata de Houston, reclamó que ICE haga públicos los nombres de agentes involucrados en incidentes similares.

    “Lorenzo Salgado Araujo tenía un nombre. Su familia tuvo que enterrarlo”, declaró García. “No se le debe permitir al gobierno federal ocultar la identidad del oficial que le quitó la vida”. La abogada Ruby L. Powers sostuvo que identificar al agente “no es una acusación de culpabilidad”, sino una medida básica de transparencia cuando el gobierno utiliza fuerza letal.

    Investigación mantiene abiertas las preguntas

    La Fiscalía del Condado de Harris investiga el tiroteo con apoyo del Departamento de Seguridad Pública de Texas. El FBI, la Fiscalía Federal y el DHS realizan investigaciones separadas. El fiscal Sean Teare señaló que proteger la investigación es indispensable para que la familia y la comunidad confíen en el resultado. Su oficina trabaja con un gran jurado, cuyo procedimiento es generalmente secreto.

    El caso abrió un debate sobre la política federal de mantener en reserva los nombres de agentes de ICE involucrados en tiroteos. Expertos señalaron que policías locales y estatales suelen identificar a sus agentes pocos días después. David Donatti, abogado de la ACLU de Texas, afirmó: “Nombrar a los agentes no es un veredicto. Es una condición previa para una investigación independiente”.

    La identificación de Feathers no determina responsabilidad penal. La decisión sobre posibles cargos dependerá de las pruebas y del proceso del gran jurado.

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  • Tom Homan advierte que la caravana migrante será detenida o deportada si intenta entrar a EE.UU.

    Tom Homan advierte que la caravana migrante será detenida o deportada si intenta entrar a EE.UU.

    “El zar de la frontera” Tom Homan advirtió que los integrantes de la caravana migrante “Fe y Esperanza” enfrentarán detención, rechazo o deportación si intentan ingresar a Estados Unidos. El grupo, integrado por unas 300 personas, avanza por México después de salir de Honduras.

    Durante una entrevista con Fox News, Homan fue cuestionado sobre qué ocurrirá si la caravana llega a la frontera estadounidense. Su respuesta fue tajante: “No los dejaremos libres en Estados Unidos”.

    El funcionario explicó que la política del gobierno del presidente Donald Trump contempla que las personas que intenten ingresar sin autorización sean rechazadas o detenidas para iniciar un proceso de deportación.

    La caravana cruzó a México desde Guatemala

    El grupo “Fe y Esperanza” salió de San Pedro Sula, Honduras, y posteriormente atravesó Guatemala. El pasado 25 de septiembre ingresó a México por el puente internacional Rodolfo Robles, en Chiapas.

    La caravana estaba formada principalmente por migrantes hondureños, aunque también había personas procedentes de otros países de Centroamérica. Al llegar a Tapachula, los migrantes recibieron atención y agua antes de prepararse para seguir su camino hacia el norte.

    Algunos migrantes han expresado su intención de llegar a Estados Unidos, aunque el grupo todavía se encuentra lejos de la frontera norte.

    Homan advierte sobre deportaciones a terceros países

    Una de las posibilidades planteadas por Homan es que algunos migrantes sean enviados a un tercer país, en lugar de regresar directamente a su nación de origen.

    El funcionario explicó que esta alternativa podría utilizarse cuando los gobiernos de origen demoren en recibir a sus propios ciudadanos.

    “Se les rechazará de inmediato o se les detendrá y se les vinculará a proceso y se les deportará”, dijo Homan. “Tal vez se les deporte a un tercer país, tal vez no a su propio país, porque si los países son lentos para recibir de regreso a sus ciudadanos, los mandamos a otro país”.

    Homan aseguró que Estados Unidos cuenta con diferentes opciones para realizar estas deportaciones cuando el retorno directo no se concreta con rapidez.

    Trump mantiene su política fronteriza

    El funcionario afirmó que el desplazamiento de la caravana no modificará la política migratoria vigente. “Pues haremos valer la ley en la frontera; la frontera permanece cerrada“, declaró Homan.

    También aseguró que durante casi 17 meses la administración Trump no ha liberado en territorio estadounidense a personas que ingresaron de manera irregular por la frontera.

    “Cero liberaciones en la frontera por la administración de Trump. El presidente Trump lo prometió y cumplirá esa promesa”, afirmó Homan.

    Mexicanos deportados denunciaron amenazas de ser enviados a África

    La posibilidad de utilizar terceros países para deportaciones ya había generado denuncias de ciudadanos mexicanos expulsados de Estados Unidos.

    Personas originarias de Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y Chiapas afirmaron que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), les dijeron que podían ser enviados a África durante su proceso de deportación.

    Los mexicanos también denunciaron amenazas y hostigamiento por parte de los agentes, además de afirmar que fueron presionados para entregar sus pertenencias y documentos de identificación en instalaciones de ICE en Virginia.

    “El ICE les está diciendo que aquellos que no renuncien a todos sus derechos que tenían en Estados Unidos, los van a llevar a África”, relató uno de los migrantes.

    Otro de los afectados explicó por qué esa posibilidad generaba preocupación entre quienes habían sido deportados.

    “Si nos llevan a Honduras, no hay problema. Si nos llevan a Guatemala, bueno, pero África está del otro lado del mundo”, señaló.

    La caravana continúa su recorrido

    El grupo “Fe y Esperanza” permanece en México y tiene previsto continuar su desplazamiento hacia el norte. El recorrido podría modificarse conforme más personas se incorporen o cambien sus planes migratorios.

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  • ONU reporta que el gobierno de Trump expulsó a unos 23,000 migrantes a terceros países

    ONU reporta que el gobierno de Trump expulsó a unos 23,000 migrantes a terceros países

    Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas denunciaron este lunes que Estados Unidos ha establecido un esquema de externalización migratoria con al menos 35 países, mediante el cual unas 23.000 personas han sido expulsadas a territorios distintos de sus países de origen.

    Advirtieron que estas prácticas pueden exponer a migrantes y refugiados a tortura, persecución y otras violaciones de derechos humanos. La cifra de expulsiones no está acompañada de un periodo específico en el comunicado conjunto firmado por 23 relatores y otros especialistas de la ONU.

    El grupo, encabezado por el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Gehad Madi, cuestionó los acuerdos mediante los cuales distintos gobiernos aceptan recibir vuelos con personas deportadas desde Estados Unidos.

    Afirmó que estas medidas pueden vulnerar el principio de no devolución, que impide trasladar a una persona a un lugar donde pueda enfrentar persecución, tortura u otros daños graves.

    Los expertos también señalaron que la falta de transparencia de estos convenios dificulta la supervisión pública y el monitoreo independiente de las condiciones en las que son trasladados y recibidos los migrantes.

    Entre los países latinoamericanos mencionados figuran Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay.

    La ONU pidió a los gobiernos involucrados suspender de inmediato estos acuerdos y garantizar nuevamente el acceso a procedimientos de asilo que sean justos y efectivos.

    Los expertos alertaron además que algunos convenios contemplan la recepción temporal de migrantes antes de enviarlos nuevamente a un tercer país. En determinadas situaciones, indicaron, las personas pueden enfrentar presiones o amenazas para que acepten regresar a sus países de origen pese a los riesgos que podrían afrontar allí.

    La política se desarrolla en el contexto de la ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. La ampliación de las deportaciones fue una de las principales promesas de su campaña electoral.

    La disputa también llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, a la que la administración Trump le solicitó la semana pasada que le permita continuar con las deportaciones hacia terceros países.

    Esa petición surgió después de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito dejara vigente una decisión de un juez federal de Boston que bloquea las expulsiones rápidas hacia naciones distintas a aquellas de las que proceden los migrantes.

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  • Identifican al agente de ICE acusado por testigos de matar al mexicano Lorenzo Salgado

    Identifican al agente de ICE acusado por testigos de matar al mexicano Lorenzo Salgado

    El agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) involucrado en el incidente en el que murió baleado el inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo fue identificado este lunes como Gregory Feathers, quien se había reincorporado a la agencia tras haberse jubilado, según fuentes citadas por The Texas Tribune.

    La participación de Feathers en el incidente ocurrido el pasado 7 de julio en Houston (Texas) también fue corroborada por documentos que fueron publicados por error por el Departamento de Justicia de EE.UU.

    Otros documentos obtenidos por el periódico texano indicaron que Feathers llamó a los servicios de emergencia y lo señalan como uno de los dos agentes que efectuaron el arresto tras la persecución mortal.

    Uno de los inmigrantes que viajaba junto a Salgado Araujo identificó al oficial como la persona que disparó contra el inmigrante mexicano, según el diario.

    Feathers fue recontratado por ICE recientemente tras haberse jubilado previamente de la agencia, según las fuentes. Actualmente Feathers no enfrenta ningún cargo por la muerte del mexicano.

    El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, aumentó las contrataciones de agentes de ICE para impulsar su campaña de deportaciones, que busca la expulsión al menos de al menos un millón de inmigrantes en un año.

    Salgado llevaba 35 años viviendo en Estados Unidos, trabajaba en la construcción y estaba en proceso de regularizar su situación migratoria.

    Era padre de tres hijos y se dirigía al trabajo con su hermano y otros dos compañeros cuando los agentes interceptaron el vehículo.

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha defendido que el agente disparó en legítima defensa porque alegó que Salgado intentó arrollarlo.

    Pero los tres trabajadores que viajaban con él han negado estos hechos. La fiscalía del condado de Harris en Houston (Texas) abrió una investigación sobre la muerte de Salgado.

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  • Redadas de ICE podrían encarecer la carne de res, advierten ganaderos

    Redadas de ICE podrían encarecer la carne de res, advierten ganaderos

    Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en comunidades agrícolas de Texas, Kansas y Oklahoma podrían terminar elevando los precios de la carne de res para los consumidores, advirtieron tres organizaciones ganaderas de esos estados.

    La Asociación Ganadera de Kansas, la Asociación de Ganaderos de Oklahoma y la Asociación de Engordadores de Ganado de Texas señalaron que las operaciones migratorias están provocando interrupciones en distintos puntos de la cadena de suministro de carne y tienen un “efecto disuasorio masivo” incluso entre trabajadores legales, documentados y calificados.

    “Este tipo de interrupciones provocará un aumento en los precios de la carne de res para los consumidores”, afirmaron las organizaciones en un comunicado conjunto, en el que dijeron estar monitoreando la actividad de ICE que afecta a las comunidades agrícolas de los tres estados.

    Las asociaciones reconocieron la responsabilidad de las agencias federales de hacer cumplir las leyes, pero advirtieron que los ganaderos, corrales de engorde, lecherías, mercados de ganado, plantas procesadoras y otros negocios rurales dependen de una fuerza laboral estable para garantizar el cuidado de los animales, la seguridad alimentaria y el funcionamiento de la cadena de suministro.

    Miles de reses retrasadas

    Según las organizaciones, en los últimos días se han retrasado miles de cabezas de ganado destinadas a plantas procesadoras. Esto, señalaron, ya ha generado pérdidas de millones de dólares y costos adicionales para el sector.

    Las interrupciones laborales también se han registrado en numerosos puntos considerados críticos para la cadena de suministro, incluidos corrales de engorde, lecherías, plantas procesadoras, empresas de alimentos y cereales, centros de transporte y servicios comunitarios.

    Las asociaciones advirtieron que una interrupción repentina de la fuerza laboral puede tener consecuencias inmediatas sobre el bienestar de los animales, las operaciones y la economía, con efectos que pueden extenderse más allá de los establecimientos directamente afectados.

    También señalaron que el impacto no termina necesariamente cuando concluyen las operaciones de ICE. “Resulta frustrante que el daño que estas acciones causan a los ganaderos perdure durante días e incluso semanas después de que concluyan dichas operaciones”, indicaron.

    Reclaman acciones de ICE

    Las organizaciones ganaderas aseguraron que las interrupciones llegan en un momento de mayor presión sobre la cadena de suministro de ganado vacuno y carne.

    A su juicio, las operaciones migratorias representan un impacto “costoso e innecesario” para los productores, que ya enfrentan interferencias políticas tanto en los mercados como en el funcionamiento físico de la cadena de suministro.

    Las tres asociaciones pidieron a los funcionarios federales que las acciones de cumplimiento migratorio se realicen de manera “legal, ordenada y transparente”, respetando el debido proceso y manteniendo una comunicación clara con los empleadores y las comunidades afectadas.

    La advertencia constituye una nueva crítica desde la industria cárnica a la política migratoria del Gobierno de Donald Trump, que ha intensificado las operaciones de deportación y busca aumentar significativamente las expulsiones de inmigrantes del país.

    El sector ganadero también ha expresado recientemente su preocupación por los planes de la Administración para facilitar la importación de carne de res. Trump anunció una propuesta para importar 300,000 toneladas métricas de carne molida procedente de países como Argentina y Brasil, junto con una suspensión de aranceles, una medida que generó críticas entre productores estadounidenses.

    En este contexto, las asociaciones de Kansas, Oklahoma y Texas sostienen que cualquier interrupción adicional de la mano de obra puede repercutir en toda la cadena, desde las operaciones ganaderas hasta los precios que pagan los consumidores por la carne.

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  • Amnistía Internacional reitera que eliminar ICE sería la única alternativa ante la “violación masiva” de DD.HH.

    Amnistía Internacional reitera que eliminar ICE sería la única alternativa ante la “violación masiva” de DD.HH.

    La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, afirmó que las reformas al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos ya no son suficientes y planteó su eliminación como la única medida que podría tener un efecto tangible frente a las violaciones de derechos humanos que atribuye a la agencia.

    “Como organización de derechos humanos nos especializamos en reformas, no solo durante un año, ni solo durante dos años, sino durante décadas. Llega un momento en que tenemos que decir que las reformas no van a funcionar, porque no han funcionado y es poco probable que lo hagan”, declaró Callamard en una entrevista con EFE en Bogotá.

    La secretaria general de AI agregó que ante una “violación masiva” de derechos humanos la alternativa sería “que se elimine por completo el ICE”.

    La posición de Callamard se produce después de que Amnistía Internacional publicara el 24 de septiembre un informe sobre las operaciones migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump en Chicago, Minneapolis-St. Paul, Nueva Orleans y Washington. La organización documentó en esas operaciones lo que califica como violaciones generalizadas de derechos humanos y pidió la abolición del ICE.

    Entre los hechos denunciados por Amnistía Internacional figuran homicidios que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales; detenciones arbitrarias y discriminatorias, incluidos casos que podrían corresponder a desapariciones forzadas; condiciones de confinamiento que podrían vulnerar la prohibición de la tortura, y acciones violentas contra manifestaciones pacíficas.

    Callamard también cuestionó la posibilidad de que el gobierno de Trump modifique el funcionamiento de la agencia. Si el presidente estadounidense no acepta eliminarla espera que un eventual cambio político lleve a las próximas autoridades a revisar las pruebas recopiladas por la organización y considerar su abolición.

    Críticas a la influencia de Trump

    La secretaria general de AI extendió sus críticas a otros gobiernos y sostuvo que la influencia política de Trump está alcanzando a distintos países, incluidos varios de América Latina.

    Callamard afirmó que algunos dirigentes de la región están adoptando políticas y formas de gobierno que debilitan los mecanismos de protección de los derechos humanos y los avances en asuntos como la igualdad racial y de género.

    “Así que la región se encuentra realmente en una encrucijada, una encrucijada peligrosa”, afirmó, al advertir sobre la adopción de políticas asociadas al mandatario estadounidense.

    Callamard describió a Trump como “un depredador, que busca destruir con el fin de controlar” y afirmó que cuenta con aliados dispuestos a establecer acuerdos con él para obtener beneficios.

    La dirigente de AI también aclaró que las críticas a las políticas migratorias de Estados Unidos no implican que la organización ignore las violaciones de derechos humanos que denuncia en otros países. Recordó que Amnistía Internacional lleva años documentando abusos en Cuba y que ha señalado a las autoridades venezolanas por presuntos crímenes de lesa humanidad.

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  • Alexandria Ocasio-Cortez pide abolir ICE y cuestiona su uso de vigilancia tras el 11S

    Alexandria Ocasio-Cortez pide abolir ICE y cuestiona su uso de vigilancia tras el 11S

    La representante Alexandria Ocasio-Cortez pidió la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un foro con estudiantes en Ithaca, Nueva York, donde cuestionó el uso de inteligencia artificial, reconocimiento facial y otras herramientas de vigilancia en las operaciones migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

    Durante el encuentro público Estudiantes contra Multimillonarios, organizado por More Perfect University y grupos estudiantiles de Cornell, la congresista demócrata sostuvo que las prácticas actuales de ICE forman parte de un sistema de vigilancia que comenzó a expandirse después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. “ICE es IA. ICE es reconocimiento facial. ICE es vigilancia. Y ICE va tras ustedes, sin importar su estatus”, afirmó Ocasio-Cortez ante estudiantes, según reportes sobre su participación en el foro.

    Cuestiona la vigilancia y las operaciones migratorias

    La legisladora de Nueva York describió a ICE como una agencia con escasa rendición de cuentas y cuestionó su relación con centros de detención privados y sistemas tecnológicos utilizados para localizar y detener inmigrantes. Sus declaraciones se producen en medio de un intenso debate nacional sobre las operaciones de inmigración. Un informe publicado en septiembre por Amnistía Internacional documentó denuncias relacionadas con entradas sin órdenes judiciales, redadas consideradas peligrosas y uso de la fuerza contra personas que no ofrecían resistencia.

    La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) también ha dado seguimiento a demandas en las que se alegan agresiones, detenciones injustificadas y afectaciones contra ciudadanos estadounidenses durante operativos migratorios. El Departamento de Seguridad Nacional, sin embargo, defiende las acciones de ICE y sostiene que sus agentes enfrentan riesgos cada vez mayores. El gobierno federal ha descrito a algunos de sus objetivos como “los peores inmigrantes ilegales criminales” y ha atribuido parte de las amenazas contra agentes a lo que denomina “retórica violenta”.

    Educación pública, inteligencia artificial y elecciones

    El debate en Ithaca también abordó otros asuntos que, según Ocasio-Cortez, afectan directamente a los jóvenes, entre ellos el costo de la educación superior y el impacto de la inteligencia artificial sobre el mercado laboral. La congresista defendió la educación universitaria pública gratuita y argumentó que generaciones anteriores tuvieron acceso a instituciones de educación superior a un costo considerablemente menor, antes de que se redujeran fondos destinados a esos programas.

    También llamó a los estudiantes a organizarse en sus comunidades antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre y a convertir sus preocupaciones en presión política sostenida.

    Ocasio-Cortez amplió además sus críticas a las universidades de élite al referirse a lo que calificó como una “cultura de la violación”, en un contexto marcado por una demanda relacionada con Cornell. La aparición ocurre mientras aumenta la atención sobre el futuro político de la congresista. Ocasio-Cortez ha dicho que esperará hasta después de las elecciones de medio mandato para decidir si buscará otro cargo.

    Entre las posibilidades que se han mencionado está una eventual candidatura presidencial en 2028 o una campaña por un escaño en el Senado.

    En 2018, Ocasio-Cortez sorprendió al derrotar en las primarias demócratas al entonces poderoso congresista Joseph Crowley. A los 29 años, se convirtió en la mujer más joven en llegar al Congreso y desde entonces ha conseguido reelegirse.

    Ahora, su desafío en Ithaca plantea una pregunta que va más allá del foro: si el descontento de los estudiantes sobre inmigración, educación, tecnología y empleo puede convertirse en una fuerza política capaz de influir en las elecciones de 2026 y en la agenda nacional.

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  • Demócratas exigen explicaciones al HHS por contratos de defensa legal para niños migrantes

    Una coalición de 63 legisladores del Partido Demócrata exigió explicaciones formales al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) tras la cancelación de convenios con organizaciones de asesoría jurídica especializada para niños migrantes no acompañados.

    El mensaje fue dirigido al secretario del HHS, Robert F. Kennedy Jr., y a la directiva de ORR, reprocha la entrega directa de un contrato de $158 millones de dólares a la organización Our Rescue, al señalar que la organización carece de la experiencia e infraestructura legal requeridas por la ley para garantizar la representación en tribunales de más de 20,000 menores de edad en Estados Unidos.

    “Gravemente preocupados de que la ORR confíe a una población vulnerable a empresas tan claramente no cualificadas para la tarea”, señaló el grupo demócrata en declaraciones recogidas por ABC News.

    Los parlamentarios recordaron que la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008 exige garantizar asistencia legal idónea a los menores.

    “Si la ORR sigue adelante con este contrato, estará jugando con el futuro legal de miles de niños al confiar en una organización que no ha demostrado claramente que puede realizar este trabajo“, escribieron los legisladores.

    Irregularidades en procesos de licitación y retiros de ofertas

    El documento impulsado por los representantes Joaquín Castro y Jasmine Crockett señala igualmente el caso de la firma texana Burke Law Group, la cual declinó una asignación de $150 millones de dólares tras objeciones sobre su capacidad técnica.

    “La retirada pone de manifiesto nuestra preocupación por la forma en que su agencia está gestionando estos contratos y el proceso de adjudicación”, escribieron los legisladores. “Estos niños constituyen una población especialmente vulnerable cuyas necesidades y la complejidad de sus casos requieren conocimientos altamente especializados”.

    Castro apuntó que los niños no acompañados corresponden a la población más vulnerable en el sistema de inmigración, y destacó el “deber moral y legal” de brindar representación legal “de calidad”.

    Repercusiones en el sistema de protección a menores no acompañados

    Por su parte, defensores de derechos humanos reportan un impacto directo en la atención jurídica de más de 20,000 niños migrantes en los tribunales estadounidenses.

    Michael Lukens, director ejecutivo del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, señaló las dificultades operativas actuales del sector.

    “Desde que la administración Trump tomó la medida sin precedentes de dejar expirar el contrato de servicios legales para niños sin un plan establecido para más de 20,000 menores, hemos visto un ataque igualmente sin precedentes contra los niños inmigrantes“, declaró a ABC News.

    “Estamos viendo cómo se presiona a los niños en los tribunales para que se autodeporten, y cómo otros se presentan sin representación legal, a pesar de que el gobierno tiene la obligación de proporcionarles un abogado”, declaró Lukens. “Los menores inmigrantes no acompañados necesitan una defensa eficaz y especializada a través del sistema judicial, no juegos políticos”.

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  • ICE golpea plantas procesadoras: ganaderos advierten que el consumidor pagará más por la carne de res

    ICE golpea plantas procesadoras: ganaderos advierten que el consumidor pagará más por la carne de res

    Las operaciones de ICE en comunidades agrícolas de Texas, Kansas y Oklahoma ya tienen una consecuencia que podría llegar directamente al bolsillo de los consumidores: organizaciones de la industria ganadera advierten que las interrupciones en plantas procesadoras y otros puntos de la cadena de suministro pueden provocar precios más altos para la carne de res.

    La advertencia fue incluida en un comunicado conjunto por la Kansas Livestock Association, Oklahoma Cattlemen’s Association y Texas Cattle Feeders Association, que representan a productores y empresas vinculadas con la industria ganadera.

    De acuerdo con las organizaciones, las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han provocado ausencias de trabajadores y problemas operativos en distintos sectores relacionados con la producción y procesamiento de carne.

    “Estas operaciones del ICE están teniendo un efecto disuasorio masivo en los trabajadores legales, documentados y calificados que ponen carne de res en la mesa y mantienen en movimiento la cadena de suministro”, señalaron.

    Y lanzaron una advertencia directa sobre el impacto para los compradores: “Estos tipos de interrupciones conducirán a precios más altos de la carne de res para los consumidores”.

    Miles de reses esperan para ser procesadas

    Según el comunicado, uno de los efectos reportados es el retraso de miles de cabezas de ganado que estaban programadas para ser enviadas a plantas procesadoras. Las asociaciones calculan que esto ya representa millones de dólares en ingresos perdidos y costos adicionales para productores.

    Y es que la actividad de ICE ha generado preocupación en zonas ganaderas del sur y centro del país.

    Las asociaciones también reportaron interrupciones en puntos considerados estratégicos para la cadena, entre ellos corrales de engorde, procesadoras, lecherías, empresas de alimento y grano, centros de transporte y servicios comunitarios.

    La preocupación llega en un momento especialmente delicado para el mercado de carne de res. La industria enfrenta una oferta limitada de ganado y precios elevados, por lo que cualquier interrupción adicional puede aumentar la presión sobre productores y compradores.

    Productores piden cambios a ICE

    Las organizaciones ganaderas aclararon que reconocen la responsabilidad de las autoridades federales de hacer cumplir la ley, pero pidieron que las operaciones se realicen de manera “legal, ordenada y transparente”, además de respetar el debido proceso y mantener comunicación con las empresas y comunidades afectadas.

    Por ahora, la advertencia sobre el encarecimiento de la carne es una proyección de las asociaciones de la industria. El punto central es que los efectos de las operaciones de ICE no necesariamente terminan cuando concluyen los operativos: según los productores, las alteraciones laborales y logísticas pueden extenderse durante días o semanas y terminar repercutiendo en toda la cadena, incluido el precio que paga el consumidor.

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  • Jueces reprenden a colegas de Trump por el plan de ICE de detener sin fianza a inmigrantes

    Jueces reprenden a colegas de Trump por el plan de ICE de detener sin fianza a inmigrantes

    Seis jueces del Segundo Circuito de Apelaciones cuestionaron duramente los argumentos de dos de sus colegas en una disputa sobre la política de ICE que busca mantener detenidos a determinados inmigrantes sin una audiencia para determinar si pueden salir bajo fianza.

    La nueva disputa surgió cuando el tribunal rechazó volver a examinar en pleno el caso de Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, un ciudadano brasileño detenido por las autoridades migratorias. El documento oficial del tribunal señala que no hubo una mayoría a favor de conceder una nueva revisión del caso.

    El caso tiene como antecedente una decisión de abril en la que un panel del Segundo Circuito determinó que la administración no podía aplicar de esa manera una disposición de la ley migratoria para mantener automáticamente detenido a Barbosa da Cunha sin una audiencia de fianza. El tribunal sostuvo entonces que la sección 1226(a), y no la 1225(b)(2)(A), era la norma aplicable a personas que ya se encuentran en Estados Unidos y que no fueron detenidas al momento de ingresar o poco después.

    Barbosa da Cunha llevaba más de 20 años viviendo en Estados Unidos. De acuerdo con el fallo de abril, tenía una solicitud de asilo pendiente desde 2016, autorización para trabajar, una vivienda, una empresa de construcción y no contaba con antecedentes penales.

    La fuerte respuesta contra los jueces disidentes

    Los jueces Joseph F. Bianco y Alison J. Nathan, junto con Eunice C. Lee, Beth Robinson, Myrna Pérez y Sarah A. L. Merriam, coincidieron en rechazar la solicitud de revisión presentada después del fallo de abril. El documento del 25 de septiembre identifica además opiniones separadas de los jueces Matthew A. Schwartz, Richard J. Sullivan, Steven J. Menashi y Michael H. Park.

    En su opinión, Bianco y Nathan calificaron de “incorrecto y extremo” uno de los argumentos planteados por Menashi sobre el procedimiento de hábeas corpus utilizado por Barbosa da Cunha.

    También cuestionaron que Schwartz planteara alternativas para que el gobierno pudiera implementar la política de detención sin fianza. Según la opinión citada en los documentos del caso, los jueces señalaron que no correspondía a los magistrados aconsejar al gobierno sobre cómo reducir las consecuencias de su posición legal.

    La discusión ocurre mientras el gobierno federal mantiene el litigio sobre el alcance de sus facultades de detención migratoria. La administración llevó el caso de Barbosa da Cunha hasta la Corte Suprema, donde el expediente fue distribuido para una conferencia prevista para el 28 de septiembre de 2026.

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