Una mujer del condado de Los Ángeles, quien aparece en un video insultando a vendedores de tacos y amenazando con llamar a ICE, declaró que recibió severas críticas que han arruinado su sustento.
Además, un hombre que la criticó por su acción aseguró que la mujer se desquitó de él utilizando su número telefónico.
El incidente ocurrió a principios de esta semana frente a un puesto de venta de tacos en la ciudad de Santa Clarita.
Francesca Ortega fue captada en video en el momento en que ofendía en español a una vendedora de tacos, a quien le dijo: “Vieja apestosa, voy a llamar a ICE”, además de usar otros insultos e incluso llamar criminales a los vendedores.
Ortega se quejó de que el puesto de tacos, donde ocurrió el incidente, perjudica a otros comerciantes, y lo calificó de barato y poco elegante para la zona.
El video se hizo viral y se difundió rápidamente por internet, mientras que Ortega comenzó a recibir mensajes de ira por parte de personas de todo el país.
Una de las personas que criticó a Ortega fue Ricardo Morales, quien aseguró que, unos 40 minutos después, comenzó a recibir llamadas y mensajes de texto con insultos.
Ortega confirmó a la cadena Fox que cambió el número telefónico en sus datos de Google My Business por el de Ricardo Morales.
En su entrevista telefónica con la cadena Fox, Francesca Ortega declaró que no quiere que la ciudad de Santa Clarita se convierta en México.
“El valle no se veía así hace 20 o 30 años. Miren cómo se ve Los Ángeles, miren Santa Mónica, cada vez están peor porque nadie hace nada”, expresó.
Más tarde, Ortega publicó un video en el que dijo que las críticas la estaban perjudicando a ella y a su empresa de limpieza de casas, llamada Excellence Cleaning Pros.
“Todo mi sustento está arruinado, el negocio que tanto me costó construir durante 10 años. Teníamos excelentes reseñas, y se inundó con esta gente latina loca y horrible”, declaró Ortega en la grabación.
Ortega dijo que puso el número telefónico de Morales en los datos de su negocio porque la estaban acosando y no paraban de llamarla.
Ricardo Morales aseguró que no cesan las llamadas que recibe de personas de todo el país.
“Estoy recibiendo llamadas de todo Estados Unidos. Es increíble que alguien pueda ser tan vengativo y no quiera asumir la responsabilidad de sus actos. No hay razón para acosar a la gente en la calle”, dijo Morales.
Ortega afirmó que nunca tuvo la intención de amenazar a nadie, y que todo se originó después de que uno de los vendedores le tomara una foto a la matrícula de su automóvil.
“Necesito toda la ayuda posible para recuperarme de esto porque no quise lastimarlos ni nada por el estilo. Fue solo una confrontación. La gente dice cosas feas cuando está molesta”, expresó Ortega.
La ciudad de Santa Clarita exige permisos para los vendedores ambulantes de comida. No está claro si el puesto de tacos involucrado en el incidente cuenta con un permiso vigente.
La muerte de Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años que recibió disparos de un agente de ICE en Minneapolis, volvió a ocupar el centro de la atención en Washington. Esta vez, su madre, Donna Ganger, llegó al Capitolio para hablar junto con familiares de otras víctimas y exigir respuestas sobre las investigaciones de cinco muertes relacionadas con agentes federales de inmigración.
Durante un foro público bicameral, Ganger reveló además que es republicana registrada y que votó por Donald Trump. Explicó que lo hizo bajo la idea de que los agentes federales protegerían a los ciudadanos estadounidenses.
“Voté por el presidente Trump con la convicción de que estos agentes estaban aquí para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos, a personas inocentes como nuestra familia y los demás aquí presentes, contra los terroristas. Desde luego, no para acusarnos de terroristas y arrebatar vidas valiosas”, declaró Ganger. Después resumió su sentimiento con una frase contundente: “Esto es una locura”.
Renee Good fue asesinada por agentes federales en Minneapolis en enero. Foto: AP / Mark Schiefelbein)
La muerte de Renée Good volvió al Capitolio
Good fue asesinada el 7 de enero de 2026 en Minneapolis, durante un encuentro con un agente de ICE. La familia ha cuestionado desde entonces la actuación de las autoridades y ha pedido que exista una investigación que permita determinar responsabilidades.
En su testimonio escrito, Ganger dijo que las muestras de apoyo recibidas después de la muerte de su hija habían significado mucho para la familia, pero añadió: “Los pensamientos y las oraciones no son suficientes. Necesitamos acción. Necesitamos rendición de cuentas”.
Su hijo, Brent Ganger, también participó en el foro. Señaló que las diferencias políticas no deberían impedir que las familias busquen justicia y sostuvo que los agentes del orden deben responder cuando causan daño.
“Debe existir un camino hacia la justicia para aquellos a quienes dañan”, afirmó Brent Ganger.
Lorenzo Salgado Araujo fue asesinado por agentes federales en Houston en julio. Foto AP / Mark Schiefelbein)
Cinco casos llegaron ante legisladores
El encuentro reunió testimonios relacionados con las muertes de Rubén Ray Martínez, Renee Good, Alex Pretti, Lorenzo Salgado Araujo y Johan Sebastián Durán Guerrero. La convocatoria oficial de los legisladores señaló que familiares y testigos hablarían sobre los cinco casos.
Entre ellos estuvo Rachel Reyes, madre de Rubén Ray Martínez, quien murió tras recibir disparos de un agente de ICE en marzo de 2025. También declararon Ronaldo y Lorenzo Salgado, hijos de Lorenzo Salgado Araujo, un inmigrante mexicano muerto durante un operativo de ICE en Houston en julio de 2026.
Los hermanos reclamaron conocer la identidad de los agentes involucrados y cuestionaron que todavía no hayan recuperado todas las pertenencias de su padre. “Nuestro padre no era un criminal”, afirmó Lorenzo Salgado Jr., según el relato difundido por Univision.
También participó Stella Carlson, quien grabó el tiroteo contra Alex Pretti en Minneapolis. La oficina de la senadora Tina Smith confirmó su participación y señaló que su video constituye una pieza relevante dentro de la controversia sobre ese caso.
Este foro permitió que familiares y testigos llevaran al Capitolio sus reclamos sobre ICE, investigaciones y rendición de cuentas.
Renee Good’s mom: “I am a registered Republican. I voted for President Trump under the impression that these agents were here to protect the citizens of the United States — innocents like our family and the others here — against terrorists. Certainly not to accuse those of us? pic.twitter.com/BVXssqV6Iy
Habitantes de Doral, la ciudad en Florida con la mayor proporción de venezolanos en Estados Unidos, denuncian que se ha convertido en un “pueblo fantasma” por las crecientes deportaciones, por lo que la comunidad se siente “traicionada” por la Administración del presidente Donald Trump.
Varios residentes afirman a EFE que los operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) han transformado a una ciudad conocida como ‘Doralzuela’ y que protagonizó los mayores festejos públicos en Estados Unidos en enero pasado tras la captura del entonces gobernante venezolano, Nicolás Maduro.
“Hay mucha indignación, mucho miedo, un sentimiento de traición, sobre todo para aquellas personas que votaron por el presidente Trump, yo nunca he sido simpatizante de él, siempre me vi venir esto y las personas que sí lo apoyan ahora están o muy dolidas o tratando de hacer malabares”, cuenta Liz Rebecca Alarcón, una vecina.
Más del 85 % de los 81.000 habitantes de Doral son hispanos y la mitad del total son venezolanos, pero la alcaldesa de la ciudad, la republicana Christi Fraga, firmó un acuerdo ‘287(g)’ para que la policía local coopere con ICE.
En medio del récord de más de 50.000 arrestos migratorios a nivel nacional en agosto, la cifra más alta del segundo mandato de Trump, vecinos, negocios y líderes comunitarios publican imágenes a diario de la presencia de ICE y comercios vacíos en cuentas de redes sociales, como ‘Qué pasa en Doral’.
“El Doral es un pueblo fantasma. Hay negocios que están empezando a cerrar, otros negocios que están pensando cerrar porque están literalmente vacíos y no pueden sostenerse. Las personas tienen terror de salir de sus casas”, expresa Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus (VAC), en una entrevista.
Habitantes con temor y negocios sin clientes
El temor a las deportaciones en la ciudad es palpable en el grupo de WhatsApp que Alarcón tiene con otras madres.
“Jamás la había visto así desde que primero llegué hace más de 20 años: los locales están vacíos, los supermercados sin personas, vas a comprar y solo hay una persona en la registradora porque las personas no están acudiendo a sus trabajos y yo, que soy mamá de dos pequeños, hasta están afectando las rutinas de los niños”, relata.
Este ambiente de temor impacta a toda la ciudad, según cuenta Ana Delgado, habitante de origen dominicano, porque “la gente que trabaja, los estudiantes y familias no quieren salir y no quieren ir a trabajar y no quieren ir a la escuela porque tienen miedo que vengan y los cojan”.
“O sea, los negocios están vacíos, ya cuando tú sales a la calle de Doral no ves a nadie porque todo mundo tiene miedo a salir”, señala Delgado a EFE.
La joven pide a los funcionarios electos que “vengan a la calle de Doral, que vayan a los negocios para que ellos vean que de verdad lo que está pasando ahora no es bueno”.
Un ‘despertar amargo’
Venezolanos en Doral, donde la alcaldesa es republicana y apoya a Trump, aplaudieron la captura de Maduro, pero ahora han expresado decepción con el presidente estadounidense, quien el martes se reunió con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
“Para el resto de los venezolanos que celebraron y que pensaron que esto iba a llevarnos a la libertad y a la democracia en Venezuela, ha sido un despertar muy amargo, muy duro y muy doloroso, pero como buen despertar creo que eso ha hecho que nos unamos mucho más como comunidad en estos momentos”, considera Ferro.
Además, Trump ha quitado a los venezolanos protecciones como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el ‘parole’ humanitario que concedió el expresidente Joe Biden (2021-2025), por lo que los vecinos niegan que todos los afectados hayan entrado de forma ilegal o vivan de manera irregular en el país.
“Hasta la familia de la gente que yo conozco, hasta ellos que tienen sus papeles y todo correcto, hasta ellos tienen miedo porque es injusto todo lo que está pasando”, lamenta Delgado.
La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, exigió este martes respuestas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) luego de que familiares y defensores denunciaran el arresto de al menos una docena de inmigrantes en New Bedford. La demócrata dijo que su administración ha recibido quejas “alarmantes” relacionadas con los operativos realizados en distintos puntos de la ciudad. Según los reportes recibidos por el gobierno estatal, varias de las personas detenidas llevan años viviendo en Massachusetts y tienen familiares en la comunidad.
Healey señaló que algunos de los inmigrantes se dirigían a sus trabajos cuando fueron detenidos, incluidos empleados de una planta pesquera, un supermercado y otras industrias consideradas importantes para la economía local. “ICE debe proporcionar información de inmediato. ¿A quiénes han arrestado y por qué?”, cuestionó la gobernadora.
Familias quedaron sin información sobre los detenidos
Entre los casos reportados a la administración estatal se encuentra el de un padre de familia con varios hijos, incluido un bebé de apenas un mes. Healey también mencionó la situación de un niño de 8 años que esperaba que su padre fuera por él a la escuela, pero el hombre fue arrestado durante los operativos migratorios.
“Estas historias son desgarradoras y sus seres queridos no tienen respuestas”, afirmó la gobernadora.
Healey aseguró que Massachusetts continuará ofreciendo apoyo a las familias y a la comunidad inmigrante, pero insistió en que la agencia federal debe explicar las razones de los arrestos. “Nuestra administración seguirá brindando apoyo a la comunidad y a las familias, pero ICE debe responder por sus acciones”, señaló.
An 8-year-old boy was left waiting at school because ICE detained his father on the way to work.
What I’m demanding from ICE is who was taken and why?
This is Donald Trump’s immigration policy right now, and it’s absolutely not working. pic.twitter.com/fZWllakVAK
Alcalde cuestiona falta de coordinación con la policía
El alcalde de New Bedford, Jon Mitchell, también cuestionó los operativos y aseguró que no existen indicios de que las personas detenidas tengan antecedentes penales. En un mensaje publicado en X, Mitchell afirmó además que ICE no notificó a la policía local sobre sus acciones, situación que, a su juicio, puede representar un riesgo para los propios agentes municipales si acuden a un lugar donde se desarrolla una operación federal sin conocer previamente el contexto.
“Así no es como debería funcionar el sistema”, escribió el alcalde.
Mitchell agregó que los acontecimientos vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de reformar tanto las leyes de inmigración de Estados Unidos como la agencia federal encargada principalmente de hacerlas cumplir.
Grupo alerta sobre más operativos de ICE
Mientras aumentaban las denuncias, LUCE New Bedford, una organización que monitorea y alerta sobre arrestos de inmigrantes, reportó una intensificación de las operaciones de ICE en diferentes zonas de la ciudad. El grupo difundió fotografías y videos en los que aparecen agentes con el rostro cubierto durante algunos de los arrestos y pidió a los inmigrantes extremar precauciones al acudir a sus empleos y al concluir sus jornadas laborales.
“Por favor, quédense en casa. La ciudad no es segura. ICE está vigilando a nuestra comunidad y sacando a la fuerza a personas de las calles”, indicó LUCE New Bedford. Hasta ahora, las denuncias citadas por Healey, Mitchell y el grupo comunitario no incluyen una explicación pública de ICE sobre la identidad de los detenidos, los motivos específicos de los arrestos o si alguno enfrenta cargos criminales. La gobernadora reclama que esa información sea proporcionada de manera inmediata.
El agente de ICE que disparó contra el venezolano Wilber Rafael Garcés Pérez en Austin tenía asignada una cámara corporal, pero no la llevaba encendida durante el tiroteo, según dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional citados por NBC News.
Las autoridades no han explicado por qué el agente no utilizaba el dispositivo. Otro funcionario de ICE que viajaba en el mismo vehículo sí llevaba una cámara, pero las imágenes captadas por ella no incluyen el momento en que Garcés Pérez recibió los disparos.
La ausencia de esa grabación se produce mientras las autoridades de Austin intentan reconstruir el episodio que dejó al venezolano de 28 años con una bala alojada en la espalda. Garcés Pérez se encontraba realizando entregas para DoorDash cuando ocurrió el incidente.
La Policía de Austin difunde nuevas imágenes
La jefa de la Policía de Austin, Lisa Davis, presentó el martes por la noche parte del material obtenido durante la investigación. Las grabaciones fueron realizadas por un agente policial fuera de servicio que se encontraba en la zona.
El material incluye imágenes registradas por la cámara de su vehículo y por su teléfono celular. Aunque no muestra todo el enfrentamiento, contiene el sonido de tres disparos y permitió al agente alertar a sus compañeros sobre lo ocurrido.
Davis pidió además la colaboración de la ciudadanía para localizar videos que puedan ayudar a reconstruir la persecución que precedió al tiroteo.
La Policía de Austin mantiene abierta la investigación y ha solicitado cualquier grabación que permita establecer con mayor precisión la secuencia de acontecimientos. El departamento cuenta con protocolos para la publicación de imágenes relacionadas con incidentes críticos, incluidos tiroteos en los que participan agentes.
Garcés permanece bajo protección judicial
Garcés Pérez fue trasladado a un hospital después de recibir el disparo y, unas cuatro horas más tarde, quedó bajo custodia migratoria en el Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Texas, en Pearsall, según su abogado.
La bala permanece alojada en su espalda. Su situación migratoria también quedó temporalmente suspendida después de que un juez federal emitiera el martes una orden de emergencia que bloqueó los procedimientos para deportarlo.
A esto se sumó una petición de la Fiscalía del Condado de Travis dirigida al Departamento de Seguridad Nacional y a ICE para que Garcés pueda permanecer en Estados Unidos mientras avanza la investigación. La Fiscalía lo considera un “testigo clave” del tiroteo.
“Me siento un poco mal. Tengo la bala ahí adentro todavía”.
Esas fueron las primeras palabras públicas de Wilber Rafael Garcés Pérez tras resultar herido por un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) este domingo en Austin, la capital del estado de Texas.
Este repartidor venezolano de DoorDash de 28 años recibió el tiro en el torso y fue trasladado a un hospital, antes de ser llevado a un centro de procesamiento de migrantes en la ciudad de Pearsall, según informó su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, a medios estadounidenses.
Desde esas instalaciones, por teléfono y con el altavoz activado, habló este lunes Garcés Pérez durante una rueda de prensa convocada por su abogada ante periodistas y líderes políticos y comunitarios.
“Estoy mal y no he recibido la atención necesaria”, subrayó, agregando que no le han retirado la bala por estar alojada cerca de la columna vertebral.
Hasta el momento no hay muchos detalles del incidente.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó en un comunicado enviado a la BBC que “está investigando el tiroteo de un hombre en Austin que ingresó ilegalmente al país”.
Y tanto el alcalde de la ciudad como la policía local han pedido una investigación independiente.
“Gritaba de dolor”
El tiroteo se produce meses después de que un hombre muriera tras recibir disparos de un agente de ICE en Houston, otra ciudad texana.
Antes de la rueda de prensa de este lunes, la abogada Kate Lincoln-Goldfinch le dijo a la cadena CBS que Garces Pérez llamó a su esposa mientras “gritaba de dolor” en el hospital.
Lincoln-Goldfinch también declaró a la Radio Pública Nacional (NPR) que el hombre se encontraba bajo custodia de ICE. Según informó en su cuenta de X este lunes, Garcés Pérez sigue en detención para ser interrogado.
“No ha recibido ningún medicamento para el dolor y tuvo que dormir en el suelo”, agregó la abogada y aclaró que Garcés Pérez ingresó al país “legalmente y tiene un permiso de trabajo válido”.
Durante su segundo mandato, el gobierno de Trump ha intensificado los esfuerzos de control migratorio y las detenciones, lo que ha provocado disturbios y manifestaciones en varias ciudades del país.
El gobierno ha defendido sus políticas y las controvertidas tácticas de la agencia como necesarias para la seguridad pública y para cumplir la promesa de campaña de Trump de asegurar la frontera y realizar deportaciones masivas.
Un agente de ICE hirió de un disparo a un repartidor venezolano en Austin. (Foto: Getty Images)
“Deben saber la verdad”
Durante su intervención en la conferencia de prensa de este lunes desde el centro de detención de Pearsall, Garcés Pérez aseguró que los agentes de ICE impactaron lateralmente con su vehículo.
Según su versión, los funcionarios no se identificaron, nunca le pidieron que se detuviera y no encendieron las luces ni la sirena del vehículo antes de chocar contra el suyo.
De acuerdo con su versión, tras el impacto dio una vuelta en U porque quería encontrar un lugar donde estacionarse para poder presentarse ante los agentes.
Contradijo con ello la versión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de que había salido corriendo cuando los agentes lo confrontaron.
“No hubo una persecución a pie. No salió del vehículo hasta que tuvo que salir”, explicó una persona que escuchó sus declaraciones y tradujo la llamada en tiempo real para que los medios de comunicación pudieran escuchar las respuestas.
Según su relato, fue después cuando recibió el disparo.
Horas después del incidente, decenas de manifestantes se congregaron en el lugar donde ocurrió con pancartas y algunos de ellos ondeando las banderas de México y Guatemala, para exigir que ICE abandone Austin.
Los medios de comunicación locales mostraron a los manifestantes reunidos al otro lado de la calle, en donde estaba un Toyota Corolla azul que sufrió daños en la puerta del lado del pasajero, mientras agentes de ICE permanecían cerca, según informó la agencia de noticias Reuters.
El alcalde demócrata, Kirk Watson, dijo en una rueda de prensa este domingo que los habitantes de Austin tienen derecho a saber qué ocurrió y “derecho a sentirse seguros en su ciudad”.
“Deben saber la verdad”, enfatizó. También celebró que la ciudad participe en la investigación y señaló que las operaciones del ICE se han intensificado en Austin durante las últimas semanas.
Algunos manifestantes participaron de la protesta con banderas de México y Guatemala. (Foto: Getty Images)
Piden investigación independiente
ICE ha sido objeto de un intenso escrutinio tras varios tiroteos letales, entre ellos la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, residente de Houston, que no era investigado por ICE, pero recibió un disparo durante un control de tránsito realizado por la agencia, según el DHS.
El congresista demócrata de Texas Greg Casar ha exigido una investigación independiente, completa e inmediata sobre el último tiroteo y la publicación de las grabaciones de las videocámaras corporales.
También exigió que cualquier agente de ICE que haya infringido la ley rinda cuentas.
Los activistas sostienen que la administración ha violado el debido proceso en su ofensiva contra la inmigración.
Los demócratas exigen reformas en la agencia, incluyendo la obligación de que los agentes de inmigración lleven cámaras corporales y no oculten sus rostros.
Manifestantes piden justicia por Wilber Rafael Garcés Pérez. (Foto: Getty Images)
A principios de este mes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un agente de ICE de mentir sobre el tiroteo de un migrante venezolano en Minnesota, un caso inusual en el que la propia institución acusó a un agente federal de infringir la ley en el ejercicio de sus funciones.
La semana pasada, la legisladora republicana de Florida Maria Elvira Salazar se manifestó en contra de la política migratoria del gobierno de Trump.
Lo hizo mediante un anuncio de campaña para las eleccines de medio mandato en el que criticaba la persecución y detención de personas sin antecedentes penales.
Salazar apareció el domingo en el programa Face the Nation de la cadena CBS y dijo que desde entonces ha hablado con el presidente y que cree que él llevará al país por el buen camino.
“Él lo entiende mejor que nadie”, dijo.
Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.
Luis Sánchez* llevaba más de 3 semanas junto a sus 4 hijos en un centro de detención de inmigrantes en Dilley, en el sur de Texas, Estados Unidos.
Dice que a la primogénita, quien sufre de ansiedad, no le quedaban uñas que comer, y que las niñas menores empezaban a mostrar signos de desesperación. “Me llegaron a decir que se querían matar, que firmara lo que fuera para salir porque ya no soportaban estar allí”, cuenta este nicaragüense.
“Pero cuando otro detenido me contó que había una mujer que me podía ayudar a aliviar un poco la situación, me dio recelo”, le cuenta a BBC Mundo.
Sólo cuando se lo volvió a comentar una abogada que visita regularmente estas instalaciones, las únicas del tipo en el país que albergan a familias con menores, se convenció.
Bastaba con mandar un correo con sus datos -le dijo- y Casey Revkin, una californiana que dirige la organización Each Step Home, le ingresaría dinero para poder comprar lo necesario dentro del centro de detención.
Así que, desde la computadora de la biblioteca del centro, le envió este mensaje:
Hola, me presento: Soy [tachado] padre de 4 hijos y mi abogada me dijo que ustedes ayudaban con dinero para comprar cosas. Me gustaría saber si es que pueden ayudarme para comprar agua, cepillos de dientes, pasta de dientes, y algunos snacks para mis hijos. Les agradecería mucho si me ayudan. Muchas gracias.
“Cuál fue mi sorpresa que, a los días, ya tenía $200 dólares en mi cuenta”, recuerda. “Primero compramos agua, y los niños quisieron palomitas, golosinas, frescos. Fue un gran alivio, una forma de que mis hijos se sintieran mejor”.
Centrada en los menores
Revkin le envió ese dinero a Sánchez como lo ha hecho con otros migrantes con hijos detenidos, por sumas que alcanzan hasta los $10,000 semanales.
“Me pongo en su lugar y pienso qué terrible debe ser sentir que no puedes proteger a tus hijos, proveerles de cuestiones tan básicas”, le dice a BBC Mundo Revkin, quien se describe a sí misma como “una madre de California”.
“Así que es una gran satisfacción poder hacer algo concreto por estos niños”.
Su foco en los menores afectados por las políticas migratorias estadounidenses no es nuevo.
Ayudaba a rellenar documentos, a imprimirlos y ordenarlos en una carpeta, buscaba voluntarios que llevaran a quienes iban a recibir a los menores a las citas para tomarles las huellas. “Para las familias eran obstáculos enormes, pero algo que nosotros podíamos perfectamente hacer”, recuerda. Y en torno a ello articuló una organización, Each Step Home.
Casey Revkin empezó con su labor durante el primer gobierno de Trump, cuando supo de la separación de menores migrantes de sus padres en la frontera. (Foto: Cortesía de Casey Revkin)
Con el regreso de Trump a la presidencia y su promesa de llevar a cabo la “mayor deportación de la historia del país”, Revkin decidió buscar otras maneras de ayudar.
Cuando en enero supo de la detención de Liam Conejo Ramos, de 5 años, durante la operación antiinmigración en Mineápolis (Minesota), un caso que acaparó titulares, encontró una nueva misión.
El niño fue arrestado cuando regresaba a casa de la guardería, e ingresó junto con su padre en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley (DIPC), el mismo que albergó a Sánchez y sus hijos.
El único centro de detención para familias en el país fue cerrado durante el gobierno del demócrata Joe Biden, pero reabrió sus puertas el año pasado como parte de la ofensiva migratoria del gobierno Trump.
Desde entonces, varios informes de organizaciones en defensa de los migrantes y congresistas han mostrado preocupación por lo que allí ocurre.
Uno de los más recientes, publicado en abril por organizaciones como Human Rights First y Raíces, concluía que “las condiciones inhumanas, el maltrato rutinario y las violaciones del debido proceso que experimentan las familias en Dilley son generalizadas y sistémicas”, algo que tanto la empresa que lo gestiona, CoreCivic, como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han rechazado.
Casey Revkin encontró otra manera de ayudar a los menores afectados por las políticas migratorias cuando supo de la detención de Liam Conejo Ramos en Mineápolis. (Foto: Getty Images)
Revkin ya había oído hablar de las instalaciones. Por allí pasaron algunas de las familias a las que ayudó a reunirse en el pasado, y de ellas había escuchado quejas sobre la calidad de la comida y del agua.
Los que podían, completaban lo recibido en el centro con lo que compraban dentro del centro.
Para ello, usaban el dinero ingresado en sus cuentas del centro. Dilley y otros centros utilizan un sistema de software que permite ingresar fondos para un detenido específico.
Así, Revkin encontró cómo ayudar: empezó a preguntar a su red de abogados de inmigración, activistas y congresistas cómo podía hacer para depositar fondos en esas cuentas.
“Llegamos al 80% de los detenidos”
Su primer depósito fue $50 para la familia de un bebé de dos meses con una infección respiratoria. Hoy dice que destina a ese fin unos $10,000 semanales. “La cifra fluctúa, pero calculamos que estamos cubriendo de esa forma a un 80% de los que están en Dilley”, asegura.
El dinero le viene de donaciones. “Organizamos una recaudación de fondos durante el Día de la Madre que salió muy, muy bien, y eso nos ha mantenido hasta ahora”, explica.
Con esa ayuda, las familias en Dilley pueden comprar desde agua embotellada, cereales y sopa deshidratada, pasando por champú y acondicionador, hasta golosinas o cuadernos y pinturas.
“Es un hada madrina”, le dice a BBC Mundo Kristin Etter, una abogada de la organización Texas Immigration Law Council que trabaja pro bono en Dilley y otros centros. “No hay mejor forma de resumir lo que representa. La gente realmente no podría sobrevivir sin ella”, subraya.
“Es indignante que los contribuyentes de EE.UU. estén gastando $15 millones al mes para arrestar a niños y familias, y aun así tengamos que depender de una ciudadana privada, muy generosa, para recaudar fondos y poder cubrir sus necesidades básicas mientras están en este centro de detención”, agrega.
Organizaciones en defensa de los migrantes y congresistas han denunciado las condiciones en el centro de detención de Dilley. (Foto: The Washington Post vía Getty Images)
La empresa privada que gestiona el centro, CoreCivic, rechaza los señalamientos.
“CoreCivic lleva 40 años asociado al gobierno federal, tanto con gobiernos demócratas como republicanos, para brindar atención segura y humana a las personas que nos son confiadas”, contestó su portavoz, Ryan Gustin, por escrito a las consultas de BBC Mundo.
Tras aclarar que la compañía no decide a quién se arresta ni por cuánto tiempo, subrayó que Dilley está “sujeto a múltiples niveles de supervisión y es vigilado muy de cerca por nuestros socios del gobierno para garantizar el cumplimiento total de las políticas y procedimientos, incluidos los estándares de detención”.
En la misma línea, refutó las afirmaciones sobre la mala calidad de la comida y el agua, diciendo que pruebas independientes muestran que el agua es limpia, filtrada y proviene de las mismas compañías de servicios utilizadas por la comunidad circundante. “Nadie bajo nuestro cuidado está obligado a pagar por el agua, que es la misma que beben nuestros empleados”, agregó en su respuesta.
Sobre la alimentación, señaló que se proporciona un menú rotativo de tres comidas “nutritivas” al día, además de refrigerios, aprobados por un dietista e inspeccionados para garantizar su calidad y frescura.
Ante las críticas por el alto costo de los productos en el centro, Gustin dijo que es similar al de las tiendas de conveniencia, y que el personal de CoreCivic realiza evaluaciones de precios cada dos años. Las ganancias de las ventas se destinan al “fondo de bienestar de los residentes” del centro, agregó.
En la misma línea, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le dijo a BBC Mundo que a todos los detenidos se les proporcionan “tres comidas al día, agua limpia, ropa, ropa de cama, duchas, jabón y artículos de higiene personal”.
“Los inmigrantes ilegales también tienen acceso a teléfonos para comunicarse con sus familiares y abogados. Dietistas certificados evalúan las comidas. El personal y los detenidos beben la misma agua potable limpia de la comunidad local”, prosigue la respuesta enviada a este medio por correo.
“Dilley cumple con los estándares federales de detención y, de hecho, se somete a auditorías e inspecciones regulares”, se lee en el texto. “Estar en detención es una elección. Estados Unidos está ofreciendo a los inmigrantes ilegales US$3.000 y un vuelo gratis para autodeportarse ahora. (…) Si no lo hacen, serán arrestados y deportados sin oportunidad de regresar”.
Ayuda más allá de la detención
Luis Sánchez* insiste en que su experiencia en Dilley fue otra, y que los depósitos recibidos de Revkin supusieron “un gran confort” para su familia.
Eso lo motivó a hablarles a otros detenidos de esta asistencia y contarles que solo tenían que escribir un correo como lo hizo él y enviar los datos para que les pudieran hacer el depósito en sus cuentas.
“Conocí a muchos que llegaron sin nada, gente a la que habían arrestado nada más cruzar de México y que no tenían a nadie que les ayudara”, recuerda.
Él y sus cuatro hijos salieron de Dilley el 1 de julio, tras casi tres meses allí confinados, y se encuentran bajo supervisión intensiva (ISAP), un programa del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) alternativo a la detención.
Había ido guardando parte del dinero donado por Revkin y con eso compró los boletos para volver a la ciudad en la que residían antes de ser detenidos, cuenta.
Pero la asistencia no terminó ahí.
“Con la detención habíamos perdido todo. Yo me quedé sin trabajo. Así que también nos echaron una mano para poder empezar de nuevo”, admite.
“La primera semana nos ayudaron con la comida, ahora que los niños empezaron a clases, les compraron sus útiles escolares. En esos días, realmente nos salvó la vida”.
*Nombre cambiado a petición del entrevistado para proteger su identidad.
“Es una gran satisfacción poder hacer algo concreto por estos niños”, dice Casey Revkin. (Foto: Cortesía de Casey Revkin)
La deportación de Wilber Rafael Garcés Pérez, un venezolano de 28 años que recibió un disparo durante un incidente con agentes de ICE en Austin, Texas, quedó suspendida temporalmente por orden de un juez federal.
El juez Orlando L. García, del Distrito Oeste de Texas, ordenó este martes que Garcés no sea deportado antes de comparecer ante el tribunal. La audiencia quedó programada para el 30 de septiembre en San Antonio, y el juez estableció que el migrante deberá estar presente.
La decisión se produjo un día después de que la abogada de Garcés, Kate Lincoln-Goldfinch, presentara una demanda federal para solicitar su liberación y frenar temporalmente su deportación mientras intenta presentar una solicitud de visa U.
El tiroteo
El incidente ocurrió el pasado domingo 20 de septiembre, cuando Garcés trabajaba como repartidor de DoorDash en Austin.
Según su relato, varios agentes de ICE que viajaban en una camioneta negra sin identificaciones visibles le ordenaron que bajara de su Toyota Corolla. Garcés aseguró que aceptó hacerlo, pero pidió primero estacionar el vehículo para no dejarlo atravesado en la calle.
El venezolano afirmó que comenzó a mover el automóvil y que los agentes lo siguieron. Según su versión, uno de los vehículos oficiales chocó contra su automóvil y uno de los agentes le disparó.
Garcés dijo que sintió un impacto en la espalda, cerca de la columna, aunque no pudo precisar cuántos disparos se realizaron.
Después del incidente, fue trasladado a un hospital de Austin. Más tarde quedó bajo custodia federal y fue llevado al Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Texas, en Pearsall, a unas 137 millas de Austin.
La atención médica
Garcés aseguró que después del disparo sufrió dolor y pérdida de sensibilidad y movilidad en el lado izquierdo del cuerpo.
Según su relato, los médicos no retiraron la bala que quedó alojada cerca de su columna. El migrante afirmó que cuestionó que fuera dado de alta mientras todavía sentía dolor.
Su abogada también sostiene que Garcés no recibió la atención médica que necesitaba después de resultar herido.
El venezolano permaneció varias horas en un hospital antes de quedar nuevamente bajo custodia de las autoridades migratorias.
Dos versiones
Las circunstancias que llevaron al disparo siguen siendo objeto de disputa. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha ofrecido públicamente todos los detalles sobre el operativo ni ha respondido a las distintas solicitudes de información citadas en los reportes sobre el caso.
Una versión diferente fue publicada por The Atlantic, que citó a un funcionario del DHS que habló bajo condición de anonimato. Según esa fuente, los agentes ya habían intentado detener a Garcés, pero él continuó conduciendo y estuvo cerca de atropellar a uno de los oficiales.
El funcionario afirmó que los agentes iniciaron una persecución y que el incidente quedó registrado por la cámara corporal de un compañero del agente que realizó el disparo. Las imágenes de la cámara corporal no se han hecho públicas.
La batalla legal
La demanda fue presentada el 21 de septiembre, un día después del tiroteo, ante una corte federal. El expediente corresponde al caso Garcés Pérez contra Thompson y otros y quedó asignado al juez García.
La defensa busca que Garcés permanezca en Estados Unidos mientras intenta presentar una solicitud de visa U, un beneficio migratorio disponible para determinadas víctimas de delitos que colaboran con las autoridades.
La orden emitida por García no resuelve todavía el fondo del caso. Por ahora, impide que Garcés sea deportado antes de que pueda presentarse ante el tribunal y exponer los argumentos de su defensa.
Su situación migratoria
Garcés llegó a Estados Unidos en 2024 mediante CBP One, la aplicación utilizada durante la administración del expresidente Joe Biden para que determinados migrantes solicitaran citas y se presentaran en puertos de entrada.
El venezolano tenía una orden de deportación dictada en ausencia por un juez de inmigración. Su abogada sostiene que no acudió a esa audiencia porque la notificación fue enviada a una dirección anterior, pese a que Garcés había informado al Gobierno sobre su cambio de domicilio.
Ese antecedente migratorio forma parte del proceso que ahora deberá analizar la justicia federal.
Más deportaciones
El caso llega en un momento de aumento de las órdenes de deportación dictadas contra migrantes que no se presentan a sus audiencias.
Según datos oficiales citados en los reportes sobre el caso, 281,867 migrantes recibieron órdenes de deportación en ausencia durante lo que va del año. De ellos, 90,288 tenían solicitudes de asilo.
Ahora, el próximo paso para Garcés será la audiencia del 30 de septiembre, donde el tribunal deberá escuchar los argumentos relacionados con su solicitud de liberación y con la suspensión de su proceso de deportación.
Dos organizaciones latinas presentaron una demanda contra el gobierno de Estados Unidos para impedir la apertura de un nuevo centro de detención de inmigrantes en Hudson, Colorado, al argumentar que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no realizó las evaluaciones ambientales exigidas antes de avanzar con el proyecto.
GreenLatinos y la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC) acudieron al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Colorado para cuestionar la decisión de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de utilizar las instalaciones de Big Horn como centro federal de detención. La demanda sostiene que la antigua prisión privada permaneció vacía desde aproximadamente 2013 y que su reapertura podría generar impactos sobre la calidad del aire, el suministro de agua, el tratamiento de aguas residuales, el tránsito y la salud pública.
El proyecto contempla una capacidad de hasta 1,250 inmigrantes, una población que representaría un aumento considerable para Hudson, una comunidad rural ubicada unos 50 kilómetros al noreste de Denver.
Dos organizaciones defensoras de los inmigrantes demandaron este martes al Gobierno para frenar la apertura de un nuevo centro de detención de ICE con capacidad para 1,250 personas en Colorado.
La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC) y GreenLatinos? pic.twitter.com/CchanulGeo
Los grupos demandantes aseguran que Hudson forma parte de la región metropolitana de Denver/North Front Range, donde actualmente no se cumplen los estándares federales de calidad del aire relacionados con el ozono.
De acuerdo con la denuncia, las operaciones del centro generarían emisiones adicionales por el funcionamiento de sus instalaciones, el transporte de personas detenidas, los desplazamientos del personal y el movimiento de vehículos encargados del suministro. La demanda también cuestiona el impacto que tendría el centro sobre el consumo de agua y el sistema local de tratamiento de aguas residuales. Los grupos citan, además, una acción previa de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) relacionada con descargas de aguas residuales de la antigua prisión.
“Los centros de detención de inmigrantes perjudican la salud y el bienestar de comunidades enteras”, declaró Gladis Ibarra, codirectora ejecutiva de CIRC. Mark Magaña, fundador y director ejecutivo de GreenLatinos, sostuvo que ninguna comunidad debe ser considerada prescindible para ampliar el sistema de detención migratoria.
ICE tampoco habría preparado, según los demandantes, una evaluación ambiental ni una declaración de impacto ambiental conforme a la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA). GEO Group, empresa privada que administraría el inmueble, obtuvo un contrato de cinco años para operar el centro, con ingresos estimados en unos $85 millones anuales.
La demanda solicita que un juez ordene detener las actividades relacionadas con la reapertura y construcción hasta que ICE cumpla con las obligaciones ambientales federales. El caso se suma a otras disputas legales sobre instalaciones migratorias. En Arizona y California, tribunales federales han intervenido en proyectos de centros de detención por cuestionamientos relacionados con sus posibles impactos ambientales.
Un juez federal ordenó este martes frenar la deportación de Wilber Rafael Garcés Pérez, el venezolano de 28 años que fue baleado por un agente de ICE en Austin y posteriormente trasladado a un centro de detención migratoria en el sur de Texas con una bala alojada cerca de la columna.
El juez Orlando L. García, del Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas, dispuso que Garcés Pérez no sea deportado antes de comparecer ante el tribunal el próximo 30 de septiembre. La resolución corresponde al caso Garcés Pérez contra Thompson y otros, presentado después del incidente.
La medida judicial supone una pausa inmediata a la orden de deportación que pesaba sobre el venezolano, cuya defensa sostiene que fue dictada en ausencia después de que una notificación de la corte de inmigración fuera enviada a una dirección antigua.
Según su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, Garcés Pérez había informado al Gobierno de su cambio de domicilio, pero no recibió la citación correspondiente y, por ese motivo, no acudió a la audiencia que posteriormente derivó en la orden de expulsión.
De un hospital a la custodia migratoria
La decisión del juez se produjo mientras la situación médica de Garcés Pérez generaba nuevos cuestionamientos sobre su traslado y atención bajo custodia de ICE.
El venezolano fue herido el domingo durante un incidente con agentes migratorios mientras realizaba entregas para DoorDash en Austin. Tras recibir el disparo, fue llevado al Dell Seton Medical Center, donde los médicos decidieron no retirar el proyectil porque estaba demasiado cerca de la columna, según su propio relato y el de su defensa.
Horas después, fue trasladado al Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Texas, en Pearsall, a unos 220 kilómetros de Austin. Desde allí denunció dolor persistente y falta de atención médica adecuada. También afirmó que tuvo que dormir en el suelo de una celda.
La situación empeoró el lunes, cuando Garcés Pérez comenzó a reportar pérdida de movilidad y sensibilidad en el brazo y el lado izquierdo del cuerpo. Su abogada informó que fue llevado nuevamente a un hospital para recibir atención.
Según Lincoln-Goldfinch, durante ese traslado el venezolano fue esposado de manos y tobillos y sujeto con una cadena alrededor de la cintura. La abogada afirmó que fue tratado con brusquedad, mientras que en el hospital recibió morfina y le colocaron el brazo en un cabestrillo.
Finalmente este martes fue nuevamente trasladado al centro de detención.
