La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), la agencia que administra los tribunales migratorios, está realizando audiencias masivas, pero el principal problema es que, en varios casos, sus avisos llegan demasiado tarde a los inmigrantes, quienes reciben una orden de deportación por ausiencia.
Ese no es el único problema, ya que además las audiencias están saturadas y, en muchos casos, los inmigrantes no escuchan su nombre y también son considerados ausentes.
Estas audiencias aumentaron considerablemente en junio, según un análisis de bklg.org y un texto escrito por el investigador Austin Kocher.
“En mayo hubo 25 mega audiencias; en junio, hubo 153 mega audiencias programadas. De hecho, en algunos días de junio, el 25% de todas las personas en el país que estaban programadas para una audiencia del calendario maestro estaban programadas para un mega audiencia”, indica Kocher.
Aunque el primer gobierno del presidente Donald Trumpya había realizado este tipo de audiencias, su alcance actual no tienen precedente histórico.
“[La actual estrategia] demuestra una coordinación deliberada al más alto nivel de la EOIR para centrarse en jueces y salas de audiencias específicos”, indica el informe. “Esto no es resultado de que los jueces decidan sobrecargar sus salas de audiencias; los jueces no controlan sus propios calendarios de casos. Más bien, es el resultado de que la EOIR haya sobrecargado las salas de audiencias de ciertos jueces y haya obligado al tribunal a lidiar con ello”.
Tales audiencias, explicó Brandon Marrow, experto en tecnología cívica en bklg.org, es el primer contacto de un inmigrante con un tribunal, pero si no atienden o no escuchan su nombre pierden una oportunidad invaluable para sus casos.
Entre los estados con más audiencias de este tipo se encuentran California, Colorado, Georgia, Illinois, Nueva York, Nevada y Texas, pero no son los únicos.
Marrow explicó en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ la importancia de dar seguimiento a estas audiencias, debido a su alto impacto en las familias.
>> ¿Por qué es difícil para un inmigrante reclamar en una audiencia masiva? >> ¿Cómo se establece el calendario maestro de estas audiencias? >> Si una persona recibe una orden de deportación en una audiencia masiva, ¿puede apelar la decisión?
Cortes migratorias de California, Colorado, Georgia, Illinois, Nevada, Nueva York, Texas, y otros estados están realizando audiencias masivas, donde decenas de inmigrantes reciben una orden final de deportación por “ausencia” y algunas personas tienen el mismo resultado, incluso estando presentes en tales audiencias.
“Hay cosas diferentes sobre esas mega audiencias. Lo que estamos viendo en los tribunales es que no hay tiempo para procesar los casos de 150 personas en una sola mañana y por eso lo que están haciendo es llamando los nombres de todos que tienen la audiencia programada”, explicó Brandon Marrow, experto en tecnología cívica en bklg.org, grupo que ha monitoreado tales audiencias.
Agregó que lo preocupante no es solamente que las personas no asistan a la audiencia y reciban una orden de deportación, sino que ocurra con personas que sí asisten, pero entre el caos no escuchan su nombre.
“Si no contesta la persona, se da esta orden de deportación en ausencia. Entonces hemos escuchado historias de personas que están en el tribunal el día de la audiencia, pero no oyen su nombre y por eso reciben esta orden de deportación, aunque estaban en el tribunal”, lamentó Marrow en el podcast ‘El Diario Sin Límites’.
La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), la agencia que administra los tribunales migratorios, está realizando estas audiencias masivas, donde los inmigrantes acuden por primera vez para establecer una segunda audiencia y exponer sus casos, aunque decenas de personas están perdiendo tal oportunidad.
¿Cómo se diferencia estas audiencias de las individuales? Marrow insistió en que no hay un intercambio legal significativo entre los inmigrantes y el juez.
“No hay discusiones legales en esa audiencia. La verdad, normalmente solo es un proceso para programar la próxima audiencia y ponerse de acuerdo con el gobierno de los cargos migratorios que tienen en su caso”, expuso.
Aunque los inmigrantes tienen 180 días para presentar una apelación a la orden de deportación por “ausencia”, en muchas ocasiones ni eso podrá hacer porque no ha recibido la notificación, por lo que es difícil estimar el tiempo de apelación. Entonces, la persona puede estar en peligro de ser detenida y procesada por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Un cambio de política migratoria sin precedente
Estas audiencias no tienen un antecendente en la política migratoria, no a este nivel, aunque en su primer gobierno el presidente Donald Trump implementó tal práctica. En esta ocasión las audiencias aumentaron considerablemente en junio, según un análisis de bklg.org y un texto escrito por el investigador Austin Kocher.
“En mayo hubo 25 mega audiencias; en junio, hubo 153 mega audiencias programadas. De hecho, en algunos días de junio, el 25% de todas las personas en el país que estaban programadas para una audiencia del calendario maestro estaban programadas para un mega audiencia”, indica Kocher.
Las audiencias no se realizan en todas las cortes migratorias, sin que los jueces sepan que son parte de un “calendario maestro”.
“[La actual estrategia] demuestra una coordinación deliberada al más alto nivel de la EOIR para centrarse en jueces y salas de audiencias específicos”, indica el informe. “Esto no es resultado de que los jueces decidan sobrecargar sus salas de audiencias; los jueces no controlan sus propios calendarios de casos. Más bien, es el resultado de que la EOIR haya sobrecargado las salas de audiencias de ciertos jueces y haya obligado al tribunal a lidiar con ello”.
Marrow agregó que, además de la saturación en una corte, los inmigrantes reciben la notificación de su audiencia con poca antelación.
“Entonces lo que pasa es que la corte está reprogramando las audiencias de las personas con muy poca antelación. Entonces, si, por ejemplo, tenía una audiencia para octubre de este año, posiblemente con esa política de mega audiencia, esa audiencia fue cambiada para este mes y las personas que se presenten a esas mega audiencias están diciendo que nunca recibieron el aviso de la corte que se manda por correo físico”, advierte Marrow.
Si la persona no asiste, recuerda Marrow, recibe una orden de portación por “ausencia”. El experto agregó que muchas personas reciben ahora notificaciones hasta nueve días de antelación, cuando regularmente el gobierno notificaba hasta con 200 días previos, dando a los inmigrantes a prepararse.
“Aparte de Chicago y Nueva York, hay muchas audiencias en Texas, en Houston, San Antonio y Dallas, pero la verdad es que ya es una política de todos los tribunales del país”, acotó Marrow.
Los inmigrantes sin papeles en EE.UU. deben consultar con un abogado para revisar sus casos ante tribunales.
NUEVA YORK – La Administración del presidente Donald Trumpestá intensificando sus operativos antiinmigrantes en los aeropuertos del país, donde agentes vestidos de civil están arrestando a personas con visados vencidos tanto en mostradores de facturación como en puertas de embarque, reportó este martes el New York Times.
De acuerdo con el diario, los agentes han estado en las últimas semanas en 15 aeropuertos, donde han arrestado a personas de más de 12 países, entre ellas cónyuges de ciudadanos estadounidenses y trabajadores del sector tecnológico, como resultado de un acuerdo de cooperación entre la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“Esta Administración está trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros indocumentados ya no puedan volar, a menos que sea para deportarse voluntariamente”, señaló al diario el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo cuya supervisión opera el ICE, que ejecuta la campaña de arrestos puesta en marcha por Trump.
La agencia no confirmó al diario si había ampliado el programa de arrestos ni cuántas personas han sido detenidas en los aeropuertos por tener el visado caducado.
No obstante, el aumento de los arrestos en los aeropuertos ocurre en momentos en que se intensifican las detenciones con el objetivo de alcanzar 2,000 arrestos diarios, aproximadamente el doble de los registrados a principios de este año.
Entre los arrestos recientes en aeropuertos figura el de la ecuatoriana Chantal Morales Rojas, de 27 años, detenida el pasado 20 de julio cuando intentaba viajar de Denver a Oakland, California.
Al escanear su tarjeta de embarque saltó una alarma, por lo que tuvo que esperar y poco después fue interceptada por dos agentes vestidos de civil.
La detención de Morales Rojas, que entró legalmente a EE. UU. en 2023 en un programa de intercambio, fue grabada en video y se hizo viral en las redes sociales.
Antes de que finalizara su programa de intercambio, el 4 de enero, la ecuatoriana había presentado una solicitud para permanecer en el país. Un juez le impuso una fianza de $3,000 dólares y se espera que salga mañana después de que abrir una cuenta en GoFundMe para cubrir sus gastos legales.
Arrestos sin discriminar nacionalidad
Los arrestos del ICE en los aeropuertos no han discriminado nacionalidades, como muestra el caso ocurrido en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, donde fue arrestada una ciudadana ucraniana el miércoles de la semana pasada.
Iryna Gorb, que lleva más de 10 años viviendo en California, fue detenida tras regresar de un viaje a Portland, informó el senador estatal Scott Wiener, quien ha ayudado a facilitarle asistencia legal.
La detención fue captada en video por la concejala de Richmond (California) Doria Robinson, que mostró a los agentes deteniendo a Gorb dentro del aeropuerto mientras ella gritaba pidiendo ayuda y decía que era ucraniana.
El DHS dijo en un comunicado que Gorb excedió el tiempo permitido de su visa y permaneció en Estados Unidos de “manera ilegal” durante 15 años, por lo que permanecerá bajo custodia del ICE a la espera del proceso de deportación.
Entre los detenidos en aeropuertos figura además una mujer de Uganda, en silla de ruedas y con una solicitud de asilo en trámite, que padece anemia falciforme, indicó su abogado al Times.
“En 38 años ejerciendo la abogacía en materia de inmigración, jamás había visto algo así y sé que le está ocurriendo a mucha gente”, dijo al diario Charles Kuck, abogado de un ingeniero indio detenido mientras esperaba la prórroga de su permiso de trabajo.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dio a conocer que el domingo detuvo en Miami, Florida, a Wilmer Solano, periodista originario de Venezuela quien, desde hace años, presentó una solicitud de asilo, la cual sigue pendiente.
De acuerdo con la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero (Apevex), el incidente se produjo en la zona de Haulover Beach mientras el sudamericano se encontraba trabajando como lo había venido haciendo desde ingresó a territorio estadounidense hace más de una década.
“Solano tiene un proceso de asilo, permiso de trabajo y licencia de conducir válida de Florida. Ingresó en EE.UU. legalmente en el 2015 y no posee antecedentes penales en este país, tampoco en Venezuela”, menciona un comunicado emitido por Apevex.
El periodista en cuestión llegó a ocupar un papel relevante en su nación, pues trabajó en el canal Globovisión de 2002 a 2008, y después fue dueño y director de la agencia de noticias Zorro Comunicaciones C.A.
No obstante, se puso bajo la mira del gobierno de su país debido a la cobertura que realizó de las campañas políticas de Henrique Capriles, exdirigente del partido Primero Justicia y candidato a la presidencia de Venezuela en dos ocasiones; y Julio Borges, fundador del partido señalado y comisionado presidencial para Relaciones Exteriores designado por Juan Guaidó.
La disposición de Wilmer Solano para informar sobre la agenda política de políticos opositores al chavismo lo hizo objeto de agresiones vinculadas a su cobertura periodística en Venezuela.
Unamos fuerzas por el periodista venezolano Wilmer Solano. Su familia está reuniendo fondos para contratar a un abogado de inmigración. Cualquier donativo, sin importar el monto, cuenta muchísimo. Gracias de corazón por tu solidaridad.https://t.co/bH1e2Ikqbp
Por seguridad eligió huir de Venezuela en busca de echar raíces en territorio estadounidense y aunque se le había permitido vivir y trabajar en Florida, el retorno de Donald Trump a la presidencia y su deseo de llevar a cabo la mayor deportación de extranjeros de toda la historia lo colocó en una lista de posibles deportaciones, pues su petición de asilo lleva años pendiente.
Con el objetivo de conseguir recursos para entablar una defensa legal, su esposa María Moreno habilitó una campaña en la plataforma GoFundMe apoyada en un texto donde describe el complejo panorama que rodea al inmigrante en manos del ICE.
“Fue detenido sin una orden judicial y sin enfrentar cargos criminales. No tiene antecedentes penales, ha vivido en Estados Unidos durante casi 12 años y tiene un caso de asilo pendiente.
Desde entonces, hemos seguido el procedimiento correspondiente para este proceso y aún estamos esperando una resolución.
Wilmer siempre ha trabajado arduamente para apoyar a nuestra familia, y estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que cuente con la representación legal que necesita”, escribió.
Previo la detención de Wilmer Solano, otros dos periodistas sudamericanos vivieron el mismo problema.
Mario Guevara, periodista salvadoreño, cuyo pecado fue haber cubierto en tiempo real para su canal de YouTube una manifestación en contra del presidente Donald Trump efectuada en Georgia el año pasado, acción que significó su deportación.
Por su parte, Estefany Rodríguez, reportera colombiana que laboraba para Nashville Noticias y Univision 42 en Tennessee, quien después de haber sido detenida por las autoridades migratorias, quedó en libertad bajo fianza en marzo pasado.
El sistema creado en Estados Unidos para reunir a niños migrantes con sus familiares quedó bajo fuerte cuestionamiento tras una investigación que reveló el uso de información sensible para operativos migratorios.
De acuerdo con un reportaje exclusivo de Reuters, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) compartió desde enero de 2025 más de 460,000 registros investigativos con ICE, la agencia encargada de hacer cumplir las leyes migratorias dentro del país.
Esos datos incluían información sobre menores no acompañados, sus patrocinadores —en muchos casos padres, madres u otros familiares— y también otros adultos que vivían en el mismo hogar.
Según los documentos internos citados por Reuters, esa información estuvo vinculada con más de 12,000 arrestos realizados por ICE.
El programa que buscaba reunir a los niños con sus familias
La ORR depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y tiene la tarea de recibir y alojar a menores migrantes que llegan solos a Estados Unidos, hasta que puedan ser entregados a un patrocinador. Habitualmente, ese patrocinador es un padre, una madre, un hermano mayor, un tío, un abuelo u otro adulto que asume la responsabilidad del niño mientras avanza su proceso migratorio.
Para aprobar la entrega, la agencia solicita documentos personales, datos de contacto, antecedentes del hogar e incluso huellas dactilares o pruebas de ADN en determinados casos. El objetivo formal de ese control es evitar que los menores terminen en manos de traficantes, abusadores o personas que no tengan una relación legítima con ellos.
Durante años, esa información se consideró parte de un proceso de protección infantil. La investigación de Reuters sostiene que, bajo la política actual, esos mismos datos comenzaron a ser utilizados también como insumo para acciones de control migratorio.
Reuters informó que, desde enero de 2025, la ORR empezó a remitir a ICE más de 460,000 “tips”, “leads” o registros para investigación. No se trata necesariamente de 460,000 personas distintas ni de 460,000 arrestos, sino de entradas de información vinculadas con menores, patrocinadores u otros miembros del hogar.
A partir de ese flujo de datos, ICE realizó más de 12,000 arrestos, según las cifras internas revisadas por la agencia.
La investigación añade un matiz clave: los arrestos no se limitaron a personas con antecedentes penales graves o sospechas de tráfico de menores. También alcanzaron a familiares que, en muchos casos, se habían presentado ante el gobierno justamente para intentar reunirse con un niño.
Ese hallazgo abrió un debate sensible: si el sistema que debía facilitar la reunificación familiar puede convertirse, al mismo tiempo, en una vía para localizar y detener a quienes intentan asumir el cuidado del menor.
El caso de una madre que recuperó a su hija y luego fue detenida
Uno de los episodios relatados por Reuters es el de una madre mexicana que entregó documentos, huellas y una prueba de ADN para recuperar a su hija de seis años. Días después de concretar la reunificación, tanto la madre como la niña fueron detenidas y trasladadas a un centro familiar de Texas, según la investigación.
El caso ilustra el temor que, según abogados y defensores de inmigrantes, comenzó a extenderse entre muchas familias: presentarse para patrocinar a un menor podría facilitar el reencuentro, pero también exponer a los adultos a detención o deportación.
Reuters también describió otros casos de familias que, después de aportar sus datos al proceso oficial, quedaron bajo la mira de autoridades migratorias.
El gobierno defiende el intercambio de información
Según Reuters, el gobierno sostiene que el intercambio de datos busca proteger a los menores y ubicar situaciones de posible riesgo, como entregas a patrocinadores no verificados o a personas con antecedentes.
Desde esa perspectiva, compartir información con ICE sería una herramienta para detectar fraude, tráfico de personas o casos en los que un menor termina en un entorno inseguro.
Sin embargo, exfuncionarios y organizaciones que trabajan con niñez migrante advierten que la consecuencia práctica puede ser otra: que familiares elegibles dejen de presentarse por miedo a ser arrestados, y que los niños queden más tiempo en refugios federales.
Ese posible efecto ya aparece en otro dato relevante citado por Reuters. El tiempo promedio que los menores permanecen bajo custodia de la ORR habría aumentado de forma drástica.
Según la investigación, la estadía media pasó de alrededor de 30 días en el año fiscal 2024 a 194 días en junio de 2026.
Aunque el endurecimiento de controles no sería el único factor detrás de ese incremento, la cifra sugiere que el sistema de patrocinio y entrega se volvió mucho más lento. Para abogados y defensores, eso puede traducirse en más tiempo de separación, más incertidumbre y mayores dificultades emocionales para niños que ya atravesaron situaciones de extrema vulnerabilidad.
ICE usó datos de niños migrantes para detener a miles de familiares en Estados Unidos, según investigación de Reuters.Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia
Por qué este tema preocupa a familias migrantes
La noticia golpea un punto particularmente delicado para la comunidad inmigrante: el temor a que acudir al gobierno para proteger a un hijo o un familiar termine derivando en una detención.
En el caso de los menores no acompañados, el patrocinador suele ser la única vía para que el niño salga del refugio y pase a vivir con alguien de confianza. Si los potenciales patrocinadores temen ser arrestados, el sistema puede quedar bloqueado en su núcleo más básico.
Además, el intercambio de información plantea una discusión más amplia sobre el uso de datos personales entregados en contextos humanitarios. Para muchos defensores, una cosa es investigar redes de tráfico o abuso; otra, muy distinta, utilizar información suministrada para la reunificación familiar como base de operativos migratorios más amplios.
Qué dijo la agencia encargada de los menores
De acuerdo con Reuters, la ORR sostuvo que no participa directamente en arrestos de niños y que las decisiones de cumplimiento migratorio corresponden al Departamento de Seguridad Nacional.
Ese punto es importante: la agencia de salud y reasentamiento no ejecuta detenciones por sí misma. El cuestionamiento surge por el traslado de información a ICE y por las consecuencias que ese intercambio puede tener para patrocinadores y familias.
La investigación de Reuters probablemente intensifique la presión sobre la administración federal y sobre las agencias involucradas en el cuidado de menores migrantes.
Por ahora, lo que la quedó en evidencia es que la frontera entre protección infantil y enforcement migratorio se volvió mucho más difusa.
En un giro inesperado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ahora está deteniendo en los aeropuertos a parejas extranjeras de estadounidenses con visas vencidas e incluso con solicitudes vigentes para permanecer en el país.
Una investigación llevada a cabo por el diario The New York Times donde se incluye la revisión de documentos oficiales y el testimonio de abogados de inmigración revela que, en su afán por incrementar las deportaciones de extranjeros carentes de estatus legal, el gobierno federal incluso ha empezado a exigir la detención en los aeropuertos de extranjeros cuyas visas estadounidenses se encuentran vencidas, esto sin importar que sean cónyuges de ciudadanos nativos.
Vestidos de civil y de manera sorpresiva, agentes migratorios se acercan a los mostradores de facturación y a las puertas de llegada de al menos 15 aeropuertos del país para detener a ciertas personas que consideran están violando la política migratoria establecida por Donald Trump.
La investigación apunta hacia la presunta existencia de un acuerdo de colaboración entre la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el ICE.
A partir un documento obtenido por The New York Times, a través de la Ley de Libertad de Información del grupo de transparencia gubernamental American Oversight, desde el año pasado, la agencia de seguridad aeroportuaria comparte información con la agencia de inmigración.
El sector población hacia el cual están apuntando las autoridades migratorias podría significar cientos de miles de arrestos y posteriores deportaciones anteriormente no contempladas, pues cada año, la cantidad de extranjeros que optan por quedarse en Estados Unidos con visas expiradas e incluso permisos para laborar ha aumentado, pues muchos de ellos pretenden obtener la residencia permanente.
Sin importar que su solicitud de residencia permanente se encuentre en trámite por estar casados con estadounidenses, agentes de ICE están deteniendo a extranjeros cuyas visas son detectadas con fecha vencida. (Crédito: Steve Helber / AP)
Desde que Markwayne Mullin se convirtió en secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se estableció como objetivo realizar 2,000 arrestos de inmigrantes al día y esa quizá sea una de las razones por las cuales ahora se está contemplando dentro de las prioridades a los extranjeros que recurren a los vuelos, como lo indicó un portavoz del DHS en un comunicado.
“Esta administración está trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros indocumentados ya no puedan volar a menos que sea para deportarse voluntariamente”, expuso.
Entre las personas afectadas por el giro que ha dado la política migratoria en el territorio estadounidense figuran parejas de extranjeros recién casados con ciudadanos estadounidenses.
Es de llamar la atención que las aerolíneas les permiten a los extranjeros con visa vencida adquirir boletos hacia cualquier destino, lo cual les genera confianza.
No obstante, los testimonios recabados por The New York Times coinciden en señalar en varios casos, al momento en que se escanea su tarjeta de embarque en los aeropuertos, suena una alarma y, en instantes, aparecen agentes del ICE para detener a las personas foráneas.
Por ello, los abogados de quienes representan a extranjeros en proceso de cambiar su estatus migratorio les están recomendando evitar viajar, pues de lo contrario se exponen a ser deportados.
Tres leyes aprobadas por la legislatura del estado de Maine para limitar la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entrarán en vigor mañana miércoles, con restricciones al acceso de agentes federales a escuelas, hospitales y hogares, así como a la colaboración con la policía local y las cárceles.
Las medidas, conocidas como “ICE Out” (Fuera ICE), entrarán en vigor el miércoles después de que la gobernadora demócrata Janet Mills permitiera su aprobación sin su firma.
Estas leyes fueron impulsadas en medio de las críticas a la política migratoria de la Administración del presidente Donald Trump, dos semanas después de la muerte del inmigrante colombiano Johan Sebastian Durán a manos de agentes federales en la ciudad de Biddeford, al sur del estado.
Una de las leyes, “ICE fuera de la policía”, limita la colaboración de las fuerzas locales con ICE al prohibir que las autoridades trasladen a inmigrantes bajo custodia policial a centros de detención federales, los retengan por solicitudes de la agencia migratoria o informen sobre sus fechas de liberación.
La medida busca evitar que los inmigrantes dejen de acudir a las autoridades locales por temor a consecuencias migratorias, explicó este martes la Unión de Libertades Civiles (ACLU) de Maine durante una conferencia de prensa.
Otra de las normas, “ICE fuera de las escuelas y centros de salud”, permite al personal de escuelas públicas, centros médicos y bibliotecas estatales negar el acceso a esos espacios o a determinada información a agentes migratorios que no presenten una orden judicial.
Durante décadas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, mantuvo una política que restringía las detenciones migratorias en lugares considerados sensibles, pero Trump la revocó tras asumir el cargo en enero de 2025.
La tercera ley, “ICE fuera de nuestros hogares”, impide que los propietarios entreguen información personal de sus inquilinos a ICE sin una orden judicial y ofrece protección frente a posibles presiones o intimidaciones de la agencia.
Maine se suma a estados que limitan cooperación con ICE
Con estas medidas, Maine se suma a otros estados como Nueva York, California, Illinois, Massachusetts, Vermont, Connecticut y Delaware, además de varias ciudades y condados, que han aprobado normas similares para limitar la cooperación local con las autoridades migratorias federales.
“Estas políticas facilitan que las personas vayan al trabajo, lleven a sus hijos a la escuela, acudan al médico o pidan ayuda sin temor a que las instituciones locales se utilicen para aplicar las leyes federales de inmigración”, dijo este martes Rubén Torres, director de políticas de la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes de Maine.
Mientras, el asesor jurídico Zach Heiden de la ACLU dijo que no esperan que ICE cumpla voluntariamente las nuevas restricciones, pero confían en que las policías locales, oficinas de alguaciles y cárceles sí las apliquen.
La ACLU publicó la semana pasada el informe nacional “Agentes del caos y la crueldad”, en el que documenta más de 400 casos de presunta mala conducta de ICE entre más de 1,200 incidentes migratorios analizados.
La organización sostiene que el aumento de recursos otorgados a la agencia bajo la Administración Trump ha incrementado su poder sin que se hayan aprobado reformas para reforzar los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
“La violencia que ejerce ICE no constituye una aplicación de la ley en el sentido estricto de la palabra. Es ilegal, aterradora y mortal, y debe cesar”, zanjó la organización.
Una investigación publicada por 404 Media expone cómo la información personal que los usuarios entregan al solicitar una tarjeta de crédito puede terminar en sistemas utilizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para localizar personas dentro del país sin necesidad de una orden judicial.
De acuerdo con el medio, cuando una persona abre una cuenta o actualiza su domicilio con la institución financiera, esos datos llegan primero a agencias de crédito como Experian y Equifax. Posteriormente, parte de esa información conocida como “datos de encabezado de crédito” es utilizada por empresas especializadas en recopilación de datos, entre ellas Thomson Reuters, que la incorpora a su plataforma CLEAR.
Cómo llegan los datos personales hasta ICE
La investigación explica que ICE adquiere acceso a CLEAR, una herramienta que permite consultar direcciones, teléfonos y otros datos personales para apoyar investigaciones. Además, la plataforma está integrada con ELITE, un sistema desarrollado por Palantir que ayuda a estimar la ubicación más probable de una persona mediante un índice de confianza de domicilio.
El senador Ron Wyden criticó esta práctica y aseguró: “Nadie que solicita una tarjeta de crédito piensa que está autorizando a los intermediarios de datos a vender su información personal al ICE”.
Por su parte, la abogada Laura Rivera, de Just Futures Law, advirtió que millones de personas desconocen que su domicilio puede circular entre intermediarios de datos apenas 24 horas después de actualizarlo con una institución financiera.
Empresas responden a las críticas
Según 404 Media, Thomson Reuters sostiene que prohíbe el uso de CLEAR para localizar inmigrantes indocumentados con el único objetivo de deportarlos por su estatus migratorio. Sin embargo, la investigación señala que ICE contempla pagar alrededor de $125 millones por el acceso a esta plataforma para investigaciones relacionadas con fraude migratorio y presunto fraude electoral.
Especialistas consultados por el medio también alertaron que la información contenida en estas bases de datos puede presentar errores, lo que incrementa el riesgo de que las autoridades identifiquen direcciones equivocadas o relacionen a personas con domicilios donde ya no residen.
El gobernador republicano de Ohio, Mike DeWine, rompió con la postura de la administración de Donald Trump al cuestionar el plan para intensificar las deportaciones de ciudadanos de Haití que perderán el Estatus de Protección Temporal (TPS). A su juicio, la medida tendría consecuencias económicas para su estado y expondría a miles de personas a regresar a un país marcado por la violencia y la inestabilidad.
Y es que más de 300 mil haitianos dejarán de contar con el TPS, un programa que les permitía trabajar y permanecer legalmente en Estados Unidos. La decisión se produce después de que la Corte Suprema permitiera al gobierno avanzar con la eliminación de esa protección para Haití.
“Sería enviarlos de vuelta al infierno”
En entrevista con CBS News, DeWine afirmó que una ofensiva de deportaciones encabezada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) representaría “un duro golpe” para Springfield y para todo Ohio, donde miles de haitianos ocupan empleos y han contribuido a reactivar la economía local.
“Estas son las personas que han ayudado a Springfield a recuperarse. Los haitianos que viven y trabajan allí vinieron porque había puestos de trabajo que nadie más estaba ocupando”, afirmó el gobernador.
DeWine también describió la situación actual de Haití como un “caos virtual” y lanzó una dura advertencia sobre el impacto humanitario de las deportaciones.
“Haití es un infierno hoy en día. Si lo hicieran, estarían enviando gente de vuelta al infierno”, declaró.
TPS llega a su fin
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que el TPS debía ser una medida temporal y que ya no responde al interés nacional. La dependencia incluso invitó a quienes perderán el beneficio a aceptar un programa de salida voluntaria que ofrece $2,600 y un boleto de avión para regresar a su país.
La decisión ha provocado nuevas críticas y litigios judiciales, mientras comunidades haitianas de Ohio y otros estados permanecen pendientes de las próximas acciones de ICE y de posibles resoluciones en los tribunales.
res leyes aprobadas por la legislatura del estado de Maine para limitar la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entrarán en vigor mañana miércoles, con restricciones al acceso de agentes federales a escuelas, hospitales y hogares, así como a la colaboración con la policía local y las cárceles.
Entran en vigor las leyes
Las medidas, conocidas como “ICE Out” (Fuera ICE), entrarán en vigor el miércoles después de que la gobernadora demócrata Janet Mills permitiera su aprobación sin su firma.
Estas leyes fueron impulsadas en medio de las críticas a la política migratoria de la Administración del presidente Donald Trump, dos semanas después de la muerte del inmigrante colombiano Johan Sebastian Durán a manos de agentes federales en la ciudad de Biddeford, al sur del estado.
Una de las leyes, “ICE fuera de la policía”, limita la colaboración de las fuerzas locales con ICE al prohibir que las autoridades trasladen a inmigrantes bajo custodia policial a centros de detención federales, los retengan por solicitudes de la agencia migratoria o informen sobre sus fechas de liberación.
La medida busca evitar que los inmigrantes dejen de acudir a las autoridades locales por temor a consecuencias migratorias, explicó este martes la Unión de Libertades Civiles (ACLU) de Maine durante una conferencia de prensa.
Escuelas, hospitales y hogares
Otra de las normas, “ICE fuera de las escuelas y centros de salud”, permite al personal de escuelas públicas, centros médicos y bibliotecas estatales negar el acceso a esos espacios o a determinada información a agentes migratorios que no presenten una orden judicial.
Durante décadas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, mantuvo una política que restringía las detenciones migratorias en lugares considerados sensibles, pero Trump la revocó tras asumir el cargo en enero de 2025.
La tercera ley, “ICE fuera de nuestros hogares”, impide que los propietarios entreguen información personal de sus inquilinos a ICE sin una orden judicial y ofrece protección frente a posibles presiones o intimidaciones de la agencia.
Más estados se suman
Con estas medidas, Maine se suma a otros estados como Nueva York, California, Illinois, Massachusetts, Vermont, Connecticut y Delaware, además de varias ciudades y condados, que han aprobado normas similares para limitar la cooperación local con las autoridades migratorias federales.
“Estas políticas facilitan que las personas vayan al trabajo, lleven a sus hijos a la escuela, acudan al médico o pidan ayuda sin temor a que las instituciones locales se utilicen para aplicar las leyes federales de inmigración”, dijo Rubén Torres, director de políticas de la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes de Maine.
Mientras, el asesor jurídico Zach Heiden, de la ACLU, dijo que no esperan que ICE cumpla voluntariamente las nuevas restricciones, pero confían en que las policías locales, oficinas de alguaciles y cárceles sí las apliquen.
La ACLU publicó la semana pasada el informe nacional “Agentes del caos y la crueldad”, en el que documenta más de 400 casos de presunta mala conducta de ICE entre más de 1,200 incidentes migratorios analizados.
La organización sostiene que el aumento de recursos otorgados a la agencia bajo la Administración Trump ha incrementado su poder sin que se hayan aprobado reformas para reforzar los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
“La violencia que ejerce ICE no constituye una aplicación de la ley en el sentido estricto de la palabra. Es ilegal, aterradora y mortal, y debe cesar”, zanjó la organización.
