La deportación de Wilber Rafael Garcés Pérez, un venezolano de 28 años que recibió un disparo durante un incidente con agentes de ICE en Austin, Texas, quedó suspendida temporalmente por orden de un juez federal.
El juez Orlando L. García, del Distrito Oeste de Texas, ordenó este martes que Garcés no sea deportado antes de comparecer ante el tribunal. La audiencia quedó programada para el 30 de septiembre en San Antonio, y el juez estableció que el migrante deberá estar presente.
La decisión se produjo un día después de que la abogada de Garcés, Kate Lincoln-Goldfinch, presentara una demanda federal para solicitar su liberación y frenar temporalmente su deportación mientras intenta presentar una solicitud de visa U.
El tiroteo
El incidente ocurrió el pasado domingo 20 de septiembre, cuando Garcés trabajaba como repartidor de DoorDash en Austin.
Según su relato, varios agentes de ICE que viajaban en una camioneta negra sin identificaciones visibles le ordenaron que bajara de su Toyota Corolla. Garcés aseguró que aceptó hacerlo, pero pidió primero estacionar el vehículo para no dejarlo atravesado en la calle.
El venezolano afirmó que comenzó a mover el automóvil y que los agentes lo siguieron. Según su versión, uno de los vehículos oficiales chocó contra su automóvil y uno de los agentes le disparó.
Garcés dijo que sintió un impacto en la espalda, cerca de la columna, aunque no pudo precisar cuántos disparos se realizaron.
Después del incidente, fue trasladado a un hospital de Austin. Más tarde quedó bajo custodia federal y fue llevado al Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Texas, en Pearsall, a unas 137 millas de Austin.
La atención médica
Garcés aseguró que después del disparo sufrió dolor y pérdida de sensibilidad y movilidad en el lado izquierdo del cuerpo.
Según su relato, los médicos no retiraron la bala que quedó alojada cerca de su columna. El migrante afirmó que cuestionó que fuera dado de alta mientras todavía sentía dolor.
Su abogada también sostiene que Garcés no recibió la atención médica que necesitaba después de resultar herido.
El venezolano permaneció varias horas en un hospital antes de quedar nuevamente bajo custodia de las autoridades migratorias.
Dos versiones
Las circunstancias que llevaron al disparo siguen siendo objeto de disputa. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha ofrecido públicamente todos los detalles sobre el operativo ni ha respondido a las distintas solicitudes de información citadas en los reportes sobre el caso.
Una versión diferente fue publicada por The Atlantic, que citó a un funcionario del DHS que habló bajo condición de anonimato. Según esa fuente, los agentes ya habían intentado detener a Garcés, pero él continuó conduciendo y estuvo cerca de atropellar a uno de los oficiales.
El funcionario afirmó que los agentes iniciaron una persecución y que el incidente quedó registrado por la cámara corporal de un compañero del agente que realizó el disparo. Las imágenes de la cámara corporal no se han hecho públicas.
La batalla legal
La demanda fue presentada el 21 de septiembre, un día después del tiroteo, ante una corte federal. El expediente corresponde al caso Garcés Pérez contra Thompson y otros y quedó asignado al juez García.
La defensa busca que Garcés permanezca en Estados Unidos mientras intenta presentar una solicitud de visa U, un beneficio migratorio disponible para determinadas víctimas de delitos que colaboran con las autoridades.
La orden emitida por García no resuelve todavía el fondo del caso. Por ahora, impide que Garcés sea deportado antes de que pueda presentarse ante el tribunal y exponer los argumentos de su defensa.
Su situación migratoria
Garcés llegó a Estados Unidos en 2024 mediante CBP One, la aplicación utilizada durante la administración del expresidente Joe Biden para que determinados migrantes solicitaran citas y se presentaran en puertos de entrada.
El venezolano tenía una orden de deportación dictada en ausencia por un juez de inmigración. Su abogada sostiene que no acudió a esa audiencia porque la notificación fue enviada a una dirección anterior, pese a que Garcés había informado al Gobierno sobre su cambio de domicilio.
Ese antecedente migratorio forma parte del proceso que ahora deberá analizar la justicia federal.
Más deportaciones
El caso llega en un momento de aumento de las órdenes de deportación dictadas contra migrantes que no se presentan a sus audiencias.
Según datos oficiales citados en los reportes sobre el caso, 281,867 migrantes recibieron órdenes de deportación en ausencia durante lo que va del año. De ellos, 90,288 tenían solicitudes de asilo.
Ahora, el próximo paso para Garcés será la audiencia del 30 de septiembre, donde el tribunal deberá escuchar los argumentos relacionados con su solicitud de liberación y con la suspensión de su proceso de deportación.
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