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Los tribunales de inmigración han comenzado a implementar una nueva estrategia que, según abogados y organizaciones defensoras de inmigrantes, podría acelerar significativamente la emisión de órdenes de deportación. Se trata de las llamadas “megaaudiencias”, procedimientos en los que más de 100 personas son citadas simultáneamente para comparecer ante un juez de inmigración.

La medida surge en medio de los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump por incrementar el número de deportaciones y reducir el histórico retraso acumulado en las cortes migratorias, donde actualmente se concentran millones de casos pendientes.

De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), los tribunales tradicionalmente programaban entre 20 y 30 personas para las audiencias iniciales conocidas como “master calendar hearings”. Sin embargo, en los últimos meses algunas cortes han comenzado a convocar grupos que superan el centenar de inmigrantes en una sola sesión.

Los primeros reportes de esta práctica han surgido en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Boston, Dallas e Indianápolis, mientras que abogados especializados anticipan que el modelo podría extenderse a más jurisdicciones en todo el país.

Preocupaciones sobre el debido proceso

Expertos en inmigración advierten que las megaaudiencias podrían aumentar el riesgo de que inmigrantes reciban órdenes de deportación en ausencia. Esto ocurre cuando una persona no se presenta a la fecha programada por el tribunal, lo que permite al juez emitir una orden de expulsión sin escuchar su caso.

Vanessa Dojaquez-Torres, asesora de políticas y práctica de AILA, expresó preocupación porque muchas de estas audiencias están siendo reprogramadas con poca anticipación, lo que podría impedir que algunos inmigrantes reciban la notificación correspondiente.

Según la abogada, el problema afecta especialmente a quienes no cuentan con representación legal. En muchos casos, los inmigrantes dependen de comunicaciones enviadas por correo o de actualizaciones en sistemas electrónicos que no siempre consultan regularmente.

Organizaciones de defensa legal también señalan que las audiencias masivas pueden dificultar el acceso a intérpretes y limitar las oportunidades para que cada persona comprenda plenamente los procedimientos o plantee dudas sobre su situación migratoria.

Algunos abogados describen sesiones en las que los jueces ofrecen instrucciones colectivas a decenas de personas al mismo tiempo, una dinámica que consideran insuficiente para casos que pueden determinar el futuro de familias enteras.

Contratación de jueces y presión para reducir el rezago

La implementación de las megaaudiencias coincide con una amplia reorganización dentro de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), la dependencia del Departamento de Justicia encargada de administrar los tribunales migratorios.

Recientemente, el gobierno anunció la incorporación de decenas de nuevos jueces de inmigración y abogados militares temporales para asumir funciones judiciales. Según el Departamento de Justicia, se trata de la mayor expansión de personal en la historia reciente del sistema.

La administración sostiene que estas medidas buscan restaurar la eficiencia de las cortes y garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias. El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó que el objetivo es fortalecer un sistema que durante años ha enfrentado una acumulación récord de expedientes.

No obstante, críticos de la estrategia señalan que el aumento de contrataciones ocurre después de que más de un centenar de jueces abandonaran o fueran separados de sus cargos durante el último año, lo que contribuyó a profundizar el rezago existente.

La nueva política llega además en un momento en que la Casa Blanca mantiene como prioridad aumentar las deportaciones y acelerar la resolución de casos migratorios. Mientras el gobierno argumenta que las reformas son necesarias para descongestionar los tribunales, organizaciones de abogados sostienen que cualquier esfuerzo por agilizar procesos debe garantizar que los inmigrantes tengan acceso efectivo al debido proceso y a una audiencia justa antes de enfrentar una posible expulsión del país.

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Las visitas familiares en el centro de detención para inmigrantes Delaney Hall, operado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Newark, se reanudaron este domingo después de varios días de suspensión provocada por las protestas y enfrentamientos registrados en los alrededores de las instalaciones.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, informó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) accedió a restablecer el acceso de familiares a los detenidos, una medida que había sido suspendida durante el fin de semana festivo por motivos de seguridad.

Según explicó la mandataria estatal, las visitas limitadas comenzaron nuevamente al mediodía del domingo, mientras que el horario regular será retomado de forma completa a partir del lunes. Además, indicó que las fuerzas de seguridad colaborarán para facilitar el acceso de las familias al centro de detención.

Delaney Hall se ha convertido en el centro de una creciente controversia debido a denuncias realizadas por detenidos y activistas sobre presuntas deficiencias en la alimentación, la atención médica y las condiciones de vida dentro de la instalación. Las autoridades federales han rechazado esas acusaciones.

Crece la tensión por las protestas frente al centro

Durante más de una semana, grupos de manifestantes se han congregado frente a Delaney Hall para exigir mejoras en las condiciones de los inmigrantes detenidos y reclamar mayor transparencia en los procedimientos migratorios.

Las protestas derivaron en varios incidentes durante los últimos días. De acuerdo con autoridades estatales, algunas manifestaciones terminaron en enfrentamientos con agentes de seguridad, quienes desplegaron medidas de control para dispersar a grupos que presuntamente intentaron romper los perímetros establecidos.

Funcionarios de Nueva Jersey reportaron al menos tres arrestos durante los disturbios ocurridos el sábado por la noche. Entre los detenidos figura una persona acusada de posesión ilegal de armas.

La gobernadora Sherrill condenó los episodios violentos y sostuvo que este tipo de acciones desvían la atención de las preocupaciones sobre el bienestar de los detenidos y sus familias.

Asimismo, hizo un llamado a que las protestas continúen de manera pacífica y pidió a personas provenientes de otros estados abstenerse de participar en acciones que puedan incrementar las tensiones en la zona.

Como respuesta a la situación, el alcalde de Newark, Ras Baraka, decretó un toque de queda nocturno alrededor del complejo. La medida permanecerá vigente entre las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m., limitando el acceso a vehículos autorizados.

Debate sobre las condiciones de los detenidos

El debate sobre las condiciones dentro de Delaney Hall también atrajo la atención de legisladores federales. El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, junto con varios congresistas de Nueva Jersey, realizó una visita de supervisión al centro durante el fin de semana.

Tras el recorrido, Jeffries calificó como preocupantes las condiciones observadas y sostuvo que la aplicación de las leyes migratorias debe realizarse de manera justa y humana.

Por su parte, el DHS reiteró que los detenidos reciben tres comidas diarias, acceso a servicios médicos y garantías de debido proceso. La dependencia también negó reportes sobre una supuesta huelga de hambre generalizada dentro de las instalaciones.

Mientras continúan las diferencias entre autoridades estatales y federales sobre la situación en Delaney Hall, el restablecimiento de las visitas representa un alivio para cientos de familias que buscan mantener contacto con sus seres queridos mientras avanzan sus procesos migratorios.

Entretanto, las manifestaciones continúan bajo una estricta vigilancia policial y con un perímetro de seguridad que las autoridades prevén mantener durante los próximos días.

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Ian Andre Roberts, inmigrante originario de Guayana, pasará dos años en prisión por vivir ilegalmente desde hace varios años en Estados Unidos y además haber engañado a las autoridades para que los contratarán como funcionario escolar.

En septiembre del año pasado, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvieron a Ian Roberts, superintendente de las Escuelas Públicas de Des Moines en Iowa, esto después descubrir que lleva más de 20 años viviendo ilegalmente en Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agencia matriz de ICE, el sujeto en cuestión, además de permanecer en Estados Unidos sin la documentación necesaria para acreditar su estancia, tampoco contaba con autorización para trabajar.

Lo controversial del asunto es que, desde julio de 2023, ejercía el puesto de superintendente del distrito escolar público más grande de Iowa.

En los registros de las autoridades migratorias se indica que, gracias a una visa de estudiante, Ian Andre Roberts ingresó a Estados Unidos en 1999, pero en mayo de 2024 un juez de inmigración le dio una orden final de deportación, la cual se rehusó a obedecer.

Además, desde el 5 de febrero de 2020, existen cargos en su contra por posesión de armas.

Lo más delicado con respecto a este último punto fue que, al momento de ser detenido hace unos meses portaba una pistola cargada y un cuchillo de caza de hoja fija.

De acuerdo con documentos judiciales, el inmigrante guyanés se declaró culpable de mentir sobre su ciudadanía en documentos laborales.

Los investigadores federales en cargado de su caso dieron a conocer que en el domicilio de Ian Andre Roberts descubrieron que tenía ocultas otras tres armas de fuego.

Ante las pruebas presentadas en su contra, se había solicitado una sentencia de tres años, pero la jueza Rebecca Goodgame Ebinger determinó condenarlo únicamente a 24 meses de prisión.

No obstante, la magistrada de 51 años recomendó que, una vez cumplida dicha penalidad, las autoridades migratorias lo expulsen del país.

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Las redadas migratorias impulsadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante 2025 no solo impactaron a los inmigrantes sin papeles. También provocaron una fuerte caída en el empleo y afectaron a miles de trabajadores nacidos en Estados Unidos, según una nueva investigación sobre los efectos económicos de los operativos migratorios en decenas de ciudades del país.

El estudio concluye que el aumento de las detenciones y redadas del ICE estuvo asociado con la pérdida de aproximadamente 668 mil empleos en las ciudades donde la actividad migratoria se intensificó con mayor fuerza. Los sectores más golpeados fueron precisamente aquellos donde tradicionalmente trabajan miles de inmigrantes: la construcción, los servicios de alojamiento y la industria restaurantera.

La investigación de Brookings sostiene que la estrategia de “conmoción y pavor” aplicada por las autoridades migratorias generó efectos económicos que fueron mucho más allá de las personas detenidas.

Construcción y restaurantes, los más afectados

Los datos muestran que las mayores pérdidas laborales se concentraron en industrias con alta participación de mano de obra inmigrante.

La construcción encabezó los sectores afectados. De acuerdo con el informe, la interrupción repentina de cuadrillas de trabajo provocó retrasos en proyectos, cancelaciones y reducción de operaciones. La falta de trabajadores no solo afectó a los inmigrantes, sino también a supervisores, operadores de maquinaria, electricistas y otros empleados nacidos en Estados Unidos.

La industria de alojamiento y alimentación también sufrió un fuerte golpe. Restaurantes, hoteles y negocios relacionados reportaron ausencias laborales, renuncias y dificultades para mantener sus operaciones.

Según una encuesta citada en el estudio, el 55% de los operadores de restaurantes reportó impactos negativos derivados de las acciones migratorias y un 18% afirmó que empleados dejaron de acudir a trabajar por temor a las redadas.

El impacto alcanzó a trabajadores estadounidenses

Uno de los hallazgos más relevantes es que las pérdidas laborales superaron ampliamente el número de arrestos realizados por el ICE.

Aunque las autoridades efectuaron alrededor de 52 mil detenciones adicionales en las ciudades más afectadas, los investigadores encontraron que cada arresto estuvo relacionado con la desaparición de hasta 13 empleos en la economía local.

El informe estima que entre 51 mil y 297 mil puestos perdidos habrían sido ocupados por trabajadores nacidos en Estados Unidos.

“Las detenciones del ICE no crearon empleos para los estadounidenses. Por el contrario, las redadas contrajeron las economías locales y destruyeron empleos”, concluye el estudio.

Menos consumo y negocios afectados

La investigación también identificó un efecto indirecto: el miedo generado por los operativos redujo la actividad económica en numerosas comunidades.

Muchas familias evitaron salir a restaurantes, centros comerciales, eventos deportivos o actividades recreativas por temor a encontrarse con agentes migratorios. Como consecuencia, sectores con poca presencia de trabajadores inmigrantes, como el entretenimiento y las artes, también registraron pérdidas de empleo.

Los investigadores señalan que en las ciudades donde se incrementaron las detenciones del ICE, el empleo cayó hasta 1.48% por debajo de lo que se esperaba sin los operativos.

El estudio concluye que las políticas de control migratorio implementadas en 2025 generaron costos económicos significativos para las comunidades locales y cuestiona la idea de que las deportaciones masivas benefician automáticamente a los trabajadores estadounidenses.

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Ricardo Hernández-Navarrete pasó más de dos meses detenido en distintos centros migratorios sin saber si volvería a ver a su familia o cumplir su sueño de jugar futbol universitario. Esta semana, sin embargo, el joven colombiano de 18 años regresó a Chicago tras ser liberado inesperadamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La historia, reportada por CBS News, dio un giro apenas días antes de su graduación de preparatoria. Hernández-Navarrete pudo asistir a la ceremonia acompañado de su madre y de sus compañeros de equipo, quienes durante semanas impulsaron campañas para exigir su liberación.

“Estoy emocionado”, dijo el adolescente después de recibir su diploma. “Estoy haciendo las cosas bien. Quizás por eso tenga la oportunidad de estar aquí”.

Detenido tras una cita migratoria

Ricardo fue arrestado en marzo junto a su madre, Martha Liliana Navarrete, cuando ambos acudieron a una cita migratoria rutinaria en Chicago. Debido a que ya había cumplido 18 años, el joven fue separado de ella y trasladado por distintos centros de detención en Indiana, Kansas, Oklahoma, Luisiana, Ohio y Kentucky.

Durante su detención, aseguró que lo más difícil fue no poder jugar futbol ni comunicarse regularmente con su familia.

“No podía jugar al futbol. Eso es lo más importante en mi vida”, declaró.

Su madre también fue liberada recientemente tras una orden judicial, aunque ambos continúan enfrentando procesos migratorios que podrían derivar en deportación.

Sueña con jugar futbol universitario

Pese a la incertidumbre legal, Hernández-Navarrete intenta enfocarse en el futuro. El joven ya se comprometió a jugar futbol en Truman College, en Chicago, mientras continúa presentándose regularmente ante ICE.

Como parte de las condiciones de supervisión, las autoridades le colocaron un dispositivo de rastreo electrónico y le exigen reportarse cada dos semanas, además de enviar fotografías diarias para monitorear sus movimientos.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que la familia ingresó de manera irregular al país en 2022, pero aseguró que el joven recibirá “todas las garantías procesales”.

Su entrenador de preparatoria, Enrique Cervantes, afirmó que Ricardo no representa el perfil criminal que frecuentemente utiliza la administración de Donald Trump para justificar deportaciones masivas.

“Es alguien que estudia, trabaja y quiere construir un futuro”, declaró Cervantes.

Ahora, el sistema migratorio estadounidense decidirá si Ricardo y su familia podrán permanecer legalmente en el país.

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Las condiciones infrahumanas de los centros de detención de ICE llevaron a un grupo de inmigrantes en la instalación Delaney Hall en Newark, New Jersey, a iniciar una huelga de hambre desde el pasado fin de semana feriado de Memorial Day. Legisladores federales y estatales que fueron al recinto a constatar las denuncias fueron recibidos agresivamente por los agentes encargados de controlar las protestas a las afueras del edificio.

La Associated Press reportó que seis personas fueron arrestadas en confrontaciones con los agentes federales.

El senador demócrata de Nueva Jersey, Andy Kim, fue alcanzado por una bola de gas pimienta y luego fue objeto de burlas de parte del Secretario del DHS, Markwayne Mullin, quien afirmó que Kim “no tenía por qué estar ahí”, aunque los legisladores federales tienen la autoridad de visitar estas instalaciones para verificar las condiciones prevalecientes.

Los detenidos se quejan de falta de atención médica adecuada, incluyendo una mujer que presuntamente sufrió un aborto espontáneo y no recibió asistencia. Denunciaron también que los alimentos que les proveen están en mal estado y que las condiciones son insalubres y deplorables.

No obstante, como reportó La Opinión, tanto Mullin como el zar de la frontera, Tom Homan, minimizaron las denuncias afirmando que, hagan lo que hagan los detenidos, nada frenará los planes de la administración de concretar su ola de deportaciones masivas.

“Llevo haciendo esto desde 1984. Las huelgas de hambre nunca funcionan. No vamos a cambiar lo que hacemos porque alguien se declare en huelga de hambre”, dijo Homan, según el diario.

“Y, de hecho, si la situación empeora lo suficiente y los presos sienten que se están poniendo en grave peligro, en peligro para su salud, entonces obtendremos una orden judicial y los alimentaremos a la fuerza”, agregó.

Mullin, por su parte, acudió a X para burlarse de los detenidos. “Solo había un puñado de personas que se negaban a comer porque querían su comida étnica. Bueno, que regresen a su país y consigan la comida que quieran. El hecho es que les estamos dando las calorías que quieren. Esto no es un Holiday Inn”, escribió Mullin.

Los centros de detención privados que operan con multimillonarios fondos federales que pagan los contribuyentes son un negocio redondo para estos operadores que mantienen a los detenidos hacinados, en condiciones insalubres, sin acceso a cuidados médicos ni preventivos, negándoles atención médica de urgencia si la requieren, incluso negándoles medicamentos para condiciones crónicas como diabetes e hipertensión. A veces la ayuda médica llega demasiado tarde. Se han denunciado abusos físicos, sexuales y psicológicos en estas instalaciones. Además de una cifra récord de muertes en los pasados años y meses.

Aumento de suicidios en estos centros

La Opinión informó que “una investigación de Associated Press reveló un incremento sin precedentes en el número de suicidios de inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, encendiendo nuevas alarmas sobre las condiciones de detención y el acceso a atención de salud mental en Estados Unidos”.

“De acuerdo con el reportaje, al menos 10 detenidos se han suicidado desde enero de 2025, una cifra que supera ampliamente los registros históricos de la agencia. Desde octubre pasado, siete muertes ya fueron clasificadas oficialmente como suicidios, convirtiéndose en el año más letal del que se tenga registro dentro del sistema de detención migratoria del ICE”, agregó el diario.

“Algo está fallando profundamente desde cualquier perspectiva de salud pública o salud mental”, declaró el doctor Sanjay Basu, epidemiólogo de la Universidad de California en San Francisco.

La Opinión agregó que “según el análisis, varios centros ignoraron señales evidentes de crisis emocional, retrasaron tratamientos psicológicos y dejaron sin vigilancia adecuada a personas consideradas en riesgo. La mayoría de los fallecidos eran hombres hispanos de entre 19 y 45 años provenientes de México, Colombia, Nicaragua y otros países latinoamericanos. Siete de ellos no tenían antecedentes por delitos violentos en Estados Unidos”.

Y es que, como consecuencia de la agresiva política migratoria de Trump, las detenciones se han disparado al punto de que en cualquier momento dado hay más de 60,000 detenidos en estas cárceles privadas.

El gobierno sigue adquiriendo instalaciones para seguir albergando personas, ya que se ha dedicado a despojar a cientos de miles de inmigrantes de protecciones que tenían a través de programas que han sido eliminados, como el TPS o el parole humanitario, entre otros.

De hecho, la nueva directriz de solicitar la residencia permanente en el extranjero sigue generando preocupación.

Y es que ciertamente muchos de estos inmigrantes estarían vulnerables a la detención, pues si no van al extranjero a tramitar su green card, activan la expulsión por presencia ilegal.

La estrategia de Trump ha sido deslegalizar a millones de inmigrantes eliminando los programas que los amparaban o no les renuevan sus permisos, como el caso de los beneficiarios de DACA, haciéndolos vulnerables a ser detenidos y deportados.

La Opinión informó que la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió de los peligros del cambio. Shev Dalal-Dheini, directora senior de Relaciones Gubernamentales, declaró que “en lugar de mejorar el sistema de inmigración y aumentar nuestra seguridad, esta política corre el riesgo de penalizar a quienes intentan cumplir la ley”.

Al menos una nota alentadora

La Opinión informó que “un juez federal de California bloqueó temporalmente una política de la administración Trump que permitía detener y deportar a inmigrantes víctimas de violencia doméstica, trata de personas y otros delitos graves, incluso cuando tenían solicitudes migratorias pendientes”.

“De acuerdo con el fallo, el DHS deberá restablecer de forma provisional las protecciones migratorias para solicitantes de visas U, T y amparos bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), mientras avanza el litigio. La resolución también ordena permitir el regreso a Estados Unidos de tres inmigrantes que habían sido deportados pese a contar con procesos migratorios activos”.

Cita de la semana:

“Para quien no está familiarizado con el tema, esto podría parecer un simple cambio técnico en el procedimiento. No lo es. Se trata de un cambio profundo con graves consecuencias para las personas, las familias y las empresas de todo el país. Consiste en otro intento de obstaculizar el sistema de inmigración legal, haciéndolo más lento, más estricto y más impredecible”, declaró Ben Johnson, director ejecutivo de AILA, sobre el memorando de USCIS que exigiría que ciertos inmigrantes soliciten su tarjeta de residencia permanente desde sus países de origen aunque ya estén en Estados Unidos.

Busque ayuda / Revise información en: Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis

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La administración del presidente Donald Trump lanzó un nuevo sitio web con temática extraterrestre que muestra estadísticas y mapas interactivos sobre arrestos migratorios realizados en Estados Unidos, una iniciativa que rápidamente provocó críticas de defensores de derechos humanos y organizaciones proinmigrantes por el tono utilizado para describir a los inmigrantes indocumentados.

El portal, identificado como “Aliens.gov”, utiliza referencias visuales inspiradas en películas de ciencia ficción y en la saga “Star Wars”. Al ingresar al sitio, los usuarios observan un texto en movimiento acompañado de estrellas y gráficos espaciales. El mensaje principal asegura que “los extraterrestres caminan entre nosotros”, en una evidente comparación entre inmigrantes y seres de otro planeta.

“Han vivido en nuestros barrios, comprado en nuestras tiendas y asistido a las mismas escuelas que nuestros hijos”, señala el texto del sitio. Más adelante agrega: “Con una excepción: no pertenecen aquí”.

La página también presenta un contador en tiempo real que muestra más de 3 millones de “encuentros” migratorios, una cifra que coincide con datos divulgados previamente por el Departamento de Seguridad Nacional sobre detenciones y cruces fronterizos registrados durante los últimos años.

Mapa interactivo y denuncias ciudadanas

Uno de los elementos centrales del portal es un mapa de calor de Estados Unidos que permite consultar arrestos relacionados con inmigración en ciudades y estados específicos. La información incluye fechas de detención, nacionalidad de los detenidos, presuntos antecedentes penales y posibles vínculos con pandillas, según datos recopilados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Además, el sitio incorpora un enlace directo al formulario de denuncias de ICE para que ciudadanos reporten lo que la Casa Blanca denomina “extranjeros sospechosos”. La herramienta fue presentada por funcionarios como parte de una estrategia de “transparencia” sobre las políticas migratorias impulsadas por Trump.

Un funcionario de la Casa Blanca declaró a medios conservadores estadounidenses que la plataforma busca demostrar el impacto que, según la administración, tuvo la política fronteriza del gobierno anterior en la seguridad pública.

“El presidente Trump fue el primero en advertir sobre el peligro que representan los extranjeros ilegales para las familias estadounidenses”, afirma el sitio web en uno de sus mensajes más controversiales.

El lanzamiento del portal también despertó curiosidad porque meses atrás la Casa Blanca había registrado discretamente los dominios “Alien.gov” y “Aliens.gov”, lo que generó especulaciones sobre una posible divulgación de documentos relacionados con ovnis o fenómenos aéreos no identificados.

Crecen las críticas por el tono del mensaje

La nueva plataforma aparece en medio de la intensificación de las operaciones migratorias impulsadas por la administración Trump y de crecientes protestas en distintas ciudades del país contra las redadas y deportaciones masivas.

Organizaciones civiles y activistas acusaron al gobierno de utilizar un lenguaje deshumanizante hacia los inmigrantes al compararlos con extraterrestres. Diversos grupos defensores de derechos humanos también cuestionaron la promoción de denuncias ciudadanas, argumentando que podría fomentar perfiles raciales y temor entre comunidades inmigrantes.

El debate ocurre mientras ICE mantiene una expansión de sus operaciones en centros de detención y zonas urbanas de alto flujo migratorio. Datos del Consejo Estadounidense de Inmigración indican que decenas de miles de personas permanecen bajo custodia migratoria en distintos puntos del país.

La administración Trump ha defendido su estrategia migratoria como una medida necesaria para reforzar la seguridad fronteriza y cumplir una de las principales promesas de campaña del presidente: incrementar las deportaciones y endurecer el control migratorio en todo Estados Unidos.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha respondido públicamente a las críticas relacionadas con el contenido y el tono del nuevo sitio web.

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El escritor salvadoreño y activista Javier Zamora aseguró que Donald Trump ha logrado instalar el miedo y la deshumanización en la vida cotidiana de millones de migrantes y personas que viven en territorio estadounidense, en medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas desde su regreso a la Casa Blanca.

“Este presidente que odio decir su nombre, Trump, creo que ha llegado hasta lo profundo de nuestro subconsciente de todo ser migrante o ser no blanco que vive en los Estados Unidos. Y desde ahí creo que está ganando el terror y el racismo y toda esta deshumanización de nosotros, que somos seres humanos”, afirmó Zamora en entrevista con la agencia EFE durante el festival literario Centroamérica Cuenta, realizado en Panamá.

El autor de “Solito”, libro autobiográfico que relata el viaje que realizó desde El Salvador hasta Estados Unidos cuando tenía apenas 9 años, confesó sentir miedo e incertidumbre ante la posibilidad de regresar al país donde reside actualmente. Zamora cruzó la frontera estadounidense siendo niño, viajando a pie por el desierto y en pequeñas embarcaciones junto a otros migrantes indocumentados.

Desde su retorno al poder en enero de 2025, explica, Donald Trump reactivó una política de detenciones masivas de migrantes. De acuerdo con datos citados por EFE y reportes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), los operativos pasaron de enfocarse en traslados desde cárceles y arrestos fronterizos a redadas directas en ciudades y comunidades del interior del país.

Un análisis del Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California en Berkeley reveló que las detenciones de inmigrantes en la vía pública se multiplicaron por once durante el primer año del segundo mandato de Trump. Además, cifras oficiales del Gobierno estadounidense mostraron que en enero de 2026 más de 70,700 migrantes permanecían detenidos, el número más alto registrado hasta ahora.

Para Zamora, la narrativa política impulsada por Trump ha reducido a los migrantes a una sola condición: “No somos vistos como personas completas”.

 Según explicó, aunque administraciones anteriores también mantuvieron políticas restrictivas, durante el gobierno de Barack Obama existió la percepción de que podía darse un cambio positivo. “Llegamos al pico de la montaña de la esperanza y desde entonces todo ha venido bajando hasta tocar fondo”, lamentó.

Otro de los aspectos que más inquieta al escritor es el respaldo latino que obtuvo Trump en las elecciones presidenciales de 2024. De acuerdo con el Pew Research Center, el mandatario republicano consiguió el 48% del voto hispano, frente al 51% alcanzado por la candidata demócrata Kamala Harris.

Zamora atribuyó parte de ese respaldo a dinámicas de racismo y aspiración social dentro de las propias comunidades migrantes. “Creo que los que votaron por Trump, lo que nos están diciendo es que ellos realmente creen que al ser ciudadanos se pueden convertir en blancos”, afirmó.

El escritor también recordó que una de las experiencias más difíciles de sus primeros años en Estados Unidos no fue aprender inglés, sino enfrentar discriminación de otros migrantes ya establecidos.

“Es algo que ocurre en casi toda comunidad migrante en todo el mundo, esa manera de pensar: yo sufrí, pero ya la hice, ahora te voy a hacer sufrir a vos inmigrante recién llegado”, expresó.

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Organizaciones defensoras de derechos civiles e inmigrantes denunciaron ante un juez federal en Nueva York las condiciones “inhumanas” en las que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantiene a decenas de migrantes en el edificio 26 Federal Plaza, una instalación federal diseñada para detenciones temporales que, según las acusaciones, se ha convertido en un centro de confinamiento prolongado y hacinado.

La audiencia formó parte de una demanda colectiva presentada en agosto de 2025 por las organizaciones American Civil Liberties Union (ACLU), Make the Road New York y el bufete Wang Hecker LLP contra la administración del presidente Donald Trump. Las agrupaciones buscan que el juez federal Lewis Kaplan convierta en permanente una orden judicial temporal emitida en 2025 que prohíbe al ICE mantener detenidos en condiciones “insalubres”.

De acuerdo con la ACLU, más de 100 personas han permanecido encerradas durante días o incluso semanas en áreas del 26 Federal Plaza que sólo estaban destinadas a alojar migrantes por unas horas mientras se procesaban sus casos migratorios. La organización denunció que las instalaciones carecen de camas, duchas y atención médica adecuada.

“Las pruebas muestran abrumadoramente que las personas fueron detenidas en condiciones terroríficas e inhumanas”, afirmó la abogada Heather Gregorio, del despacho Wang Hecker, al término de la audiencia. Según explicó, entre los detenidos había personas con diabetes, tuberculosis y otras enfermedades graves que no recibieron atención médica adecuada.

Los demandantes sostienen que el ICE llegó a alojar decenas de personas en una sola habitación de aproximadamente 20 metros cuadrados. Algunos migrantes dormían en el suelo de cemento, utilizaban sanitarios sin privacidad y recibían alimentos en mal estado o insuficientes.

Entre los testimonios presentados ante el tribunal figuró el de Carlos, un joven inmigrante que aseguró que agentes migratorios lo presionaron para firmar una “autodeportación”.

“Un agente me dijo que como mi nueva audiencia no era hasta 2029, tendría que esperar esos años encerrado. Me sentí profundamente deprimido”, declaró. El migrante relató haber dormido en el suelo junto a decenas de personas y haber recibido únicamente dos comidas diarias “no aptas para consumo humano”.

La abogada Carmen González, representante de la ACLU, explicó que el décimo piso del edificio cuenta con “cuatro cuartos fríos” de cemento pensados exclusivamente para detenciones breves, pero que durante el verano de 2025 el Gobierno federal comenzó a utilizarlos como espacios de confinamiento prolongado mientras endurecía las redadas migratorias en Nueva York.

De acuerdo a la organización, muchos de los inmigrantes detenidos fueron arrestados cuando acudieron al propio 26 Federal Plaza para comparecer ante tribunales migratorios o realizar trámites relacionados con su situación legal. El edificio alberga varias agencias federales, incluidas oficinas de inmigración y cortes administrativas.

La controversia sobre las condiciones del lugar aumentó en julio de 2025, cuando la New York Immigration Coalition difundió videos del interior de las instalaciones mostrando a personas hacinadas, durmiendo en el piso y compartiendo dos baños sin privacidad. La coalición denunció además falta de acceso a duchas, alimentos y medicamentos suficientes.

En septiembre de 2025, varios funcionarios demócratas fueron detenidos durante protestas frente al edificio, entre ellos el contralor de Nueva York, Brad Lander, y el defensor público Jumaane Williams, quienes exigían el cierre de las instalaciones de detención temporal.

La orden emitida previamente por el juez Kaplan obliga al ICE a proporcionar colchones, artículos de higiene personal y acceso rápido a representación legal, además de impedir el hacinamiento y exigir condiciones sanitarias adecuadas. El magistrado deberá decidir ahora si convierte esas medidas en una disposición permanente.

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