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  • Hechos de la semana en inmigración: crecen el miedo, las redadas y las dudas sobre ICE

    Hechos de la semana en inmigración: crecen el miedo, las redadas y las dudas sobre ICE

    La Opinión reportó que “los campesinos indocumentados que viven en Estados Unidos consideran que son tratados como si no fueran seres humanos, y casi la totalidad de 2,250 encuestados por la Fundación de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW Foundation) teme una probable detención y deportación”.

    El reporte “Bajo el sol y fuera de las sombras: Miedos, esperanzas y aspiraciones de los trabajadores agrícolas indocumentados afectados por las medidas de control de la era Trump”, encontró que el 88% de los 2,250 trabajadores agrícolas encuestados “expresaron su preocupación por ser presa de las continuas redadas migratorias y deportaciones masivas”.

    Y el 90% indicó que su principal preocupación es la separación familiar.

    Para la encuesta se entrevistaron trabajadores agrícolas de California, Washington, Michigan, Georgia y otros 12 estados.

    Sigue la pesquisa por la muerte de Lorenzo Salgado Araujo a manos de ICE

    El caso de la muerte del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston, Texas, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) registró varios desarrollos esta semana, y entre esos, se confirmó que una sustancia encontrada en su vehículo y que según las autoridades podría tratarse de “metanfetaminas” arrojó negativo a drogas ilícitas. Asimismo, un juez ordenó la liberación de un centro de detención de ICE a uno de los tres trabajadores que eran pasajeros de Salgado y que son testigos presenciales de los hechos que culminaron en su muerte.

    El primer punto es significativo porque los agentes argumentaron que aunque Salgado no era el objetivo del operativo, la presencia de la “sustancia” justificó, según ellos, la intervención. Alegan además que Salgado usó su vehículo como “arma” y por eso fue abatido a tiros. Los trabajadores que lo acompañaban desmienten la versión oficial.

    La oficina del procurador del condado Harris, Sean Teare, afirmó que quiere que las pruebas contra los agentes de ICE sean lo más exhaustivas posible antes de presentarlas ante un gran jurado porque es probable que el gobierno de Trump quiera trasladar el caso de un tribunal estatal a uno federal. Teare le dijo al Houston Chronicle que “su oficina podría impedir dicho traslado demostrando que el agente federal actuó fuera del ámbito de sus funciones durante el tiroteo”.

    Una de las principales quejas de los inmigrantes y de quienes los apoyan es precisamente la falta de rendición de cuentas de los agentes migratorios que operan con absoluta impunidad.

    Agente de ICE que mató a joven colombiano posee un serio historial de violencia

    Por otra parte, The Associated Press reportó que el agente de ICE que mató al inmigrante colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero cuenta con un historial de conducta violenta, incluso contra sus dos exesposas. Una de ellas proveyó a la agencia de noticias el audio de un mensaje que le dejó el agente indicando que alguien debería cortarle el cuello.

    El zar de la frontera, Tom Homan, indicó en CNN que, si los alegatos son ciertos, el agente no debió aprobar la verificación de antecedentes.

    La Opinión reportó que ICE revisará los protocolos de contratación tras las muertes de los dos inmigrantes.

    “La revisión anunciada por Homan busca determinar si los actuales filtros de contratación y capacitación son suficientes para evitar que personas con antecedentes incompatibles con el servicio federal ingresen a una de las agencias más cuestionadas por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes”, escribió el diario.

    “Para ampliar la fuerza operativa, la agencia ofreció bonos de ingreso de hasta $50,000, acumulando más de 220,000 solicitudes. Sin embargo, activistas y legisladores advirtieron que el apresurado crecimiento provocó que se pasaran por alto antecedentes penales o conductas violentas entre los nuevos reclutas”, agregó el artículo.

    Gobierno sigue ampliando su capacidad de detención

    La Opinión informó que ICE “se prepara para ampliar de forma significativa su infraestructura de detención con la apertura de cuatro nuevos centros en Miami, Seattle, Philadelphia y Denver, instalaciones que en conjunto podrán albergar a unas 5,500 personas”.

    “La ampliación de la capacidad de detención coincide con un incremento sostenido en las operaciones migratorias. En junio, ICE registró cerca de 40,000 ingresos a sus centros de detención, mientras que datos oficiales indican que actualmente más de 65,000 personas permanecen bajo custodia de la agencia en 207 instalaciones distribuidas en 40 estados”, explicó el diario.

    Los centros de detención de ICE también son objeto de críticas por las condiciones deplorables que han denunciado los propios inmigrantes y quienes los apoyan, incluyendo alimentos en mal estado y falta de atención médica preventiva y de emergencia.

    La Opinión escribió que “cada complejo contará con cinco salas para audiencias de inmigración, oficinas para jueces y al menos 20 espacios destinados a abogados de la división legal de ICE. Con ello, la agencia pretende reducir el traslado de los detenidos hacia tribunales externos y agilizar el desarrollo de los procesos migratorios”.

    Niños inmigrantes no acompañados podrían perder su asistencia legal

    La Opinión reportó que “miles de niños inmigrantes no acompañados en Estados Unidos podrían perder su derecho a contar con representación legal a partir del 31 de julio, cuando vence el contrato federal que financia estos servicios, advirtieron organizaciones especializadas durante una conferencia organizada por Defending Our Neighbors Fund”.

    “Los proveedores de asistencia jurídica alertaron que, si el gobierno no renueva el convenio, decenas de miles de menores deberán enfrentar solos los procesos ante las cortes de inmigración, mientras el gobierno seguirá representado por abogados especializados”, dice el artículo.

    ICE arresta a más de 12,000 usando información sobre menores no acompañados

    La Opinión informó que “de acuerdo con un reportaje exclusivo de Reuters, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) compartió desde enero de 2025 más de 460,000 registros investigativos con ICE, la agencia encargada de hacer cumplir las leyes migratorias dentro del país”.

    “Esos datos incluían información sobre menores no acompañados, sus patrocinadores —en muchos casos padres, madres u otros familiares— y también otros adultos que vivían en el mismo hogar. Según los documentos internos citados por Reuters, esa información estuvo vinculada con más de 12,000 arrestos realizados por ICE”, reportó el diario.

    “Uno de los episodios relatados por Reuters es el de una madre mexicana que entregó documentos, huellas y una prueba de ADN para recuperar a su hija de seis años. Días después de concretar la reunificación, tanto la madre como la niña fueron detenidas y trasladadas a un centro familiar de Texas, según la investigación”.

    Cita de la semana

    “Tengo temor de salir a trabajar y no regresar a casa para ver a mis hijas. No sé qué haría si llegara a encontrarme con esos hombres enmascarados, quienes no sé si sean secuestradores”, indicó Yazmín, una trabajadora del campo que posee DACA y de todos modos teme ser detenida y deportada. Yazmín es una de los 2,250 trabajadores del campo encuestados por la UFW Foundation.

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  • Alerta de viaje por arrestos de inmigrantes en aeropuertos

    Alerta de viaje por arrestos de inmigrantes en aeropuertos

    La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) emitió un inusual aviso dirigido a la comunidad inmigrante tras detectar un aumento en los reportes de arrestos migratorios por parte de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de aeropuertos de todo el país, incluso durante vuelos nacionales.

    De acuerdo con un comunicado difundido por la propia organización, las detenciones han sido documentadas en terminales como el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO), además de reportes provenientes de Nevada, Colorado, Massachusetts, Florida, Illinois, Kansas, Michigan, Nueva Jersey, Texas y Virginia.

    Ante este panorama, CHIRLA exhortó a quienes tengan procesos migratorios pendientes a analizar cuidadosamente los riesgos antes de abordar un vuelo dentro del país y buscar asesoría legal especializada.

    Detectan un nuevo patrón de detenciones

    La organización explicó que los casos recientes muestran un comportamiento distinto al observado anteriormente. Según los reportes recibidos, las detenciones ya no se limitan a personas con antecedentes migratorios complejos, sino que también involucran a quienes permanecieron en el país más tiempo del autorizado por su visa o incumplieron alguna condición migratoria, aun cuando no tengan antecedentes penales ni órdenes de deportación.

    Además, CHIRLA indicó que también existen informes de personas detenidas durante escalas en vuelos nacionales, así como personas con Green Card, solicitantes de asilo o aquellos que cuentan con permisos de permanencia o autorización de empleo vigente mientras sus casos continúan en trámite.

    Piden asesoría antes de viajar

    La abogada de inmigración y directora de Servicios Legales de Derechos Laborales de CHIRLA, Yunuen Trujillo, pidió a la comunidad actuar con cautela antes de realizar viajes dentro de Estados Unidos.

    “En las últimas semanas, CHIRLA ha recibido informes de miembros de la comunidad que indican un aumento en las detenciones relacionadas con la inmigración en aeropuertos estadounidenses durante vuelos nacionales”, señaló.

    La especialista recomendó que quienes tengan solicitudes pendientes de residencia permanente o asilo consulten primero con un abogado de inmigración para evaluar su situación particular.

    “Instamos a los miembros de la comunidad a evaluar cuidadosamente los riesgos de los viajes aéreos nacionales en este momento y a consultar con un abogado de inmigración calificado antes de viajar”, añadió.

    La organización incluso sugirió posponer los viajes nacionales que no sean indispensables hasta recibir orientación jurídica, especialmente para quienes mantienen procesos migratorios abiertos.

    En caso de requerir asesoría legal confiable, la organización insta al público a comunicarse con la Línea Directa Nacional de Asistencia para Inmigrantes al (888) 624-4752.

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  • Monitor judicial exhibe fallas médicas en el mayor centro de detención de ICE en California

    Monitor judicial exhibe fallas médicas en el mayor centro de detención de ICE en California

    Las condiciones de atención médica en el Centro de Procesamiento de Inmigración de California City, el mayor centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California, volvieron a quedar bajo escrutinio. Un monitor independiente designado por un tribunal federal concluyó que la instalación incumplió la orden judicial que la obligaba a garantizar servicios médicos adecuados para las personas inmigrantes detenidas.

    De acuerdo con información publicada por The Hill, el médico Muthusamy Anandkumar, nombrado por la jueza federal Maxine M. Chesney, detectó múltiples fallas estructurales tras una inspección realizada durante tres días, en la que revisó expedientes clínicos, entrevistó a trabajadores y analizó documentación proporcionada tanto por ICE como por la empresa CoreCivic, encargada de operar el centro.

    Escasez de personal y atención insuficiente

    El informe de ACLU concluye que la instalación carece del personal médico necesario, enfrenta problemas de supervisión y no cuenta con mecanismos eficaces para detectar y corregir fallas en la atención sanitaria.

    Además, señala que parte del personal fue incorporado a sus funciones sin concluir su capacitación debido a la falta de trabajadores disponibles, situación que, según el especialista, incrementa el riesgo para pacientes con enfermedades físicas y problemas de salud mental.

    “Dado el número de pacientes y la gravedad de sus necesidades médicas y de salud mental, estas importantes deficiencias contribuyen a crear un entorno inseguro”, escribió Anandkumar en su informe.

    El especialista también advirtió que el centro no dispone de un sistema confiable para dar seguimiento continuo a los tratamientos, lo que podría derivar en daños inmediatos y de largo plazo para las personas bajo custodia.

    ICE y CoreCivic responden al informe

    En respuesta, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró al medio señalado que ningún detenido es privado del acceso a servicios médicos y afirmó que las instalaciones de ICE son auditadas periódicamente para verificar el cumplimiento de los estándares nacionales.

    Por su parte, Ryan Gustin, portavoz de CoreCivic, señaló que la empresa ya revisa las observaciones del monitor judicial y defendió el trabajo del personal médico.

    “Nada es más importante que la salud, la seguridad y el bienestar de las personas bajo nuestro cuidado”, afirmó Gustin.

    El caso podría derivar en nuevas acciones judiciales para garantizar que el centro cumpla con las condiciones mínimas de atención médica exigidas por la justicia federal.

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  • Muere inmigrante mexicano con leucemia tras permanecer bajo custodia de ICE en Georgia

    Muere inmigrante mexicano con leucemia tras permanecer bajo custodia de ICE en Georgia

    La muerte de un migrante mexicano que permaneció varias semanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Georgia desató nuevas críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que acusan a la agencia de haber retrasado la atención médica que requería el joven, quien padecía leucemia.

    Priciliano Trejo, de 29 años y conocido entre sus familiares como “Yanito”, falleció el 24 de julio en un hospital de Georgia, días después de haber sido trasladado desde el Centro de Detención de Stewart, una de las mayores instalaciones para inmigrantes en Estados Unidos.

    De acuerdo con su familia y con organizaciones como Detention Watch Network, Project South, Georgia Latino Alliance for Human Rights y El Refugio, Trejo fue detenido por agentes de ICE en Carolina del Norte y posteriormente enviado al centro de detención en Georgia.

    Los familiares aseguraron que el 6 de julio comenzó a sentirse mal y solicitó atención médica debido al avance de la enfermedad que padecía. Sin embargo, denunciaron que no recibió asistencia durante ocho días y que fue llevado al hospital hasta el 13 de julio. Dos días después, el mexicano cayó en coma.

    Las organizaciones señalaron que fue entonces cuando ICE notificó a la familia para transferirles la custodia del joven. Trejo murió nueve días después, ya fuera de la custodia directa de la agencia migratoria.

    Organizaciones exigen respuestas y el cierre del centro

    Los grupos defensores sostienen que, al haber sido entregado a sus familiares antes de su fallecimiento, existe la posibilidad de que el caso no sea contabilizado oficialmente como una muerte ocurrida bajo custodia de ICE. “Él merecía estar junto a sus seres queridos mientras luchaba contra la leucemia. Merecía recibir atención médica adecuada y especializada, no estar encerrado en una prisión del ICE hacinada y letal, plagada de violaciones a los derechos humanos y negligencia médica”, afirmó Priyanka Bhatt, abogada de Project South.

    Por su parte, Setareh Ghandehari, de Detention Watch Network, expresó que la organización se encuentra “profundamente” entristecida e indignada por el fallecimiento.

    Amílcar Valencia, director ejecutivo de El Refugio, dijo que la muerte de Trejo se suma a una “larga lista” de personas fallecidas en el Centro de Detención de Stewart, donde, según la organización, ya se han registrado 15 decesos. Agregó que el padre del joven exige una explicación sobre el rápido deterioro de su salud y reclama una investigación.

    Adelina Nicholls, directora ejecutiva de Georgia Latino Alliance for Human Rights, reiteró el llamado para cerrar ese centro de detención, al asegurar que enfrenta desde hace años denuncias por presuntas condiciones inhumanas y deficiencias en la atención médica.

    Hasta el cierre de esta información, ICE no había respondido a las solicitudes de comentarios sobre el caso. De acuerdo con Human Rights Watch, al menos 52 inmigrantes murieron bajo custodia de ICE entre el 20 de enero y el 4 de junio de 2025.

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  • Trabajadores agrícolas de California expresan miedo abrumador ante redadas  

    Trabajadores agrícolas de California expresan miedo abrumador ante redadas  

    Los campesinos indocumentados que viven en Estados Unidos consideran que son tratados como si no fueran seres humanos, y casi la totalidad de 2,250 encuestados por la Fundación de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW Foundation) teme una probable detención y deportación bajo la agresiva apliación de leyes migratorias por parte de la administración Trump.  

    “Tengo temor de salir a trabajar y no regresar a casa para ver a mis hijas”, declaró Yazmín, una trabajadora del campo nacida en Hidalgo, México, quien está amparada de la deportación bajo el programa de DACA. “No sé qué haría si llegara a encontrarme con esos hombres enmascarados, quienes no se si sean secuestradores”.  

    El testimonio de Jazmín se presentó mientras los autores del reporte denominado “Bajo el sol y fuera de las sombras: Miedos, esperanzas y aspiraciones de los trabajadores agrícolas indocumentados afectados por las medidas de control de la era Trump”, informaban que el 88% de los 2,250 trabajadores agrícolas encuestados –la mayoría de California- expresaron su preocupación por ser presa de las continuas redadas migratorias y deportaciones masivas.  

    Los resultados de la investigación se dieron a conocer este jueves en una conferencia en Los Ángeles.

    Imagen de la conferencia en la que se dieron a conocer los resultados de una delicada encuesta con trajadores agrícolas ante las políticas migratorias del actual gobierno federal.
    Imagen de la conferencia en la que se dieron a conocer los resultados de una delicada encuesta con trajadores agrícolas ante las políticas migratorias del actual gobierno federal.
    Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

    Preocupa la separación familiar  

    “A menudo se trata a los trabajadores agrícolas indocumentados como si no fueran seres humanos importantes, como si sus temores, aspiraciones e inquietudes no tuvieran la suficiente relevancia para ser tomados en cuenta”, señala el estudio, liderado por Jonathan Angulo, analista de investigación y políticas de la Fundación UFW y profesor adjunto en la Universidad Estatal de San Diego, campus Imperial Valley.  

    Los autores del reporte de 29 páginas entrevistaron a trabajadores agrícolas de California y también de los estados de Washington, Michigan, Georgia y 12 más.  

    Otros resultados indican que el 90% de los campesinos respondió que su principal preocupación era la separación familiar, es decir, 2,225 de un total de 2,250.  

    “Yo temo por mis padres”, le dijo a La Opinión Andrés Alonso Felipe, ciudadano estadounidense y trabajador agrícola de Oxnard, California. Sus padres son originarios de Michoacán, México.  

    Alejandro Herrera, analista senior de investigación y datos para la UFW Foundation afirmó que la protección de la información confidencial de los participantes fue fundamental para completar el informe, porque los encuestados sabían que su privacidad estaría resguardada.  

    “Yo temo por mis padres”, le dijo a La Opinión Andrés Alonso Felipe, ciudadano estadounidense y trabajador agrícola de Oxnard, California.
    “Yo temo por mis padres”, le dijo a La Opinión Andrés Alonso Felipe, ciudadano estadounidense y trabajador agrícola de Oxnard, California.
    Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

    Hay demanda contra Trump  

    Erica Lomelí Corcoran, directora ejecutiva de la UFW Foundation, señaló que durante, demasiado tiempo, investigadores académicos y gubernamentales, así como los responsables de formular políticas, se han enfrentado a importantes obstáculos para acceder a datos exhaustivos sobre las personas cuyas vidas se ven más directamente afectadas por las redadas migratorias.  

    Enfatizó que “Bajo el sol y fuera de las sombras” es el primer estudio en profundidad que examina las preocupaciones y los temores de los trabajadores agrícolas indocumentados, así como sus esperanzas y aspiraciones.  

    “Esperamos que esta encuesta arroje luz sobre la situación y permita que quienes ostentan el poder comprendan la realidad que viven los sectores más vulnerables”, dijo.

    La representante de la UWF Foundation indicó que los datos recopilados han sido compartidos con legisladores y congresistas para educarlos sobre la realidad que están viviendo cientos de miles de familias.  

    Actualmente, la Fundación UFW y su organización hermana, la Unión de Campesinos (UFW), mantienen una demanda contra la administración Trump y el Departamento del Trabajo por recortar los salarios de los campesinos entre $3 y $7 por hora.  

    “Fue una regla aprobada en noviembre de 2025 y entró en vigor de inmediato”, informó la fundación. “Es injusta y también ilegal”.  

    Erica Lomelí Corcoran, directora ejecutiva de la Fundación UFW, explicó las dificultades para realizar una encuesta como “Bajo el sol y fuera de las sombras".
    Erica Lomelí Corcoran, directora ejecutiva de la Fundación UFW, explicó las dificultades para realizar una encuesta como “Bajo el
    sol y fuera de las sombras”.
    Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

    Trabajadores agrícolas: 45% indocumentados

    Los aproximadamente 300,000 trabajadores agrícolas que hay en California, incluyendo a Yazmín, su esposo Andrés Alonso y sus padres, ayudan a producir más de 350 productos alimenticios para todo Estados Unidos. Dicha producción incluye un tercio de las verduras y casi dos tercios de las frutas y frutos secos. Además, en el “Estado Dorado” se cosecha el 90% de las fresas del país.  

    Según la Fundación UFW, de los casi 2.5 millones de trabajadores agrícolas que hay en Estados Unidos, cerca del 70 por ciento son inmigrantes y más del 45 por ciento son inmigrantes indocumentados.  

    Debido a su situación migratoria, muchos son vulnerables al robo de salarios y a otras prácticas laborales injustas.  

    Dicha situación afecta los salarios, los derechos laborales, así como la salud y la seguridad de estos trabajadore y sus familias. Los inmigrantes indocumentados son más vulnerables a la explotación y tienen menos probabilidades de tomar medidas al respecto debido al temor a la deportación.  

    De hecho, Erica Lomelí Corcoran informó que la fundación que dirige ha atendido casi medio millar de casos de trabajadores agrícolas arrestados por ICE y les ha brindado asesoría legal. Sin embargo, no pudo dar a conocer cuántos de ellos lograron evitar la deportación.  

    Jonathan Angulo, el analista de investigación de la fundación, manifestó que el 13% de las personas encuestadas, es decir, aproximadamente 300 de 2,250, teme sufrir persecución en sus lugares de nacimiento.  

    “[El porcentaje] refleja términos cualitativos del miedo a ser asesinados y extorsión: dicen que si regresan a su pueblo o comunidad le tiene que dar una cantidad de dinero a los narcos porque, si no lo hacen, secuestran sus familias”, le dijo Angulo a La Opinión. Esa fue la razón por la que no preguntaron a los encuestados por su país de origen.  

    Trabajadores agrícolas, algunos de los cuales asistieron a la conferencia en Los Ángeles, temen ser separados de su familia por agentes de inmigración.
    Trabajadores agrícolas, algunos de los cuales asistieron a la conferencia en Los Ángeles, temen ser separados de su familia por agentes de inmigración.
    Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

    Conclusiones de la encuesta  

    • Impactos de las redadas: el 92% de los encuestados reportaron que las redadas migratorias y las deportaciones han afectado su empleo.  
    • Residencia estadounidense: la mayoría, el 80%, ha vivido en los Estados Unidos por más de 10 años, y el 41% por más de 20 años, revelando las raíces profundas que han creado en sus comunidades.  
    • Años de empleo: más del 40% de los encuestados han laborado en la agricultura por más de 20 años, lo que demuestra su experiencia profesional y habilidades laborales.  
    • Efectos inhibidores: el 90% se preocupa por la separación de su familia debido a las deportaciones, el 49% no ha vivido en su país de origen por muchos años, el 43% tiene miedo de no poder regresar a Estados Unidos y el 13% tiene miedo de la persecución en su país de origen.  
    • Deportaciones y las separaciones de familias: el 76% reportó su deseo de protección contra la deportación y detención y el 53% espera una vía hacia un estatus legal y la ciudadanía estadounidense.  
    • Prioridades de política migratoria: el 66% de los encuestados quieren un salario digno y el 50% empleo con beneficios, lo que señala su deseo de políticas laborales a favor de los campesinos.  
    • Prioridades de política económica: si el Congreso estadounidense llegara a aprobar una ley de reforma migratoria que les dé un estatus legal a los campesinos, el 87% de los encuestados dijo que una de sus primeras acciones sería visitar a sus seres queridos en su país de origen, a quienes muchos no han podido ver durante muchos años. 
  • Trump pretende reemplazar a inmigrantes indocumentados que “conducen camiones” por veteranos del ejército

    Trump pretende reemplazar a inmigrantes indocumentados que “conducen camiones” por veteranos del ejército

    El presidente Donald Trump dio a conocer una controversial iniciativa mediante la cual pretende reemplazar a inmigrantes indocumentados que presuntamente conducen camiones por veteranos del ejército estadounidense.

    Sin embargo, la posición del conservador de 80 años parece carecer de fundamento, pues las leyes estadounidenses imposibilitan el otorgamiento de licencias para conducir camiones a extranjeros carentes de una documentación que justifique su estancia en Estados Unidos.

    De hecho, esa responsabilidad recae en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), agencia que se encarga de emitir licencias de conducir, registrar vehículos y expedir sus correspondientes placas metálicas en todo el país. Así que, sin su aval, a cualquier extranjero carente de estatus legal le resulta imposible acceder a una licencia para conducir camiones.

    Basado en ello, resulta sorprendente que Trump haya lanzado la iniciativa denominada “Freedom Haulers” (Transportistas de la Libertad), la cual se enfocará en camioneros prácticamente inexistentes, pues, en teoría, ningún inmigrante sin documentos que avalen su estancia en el territorio estadounidense puede acceder a una licencia para conducir camiones y, hacerlo sin ella, implicaría un riesgo muy alto de ser detectado por las autoridades durante los controles de vigilancia efectuados periódicamente en distintas carreteras estadounidenses.

    En Estados Unidos a los inmigrantes carentes de estatus legal se les impide obtener licencias para conducir camiones. (Crédito: Tony Avelar / AP)

    A sabiendas de ello, este jueves, el hombre de 80 años que gobierna la Casa Blanca, acompañado por Sean Duffy, secretario de Transporte, y Keith Sonderling, secretario de Trabajo interino, advirtió que su lucha para deportar a inmigrantes indocumentados se extenderá hacia un sector de ellos condiciendo camiones en distintas las carreteras de la nación.

    Trump además anticipó que la baja de estos conductores será reemplazada por veteranos de las Fuerza Armadas que se ajusten al perfil y cumplan con los requisitos.

    A todos ellos se les otorgarán licencias de conducir comerciales (CDL) aceleradas.

    Incluso se aseguró que los veteranos sin experiencia en la conducción de camiones podrán recibir capacitación para obtener el documento exigido por el Departamento de Transporte.

    Alineándose a la nueva disposición del presidente, Werner Enterprises, empresa estadounidense de transporte y logística que presta servicios en Estados Unidos, México y Canadá, anunció estar abierta a contratar a 1,400 veteranos y cónyuges de veteranos para sumarse a la conducción de camiones.

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  • Otro Tribunal de Apelaciones rechaza que ICE mantenga detenidos a inmigrantes sin fianza

    Otro Tribunal de Apelaciones rechaza que ICE mantenga detenidos a inmigrantes sin fianza

    El plan de detenciones masivas del gobierno del presidente Donald Trump enfrenta una nueva derrota, luego de que el Tribunal de Apelaciones para el Noveno Circuito echara atrás el plan de someter a millones de inmigrantes a detención obligatoria sin derecho a fianza.

    Esta decisión es vinculante para los tribunales inferiores en los estados de Alaska, Arizona, California, Hawai, Idaho, Montana, Nevada, Oregón y Washington. Otros tribunales han decidido en el mismo sentido, ampliando el bloqueo a esta política de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

    El fallo del Noveno Circuito de 2 a 1 determinó que el gobierno de Trump había interpretado erróneamente leyes de inmigración vigentes desde hace décadas para justificar su política de detención masiva de inmigrantes.

    ICE pretendía aplicar a nivel nacional –y para personas que llevan varios años viviendo en EE.UU.– una política de 1996 que se utiliza para las personas detenidas al cruzar la frontera o poco tiempo despues.

    “El cambio de política del gobierno ha dado lugar a que miles de extranjeros detenidos presenten recursos de hábeas corpus ante tribunales federales de todo el país, solicitando audiencias de fianza y una posible liberación”, escribió el juez Daniel Bress, nombrado por Trump, en nombre de la mayoría.

    El juez agrega que la política del presidente Trump no se apega a una determinación del Congreso.

    “La postura del gobierno implica que el Congreso, en 1996, introdujo un cambio importante en las leyes de inmigración al someter a millones de extranjeros indocumentados presentes en Estados Unidos a la detención obligatoria, pero que este cambio pasó desapercibido para el Poder Ejecutivo durante las siguientes tres décadas”, dice la opinión. “Por consiguiente, no creemos que el Congreso, en 1996, haya introducido un cambio tan drástico en nuestro sistema de detención de inmigrantes como el que ahora sostiene el gobierno”.

    Un caso que defiende a miles

    El fallo emitido por el Noveno Circuito es resultado de una demanda interpuesta por el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

    El demandante principal fue Ramón Rodríguez Vázquez, quien fue arrestado en su casa en el estado de Washington, a pesar de no tener antecedentes penales y haber vivido durante más de 15 años en EE.UU., formando una familia con su esposa, sus cuatro hijos y ahora sus nietos.

    Este fallo restablece el derecho a una audiencia de fianza para los miembros del grupo [que demanda] y todas las personas como el Sr. Rodríguez detenidas en el Noveno Circuito, mientras atraviesan este largo y difícil proceso”, dijo Matt Adams, director legal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste. “Y, lo que es igual de importante, defiende el estado de derecho, dejando claro que la administración no puede cambiar la ley unilateralmente”.

    Este fallo se suma a decisiones similares de otros cuatro tribunales federales de apelaciones: el Oncenavo Circuito (con sede en Atlanta); el Segundo Circuito (con sede en Nueva York); el Décimo Circuito (con sede en Colorado), y el Secto Circuito (con sede en Cincinnati).

    Las decisiones de esos tribunales protegen, por ahora, solamente a los inmigrantes de los estados que cubren dichas jurisdicciones.

    ACLU recuerda que durante décadas, los inmigrantes en proceso de deportación detenidos por ICE generalmente han tenido derecho a solicitar su liberación ante un juez de inmigración.

    “A mediados de 2025, el gobierno de Trump adoptó repentinamente una nueva y radical reinterpretación de las leyes de inmigración y declaró que cualquier persona que ingresara sin inspección debía ser detenida sin acceso a fianza”, advierte el grupo. “Entre los afectados se encontraban personas elegibles para obtener estatus legal, incluso aquellas con solicitudes de inmigración pendientes desde hace mucho tiempo que llevaban años esperando debido a la acumulación de trámites administrativos”.

    My KhanhNgo, abogada principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, destacó cómo más tribunales limitan las acciones migratorias de la actual administración.

    “Los tribunales han dictaminado una vez más que la cruel y radical reinterpretación de las leyes de detención de nuestro país por parte de la administración Trump no puede mantenerse. Estamos muy contentos por nuestros clientes y sus familias”, expuso.

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  • Abogado enfrenta multa de $470 mil dólares por supuestas solicitudes de asilo falsas

    Abogado enfrenta multa de $470 mil dólares por supuestas solicitudes de asilo falsas

    Tras una investigación de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicitará una multa de más de $470 mil dólares contra un abogado de inmigración que presuntamente presentó solicitudes de asilo falsas en nombre de sus clientes.

    “Las solicitudes de asilo fraudulentas amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, socavan nuestro sistema de inmigración y retrasan la deportación de inmigrantes ilegales peligrosos y delincuentes”, declaró el asesor jurídico General del DHS, James Percival.

    Según el reporte oficial, el 28 de julio, HSI anunció una Notificación de Intención de Multa contra el abogado Suraj Raj Singh, quien ejerce a nivel nacional y representa principalmente a extranjeros originario de la India que solicita.

    La investigación alega que para respaldar sus solicitudes de asilo, el abogado presentó “declaraciones de extranjeros idénticas o casi idénticas en lenguaje y contenido, con la misma o casi la misma narración de hechos y detalles que respaldan la supuesta persecución”.

    El ICE solicita una multa de más de $470,000 al abogado Suraj Raj Singh. Bajo la presidencia de Trump y la secretaría Mullin, exigiremos responsabilidades a abogados como este y pondremos fin a la práctica de defraudar y abusar de nuestro sistema de inmigración”, agregó Percival sobre este caso.

    La notificación de intención de multa abarca 54 casos de inmigración en los que se alega que el abogado Singh preparó y presentó 118 documentos fraudulentos.

    En mayo, el DHS emitió una directiva para investigar y castigar a abogados bajo sospecha de presentar casos de asilo fraudulentos.

    La decisión del gobierno del presidente Donald Trump se basa en la 1324c(d) del Título 8 del Código de los Estados Unidos, relativo al fraude de documentos civiles.

    Un primer caso se produjo en junio, cuando el ICE emitió cinco notificaciones de infracción al abogado Vinod Doddamani, por un total de $255,232 dólares en multas.

    Los abogados acusados pueden impugnar las notificación de intención de multa ante un juez administrativo.

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    Escasez de trabajadores por redadas de ICE encarece la vivienda en el sur de Texas

    Las obras avanzan con mayor lentitud, los costos de construcción continúan al alza y encontrar personal se ha convertido en un reto para numerosas empresas del Valle del Río Grande. Ese fue el mensaje que constructores, empresarios y autoridades locales llevaron a la denominada “Concentración en el Valle”, donde pidieron al Congreso impulsar permisos de trabajo para inmigrantes con años de residencia y antecedentes laborales comprobados.

    El encuentro, organizado por la Asociación de Constructores del Sur de Texas y la American Business Immigration Coalition Action (ABIC Action), puso sobre la mesa el impacto que, aseguran, están teniendo las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre la economía regional.

    Menos trabajadores, más retrasos y viviendas más caras

    Los participantes afirmaron que el temor generado por los operativos migratorios ha reducido las cuadrillas en obras de vivienda e infraestructura, provocando retrasos y un incremento en los costos para empresas y compradores.

    El congresista Henry Cuellar sostuvo que la aplicación de las leyes migratorias debería enfocarse en personas con antecedentes criminales y no en trabajadores que han contribuido durante años al desarrollo económico del estado.

    “Cuando no tenemos suficientes trabajadores, ¿saben qué pasa? Los precios suben y la vivienda también. ICE debe centrarse en los delincuentes, no en las familias”, declaró Cuellar.

    Por su parte, el representante Vicente González recordó que los inmigrantes representan una parte fundamental de la fuerza laboral del sector.

    “En Texas, cerca del 40% de los trabajadores de la construcción son inmigrantes. Son quienes están construyendo nuestras comunidades”, afirmó.

    Piden una solución migratoria con impacto económico

    Durante el evento, Emiliano Valencia, subdirector de ABIC Action en Texas y beneficiario de DACA, pidió avanzar hacia un mecanismo que permita a trabajadores con arraigo permanecer legalmente en el país.

    Mientras tanto, la representante estatal Christina Morales destacó la aportación económica de la población inmigrante, al señalar que genera alrededor de $19 mil millones en impuestos estatales y locales cada año.

    Los organizadores también citaron datos de la Associated General Contractors of America, según los cuales el 92% de las empresas constructoras enfrenta dificultades para cubrir vacantes. En un país que ya registra un déficit cercano a 1.5 millones de viviendas, advirtieron que la reducción de mano de obra podría agravar el problema y encarecer aún más el acceso a la vivienda.

    Además del impacto económico, los asistentes coincidieron en que la discusión migratoria tendrá un peso importante en las próximas elecciones, al considerar que el voto hispano será determinante en varias contiendas legislativas. Para los organizadores, fortalecer la seguridad fronteriza y, al mismo tiempo, crear vías legales para que los inmigrantes puedan trabajar no son objetivos incompatibles, sino parte de una estrategia necesaria para mantener el crecimiento económico del sur de Texas.

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  • Congresistas presentan propuesta para exigir atención médica a inmigrantes detenidos

    Congresistas presentan propuesta para exigir atención médica a inmigrantes detenidos

    Una propuesta legislativa de congresistas será presentada este jueves para exigir que todos los inmigrantes recluidos en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reciban una evaluación y tratamiento médicos al ingresar a las instalaciones.

    La iniciativa surge tras las denuncias de familiares de inmigrantes detenidos, como el caso de Carlitos Ricardo Parias, quien no ha recibido atención médica en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, California, pese a sufrir una herida en el brazo izquierdo por un balazo de agentes federales.

    Los legisladores presentarán el proyecto de ley en la Cámara de Representantes de Estados Unidos después de las denuncias que recibieron por parte de inmigrantes bajo custodia quienes alegan no haber recibido un tratamiento médico por parte de la agencia federal.

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    El abogado de Parias, Carlos Jurado, presentó un video del momento en que el hispano recibe un disparo de agentes federales en el brazo izquierdo tras ser interceptado el 21 de octubre de 2025 mientras se trasladaba en un vehículo.

    Nueve meses después, Gabriela Hernández, esposa de Parias, denunció que su esposo todavía no recibe una atención médica adecuada mientras permanece bajo custodia en la instalación de ICE en Adelanto.

    Sin un chequeo de un hospital, lo único que le están dando son pastillas“, declaró Hernández, en referencia a la condición en que permanece su esposo en el centro de detención de ICE en California.

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    Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Parias ha recibido atención médica en siete ocasiones desde que fue recluido en Adelanto.

    La agencia federal mencionó que el hispano ha recibido tratamiento médico por diferentes motivos relacionados con la lesión en su brazo, por la cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente antes de ser recluido.

    “Hay veces que me llama en la noche y solo estamos hablando; solo se pone a llorar por el dolor de su mano“, expresó el hijo del inmigrante detenido, Ulises Parias.

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    Jurado dijo que solicitó ante un tribunal federal la liberación bajo fianza de Parias para que pueda tener atención médica, con énfasis en que Carlitos Ricardo no cuenta con antecedentes penales, además de tener dos hijos ciudadanos estadounidenses.

    El magistrado refirió el caso de Parias a un juez de inmigración.

    Hemos esperado una decisión desde febrero de 2025 sin respuesta del juez“, aseguró el abogado Carlos Jurado.

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    La congresista Sydney Kamlager-Dove, del Distrito 37, dijo que la familia de Parias la contactó para denunciar que el inmigrante presuntamente no ha recibido atención médica adecuada.

    Kamlager-Dove dijo que presentará un proyecto de ley ante el Congreso de Estados Unidos para que todas las personas que permanecen bajo custodia de las agencias federales de inmigración reciban asistencia médica.

    “Una vez que sean detenidos, tendrán que ser examinados por un profesional médico independiente para recibir el tratamiento adecuado”, expresó.

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    En un comunicado a la cadena Telemundo, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que son falsas las afirmaciones de que hay condiciones deficientes en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto.

    Todos los detenidos reciben comidas adecuadas, agua y atención médica… Es una práctica establecida desde hace mucho tiempo brindar atención médica integral desde el momento en que un extranjero entra bajo custodia de ICE”, expresó la agencia federal.

    Según Carlos Jurado, recibieron una oferta para trasladar a Parias al Centro de Detención de Otay Mesa para que el inmigrante reciba tratamiento médico. Sin embargo, el abogado dijo que podría tratarse de una táctica para deportarlo, ya que la instalación se encuentra en la frontera con México.

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