Este 15 de junio de 2026 se cumplen 14 años desde que el presidente demócrata Barack Obama giró la orden ejecutiva que concedió la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), aniversario que se conmemora en medio de uno de los capítulos más críticos para los Dreamers que no han estado exentos de la maquinaria de detenciones y deportaciones de Donald Trump.
La administración Trump, desde su primer mandato (2017-2021), ha intentado eliminar DACA en un litigio que continúa en tribunales. Pero durante la presente administración se han concretado más casos de detenciones y deportaciones de beneficiarios de DACA, que además de otorgarles permisos de trabajo, se supone que los ampare de la deportación.
Pero las protecciones de DACA se han debilitado mediante litigios, y severos retrasos en la renovación de los permisos de trabajo provocando que muchos beneficiarios incluso pierdan sus empleos. También los hace más vulnerables a ser detenidos y deportados.
Además, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) falló que ser beneficiario de DACA no garantiza automáticamente estar protegido de la deportación.
No se han ofrecido cifras exactas, pero a fines de febrero, en una carta enviada al senador demócrata de Illinois, Dick Durbin, el DHS indicó que entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de 2025, ICE arrestó a 261 beneficiarios de DACA y deportó a 86 de ellos.
El movimiento Home is Here calcula que son más de 340 los detenidos por ICE y 90 los deportados. Sin duda, son varios los casos que han acaparado la atención de los medios.
La semana pasada el senador Durbin, presentó, sin éxito, enmiendas al plan de gastos de ICE y CBP para proteger a los Dreamers de la deportación.
Durbin presentó el Dream Act original para legalizar a los Dreamers, el 25 de abril de 2001. Han pasado 25 años y todavía no hay una solución en puerta.
Un reporte de FWD.us del mes de mayo señala que 14 años después, “los beneficiarios de DACA han crecido y cambiado, pero la política de DACA no ha avanzado al mismo ritmo y, con el tiempo, ha perdido eficacia, en gran parte debido a los ataques contra el programa en los tribunales y por parte de la actual administración”.
En el 2012, “los beneficiarios eran, en general, jóvenes que cursaban la secundaria o que acababan de iniciar sus estudios universitarios o su vida laboral…Ganaban un ingreso promedio de solo $4,000 al año”.
En el 14 aniversario de DACA, de ese grupo de beneficiarios originales, solo el 8% asiste a la escuela; el 89% es parte de la fuerza laboral, y sus ingresos promedios son de $46,000 dólares anuales. Casi todos, el 99 %, se han graduado de la escuela secundaria, y aproximadamente la mitad ha cursado al menos algunos estudios universitarios”.
En Estados Unidos viven 2.6 millones de Dreamers. Aproximadamente una tercera parte, 900,000 son elegibles para DACA, pero de esos, 400,000 no pueden acceder al programa por el litigio en tribunales que prohíbe nuevas solicitudes. Hasta septiembre de 2025, casi 506,000 tenían DACA.
Todos, con y sin DACA, tienen vidas establecidas, familias, trabajos, y los une la misma incertidumbre.
Según FWD.us, “casi 1.7 millones de Dreamers, alrededor del 64 %, ya están capacitados y empleados en sectores críticos de la economía”.
“Se estima que los Dreamers ya aportan $76,000 millones de dólares anuales a la economía estadounidense a través de sus salarios, y pagan casi $24,000 millones de dólares anuales en impuestos federales, sobre nómina, estatales y locales combinados”, añade el reporte.
Gaby Pacheco, una de las pioneras del movimiento para legalizar a los Dreamers, presidenta y CEO de TheDream.US nos lo resume así:
“Los Dreamers, tanto los que tienen DACA como los que no, deberían ser candidatos a la ciudadanía estadounidense, no blancos de deportación. Lamentablemente, al cumplirse 14 años de DACA, los Dreamers se enfrentan a un entorno de mayor control y oportunidades restringidas, a pesar de la gran cantidad de historias y estadísticas de DACA que proveen razones para su legalización, no su deportación. No podemos quedarnos callados y debemos asegurarnos de que las voces que se alzan no sean solo las de los Dreamers y quienes abogan por ellos, sino también las de los empresarios, vecinos, amigos y compañeros de clase que dependen de los Dreamers y se preocupan por su futuro en este país. Brindarles estabilidad, seguridad y oportunidades a los Dreamers no solo es correcto, sino que hará que nuestro país sea más fuerte y próspero para todos”.
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Las redadas migratorias en lugares de trabajo volvieron a poner en alerta a empleados, empleadores y familias inmigrantes en Estados Unidos. En restaurantes, obras de construcción, fábricas, bodegas o negocios pequeños, una visita de agentes de ICE puede generar miedo, confusión y decisiones tomadas en segundos.
Por eso conviene saber algo básico antes de que ocurra: los trabajadores tienen derechos, incluso si no tienen estatus migratorio regular. Pero también hay errores que pueden empeorar una situación difícil, como correr, mentir, entregar documentos falsos o firmar papeles sin hablar antes con un abogado.
Organizaciones legales como el National Immigration Law Center, la American Immigration Lawyers Association y la Oficina de la Fiscal General de Nueva York recomiendan mantener la calma, no interferir con los agentes, ejercer el derecho a guardar silencio y pedir asesoría legal antes de firmar cualquier documento.
No siempre. ICE puede entrar a las áreas públicas de un negocio, como un comedor de restaurante, una recepción o una zona abierta al público. Pero, para ingresar a áreas privadas, como cocinas cerradas al público, depósitos, oficinas internas o zonas exclusivas para empleados, generalmente necesita el consentimiento del empleador o una orden judicial válida.
Nueva York
La Oficina de la Fiscal General de Nueva York explica que ICE no puede entrar legalmente a un espacio privado del lugar de trabajo sin una orden judicial o sin permiso del empleador. Una orden judicial debe estar firmada por un juez y especificar el lugar que puede ser registrado.
California
En California, la regla es todavía más estricta para los empleadores. La ley estatal de protección de trabajadores inmigrantes limita la posibilidad de que una empresa entregue acceso voluntario a agentes migratorios en áreas no públicas del lugar de trabajo si no hay una orden judicial válida.
En la práctica, si ICE quiere entrar a una cocina, depósito, oficina interna o zona exclusiva para empleados, debe presentar una orden firmada por un juez o contar con una base legal suficiente; no alcanza con una orden administrativa emitida por la propia agencia.
En Texas, donde no existe una protección estatal equivalente a la de California, sigue aplicando la regla constitucional general: ICE puede ingresar a zonas públicas de un negocio, pero para entrar a áreas privadas del lugar de trabajo necesita una orden judicial válida o el consentimiento del empleador.
Organizaciones legales recomiendan que los trabajadores no autoricen el ingreso a espacios privados, no discutan con los agentes y pidan que cualquier orden sea mostrada a la persona responsable o al abogado de la empresa.
Nevada
En Nevada, la guía de la Fiscalía General del estado para negocios indica que una orden judicial firmada por un juez de una corte federal o estatal puede dar a ICE acceso a áreas privadas, pero el empleador debe revisar qué lugares específicos autoriza el documento.
Sin esa orden judicial, los agentes necesitan consentimiento para entrar a zonas privadas del negocio. La recomendación oficial es mantener la calma, no interferir con actividades legales de los agentes y no entregar información sobre empleados si no existe una obligación legal clara.
Qué diferencia hay entre una orden judicial y una orden administrativa
Una orden judicial está firmada por un juez y puede autorizar una entrada o registro en condiciones específicas.
Una orden administrativa de ICE, en cambio, suele estar firmada por un funcionario migratorio, no por un juez. Según guías de organizaciones legales, una orden administrativa no siempre autoriza a los agentes a entrar en áreas privadas del trabajo sin consentimiento.
Las investigaciones migratorias en lugares de trabajo suelen concentrarse en sectores como construcción, agricultura, manufactura, hoteles y restaurantes.Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia
En una situación real, un trabajador no tiene que discutir con los agentes ni intentar bloquearlos. Pero puede preguntar si tienen una orden firmada por un juez y puede decir que no da consentimiento para una entrada o registro.
Según las organizaciones especializadas en el tema, una frase segura y simple sería: “Quiero guardar silencio. No doy permiso para que registren mis pertenencias. Quiero hablar con un abogado.”
En una redada o control migratorio, los agentes pueden hacer preguntas sobre identidad, lugar de nacimiento, ciudadanía o estatus migratorio. Pero los trabajadores tienen derecho a guardar silencio.
La American Immigration Lawyers Association indica que los empleados pueden permanecer en silencio, negarse a mostrar identificación en ciertas circunstancias y pedir hablar con un abogado antes de firmar documentos.
Si una persona decide entregar un documento, nunca debe presentar papeles falsos. Entregar una identificación falsa, un número de Seguro Social falso o documentos migratorios ajenos puede generar consecuencias mucho más graves.
Qué no debe hacer un trabajador durante una redada
Lo primero: no correr. Correr puede ser interpretado como señal de evasión y puede aumentar el riesgo de detención o uso de fuerza. Tampoco conviene discutir, empujar, obstruir a los agentes o intentar esconderse en zonas peligrosas.
Tampoco hay que mentir sobre ciudadanía o estatus migratorio. Decir falsamente que uno es ciudadano estadounidense puede tener consecuencias migratorias serias.
Otro error común es firmar documentos por miedo. Si ICE entrega papeles, el trabajador puede pedir hablar con un abogado antes de firmar. Algunos documentos pueden implicar una salida voluntaria, una renuncia a derechos o una aceptación de hechos que luego afecten el caso.
¿Hay que responder preguntas sobre el lugar de nacimiento?
No. Un trabajador puede ejercer su derecho a guardar silencio. Eso incluye preguntas como dónde nació, cómo entró al país, si tiene papeles, cuánto tiempo lleva en Estados Unidos o dónde vive. La recomendación legal más repetida es no mentir, no inventar respuestas y no entregar información innecesaria.
Guardar silencio no significa pelear. Significa decir, de forma clara: “No quiero responder preguntas. Quiero hablar con un abogado.”
¿ICE puede revisar bolsos, teléfonos o pertenencias?
Un trabajador puede decir que no da consentimiento para que revisen sus pertenencias. Eso no significa que los agentes no intenten hacerlo o que la situación no escale. Pero desde el punto de vista de los derechos, la persona puede dejar claro que no autoriza el registro.
También conviene no entregar el teléfono desbloqueado sin asesoría legal. Si los agentes piden revisar un celular, la persona puede decir que no da consentimiento y que quiere hablar con un abogado.
En 2026 no suelen haber redadas masivas: las detenciones migratorias son más enfocadas en “situaciones irregulares”, según el ICE.Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia
Qué debe hacer el empleador
El empleador también debe tener un plan. El National Immigration Law Center recomienda capacitar a los trabajadores para que no autoricen el ingreso de ICE a áreas privadas y para que indiquen a los agentes que deben hablar con la persona designada por la empresa.
El empleador puede pedir ver la orden, revisar si está firmada por un juez, verificar qué áreas autoriza a registrar y contactar de inmediato a un abogado.
Si ICE llega con una Notificación de Inspección para revisar formularios I-9, se trata de una auditoría laboral. ICE explica que el Form I-9 es el documento usado para verificar la autorización de empleo, y los empleadores deben presentar esos registros dentro de los plazos establecidos por la ley.
Qué hacer si un compañero es detenido
Si un trabajador ve que un compañero es detenido, puede anotar información básica: fecha, hora, lugar, nombre de los agentes si está visible, número de placa si puede verse, vehículos usados y nombre completo de la persona detenida.
También puede avisar a la familia o al contacto de emergencia, si lo tiene. Grabar puede estar permitido en algunos contextos, siempre que no se interfiera con el operativo ni se ponga en riesgo la seguridad de nadie. Las reglas pueden variar según el lugar.
Lo importante es no bloquear físicamente a los agentes ni discutir. La información tomada con calma puede servir luego para que un abogado o una organización comunitaria ubique a la persona detenida.
Cómo prepararse antes de una redada
Los trabajadores inmigrantes deberían tener un plan básico: memorizar el teléfono de un familiar o abogado, dejar documentos importantes con alguien de confianza, preparar autorizaciones para el cuidado de hijos si corresponde y saber quién puede recoger a los niños en caso de emergencia.
También conviene no llevar documentos falsos. Si una persona tiene documentos migratorios válidos, puede consultar con un abogado cuándo conviene llevarlos y cuándo no.
Las organizaciones legales recomiendan que las familias tengan una carpeta segura con pasaportes, actas de nacimiento, información médica, contactos de emergencia y datos escolares de los hijos.
La regla más importante: en una redada laboral, el miedo puede empujar a hacer justo lo peor: correr, mentir, discutir o firmar sin entender. La regla práctica es más corta: guardar silencio, no presentar documentos falsos, no resistirse, no firmar nada sin asesoría legal y pedir hablar con un abogado.
No elimina el riesgo. Pero puede evitar errores que después son mucho más difíciles de corregir.
El Gobierno de México informó que alrededor de 14 mil mexicanos permanecen detenidos en centros migratorios de Estados Unidos, una cifra que refleja la magnitud de los procesos de detención y deportación que enfrentan miles de mexicanos en territorio estadounidense.
“Hay aproximadamente 14 mil detenidos en centros de ICE y de CBP que están en espera de ser repatriados o bien tienen algún recurso en contra de esa repatriación que están esperando sea resuelto”, explicó el funcionario.
Miles esperan una resolución migratoria
La cifra incluye a mexicanos que aguardan la ejecución de una orden de deportación, así como a quienes han presentado recursos legales para intentar permanecer en Estados Unidos.
El dato surge en medio del endurecimiento de las políticas migratoriasestadounidenses y del incremento de operativos de detención en distintas ciudades del país vecino.
La situación ha mantenido bajo presión a la red consular mexicana, que brinda asistencia legal y acompañamiento a los connacionales que enfrentan procedimientos migratorios.
Sheinbaum defiende la soberanía y la relación con EE.UU.
Durante el mismo pronunciamiento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró la postura de su gobierno respecto a la cooperación con Estados Unidos en temas de migración y seguridad.
“Nosotros dejamos muy clara nuestra posición respecto a las solicitudes de detención urgente con carácter de extradición; dejamos claro que no queremos injerencia”, afirmó la mandataria.
Sheinbaum señaló que existen grupos de ultraderecha que buscan deteriorar la relación bilateral, pero aseguró que ambas naciones continúan avanzando en temas prioritarios.
“Estamos buscando que, con nuestros principios muy claros, esa relación continúe por el bien de México y Estados Unidos”, sostuvo.
La presidenta también adelantó que esta semana se realizará una reunión bilateral en materia de seguridad y subrayó que México mantendrá una postura firme en la defensa de su soberanía.
“No podemos permitir la injerencia. No podemos permitir la violación de nuestra soberanía. Tenemos que garantizar el respeto mutuo”, concluyó.
Un inmigrante georgiano de 43 años murió mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Luisiana, convirtiéndose en la decimonovena persona fallecida en un centro de detención migratoria en lo que va de 2026, según informaron este lunes las autoridades estadounidenses.
La víctima fue identificada como Mamuka Artmeladze, originario de Georgia. De acuerdo con la información oficial, fue encontrado inconsciente la noche del 4 de junio dentro de su celda en el Centro Correccional Winn, una instalación que en los últimos meses ha enfrentado denuncias por presunta negligencia en la atención a los detenidos.
Aunque personal médico le brindó asistencia de emergencia y posteriormente fue trasladado a un hospital cercano, el inmigrante fue declarado muerto aproximadamente dos horas después. Hasta el momento, la causa de muerte permanece bajo investigación y se espera el resultado de la autopsia.
Centro de detención bajo investigación
El fallecimiento de Artmeladze representa el segundo registrado en menos de dos meses dentro del Centro Correccional Winn, ubicado en Luisiana. La instalación ha sido objeto de cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que han denunciado posibles deficiencias en la atención médica y en las condiciones de reclusión.
Según ICE, Artmeladze fue detenido inicialmente por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en septiembre de 2022. Aunque recibió libertad condicional, no cumplió con la instrucción de presentarse ante las autoridades migratorias en el plazo establecido.
Aumentan las muertes bajo custodia migratoria
El inmigrante volvió a ser arrestado el pasado 5 de febrero durante un operativo dirigido a conductores de vehículos comerciales que, según las autoridades, representaban un riesgo para la seguridad pública.
Con este caso, ya son 19 los inmigrantes fallecidos bajo custodia de ICE en 2026, una cifra que mantiene la atención sobre el sistema de detención migratoria en Estados Unidos.
Los registros muestran además que 2025 cerró con 32 muertes bajo custodia de ICE, el número más alto reportado en más de dos décadas. Organizaciones civiles han solicitado mayor supervisión de los centros de detención y una revisión de los protocolos médicos para evitar nuevas tragedias.
JeanCarlos Fiallos Manzanares, un residente en Miami Gardens, Florida, lleva un año bajo detención de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a pesar de ser beneficiario de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
Fiallos Manzanares fue arrestado el verano pasado y enviado al Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en Nuevo México, a casi 3,200 kilómetros de su hogar.
Aunque la defensa de Fiallos Manzanares presentó una demanda contra ICE por la detención considerada injusta, su caso no ha avanzado.
“El caso de JeanCarlos pone de manifiesto los flagrantes esfuerzos por anular las protecciones del programa DACA y expulsar a cientos de miles de personas de su estatus y de sus hogares”, criticó el movimiento Home is Here.
El movimiento critica que mientras JeanCarlos sigue detenido, en el Senado se rechazaran dos enmiendas que habrían abordado las crecientes demoras en las solicitudes de renovación de DACA y habrían limitado la actuación de los agentes de ICE contra los ‘Dreamers’.
Según la organización, hasta el momento la agencia migratoria ha detenido a 340 personas con DACA, de las cuales ha deportado a unas 90.
La administración del presidente Donald Trump está facilitando la deportación de ‘Dreamers’ con DACA, luego de una nueva decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), donde se establece que ser beneficiario de tal programa no es razón suficiente para evitar la deportación.
Las decisiones públicas de la BIA sientan precedentes y marcan la pauta sobre cómo los jueces de inmigración de todo el país deben tomar decisiones, por lo que la directiva sobre los ‘Dreamers’ es preocupante entre quienes los defienden.
“JeanCarlos es esposo, padre de dos hijos y su único hogar siempre ha sido aquí. Sin embargo, durante más de un año, ha estado detenido y separado de su familia, a pesar de tener un estatus DACA válido y vigente. Su detención continua es un ataque directo a las protecciones que DACA se creó para brindar”, indicó Home is Here.
El movimiento considera que el gobierno federal está “ignorando y violando las protecciones de DACA sin consecuencias” y advirtió que a pocos días del aniversario 14 de ese programa de protección creado por el presidente Barack Obama.
Los defensores de ‘Dreamers’ urgen al Congreso aprobar la Dream Act, la cual crearía un camino a la ciudadanía para los protegidos con DACA.
“El Congreso ya no puede alegar ignorancia cuando DACA está siendo desmantelada a plena vista”, agregó el grupo. “No se ha logrado ofrecer un camino hacia la ciudadanía. Ahora es el momento de aprobar la DREAM Act y la Ley Sueño y Promesa de una vez por todas”.
Además de DACA, el gobierno de Trump ha buscado cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a varios países, así como aquellas protecciones otorgadas con ‘parole’, como la visa humanitaria a las personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Un año después de las masivas redadas de agentes enmascarados de ICE y de la Patrulla Fronteriza en Los Ángeles, un grupo de expertos de defensa de derechos civiles y humanos se dedicaron a documentar en un registro público las historias de horror y de dolor que vivieron numerosas familias de inmigrantes detenidos, arrestados, golpeados y deportados.
El documento, que será elaborado por expertos de California Community Foundation, Hispanic Federation, Latino Victory Foundation, Texas Civil Rights Project y CHIRLA, contendrá las experiencias de las personas, familias y comunidades afectadas por las redadas masivas de inmigración.
En el reporte final de la llamada Audiencia Ciudadana sobre la Aplicación de las Leyes de Inmigración (People’s Hearing on Immigration Enforcement), subrayarían la necesidad de rendición de cuentas y el respeto a las garantías constitucionales por parte de la administración del presidente Donald Trump.
Ya se han celebrado audiencias similares en Minnesota e Illinois, y el mes pasado se publicó “The People’s Record” (El registro de la gente), un informe sobre el impacto de la Operación ‘Metro Surge’ en Minnesota, donde fueron asesinados enero de este año los estadounidenses Alex Pretti y Renee Good.
Brian Gavidia, ciudadano estadounidense (der.), fue maltratado física y verbalmente por agentes de ICE en 2025. Crédito: Cortesía
Audiencia en un clima de incertidumbre
“Me trataron como a un animal”, recordó Brian Gavidia, quien fue vapuleado por agentes encapuchados de ICE en su antiguo taller mecánico que tenía en la ciudad de Montebello.
“Nadie tiene que ser tratado con crueldad”, añadió. “Todos somos seres humanos y tenemos derechos”.
La audiencia en una sala de California Community Foundation se celebró un año después de las redadas de ICE en Los Ángeles, durante el Mes Nacional de la Herencia Inmigrante y mientras la ciudad se prepara para albergar la Copa del Mundo.
Dado que el alguacil del condado de Los Ángeles, Robert Luna, confirmó recientemente que ICE desempeñará un papel en la seguridad del torneo, el evento del lunes tuvo lugar en medio de crecientes interrogantes sobre la aplicación de las leyes de inmigración en la ciudad.
“Sin previo aviso, hace un año nuestra ciudad fue atacada”, lamentó la alcaldesa Karen Bass. “No fue una nación extranjera la que envió tropas a nuestra ciudad; fue nuestra propia administración”.
Bass declaró que siempre le dice a la gente que quiere que recuerden el 6 de junio de 2025, porque seráun momento histórico que los hijos de todos los angelinos, sus nietos y bisnietos jamás olvidarán, cuando comenzó la persecución de personas.
La alcaldesa Karen Bass dijo que Los Ángeles fue puesta a prueba por los actos de terror de agencias de inmigración el año pasado, pero que la ciudad se mantuvo unida.Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia
“Las redadas de ICE nos pusieron a prueba, pero también revelaron quiénes somos como ciudad. Sembraron miedo y terror, pero no lograron quebrantarnos”, afirmó Bass. “Nuestra ciudad se mantuvo unida. No hubo ni un solo rincón de la ciudad que considerara aquello algo positivo, que lo aprobara o que pensara que era una buena idea. Nos mantuvimos unidos y colaborando con las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes”.
Bass reconoció que desde el inicio de la persecución de los inmigrantes sabía que Los Ángeles serviría como un experimento de la barbarie y que la situación se extendería a nivel nacional.
“El mes de junio [de 2025] sirvió de campo de pruebas para los planes de la administración [Trump], pero fracasaron”, subrayó. “Creían que nos iban a doblegar, pero en realidad fortalecieron nuestra determinación, porque sabemos que Los Ángeles es una ciudad de inmigrantes. Acogemos al mundo entero, y nadie puede cambiar eso”.
Asumir responsabilidad
Rochelle Garza, presidenta de la Comisión de los Estados Unidos sobre Derechos Civiles afirmó que el organismo, desde 1957, ha tenido la misión de investigar e informar al presidente y al Congreso sobre la aplicación federal de las leyes de derechos civiles y las violaciones de estos.
Hoy en día, dicha comisión sigue siendo la única agencia federal independiente y bipartidista encargada de investigar hechos y asumir esta responsabilidad.
“Tenemos el mandato de tomar muy en serio las violaciones de los derechos civiles”, dijo antes de escuchar por varias horas los testimonios de personas agredidas por ICE, y posteriormente solicitar al Caucus Hispano del Congreso que realice una investigación independiente sobre la elaboración de perfiles raciales de latinos durante las operaciones de control migratorio.
Garza, residente de la zona fronteriza entre Texas y México, describió que la aplicación de las leyes de inmigración ha formado parte de su vida cotidiana.
Sin embargo, destacó que los cambios observados en la región y en todo el país durante el último año y medio han suscitado graves preocupaciones en materia de derechos civiles y libertades individuales; la elaboración de perfiles raciales, el uso excesivo de la fuerza, el menoscabo del derecho a la protesta y la vigilancia digital son solo algunas de esas inquietudes.
Enfatizó que, desde el inicio de la administración Trump, se estima que han sido detenidos 400,000 inmigrantes, lo que ha dejado a más de 145,000 niños ciudadanos estadounidenses sin uno de sus padres en casa; entre ellos, 22,000 niños ciudadanos estadounidenses se han quedado sin ninguno de sus dos progenitores.
“Esto es separación familiar”, expresó, pero aclaró que estas cifras no incluyen a aquellos niños ciudadanos estadounidenses que han sido exiliados de su propio país al no poder vivir sin sus padres.
Roberto Carlos Montoya Valdés , un jornalero guatemalteco, murió atropellado el 15 de agosto de 2025 al tratar de huir de agentes migratorios.Crédito: Cortesía
El recuerdo de Roberto Carlos Montoya
En un video presentado por la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), se pudo escuchar el testimonio de familiares del jornalero guatemalteco Roberto Carlos Montoya Valdés, de 52 años, originario de Jutiapa.
Él murió atropellado el 15 de agosto de 2025 tras ingresar corriendo a la autopista 210 en Monrovia, en un intento por huir de un operativo de ICE realizado en un establecimiento de The Home Depot.
“Él se comunicaba todos los días con nosotros, con sus nietos. Él trabajaba para ayudarlos a ellos; me decía que necesitaba trabajar un poco más”, dijo una mujer de la familia Montoya. “No merecía morir así. Solo quería luchar y trabajar”.
Angélica Salas, directora de CHIRLA, durante la audiencia pública realizada en Los Ángeles donde se condenaron las políticas migratorias del gobierno federal.Crédito: Jorge Luis Macias | Impremedia
Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, agradeció la oportunidad para que se haya creado la audiencia ciudadana como un espacio “donde se pueda decir la verdad con valentía”.
Al dar testimonio del sufrimiento que las comunidades han tenido que soportar en un año y medio de gobierno de Trump, Salas manifestó que frente al miedo por las redadas “militarizadas” por parte de ICE y la Patrulla Fronteriza, “nuestra gente sigue resistiendo, organizándose y exigiendo que se reconozca su humanidad”.
“Su protesta no es solo un acto de desesperación, es un acto de valentía”, reconoció la activista, quien ha hablado con familias cuyos seres queridos languidecen ahora en prisiones de inmigración en California, incluyendo las de Adelanto y California City.
“La mayoría nunca había tenido contacto previo con ICE o la CBP, y nunca vio una orden judicial al momento de su arresto”, dijo.
En la actualidad, hay más de 60,000 personas bajo detención de ICE en Estados Unidos.
Los empleados, acompañados de familiares y defensores del Centro de Trabajadores de Lavaderos de Autos (CLEAN), ofrecieron una conferencia de prensa en el Crenshaw Imperial Car para compartir sus experiencias tras los operativos de inmigración, que se intensificaron el 6 de junio de 2025.
“Sacaron a mi esposo del trabajo, lo retuvieron durante días sin una llamada telefónica ni un abogado, lo obligaron a firmar su propia deportación y lo enviaron a México“, declaró Noemí, esposa de uno de los trabajadores afectados en los operativos de inmigración.
“Ahora, mis cuatro hijos y yo tendremos que pagar las consecuencias de esa injusticia durante la próxima década mientras se revise nuestra petición”, agregó Noemí, en un comunicado de prensa de CLEAN.
La madre hispana aseguró que las familias no pueden esperar 10 años para obtener justicia cuando fue el gobierno federal el que violó su derecho al debido proceso en primer lugar.
Mario, otro de los trabajadores afectados en un lavadero de autos por una redada de inmigración, aseguró que pasó 33 años construyendo una vida en este país, donde educó a tres hijos y trabajó en este sector durante 13 años.
“En agosto pasado, me detuvieron y me obligaron a dormir en un suelo frío durante una semana sin manta, cepillo de dientes ni atención médica básica para el hombre herido que yacía a mi lado”, recordó Mario.
“Me negué a firmar mi deportación y sigo luchando, pero los costos legales están arruinando a mi familia. Necesitamos que la gente entienda que ser liberado no es lo mismo que ser libre”, agregó el trabajador latino.
El 6 de junio de 2025, las agencias federales de inmigración intensificaron las redadas dirigidas principalmente a miembros indocumentados de la comunidad inmigrante en Los Ángeles y en varios condados del sur de California.
Los agentes de ICE y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tienen como uno de sus principales objetivos para llevar a cabo sus redadas los lavaderos de autos, lugares donde es habitual que laboren inmigrantes, algunos de ellos indocumentados.
Después de los primeros incidentes, el Centro de Apoyo a Trabajadores de Lavaderos de Autos CLEAN se movilizó para hacer frente a la crisis, lo que ayudó a conseguir la liberación de más de 40 empleados de estos centros laborales.
La organización CLEAN apoya a los trabajadores de lavaderos de autos afectados por las redadas de ICE.Crédito: Damian Dovarganes | AP
También se brindó apoyo financiero de emergencia y asistencia legal a los trabajadores detenidos, con riesgo de ser deportados.
La organización CLEAN dijo que los trabajadores de lavaderos de autos que fueron liberados y regresaron a sus hogares se enfrentan a obstáculos para encontrar empleo, crecientes costos legales y una casi total ausencia de recursos locales y estatales para apoyar su recuperación.
“Como una de las organizaciones líderes en el apoyo a los trabajadores de lavaderos de autos tras las operaciones de ICE en Los Ángeles, CLEAN presenció, de primera mano, cómo estas acciones policiales sembraron el terror el año pasado“, dio la directora ejecutiva de CLEAN, Flor Meléndrez.
“El crecimiento de nuestro movimiento se vio impulsado por la cruel persecución de ICE contra los trabajadores más vulnerables de la ciudad“, agregó la directora ejecutiva de CLEAN.
La organización estima que hay unos 500 lavaderos de autos en el condado de Los Ángeles, que emplean a unos 10,000 trabajadores, la gran mayoría de ellos inmigrantes.
CLEAN dijo que, hasta junio de este año, se han allanado al menos 107 lavaderos de autos, con la detención de al menos 373 trabajadores, en su mayoría latinos.
Los recursos del fondo se destinarían a proporcionar una compensación económica a trabajadores que hayan perdido su salario por acciones federales de control migratorio, o a sus familiares si alguien es detenido o deportado. El presupuesto estatal debe estar finalizado antes del 15 de junio.
La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, informó que finalmente logró ingresar al centro de detención de inmigrantes Delaney Hall, en Newark, aunque denunció que las autoridades federales le impidieron reunirse o conversar directamente con las personas recluidas en la instalación.
La visita ocurre en medio de una creciente controversia sobre las condiciones dentro del centro migratorio, administrado para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), y tras semanas de protestas de activistas, familiares y líderes locales.
En un comunicado, Sherrill afirmó que el recorrido fue limitado y cuidadosamente controlado por las autoridades responsables de la instalación. “Tras semanas de obstáculos, finalmente se me permitió el acceso a Delaney Hall, pero lo que recibí fue un recorrido controlado, restringido y cuidadosamente maquillado. Eso es completamente inaceptable”, señaló la mandataria estatal.
La gobernadora sostuvo que la negativa a permitirle dialogar con los detenidos genera dudas sobre las condiciones reales dentro del centro y el trato que reciben las personas bajo custodia migratoria.
I will keep fighting for full transparency and accountability from ICE alongside our advocates and members of our federal delegation. That means securing full access for the Department of Health to inspect this facility through the lawsuit spearheaded by my Attorney General,?
— Governor Mikie Sherrill (@GovSherrillNJ) June 8, 2026
Persisten denuncias sobre las condiciones de detención
Delaney Hall se ha convertido en el centro de una disputa política y legal en Nueva Jersey durante las últimas semanas. Diversos grupos defensores de inmigrantes han denunciado supuestas condiciones inadecuadas dentro de la instalación, acusaciones que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha rechazado.
Parte de los cuestionamientos surgieron después de que un grupo de detenidos iniciara una huelga de hambre para denunciar lo que describieron como condiciones inhumanas de reclusión.
Durante el fin de semana también se registraron nuevos enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales en las inmediaciones del centro. De acuerdo con reportes policiales citados por medios locales, al menos cinco personas fueron arrestadas durante los incidentes.
Según una portavoz de ICE, la visita de Sherrill incluyó áreas como la biblioteca, la unidad médica, la cocina, la cafetería, las salas de visita y dos módulos de alojamiento para hombres. Sin embargo, la gobernadora insistió en que el acceso fue insuficiente debido a la imposibilidad de mantener conversaciones privadas con los inmigrantes detenidos.
Sherrill reiteró además su respaldo a las acciones legales emprendidas por la Fiscalía General del estado para que el Departamento de Salud tenga acceso completo a la instalación y pueda realizar inspecciones independientes.
Manifestantes contra el ICE se dispersan durante enfrentamientos con agentes del orden público frente al centro de detención Delaney Hall el sábado 30 de mayo de 2026 en Newark, Nueva Jersey.Crédito: Angelina Katsanis | Bang Showbiz
Nueva Jersey amplía apoyo legal a inmigrantes
La visita de la gobernadora coincide con nuevas medidas impulsadas por la administración estatal para reforzar la asistencia jurídica a inmigrantes que enfrentan procesos de detención o deportación. Recientemente, el gobierno estatal anunció una inversión de $20.2 millones de dólares para financiar completamente la Iniciativa de Defensa contra la Detención y la Deportación, un programa que proporciona representación legal a residentes de bajos ingresos.
La líder de la mayoría del Senado estatal, M. Teresa Ruiz, elogió la decisión y afirmó que permitirá ampliar significativamente el acceso a la defensa legal para cientos de inmigrantes. Ruiz sostuvo que muchas personas enfrentan procedimientos migratorios complejos sin representación adecuada y destacó que el financiamiento ayudará a garantizar que sus casos sean escuchados en los tribunales.
Por su parte, Sherrill reiteró su oposición a la apertura de nuevos centros de detención en el estado, defendió medidas para que los agentes de ICE actúen plenamente identificados y reafirmó su objetivo de lograr el cierre definitivo de Delaney Hall.
Mientras tanto, el alcalde de Newark, Ras Baraka, mantiene su ofensiva legal contra el centro de detención y ha solicitado a los tribunales evaluar su clausura, argumentando presuntas violaciones a regulaciones municipales y estatales por parte de la empresa operadora, GEO Group.
Una redada migratoria en el trabajo puede cambiar la vida de una familia en cuestión de minutos. En Carolina del Sur, 48 trabajadores inmigrantes fueron detenidos durante un operativo en una planta metalúrgica de Abbeville, después de una investigación de casi dos años por presunto uso de documentos falsos e identidad robada. Entre los acusados también figuran directivos de la empresa, según documentos citados por AP.
El caso volvió a poner en el centro del debate una pregunta que preocupa a miles de trabajadores: qué industrias están más expuestas a operativos de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)en lugares de trabajo. Las investigaciones laborales suelen concentrarse en sectores con alta demanda de mano de obra, subcontratación, empleos por hora y presencia de trabajadores inmigrantes.
Redadas de ICE en trabajos: cuáles son las industrias más vigiladas
Las industrias de la construcción, el turismo y los restaurantes y otros servicios de comida son las más vigiladas y afectadas por las redadas y operativos en los lugares de trabajo. De hecho, una reciente investigación del Instituto Brookings determinó que la campaña de detenciones en centros laborales provocó la pérdida de más de 668,000 empleos en todo el país.
Veamos cuáles son algunos de los sectores más golpeados.
Agricultura y procesamiento de alimentos
Granjas, empacadoras, plantas avícolas, procesadoras de carne y negocios vinculados a la cadena alimentaria han sido históricamente sectores sensibles para las investigaciones laborales.
Son industrias que dependen de mucha mano de obra y son lugares en los que las autoridades suelen revisar posibles problemas con formularios I-9, documentos falsos, robo de identidad o contratación no autorizada.
Construcción
La construcción es otro sector especialmente vigilado. Las obras suelen tener contratistas, subcontratistas y trabajadores temporales, lo que puede complicar la verificación laboral.
En 2025, ICE arrestó a 31 inmigrantes durante un operativo en dos sitios de construcción en Laredo, Texas, un caso que generó talleres comunitarios para informar a los trabajadores sobre sus derechos.
Restaurantes, hoteles y limpieza
Restaurantes, hoteles, servicios de limpieza y mantenimiento también aparecen con frecuencia en el radar migratorio.
En 2025, hubo incluso una pausa temporal discutida para operativos en granjas, hoteles y restaurantes, pero luego las acciones volvieron a esos sectores, según reportes de medios nacionales.
Manufactura y fábricas
Las plantas industriales y fábricas pueden quedar bajo investigación cuando las autoridades sospechan de esquemas más amplios de documentación falsa o identidad robada.
El caso reciente de Carolina del Sur muestra ese enfoque: no solo fueron detenidos trabajadores, sino que también se presentaron cargos contra seis personas, incluidos dos managers de la planta.
ICE explica que sus investigaciones en lugares de trabajo buscan reducir el empleo ilegal, responsabilizar a empleadores y detectar violaciones relacionadas con formularios I-9, identidad falsa, robo de documentos o esquemas de contratación irregular.
USCIS recuerda que el Formulario I-9 se usa para verificar la identidad y autorización de empleo de toda persona contratada en Estados Unidos.
Qué deben saber los trabajadores
Organizaciones como ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) recuerdan que todas las personas en Estados Unidos tienen derechos constitucionales, sin importar su estatus migratorio. Entre las recomendaciones generales están mantener la calma, no presentar documentos falsos, no firmar papeles sin entenderlos y pedir hablar con un abogado.
Para muchas familias, una redada laboral no es solo una noticia: puede significar que alguien salió a trabajar por la mañana y no regresó a casa esa noche. Por eso, abogados y organizaciones comunitarias recomiendan tener un plan básico de emergencia, contactos legales a mano y documentos importantes organizados.
Al menos seis personas fueron detenidas tras una manifestación que se llevó a cabo la tarde de este sábado como protesta en el primer aniversario de que se intensificaron las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el centro de Los Ángeles.
Cientos de manifestantes se concentraron frente al Centro de Detención Metropolitano, en el área de Temple Street y Aliso Street, portando banderas y pancartas. Desde los primeros instantes de la reunión, se registraron algunos enfrentamientos entre los manifestantes y los oficiales de la policía.
??Community Advisory??
The Incident Commander has declared an UNLAWFUL ASSEMBLY on Alameda between Commercial/Aliso and Temple.
A DISPERSAL ORDER has been announced.
All demonstrators must leave the area immediately.
— LAPD Central Division (@LAPDCentral) June 7, 2026
En un momento, la situación se volvió tensa cuando agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) intentaron detener en la calle a un manifestante.
Un video grabó a una persona cuando gritaba: “¡Mis ojos, no puedo ver!”, mientras los agentes federales utilizaban algunos productos químicos para dispersar la concentración de manifestantes.
Testigos del incidente mencionaron que hubo gritos y peleas, que dejaron sangre salpicada en la acera, conforme la situación se hizo más tensa.
Poco después de las 8.00 p.m., funcionarios del LAPD informaron del arresto de varias personas, aunque aclararon que las detenciones estaban relacionadas con “diversas actividades delictivas”.
Después de varias horas, el Departamento de Policía la declaró como una reunión ilegal y ordenó a sus participantes que se retiraran del lugar.
La mañana de este domingo, un portavoz del LAPD confirmó que seis personas habían sido detenidas en relación con los incidentes de este sábado en el centro de la ciudad.
Oficiales arrestan a un manifestante en el centro de Los Ángeles.Crédito: Jill Connelly | AP
No se proporcionaron más detalles en relación con la identidad de los detenidos ni si enfrentaban algún tipo de cargos.
Desde el 6 de junio de 2025, los agentes federales de inmigración comenzaron operativos en Los Ángeles y en el sur de California con el objetivo de arrestar y deportar a miembros de la comunidad inmigrante por orden de la administración Trump.
Entre las primeras redadas que ocurrieron el 6 de junio de 2025, una sucedió en Ambiance Apparel, en el distrito de la moda de Los Ángeles, donde ICE arrestó o detuvo a decenas de inmigrantes.
Las medidas de control migratorio de junio de 2025 marcaron el inicio de redadas posteriores en el sur de California.
En respuesta, se desencadenó una serie de manifestaciones, sobre todo en el centro de Los Ángeles, por parte de miles de personas que protestaron por la presencia de los agentes de ICE, lo que llevó al presidente Trump a federalizar a la Guardia Nacional de California.
El gobierno federal argumentó que las fuerzas marciales, junto con marines del Camp Pendleton, se desplegaron con el propósito de proteger las instalaciones federales y dar apoyo a los agentes que operaban en Los Ángeles.
Las detenciones que se registraron este sábado ocurrieron unas horas después de que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, participara en un foro sobre inmigración que se organizó por el primer aniversario de las redadas en la ciudad.
“¿Se imaginan si no hubiéramos protestado? ¿Se imaginan si nos hubiéramos quedado callados mientras ocurría este ataque tan atroz? Nuestra protesta es absolutamente crucial y tenemos que continuarla, porque jamás podremos aceptar lo que ha sucedido aquí”, expresó Bass en el foro.
Se espera que este domingo el LAPD proporcione una actualización sobre las personas que fueron arrestadas por las manifestaciones de este sábado en el centro de Los Ángeles.
