Agentes migratorios eligieron un lavadero de carros para realizar una redada en Los Ángeles, después de hacer una búsqueda en Google de los negocios más cercanos al lugar donde se encontraban desplegados, como parte del primer gran operativo migratorio impulsado por el Gobierno del presidente Donald Trump.
Nuevas pruebas ante la justicia
Los detalles de cómo se organizaron las redadas ocurridas en junio del año pasado en el área metropolitana de Los Ángeles forman parte de las nuevas pruebas presentadas por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) a un tribunal federal en California, como parte de una demanda que busca frenar los operativos.
Los documentos revelaron que los agentes migratorios usaron el perfilamiento racial mediante las ‘patrullas móviles’, que escogían los lugares de manera aleatoria.
“En dichas operaciones, los demandados (las autoridades migratorias) no alegan que los agentes tengan un ‘objetivo’ específico de actuación policial… Más bien, los agentes recorren las comunidades en busca de ‘posibles’ sospechosos”, asegura la moción a la que tuvo acceso EFE.
Google y la selección de objetivos
El documento contiene el testimonio de un agente de la Patrulla Fronteriza que describió cómo los agentes eligieron el lugar para una redada realizada el 18 de junio de 2025 en un lavadero de autos de Whittier, una ciudad del condado de Los Ángeles, a través de Google, de acuerdo con Los Angeles Times.
Según el agente, el equipo buscó lavaderos de carros cercanos en el buscador y el negocio fue seleccionado porque “era uno de los lugares que aparecía en la lista como la ubicación más cercana”.
Del lavadero, los agentes se llevaron a uno de los detenidos que encabeza la demanda, un ciudadano estadounidense de origen latino al que retuvieron mientras verificaban su estatus legal.
Acusan perfilamiento racial
Las nuevas evidencias incluyen grabaciones de cámaras corporales en las que se escucha a los agentes utilizar insultos racistas para referirse a personas de apariencia latina y de bajos ingresos o clase trabajadora que, según los demandantes, revelan que las operaciones ordenadas por el Gobierno del presidente Donald Trump han servido de pretexto para detenciones basadas en la raza.
Las nuevas pruebas forman parte de una solicitud para que se emita una medida cautelar sobre los operativos que se han multiplicado en las últimas semanas en barrios latinos de Los Ángeles.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se prepara para ampliar de forma significativa su infraestructura de detención con la apertura de cuatro nuevos centros en Miami, Seattle, Philadelphia y Denver, instalaciones que en conjunto podrán albergar a unas 5,500 personas y que forman parte de la estrategia de la administración del presidente Donald Trump para reforzar la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos.
De acuerdo con documentos de licitación publicados por el gobierno federal, las nuevas instalaciones deberán estar listas para operar en un plazo de 30 días tras la adjudicación de los contratos. A diferencia de propuestas anteriores que contemplaban estructuras temporales o edificios que requerían remodelaciones importantes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) busca centros “llave en mano” que puedan comenzar a recibir detenidos casi de inmediato.
El proyecto contempla la incorporación de 1,800 camas en Philadelphia, 1,500 en Denver, 1,500 en Seattle y 700 en Miami. Los centros deberán ofrecer alojamiento para hombres y mujeres bajo custodia de ICE, además de servicios médicos, atención de salud mental, alimentación, transporte y vigilancia permanente.
#Mundo| El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos busca agregar por lo menos 5.500 camas de detención en Miami, Denver, Seattle y Filadelfia.
El objetivo de la agencia federal es transferir a migrantes con rapidez, por lo que también se pide que los? pic.twitter.com/soNzjANBQQ
Instalaciones diseñadas para acelerar procesos migratorios
Los documentos establecen que cada complejo contará con cinco salas para audiencias de inmigración, oficinas para jueces y al menos 20 espacios destinados a abogados de la división legal de ICE. Con ello, la agencia pretende reducir el traslado de los detenidos hacia tribunales externos y agilizar el desarrollo de los procesos migratorios.
Las instalaciones estarán dedicadas exclusivamente a personas bajo custodia de ICE y no compartirán espacio con otras agencias federales. Asimismo, deberán disponer de sistemas de videovigilancia en pasillos, áreas comunes y accesos, además de conservar las grabaciones por un periodo de hasta 90 días.
Los contratos también exigen protocolos para el uso de cámaras corporales por parte de los oficiales de detención durante traslados, incidentes con uso de la fuerza y situaciones consideradas de alto riesgo. Según un portavoz del DHS, el objetivo de la estrategia es concentrar los recursos en la expulsión de inmigrantes con antecedentes criminales.
“Estos criminales atroces, una vez arrestados, deberían ser expulsados a la velocidad del rayo, no alojados en suelo estadounidense a costa de los contribuyentes”, señaló el funcionario, quien agregó que el departamento trabaja con autoridades estatales y locales para aprovechar espacios de detención ya existentes.
Expansión ocurre en medio de críticas a la agencia
La ampliación de la capacidad de detención coincide con un incremento sostenido en las operaciones migratorias. En junio, ICE registró cerca de 40,000 ingresos a sus centros de detención, mientras que datos oficiales indican que actualmente más de 65,000 personas permanecen bajo custodia de la agencia en 207 instalaciones distribuidas en 40 estados.
Información del DHS señala que alrededor del 72% de los detenidos enfrenta condenas o procesos penales pendientes. Sin embargo, la expansión también llega en un momento de creciente escrutinio sobre las prácticas de la agencia. En las últimas semanas, ICE recibió críticas tras dos tiroteos mortales ocurridos en Texas y Maine, en los que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales. Ambos casos son objeto de investigaciones por parte de la Oficina del Inspector General del DHS.
Después del incidente registrado en Maine, el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, informó que ICE modificó sus protocolos para exigir que, durante los controles de vehículos, al menos un agente utilice una cámara corporal para documentar toda la intervención. Además, la Oficina del Inspector General anunció dos investigaciones relacionadas con las condiciones de detención y el incremento de fallecimientos bajo custodia de ICE.
Hasta finales de junio, la agencia reportó 20 muertes de personas detenidas en lo que va del año, mientras continúa avanzando con la expansión de su red de centros de detención como parte de la política migratoria impulsada por la administración Trump.
Durante los días en que Estados Unidos fungió como anfitrión de la Copa del Mundo de la FIFA, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aprovechó para detener a 906 presuntos traficantes de personas y rescatar a 180 víctimas, entre ellos 30 niños.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de varios operativos planificados anticipadamente, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), en colaboración con el Centro para la Lucha contra la Trata de Personas del DHS y organismos policiales federales, estatales y locales, les dieron un severo golpe a varios grupos delincuenciales dedicados a al tráfico de personas.
Lauren Bis, subsecretaria del DHS, emitió un comunicado donde elogió los resultados del trabajo colaborativo.
“Mientras los estadounidenses y los visitantes internacionales disfrutaban de la Copa Mundial de la FIFA, los hombres y mujeres de las fuerzas del orden del ICE trabajaban arduamente para desmantelar las redes de trata de personas en las ciudades sede de la FIFA y en todo el país.
Bajo la presidencia de Trump y la gestión del secretario Mullin, estamos desmantelando las redes de trata de personas”, indica parte del texto.
Como parte del informe del DHS también se menciona que, durante la celebración del certamen futbolístico, en los operativos llevados a cabo por las agencias federales se incautaron más de 700 drones no autorizados, esto gracias a la inspección de más de 19,000 vehículos que se dirigían a estadios y festivales de aficionados.
A esto debe agregarse el golpe que se le dio a la piratería ya que se lograron confiscar cientos de miles de artículos falsificados relacionados a la Copa del Mundo, cuyo valor superó $33 millones de dólares.
Cabe señalar que los presuntos traficantes de personas fueron puestos a disposición de la policía y estarán detenidos hasta que un juez determine su situación legal.
A nivel federal, ese delito implica condenas que oscilan entre 10 años de prisión hasta cadena perpetua y, en los casos de extranjeros, también se incluye su posterior deportación.
Miles de niños inmigrantes no acompañadosen Estados Unidos podrían perder su derecho a contar con representación legal a partir del 31 de julio, cuando vence el contrato federal que financia estos servicios, advirtieron organizaciones especializadas durante una conferencia organizada por Defending Our Neighbors Fund (Fondo para la Defensa de Nuestros Vecinos).
Los proveedores de asistencia jurídica alertaron que, si el gobierno no renueva el convenio, decenas de miles de menores deberán enfrentar solos los procesos ante las cortes de inmigración, mientras el gobierno seguirá representado por abogados especializados.
Alertan sobre un riesgo al debido proceso
De acuerdo con los organizadores, desde noviembre de 2025 la administración Trump ha retenido pagos a organizaciones que representan a menores, presuntamente para presionarlas a entregar información confidencial de sus clientes. Ante ello, el fondo ha otorgado recursos de emergencia para mantener parte de la atención legal, aunque advierte que esa ayuda ya no será suficiente.
Michael Lukens, director ejecutivo del Amica Center for Immigrant Rights, aseguró que la decisión pone en riesgo garantías fundamentales.
“El gobierno sabe perfectamente lo que está haciendo. La mejor oportunidad para que un niño tenga derecho al debido proceso es contar con un abogado a su lado”, afirmó.
Por su parte, Melissa López, directora ejecutiva de Estrella del Paso, advirtió que el impacto será inmediato: “Sabemos lo que les sucede a los niños que acuden a la corte sin un abogado. En una palabra: deportación“.
Organizaciones piden una solución inmediata
Las organizaciones señalaron que los jueces continuarán con los casos aun cuando los menores no tengan representación legal.
Meena Shah, directora de Servicios Legales de The Door, explicó que las audiencias seguirán programándose. “Ordenarán la deportación de niños sin representación, a partir del lunes por la mañana, en todo Estados Unidos”, dijo.
En tanto, Lindsay Toczylowski, directora ejecutiva de Immigrant Defenders Law Center, afirmó que retirar el acceso a abogados también elimina uno de los principales mecanismos de vigilancia sobre las acciones del gobierno.
Las organizaciones hicieron un llamado al gobierno federal para renovar el contrato antes de su vencimiento y evitar que miles de niños inmigrantes enfrenten solos procedimientos que podrían definir su permanencia en el país.
Tres venezolanos presentaron una demanda colectiva contra las compañías estadounidenses CSI Aviation y Global Crossing Airlines (GlobalX), a las que acusan de participar en vuelos de deportación que terminaron con su traslado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde aseguran haber sufrido detención arbitraria y torturas.
De acuerdo con la demanda, retomada por The Guardian y sustentada en documentos judiciales, las empresas colaboraron con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una operación realizada en marzo de 2025, pese a que existían órdenes judiciales que buscaban detener esos vuelos.
Acusan violaciones a derechos humanos
Los demandantes —Andry Omar Blanco Bonilla, Wild Yahare Chirinos Romero y Jerce Egbunik Reyes Barrios— sostienen que ellos y más de 230 venezolanos fueron informados de que serían enviados de regreso a su país, pero terminaron en la prisión de máxima seguridad salvadoreña.
La demanda señala que permanecieron incomunicados durante varios meses y fueron víctimas de golpes, abuso psicológico, privación de alimentos y atención médica, hechos que califican como actos de tortura.
El caso quedó asignado al juez federal James Boasberg, quien anteriormente conoció litigios relacionados con estas deportaciones.
Empresas niegan responsabilidad
La demanda afirma que CSI Aviation actuó como intermediaria en la contratación de vuelos para ICE, mientras que GlobalX operó parte de las aeronaves utilizadas durante las expulsiones.
Los demandantes argumentan que ambas compañías obtuvieron beneficios económicos mediante contratos federales y que desempeñaron un papel esencial para concretar las deportaciones.
La acción legal solicita una indemnización por daños, recursos para tratamiento médico y psicológico, además de que el caso sea certificado como demanda colectiva.
Hasta el momento de la publicación, ni CSI Aviation ni GlobalX habían emitido una respuesta pública sobre las acusaciones.
Organizaciones como Human Rights Watch y la organización salvadoreña Cristosal ya habían documentado denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos dentro del CECOT, incluyendo detenciones arbitrarias y malos tratos, aspectos que ahora forman parte de esta nueva batalla judicial.
De acuerdo con el medio señalado, fuentes del ICE señalaron que la TSA comparte ahora más información sobre viajeros que no son ciudadanos estadounidenses. Esto incluye personas sin antecedentes penales, pero que podrían haber incurrido en violaciones civiles de las leyes de inmigración, como permanecer en el país después del vencimiento de su visa.
Las fuentes explicaron que estos datos permiten a los agentes identificar con mayor facilidad a personas sujetas a procedimientos de deportación. Incluso quienes cuentan con solicitudes migratorias o permisos de trabajo en trámite podrían enfrentar revisiones si no poseen un estatus legal permanente.
En mayo de 2025, ambas agencias firmaron un acuerdo para fortalecer el intercambio de información, según un memorando divulgado por la organización American Oversight, lo que representa un cambio importante respecto a prácticas anteriores.
Cambia la estrategia de vigilancia
Según las fuentes consultadas por CBS News, los aeropuertos se han convertido en puntos estratégicos para realizar arrestos, ya que permiten a los agentes operar en entornos controlados y con información previa sobre los pasajeros.
Una de las fuentes indicó que este tipo de operativos también responde al objetivo de incrementar el número de arrestos diarios impulsado por la administración del presidente Donald Trump.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó el endurecimiento de la política migratoria mediante un comunicado enviado al medio señalado.
“El DHS revirtió la política de la era Biden que permitía a los inmigrantes indocumentados viajar por el país. Bajo la presidencia de Trump, esta administración trabaja para garantizar que los inmigrantes indocumentados no puedan volar, salvo para deportarse voluntariamente”, indicó la dependencia.
Especialistas en inmigración consultados por el mismo medio recomiendan a las personas con procesos migratorios pendientes buscar asesoría legal antes de realizar viajes nacionales, ya que el nuevo esquema de cooperación entre ICE y TSA amplía el alcance de las verificaciones migratorias dentro de los aeropuertos estadounidenses.
Las secuelas de las muertes de dos inmigrantes latinos a manos de agentes de ICE en Houston y Maine, respectivamente, siguen poniendo en entredicho las versiones oficiales de las autoridades migratorias y, de paso, ilustran por qué incluso en el tema migratorio, los republicanos parecen estar perdiendo su ventaja ante los demócratas.
Muertes que reabren el debate
La violencia de la campaña de detenciones y deportaciones del gobierno de Trump alcanzó uno de sus peores momentos en los operativos en Minneapolis cuando dos ciudadanos estadounidenses también murieron a tiros por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en hechos separados. Estos no eran inmigrantes y ni ser ciudadanos los protegió de unos agentes volátiles y mal entrenados cuyo énfasis en cumplir con cuotas de arrestos los lleva a pisotear derechos y a ocasionar muertes.
Estos eventos llevaron al pueblo estadounidense a catalogar la política migratoria de Trump como excesiva, demasiado violenta. En el marco de las muertes de Renée Good y Alex Pretti en Minnesota, 65% de los estadounidenses opinaron que la política migratoria de Trump “va demasiado lejos”.
Ahora las muertes de Lorenzo Salgado Araujo y Johan Sebastián Durán Guerrero plasman esos excesos y los detalles que emergen no dejan bien paradas a las autoridades migratorias.
En el caso de Salgado, se dio a conocer que la sustancia que se ocupó en su vehículo no eran drogas ilícitas. Aunque Salgado no era buscado por los agentes, el gobierno afirmó que una “sustancia” en su camioneta, que podrían ser “metanfetaminas”, justificó la intervención con su vehículo que culminó en su muerte.
CBS News informó que la oficina del fiscal del condado de Harris, Texas, Sean Teare, indicó que “podemos confirmar que la sustancia encontrada en la furgoneta de Lorenzo Salgado Araujo ha dado negativo en las pruebas de narcóticos o drogas ilícitas”.
“Hemos informado a la familia de Salgado Araujo porque consideramos que tenían derecho a saberlo”, señala el comunicado.
La interrogante es si se presentarán cargos contra los agentes involucrados que alegan que Salgado utilizó su camioneta como “arma” y por eso lo abatieron a tiros. Un juez ordenó la liberación de uno de los tres pasajeros que acompañaban a Salgado de un centro de detención de ICE por ser testigo de una investigación en curso.
Encuestas muestran cambio político
En el caso del joven colombiano JoanSebastián, se reportó que el agente que le disparó presuntamente tenía un historial de violencia incluso contra sus dos exesposas y de todos modos aprobó el entrenamiento de ICE.
La Associated Press (AP) reportó que, según familiares, el agente “tiene un historial de comportamientos aterradores y violentos”. “Le acusan de haber agredido a las mujeres de su entorno a lo largo de los años, y una de ellas facilitó a la AP un mensaje de voz del invierno pasado en el que él le decía que pensaba que alguien debería cortarle el cuello”, reportó la agencia.
El zar de la frontera, Tom Homan, dijo en CNN que “si eso es cierto, no creo que hubiera debido aprobar la verificación de antecedentes”.
Para Johan es demasiado tarde. La interrogante es, una vez más, si habrá rendición de cuentas o si se culpará a la víctima por su propia muerte.
Un sondeo de Fox News arrojó que por primera vez los demócratas superan a los republicanos 50% sobre 49% en el manejo del tema migratorio. Aunque es un punto, esa ventaja republicana en inmigración era de ocho puntos apenas en abril, según la encuesta.
Quizá los excesos y la violencia de la política migratoria sean un factor pues ha tocado de cerca a comunidades a través del país cuando pierden a un vecino, a un trabajador, al cuidador de sus padres o de sus hijos enfermos como está ocurriendo ahora mismo con los haitianos que perderán su TPS y con ello sus permisos de trabajo y su protección contra la deportación.
Es decir, el efecto dominó de una detención o deportación no se limita a esa persona afectada sino que repercute en familias, amistades, empleadores, la comunidad y en el propio fisco que deja de recibir el pago de impuestos.
El mismo sondeo arrojó bajos índices de aprobación para Trump en diversas áreas, particularmente economía, salud, inflación, desigualdad de ingresos y política exterior.
Con ese complicado panorama como trasfondo, Trump alude al “fraude electoral” en su intento de interferir en los comicios.
Quizá a menos de 100 días de las elecciones de medio tiempo, los votantes ya le tomaron la medida a Trump.
El reto de los demócratas es convencer a esos votantes desafectos de que votar por ellos y no quedarse en casa es la mejor alternativa.
Cortes migratorias de California, Colorado, Georgia, Illinois, Nevada, Nueva York, Texas, y otros estados están realizando audiencias masivas, donde decenas de inmigrantes reciben una orden final de deportación por “ausencia” y algunas personas tienen el mismo resultado, incluso estando presentes en tales audiencias.
“Hay cosas diferentes sobre esas mega audiencias. Lo que estamos viendo en los tribunales es que no hay tiempo para procesar los casos de 150 personas en una sola mañana y por eso lo que están haciendo es llamando los nombres de todos que tienen la audiencia programada”, explicó Brandon Marrow, experto en tecnología cívica en bklg.org, grupo que ha monitoreado tales audiencias.
Agregó que lo preocupante no es solamente que las personas no asistan a la audiencia y reciban una orden de deportación, sino que ocurra con personas que sí asisten, pero entre el caos no escuchan su nombre.
“Si no contesta la persona, se da esta orden de deportación en ausencia. Entonces hemos escuchado historias de personas que están en el tribunal el día de la audiencia, pero no oyen su nombre y por eso reciben esta orden de deportación, aunque estaban en el tribunal”, lamentó Marrow en el podcast ‘El Diario Sin Límites’.
La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), la agencia que administra los tribunales migratorios, está realizando estas audiencias masivas, donde los inmigrantes acuden por primera vez para establecer una segunda audiencia y exponer sus casos, aunque decenas de personas están perdiendo tal oportunidad.
¿Cómo se diferencia estas audiencias de las individuales? Marrow insistió en que no hay un intercambio legal significativo entre los inmigrantes y el juez.
“No hay discusiones legales en esa audiencia. La verdad, normalmente solo es un proceso para programar la próxima audiencia y ponerse de acuerdo con el gobierno de los cargos migratorios que tienen en su caso”, expuso.
Aunque los inmigrantes tienen 180 días para presentar una apelación a la orden de deportación por “ausencia”, en muchas ocasiones ni eso podrá hacer porque no ha recibido la notificación, por lo que es difícil estimar el tiempo de apelación. Entonces, la persona puede estar en peligro de ser detenida y procesada por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Un cambio de política migratoria sin precedente
Estas audiencias no tienen un antecendente en la política migratoria, no a este nivel, aunque en su primer gobierno el presidente Donald Trump implementó tal práctica. En esta ocasión las audiencias aumentaron considerablemente en junio, según un análisis de bklg.org y un texto escrito por el investigador Austin Kocher.
“En mayo hubo 25 mega audiencias; en junio, hubo 153 mega audiencias programadas. De hecho, en algunos días de junio, el 25% de todas las personas en el país que estaban programadas para una audiencia del calendario maestro estaban programadas para un mega audiencia”, indica Kocher.
Las audiencias no se realizan en todas las cortes migratorias, sin que los jueces sepan que son parte de un “calendario maestro”.
“[La actual estrategia] demuestra una coordinación deliberada al más alto nivel de la EOIR para centrarse en jueces y salas de audiencias específicos”, indica el informe. “Esto no es resultado de que los jueces decidan sobrecargar sus salas de audiencias; los jueces no controlan sus propios calendarios de casos. Más bien, es el resultado de que la EOIR haya sobrecargado las salas de audiencias de ciertos jueces y haya obligado al tribunal a lidiar con ello”.
Marrow agregó que, además de la saturación en una corte, los inmigrantes reciben la notificación de su audiencia con poca antelación.
“Entonces lo que pasa es que la corte está reprogramando las audiencias de las personas con muy poca antelación. Entonces, si, por ejemplo, tenía una audiencia para octubre de este año, posiblemente con esa política de mega audiencia, esa audiencia fue cambiada para este mes y las personas que se presenten a esas mega audiencias están diciendo que nunca recibieron el aviso de la corte que se manda por correo físico”, advierte Marrow.
Si la persona no asiste, recuerda Marrow, recibe una orden de portación por “ausencia”. El experto agregó que muchas personas reciben ahora notificaciones hasta nueve días de antelación, cuando regularmente el gobierno notificaba hasta con 200 días previos, dando a los inmigrantes a prepararse.
“Aparte de Chicago y Nueva York, hay muchas audiencias en Texas, en Houston, San Antonio y Dallas, pero la verdad es que ya es una política de todos los tribunales del país”, acotó Marrow.
Los inmigrantes sin papeles en EE.UU. deben consultar con un abogado para revisar sus casos ante tribunales.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dio a conocer que el domingo detuvo en Miami, Florida, a Wilmer Solano, periodista originario de Venezuela quien, desde hace años, presentó una solicitud de asilo, la cual sigue pendiente.
De acuerdo con la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero (Apevex), el incidente se produjo en la zona de Haulover Beach mientras el sudamericano se encontraba trabajando como lo había venido haciendo desde ingresó a territorio estadounidense hace más de una década.
“Solano tiene un proceso de asilo, permiso de trabajo y licencia de conducir válida de Florida. Ingresó en EE.UU. legalmente en el 2015 y no posee antecedentes penales en este país, tampoco en Venezuela”, menciona un comunicado emitido por Apevex.
El periodista en cuestión llegó a ocupar un papel relevante en su nación, pues trabajó en el canal Globovisión de 2002 a 2008, y después fue dueño y director de la agencia de noticias Zorro Comunicaciones C.A.
No obstante, se puso bajo la mira del gobierno de su país debido a la cobertura que realizó de las campañas políticas de Henrique Capriles, exdirigente del partido Primero Justicia y candidato a la presidencia de Venezuela en dos ocasiones; y Julio Borges, fundador del partido señalado y comisionado presidencial para Relaciones Exteriores designado por Juan Guaidó.
La disposición de Wilmer Solano para informar sobre la agenda política de políticos opositores al chavismo lo hizo objeto de agresiones vinculadas a su cobertura periodística en Venezuela.
Unamos fuerzas por el periodista venezolano Wilmer Solano. Su familia está reuniendo fondos para contratar a un abogado de inmigración. Cualquier donativo, sin importar el monto, cuenta muchísimo. Gracias de corazón por tu solidaridad.https://t.co/bH1e2Ikqbp
Por seguridad eligió huir de Venezuela en busca de echar raíces en territorio estadounidense y aunque se le había permitido vivir y trabajar en Florida, el retorno de Donald Trump a la presidencia y su deseo de llevar a cabo la mayor deportación de extranjeros de toda la historia lo colocó en una lista de posibles deportaciones, pues su petición de asilo lleva años pendiente.
Con el objetivo de conseguir recursos para entablar una defensa legal, su esposa María Moreno habilitó una campaña en la plataforma GoFundMe apoyada en un texto donde describe el complejo panorama que rodea al inmigrante en manos del ICE.
“Fue detenido sin una orden judicial y sin enfrentar cargos criminales. No tiene antecedentes penales, ha vivido en Estados Unidos durante casi 12 años y tiene un caso de asilo pendiente.
Desde entonces, hemos seguido el procedimiento correspondiente para este proceso y aún estamos esperando una resolución.
Wilmer siempre ha trabajado arduamente para apoyar a nuestra familia, y estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que cuente con la representación legal que necesita”, escribió.
Previo la detención de Wilmer Solano, otros dos periodistas sudamericanos vivieron el mismo problema.
Mario Guevara, periodista salvadoreño, cuyo pecado fue haber cubierto en tiempo real para su canal de YouTube una manifestación en contra del presidente Donald Trump efectuada en Georgia el año pasado, acción que significó su deportación.
Por su parte, Estefany Rodríguez, reportera colombiana que laboraba para Nashville Noticias y Univision 42 en Tennessee, quien después de haber sido detenida por las autoridades migratorias, quedó en libertad bajo fianza en marzo pasado.
El sistema creado en Estados Unidos para reunir a niños migrantes con sus familiares quedó bajo fuerte cuestionamiento tras una investigación que reveló el uso de información sensible para operativos migratorios.
De acuerdo con un reportaje exclusivo de Reuters, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) compartió desde enero de 2025 más de 460,000 registros investigativos con ICE, la agencia encargada de hacer cumplir las leyes migratorias dentro del país.
Esos datos incluían información sobre menores no acompañados, sus patrocinadores —en muchos casos padres, madres u otros familiares— y también otros adultos que vivían en el mismo hogar.
Según los documentos internos citados por Reuters, esa información estuvo vinculada con más de 12,000 arrestos realizados por ICE.
El programa que buscaba reunir a los niños con sus familias
La ORR depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y tiene la tarea de recibir y alojar a menores migrantes que llegan solos a Estados Unidos, hasta que puedan ser entregados a un patrocinador. Habitualmente, ese patrocinador es un padre, una madre, un hermano mayor, un tío, un abuelo u otro adulto que asume la responsabilidad del niño mientras avanza su proceso migratorio.
Para aprobar la entrega, la agencia solicita documentos personales, datos de contacto, antecedentes del hogar e incluso huellas dactilares o pruebas de ADN en determinados casos. El objetivo formal de ese control es evitar que los menores terminen en manos de traficantes, abusadores o personas que no tengan una relación legítima con ellos.
Durante años, esa información se consideró parte de un proceso de protección infantil. La investigación de Reuters sostiene que, bajo la política actual, esos mismos datos comenzaron a ser utilizados también como insumo para acciones de control migratorio.
Reuters informó que, desde enero de 2025, la ORR empezó a remitir a ICE más de 460,000 “tips”, “leads” o registros para investigación. No se trata necesariamente de 460,000 personas distintas ni de 460,000 arrestos, sino de entradas de información vinculadas con menores, patrocinadores u otros miembros del hogar.
A partir de ese flujo de datos, ICE realizó más de 12,000 arrestos, según las cifras internas revisadas por la agencia.
La investigación añade un matiz clave: los arrestos no se limitaron a personas con antecedentes penales graves o sospechas de tráfico de menores. También alcanzaron a familiares que, en muchos casos, se habían presentado ante el gobierno justamente para intentar reunirse con un niño.
Ese hallazgo abrió un debate sensible: si el sistema que debía facilitar la reunificación familiar puede convertirse, al mismo tiempo, en una vía para localizar y detener a quienes intentan asumir el cuidado del menor.
El caso de una madre que recuperó a su hija y luego fue detenida
Uno de los episodios relatados por Reuters es el de una madre mexicana que entregó documentos, huellas y una prueba de ADN para recuperar a su hija de seis años. Días después de concretar la reunificación, tanto la madre como la niña fueron detenidas y trasladadas a un centro familiar de Texas, según la investigación.
El caso ilustra el temor que, según abogados y defensores de inmigrantes, comenzó a extenderse entre muchas familias: presentarse para patrocinar a un menor podría facilitar el reencuentro, pero también exponer a los adultos a detención o deportación.
Reuters también describió otros casos de familias que, después de aportar sus datos al proceso oficial, quedaron bajo la mira de autoridades migratorias.
El gobierno defiende el intercambio de información
Según Reuters, el gobierno sostiene que el intercambio de datos busca proteger a los menores y ubicar situaciones de posible riesgo, como entregas a patrocinadores no verificados o a personas con antecedentes.
Desde esa perspectiva, compartir información con ICE sería una herramienta para detectar fraude, tráfico de personas o casos en los que un menor termina en un entorno inseguro.
Sin embargo, exfuncionarios y organizaciones que trabajan con niñez migrante advierten que la consecuencia práctica puede ser otra: que familiares elegibles dejen de presentarse por miedo a ser arrestados, y que los niños queden más tiempo en refugios federales.
Ese posible efecto ya aparece en otro dato relevante citado por Reuters. El tiempo promedio que los menores permanecen bajo custodia de la ORR habría aumentado de forma drástica.
Según la investigación, la estadía media pasó de alrededor de 30 días en el año fiscal 2024 a 194 días en junio de 2026.
Aunque el endurecimiento de controles no sería el único factor detrás de ese incremento, la cifra sugiere que el sistema de patrocinio y entrega se volvió mucho más lento. Para abogados y defensores, eso puede traducirse en más tiempo de separación, más incertidumbre y mayores dificultades emocionales para niños que ya atravesaron situaciones de extrema vulnerabilidad.
ICE usó datos de niños migrantes para detener a miles de familiares en Estados Unidos, según investigación de Reuters.Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia
Por qué este tema preocupa a familias migrantes
La noticia golpea un punto particularmente delicado para la comunidad inmigrante: el temor a que acudir al gobierno para proteger a un hijo o un familiar termine derivando en una detención.
En el caso de los menores no acompañados, el patrocinador suele ser la única vía para que el niño salga del refugio y pase a vivir con alguien de confianza. Si los potenciales patrocinadores temen ser arrestados, el sistema puede quedar bloqueado en su núcleo más básico.
Además, el intercambio de información plantea una discusión más amplia sobre el uso de datos personales entregados en contextos humanitarios. Para muchos defensores, una cosa es investigar redes de tráfico o abuso; otra, muy distinta, utilizar información suministrada para la reunificación familiar como base de operativos migratorios más amplios.
Qué dijo la agencia encargada de los menores
De acuerdo con Reuters, la ORR sostuvo que no participa directamente en arrestos de niños y que las decisiones de cumplimiento migratorio corresponden al Departamento de Seguridad Nacional.
Ese punto es importante: la agencia de salud y reasentamiento no ejecuta detenciones por sí misma. El cuestionamiento surge por el traslado de información a ICE y por las consecuencias que ese intercambio puede tener para patrocinadores y familias.
La investigación de Reuters probablemente intensifique la presión sobre la administración federal y sobre las agencias involucradas en el cuidado de menores migrantes.
Por ahora, lo que la quedó en evidencia es que la frontera entre protección infantil y enforcement migratorio se volvió mucho más difusa.
