Una cerca recién instalada terminó convertida en el centro de una disputa que rápidamente se volvió viral en Illinois. Un grupo de trabajadores de Diaz Fence Company regresó a una vivienda de Joliet y comenzó a desmontar, pieza por pieza, la estructura de madera que había colocado previamente.
El momento quedó grabado en video y fue difundido por César Díaz, propietario de la compañía, a través de Instagram. Las imágenes muestran a los trabajadores retirando las tablas mientras el dueño de la vivienda permanece en el lugar y discute con ellos.
¿Por qué desmontaron la cerca?
De acuerdo con la información publicada por Díaz, el conflicto habría comenzado por un desacuerdo relacionado con el pago del trabajo. La versión difundida en redes sostiene que el propietario se habría negado a pagar a los trabajadores una vez terminada la instalación.
El video muestra lo que ocurrió después: los empleados regresaron al domicilio y comenzaron a desarmar la cerca que habían construido. En distintos momentos se observa al propietario reclamándoles que abandonen la propiedad, mientras la cuadrilla continúa con el retiro.
El elemento que hizo todavía más llamativo el caso fue la referencia a ICE. El activista y abogado Carlos Eduardo Espina reveló que los empleados fueron amenazados con ICE; Díaz agradeció al uruguayo la mención sobre el abuso al que él y sus empleados se vieron sometidos. Hasta el momento se desconoce públicamente la versión del dueño de la vivienda.
La cerca desapareció tabla por tabla
Las imágenes muestran cómo los trabajadores van retirando prácticamente toda la estructura. El episodio generó numerosas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron el hecho como una respuesta al supuesto intento de evitar el pago.
Otros cuestionaron que los trabajadores regresaran a una propiedad privada para retirar una instalación ya realizada y señalaron que una disputa contractual debería resolverse por la vía legal.
La historia fue retomada también por otros medios digitales, entre ellos International Business Times UK, que reportó el conflicto por el pago y señaló que la participación de ICE no ha sido confirmada de manera independiente.
El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, aseguró que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no tiene previsto realizar operativos migratorios en los centros de votación durante las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en medio de la preocupación de organizaciones defensoras de los derechos civiles y funcionarios demócratas.
“No hay ningún plan para realizar redadas en los centros de votación en busca de inmigrantes indocumentados”, afirmó Homan durante una entrevista con Jacqui Heinrich en el programa “The Sunday Briefing” de Fox News. El funcionario sostuvo que tampoco ha visto “ningún plan operativo ni ninguna conversación sobre una operación de control migratorio en los centros de votación”.
Según Homan, las versiones sobre posibles redadas forman parte de una estrategia para generar temor entre los votantes y desacreditar al ICE y a la Administración Trump. La aclaración llega mientras grupos de derechos civiles y gobiernos locales se preparan para posibles escenarios de presencia federal en los lugares donde millones de estadounidenses acudirán a votar.
Border Czar Tom Homan tells me there is NO PLAN for immigration enforcement at polling places, after the city of Denver joined civil rights orgs suing the Trump admin over a policy that plaintiffs say could allow it.
Demócratas y organizaciones civiles mantienen sus advertencias
La semana pasada, Democracy Forward presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE en un tribunal federal de Washington, D.C., en representación de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, Common Cause, UnidosUS y la ciudad de Denver.
Los demandantes argumentan que la presencia de agentes federales armados podría intimidar a los electores, particularmente a las comunidades inmigrantes. “La presencia de agentes armados en los centros de votación amenaza la libertad de las próximas elecciones”, señala la demanda.
La preocupación también aumentó después de declaraciones del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien dijo que los agentes del ICE podrían acudir a un centro de votación si existiera una amenaza o si estuvieran ejecutando una orden judicial contra una persona buscada activamente.
“La única razón por la que estaríamos en los centros de votación es si existe una amenaza para ese centro o si estamos ejecutando una orden judicial contra alguien a quien hemos estado buscando activamente”, declaró Mullin el 1 de septiembre en Nueva York. Las declaraciones han alimentado el debate sobre hasta dónde podría llegar la aplicación de las leyes migratorias durante una elección nacional. Algunos conservadores, incluido Steve Bannon, han llegado a pedir que el ICE “rodee los centros de votación”.
En respuesta, Homan insistió en que no existe una operación de control migratorio diseñada para revisar quién acude a votar. “No existe ningún plan para implementar medidas coercitivas en los centros de votación”, dijo.
La ley federal prohíbe que personas que no son ciudadanos voten en elecciones federales. Al mismo tiempo, existen disposiciones federales que restringen el despliegue de personal armado en lugares de votación cuando su presencia pueda interferir con el proceso electoral. El Departamento de Justicia también planea desplegar observadores electorales en noviembre, mientras la Administración Trump impulsa otras medidas relacionadas con identificación de votantes, voto por correo y seguridad electoral.
Elpidio Reyna, de 42 años y residente de Compton, fue acusado de lanzar piedras contra vehículos gubernamentales durante la protesta que ocurrió el 7 de junio de 2025 en la ciudad de Paramount, causando lesiones a un agente cuando el vidrio de uno de los vehículos se estrelló, según los fiscales.
El 17 de febrero de 2026, Reyna se declaró culpable de un cargo grave de agresión contra un agente federal con un arma mortal o peligrosa que causó lesiones corporales.
El incidente en Paramount ocurrió el sábado 7 de junio de 2025, un día después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intensificó las redadas migratorias en Los Ángeles y en condados del sur de California por instrucción del presidente Donald Trump.
Como protesta, miles de personas salieron a las calles de Los Ángeles y en otras ciudades, como ocurrió en Paramount, cuando agentes federales realizaban un operativo migratorio cerca de una tienda Home Depot.
Elpidio, quien permanece bajo custodia de las fuerzas del orden desde que acordó su entrega el 23 de julio de 2025 en el puerto fronterizo de San Ysidro, fue sentenciado a 36 meses en una prisión federal.
“Estar en desacuerdo con las leyes aprobadas por el Congreso no le da derecho a agredir a agentes federales“, declaró el primer fiscal federal adjunto en California, Bill Essayli.
“Este acusado pensó que quedaría impune por lanzar grandes piedras contra las fuerzas del orden. En cambio, cumplirá una condena en una prisión federal, donde podrá reflexionar sobre su mala decisión”, añadió.
De acuerdo con documentos judiciales, Reyna, junto con otros manifestantes, lanzó piedras a los vehículos en los que se desplazaban los agentes federales de inmigración, además de prender fuego a objetos para obstaculizar el operativo de las fuerzas migratorias.
Reyna aceptó ser culpable de incendiar intencionalmente objetos en la calle y de lanzar piedras contra vehículos en los que viajaban agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en Paramount.
Una de las rocas que lanzó Reyna impactó contra el vidrio de un vehículo gubernamental en el que viajaba un agente federal identificado con las iniciales R.T., quien sufrió una lesión en la frente.
Según los fiscales, Reyna declaró que sus acciones se debieron a su enojo con la política migratoria de la administración Trump. Describió su conducta como “repentina, emocional e impulsada por el alcohol”.
En un memorando de sentencia, los fiscales dijeron que las circunstancias que rodearon la conducta del hombre de Compton no eran una excusa adecuada para cometer los actos de violencia.
La agresión por parte de Reyna fue investigada por agentes del FBI, de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
La detención de Adam Abdullah abrió un nuevo frente en la polémica por el uso de Guantánamo para personas bajo custodia migratoria de Estados Unidos. El hombre, de 31 años y originario de Somalia, se encuentra en el Campamento Seis de la base naval en Cuba, después de haber sido arrestado por agentes de ICE en St. Paul, Minnesota.
De acuerdo con MPR News, Abdullah llegó a Estados Unidos en 2023 como solicitante de asilo, obtuvo permiso de trabajo y un número de Seguro Social, además de acudir regularmente a sus citas con ICE. Trabajaba como mecánico y no registra antecedentes penales. Una revisión de registros judiciales de Minnesota citada por la emisora únicamente encontró dos multas de estacionamiento relacionadas con emergencias por nieve.
Abdullah relató al medio citado que los agentes lo detuvieron el 12 de diciembre, al comienzo de la operación migratoria Metro Surge. Según su testimonio, preguntó por qué había sido detenido y si existía una orden judicial.
“Somos de inmigración, así que deme su permiso de trabajo”, relató Abdullah que le dijeron los agentes.
Después de pasar por centros de detención en Minnesota, Kentucky y Luisiana durante aproximadamente nueve meses, las autoridades le informaron que sería deportado a Somalia desde Miami. Sin embargo, durante el trayecto le dijeron que el avión haría una escala en Cuba para cargar combustible. Esa escala terminó convirtiéndose en su destino final: Guantánamo.
Abdullah lleva dos semanas en Guantánamo
El inmigrante aseguró que lleva alrededor de dos semanas en el Campamento Seis, donde las llamadas telefónicas son limitadas y también existen restricciones para realizar ejercicio. Dijo además que permanece esposado de muñecas y tobillos durante los vuelos.
Su abogado, Marc Prokosch, explicó al medio que comunicarse con su cliente desde la base representa un problema adicional.
“Las llamadas están limitadas a entre cinco y diez minutos, y ni siquiera sabemos si son confidenciales”, señaló Prokosch.
Abdullah también afirmó que hay otros siete ciudadanos somalíes detenidos en Guantánamo, varios de ellos arrestados en las Ciudades Gemelas. MPR News indicó que el Departamento de Seguridad Nacional no respondió cuántas personas permanecen actualmente bajo custodia en la base ni explicó por qué Abdullah fue detenido.
ACLU mantiene disputa legal por los traslados
El uso de Guantánamo para inmigrantes cobró fuerza en 2025, cuando el gobierno de Donald Trump ordenó ampliar la capacidad del centro migratorio de la base. El mandatario habló entonces de una capacidad de hasta 30,000 personas. Reuters reportó que la medida formaba parte de la estrategia de la administración para detener a inmigrantes considerados una amenaza.
La ACLU mantiene una demanda contra la administración por el traslado de inmigrantes a Guantánamo. El abogado Lee Gelernt cuestiona la autoridad del gobierno para mantenerlos allí y las condiciones de detención. Una audiencia está programada para el 14 de octubre.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional dijo al medio citado que un vuelo reciente trasladó a Guantánamo a “algunos de los peores” y “criminales ilegales”.
El 9 de septiembre de 2026, fecha de expiración del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 170,000 salvadoreños, llegó y se fue, y el Departamento de Seguridad Nacional solamente dijo que en algún momento se hará un anuncio sobre el futuro del programa y, mientras tanto, los beneficios de permisos de trabajo y protección de la deportación siguen en pie.
Pero miles de salvadoreños y sus familias a través del país continúan con la incertidumbre de si habrá o no una extensión del programa que originalmente se giró hace 25 años tras los devastadores terremotos que azotaron El Salvador el 13 de enero y el 13 de febrero de 2001.
TPS salvadoreño sigue en vilo
El TPS se concede a personas proceden de naciones que enfrentan guerras, inestabilidad, desastres naturales u otras situaciones que les impiden regresar a su país y obtienen permisos de trabajo y protección de la deportación de manera temporal.
La Opinión reportó que “de acuerdo con Margaret Cargioli, directora de defensa y relaciones externas del Centro Legal de Defensa de los Inmigrantes, la administración debería haber dado una notificación de 60 días antes de que se viera afectado el estatus de TPS de las personas de El Salvador, lo cual, dice, no hizo”.
Cargioli agregó que “desafortunadamente, por ahora solo queda esperar a ver qué decide el gobierno sobre el TPS” y denunció que “la falta de información puede poner a personas con TPS en riesgo de ser despedidas o arrestadas por inmigración”.
El zar de la frontera, Tom Homan, justificó que el programa se cancele: “Llevo más de 40 años en esto y el TPS nunca ha dejado de renovarse, una y otra vez, a pesar de que se supone que es un estatus de protección temporal y de que las condiciones en el país (de origen) cambian. Me alegra que por fin se estén ciñendo a lo que dicta la ley: lo temporal es temporal”, reportó La Opinión.
De los 170,000 beneficiarios salvadoreños del TPS, 152,000 ya integran la fuerza laboral de Estados Unidos.
Y según un reporte de FWD.us y la Alianza Nacional del TPS, los beneficiarios salvadoreños del TPS aportan $5,400 millones de dólares al año a la economía y pagan $1,500 millones de dólares en impuestos.
Cancelar el TPS es parte de la estrategia de Trump para deslegalizar a la mayor cantidad posible de inmigrantes. Si no hay extensión, los salvadoreños serían el grupo más reciente en ser deslegalizado para hacerlos vulnerables a ser detenidos y eventualmente deportados mientras Trump intenta concretar su promesa de llevar a cabo la mayor deportación en la historia de Estados Unidos.
Quieren impedir agentes de ICE
La Opinión informó que “una coalición de organizaciones civiles y la ciudad de Denver acudieron a una corte federal para intentar impedir que agentes armados de ICE sean desplegados en los centros de votación durante las elecciones de mitad de período de noviembre”.
El artículo agrega que “la demanda fue presentada en Washington, D.C., y busca que el tribunal declare ilegal cualquier plan que permita la presencia de agentes federales armados en lugares donde se emitan o recojan votos”.
“La demanda fue presentada por Democracy Forward en representación de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), Common Cause, UnidosUS y la ciudad de Denver. Los demandantes sostienen que la presencia de agentes armados podría generar temor entre los ciudadanos y afectar su decisión de acudir a las urnas”, dice la nota.
Aunque las leyes federales prohíben que agentes armados interfieran en las elecciones, el gobierno de Trump ha enviado mensajes confusos indicando que no enviará agentes pero tampoco descartándolo del todo.
Grupos defensores del voto y de los derechos civiles argumentan que todo es parte de una estrategia para intimidar a los votantes, sobre todo de color, en medio de un ambiente tóxico para los inmigrantes. De ahí que el presidente Trump insista en afirmar que existe un problema generalizado de no ciudadanos votando de manera ilegal en las elecciones, aunque no sea verdad.
Trump también presiona por restringir el voto por correo y el Departamento de Justicia ya ha enviado monitores a elecciones estatales. El temor que existe es que el presidente busque cualquier excusa para interferir en una elección intermedia donde se anticipan pérdidas para el Partido Republicanio, sobre todo en la Cámara Baja.
Operativos de ICE golpean Chicago
Entretanto, La Opinión reportó que “se calcula que el condado de Cook dejó de registrar alrededor de $1,260 millones de dólares en actividad de tiendas y restaurantes durante el periodo de mayor presión de las autoridades federales”. Y también se perdieron 107 millones de dólares en ingresos provenientes de impuestos.
“El informe, titulado Hunkering Down: The Hidden Economic Cost of Federal Immigration Enforcement in Cook County, IL, (El costo económico oculto de la aplicación de las leyes federales de inmigración en el condado de Cook), fue presentado este martes por el Great Cities Institute de UIC, cuando se cumple un año del inicio de la “Operación Midway Blitz”, la ofensiva migratoria que el Gobierno de Trump lanzó el 8 de septiembre de 2025 en Chicago y otras localidades de Illinois”, dice el artículo.
La conclusión del análisis es concreta, señala la nota: “cuando una parte importante de la población deja de salir, comprar y consumir por temor a los operativos migratorios, el impacto termina alcanzando a negocios y gobiernos locales más allá de las comunidades directamente sometidas a las redadas”.
Citas de la semana
“Hoy es 9 de septiembre y me siento aturdida. El daño físico y emocional del último mes es tan frustrante que siento que sufrimos todo eso para nada”, declaró en un video en Instagram, Daysi Gonzáles, una joven salvadoreña beneficiaria de TPS, según reportó La Opinión, al saber que el gobierno no aclaró qué ocurrirá con el programa luego de que expiró el miércoles 9 de septiembre,
“Apenas unas horas después del anuncio del gobierno, la falta de información clara ha avivado el miedo, la confusión y la desinformación en comunidades que ya no están seguras de si podrán seguir trabajando y mantener a sus familias mañana.”, afirmó, por su parte, Rebecca Shi, directora ejecutiva de la American Business Immigration Coalition Action (ABIC Action) en un comunicado.
Una corte federal de apelaciones puso un freno a uno de los mecanismos que la administración de Donald Trump ha utilizado para ampliar las detenciones del ICE, al rechazar el argumento del gobierno que buscaba mantener bajo custodia a determinados inmigrantes indocumentados sin posibilidad de obtener una fianza.
La decisión, emitida por la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito, tuvo una votación de 2 contra 1 y estuvo acompañada de una referencia particularmente contundente a algunos de los episodios más oscuros de la historia migratoria de Estados Unidos.
La jueza Nicole Berner comparó la política actual con antecedentes como la persecución de trabajadores chinos y, posteriormente, el internamiento masivo de personas de ascendencia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial.
Una comparación con el pasado
En su opinión, Berner recordó que la llamada Ley Geary de 1892 obligaba a los trabajadores chinos a portar documentos y contemplaba castigos severos para quienes no pudieran demostrar su situación.
Décadas después, señaló la jueza, el gobierno utilizó el argumento del interés nacional para ordenar la detención de casi 120,000 personas de ascendencia japonesa.
“Cincuenta años después, con el odio racial disfrazado de interés nacional, el gobierno ordenó la detención masiva de todas las personas de ascendencia japonesa presentes en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial”, escribió Berner.
La magistrada añadió que aquella etapa dejó una “mancha” que todavía persigue al país y sostuvo que las detenciones del pasado fueron incluso más limitadas que la política de detención obligatoria que el gobierno intenta aplicar actualmente.
“Nos negamos a hacerlo”, concluyó en referencia a la petición del gobierno para ampliar la interpretación de una disposición legal aprobada por el Congreso hace tres décadas.
El cambio que impulsó Trump
La disputa surge por el cambio en la política de inmigración de Trump, que amplió el uso de la detención contra personas que llevan años viviendo en Estados Unidos.
Según el material difundido, el gobierno comenzó a clasificar a algunos residentes indocumentados de larga permanencia como solicitantes de admisión, una interpretación que permitiría mantenerlos detenidos bajo reglas más estrictas.
El Cuarto Circuito rechazó también ese argumento. El caso se suma, según la información proporcionada, a una cadena de nueve decisiones consecutivas de tribunales de apelaciones que han cuestionado políticas del ICE.
La ciudad de Denver y varias organizaciones de derechos civiles demandaron al Gobierno de Donald Trump para impedir que agentes armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realicen operaciones en centros de votación. La demanda fue presentada ante un tribunal federal de Washington D.C. por la League of United Latin American Citizens (LULAC), Common Cause, UnidosUS y la ciudad y el condado de Denver.
Los grupos sostienen que permitir la presencia de agentes federales armados en los lugares donde los estadounidenses acuden a votar podría intimidar a los electores y afectar su participación. La acción legal señala como demandados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al ICE, al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y al director interino de ICE, David Venturella.
Los demandantes buscan que un juez prohíba al Gobierno desplegar agentes federales armados en centros de votación, buzones para entregar boletas, sitios de votación desde el automóvil y otros lugares electorales, salvo bajo las excepciones establecidas expresamente por la ley.
Denver sued the Trump administration on Thursday, asking a federal judge to issue an injunction barring armed ICE agents from approaching polling sites during the midterms. @ryan_knappyhttps://t.co/MGOYVyqJ5v
Una ley de la Guerra Civil está en el centro del conflicto
El argumento principal se basa en una disposición federal aprobada en 1865, durante la Guerra Civil, que restringe la presencia de tropas o agentes armados federales en lugares donde se realizan elecciones. La coalición afirma que la norma fue diseñada para evitar que el Gobierno federal utilizara la fuerza para interferir en los comicios.
La disputa aumentó después de que Mullin declarara el 1 de septiembre que ICE no estaba patrullando centros de votación, aunque los agentes podrían acudir si existiera una amenaza contra las instalaciones o para ejecutar una orden judicial. “La única razón por la que estaríamos en los centros de votación es si existe una amenaza contra ese centro de votación o si estamos ejecutando una orden judicial”, dijo Mullin.
Para los demandantes, esas excepciones no autorizan a los agentes a realizar labores de control migratorio ordinarias dentro de los centros electorales. También advierten que su presencia podría desalentar a ciudadanos, particularmente votantes latinos, de acudir a las urnas o entregar sus boletas.
“El derecho a votar es fundamental para nuestra democracia”, dijo Juan Proaño, CEO de LULAC. La coalición citó incidentes registrados durante el verano en San Antonio, Texas; Ventura, California; y Syracuse, Nueva York, como ejemplos de la presencia de agentes de ICE en instalaciones relacionadas con procesos electorales.
El Gobierno de Trump ha negado que exista un plan concreto para desplegar agentes armados en los centros de votación. Sin embargo, los demandantes aseguran que las declaraciones de funcionarios y los incidentes documentados justifican la intervención judicial antes de que comiencen las votaciones anticipadas a finales de septiembre. Las elecciones legislativas están programadas para el 3 de noviembre.
La detención de un hombre de 33 años en Phoenix, Arizona, abrió cuestionamientos sobre las tácticas utilizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según el relato de su esposa, los oficiales habrían llegado a la vivienda aparentando ser trabajadores que realizaban reparaciones eléctricas antes de detenerlo en el patio.
En entrevista con Univision, Marisol López, esposa de Édgar Martínez, relató el doloroso momento que vivió la mañana del 15 de agosto, en el área de la avenida 83 y Lower Buckeye, en Phoenix.
Así habría ocurrido la detención
López relató que los hombres que llegaron al domicilio vestían de una manera que, a simple vista, podía hacer pensar que se trataba de trabajadores de servicios públicos.
“Él venía con un chaleco que se parecía como de construcción o de servicios, o sea, no tiene nada que ver”, explicó la mujer.
De acuerdo con su versión, los presuntos agentes incluso manipularon una caja de electricidad mientras decían que estaban realizando trabajos en una propiedad cercana. La situación habría terminado con una interrupción del suministro eléctrico de la familia.
“Sí nos cortaron el servicio”, contó López, quien explicó que acababa de regresar de trabajar cuando se percató de que se había quedado sin electricidad.
La esposa de Martínez sostiene además que los agentes no mostraron una orden judicial antes de realizar el arresto. Esta afirmación es uno de los principales puntos que la familia cuestiona del operativo.
El señalamiento adquiere relevancia porque la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece protecciones frente a registros y detenciones irrazonables. La ACLU explica que, en términos generales, una orden administrativa de deportación no autoriza por sí sola a los agentes a ingresar a una vivienda sin consentimiento; para entrar existen circunstancias y requisitos legales específicos.
Una estrategia que ya ha sido cuestionada
La utilización de engaños por parte de agentes de ICE no es un tema completamente nuevo. La ACLU ha documentado casos anteriores en los que agentes se hicieron pasar por policías, trabajadores u otras personas para acercarse a inmigrantes y conseguir que salieran de sus viviendas o permitieran el acceso. La organización ha cuestionado judicialmente algunas de estas prácticas.
En el caso de Phoenix, la abogada Alma Rosa Nieto, quien no está relacionada con el expediente, consideró que el supuesto uso de este tipo de tácticas podría terminar siendo materia de un litigio.
“Esta administración se ha caracterizado por una violación de derechos humanos, civiles y de tácticas no transparentes”, afirmó Nieto en declaraciones difundidas por el medio citado.
La abogada añadió: “Tienen que tener una orden judicial para entrar y, cuando lo hacen con engaños, están cambiando las leyes”. Se trata de una valoración legal de Nieto y no de una determinación judicial sobre el caso de Martínez.
Martínez llevaba más de 10 años en EE.UU.
Según Marisol López, Édgar Martínez llevaba más de 10 años en Estados Unidos y no tenía antecedentes graves. La mujer aseguró también que se encontraba realizando un trámite relacionado con una visa cuando fue detenido.
La familia ahora busca esclarecer por qué se produjo el arresto y bajo qué circunstancias actuaron los agentes. Mientras tanto, ICE no ha respondido a las preguntas sobre el operativo y las circunstancias de la detención.
Una coalición de organizaciones civiles y la ciudad de Denver acudió a una corte federal para intentar impedir que agentes armados de ICEsean desplegados en los centros de votación durante las elecciones de mitad de período de noviembre.
La demanda fue presentada en Washington, D.C., y busca que el tribunal declare ilegal cualquier plan que permita la presencia de agentes federales armados en lugares donde se emitan o recojan votos. El caso coloca nuevamente a ICE y las elecciones de 2026 en el centro de una disputa que ha generado preocupación entre grupos defensores del voto.
La demanda fue presentada por Democracy Forward en representación de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), Common Cause, UnidosUS y la ciudad de Denver. Los demandantes sostienen que la presencia de agentes armados podría generar temor entre los ciudadanos y afectar su decisión de acudir a las urnas.
La advertencia detrás de la demanda
Uno de los argumentos centrales del caso es una disposición de la legislación federal que restringe el despliegue de tropas o personal armado en lugares donde se realizan elecciones, salvo circunstancias excepcionales relacionadas con enemigos armados de Estados Unidos.
Los grupos demandantes consideran que permitir agentes armados en los sitios de votación podría convertirse en una forma de intimidación electoral, especialmente entre comunidades que mantienen una relación más vulnerable con las autoridades migratorias.
La preocupación no surgió únicamente de rumores. Durante los últimos meses, distintos funcionarios de la administración Trump han sido cuestionados sobre la posibilidad de enviar agentes federales a las urnas, mientras algunos aliados del movimiento MAGA han planteado públicamente la idea de utilizar a ICE cerca de los centros de votación.
El propio secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, intentó marcar distancia con esa posibilidad, pero sus declaraciones dejaron abierta una excepción.
“ICE no está allí para patrullar los centros de votación”, dijo Mullin a la prensa. Sin embargo, añadió que los agentes podrían estar presentes si existiera una amenaza contra el lugar o si estuvieran intentando ejecutar una orden judicial contra una persona a la que buscan.
“Si tenemos que ejecutar una orden judicial, estaremos donde tengamos que estar”, afirmó.
ICE y las elecciones de noviembre
La diferencia entre patrullar un centro de votación y acudir a él para realizar una detención es precisamente uno de los puntos que alimentan la controversia. Organizaciones defensoras del voto argumentan que, independientemente del motivo, la presencia visible de agentes armados podría tener un efecto disuasorio sobre determinados electores.
El debate también llega después de que ICE reconociera que podría tener miles de documentos relacionados con posibles planes para desplegar agentes en centros de votación, después de que inicialmente la agencia había indicado que no tenía registros relevantes.
Por separado, el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, ha señalado que las Fuerzas Armadas no tienen previsto enviar tropas ni soldados de la Guardia Nacional a los centros de votación.
La demanda no significa que exista actualmente un plan confirmado para colocar agentes de ICE armados en las urnas. De hecho, funcionarios de la administración han negado que la agencia tenga previsto patrullar los centros de votación. El problema para los grupos demandantes es que las declaraciones oficiales tampoco han cerrado por completo la puerta a que agentes federales puedan aparecer allí bajo determinadas circunstancias.
El intercambio de información entre el IRSy ICE sufrió un nuevo revés judicial. Un tribunal federal de apelaciones determinó que el Servicio de Impuestos Internos violó la legislación al entregar a las autoridades migratorias las direcciones de miles de contribuyentes, dentro de una estrategia impulsada por la administración de Donald Trump.
El caso gira alrededor de 47,289 registros que el IRS proporcionó a ICE después de que la agencia migratoria solicitara información sobre aproximadamente 1.28 millones de personas. El objetivo era obtener sus últimas direcciones conocidas para apoyar investigaciones relacionadas con órdenes de expulsión.
El Circuito del Distrito de Columbia confirmó la orden que bloqueaba esta práctica.
El problema estuvo en la forma de obtener los datos
El tribunal cuestionó especialmente el procedimiento utilizado por el IRS. La agencia podía recibir solicitudes de ICE que no contenían una dirección completa y, aun así, buscar en sus propios registros para entregar una dirección asociada con el contribuyente.
Más del 90% de los 47,289 registros fueron obtenidos mediante coincidencias con números de identificación fiscal. Los jueces señalaron que el mecanismo permitió responder incluso a solicitudes que incluían campos como “Unknown Address”, “Failed to Provide” o “NA NA”.
La jueza Cornelia Pillard escribió que el procedimiento implicaba una revisión automatizada de millones de registros sin controles suficientes para comprobar que cada solicitud cumpliera con los requisitos establecidos por la ley.
Durante el proceso, la administración Trump argumentó que la decisión obstaculizaba la aplicación de las leyes federales. La respuesta de Pillard fue contundente: “Pero esa es una queja contra el Congreso, no contra el tribunal”, según el fallo.
Una protección creada después del Watergate
La legislación federal establece reglas estrictas para proteger la confidencialidad de la información fiscal. Estas disposiciones se fortalecieron después del escándalo Watergate, cuando salieron a la luz abusos relacionados con información tributaria durante la administración de Richard Nixon.
Los grupos que llevaron el caso a tribunales celebraron la decisión. Skye Perryman, de Democracy Forward, afirmó que el fallo representa una defensa frente a lo que calificó como un uso ilegal de información confidencial.
“Las leyes de privacidad promulgadas en la era posterior al Watergate existen para prevenir abusos de poder como este”, sostuvo Perryman.
El IRS y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ofrecieron comentarios inmediatos sobre la resolución. La sentencia mantiene bloqueado el mecanismo cuestionado y representa un nuevo límite judicial a los esfuerzos de la administración Trump para utilizar información federal en sus operaciones de control migratorio.
