La detención de un hombre por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)en un centro de votación de San Antonio, Texas, desató una fuerte controversia entre activistas, autoridades locales y ciudadanos que acudían a participar en la jornada electoral.
El incidente ocurrió en la Biblioteca Las Palmas, ubicada en el condado de Bexar, donde se desarrollaba la votación anticipada. De acuerdo con testigos, al menos nueve agentes federales rodearon el estacionamiento del lugar mientras realizaban el arresto de un hombre cuya identidad no fue revelada.
La presencia de vehículos y agentes armados en las inmediaciones del sitio provocó inquietud inmediata entre los votantes, especialmente dentro de comunidades latinas e inmigrantes. Algunos ciudadanos denunciaron que el operativo pudo interpretarse como un acto de intimidación.
“Es intimidación contra los votantes”, declaró uno de los testigos presentes, según reportes difundidos en redes sociales y medios locales. Otra persona cuestionó: “¿Ahora vamos a tener que llevar pasaportes para sentirnos seguros cuando vayamos a votar?”.
Sheriff intervino tras presencia de agentes federales
Horas después del operativo, el sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, acudió personalmente al lugar y solicitó que los agentes federales abandonaran el área cercana al centro electoral.
Según explicó el propio Salazar, uno de sus oficiales también fue retirado del sitio luego de considerar que la presencia de unidades oficiales podría convertirse en un “factor agravante” para quienes acudían a votar.
“Queremos asegurarle al público que puede salir y votar con tranquilidad”, afirmó el sheriff, intentando reducir la tensión generada por el operativo migratorio.
ICE aseguró posteriormente que el detenido no estaba siendo investigado por intentar votar ilegalmente y sostuvo que el arresto simplemente “coincidió” con la ubicación del centro electoral.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos civiles y grupos proinmigrantes advirtieron que este tipo de acciones pueden desalentar la participación ciudadana, especialmente en estados donde el debate sobre inmigración y elecciones se ha intensificado rumbo a las elecciones de medio término.
Crece preocupación por impacto electoral y migratorio
Diversas organizaciones han denunciado en los últimos años que la presencia de fuerzas federales cerca de centros de votación puede generar miedo entre comunidades vulnerables, incluso entre ciudadanos estadounidenses de origen latino.
Aunque las autoridades federales sostienen que el operativo no tenía relación con la elección, el incidente reavivó el debate sobre los límites entre la aplicación de leyes migratorias y el derecho al voto.
Hasta ahora, ICE no ha revelado detalles sobre los cargos o el estatus migratorio del hombre detenido.
ICE detains man at Texas polling place during voting hours—now voters worried for midterms.
“It’s intimidation against the voters,” said witness.
“Are we now going to have to carry passports to be safe when we vote?”
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó una propuesta para incrementar drásticamente las multas impuestas a inmigrantes con órdenes de deportación “in absentia”, es decir, emitidas por un juez de inmigración cuando la persona no se presenta a su audiencia.
La sanción pasaría de $5,130 dólares a $18,000 dólares, en medio de una estrategia más amplia de endurecimiento migratorio impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump.
La figura de la deportación “in absentia” está contemplada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Bajo esa disposición, un juez puede ordenar la expulsión de un inmigrante si el Gobierno demuestra que la persona recibió una notificación adecuada de la audiencia y aun así no compareció. Sin embargo, la ley también reconoce excepciones, incluyendo situaciones de emergencia, falta de notificación efectiva o circunstancias extraordinarias que puedan justificar la reapertura del caso.
El documento oficial también expone el crecimiento de este tipo de procesos dentro del sistema migratorio. Según cifras del DHS, durante 2025 se emitieron más de 309,700 órdenes de deportación “in absentia”, mientras que 23,670 personas con este tipo de fallos fueron arrestadas posteriormente.
El abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC., señaló que el aumento proyectado podría convertirse en uno de los castigos económicos más severos dentro del sistema migratorio civil estadounidense.
“Las multas migratorias siempre han existido, pero estamos viendo una expansión importante tanto en los montos como en la manera en que el Gobierno busca aplicarlas. El impacto puede ser particularmente fuerte para familias de bajos ingresos que ya enfrentan procesos complejos y costosos”, dijo el experto.
El endurecimiento no ocurre de forma aislada. Desde 2025, el DHS y el Departamento de Justicia han impulsado regulaciones para acelerar la imposición y el cobro de sanciones migratorias, incluyendo cambios que reducen tiempos de respuesta y trasladan ciertas apelaciones directamente al DHS, limitando la participación de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).
Uno de los puntos más sensibles del debate gira alrededor de las notificaciones judiciales. En los últimos años, tribunales federales y organizaciones de defensa han advertido que muchos inmigrantes no comparecen a sus audiencias porque cambiaron de dirección, nunca recibieron correctamente la citación o enfrentaron barreras de idioma y representación legal. En esos casos, las órdenes “in absentia” pueden ser posteriormente reabiertas, aunque el proceso suele ser complejo y requiere pruebas sólidas.
“La ley permite solicitar la reapertura de ciertas órdenes emitidas en ausencia, especialmente cuando hubo problemas con la notificación o circunstancias excepcionales. Por eso es importante analizar cada caso individualmente antes de asumir que una orden es definitiva o que no existen alternativas legales”, puntualizó el abogado Quiroga.
El aspecto económico también genera cuestionamientos, ya que se considera poco probable que muchas de estas multas puedan ser cobradas en su totalidad, especialmente entre inmigrantes con recursos limitados o sin autorización de empleo. “Este tipo de medidas podrían aumentar la presión sobre inmigrantes con órdenes pendientes, especialmente en casos de ausencia ante la corte”, advirtió el abogado de inmigración Héctor Quiroga.
Aunque la propuesta todavía no es definitiva y permanecerá abierta a comentarios públicos hasta junio de 2026, desde ya se anticipan posibles desafíos legales relacionados con debido proceso, proporcionalidad y acceso a la defensa.
“La recomendación para los inmigrantes con procesos pendientes es que mantengan actualizada su dirección ante la corte y revisen constantemente el estado de sus casos para evitar ausencias involuntarias que puedan derivar en órdenes de deportación y sanciones económicas elevadas”, indicó el abogado de inmigración Héctor Quiroga.
(*) Héctor Quiroga es abogado de inmigración de Quiroga Law Office, PLLC, una firma de abogados ubicados en Washington, Nevada y México.
California’s sanctuary law is not merely a policy preference—it imposes real and dangerous constraints on public safety and the rule of law. That is why the America First Policy Institute (AFPI) is representing the City of El Cajon in a lawsuit challenging California law.
While the case originates in one city, its consequences could extend statewide. At its core is a fundamental question—can local governments fulfill their most basic responsibility: protecting residents, including immigrants, from harm, without fear of reprisal due to state sanctuary laws?
Across the state, local law enforcement officers operate under restrictions that prohibit cooperation with federal authorities, including Immigration and Customs Enforcement (ICE), even in situations where that cooperation could prevent harm. As a result, officers are forced to weigh whether doing their job, protecting a potential victim, could expose them to legal consequences under state law.
For millions of Hispanic and immigrant families across California, safety isn’t just a political talking point; it’s a daily concern. These communities are built on hard work, faith, and a deep respect for the rule of law. They want safe streets, strong schools, and the ability to raise their children without fear of crime, violence, and exploitation.
Yet California’s sanctuary law increasingly puts those priorities at risk.
The consequences of this policy are not theoretical. El Cajon’s lawsuit stems from Attorney General Rob Bonta’s disturbing response to a real‑world question: can El Cajon police officers perform a wellness check on an unaccompanied minor, based on credible information provided by federal law enforcement? City officials were warned that this simple act of safety might violate state law.
For any parent, that should be alarming. For immigrant families, many of whom come to this country seeking safety and opportunity, it is deeply troubling. A system that causes hesitation in the face of a potentially endangered child is not compassionate; it is broken.
Proponents of sanctuary policies insist these laws make immigrant communities safer. The opposite is true. By restricting law enforcement cooperation, sanctuary laws create environments where criminal illegal aliens face a lower risk of accountability and where communication between local and federal agencies is treated as a liability rather than a necessity. Over time, this creates a gap that traffickers, gang members, and repeat offenders can exploit.
Who suffers most when those gaps exist? It’s not politicians in Sacramento. It’s the communities themselves, often Hispanic and immigrant neighborhoods, where law-abiding families are left more vulnerable as violence and crime in their communities go unaddressed.
Beyond its human cost, California’s sanctuary law raises serious constitutional concerns. Its legislative supporters openly stated their intent: to allow illegal aliens to live in California “without fear of deportation.” That intent directly conflicts with federal law, including 8 U.S.C. § 1324, which prohibits aiding and abetting illegal aliens to remain in the country illegally. A state law designed to impede federal enforcement is not just an act of resistance; it is an invitation to lawlessness.
The Constitution’s Supremacy Clause makes clear that federal law prevails in cases of conflict. The Supreme Court has repeatedly affirmed that states may not enact measures that obstruct federal immigration enforcement. Yet California’s sanctuary law does exactly that—restricting cooperation between federal and local authorities while signaling that compliance with federal law is optional.
Predictably, defenders of California’s sanctuary law will frame this lawsuit as an attack on immigrants. That accusation is both false and misleading. El Cajon is not a bastion of nativism; it is a diverse city where roughly 30 percent of residents are Hispanic. The lawsuit is not anti‑immigrant; it is pro‑community. Its goal is to protect all residents, regardless of origin, from the very real threat posed by criminal actors who exploit the gaps sanctuary policies create.
Public safety depends on coordination, not fragmentation. Cities like El Cajon should never be forced to choose between complying with state directives and acting to protect individuals who may be trafficked or in danger. Local law enforcement should not have to hesitate when a child may be in danger or when credible information could prevent a crime. They should have the ability to act decisively.
California’s sanctuary law has failed its test.
It is dangerous in practice, unconstitutional in design, and harmful to the communities it claims to defend. The prospect of being legally incentivized to neglect an abandoned child is not an exaggerated hypothetical; it is a warning. This lawsuit is a call to restore clarity, uphold the rule of law, and prioritize safety over ideology. It does not seek to turn local police into immigration agents. It simply demands that the law stop punishing officials for doing their jobs and protecting their communities.
(*) Alfonso Aguilar is Director of Hispanic Engagement at America First Policy Institute and former Chief of the U.S. Office of Citizenship. Mike Garcia is Chair of America First California and former member of Congress (R-CA).
La Ley Santuario de California no es una medida más de política pública; es un real y peligroso obstáculo al trabajo de las autoridades para garantizar la seguridad pública y la ley y orden. Por esta razón, el America First Policy Institute (AFPI) se ha unido a la ciudad de El Cajon para retar este estatuto en los tribunales.
Aunque el caso origina en una ciudad particular, sus consecuencias pueden extenderse a todo el estado. La esencia del caso es una pregunta fundamental: ¿permite la Ley Santuario del estado que los gobiernos locales desempeñen su responsabilidad más básica –entiéndase, proteger a sus residentes, incluyendo a los inmigrantes del crimen– sin temer represalias legales? Y es que la ley impone a la policía local unas restricciones estrictas que prohíben la cooperación con autoridades federales, incluyendo la Immigration and Customs Enforcement (ICE), aun en situaciones en las que esa cooperación pudiera evitar daño a la ciudadanía.
Para millones de familias hispanas e inmigrantes en California la seguridad es una preocupación diaria. Sus residentes quieren calles seguras, buenas escuelas y la posibilidad de criar a sus hijos sin miedo al crimen, la violencia o la explotación. La Ley Santuario de California, sin embargo, pone en peligro esas prioridades.
Las consecuencias de esta política no son teóricas. La demanda de El Cajon fue provocada por la preocupante respuesta que el fiscal general del estado Rob Bonta brindó a una pregunta básica: ¿puede la policía de El Cajon realizar un chequeo de bienestar a un menor no acompañado basándose en información creíble provista por agencias federales de ley y orden? En su respuesta, Bonta le advirtió a la ciudad que esa sencilla medida preventiva pudiera violar la ley estatal.
Para cualquier padre, y particularmente aquellos de familias inmigrantes que vinieron a nuestro país en busca de paz y seguridad, la aseveración del fiscal general es altamente preocupante. Un sistema que titubea ante un niño que puede estar en peligro no es compasivo; está roto.
Los defensores de las ciudades santuario insisten que estas leyes garantizan la seguridad de las comunidades de inmigrantes, pero la realidad es lo opuesto. Al limitar la cooperación entre las agencias policiacas, las leyes santuario crean ambientes en los que inmigrantes ilegales involucrados en actividad delictiva corren un riesgo menor de responder por sus actos y en los que la comunicación entre las autoridades locales y federales es vista como un riesgo en vez de una necesidad. Con el tiempo, esto crea una vulnerabilidad del cual los traficantes, pandilleros y delincuentes habituales se aprovechan. Y los que sufren con esto no son los políticos en Sacramento, sino los residentes del estado, con frecuencia en barrios hispanos y de inmigrantes.
A parte del costo humano, la Ley Santuario de California presenta serios problemas constitucionales. Sus proponentes abiertamente declararon su intención al radicarla: permitir que inmigrantes ilegales vivan en el estado “sin miedo de deportación”, lo que conflige con la ley federal que prohíbe ayudar e instigar a inmigrantes ilegales a permanecer en el país ilegalmente (U.S.C. § 1324). Una ley diseñada a impedir el cumplimiento de la ley federal no es solo un acto de resistencia; es una invitación al desorden y a la impunidad.
La Cláusula de Supremacía de la Constitución deja claro que la ley federal prevalece en caso de conflicto con la estatal. El Tribunal Supremo ha afirmado repetidamente que los estados no pueden aprobar medidas que obstruyan ejecución de la ley federal de inmigración. No obstante, eso es exactamente lo que hace la Ley Santuario de California; limita la cooperación entre las autoridades federales y estatales mientras que establece que el cumplimiento con la ley federal es opcional.
Como es de esperar, los apologistas de la Ley Santuario tratarán de decir que la demanda es un ataque a los inmigrantes, lo que es falso y equivoco. El Cajon no es un bastión del nativismo; es una ciudad diversa en la que aproximadamente 30% de los residentes son hispanos. La demanda no es anti-inmigrante; es pro-comunidad. Su objetivo es proteger a todos los residentes del estado, sin importar su origen, de las amenazas muy reales presentadas por criminales que se aprovechan de las vulnerabilidades creadas por las políticas santuario.
La Ley Santuario de California es peligrosa en la práctica, inconstitucional en diseño y perjudicial para las comunidades que dice defender. La demanda de AFPI es un esfuerzo para aclarar el Derecho aplicable, reafirmar el estado de Derecho, y priorizar la seguridad de los residentes del estado sobre consideraciones puramente políticas. Lo único que exige es que la ley estatal deje de penalizar a la policía por hacer su trabajo y proteger a la comunidad.
(*) Alfonso Aguilar es director de Acercamiento Hispano del America First Policy Institute y Ex jefe de Ciudadanía de los Estados Unidos. Mike García es presidente de America First California y ex miembro del Congreso (R-CA).
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La propuesta impulsada por la administración de Donald Trump para destinar cerca de $1.000 millones a la seguridad en la Casa Blancay mejoras relacionadas con un nuevo salón de baile presidencial comenzó a fracturarse dentro del propio Partido Republicano. Senadores conservadores advirtieron que el proyecto no cuenta con los votos suficientes y que podría ser retirado del paquete legislativo que busca reforzar el presupuesto de inmigración y deportaciones masivas.
De acuerdo con información publicada por Los Angeles Times, la iniciativa contemplaba incluir los recursos dentro de un proyecto de ley de aproximadamente $70 mil millones enfocado en fortalecer operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza. Sin embargo, el elevado costo y la falta de detalles sobre el uso específico del dinero desataron críticas incluso entre legisladores republicanos.
El senador John Kennedy, republicano por Luisiana, reconoció que el plan “volvió al punto de partida” porque simplemente “no hay votos suficientes”. Mientras tanto, el senador Thom Tillis calificó como una “mala idea” intentar mezclar recursos para seguridad presidencial con fondos destinados a inmigración y control fronterizo.
Republicanos cuestionan gasto millonario
La discusión se da en un momento particularmente sensible para el Congreso. La inflación, el precio de los alimentos y el costo de vida siguen dominando las preocupaciones de millones de familias, por lo que varios legisladores consideran políticamente riesgoso respaldar un gasto de esa magnitud relacionado con la Casa Blanca.
Según la solicitud presentada por el Servicio Secreto, unos $220 millones serían utilizados específicamente para reforzar la seguridad en el salón de baile impulsado por Trump. El resto financiaría controles de acceso, entrenamiento y otras medidas de protección presidencial.
“El problema es la percepción”, admitió el senador republicano Jim Justice, quien dijo respaldar la seguridad del presidente, aunque reconoció que muchos ciudadanos están preocupados por “cómo van a poner gasolina en el auto” mientras Washington discute gastos millonarios.
El senador Bill Cassidy fue todavía más directo al cuestionar públicamente la propuesta. “La gente no puede permitirse comprar alimentos, gasolina ni atención médica, ¿y vamos a gastar mil millones de dólares en un salón de baile?”, declaró.
La inmigración y deportación se vuelven temas centrales
Aunque el debate comenzó por temas de seguridad presidencial, la discusión gira nuevamente alrededor de inmigración y deportación. Los republicanos buscan avanzar con un enorme paquete presupuestario para reforzar detenciones migratorias, deportaciones y vigilancia fronteriza, una de las principales banderas de Trump rumbo al nuevo ciclo electoral.
Sin embargo, los demócratas aprovecharon el conflicto interno republicano para aumentar la presión política. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, anunció que buscarán forzar votaciones relacionadas con otro polémico fondo promovido por Trump: un programa de compensación económica para personas investigadas o procesadas por el gobierno federal, incluidos participantes del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Ese fondo, valuado en $1.800 millones, también ha provocado divisiones dentro del Partido Republicano. Algunos senadores consideran inaceptable que personas acusadas de agredir policías durante los disturbios puedan recibir dinero del gobierno.
El senador Thom Tillis advirtió que sería “absurdo” permitir pagos a quienes participaron en los hechos violentos del Capitolio. Incluso dos agentes de policía que defendieron el Congreso durante aquel ataque ya presentaron una demanda para intentar bloquear posibles compensaciones.
La administración de Donald Trump dio un nuevo paso en su estrategia de endurecimiento migratorio al incorporar la mayor promoción de jueces de inmigración en la historia reciente del Departamento de Justicia (DOJ). La medida busca acelerar los procesos de deportación y reducir el enorme retraso acumulado en los tribunales migratorios del país.
De acuerdo con CBS News, esta semana fueron juramentados 77 jueces de inmigración permanentes y cinco jueces temporales, en medio de la presión del gobierno republicano para reforzar su política de deportaciones masivas.
El anuncio llega en un contexto de crecientes operativos migratorios, restricciones al asilo y nuevas medidas impulsadas por la Casa Blanca para reforzar el control fronterizo y agilizar expulsiones de inmigrantes sin estatus legal.
“El presidente Trump está comprometido con restaurar el estado de derecho en el sistema migratorio”, afirmó el fiscal general interino Todd Blanche en un comunicado oficial difundido tras la ceremonia de juramentación en Washington, D.C.
Tribunales de inmigración bajo presión
Los tribunales de inmigración de todo el país enfrentan actualmente una acumulación histórica de casos. Según datos oficiales citados por el Departamento de Justicia, el rezago llegó a superar los 4 millones de expedientes, impulsado principalmente por el incremento de solicitudes de asilo y cruces fronterizos registrados en los últimos años.
La administración Trump asegura que la incorporación de nuevos jueces permitirá reducir los tiempos de espera y acelerar las resoluciones de deportación.
Funcionarios federales señalaron que el número de casos pendientes ya habría disminuido a cerca de 3.5 millones desde enero de 2025, aunque organizaciones defensoras de inmigrantes cuestionan la forma en que se están procesando muchos expedientes.
Los jueces de inmigración son responsables de decidir si una persona puede permanecer legalmente en Estados Unidos o si debe ser deportada. Aunque llevan el título de jueces, en realidad forman parte del poder ejecutivo y dependen directamente del Departamento de Justicia.
Ese detalle ha generado fuertes críticas entre abogados y organizaciones migratorias, quienes consideran que la administración Trump está utilizando los tribunales como herramientas de aplicación migratoria.
Críticas por “jueces de deportación”
Uno de los aspectos que más polémica ha generado es que el gobierno federal comenzó a referirse públicamente a estos funcionarios como “jueces de deportación” en ofertas laborales oficiales.
Para activistas y especialistas en inmigración, ese lenguaje refleja un intento de orientar las cortes migratorias hacia decisiones más rápidas y severas contra los inmigrantes.
Greg Chen, director sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), acusó al gobierno de presionar a los jueces para actuar como “instrumentos de aplicación de la ley” y no como árbitros imparciales.
“La administración Trump está tratando de convertir los tribunales de inmigración en piezas de su campaña de deportaciones masivas”, declaró Chen.
Las críticas también aumentaron luego de que la administración despidiera durante el último año a más de 100 jueces migratorios, varios de ellos nombrados durante el gobierno de Joe Biden.
Algunos de los jueces removidos aseguraron que fueron apartados por no impulsar deportaciones con suficiente rapidez o por tener experiencia previa defendiendo a inmigrantes.
Más deportaciones y menos opciones de asilo
Además del aumento de jueces, el medio antes citado señaló que el Departamento de Justicia ha emitido nuevas directrices que limitan las posibilidades de obtener asilo, reducen opciones de liberación bajo fianza y endurecen los criterios para permanecer legalmente en el país mientras se resuelve un caso migratorio.
La mayoría de los nuevos jueces incorporados trabajaron anteriormente como abogados del ICE, fiscales federales o integrantes de las fuerzas armadas, según las biografías oficiales publicadas por el gobierno.
Para expertos migratorios, la estrategia forma parte del plan más amplio de Trump para acelerar deportaciones antes de que millones de casos pendientes sigan creciendo en los tribunales.
La detención de la influencer mexicana Karla Toledo, conocida en redes sociales como “Karlangas”, provocó una ola de indignación en Arizona y reavivó el debate sobre las acciones migratorias contra beneficiarios del programa DACA durante la nueva ofensiva de deportaciones impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
Toledo, de 31 años y originaria de Ciudad Obregón, Sonora, fue arrestada el pasado 18 de mayo dentro de su vivienda en Tucson por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La joven llegó a Estados Unidos cuando apenas tenía un año de edad y, de acuerdo con sus abogados y familiares, mantenía vigente su protección bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
Videos captados por cámaras de seguridad muestran el momento en que agentes migratorios se aproximan a la vivienda mientras Toledo y su esposo se preparaban para salir a trabajar. En las imágenes se escucha a la joven cuestionar repetidamente si los oficiales contaban con una orden judicial para ingresar a la propiedad y proceder con su arresto.
Según el relato de sus padres, los agentes nunca mostraron una orden firmada por un juez. La familia sostiene que Toledo decidió salir de la vivienda creyendo que no podía ser detenida debido a que su estatus migratorio se encontraba en regla.
Karla Toledo ha ganado notoriedad en plataformas digitales por compartir contenido sobre moda, estilo de vida y superación personal, además de colaborar con organizaciones comunitarias que apoyan a migrantes en Arizona.
ICE just put out a statement demonizing Karla Toledo – the DACA recipient they abducted from her home on Monday.
This is the same agency that falsely labeled Alex Pretti as a domestic terrorist after murdering him in cold blood in Minneapolis.
— Rep. Adelita Grijalva (@Rep_Grijalva) May 20, 2026
Crece presión política y comunitaria en Arizona
Horas después del arresto, decenas de manifestantes se congregaron frente a oficinas de ICE en Tucson con pancartas y consignas exigiendo la liberación inmediata de la joven mexicana.
La congresista Adelita Grijalva acudió al centro de detención y posteriormente informó que Toledo se encontraba en buen estado físico. La legisladora pidió públicamente que las autoridades migratorias expliquen las razones de la detención.
“Queremos dejar claro que Toledo fue secuestrada de su casa por agentes de ICE”, declaró el abogado Mo Goldman durante una conferencia de prensa en Tucson, al asegurar que el operativo fue “irregular e injustificado”.
La defensa legal sostiene que la beneficiaria de DACA no tiene antecedentes penales ni órdenes previas de deportación, situaciones que normalmente son consideradas prioritarias para una detención migratoria.
Carolina Silva, directora ejecutiva de la organización Scholarships, señaló que los arrestos de personas protegidas bajo DACA suelen ocurrir únicamente cuando existen delitos graves o violaciones migratorias importantes, circunstancias que —afirmó— no aplican en este caso.
A Tucson woman, Karla Toledo, who has known no other home than America was forcibly removed from her house. She’s a DACA recipient who gave back to her community working for nonprofit foundations.
Under Stephen Miller, there is no floor to ICE’s cruelty. No line he won’t cross.…
— Senator Ruben Gallego (@SenRubenGallego) May 20, 2026
DHS asegura que la influencer agredió a un agente
En contraste, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la actuación de los agentes y aseguró en un comunicado que Toledo fue arrestada después de presuntamente agredir a un oficial federal durante un operativo dirigido contra otra persona.
La dependencia también afirmó que la inmigrante registró un “ingreso ilegal” a Estados Unidos el 12 de octubre de 2024 y que al momento de su arresto existía una orden de detención activa, además de una solicitud de renovación de DACA pendiente.
Sin embargo, los abogados de Toledo rechazaron esas acusaciones y aseguraron que la joven contaba con un permiso oficial de viaje emitido por las autoridades migratorias, por lo que su reingreso al país fue legal.
Actualmente, Toledo permanece bajo custodia en el centro de detención de ICE en Eloy, Arizona, mientras enfrenta un proceso migratorio que podría derivar en deportación.
El caso ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de inmigrantes, que advierten sobre un endurecimiento de las medidas migratorias incluso contra personas amparadas por programas federales como DACA, creado en 2012 durante la administración de Barack Obama para proteger de la deportación a jóvenes traídos al país cuando eran niños.
La conversación con Bobby Pulido, candidato demócrata por el Distrito 15 de Texas, tuvo que ser virtual, desde su rancho, donde reside con su esposa y cuatro hijos.
El cantante ha sido famoso desde los años 90s tanto en Estados Unidos como en México, debido a su música de estilo norteño mexicano. Él nació en Edinburg, Texas, de donde nunca se ha ido, salvo para sus giras musicales.
Pulido no es realmente nuevo en la política, la cual había dejado un lado por su carrera musical. Luego de terminar la preparatoria estudió ciencias políticas en la prestigiosa St. Mary’s University, pero no terminó la carrera.
“Me faltaba un semestre y fue cuando tomé la decisión de probar mi talento ahí con la música y me fue bastante bien”, dice Pulido. Su talento también fue reconocido con el Grammy Latino.
Pulido también es empresario, lo que le ha permitido conocer un lado complejo de la vida en Texas, lidiando con la nómina y la administración de un negocio en el Valle.
Usted es reconocido como cantante, por supuesto, pero pues no le conocíamos esta veta política o ese interés por la política. ¿Qué fue lo que lo llevó justamente a tomar esta decisión de participar en la política y compartir y competir particularmente por el Distrito 15 en Texas?
“Yo de joven siempre era muy estudioso. Aquí en Texas también fui elegido como boy stater y también recibí beca para estudiar ciencias políticas en San Antonio, en la Universidad de Saint Mary’s, y estudié cuatro años y estaba a punto de graduarme. Me faltaba un semestre y fue cuando tomé la decisión de probar mi talento ahí con la música y me fue bastante bien.
“Tuve 30 años de carrera y como que ya siento que quiero regresar a lo que inicialmente quería hacer. Siento que es tiempo y siento que hay mucha necesidad. Ese distrito lo dibujaron y hicieron sus trucos, como siempre hacen el Partido Republicano. Y bueno, pues siento yo que tengo el pulso de la gente [y] sé lo que necesitamos para ganar.”
Por ahí estuvimos siguiendo una polémica en su contra, siendo usted cantante y que señalaban que pues usted en política más bien se debería dedicar solamente a cantar en fiestas de quinceañeras, pero usted le dio un levantón interesante sobre eso. Finalmente dijo, pues sí, es un orgullo hacerlo. Cuéntenos sobre esta polémica –ocasionada por la republicana De la Cruz– y por qué es tan importante, porque es un asunto cultural, también comunitario, ¿no?, que tiene que ver con la herencia que se tiene, sobre todo de la parte mexicana, justamente en Texas.
“Claro, mira, yo no lo vi como polémica. Sinceramente, Jesús, yo he cantado 30 años en la música sin tener ni un escándalo. O sea, nada. Nunca ha sido un artista escandaloso donde yo pude hacer o hice algo que me avergonzara de mi familia y resulta ahora que quieren pintarme como una persona escandalosa y están armando, me han atacado por cantar con Julión Álvarez en el 2018, cosas así. O sea, están buscando todo lo que pueda y te voy a decir algo, lo que me molesta es que sí, mucho viene de del estereotipo que ellos quieren formar de nuestra cultura, que es la cultura de gente mala, y trataron de ella misma me trató de insultar con eso de la quinceañera, pero mira, se lo volteamos y sinceramente ya hemos hecho, no sé, 2,324 quinceañeras y tenemos muchísimas agendadas donde estamos, la verdad, teniendo mucho contacto con la gente.”
¿Cuáles son los temas con los que está empujando principalmente la campaña? Porque bueno, pues el país está viviendo una situación que impacta, por supuesto, a toda la nación en temas económicos, en temas sociales, en temas de inmigración. ¿Cuál es la agenda de Pulido?
“Mira, antes, yo creo que lo que conmueve más al hispano más que nada es la economía. La economía es bien importante para nosotros, porque sinceramente muchos de nosotros venimos de familias humildes donde nuestro sueño es sacar adelante a nuestra familia. Entonces la economía para mí es bien importante. Ahorita el dólar ya no alcanza como antes. Justo va perdiendo mucho valor y siento yo que ha sido porque los políticos y le echo la culpa al Partido Republicano, porque ellos son los que hacen, es le dicen a los billonarios: a ver, no tienes que pagar mucho impuesto y eso le carga peso clase media. Entonces los gastos del país, esos no paran, esos van a seguir viniendo. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno para cubrir esos gastos cuando los billonarios no están pagando? Pues imprimir más dinero y cuando imprimimos más dinero genera inflación y pierde el valor. Entonces ellos han hecho un desastre de la economía.
“Ahorita los servicios médicos ahorita son demasiados caros. Aquí en el Valle de Texas hay mucha gente que no tiene ni seguro en el médico, porque es muy caro y eso nos está causando muchos problemas. Hay gente que se está muriendo, porque no va al doctor porque no les alcanza. […] Ahora súmale todo el problema que está pasando con migración, con ICE [la agencia de Inmigración y Control de Aduanas]. Ahorita nuestra comunidad en el Valle de Texas está paralizada. Hay muchísima gente que no está saliendo de su casa porque tienen miedo. Hay mucha gente chambeadora, trabajadora que tienen 20 años viviendo aquí sin nada en el récord. Nunca han hecho nada malo que les ha pasado, nunca han hecho nada y están viviendo con miedo.”
Una cosa que yo he notado en muchos políticos hispanos también y que apoyan ese movimiento, pero dicen que de una cierta forma, es decir, que sus familias son inmigrantes, pero ahora exigen una cierta forma de inmigrar y apoyan las deportaciones indiscriminadas. ¿Qué mensaje le diría a estas personas, es decir, los beneficios o el sueño americano es benéfico solamente para unos?
“Yo creo, yo sí creo que debe ser para todos. Obviamente vamos a ser sinceros, es imposible dejar y permitir que todos vengan. O sea, eso no es lo que estamos hablando. O sea, es la verdad, no puedes hacer eso, es imposible decir que vengan todos, eso no se puede hacer. Obviamente en México, por ejemplo, pues tiene su propia soberanía y sus leyes también. Todos los países lo tienen y no hay ni un país que nomás dice a ver que todos vengan. […] Acá hay mucha gente joven que no está teniendo niños. La verdad, necesitamos migrantes legales que vengan a trabajar y que quieren estar aquí, pagar sus impuestos y beneficiarnos a nosotros y beneficiarnos a ellos mismos también. O sea, yo sí siento que no hemos tenido una reforma migratoria. […] Entonces, siempre es muy conveniente que digan, no que lo hagan de la manera bien, pero hay gente que ha estado esperando 20-25 años. […] Yo lo que propongo es abrir, abrir la puerta, el portón legal y hacerlo un poco más accesible para que la gente pueda decir, bueno, mira, es un negociazo en México, o sea, la verdad, le pagan $8,000 dólares al cártel para cruzarlos a través de México. Hay mucha gente en Centro y Suramérica que yo creo que con mucho gusto le pagarían al gobierno para poder volar, y el gobierno de ahí puede generar un dinero que siento que les puede beneficiar y a la vez también presentarles una manera humanitaria llegar a este país bien, sin tener que sin tener esos riesgos de violaciones o lo que tú quieras, ¿no?”.
Usted tiene una capacidad en conectarse con la gente por la carrera que tiene como cantante, pero como político hay una forma distinta de acercarse, ¿cómo ha enfrentado este cambio?
“Yo los estoy, yo estoy hablando con la gente igual como lo hice con la música. Yo vengo de una familia de músicos, mi papá también es cantante y una cosa que desde joven yo entendí que mi papá, mi papá no nada más era de nosotros, la familia, era de la gente también, del público, y yo toda la vida lo vi en restaurantes a punto de comerse un taco, una hamburguesa, lo que tú quieras, y que la gente viniera y le pide una foto. ¿Sabes lo que hacemos nosotros? Alzamos la comida y nos tomamos la foto. ¿Por qué? Porque nos debemos al público y yo siento que un servidor público que está en la política debe ser lo mismo. O sea, la verdad, no hay una estrategia, no hay una manera diferente que estamos haciendo. Yo creo que lo que siento que está escaso en lo que es la política es que la gente sea auténtica. Hay mucho político que hablan muy suave y tienen todas las respuestas, pero nunca hablan con la verdad y siento yo que el que el pueblo merece la verdad, que le hables, aunque les duela, aunque te duela a ti, pero hay que hablar las cosas como son y yo siento que eso carece la ahorita en la política.”
¿Cuéntanos un poco en qué estamos en este momento y hacia dónde vamos?
“Yo creo que nuestro mensaje ha sido bien recibido con la gente y vamos a seguir haciendo lo mismo. Ya estamos preparándonos para lo que sea […] ya la elección es en noviembre y nos sentimos bastante bien. Mira, han dibujado los mapas [electorales] y todo para favorecerlos [a los republicanos] aquí en Texas. Pero yo soy de la idea de que hay que trabajar todas las zonas, independientemente de la historia, porque la gente, la gente no es tonta y la gente, la verdad, no se queda estancada en un partido. La gente ve el candidato y dice, a ver, te quiero escuchar, a ver qué estás proponiendo. Y ahí es donde ellos deciden si van a votar por ti o no. Muchas veces acostumbramos a decir, no, pues es rojo ese distrito o es azul, no. Ese no tiene color, tiene color del que lo trabaje y siento yo que es lo que estamos haciendo. Y también les pido a toda la gente que entran a mi página, que es bobbypulidofortexas.com.”
Nota: Esta entrevista fue editada para mayor claridad.
Miles de trabajadores inmigrantes y activistas se movilizaron en California para exigir apoyo económico urgente ante el incremento de las redadas migratoriasimpulsadas bajo la administración de Donald Trump. La protesta, realizada dentro del Capitolio estatal en Sacramento, incluyó un simbólico “die-in”, donde manifestantes se recostaron en el piso para representar el impacto que las detenciones y deportaciones están teniendo en comunidades enteras.
La movilización ocurre mientras crece la preocupación por elendurecimiento de las políticas migratorias federales y el aumento de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)en distintas regiones del país, particularmente en zonas agrícolas y ciudades con alta población latina.
Familias viven entre el miedo y la incertidumbre
Durante la protesta, trabajadores inmigrantes relataron cómo las redadas han afectado directamente su estabilidad económica y emocional. Félix, un trabajador agrícola de Oxnard, aseguró que la fuerte presencia de ICE en el Valle Central ha reducido sus jornadas laborales y sus ingresos.
“Mi esposa y yo apenas podemos pagar la renta y las cuentas. Hay semanas en las que no gano ni la mitad de lo que antes ganaba”, expresó en entrevista con Warehouse Workers. También confesó que vive con el temor constante de no volver a ver a sus hijos debido a una posible detención migratoria.
También confesó que vive con el temor constante de no volver a ver a sus hijos debido a una posible detención migratoria.
La situación se ha agravado en los últimos meses, luego de que Donald Trump reiterara públicamente su intención de ampliar las redadas migratorias en todo Estados Unidos. Organizaciones comunitarias afirman que muchas familias ya han perdido a algún integrante tras arrestos o deportaciones, provocando graves dificultades económicas.
Concepción, propietaria de un pequeño negocio en Ontario, California, explicó que el miedo ha cambiado completamente la vida de su familia.
“Todos los días salimos de casa preguntándonos si lograremos volver a estar juntos por la noche. Ningún padre debería vivir con ese miedo constante”, declaró.
Buscan crear fondo de emergencia para inmigrantes
Ante este escenario, legisladores demócratas de California impulsan un fondo de emergencia que busca apoyar económicamente a trabajadores afectados por operativos migratorios.
La propuesta es encabezada por el asambleísta estatal Robert Garcia y respaldada por el Caucus Legislativo Latino de California. El objetivo es otorgar reemplazo temporal de ingresos a familias que pierdan salarios debido a detenciones o deportaciones.
“California puede y debe encontrar una manera de apoyar a los trabajadores inmigrantes que están siendo atacados por la administración Trump”, afirmó García.
El plan surge además en un momento en que el estado reportó ingresos fiscales superiores a los proyectados, lo que, según sus promotores, permitiría financiar el programa sin afectar otras áreas del presupuesto.
Redadas generan impacto económico en California
Defensores de derechos migrantes advierten que las redadas no solo afectan a las familias directamente involucradas, sino también a la economía local. Muchos inmigrantes trabajan en sectores clave como agricultura, construcción, restaurantes y servicios.
Aunque numerosos trabajadores y sus empleadores aportan al sistema estatal de desempleo, el estatus migratorio impide que muchos puedan acceder a esos beneficios cuando pierden su empleo o quedan detenidos.
Organizaciones civiles aseguran que el fondo ayudaría a evitar desalojos, hambre y endeudamiento en comunidades golpeadas por el miedo y la incertidumbre.
La protesta en Sacramento dejó claro que el tema migratorio seguirá ocupando un lugar importante en el debate político de Estados Unidos, especialmente rumbo a las próximas elecciones y ante el endurecimiento de las políticas de control migratorio.
Cuando creemos que las acciones del presidente Donald Trump ya no pueden sorprendernos, surge algo donde la realidad supera la ficción. Ahora anunció un fondo de $1,776 millones de dólares del erario público para indemnizar a sus aliados que sientan que fueron “víctimas” de señalamientos, pesquisas o incluso que fueron convictos durante el gobierno del demócrata Joe Biden.
Entre esas “víctimas” están los responsables del sangriento asalto al Capitolio federal el 6 de enero de 2021 para impedir la certificación del legítimo triunfo de Biden en las elecciones del 2020. Individuos que, armados hasta los dientes, atacaron a policías y querían linchar al entonces vicepresidente, Mike Pence, y a otros líderes del Congreso. Fueron convictos y estaban cumpliendo cárcel pero Trump, tras ganar la elección de 2024, los indultó y los ha llamado “patriotas” y “rehenes”.
Las indemnizaciones, claro está, no provienen del bolsillo de Trump sino de los contribuyentes estadounidenses. Los mismos contribuyentes que enfrentan los altos costos del combustible por la guerra contra Irán iniciada por Trump, así como de los alimentos, la vivienda y los cuidados médicos. Para esos, sin embargo, no hay alivios porque una vez más Trump demuestra que es el presidente de su base MAGA, pero no del resto de los estadounidenses que sufren las consecuencias de sus políticas públicas.
Esta descarada idea surge de un acuerdo de Trump con su propio gobierno. El presidente demandó al IRS por $10,000 millones de dólares por la publicación de sus impuestos alegando que el gobierno no hizo lo suficiente para proteger esta información. Decidió retirar la demanda a cambio de varias condiciones que incluyen que $1,776 millones de dólares sean dedicados a un fondo para que aliados del presidente que sienten que han sido “víctimas” de investigaciones puedan tener “compensaciones”.
El Secretario de Justicia interino, Todd Blanche, tuvo el cinismo de declarar lo siguiente: “La maquinaria del gobierno nunca debe utilizarse como arma contra ningún estadounidense, y es la intención de este departamento corregir los errores cometidos anteriormente, al tiempo que se garantiza que esto no vuelva a suceder”.
Este es el mismo Departamento de Justicia que está activamente persiguiendo a opositores de Trump o a quienes él percibe como sus “enemigos” políticos porque en el pasado lo investigaron, como el exdirector del FBI, James Comey, o la fiscal general de Nueva York, Letitia James, entre otros.
Aparte de tratarse de una propuesta indignante porque busca premiar a delincuentes, es otra muestra del despilfarro del dinero de los contribuyentes.
Como su salón de baile de $1,000 millones de dólares en la Casa Blanca, o el barril sin fondo al que se siguen lanzando miles de millones de dólares de los contribuyentes, $170,000 millones, en una política migratoria sin sentido que afecta no solo a los indocumentados sino a ciudadanos y residentes autorizados. Más de 170 ciudadanos estadounidenses han sido detenidos por ICE. Y mediante el proceso de conciliación presupuestaria el Congreso se apresta a concederle otros $70,000 millones a ICE y CBP sin reformar cómo operan sus agentes.
Una política migratoria que le costó la vida a dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes migratorios en Minnesota, sin contar las decenas de inmigrantes muertos en centros de detención que también reciben dinero de los contribuyentes a manos llenas, 45,000 millones de dólares para ser exactos, pero que no brindan cuidado médico adecuado y albergan inmigrantes, incluyendo niños, en condiciones deplorables.
Un sistema que separa familias y afecta, en especial a niños estadounidenses. Un análisis del Brookings Institution encontró que desde que Trump asumió su segundo mandato, 400,000 inmigrantes han sido detenidos en el interior del país. Eso ha impactado a unos 200,000 niños que han perdido al menos a uno de sus padres en el proceso. “Nuestro análisis indica que es probable que más de 145,000 niños y niñas ciudadanos estadounidenses hayan experimentado la detención de uno de sus padres desde que (Trump) asumió el gobierno, y que más de 22,000 de ellos hayan sufrido la detención de ambos padres con los que convivían”, dice el análisis.
Una política migratoria que desecha las contribuciones económicas de los inmigrantes que detiene y deporta.
Según el American Immigration Council (AIC), “en 2023 los hogares encabezados por indocumentados pagaron $89,800 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales”. Si dejan de pagar impuestos por temor a ser ubicados o porque son deportados, Estados Unidos perdería, según el Laboratorio de Presupuesto de Yale, entre $147,000 y $479,000 millones de dólares en los próximos 10 años.
Y más del 70% de los detenidos y eventualmente deportados no tiene historial delictivo, contrario a los insurrectos del 6 de enero de 2021 que ahora Trump quiere indemnizar con fondos públicos.
