El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)arrestó a una pareja de pastores mexicanos cristianos con tres hijos estadounidenses cuando viajaban desde el aeropuerto de McAllen, Texas, hacia un retiro espiritual, denunciaron este sábado organizaciones religiosas.
Iban a un retiro espiritual
Los agentes migratorios detuvieron a Nepthalí Zozaya Saucedo y a su esposa, Cinthia Saraí Cardona Otero, mientras se dirigían a un retiro pastoral organizado por la Asociación Evangelista Billy Graham, fundada por uno de los líderes evangélicos más influyentes de Estados Unidos.
Líderes de la Red Nacional Latino Cristiana (LCNN) denunciaron en una conferencia de prensa que los oficiales presionaron a la pareja para firmar documentos de salida voluntaria bajo la amenaza de separarlos de sus hijos, quienes son ciudadanos estadounidenses.
“Estamos profundamente perturbados por los informes de que el ICE amenazó con separarlos de sus hijos si no firmaban documentos de salida voluntaria. Ningún padre debería ser presionado jamás para renunciar a sus derechos bajo la amenaza de perder a sus hijos”, expresó Sandy Ovalle, integrante de la junta directiva de la LCNN.
Denuncian amenazas de ICE
La base de datos de ICE indica que ambos permanecen bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Sus colegas sostienen que la pareja permanece en Estados Unidos con visas religiosas y que durante más de una década ha servido en la Comunidad Cristiana Emmanuel, perteneciente al Distrito Hispano de la Costa del Golfo de las Asambleas de Dios.
“Instamos a las autoridades de inmigración a mostrar compasión, respetar sus derechos al debido proceso y liberarlos de inmediato para que esta familia pueda reencontrarse”, afirmó el pastor Eddie de la Rosa, superintendente del Distrito Hispano del Golfo de Texas.
Iglesias exigen su liberación
Las organizaciones cristianas iniciaron una campaña de recolección de firmas para exigir la liberación de los pastores.
La detención ocurre mientras la administración de Donald Trump impulsa cambios en las políticas migratorias que permiten operativos en templos y eventos religiosos, además de un aumento en las detenciones. De acuerdo con los datos citados, ICE y CBP realizaron cerca de 43,000 arrestos en junio, con un promedio superior a 1,400 detenciones diarias.
Los latinos comprenden entre el 76% y el 80% de la población indocumentada en Estados Unidos, pero representaron el 96% de las deportaciones entre enero y octubre de 2025; el informe destaca cómo la política migratoria de la Administración de Donald Trump afecta de forma desproporcionada a esta comunidad.
El informe, titulado “Deportaciones masivas y las comunidades latinas”, elaborado por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), indica que los latinos también constituyeron la mayoría de las personas detenidas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Latinos, los más afectados
El 91% de las personas detenidas por ICE eran latinos. En total, unos 187,000 latinos fueron arrestados entre el 19 de enero y el 11 de octubre, de los cuales 126,000 fueron deportados.
En contraste, los no latinos representan entre el 20% y el 25% de la población indocumentada, pero fueron menos del 10% de los arrestados y menos del 5% de las deportaciones.
El informe también señala que, después de que la Administración Trump fijó la meta de 3,000 arrestos diarios, las detenciones semanales de latinos aumentaron de menos de 3,900 a casi 6,000.
Asimismo, destaca que el 60% de los latinos naturalizados considera que su tono de piel es “medio, oscuro o muy oscuro”, lo que, según el reporte, los coloca dentro de perfiles raciales asociados con un mayor riesgo de detención y deportación.
El impacto va más allá de ICE
El documento advierte que las deportaciones masivas también están afectando la economía y el bienestar de las comunidades latinas.
Una encuesta entre propietarios de negocios encontró que el 59% perdió más del 50% de sus ingresos; el 68% redujo horarios o cerró temporalmente, mientras que el 51% reportó ausencias laborales por temor a los operativos.
Además, el 76% de los encuestados afirmó haber sufrido consecuencias emocionales importantes, entre ellas ansiedad, depresión, problemas de sueño y ataques de pánico.
El informe recuerda que, pese a estos efectos, los latinos aportan $4.4 billones a la economía de Estados Unidos, lo que los ubica como la cuarta economía más grande del mundo, de acuerdo con datos de 2024.
La investigación por la muerte de Lorenzo Salgado, el inmigrante mexicano que falleció tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, dio un giro luego de que la Fiscalía del condado de Harris confirmara que la sustancia encontrada en su camioneta de trabajo no dio positivo a drogas ilícitas.
La información, difundida por CBS News, contradice las sospechas iniciales planteadas por autoridades federales, que habían señalado que el material localizado en el vehículo podía ser metanfetamina.
Fiscalía descarta droga
La oficina del fiscal Sean Teare informó en un comunicado que los análisis realizados a la sustancia arrojaron un resultado negativo.
“Podemos confirmar que la sustancia encontrada en la camioneta de Lorenzo Salgado Araujo dio negativo en la prueba de narcóticos/drogas ilícitas”, indicó la Fiscalía, que agregó que la familia fue notificada de los resultados por considerar que tenía derecho a conocerlos.
Aunque las autoridades no ofrecieron más detalles debido a que la investigación continúa, el hallazgo coincide con lo sostenido desde un principio por los familiares del trabajador de la construcción, quienes afirmaban que se trataba de sal granulada utilizada para preparar una bebida con electrolitos y soportar las altas temperaturas durante la jornada laboral.
Familia cuestiona versión oficial
El caso ha generado un intenso debate desde el pasado 7 de julio, cuando ICE aseguró que Lorenzo Salgado utilizó su camioneta como arma durante un intento de detención, versión que fue rechazada por los ocupantes del vehículo, quienes permanecen bajo custodia migratoria.
Tras conocerse el resultado de las pruebas, David Donatti, abogado de la ACLU de Texas, criticó la actuación de las autoridades federales.
“Lorenzo Salgado Araujo debería seguir vivo hoy (…) Esa búsqueda ha demostrado lo que la familia siempre afirmó: Lorenzo era un hombre trabajador que construyó hogares para familias de Houston”, señaló.
Las investigaciones continúan
De acuerdo con el medio citado, el FBI, la oficina de asuntos internos de ICE y la Fiscalía del condado de Harris mantienen investigaciones paralelas sobre el tiroteo.
El fiscal Sean Teare ha señalado que, si las indagatorias encuentran evidencia de posibles delitos, está dispuesto a presentar cargos contra los agentes involucrados.
Mientras tanto, los hijos de Lorenzo Salgado, ciudadanos estadounidenses, mantienen su exigencia de justicia y recuerdan a su padre como un hombre dedicado al trabajo y a su familia.
Los hijos del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado, baleado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), exigieron este viernes a miembros del Congreso de Estados Unidos justicia por la muerte de su padre, que calificaron de “innecesaria y violenta”.
La petición se hizo durante una audiencia pública celebrada en Houston (Texas), organizada por integrantes del Caucus Hispano del Congreso (CHC) y del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, ambos liderados por demócratas, para analizar las acciones federales de control migratorio que han dejado al menos tres fallecidos durante julio.
Lorenzo Salgado murió después de que un agente de ICE le disparó cuando se dirigía a su trabajo como constructor el pasado 7 de julio, en un barrio predominantemente latino de Houston.
“¿Cuántos más de nuestros padres tienen que morir?, ¿cuántos niños más tienen que esperar respuestas?, ¿cuántas esposas tienen que sufrir por la muerte de su pareja?”, expresó Ronaldo Salgado, hijo de la víctima, ante los congresistas.
La audiencia fue encabezada por la congresista Sylvia García, el representante Bennie Thompson y el presidente del CHC, Adriano Espaillat.
La familia pidió a los legisladores actuar para que la muerte del inmigrante mexicano, de 52 años, que vivió más de 30 años en Estados Unidos, no quede impune.
“Este no es un asunto partidista; es un asunto de lo correcto y de lo incorrecto”, insistió Ronaldo Salgado.
Piden cambios en ICE
Los familiares solicitaron una investigación independiente, con cooperación federal y acceso a todas las pruebas, al señalar que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales.
También pidieron la liberación de Daniel Tirado Pantoja, José Trinidad Rojas Pliego y Víctor Hugo Salgado, hermano de la víctima, quienes viajaban con Lorenzo y permanecen bajo custodia migratoria.
“Deportarlos y no garantizar su seguridad es un encubrimiento”, sostuvo Ronaldo Salgado. La familia también pidió impulsar leyes que permitan esclarecer este tipo de casos y evitar nuevas muertes de inmigrantes durante operativos migratorios.
Congreso reclama respuestas
La congresista Sylvia García afirmó que la audiencia busca iniciar un proceso de rendición de cuentas y transparencia.
Explicó que legisladores demócratas enviaron seis cartas, respaldadas por 180 firmas, al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a ICE para solicitar información sobre tiroteos y operativos migratorios, pero hasta ahora no han recibido respuesta.
La legisladora agregó que representantes de ambas dependencias fueron invitados a la audiencia, aunque no acudieron.
A partir de que los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se incrementaron en Estados Unidos, durante los primeros seis meses del año suman ya cerca de 10,000 inmigrantes salvadoreños deportados.
De acuerdo con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), institución pública oficial encargada de ejecutar la política migratoria y controlar el flujo de entrada, permanencia y salida de personas (tanto nacionales como extranjeras), de enero a junio, se han llevado a cabo 10,504 deportaciones de inmigrantes salvadoreños que en su momento fueron detectados viendo como extranjeros carentes de estatus legal principalmente en dos países de América.
De manera segmentada, en los registros de la DGME se indica que 9,829 salvadoreños fueron expulsados de territorio estadounidense durante el primer semestre del año, lo cual supera a los 5,553 que enfrentaron el mismo problema entre enero y junio de 2025, es decir que la cantidad se elevó 73.8%.
A esta cifra se suman otros 513 salvadoreños que fueron deportados de México durante el mismo periodo superando también a los 454 casos reportados un año antes entre enero y junio.
Las deportaciones de salvadoreños provenientes de otros países también se elevaron al pasar de 37 casos a 162 en un comparativo entre el primer semestre de este año con respecto al anterior.
Cerca de 17 mil salvadoreños corren en riesgo de ser deportados si finaliza el TPS que recibieron en 2001. (Crédito: Steve Helber / AP)
Dicho indicativo de 337.8% más, refleja una enorme demanda de personas tratando de encontrar mejores condiciones de vida fuera de El Salvador, esto a pesar de que la criminalidad ha descendido bajo la presidencia de Nayib Bukele y su política de encerrar en una prisión de máxima seguridad a toda persona ligada a las pandillas.
En contraparte, las deportaciones de salvadoreños continúan presentándose y en cantidades más grandes, pues los registros de la DGME exhiben que durante 2025 fueron deportados 16,051 salvadoreños, cifra equivalente a 7.1% más que en 2024, cuando se reportaron 14,986 personas enviadas de regreso a San Salvador.
La preocupación de miles de familias salvadoreñas es que, en septiembre, la administración Trump ponga fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) del que gozan cerca de 17,000 de sus compatriotas viviendo desde 2001 en Estados Unidos, esto después de que dos terremotos sacudieron ese año a la nación centroamericana y el entonces presidente George W. Bush decidió brindarles ese beneficio temporal.
Desde entonces, gracias a permisos de trabajo temporales, cientos de millones de dólares llegan a El Salvador a través de remesas, las cuales son realmente el soporte de la economía, pues en la nación centroamericana el progreso avanza a un ritmo por demás semi lento, sin opciones de trabajo bien remunerado.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a un inmigrante jamaiquino que, desde hace cinco años, trabaja como auxiliar de vuelo de Southwest Airlines.
El Sindicato de Trabajadores del Transporte de Estados Unidos (TWU) dio a conocer que, cuando regresaba de un viaje de trabajo, Lorenzo “Enzo” Thompson fue privado de su libertad, el 14 de julio en el Aeropuerto Internacional de Nashville, Tennessee.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la persona detenida ingresó al país a través de Miami, Florida.
Presuntamente, el 17 de abril de 2021, presentó con un documento que le permitía permanecer seis meses en Estados Unidos.
Sin embargo, al vencer el plazo no abandonó el país y eso lo convirtió en un extranjero carente de estatus legal con opción de ser deportado una vez que las autoridades concluyan su proceso.
Mientras tanto, permanece bajo custodia en un centro de detención ubicado en el estado de Misisipi, lugar al cual fue trasladado desde Tennessee a la espera de que se determine su situación legal.
Se han incrementado los operativos antinmigrantes al interior de algunos de los aeropuertos más importantes de Estados Unidos. (AP Photo/Ted Shaffrey)
En una entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC 5, Edward Marq, auxiliar de vuelo y compañero de sindicato del jamaiquino detenido, aseguró que el movimiento sindical defiende desde hace tiempo que “la solidaridad debe existir sin importar la raza, la religión o el estatus migratorio”.
Por su parte, Kristin Foster, amiga del caribeño en riesgo de ser enviado de regreso a su país, inició una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe en espera de obtener el dinero necesario para cubrir los costos de su defensa legal.
“Lorenzo siempre ha sido el primero en ayudar a los demás, sin pedir nada a cambio”, escribió.
Presuntamente, Thompson carece de antecedentes penales y, de lo poco que se conoce de su persona, es que abandonó la nación donde nació y vivió la mayor parte de su vida debido a los problemas de inseguridad que ponían en riesgo su integridad.
A pesar de cumplir cada paso legal en su proceso para obtener una hipotética ciudadanía, las autoridades estadounidenses consideran su situación migratoria es irregular, lo cual justifica su detención.
Durante años, organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que algunos inmigrantes liberados de centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) eran obligados a pagar tarifas de taxi desproporcionadas para abandonar las instalaciones. Ahora, una investigación periodística apunta a un presunto esquema que podría involucrar a un conductor y a una funcionaria de una prisión privada en Mississippi.
De acuerdo con una investigación de The Mississippi Independent, complementada con información de El Molino Informativo, registros públicos, publicaciones en redes sociales y mensajes de texto vinculan al taxista Otis Anderson con Tameka Moore Anderson, teniente del Centro Correccional del Condado de Adams, administrado por la empresa CoreCivic. Aunque hasta ahora no existen cargos penales, las revelaciones reavivaron las denuncias de organizaciones que desde hace años alertan sobre posibles abusos durante el proceso de liberación de personas detenidas por motivos migratorios.
Cobros excesivos a inmigrantes recién liberados
Louisiana Advocates for Immigrants in Detention (LA-AID) sostiene que numerosos inmigrantes fueron obligados a pagar entre $200 y $600 por recorridos de apenas unos minutos hacia estaciones de autobús o puntos de transporte cercanos, pese a que las normas de ICE establecen que, cuando no existe transporte público accesible, los centros deben ofrecer traslados gratuitos.
“Es una amenaza que hemos escuchado muchas veces“, afirmó Frances Kelley, coordinadora de proyectos de LA-AID. Según explicó, algunos detenidos recibían advertencias de que, si no pagaban el taxi asignado, podrían enfrentar problemas para abandonar el centro.
Uno de los casos más recientes involucra a un menor de edad liberado del Centro Correccional del Condado de Adams. De acuerdo con mensajes obtenidos por la investigación, un conductor identificado como “Anderson Taxi” solicitó un pago de $300 antes de trasladarlo junto con otros pasajeros. El familiar del joven esperaba que fuera llevado a una estación de autobuses ubicada a unos 13 minutos del centro, pero el conductor aseguró que el destino sería el aeropuerto de Baton Rouge, a unas dos horas de distancia.
Investigación apunta a posibles vínculos con personal del centro
El reportaje también documenta que Otis Anderson comparte domicilio con Tameka Moore Anderson, quien ha trabajado durante 17 años en el centro de detención y aparece identificada en publicaciones de redes sociales como teniente del área encargada de la recepción y liberación de personas detenidas.
Para los defensores de los derechos de los inmigrantes, esta conexión resulta relevante porque el personal de esa unidad es responsable del proceso de salida de los detenidos, incluyendo la entrega de pertenencias y la coordinación del transporte.
Consultado por The Mississippi Independent, Otis Anderson rechazó responder preguntas sobre las acusaciones y únicamente señaló que no haría comentarios sobre el caso. Por su parte, Tameka Moore Anderson, el director del centro y CoreCivic tampoco respondieron a las solicitudes de información enviadas por el medio.
Organizaciones exigen una investigación
LA-AID asegura que presentó denuncias ante autoridades federales y miembros del Congreso desde hace aproximadamente cinco años, argumentando que varios centros de detención incumplían las normas sobre transporte para personas liberadas.
La organización afirma haber ayudado a cerca de 20,000 inmigrantes durante los últimos años, proporcionándoles traslados, alimentos, hospedaje temporal y apoyo para contactar a sus familias. Sin embargo, sus integrantes sostienen que muchos afectados evitan denunciar por miedo o porque desean alejarse lo antes posible del sistema de detención.
El caso también recuerda otros esquemas similares documentados en Estados Unidos. La investigación cita un proceso federal en Nueva York, donde varios hombres fueron condenados por extorsionar a solicitantes de asilo mediante cobros abusivos por servicios de taxi. Mientras tanto, organizaciones civiles piden que las autoridades revisen las denuncias en Mississippi y determinen si existió una red para aprovecharse de inmigrantes en uno de los momentos más vulnerables de su proceso migratorio.
WASHINGTON.- Una demanda busca detener al gobierno del presidente Donald Trump de realizar una política secreta que recopila, almacena y utiliza información personal de personas que se manifiestan o documentan la aplicación de las leyes de inmigración, incluidas las operaciones de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“Creo que la rendición de cuentas del gobierno comienza con la transparencia”, declaró Nicole Clealand, una de las demandantes. “Las personas deberían tener la libertad de observar y documentar pacíficamente las acciones de su gobierno en público sin temor a ser rastreadas o sufrir represalias. Este caso trata de proteger ese derecho para todos”.
Los demandantes acusan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de crear una especie de “lista negra” sobre personas que se manifiestan o documentan acciones migratorias y deberían estar protegidas por la Primera Enmienda.
“El DHS ha desplegado tecnología de reconocimiento facial, cámaras corporales, información de matrículas, dispositivos móviles y otras herramientas de vigilancia para identificar y rastrear a personas que observan legalmente las medidas de control migratorio en público”, acusa la demanda.
Los demandantes advierten que el DHS ha mantenido y accedido a esos registros, incluido el Sistema Automatizado de Selección de Objetivos (ATS), lo cual permitiría que sean compartidos a otras agencias gubernamentales de aplicación de la ley.
Incluso se alega que el DHS utilizó esa información para revocar a los demandantes sus privilegios de Global Entry –una identificación que permite facilitar el tránsito en aeropuertos– en represalia por ejercer sus derechos constitucionales.
Los demandantes son el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica (EPIC), Cleland, Jacquelyn Ivey y Anna Walker, observadoras legales que han sido objeto de vigilancia y represalias por parte del DHS, indicó la organización Democracy Forward, la cual representa a los demandantes en conjunto con y Hagens Berman Sobol Shapiro LLP.
Los agentes saben todo
En el documento judicial ante la Corte de Distrito Sur en California, se indica que los agentes del DHS no han ocultado su intención de recopilar información ni el objetivo, con casos documentados en Maine, cuando incluso se informó a varios observadores que serían incluidos en una base de datos de “terroristas nacionales”.
En Chicago, los agentes utilizaban el reconocimiento facial en ciudadanos, mientras en Minneapolis, los observadores fueron llevados a sus casas por agentes, en una práctica ya conocida coloquialmente como “ser llevado a casa por el ICE”.
Destaca que, en todo el país, los agentes del DHS se han acercado a los observadores y se han dirigido a ellos “por su nombre completo”, aunque esas personas nunca se identificaron ni mostraron ningún tipo de identificación, lo que desata más preocupaciones.
“No se trata de perder un privilegio; se trata de defender nuestros principios”, dijo Ivey. “El gobierno intenta intimidar a la gente para que mire hacia otro lado en lugar de exigirle responsabilidades. Pero los momentos en que quienes están en el poder se esfuerzan más por silenciarnos suelen ser los momentos en que más necesitamos alzar la voz”.
La demanda acusa que el DHS viola la Ley de Privacidad, la cual prohíbe al gobierno federal mantener registros que describan cómo las personas ejercen sus derechos de la Primera Enmienda –salvo en circunstancias limitadas– y exige que las agencias divulguen y justifiquen por qué recopilan información personal.
“Ahora más que nunca, quienes tenemos el privilegio de expresarnos tenemos la responsabilidad de defender los derechos de todos en nuestras comunidades”, expuso Walker. “Cuando se castiga a las personas por ejercer sus derechos de la Primera Enmienda, comenzamos a perder los principios democráticos que nos protegen a todos”.
Parte de la impugnación se argumenta bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, mientras los demandantes alegan que el DHS tomó represalias ilegales contra ellos.
“Cuando nuestro gobierno recopila expedientes secretos sobre personas comunes por ejercer sus derechos constitucionales, envía un mensaje escalofriante: si alzas la voz, ten cuidado”, advirtió John Davisson, subdirector y director de cumplimiento de EPIC. “Si cada protesta, cada grabación, cada acto de disidencia nos expone a la vigilancia y la represalia, la privacidad y la libertad de expresión corren el riesgo de colapsar”.
La demanda busca anular la política de recopilación secreta de datos y se defienda la Primera Enmienda.
“El gobierno federal no puede crear expedientes secretos sobre las personas porque ejercen su derecho, amparado por la Primera Enmienda, a observar, documentar o criticar pacíficamente sus acciones”, declaró Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward. “Ese es precisamente el tipo de vigilancia gubernamental que el Congreso intentó evitar al promulgar la Ley de Privacidad tras algunos de los capítulos más oscuros de la historia de nuestra nación”.
En el Distrito de la Moda del centro de Los Ángeles, los andenes están semivacíos, no hay grandes clientelas en las tiendas y algunos negocios incluso bajaron las cortinas para siempre: no pudieron sobrevivir tras las dos semanas de redadas de junio de 2025.
“Todo va muy mal. No hay ventas”, dijo Sandra F., cuyo negocio se ubica en la esquina del bulevar Pico y la calle Wall. “La gente ya no viene, tiene miedo al ICE”.
La magnitud de la perturbación comercial fue inmediata tras las agresivas embestidas de agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en nueve corredores comerciales latinos del condado de Los Ángeles, según indica un nuevo estudio del Instituto de Políticas y Política Latina de UCLA (LPPI, por sus siglas en inglés), realizado en colaboración con la organización Inclusive Action for the City.
“Todo va muy mal. No hay ventas”, dice Sandra F. (der.), cuyo negocio se ubica en el bulevar Pico y la calle Wall.Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia
Si bien Sandra no fue parte del informe, en las dos semanas posteriores a las operaciones de control migratorio lideradas por los tristemente célebres Greg Bovino (excomandante de la Patrulla Fronteriza) y Kristi Noem (exdirectora del Departamento de Seguridad Nacional), ella sigue resintiendo la pérdida de ingresos más de un año después.
“No sale ni siquiera para la renta”, agregó la comerciante originaria de Michoacán, México. “Mire, muchos negocios ya cerraron”.
En efecto, a la entrada de los llamados “callejones”, en el Distrito de la Moda, se hallan abajo las cortinas de acero galvanizado.
Hay tiendas que no sobrevivieron el impacto de las redadas en el Distrito de la Moda de Los Ángeles.Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia
Las zonas geográficas afectadas
El informe de UCLA señala que ocho de las nueve ubicaciones (Distrito de la Moda, Distrito de Almacenes, Westlake, Cypress Park, Paramount, Huntington Park, Pacoima y Ladera Heights) registraron una disminución en las visitas a los negocios y la magnitud de dichas caídas varió. La excepción fue la zona de Whittier.
Las nueve ubicaciones presentaban características demográficas diversas, que iban desde barrios con una gran población inmigrante y latina hasta una comunidad históricamente afroamericana (Ladera Heights) y distritos comerciales del centro de la ciudad; cabe destacar que los efectos comerciales de las operaciones de control migratorio no se limitaron a las zonas de mayoría latina.
El reporte combina datos de movilidad de todos los negocios cercanos a los nueve puntos de intervención con encuestas y grupos focales realizados con 75 empresarios latinos de todo el condado.
Los autores de la investigación descubrieron, además, que entre los 989 negocios del sector formal ubicados en un radio de media milla de los nueve puntos de intervención documentados, se registraron 46,000 visitas menos de clientes y pérdidas de ingresos acumuladas estimadas en $3.16 millones de dólares durante las dos semanas posteriores a la actividad de control migratorio.
Son días calurosos en Los Ángeles, pero la afluencia de visitantes al Distrito de la Moda ha sido escasa desde hace ya 13 meses.Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia
En Paramount, 14 días antes de los operativos migratorios, las visitas a negocios fueron de 43,711. Dos semanas después, la cifra disminuyó a 38,916 (-11.0%).
Para el popular Distrito de la Moda del centro de Los Ángeles, los números se establecieron en 942,795 visitas antes de que ICE llegara; dos semanas más tarde, la afluencia bajó a 919,889 (-2.4%), mientras que en Huntington Park, de 105,981 visitas, la presencia de agentes migratorios provocó una disminución a 103,484 (-2.4%).
La ciudad de Paramount experimentó la mayor disminución (-11.0 %), seguida por Ladera Heights (-4.8 %), el Distrito de Almacenes (-4.3 %) y Cypress Park (-3.0 %).
La magnitud de la caída porcentual no siempre correspondía con la escala de la pérdida económica estimada. El Distrito de la Moda registró una de las menores disminuciones en la afluencia de público (-2.4 %); sin embargo, se estima que fue la zona que más ingresos perdió ($1.52 millones de dólares), lo que representa casi la mitad de la pérdida total estimada en las nueve ubicaciones.
En cambio, en Paramount —donde se registró la mayor caída en la afluencia de público— se estima que la pérdida fue menor ($367,000 dólares), mientras que en el área de Westlake fue de $620,000 y en Huntington Park de $332,293.
La diferencia en las mermas refleja, en parte, el número de negocios ubicados dentro del radio de influencia de cada una.
“Nuestros datos muestran que había más de 550 negocios en un radio de media milla alrededor de Ambiance Apparel —donde el ICE llevó a cabo una operación el 6 de junio de 2025—, frente a los 18 negocios situados en un radio de media milla de la ubicación de Paramount”, indican los autores del reporte.
Así lucen de manera regular los llamados callejones del Distrito de la Moda, en el centro de Los Ángeles.Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia
Muchas pérdidas económicas y pesadillas
Óscar Fernández, gerente y propietario de “Home Boy Big & Tall”, ubicado en el 330 de E. Pico Boulevard, le contó a La Opinión que abrió su negocio en mayo de 2025 y que, un mes después, se realizaron las redadas de inmigración.
“Hasta ahora he perdido medio millón de dólares y apenas he recuperado una cuarta parte”, estimó. “Aún falta que regrese el 60% de mis clientes que venían antes de las redadas”.
Fernández, originario de Mazatlán, Sinaloa, expresó que el negocio está afectado por altos costos, como rentas y salarios, que ascienden a $5,000 mensuales. Mencionó que “sobrevive” gracias a las ventas de fin de semana.
De la misma manera, Lorraine Brice, gerente del restaurante de mariscos estilo Sinaloa, “La Doñita”, manifestó que asumió bastantes pérdidas, pero que ya se están recuperando.
“La intensificación de las medidas federales de control migratorio ha devastado nuestras comunidades y nuestra economía”, señaló Rudy Espinoza, director ejecutivo de Inclusive Action for the City.
“Pequeñas empresas y corredores comerciales han quedado vacíos, mientras los propietarios y trabajadores luchan por salir adelante y las familias sufren. Esta investigación [de UCLA] pone de relieve el terrible impacto de estas políticas y ofrece a los miembros de nuestra comunidad una plataforma para compartir su realidad”.
Los autores del reporte constataron que la presión financiera en los negocios y el deterioro de la salud se retroalimentaban mutuamente. El miedo, la incertidumbre prolongada y la presión económica afectaron la salud de los emprendedores, lo que a su vez limitó su capacidad para trabajar, gestionar sus negocios y recuperarse.
La tienda “Ever Cristal & Mineral Store”, en Huntington Park, totalmente vacía. Su dueño, un hombre de El Salvador, dice que vive una “pesadilla americana”.Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia
Justamente, uno de quienes se han visto afectados por la presión de las bajas ventas y las pocas visitas es el salvadoreño Josué Quijada, cuyo negocio se llama “Ever Cristal & Mineral Store”, ubicado en el bulevar Pacific de Huntington Park.
“Ya quiero vender toda la mercancía que tengo”, mencionó a La Opinión el nacido en el departamento de La Libertad. “Se acabó el sueño americano después de 30 años; ya quiero dejarlo todo e irme de Estados Unidos. Lo que estoy viviendo es la pesadilla americana”.
Su estresante situación se debe a que el fin de semana sus ventas apenas totalizaron $300 dólares, $40 el miércoles y nada el jueves.
“Ya gasté $80,000 en cubrir la renta del local cada mes; eran mis ahorros, y ahora me cuesta pagar los $3,500 mensuales. Tengo problemas con el dueño, pero ya quiero cerrar para siempre”.
Más hallazgos del informe de UCLA
Todos los propietarios de pequeñas empresas participantes reportaron menos clientes y menos ventas.
El 59% reportó caídas de ingresos superiores al 50%, mientras que otro 20% reportó descensos entre el 26% y el 50%.
El 68% cerró temporalmente o redujo sus horarios de funcionamiento.
El 51% informó que el personal faltaba al trabajo por temor a las medidas de control.
Casi un año después del inicio de las redadas, el 95% seguía reportando estrés financiero.
El 52% señaló que los ingresos ya no cubren de manera constante los costos operativos, mientras que otro 43% indicó que apenas cubría los gastos, con poco o ningún beneficio económico.
Óscar Fernández, propietario de “Home Boy Big & Tall”, calcula que ha perdido medio millón de dólares. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia
El 76% de los participantes informó haber sufrido un impacto emocional considerable.
En los grupos focales, los participantes describieron sentimientos persistentes de miedo, ansiedad, depresión, alteraciones del sueño, hipervigilancia y estrés.
Los consultados reportaron trastornos gastrointestinales, ataques de pánico, agravamiento de enfermedades crónicas y otras dolencias relacionadas con el estrés. Varios indicaron haber comenzado a tomar nuevos medicamentos, aumentado las visitas médicas o haber requerido de hospitalización.
Los propietarios relataron cómo tranquilizaban a clientes asustados y reconfortaban a empleados y familiares, todo ello mientras lidiaban con su propia ansiedad.
La Fiscalía de Colorado presentó cargos por delitos graves contra un empleado de GEO Group, la empresa privada que administra el Centro de Procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Aurora, luego de que presuntamente disparara contra una manifestante durante una protesta realizada frente a las instalaciones la semana pasada.
El acusado, Brandon Booth, de 42 años, enfrenta un cargo de agresión en primer grado y otro de intento de agresión en primer grado, ambos considerados delitos graves bajo la legislación estatal. De acuerdo con la fiscalía, Booth utilizó un arma de fuego de su propiedad para disparar en dirección a dos mujeres que participaban en una manifestación contra las políticas migratorias del gobierno federal.
El incidente ocurrió cuando un grupo de manifestantes se encontraba en el exterior del centro de detención documentando con fotografías la llegada de empleados a las instalaciones. Según la Policía de Aurora, entre los participantes y trabajadores del centro se produjo una confrontación verbal antes de que Booth descendiera de su vehículo y realizara un disparo.
La bala alcanzó a Emma Landis, de 22 años, quien sufrió una lesión en un pie. Tras el incidente, Booth abandonó el lugar en su automóvil, pero fue localizado y detenido poco después por las autoridades.
NEWS RELEASE: A man has been arrested in connection with a shooting that left a woman injured Thursday night.
Shortly before 7:30 p.m. on July 16, 2026, the Aurora Police Department responded to reports of a shooting in the 3100 block of N. Nome Street. Responding officers? pic.twitter.com/AqCgVsUpiV
Fiscalía presenta cargos mientras continúa la investigación
Los fiscales informaron que el delito de agresión en primer grado puede ser castigado con penas de entre 10 y 32 años de prisión, mientras que el cargo por intento de agresión contempla una sentencia de entre cinco y 16 años. Durante su primera comparecencia ante la corte, Booth no presentó una declaración sobre su culpabilidad. El juez fijó una fianza de 100,000 dólares y programó una nueva audiencia para el próximo 13 de agosto.
Aunque la declaración jurada de arresto elaborada por la Policía de Aurora incluía posibles acusaciones por intento de homicidio, amenazas graves y delitos relacionados con armas de fuego, la Fiscalía optó por no presentar esos cargos en esta etapa del proceso.
Según documentos judiciales citados por medios locales, Booth declaró a los investigadores que su intención era únicamente ahuyentar a los manifestantes porque, según afirmó, le impedían ingresar al centro de procesamiento. También reconoció ante la policía que, al darse cuenta de que estaba siendo grabado, comprendió que había cometido “una estupidez”.
Las versiones de las víctimas difieren de ese relato y sostienen que el disparo fue dirigido hacia ellas mientras cruzaban la calle tras una serie de intercambios verbales con empleados del centro.
An ICE contractor shot a protester as she walked away, then fled.
DHS must answer for it. So must the administration that created this climate of impunity. https://t.co/ksMWus3SDp
GEO suspende al empleado y persisten críticas al centro de Aurora
Tras el tiroteo, GEO Group confirmó que Booth se encontraba fuera de servicio cuando ocurrió el incidente y anunció su suspensión sin goce de sueldo mientras avanzan las investigaciones. “Tenemos conocimiento de que un empleado del Centro de Procesamiento de ICE de Aurora, que se encontraba fuera de servicio, estuvo involucrado en un tiroteo”, señaló un portavoz de la empresa en un comunicado. “Esta persona ha sido suspendida de sus funciones sin goce de sueldo y cooperaremos plenamente con las autoridades”.
Emma Landis, quien continúa recuperándose de la herida, regresó días después a una protesta frente al mismo centro de detención apoyándose en muletas y con la pierna vendada. “Estábamos en la acera protestando, y se burlaban de nosotros y nos amenazaban. Y cuando cruzábamos la calle, fue entonces cuando me disparó. Jamás pensé que algo así pudiera suceder”, declaró la joven.
El caso ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre los centros de detención migratoria administrados por contratistas privados y después de otros incidentes relacionados con operativos de ICE registrados este año.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes continúan denunciando presuntas deficiencias en las condiciones de detención, atención médica y seguridad dentro de estas instalaciones, incluido el centro de Aurora, que recientemente también enfrentó cuestionamientos tras la confirmación de un caso de tuberculosis.
