Tag: La Opinion

  • ICE podrá alimentar por la fuerza a un cubano en huelga de hambre en Texas con una sonda en el estómago

    ICE podrá alimentar por la fuerza a un cubano en huelga de hambre en Texas con una sonda en el estómago

    Un inmigrante cubano detenido por ICE en Texas podría ser sometido a alimentación forzada mediante una sonda colocada directamente en el estómago, tras que un juez federal extendiera una autorización para realizar procedimientos médicos sin su consentimiento.

    El hombre, cuyo nombre no fue divulgado, inició una huelga de hambre pocos días después de ser detenido en julio. La orden judicial permite a las autoridades utilizar distintos métodos para mantenerlo hidratado y alimentado, incluido un procedimiento conocido como gastrostomía endoscópica percutánea (PEG), que consiste en introducir una sonda en el estómago a través del abdomen.

    Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró esta semana que el inmigrante volvió a comer y beber y actualmente no está siendo alimentado por la fuerza. La autorización judicial permanece vigente hasta mediados de septiembre, según documentos judiciales revisados por The Guardian.

    Qué autorizó el juez a hacer a ICE

    El inmigrante está detenido en el Montgomery ICE Processing Center, una instalación privada situada cerca de Houston y administrada por GEO Group. ICE lo detuvo el 22 de julio de 2026 y tres días después fue declarado oficialmente en huelga de hambre.

    El 19 de agosto, el juez federal Andrew Hanen, del Distrito Sur de Texas, autorizó a ICE a practicar procedimientos médicos involuntarios para alimentarlo e hidratarlo. El 1 de septiembre, el gobierno pidió extender esa autorización y el juez accedió. La orden continuará vigente hasta mediados de septiembre.

    Lo que convierte este caso en especialmente controvertido es el alcance de la autorización: además del método utilizado habitualmente en estos procedimientos —introducir una sonda por la nariz hasta el estómago—, ICE puede recurrir a una sonda PEG.

    Cómo funciona la sonda que ICE podría utilizar

    Una gastrostomía endoscópica percutánea permite administrar líquidos y nutrientes directamente al estómago. Para colocarla, los profesionales médicos realizan una abertura en la pared abdominal e insertan un tubo que permanece conectado al estómago hasta que posteriormente sea retirado.

    The Guardian, que revisó órdenes judiciales relacionadas con otros inmigrantes en huelga de hambre, señaló que no había identificado previamente una autorización de este tipo en los casos de alimentación forzada de ICE que investigó.

    En los casos más habituales, agentes mantienen inmovilizada a la persona mientras personal médico coloca una sonda por la nariz y la garganta para suministrarle nutrientes.

    ICE habría alimentado al cubano mediante una sonda nasal

    Aunque buena parte del expediente judicial permanece bajo sello, las órdenes obtenidas por el periódico indican que el inmigrante habría sido sometido en agosto a alimentación mediante una sonda nasogástrica. ICE solicitó posteriormente mantener la autorización judicial.

    DHS dijo el jueves que el hombre había reanudado la alimentación y el consumo de líquidos y que en ese momento no estaba siendo alimentado de manera forzada. La agencia no precisó cuándo terminó la huelga ni cuántas veces se le aplicó el procedimiento anteriormente.

    Sería al menos el caso número 19 desde enero de 2025

    El caso no es aislado. De acuerdo con una investigación de The Guardian, desde enero de 2025 ICE obtuvo autorización judicial para aplicar procedimientos médicos involuntarios en al menos 19 casos de inmigrantes en huelga de hambre.

    En agosto, el medio había documentado 18 casos. El del inmigrante cubano detenido cerca de Houston eleva la cifra a por lo menos 19.

    Las huelgas de hambre suelen ser utilizadas por detenidos para protestar contra las condiciones dentro de los centros migratorios, la duración de su detención o sus propios procedimientos de deportación.

    Organizaciones defensoras de los derechos civiles han cuestionado especialmente el uso de tratamientos médicos sin consentimiento.

    Savannah Kumar, abogada de la ACLU de Texas, cuestionó la posibilidad de realizar un procedimiento invasivo contra la voluntad de una persona detenida como respuesta a una protesta mediante huelga de hambre.

    Quién es el inmigrante cubano detenido en Texas

    La identidad del hombre no fue publicada debido a que los periodistas que investigaron el caso no lograron contactarlo y la mayor parte del expediente permanece sellada. Además, actualmente no tiene representación legal en el procedimiento relacionado con la alimentación forzada, según la investigación.

    DHS sostiene que el cubano entró irregularmente a Estados Unidos en 1980 y recibió una orden de deportación en 2004. La agencia también afirmó que tiene condenas anteriores por varios delitos, entre ellos agresión agravada con un arma, posesión de drogas y portación de un arma oculta.

    DHS aseguró que el hombre recibió el debido proceso y permanecerá bajo custodia de ICE mientras las autoridades intentan ejecutar su deportación.

    DHS defiende la atención durante las huelgas de hambre

    El gobierno sostiene que los centros de detención continúan ofreciendo alimentos y otros servicios básicos a las personas que deciden iniciar una huelga de hambre.

    Según DHS, durante estas protestas ICE sigue entregando tres comidas diarias en las habitaciones de los detenidos, aun cuando estos se nieguen a consumirlas.

    El debate, sin embargo, se concentra en qué puede hacer el gobierno cuando una persona continúa rechazando alimentos hasta poner en riesgo su salud.

    En este caso, un tribunal federal le dio a ICE una autorización particularmente amplia: si las autoridades consideran nuevamente necesaria la intervención, podrán recurrir no solo a una sonda nasal, sino también a una colocada quirúrgicamente directamente en el estómago.

  • Familias recorren cientos de millas para visitar a inmigrantes detenidos por ICE, pero no pueden abrazarlos

    Familias recorren cientos de millas para visitar a inmigrantes detenidos por ICE, pero no pueden abrazarlos

    Teresa Reyes manejó unas 300 millas para pasar el cumpleaños número 32 de su hijo con él. Pero cuando finalmente llegó al centro de detención migratoria de California City no pudo abrazarlo, tocarlo, entregarle un regalo ni compartir una comida.

    Su hijo, Guillermo Reyes, está detenido en la instalación que actualmente alberga a alrededor de 1,600 inmigrantes. Para verlo, su madre tuvo que sentarse del otro lado de un grueso vidrio y hablar con él a través de un teléfono. Es la única modalidad de visita familiar permitida en el lugar.

    La situación ha provocado una campaña de detenidos y organizaciones defensoras de inmigrantes que reclaman a las autoridades que permitan nuevamente el contacto físico entre las familias. La controversia adquiere más peso porque una investigación del Departamento de Justicia de California concluyó que la prohibición parece contradecir incluso las propias políticas entregadas por la empresa que administra el centro.

    El mayor centro de detención migratoria de California no permite visitas con contacto

    El California City Detention Facility está situado en el condado de Kern, en una zona desértica a unas 70 millas al este de Bakersfield.

    La instalación comenzó a recibir inmigrantes detenidos el 27 de agosto de 2025 y es operada por la empresa privada CoreCivic mediante un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Es actualmente el mayor centro de detención civil de inmigrantes de California.

    Desde su apertura, las visitas familiares son sin contacto. Los inmigrantes permanecen detrás de una barrera de vidrio y hablan con sus visitantes mediante teléfonos. No pueden sentarse juntos, estrecharse las manos ni abrazarse.

    La distancia es otro problema. Muchos familiares deben recorrer cientos de millas para llegar a California City.

    El propio Departamento de Justicia estatal recogió el testimonio de un detenido que explicó que su familia vivía demasiado lejos como para realizar el viaje únicamente para verlo detrás de un vidrio. Otra mujer dijo que prefería que sus hijos no la vieran de esa manera, como si estuviera en una cárcel.

    Una madre viajó 300 millas y no pudo abrazar a su hijo por su cumpleaños

    El caso de Teresa Reyes muestra el impacto de la política. Reyes, de 63 años, recorrió unas 300 millas en mayo para visitar a su hijo Guillermo, un tatuador de San José, el día de su cumpleaños.

    Según relató a The Guardian, ni siquiera pudo comprarle un refrigerio de las máquinas expendedoras del sector de visitas. Los activistas que la acompañaban solicitaron a los empleados que permitieran al menos un breve abrazo, pero la petición fue rechazada. Desde aquella visita, Reyes no regresó al centro.

    Otro caso es el de Allen Tayson, de 37 años, quien fue detenido por ICE en febrero cuando acudió a una entrevista relacionada con su Green Card en una oficina de USCIS.

    Tayson tiene dos hijos y su esposa está embarazada. La familia vive a unas 300 millas del centro y decidió no realizar el viaje mientras las visitas sigan siendo exclusivamente detrás de un vidrio. En su lugar, mantienen contacto mediante videollamadas pagadas.

    Puedes ver: Defensores de inmigrantes denuncian acoso y organizan ‘La Defensa del Pueblo’

    California cuestiona la prohibición de los abrazos

    La política también ha quedado bajo cuestionamiento oficial. El Departamento de Justicia de California inspeccionó el centro en noviembre de 2025 y posteriormente determinó que las visitas sin contacto parecen contradecir la propia política de CoreCivic proporcionada al estado.

    Esa política establece que las instalaciones de visita deberían permitir una comunicación informal que incluya oportunidades de contacto físico y que las barreras destinadas a impedirlo deberían utilizarse únicamente cuando exista un riesgo de seguridad comprobado.

    Durante su inspección, el Departamento de Justicia encontró que todas las visitas familiares se realizaban detrás de vidrio y señaló que no identificó un riesgo de seguridad concreto que justificara la restricción generalizada, más allá de los problemas de falta de personal que tenía el centro.

    El informe también muestra algo llamativo: el edificio cuenta con un espacio que anteriormente había sido utilizado para visitas con contacto cuando funcionaba como prisión estatal. Sin embargo, los inmigrantes detenidos actualmente no pueden utilizar esa zona.

    Qué dice CoreCivic sobre las visitas

    CoreCivic defendió la decisión. Un portavoz de la empresa dijo a The Guardian que la administración del centro, junto con sus socios gubernamentales, determinó que las visitas sin contacto son la opción más apropiada debido a consideraciones de seguridad. La compañía mencionó especialmente el riesgo de ingreso de contrabando.

    ICE no respondió a las preguntas del periódico sobre la política.

    La compañía también sostuvo que las normas aplicables permiten que cada instalación determine cómo se realizan las visitas teniendo en cuenta factores como el diseño del edificio, el personal disponible, las necesidades operativas y la seguridad.

    Inmigrantes detenidos lanzan la campaña “Hugs Beyond Bars”

    La falta de contacto llevó a algunos detenidos a organizarse desde dentro del centro. En abril comenzaron a circular cartas dirigidas a las autoridades solicitando que se habilitaran las visitas familiares normales. La iniciativa terminó convirtiéndose en la campaña “Hugs Beyond Bars”, impulsada junto con organizaciones como California Collaborative for Immigrant Justice.

    Familiares y activistas también llevaron el reclamo a la oficina del senador demócrata por California Alex Padilla, buscando presión política sobre ICE y CoreCivic.

    Hasta ahora, sin embargo, la política no cambió.

    California ya había denunciado problemas graves en el centro

    La controversia por las visitas se suma a otros cuestionamientos sobre California City. El Departamento de Justicia estatal informó que durante sus inspecciones encontró falta de personal, graves deficiencias en la atención médica, problemas de acceso a especialistas, filtraciones de agua, temperaturas extremadamente bajas, alimentación deficiente y períodos excesivamente largos de encierro en las celdas.

    La población del centro también creció rápidamente. Dos semanas después de comenzar a operar ya albergaba aproximadamente 500 inmigrantes y para enero de 2026 había superado las 1,400 personas detenidas.

    El reporte estatal señala además que la mayoría de las personas que encontró allí durante la inspección de noviembre de 2025 no tenía antecedentes penales.

    Ahora, mientras la población ronda las 1,600 personas, una de las demandas de los detenidos es mucho más elemental: poder tocar y abrazar nuevamente a sus familiares cuando estos recorren cientos de millas para visitarlos.

    Sigue leyendo:

    ICE rastrea a inmigrantes con ELITE, la app de Palantir que mapea sus ubicaciones

    “No trabajen, no compren”: el desafío de Connecticut a ICE con un “día sin inmigrantes”

    Nuevo revés para ICE: tribunal frena detención obligatoria de inmigrantes

    ICE enfrenta en California una ley que busca frenar sus guantes de descarga eléctrica

  • ICE rastrea a inmigrantes con ELITE, la app de Palantir que mapea sus ubicaciones

    ICE rastrea a inmigrantes con ELITE, la app de Palantir que mapea sus ubicaciones

    El acceso a información confidencial por parte de nuevos empleados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) abrió un nuevo frente de preocupación sobre el uso de tecnología, inteligencia artificial y datos personales en las operaciones de deportación.

    De acuerdo con una investigación de The Intercept, funcionarios y exfuncionarios de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señalaron que algunos trabajadores contratados durante la reciente expansión de la agencia pudieron utilizar ELITE antes de completar sus verificaciones de antecedentes.

    La aplicación fue desarrollada por Palantir y lleva el nombre de Enhanced Lead Identification and Targeting. Según el material citado por el medio citado, la herramienta ayuda a los agentes a identificar a personas, reunir expedientes, elaborar listas y ubicar objetivos mediante mapas. También asigna una “puntuación de confianza” sobre la precisión de la información que encuentra.

    El contexto resulta especialmente relevante porque ICE incorporó a más de 12,000 empleados durante una campaña acelerada de contratación. Un reporte de Reuters de principios de 2026, citado en la investigación, indicó que miles de los nuevos agentes pudieron salir a las calles sin haber completado sus verificaciones de antecedentes.

    Acceso a información personal

    La preocupación no se limita al proceso de contratación. La guía de usuario de ELITE identifica alrededor de una docena de fuentes de información, entre ellas direcciones, antecedentes penales, registros de inmigración, sentencias judiciales y otros datos personales relacionados tanto con inmigrantes como con ciudadanos estadounidenses.

    Parte de esa información corresponde a la llamada información de identificación personal, conocida como PII. Un documento del DHS que registra los usos de inteligencia artificial de la agencia también señala que ELITE utiliza este tipo de datos.

    Mary Ellen Callahan, exjefa de gabinete del subsecretario de Seguridad Nacional y exresponsable de privacidad del departamento, cuestionó que personal recién contratado pudiera tener acceso a bases de datos confidenciales.

    “Nadie debería haber sido contratado por el DHS antes de que se completaran las verificaciones de antecedentes. Esto nunca sucedió en administraciones anteriores”, afirmó Callahan, según el medio citado. También advirtió que permitir el acceso a sistemas como ELITE a personal que todavía no había sido verificado podía representar un riesgo para la seguridad pública.

    Un agente de deportación entrevistado bajo condición de anonimato describió una situación similar. “Es una de las primeras solicitudes que les dan a los nuevos oficiales para que puedan empezar a trabajar”, dijo. El funcionario aseguró además que la herramienta puede utilizarse sin una verificación de antecedentes completa.

    Una evaluación de privacidad bajo cuestionamiento

    Otro punto señalado en la investigación es la ausencia de una evaluación de impacto en la privacidad específica para ELITE. La legislación federal establece que las agencias deben realizar y publicar este tipo de evaluaciones cuando una tecnología nueva o sustancialmente modificada recopila, conserva o difunde información de identificación personal.

    Sin embargo, el sitio del DHS presenta un documento como respaldo de la evaluación de ELITE, pero el enlace conduce a una evaluación de 2019 relacionada con una base de datos integrada de cumplimiento de ICE. Esa evaluación fue elaborada antes de que ELITE fuera adquirida y, según los expertos citados por The Intercept, no describe las fuentes de datos, el análisis mediante inteligencia artificial ni las inferencias que produce la aplicación.

    Clare Garvie, abogada especializada en privacidad y subdirectora de política tecnológica del Proyecto de Vigilancia Policial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, consideró que el problema va más allá de una cuestión técnica.

    “Las evaluaciones de impacto en la privacidad son un componente esencial de la transparencia y la gobernanza de la privacidad”, sostuvo Garvie. A su juicio, estos documentos permiten conocer qué información se recopila, cuánto tiempo se conserva, quién puede utilizarla y qué recursos existen cuando los datos son incorrectos o pueden utilizarse de manera indebida.

    La preocupación central es que la expansión de estas herramientas ocurra al mismo tiempo que aumenta la contratación dentro de ICE. Para los críticos citados por The Intercept, el acceso temprano a sistemas que contienen datos personales plantea interrogantes sobre seguridad, supervisión y rendición de cuentas.

    El caso coloca a ICE, Palantir, la inteligencia artificial y el manejo de información personal en el centro de un debate que podría crecer conforme las agencias estadounidenses incorporen más tecnología automatizada a sus operaciones sobre los inmigrantes.

    Sigue leyendo:

  • Defensores de inmigrantes denuncian acoso y organizan ‘La Defensa del Pueblo’

    Defensores de inmigrantes denuncian acoso y organizan ‘La Defensa del Pueblo’

    “Cuando se atacan los derechos de los inmigrantes, ¿qué hacemos?”, gritó Ryan Drury, uno de los principales organizadores de Ventura County Defensa (VC Defensa), mientras se encontraba frente al Edificio Federal en el centro de Los Ángeles.

    “¡Levántate y lucha!”, respondió el pequeño grupo de personas que asistió a la conferencia de prensa del martes, organizada por activistas por los derechos de los inmigrantes junto con la Red Nacional de Organizaciones de Jornaleros (NDLON), VC Defensa, Maestros Unidos de Los Ángeles (UTLA) y otras organizaciones.

    Esa mañana, los organizadores se reunieron para anunciar una cumbre denominada “La Defensa del Pueblo”, que crearon en respuesta a lo que denominan los ataques de la administración de Trump contra grupos comunitarios como los suyos. 

    En marzo de 2026, un artículo del New York Times reveló que el Departamento de Seguridad Nacional había creado el Grupo de Trabajo 4 para vigilar e intimidar al grupo de VC Defensa, una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes integrada por voluntarios, dedicada a organizar a la comunidad y a brindar asistencia médica y legal.

    Cuando comenzaron los ataques de la nueva administración contra la comunidad inmigrante, el grupo de organizadores de Ventura era uno de los muchos que rápidamente empezaron a organizar a sus comunidades. 

    VC Defensa, en particular, empezó una línea de respuesta rápida para reportar a ICE, organizó a los trabajadores de la salud en hospitales para mantener seguros sus lugares de trabajo y llevó a cabo programas de distribución directa de medicamentos en mochilas, así como de comida a domicilio. 

    Esas son solo algunas de las medidas que ha tomado la organización, integrada por residentes del condado de Ventura, para tratar de mantener segura a su comunidad. 

    “Y por este trabajo —por repartir kits de primeros auxilios, llevar a las personas a sus citas en la oficina de inmigración, organizar a las comunidades, repartir despensas y coordinar a los maestros—, la administración de Trump puso a nuestra organización en la línea de fuego y hemos estado bajo ataque”, dijo Drury ante el público. 

    El grupo afirmó que el gobierno ha calificado a grupos como VC Defensa de terroristas nacionales. A causa de eso, Drury dijo que miembros de su organización han sido acosados por agentes federales. 

    “Nos han llamado de todo y han empezado a acosar a nuestros voluntarios. Han comenzado a usar sus vehículos como armas para intentar asesinar a nuestros organizadores arrollándonos”, denunció Drury. “Han llamado a nuestros familiares y a nuestros lugares de trabajo para tratar de que nos despidan y han acosado a nuestros operadores mientras intentamos mantener a salvo a nuestra comunidad”.

    Ryan Drury, uno de los principales organizadores de Ventura County Defensa (VC Defensa), habla sobre cómo la organización está siendo atacada.
    Ryan Drury, uno de los principales organizadores de Ventura County Defensa (VC Defensa), habla sobre cómo la organización está siendo atacada.
    Crédito: Janette Villafana
    Defensores de la comunidad se reunieron el martes afuera del edificio federal de los angeles.
    Defensores de la comunidad se reunieron el martes afuera del edificio federal de Los Ángeles.
    Crédito: Janette Villafana

    Ataques contra organizadores

    Antes del amanecer del 13 de mayo, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la principal rama investigativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), llevaron a cabo una redada en la casa y en el negocio de Leonardo Martínez, organizador de VC Defensa. Esa misma madrugada también se realizaron redadas en las casas de otros dos voluntarios.

    Aunque no se reportaron arrestos ese día, agentes armados con tanques militares llegaron y se llevaron objetos personales de las casas de los organizadores. 

    La redada de mayo no fue la primera vez que Martínez y otros miembros de la organización se toparon con agentes de inmigración. L.A. TACO reportó dos incidentes en los que estuvo involucrado Martínez, ambos relacionados con choques entre vehículos y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). 

    El 10 de marzo de 2026, un agente del ICE chocó contra el vehículo de Martínez, lo que llevó al organizador al hospital por supuestamente interferir en una operación.

    “Lo que le está pasando a VC Defensa no es un ataque aislado, es una advertencia para todas las organizaciones comunitarias de Estados Unidos”, dijo Farrah N. Khan, la exalcalde de Irvine y activista. 

    “Cuando el Departamento de Seguridad Nacional crea un grupo de trabajo para vigilar a los voluntarios que reparten folletos sobre tus derechos y se ocupan de sus comunidades, eso no es una amenaza para la seguridad nacional. Eso es intimidación por parte del gobierno”.

    El 25 de septiembre, Trump emitió un memorándum presidencial de seguridad nacional (NSPM-7) titulado “Lucha contra el terrorismo interno y la violencia política organizada”, con el que añadió a grupos como VC Defensa a la lista de lo que él denomina “enemigo interno”.

    “Esto va más allá de la política migratoria; se trata de si la Primera Enmienda sigue protegiendo el derecho a organizarse, a protestar y a defender a tus vecinos sin temor a ser atacado”, reclamó Khan.

    Varios activistas de organizaciones como VC Defensa, NDLON y otras que ahora forman parte de Defensa del Pueblo posan frente al edificio federal en el centro de Los Ángeles tras una conferencia de prensa celebrada el martes.
    Varios activistas de organizaciones como VC Defensa, NDLON y otras que ahora forman parte de Defensa del Pueblo posan frente al edificio federal en el centro de Los Ángeles tras una conferencia de prensa celebrada el martes.
    Crédito: Janette Villafana
    Farrah N. Khan, exalcalde de Irvine en la conferencia de prensa el martes.
    Farrah N. Khan, exalcalde de Irvine, en la conferencia de prensa el martes.
    Crédito: Janette Villafana

    La unión hace la fuerza

    Los ataques contra los activistas los han llevado a crear un evento de un día en Oxnard programado para este 6 de septiembre, donde se reunirán organizadores que vienen de diferentes partes del país, como Houston y Nueva Jersey. 

    De acuerdo con los organizadores, quienes hablaron el martes, el día está dirigido a todas las personas y organizaciones que quieren aprender a proteger sus comunidades de manera segura. Para quienes no tienen cómo llegar a Oxnard, el grupo ha organizado autobuses en tres ubicaciones: en el centro de Los Ángeles, en North Hollywood y en San Bernardino. 

    A pesar de los encuentros incómodos y traumáticos con distintas agencias del gobierno, esto no ha desviado a los organizadores de su labor; a muchos de los que hablaron ese martes todavía se les notaba ese fuego por dentro.

    “¿Están investigando un delito o a las personas que se atrevieron a organizarse?”, cuestionó Nancy Meza, de NDLON, en sus comentarios finales. “El mensaje que esto puede enviar a toda una comunidad es claro: si te organizas, podrías ser el siguiente. 

    “Pero se olvidaron de una cosa: el miedo funciona mejor cuando la gente está aislada y nosotros no estamos solos”, agregó.

    Para más información visite https://defensadelpueblo.org/

  • ICE arrestó a 121 inmigrantes durante una redada en un club nocturno latino

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a 121 inmigrantes durante una redada realizada en un club nocturno latino de Memphis, Tennessee, en una de las operaciones migratorias más grandes registradas recientemente en el estado.

    El operativo ocurrió durante la madrugada del 30 de agosto en El Corralón, un establecimiento ubicado en Macon Road, en el vecindario de Berclair, una zona de Memphis con una importante comunidad inmigrante y numerosos negocios de propietarios extranjeros.

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó posteriormente que los 121 arrestos formaron parte de una operación denominada “Operation Corral Light”, encabezada por la oficina de ICE en Nueva Orleans y realizada junto con otras agencias federales y estatales.

    ICE confirmó 121 inmigrantes detenidos

    Según DHS, las autoridades ejecutaron órdenes federales y estatales durante el operativo. La agencia aseguró que, entre los detenidos, había inmigrantes con antecedentes relacionados con hurto, posesión de drogas, violencia doméstica, conducción bajo los efectos del alcohol, agresión, poner en peligro a menores y prostitución.

    Sin embargo, el comunicado oficial difundió información individual únicamente sobre cinco de las 121 personas arrestadas. Entre esos casos, DHS mencionó a ciudadanos de Honduras y México con condenas o arrestos previos por delitos como hurto, posesión de cocaína, violencia doméstica y agresión agravada. Por ello, no puede concluirse a partir del comunicado que los 121 detenidos tuvieran antecedentes penales.

    Testigos describieron un operativo de gran escala

    Organizaciones comunitarias y medios locales habían informado inicialmente de más de 100 detenidos antes de que DHS confirmara la cifra definitiva.

    Testigos observaron autobuses y camionetas utilizados para trasladar a las personas arrestadas, mientras agentes federales y otras fuerzas de seguridad permanecían alrededor del establecimiento.

    Una orden de registro relacionada con el operativo también incluyó el decomiso de máquinas de apuestas, dinero, cajas registradoras y videos de vigilancia del establecimiento, según documentos obtenidos por Telemundo Tennessee.

    Activistas cuestionan cómo se realizaron los arrestos

    La operación provocó críticas de organizaciones de defensa de inmigrantes y dirigentes locales, que pidieron conocer con mayor detalle qué órdenes judiciales respaldaban las detenciones y a quiénes estaban dirigidas.

    Representantes comunitarios cuestionaron si la existencia de una orden para registrar el establecimiento autorizaba también la detención migratoria de todas las personas que se encontraban dentro.

    DHS, por su parte, defendió la operación y aseguró que forma parte de la estrategia federal para intensificar la aplicación de las leyes migratorias y combatir actividades delictivas.

    El operativo de Memphis se suma a un incremento de los arrestos migratorios a nivel nacional durante los últimos meses y figura entre las mayores redadas de ICE registradas recientemente en Tennessee.

    Sigue leyendo:

    TSA alerta a millones que viajarán por Labor Day: el documento que deben revisar antes de ir al aeropuerto

  • Trump y ICE baten récord de crueldad mientras crecen las detenciones y deportaciones

    Trump y ICE baten récord de crueldad mientras crecen las detenciones y deportaciones

    Un nuevo sondeo del Economist/YouGov tracker concluyó que el apoyo a las políticas migratorias del presidente Donald Trump sigue a la baja, con 40% de aprobación y 53% de desaprobación, y la conclusión es que los votantes estadounidenses quieren un balance entre aplicar las leyes sin los excesos de esta administración.

    Cada día surgen nuevos ejemplos de la crueldad de esos excesos y de las consecuencias, a veces fatales, de su campaña de deslegalización, detenciones, y deportaciones.

    Un niño de 5 años detenido por ICE

    Hace unos días se reportó que un niñito de apenas 5 años de edad, Liam Tadeo, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), junto a su padre cuando se disponían a ir a un juego de fútbol en Austin, Texas. Las imágenes de Liam llorando y agarrado a las manos esposadas de su padre causaron revuelo. Ambos fueron enviados al polémico centro de detención Dilley.

    El padre de Liam, Víctor Martínez, pidió a ICE que enviaran al niño junto a su madre, que también es indocumentada, pero su petición fue denegada. Para evitar que los separaran, Víctor firmó su salida voluntaria junto a Liam y fueron deportados a México donde los dejaron a unas 20 horas del pueblo donde vive la familia en el estado de Guanajuato.

    CNN en Español visitó la casa. Víctor no quiso ser entrevistado y Liam no sale porque, según sus familiares, está traumatizado por la experiencia vivida. “Cuando viene gente, piensa que son policías que vienen por él y se esconde”, narró Fátima, tía de Liam Tadeo.

    La pieza captura la pobreza, las necesidades y la falta de trabajo que llevan a las personas a dejarlo todo, poner sus vidas en manos de coyotes y cruzar a Estados Unidos a integrar una fuerza laboral donde son piezas clave para el crecimiento de la economía estadounidense.

    Víctor trabajaba en la construcción, por ejemplo, uno de los sectores más golpeados por la escasez de mano de obra debido a las detenciones y deportaciones. Eso a su vez se refleja en alzas en costo de producción y por ende, aumentos en los precios de las viviendas, como documentó el análisis de America’s Voice End the ICE Tax.

    “Liam debería estar terminando su segunda semana en la guardería en Estados Unidos. Este caso pone de manifiesto la crueldad de nuestras políticas de inmigración, en las que un niño pequeño que ha pasado más de la mitad de su vida en Estados Unidos es detenido innecesariamente junto a su padre y deportado sin poder despedirse de su madre”, indicó la abogada de la familia de Liam Tadeo, Kate Lincoln-Goldfinch en un comunicado.

    El impacto del fin del TPS

    Otra política cruel para individuos y familias y adversa para la economía estadounidense es la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para nacionales de varios países. Uno de los grupos más afectados son los haitianos por tratarse 350,000 personas que perdieron sus permisos de trabajo y protección de la deportación quedando vulnerables a ser enviados a un país donde reina el caos y la violencia pandilleril.

    Diversos medios reportaron que Pierre Damas Bel, de 20 años de edad, y quien recientemente se graduó de secundaria en Ohio, se bajó de su vehículo en medio de la autopista y caminó hacia el tráfico donde fue impactado y falleció. Su muerte se investiga como un posible suicidio.

    Damas Bel fue uno de esos 350,000 haitianos que perdieron el TPS. Le colocaron un grillete electrónico al permanecer en Estados Unidos. “Vine a este país para seguir con mis estudios, no vine aquí para cometer un delito ni para hacerle daño a nadie. Sin embargo, ahora voy por las calles de Estados Unidos con un localizador GPS en la pierna, cargando con un sentimiento de vergüenza y humillación que nunca imaginé que llegaría a experimentar”, escribió el joven en redes sociales.

    Estos trabajadores haitianos realizan todo tipo de labores en Estados Unidos, desde médicos y enfermeras, a cuidadores a domicilio. Y ahora serían deportados a un país plagado de violencia.

    Hace una semana se produjo una de las masacres más violentas cuando pandilleros que se disputan el control de la capital haitiana, Puerto Príncipe, atacaron un campamento de desplazados matando a 47 personas, 22 de ellas al interior de la iglesia donde se refugiaron.

    Y faltan días para el anticipado fin del TPS para 170,000 salvadoreños tras 25 años de haberse concedido.

    ICE alcanza cifras históricas

    También están las deportaciones a países africanos donde los deportados no tienen ninguna conexión. Se decía que eran inmigrantes con historial delictivo. Se reporta que muchos son solicitantes de asilo sin récord criminal.

    En agosto, las detenciones de ICE llegaron a 50,000, según reportó NBC News, superando al mes de julio.

    No solo baten récords numéricos. Baten récords de crueldad.

    Sigue leyendo:

  • Mullin no descarta presencia de ICE en centros de votación durante las elecciones

    Mullin no descarta presencia de ICE en centros de votación durante las elecciones

    La posibilidad de que agentes de ICE estén presentes en centros de votación durante las próximas elecciones de Estados Unidos volvió a generar preocupación, luego de que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmara que los agentes podrían acudir a estos lugares bajo determinadas circunstancias.

    Mullin hizo las declaraciones ante periodistas en Nueva York, según informó The Guardian. El funcionario aseguró que ICE no tiene previsto patrullar los centros de votación, pero dejó abierta la posibilidad de que sus agentes intervengan si existe una amenaza o necesitan ejecutar una orden judicial.

    “ICE no está allí para patrullar los centros de votación. Estamos allí para hacer cumplir las leyes contra amenazas específicas”, dijo Mullin, de acuerdo con el diario.

    Más tarde, explicó que los agentes podrían encontrarse en un centro de votación si existe una amenaza contra el lugar o si están intentando detener a una persona que buscan activamente.

    DHS niega operativos dirigidos a centros de votación

    Las declaraciones llegan a pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2026, en las que estarán en juego escaños del Congreso, además de cargos estatales y locales.

    El propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que ICE no está planeando operaciones dirigidas específicamente contra centros de votación.

    La dependencia sostuvo que sus operativos son selectivos y están basados en información de inteligencia. Agregó que, si una amenaza activa contra la seguridad pública pusiera en peligro un centro de votación, podrían producirse detenciones como parte de esa intervención.

    El tema ha provocado críticas de grupos que defienden el derecho al voto, quienes temen que la presencia de agentes federales pueda generar intimidación entre los electores, especialmente en comunidades inmigrantes.

    La controversia también ocurre después de que Mullin cuestionara en meses recientes la seguridad de los padrones electorales y exigiera revisar posibles registros de personas que no tienen derecho a votar.

    El Ejército asegura que no irá a las urnas

    En paralelo, el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, aseguró que el Ejército estadounidense no tiene previsto enviar tropas a los centros de votación durante las elecciones de noviembre.

    En una carta enviada a la senadora Elissa Slotkin, Caine señaló que las Fuerzas Armadas no planean desplegar personal militar federal ni miembros federalizados de la Guardia Nacional en los centros de votación de 2026. También indicó que no existen planes para utilizar a ese personal para confiscar papeletas, máquinas de votación u otros materiales electorales.

    La declaración de Caine busca despejar una de las principales dudas sobre la participación de fuerzas federales en los comicios. Sin embargo, las palabras de Mullin mantienen abierto el debate sobre hasta dónde podría llegar la intervención de agentes de inmigración durante una jornada electoral.

    Sigue leyendo:

  • “No trabajen, no compren”: el desafío de Connecticut a ICE con un “día sin inmigrantes”

    “No trabajen, no compren”: el desafío de Connecticut a ICE con un “día sin inmigrantes”

    La tensión crece en Connecticut luego de una semana marcada por operativos de ICE que, según activistas y autoridades locales, dejaron más de 70 personas detenidas. Frente al temor que se ha extendido entre las familias, organizaciones comunitarias convocaron para este miércoles 2 de septiembre a un “Día sin inmigrantes”, con negocios cerrados, ausencia de trabajadores y una manifestación pública.

    La convocatoria surgió después de varios días de intensa presencia de agentes federales. La organización Danbury United for Immigrants (DUFI) sostiene que decenas de personas fueron detenidas en distintos puntos de la ciudad y que los operativos afectaron al menos a 65 familias. La cifra no ha sido confirmada por ICE, que no ha dado un balance detallado de las detenciones.

    El miedo llegó hasta las escuelas

    Uno de los aspectos que más ha generado preocupación es el impacto sobre los niños y las familias inmigrantes durante el regreso a clases.

    El alcalde de Danbury, Roberto Alves, dijo a NBC que la asistencia escolar se ha reducido en alrededor de 700 estudiantes, debido al temor de algunos padres a enviar a sus hijos a las escuelas o a recogerlos en las paradas de autobús. Comerciantes también reportaron una caída en la actividad de la zona centro.

    El senador demócrata Chris Murphy denunció que algunos padres habrían sido detenidos cerca de paradas de autobuses escolares. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó esa versión y aseguró que una de las detenciones señaladas ocurrió lejos de una parada escolar. El caso continúa siendo motivo de disputa entre autoridades y organizaciones comunitarias.

    Activistas buscan paralizar la ciudad

    La protesta del 2 de septiembre pretende mostrar el peso económico y social de la comunidad inmigrante. Los organizadores pidieron a trabajadores, comercios y aliados no acudir a sus actividades habituales y participar posteriormente en una manifestación frente a la biblioteca pública.

    “Les pedimos solidarizarse. El 2 de septiembre no vayan a trabajar. No vayan a la escuela, no vayan de compras”, señala el llamado difundido por los grupos comunitarios y retomado por EFE.

    Mientras tanto, el senador Richard Blumenthal estimó que las detenciones podrían ser todavía mayores a nivel estatal. Durante una conferencia en Danbury afirmó que se han reportado “cientos” de arrestos en Connecticut, aunque reconoció que la cifra aún no ha sido confirmada.

    Del lado del Gobierno de Donald Trump, el ‘zar’ fronterizo Tom Homan defendió las operaciones y afirmó que ICE busca a personas con órdenes finales de deportación, personas que hayan excedido sus permisos o individuos con antecedentes criminales. También negó que la agencia tenga como objetivo “aterrorizar” a los niños.

    La situación mantiene a Danbury en alerta mientras crece la presión política y comunitaria sobre las autoridades federales.

    Sigue leyendo:

  • ICE mantiene su ofensiva en agosto con casi 50 mil arrestos

    ICE mantiene su ofensiva en agosto con casi 50 mil arrestos

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) mantiene un ritmo de detenciones que no da señales de aflojar. Después de alcanzar un récord de 49,571 arrestos en julio, la agencia federal habría mantenido en agosto un nivel cercano a las 50,000 detenciones, de acuerdo con datos preliminares citados por un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

    Una revisión de cifras entregadas por ICE al Deportation Data Project, de las universidades de California en Berkeley y UCLA, estableció que el mes de julio fue el de mayor número de arrestos durante la segunda administración de Donald Trump. La cifra representó un aumento de 15% frente a junio y de aproximadamente 70% respecto a febrero, pero en agosto alcanzó un nuevo récord.

    Una estrategia menos visible, pero más extendida

    El cambio no necesariamente significa que haya desaparecido la presión migratoria. Lo que ha cambiado es la forma de ejecutarla.

    De acuerdo con AP, los operativos de ICE se han desplazado de las grandes redadas que dominaron los primeros meses de 2026 hacia acciones menos llamativas, como detenciones durante controles de tránsito, en tribunales, aeropuertos y citas migratorias. También aumentó la participación de policías estatales y locales mediante acuerdos conocidos como 287(g).

    En julio, esas asociaciones estuvieron relacionadas con unas 6,500 detenciones, alrededor del 13% del total mensual. Texas y Florida concentraron casi 20,000 arrestos, según los datos analizados por la agencia citada.

    El volumen también contrasta con los niveles registrados antes del regreso de Trump a la Casa Blanca. En ese momento, las detenciones mensuales de ICE rondaban poco más de 8,000.

    Más dinero para ampliar la maquinaria de deportación

    El crecimiento de las detenciones ocurre después de que Trump firmara en junio una legislación que destinó $70,000 millones adicionales a ICE y a la Patrulla Fronteriza durante el resto de su mandato, una inyección de recursos que Reuters calificó como un refuerzo considerable para la política migratoria de la Administración.

    La expansión también alcanza la infraestructura. En San Antonio, Texas, ICE adjudicó recientemente un contrato de $17.3 millones para convertir un almacén en un centro de detención migratoria, con capacidad proyectada para procesar entre 1,000 y 1,500 personas diariamente.

    Sigue leyendo:

  • Fotoperiodista demanda a la ciudad de Los Ángeles por agresión policial durante protesta contra ICE

    Fotoperiodista demanda a la ciudad de Los Ángeles por agresión policial durante protesta contra ICE

    Un fotoperiodista presentó este lunes una demanda contra la ciudad y un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles por la agresión que sufrió por parte de un oficial mientras cubría una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en agosto de 2025.

    En un comunicado de sus abogados, la demanda del fotoperiodista Nick Stern acusa una violación de derechos civiles por un oficial del LAPD que violó una orden judicial que prohibía el uso de armas menos letales contra periodistas que reporteaban las protestas contra ICE en Los Ángeles.

    La demanda fue presentada este lunes por los abogados de Stern ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.

    Sigue leyendo: Hispano demanda atención médica para su novia, detenida por ICE en Los Ángeles

    Stern alega que, mientras cubría la protesta del 8 de agosto de 2025 en el centro de Los Ángeles, el oficial Wyatt Aulick avanzó agresivamente y lo golpeó con su porra en la cara, pese a mostrar repetidamente su credencial de prensa y a identificarse como periodista en activo.

    La orden prohibía a los oficiales del LAPD agredir, obstruir o usar armas antidisturbios contra periodistas que no representaran ninguna amenaza.

    Además, se ordenaba a la dirección del Departamento de Policía de Los Ángeles que comunicara dichas restricciones a los agentes asignados a tareas de vigilancia de protestas.

    Sigue leyendo: Hispana sale con monitor electrónico tras audiencia migratoria en Los Ángeles

    Dos meses antes, el 7 de junio de 2025, Stern fue alcanzado por un fragmento de un proyectil de 40 mm, considerado menos letal, cuando cubría una protesta contra ICE en Compton.

    La carcasa de plástico duro del proyectil se incrustó en su muslo, causándole una lesión física grave que requirió cirugía y meses de recuperación. La protesta del 8 de agosto era la primera que podía documentar tras la lesión que sufrió en junio de 2025.

    “Nick Stern estaba haciendo su trabajo informando sobre un evento importante y de gran relevancia que ocurría en la ciudad”, declaró el abogado de derechos civiles V. James DeSimone, del bufete V. James DeSimone Law, en un comunicado de prensa.

    Sigue leyendo: Vecina impide arresto de madre mexicana por ICE en Los Ángeles

    “Se identificó clara y repetidamente como periodista en activo. En lugar de permitirle hacer su trabajo, tal como se le ordenó al Departamento de Policía de Los Ángeles mediante una orden de restricción temporal, parece que fue atacado específicamente”, añadió el abogado.

    Según la demanda federal, Aulick y la ciudad de Los Ángeles violaron la Primera y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, así como la Ley Bane de California; agresión y lesiones, negligencia e infligir intencionalmente angustia emocional.

    “La ciudad de Los Ángeles ha tenido conocimiento de un patrón de uso de la fuerza por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles contra los periodistas durante décadas”, agregó DeSimone.

    Sigue leyendo: Operativo migratorio eleva tensión en ciudad del condado de Los Ángeles

    La instrucción surgió de una orden de un tribunal federal emitida en julio de 2025, después de que varios periodistas denunciaran haber sido alcanzados por munición no letal, empujados, detenidos e impedidos de documentar las protestas durante las manifestaciones de junio contra las redadas de inmigración.

    Un portavoz del LAPD informó que el departamento no podía hacer comentarios de forma inmediata en relación con la demanda.

    Sigue leyendo:
    · Activistas apoyan proyecto de ley de California para imponer impuesto a centros de detención
    · Juez bloquea deportación de hombre de Los Ángeles detenido por ICE
    · Organizaciones comunitarias preocupadas por el aumento de redadas en el sur de California