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El Gobierno de México elevó este jueves la presión sobre las autoridades de Florida al solicitar una “investigación exhaustiva” para esclarecer la muerte de Juan Jairo Coronilla Durán, un ciudadano mexicano de 28 años que falleció tras ser atropellado durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en St. Augustine, condado de St. Johns, el pasado 14 de julio.

A través del Consulado de México en Orlando, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que mantiene un seguimiento permanente del caso y que ya solicitó formalmente a la Patrulla de Carreteras de Florida (Florida Highway Patrol, FHP) investigar las circunstancias que rodearon el incidente y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes.

“Como parte de las acciones de protección consular, el Consulado solicitó a la Patrulla de Carreteras de Florida la realización de una investigación exhaustiva que permita esclarecer las circunstancias de los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes”, señaló la representación diplomática en un comunicado. El Gobierno mexicano también expresó sus condolencias a la familia del connacional y reiteró que continuará brindando asistencia consular y acompañamiento durante todo el proceso.

? COMUNICADO

El Consulado de México en Orlando brinda acompañamiento y seguimiento puntual ante el fallecimiento de un connacional en St. Johns, Florida

Consulta el comunicado completo en: https://t.co/V1Q8WGuT66

— Consulado de México en Orlando (@ConsulMexOrl) July 23, 2026

Consulado brinda apoyo a la familia y mantiene gestiones diplomáticas

Aunque el comunicado oficial no identificó a la víctima por su nombre, el Gobierno del estado de Guanajuato confirmó previamente que se trata de Juan Jairo Coronilla Durán, originario del municipio de San Luis de la Paz. De acuerdo con las autoridades mexicanas, desde que se conoció el caso, personal del Consulado en Orlando estableció contacto con los familiares para ofrecer orientación sobre los procedimientos legales y apoyar las gestiones necesarias, incluida la eventual repatriación del cuerpo.

La esposa de la víctima, Jessica Alamilla, declaró previamente a medios locales que Coronilla Durán había llegado recientemente a Estados Unidos. “Él tenía una visa de turista, tenía poco, tenía tres semanas (en Estados Unidos), aquí en Florida tenía dos días”, afirmó.

Hasta ahora, ni las autoridades estadounidenses ni el Gobierno mexicano han precisado oficialmente cuál era el estatus migratorio del ciudadano mexicano al momento del operativo. La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó además que mantiene conversaciones diplomáticas con autoridades estadounidenses para expresar su preocupación por diversos procedimientos de detención y arresto que, según señaló, “han derivado en consecuencias lamentables”.

?? México pide investigar muerte de migrante

México solicitó a Florida una investigación exhaustiva por la muerte del mexicano Juan Jairo Coronilla Durán durante un operativo del ICE. El Consulado en Orlando brinda apoyo a su familia y dará seguimiento al caso. ??#México #ICE pic.twitter.com/5h8RWfZhbS

— Olegario Quintero (@OlegarioMX) July 23, 2026

El caso aumenta el escrutinio sobre los operativos de ICE

Según la información disponible, Coronilla Durán murió después de huir a pie durante un operativo encabezado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Mientras intentaba escapar, fue embestido por un camión en una carretera del condado de St. Johns. El Departamento de Seguridad Nacional informó que tanto la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) como la Patrulla de Carreteras de Florida mantienen abierta una investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos.

La muerte del mexicano ocurre en medio de un creciente debate sobre las tácticas utilizadas por agentes migratorios durante operativos de detención en distintas partes del país. En las últimas semanas también se registraron otros incidentes fatales relacionados con acciones de ICE, entre ellos la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Texas y del ciudadano colombiano Joan Sebastián Guerrero en Maine, ambos durante intervenciones de agentes federales.

Ante ese contexto, la Cancillería mexicana informó que continuará utilizando “todos los instrumentos consulares, jurídicos y diplomáticos” para proteger los derechos de los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos. Asimismo, recordó que recientemente presentó denuncias ante fiscalías estatales y de condado relacionadas con el fallecimiento de 17 mexicanos en operativos o bajo custodia de ICE, además de solicitar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos información sobre esos casos.

Mientras avanzan las investigaciones, el Gobierno de México insiste en que las autoridades estadounidenses esclarezcan plenamente lo ocurrido con Juan Jairo Coronilla Durán y determinen si existieron responsabilidades durante el operativo migratorio.

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Los recientes operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tienen atemorizada a la comunidad del vecindario de Panorama City, en Los Ángeles, tras el arresto de varias personas por los agentes federales.

Al menos cinco camionetas, con un número indeterminado de agentes irrumpieron el 21 de julio en diferentes puntos del vecindario angelino, donde llevaron a cabo operativos en los que arrestaron a varias personas que se encontraban en el lugar laborando o en camino a sus trabajos.

La presencia de los agentes federales de inmigración se reportó en las áreas cercanas a Tobias Avenue, Rayen Street y Parthenia Street, lo que reavivó la inquietud entre los miembros de la comunidad latina de la zona.

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Entre las personas detenidas por ICE estaba Jesús Muñoz, inmigrante mexicano de 45 años, quien fue detenido por los agentes aproximadamente a las 6:00 a.m. cuando caminaba hacia su automóvil para dirigirse a su trabajo.

La hija de Jesús Muñoz, Emily, de 19 años, reconoció que ella y su madre viven con angustia después de enterase del arresto de su padre a través de llamadas telefónicas.

“Estamos muy asustadas y perdidas. Me desperté, contesté y era mi papá. Me dijo que ICE lo detuvo y que me llamaba desde un número de Camarillo“, declaró Emily en una entrevista con la cadena Univision.

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Emily mencionó que después de varias llamadas, desde la 1:00 p.m. del 21 de julio ya no tuvo más comunicación con su padre.

La actividad de los agentes federales de inmigración provocó la alerta entre los residentes y los vendedores ambulantes que se encontraban en la zona.

Una vendedora de tamales logró salvarse de ser arrestada gracias a que buscó refugio dentro de un edificio y logró cerrar el portón a tiempo.

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Sin embargo, el esposo de la comerciante no tuvo la misma suerte y fue detenido por los agentes federales.

“Escuché ruidos y me asomé. Vi que la señora que vende tamales se metió porque conoce la clave del edificio. Se llevaron a su esposo, porque ella logró cerrar”, relató Lucía Macías, quien vive en la calle donde ocurrió el operativo.

Las recientes redadas de ICE en Panorama City hicieron que el sentimiento de temor regresara a los miembros de la comunidad, pese al estatus migratorio que tuvieran.

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A pesar de tener residencia legal, Lucía Macías confesó que vive con miedo constante de ser detenida por la migra.

“La verdad es que lo que estamos viviendo es algo horrible. En los 38 años que tengo viviendo aquí nunca habíamos sentido esto“, dijo Macías.

“Yo ya salgo con mis papeles conmigo, ya no anda uno seguro en este país, aunque tengamos papees no estamos seguros”, agregó la vecina de Panorama City.

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ICE arresta a influencer

Un conocido influencer, vendedor ambulante, fue detenido durante un operativo que ICE llevó a cabo este miércoles 22 de julio en el estacionamiento de un centro comercial de Panorama City.

Mauricio Lozano, de 34 años, originario de El Salvador, fue arrestado alrededor del mediodía de este miércoles, según dijo Jaime Barrera, otro vendedor ambulante, quien grabó el incidente con su celular.

“Estábamos trabajando cuando agentes de ICE llegaron, y solo nos dijeron: ‘La migra’”, expresó Barrera, en una entrevista con la cadena Telemundo.

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Jaime tuvo oportunidad de grabar la detención desde lejos, mientras también alertaba a otros miembros de la comunidad sobre la presencia de los agentes de ICE en el estacionamiento del centro comercial.

“Cuando ellos llegaron, nosotros salimos corriendo. Entonces mi compañero, Mauricio, conocido como ‘La Colochona’ aquí en el valle, corrió y le cayeron encima“, dijo Barrera.

Además de ser vendedor ambulante, Mauricio Lozano también tiene su actividad como influencer, con más de 100,000 seguidores en las redes sociales.

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“Él tiene una hija. Entonces, es triste, ¿verdad?, porque los hijos son los que sufren, los que pasan todo esto”, agregó Barrera.

Jaime dijo que él no corrió cuando llegaron los agentes, sino que se alejó tranquilamente antes de comenzar a grabar el arresto de Mauricio.

Otros vendedores ambulantes de Panorama City confirmaron que los operativos de ICE aumentaron desde hace unas semanas, como lo denunciaron activistas defensores de los inmigrantes.

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha emitido ningún comunicado en relación con sus recientes operativos en Panorama City.

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La congresista Sydney Kamlager-Dove, representante del Distrito 37 de California, exigió este jueves al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que se proporcione atención médica adecuada a uno de sus electores, Carlitos Ricardo Parias, quien está detenido en su instalación de Adelanto.

En un comunicado, Kamlager-Dove dijo que Parias fue víctima tras recibir un balazo en un brazo durante un operativo de control migratorio en octubre de 2025.

Kamlager-Dove mencionó que a Parias, desde que permanece en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, se le ha negado una atención médica adecuada por los problemas de salud que padece como consecuencia del balazo que recibió cerca del codo.

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“Carlitos es padre, esposo y voluntario en nuestra comunidad, quien incluso fue reconocido por el Ayuntamiento por su servicio”, declaró la congresista en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Kamlager-Dove realizó a finales de mayo una visita de supervisión a la instalación de ICE en Adelanto, donde tuvo un encuentro con Parias y obtuvo su historial médico.

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“Visité a Carlitos a finales de mayo. Tenía la mano morada. Los dedos atrofiados. Sufre de dolor de cabeza y dolor en los nervios. Me preocupa que pueda tener una infección ósea y que le tengan que amputar el brazo”, agregó.

La representante de California aseguró que el hombre hispano necesita atención médica urgente, así como muchos otros inmigrantes que permanecen detenidos en Adelanto.

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Gracias a la labor de la congresista de California, la semana pasada, un juez ordenó cambios radicales para mejorar las condiciones en que mantienen bajo custodia a los inmigrantes detenidos en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto.

“Es hora de que ICE cumpla con las órdenes de este juez y ponga fin a esta crueldad, tanto en Adelanto como en todo el país”, reiteró Kamlager-Dove.

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WASHINGTON.- Mientras avanzan las investigaciones sobre la muerte de Lorenzo Salgado Araujo a manos de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la familia evalúa sus opciones legales, que incluyen un reclamo formal ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aunque se trata de un proceso complejo.

“Típicamente cuando ICE alza algo así, una maldad como lo que hemos visto, una persona queda herido, por ejemplo, o en un caso así, donde una persona se muere, no es tan fácil”, reconoció Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).

Esa organización ha apoyado desde el inicio a la familia de Salgado Araujo, asesinado en Houston, Texas, durante una parada vehicular de agentes migratorios.

“Uno no puede ir directamente a la corte y hacer una demanda, por ejemplo”, lamento Proaño. “Lo que tienen que hacer es, se llamó un FTCA claim”, indicó.

Ese proceso se sustenta la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA), el cual permite a los particulares demandar al gobierno de los Estados Unidos por lesiones, daños a la propiedad o fallecimiento causados ​​por negligencia de empleados federales. El proceso debe iniciar en forma administrativa, en este caso ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Es un reclamo por DHS, que es una forma, un formulario que uno tiene que llenar exactamente con lo que pasó, con toda la información y también [incluir cuál debería ser] la compensación por esa maldad”, agregó Proaño. “Y el DHS, entonces ellos tienen seis meses para recibir, verificar, investigar la información que ellos reciben”.

Proaño agregó que este trámite es tardado y no siempre se obtiene la respuesta deseada, incluso la agencia responsable no siempre responde en seis meses, aunque puede haber presión para ello. Si la respuesta no es favorable, en este caso para la familia de Salgado Araujo, entonces podrá presentar una demanda ante un tribunal.

“Después de esos seis meses, si recibes una respuesta y no estás de acuerdo con lo que dice el gobierno, entonces sí puedes acudir a la corte, hacer una demanda”, acotó. “Ellos [los familiares de Salgado Araujo] sí van a tener la oportunidad de hacer una demanda en una corte, adelante de unos jurados. Pero va a tomar mucho, mucho tiempo y están comenzando ese proceso ahora”.

¿Y dónde están los agentes responsables?

Proaño comparó el caso de Salgado Araujo con el de Johan Sebastián Durán Guerrero, en Maine, quien fue asesinado por un agente de ICE plenamente identificado. En el caso de los presuntos responsables de la muerte de Salgado Araujo se desconoce quiénes son, lo que podría complicar el reclamo de señalar a alguien en particular.

“Inmediatamente después que esto pasó con Lorenzo, unas cosas pasaron. Número uno, los agentes que estaban ahí y que dispararon a Lorenzo desaparecieron, punto. Nadie sabe quiénes son, la agencia tampoco ha compartido esa información, eso es muy importante”, expuso Proaño en el podcast ‘El Diario Sin Límites’.

Dijo que los agentes migratorios en las fotos junto a la camioneta de Salgado Araujo –de donde se detuvo a otras tres personas— son oficiales que llegaron después.

“Nosotros lo hemos dicho desde el comienzo, no confiamos en ICE, no confiamos en DHS”, lamentó Proaño, quien reconoce que tampoco en la investigación federal que se realiza sobre el caso.

A Salgado Araujo le sobreviven su esposa y tres hijos adultos, quienes luchan por hallar a los responsables de la muerte de su padre, un inmigrante de 52 años que estaba en proceso de obtener la Residencia Permanente Legal o Green Card, tenía un negocio de construcción y no tenía historial criminal.

Miles de testimonios sobre las condiciones en los centros de detención de ICE desaparecieron de Google Maps, según una investigación que acusa a la empresa tecnológica de eliminar reseñas y bloquear nuevas publicaciones en decenas de instalaciones utilizadas para detener a inmigrantes en Estados Unidos.

El reportaje, publicado por The Intercept, retoma una investigación de Muira McCammon, profesora del Departamento de Comunicación de la Universidad de Tulane, quien documentó durante meses las reseñas publicadas por exdetenidos, familiares y otras personas que compartían experiencias relacionadas con los centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) .

Un archivo digital que desapareció

McCammon recopiló en 2025 un total de 1,636 reseñas correspondientes a 26 centros de detención, además de identificar otras 91 instalaciones donde Google ya había desactivado la posibilidad de publicar comentarios.

Sin embargo, al revisar nuevamente la información, descubrió que casi todas las reseñas habían desaparecido.

“Casi todas las reseñas de Google que recopilé originalmente en 2025 ya no están disponibles”, declaró la investigadora a The Intercept.

En su estudio, McCammon sostiene que la moderación aplicada por Google termina suprimiendo información relevante sobre el sistema de detención de ICE, limitando el acceso a testimonios que, en muchos casos, documentaban las condiciones dentro de estas instalaciones.

Google defiende su política de moderación

Consultada por el medio citado, la portavoz de Google, Genevieve Park, negó que las eliminaciones respondieran a presiones del gobierno estadounidense.

“Las reseñas ayudan a la gente a decidir adónde ir y no mostramos reseñas en categorías de lugares a los que las personas acuden sin tener otra opción”, explicó la vocera, al referirse a prisiones, comisarías y centros de detención.

Google sostiene que aplica una política anunciada desde 2023 para retirar comentarios en lugares donde las reseñas podrían resultar “poco útiles, perjudiciales o fuera de contexto”.

Por su parte, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró al medio que ICE no solicitó la eliminación de las reseñas y rechazó cualquier intervención en las decisiones de la compañía.

Testimonios que denunciaban las condiciones en los centros

Entre las publicaciones eliminadas había mensajes de familiares que denunciaban problemas para comunicarse con personas detenidas, así como relatos de exinternos sobre las condiciones dentro de los centros.

Una reseña, que publicó el medio antes citado, en español señalaba: “Apenas se puede oír al detenido cuando se le llama por teléfono”.

Otras describían presuntas infestaciones de cucarachas, falta de traductores y temperaturas extremadamente bajas en las celdas.

Para McCammon, estas publicaciones representaban un registro público sobre el funcionamiento del sistema migratorio estadounidense. En el resumen de su investigación, concluye que las decisiones de moderación de Google también influyen en la visibilidad de las instituciones públicas y en la circulación de información sobre el sistema de detención de ICE.

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La venezolana Sonimar Arenas pidió justicia y una investigación independiente para esclarecer la muerte de su hermano Jesús Manuel, quien falleció el pasado 13 de julio mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un traslado entre centros de detención en Georgia.

En una conferencia de prensa en Washington, acompañada por congresistas demócratas y activistas, Arenas cuestionó la atención que recibió su hermano durante su detención y aseguró que las autoridades migratorias ignoraron sus solicitudes relacionadas con su estado de salud.

La mujer afirmó que antes del traslado pidió a los agentes de ICE que permitieran a Jesús Manuel llevar consigo los medicamentos que necesitaba, pero señaló que únicamente le autorizaron conservar uno de los cuatro tratamientos que utilizaba.

Familia señala posibles fallas en atención médica

Según el testimonio de Arenas, su hermano padecía hipertensión, ansiedad crónica y depresión, condiciones que requerían seguimiento médico.

Jesús Manuel fue detenido el 9 de julio en su vivienda en Georgia. De acuerdo con la información proporcionada por ICE a la familia, el arresto estaba relacionado con una orden de deportación.

Arenas relató que ese mismo día su hermano se comunicó con ella para informarle que no le habían entregado el medicamento que le habían permitido llevar durante el proceso de detención.

La familiar sostuvo que la falta de acceso adecuado a su tratamiento pudo haber influido en el desenlace y pidió que las autoridades determinen si existieron omisiones durante su custodia.

ICE reportó muerte por un supuesto paro cardíaco

La versión oficial de ICE señala que Jesús Manuel fue encontrado inconsciente alrededor de las 7:30 de la mañana del 13 de julio, mientras era trasladado desde el centro de detención de Irwin hacia otra instalación en el sur de Georgia.

La agencia informó que se realizaron maniobras de reanimación y posteriormente fue llevado a un hospital del condado, donde fue declarado muerto aproximadamente una hora después.

Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente de una conclusión final sobre las circunstancias del fallecimiento.

Familia busca cumplir deseo de ser sepultado en Venezuela

Durante la conferencia, Sonimar Arenas recordó que su hermano llegó a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades y describió el impacto que su muerte provocó en su familia.

Jesús Manuel Arenas-Silva, a 45-year-old Venezuelan man, became the 22nd person to die in ICE custody this year. His family says he was denied essential medication while detained. Every death deserves answers. Demand accountability at https://t.co/rQQvDZAiXy pic.twitter.com/0fo66sS1bH

— Voto Latino (@votolatino) July 16, 2026

La venezolana explicó que, al revisar documentos personales de Jesús Manuel, encontró una referencia a la canción “Venezuela”, en la que él expresaba su deseo de regresar a su país para ser sepultado.

Por ello, inició una campaña de recaudación en GoFundMe con una meta de 7 mil 500 dólares para cubrir los gastos relacionados con el traslado de sus restos. Hasta el momento, había reunido 665 dólares.

La madre de Jesús Manuel vive en Venezuela y, según su hermana, él no visitaba el país desde hacía ocho años.

Congresistas cuestionan actuación de ICE

Durante el acto en Washington, los congresistas demócratas Delia Ramírez, Jesús “Chuy” García y Adelita Grijalva criticaron las políticas de la agencia migratoria y pidieron cambios en el sistema de detención.

Los legisladores mencionaron también otros fallecimientos recientes relacionados con operativos migratorios, entre ellos los casos del mexicano Lorenzo Salgado y del colombiano Johan Sebastián en Maine.

Ramírez respaldó además la iniciativa H.R. 7190, conocida como Melt ICE Act, que plantea retirar financiamiento a la agencia y cerrar centros de detención migratoria.

La familia de Jesús Manuel continúa solicitando que se esclarezca lo ocurrido durante sus últimos días bajo custodia de ICE y que se determinen posibles responsabilidades.

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Los operativos migratorios realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en junio de 2025 no solo derivaron en detenciones y protestas en el sur de California. También provocaron una fuerte sacudida económica que continúa afectando a cientos de pequeños negocios latinos, de acuerdo con un estudio presentado este miércoles por el Instituto de Política y Política Latina de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

El informe, titulado “El costo del miedo”, fue elaborado en colaboración con la organización Inclusive Action for the City y documenta cómo el incremento de las acciones de control migratorio redujo la actividad comercial en nueve corredores de mayoría latina del condado de Los Ángeles, generando pérdidas económicas, incertidumbre financiera y afectaciones a la salud física y mental de los propietarios.

Los investigadores analizaron 989 establecimientos ubicados cerca de nueve puntos donde se documentaron operativos migratorios, además de realizar encuestas y grupos focales con 75 empresarios latinos de comunidades como Westlake, Huntington Park, Pacoima, Paramount, Whittier, Cypress Park, Ladera Heights, el Distrito de la Moda y el centro de Los Ángeles.

In 2025, ICE raids emptied LA’s Latino business corridors ? fewer customers, plunging revenue, mounting debt. A year later, most still haven’t recovered and immigration arrests continue. New from @uclalatino and @inclusiveaction: https://t.co/PYeBntKhRO

— UCLA Latino Policy & Politics Institute (LPPI) (@UCLAlatino) July 22, 2026

Millones de dólares en pérdidas y menos clientes

El estudio concluyó que los comercios ubicados cerca de los operativos registraron 46,000 visitas menos de clientes y pérdidas estimadas en 3.16 millones de dólares durante las dos semanas posteriores a las redadas. Los autores señalan que el impacto real podría ser considerablemente mayor, ya que el análisis solo abarca nueve sitios y un periodo limitado. De mantenerse una disminución similar en todo el condado, las pérdidas económicas podrían alcanzar 52 millones de dólares en dos semanas y hasta 114 millones de dólares en un mes de aplicación continua de operativos migratorios.

La zona con mayores afectaciones fue el Distrito de la Moda, conocido popularmente como Los Callejones, donde se estimó una pérdida cercana a 1.5 millones de dólares en apenas dos semanas. El informe también revela que el flujo peatonal disminuyó hasta 3.23% en los comercios situados a menos de 400 metros de los puntos de operación, mientras que ocho de las nueve zonas comerciales estudiadas experimentaron una reducción en la afluencia de consumidores.

El miedo sigue afectando a comerciantes y trabajadores

Los testimonios recabados muestran que las consecuencias fueron más allá de la caída en las ventas. El 100% de los empresarios entrevistados reportó una disminución en clientes e ingresos; 59% afirmó que sus ventas cayeron más de 50%; 68% redujo horarios o cerró temporalmente, mientras que 51% indicó que parte de su personal dejó de acudir a trabajar por temor a los operativos.

Un año después, 95% de los participantes continúa reportando estrés financiero. Más de la mitad aseguró que sus ingresos ya no cubren de manera constante los costos de operación, mientras que otro 43% apenas logra mantenerse sin obtener ganancias.

“Nuestra investigación demuestra que la aplicación de las leyes de inmigración funcionó como una conmoción económica que se extendió mucho más allá de la interrupción inmediata asociada con las operaciones de control”, afirmó Amada Armenta, directora del Instituto de Política y Política Latina de UCLA y coautora del estudio.

El informe también documenta un fuerte impacto en la salud. El 76% de los participantes reportó afectaciones emocionales, incluyendo ansiedad, depresión, insomnio, ataques de pánico, estrés persistente y agravamiento de enfermedades crónicas. Algunos entrevistados señalaron haber requerido nuevos tratamientos médicos e incluso hospitalizaciones relacionadas con el estrés. “Los negocios latinos no se han recuperado.

Estos negocios funcionan como motores económicos locales. Dan empleo a los vecinos, compran a proveedores locales y mantienen el dinero circulando en sus comunidades. Cuando la represión ahuyenta a sus clientes y trabajadores, el daño se extiende a la salud, el bienestar y la seguridad de comunidades enteras”, concluyó Armenta.

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California dio un nuevo paso para reforzar la protección de los estudiantes frente a las acciones de las autoridades migratorias. A través de la AB 49, conocida como California Safe Haven Schools Act, el estado impuso restricciones más estrictas sobre cuándo y cómo los agentes encargados de hacer cumplir las leyes migratorias pueden ingresar a las escuelas o solicitar información sobre los alumnos y sus familias.

La medida busca garantizar que las escuelas continúen siendo espacios seguros para todos los estudiantes, independientemente de su situación migratoria o la de sus padres.

Los agentes migratorios no podrán ingresar libremente a las escuelas

La principal novedad de la ley es que los funcionarios escolares ya no pueden permitir el ingreso de agentes de inmigración a áreas no públicas de un campus escolar, salvo que presenten una orden judicial válida, una citación judicial o una orden emitida por un tribunal. Antes de autorizar cualquier acceso, además, deberán solicitar la identificación oficial del agente siempre que sea posible.

La norma también prohíbe que los distritos escolares entreguen expedientes educativos o cualquier información sobre un estudiante, su familia o las personas que integran su hogar sin el consentimiento escrito de los padres o sin una orden judicial que lo autorice.

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Nuevas obligaciones para las escuelas de California

La legislación no solo establece límites al acceso de las autoridades migratorias. También obliga a los distritos escolares a revisar y actualizar sus políticas internas para adecuarlas a las nuevas reglas.

La Oficina del Fiscal General de California actualizó los modelos oficiales de actuación y todos los organismos educativos locales debieron adaptar sus protocolos. Además, las escuelas deben poner a disposición de las familias información sobre sus derechos y publicar esas guías en los idiomas correspondientes antes del inicio de cada ciclo escolar.

Entre las nuevas obligaciones también figura la incorporación de procedimientos para avisar a padres, docentes y personal escolar cuando se confirme la presencia de agentes migratorios en un campus.

El objetivo: reducir el miedo entre las familias

Al aprobar la ley, la Legislatura de California sostuvo que el temor a las acciones migratorias puede afectar la asistencia, el rendimiento académico y la permanencia de los estudiantes en las escuelas.

El texto legislativo cita investigaciones que muestran que un aumento en las acciones de control migratorio se relaciona con mayores tasas de ausentismo, peores resultados escolares e incluso abandono educativo entre estudiantes cuyos padres son inmigrantes.

Según los fundamentos de la norma, cientos de miles de alumnos en California viven con al menos un padre indocumentado, por lo que el objetivo es evitar que las políticas migratorias interfieran con el acceso a la educación pública.

Para las familias, la nueva legislación implica que las escuelas públicas cuentan con reglas más estrictas para proteger la privacidad de los estudiantes y limitar la colaboración con acciones de control migratorio cuando la ley no lo exige.

No impide que las autoridades federales ejerzan sus facultades cuando cuentan con las autorizaciones judiciales correspondientes, pero sí establece obligaciones claras para los centros educativos respecto al acceso a los campus y al manejo de la información personal de los alumnos.

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