Tag: La Opinion

  • ICE arresta a hondureño tras audiencia migratoria pese a prohibición del juez

    ICE arresta a hondureño tras audiencia migratoria pese a prohibición del juez

    Un hondureño fue arrestado este martes tras salir de una audiencia en el tribunal de inmigración en Nueva York, menos de 24 horas después de que un juez federal emitiera un fallo que prohíbe a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizar arrestos en o cerca de los juzgados de inmigración en esta ciudad.

    El juez Kevin Castel, del Distrito Sur de Nueva York, emitió la orden al considerar que la política utilizada por el Gobierno federal para justificar los arrestos en tribunales se basaba en una interpretación errónea de directrices internas del Departamento de Seguridad Nacional.

    El fallo supone un giro respecto a resoluciones anteriores del propio juez, que había permitido la continuidad de estas detenciones hasta que el Gobierno reconoció en marzo haber cometido un error al aplicar una guía administrativa de forma incorrecta.

    Muchos inmigrantes han sido detenidos y ha habido denuncias de grupos proinmigrantes, así como de congresistas que han acudido como observadores al 26 de Federal Plaza, donde ubica el tribunal y otras agencias federales.

    No nos sorprende que el ICE haya mantenido su presencia en el 26 Federal Plaza a pesar del fallo del juez Castel de ayer”, dijo Benjamin Remy, abogado del New York Assistant Group que asumió la defensa del inmigrante, al que sólo han identificado como Alexander, junto al New York Habeas Project, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York.

    “Después de casi un año de innumerables personas sufriendo a manos de la cruel y violenta política de detención y deportación masiva del ICE, este ha demostrado que no piensa detenerse”, dijo al diario The City el abogado, que ha estado meses observando los arrestos en el tribunal de inmigración en esta ciudad.

    Otro observador es el conocido sacerdote y activista Fabián Arias, quien fue testigo del arresto del hondureño, de 21 años y sin antecedentes penales, según medios locales.

    Les dijimos a las personas que no se preocuparan, que no podían detener a más gente. No puedo creerlo, fue cuestión de segundos. Me sorprendió muchísimo”, indicó al diario el sacerdote sobre el arresto del inmigrante por agentes de ICE enmascarados..

    De acuerdo con el medio digital, pese a la orden de Castel, la agencia puede realizar arrestos por motivos de inmigración bajo ciertas circunstancias, incluidas las amenazas a la seguridad nacional o una preocupación extrema por la seguridad pública, según las excepciones establecidas en un memorando interno de 2021.

    Pero de momento se desconoce si el arresto del hondureño responde a alguna de esas excepciones y ICE no respondió a la solicitud de comentarios de The City.

    Por su parte, el congresista demócrata por Manhattan, distrito donde ubica el 26 de Federal Plaza, Dan Goldman, indicó que están recabando toda la información posible sobre el arresto, “pero sin duda parece que el ICE ha desobedecido flagrantemente” la orden judicial

    El presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, Murad Awawdeh, recordó que ninguna agencia está por encima de la ley “y ICE no es la excepción“.

    “Desafiar una orden judicial federal socava el estado de derecho y erosiona la confianza pública en nuestras instituciones” dijo, y agregó que el fallo del lunes fue un paso “fundamental” para restablecer la rendición de cuentas y proteger el acceso a la justicia para los inmigrantes neoyorquinos.

    Sigue leyendo:

  • Informe denuncia abusos y violaciones de derechos civiles en Minnesota durante operativo de ICE

    Informe denuncia abusos y violaciones de derechos civiles en Minnesota durante operativo de ICE

    Un informe elaborado por organizaciones civiles y comunitarias acusó al gobierno del presidente Donald Trump de permitir graves violaciones de derechos civiles durante el operativo migratorio “Metro Surge”, desplegado en Minnesota a principios de este año y considerado uno de los mayores operativos de control migratorio realizados recientemente en el país.

    El documento al que tuvo acceso EFE y que fue difundido tras una serie de audiencias públicas organizadas por defensores de inmigrantes y activistas comunitarios, sostiene que agentes federales realizaron arrestos violentos en viviendas, lugares de trabajo y espacios públicos sin presentar órdenes judiciales, además de recurrir a tácticas intimidatorias que generaron miedo entre comunidades enteras.

    De acuerdo con el reporte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) envió en diciembre pasado a cientos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, a distintas ciudades de Minnesota. Posteriormente, el despliegue aumentó hasta alcanzar cerca de 4,000 agentes federales, luego de protestas y disturbios relacionados con la operación.

    Las redadas dejaron aproximadamente 4,000 arrestos antes de que la administración federal redujera el operativo en marzo pasado. Ese mismo mes, Trump anunció cambios dentro del Departamento de Seguridad Nacional y removió del cargo a Kristi Noem.

    Denuncian perfil racial y arrestos sin debido proceso

    El informe asegura que durante las redadas existió un patrón de perfil racial, ya que muchas detenciones habrían ocurrido basándose en la apariencia física, el idioma o el acento de las personas.

    Según los testimonios recopilados, varios inmigrantes con solicitudes de asilo pendientes o con documentación legal válida fueron arrestados de todos modos, lo que organizaciones civiles consideran una violación al debido proceso.

    El reporte también documenta denuncias de personas detenidas cuyos familiares y abogados tuvieron dificultades para localizarlas debido a supuestos errores deliberados en registros oficiales y modificaciones en sistemas de identificación.

    “Muchos detenidos desaparecieron temporalmente dentro del sistema”, señalaron activistas que participaron en las audiencias realizadas el pasado 10 de marzo.

    Uno de los puntos más delicados del informe involucra el uso de fuerza frente a menores de edad. En uno de los casos mencionados, agentes federales sacaron violentamente a un padre desde su vehículo mientras sus hijos observaban la escena en condiciones de frío extremo.

    Asimismo, testigos denunciaron el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y granadas disuasorias durante operativos efectuados en barrios del norte de Minneapolis.

    Impacto económico y reclamos por impunidad

    El documento también hace referencia a las muertes de los ciudadanos Alex Pretti y Renee Good, quienes fallecieron tras recibir disparos durante incidentes vinculados al operativo. Organizaciones civiles cuestionaron la falta de investigaciones independientes sobre ambos casos.

    Ben Berkman, abogado que representa a la familia de Good, afirmó que existen pocos mecanismos legales para responsabilizar a agentes federales cuando se producen presuntas violaciones constitucionales.

    El informe indica además que actualmente existen más de 1,100 demandas presentadas en tribunales federales de Minnesota relacionadas con detenciones supuestamente ilegales. Según el reporte, el 76% de los detenidos no tenía antecedentes criminales.

    Los afectados provenían principalmente de países latinoamericanos, aunque también hubo inmigrantes originarios de Laos y Somalia.

    La operación también provocó consecuencias económicas significativas. Una encuesta elaborada por la Cámara de Comercio Latina de Minnesota reveló que el 86% de los negocios latinos sufrió afectaciones durante el despliegue federal. Casi la mitad de los comercios cerró temporalmente y muchos reportaron pérdidas superiores al 50% debido al temor de empleados y clientes de salir a las calles.

    Luis Miranda, miembro del comité organizador, aseguró que las redadas dejaron una profunda sensación de miedo en las comunidades inmigrantes. “El objetivo era intimidar y aterrorizar a las familias”, declaró Miranda al describir los testimonios presentados durante las audiencias.

    El comité organizador anunció que continuará realizando eventos similares en otras ciudades, incluyendo Chicago y California, mientras organizaciones defensoras de inmigrantes exigen mayor supervisión federal y reformas profundas en las operaciones de ICE.

    Sigue leyendo:

  • ICE planeaba usar a detenidos como mano de obra en centros migratorios temporales

    ICE planeaba usar a detenidos como mano de obra en centros migratorios temporales

    Nuevos documentos contractuales revelaron que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contemplaba utilizar a inmigrantes detenidos en programas de trabajo dentro de centros de procesamiento instalados en enormes almacenes de Maryland y Arizona, aun antes de concretar la compra de las propiedades.

    La información, basada en registros de adquisiciones federales y retomada por investigaciones citadas por Project Salt Box, expone cómo las autoridades migratorias estructuraron contratos de operación a largo plazo para instalaciones que públicamente habían sido presentadas como espacios de estancia breve y traslado temporal.

    Los contratos fueron emitidos el 22 de diciembre de 2025 bajo el mecanismo WEXMAC TITUS de la Marina estadounidense y entraron en vigor en marzo de 2026. Entre sus disposiciones aparece un “Programa de Trabajo Voluntario para Extranjeros”, diseñado para que personas detenidas realizaran tareas dentro de las instalaciones a cambio de pagos mínimos.

    El plan incluía dos complejos: uno cerca de Williamsport, Maryland, adquirido por más de $102 millones , y otro en Surprise, Arizona, comprado por aproximadamente $70 millones.

    El programa laboral dentro de los centros

    Aunque ICE ha sostenido públicamente que estos espacios serían usados principalmente para procesar y transferir inmigrantes durante periodos de tres a siete días, los contratos describen algo mucho más amplio: operaciones permanentes de detención, transporte, vigilancia y programas laborales funcionando durante años.

    El llamado Programa de Trabajo Voluntario no es nuevo dentro del sistema migratorio estadounidense. Actualmente, inmigrantes detenidos pueden trabajar en lavandería, limpieza, cocina o mantenimiento por pagos que, según las normas de ICE, pueden ser de apenas un dólar diario.

    Sin embargo, expertos y defensores migratorios cuestionan que este modelo aparezca dentro de instalaciones que supuestamente serían solo centros temporales de admisión y traslado.

    Los documentos también muestran que varias secciones clave del contrato fueron censuradas, incluyendo el monto exacto que recibirían las empresas contratistas por cada detenido incorporado al programa laboral.

    En Maryland, el contrato fue adjudicado a KVG LLC. En Arizona, la operación quedó en manos de GardaWorld Federal Services LLC. Ambos documentos contienen lenguaje idéntico, lo que sugiere un modelo estandarizado impulsado directamente por ICE.

    Demandas y críticas por expansión migratoria

    La revelación ocurre mientras ICE enfrenta demandas federales por la conversión de almacenes industriales en centros migratorios masivos. En Williamsport, un juez federal frenó temporalmente las obras hasta que concluya una evaluación ambiental completa. En Arizona, otro litigio sigue activo mientras GardaWorld ya comenzó el reclutamiento de personal de seguridad para el sitio de Surprise.

    Uno de los puntos que más llamó la atención dentro de los contratos es la proyección de operaciones a largo plazo. Aunque ICE defendió ante tribunales que las instalaciones tendrían capacidad limitada, los documentos contemplan meses completos de funcionamiento continuo y opciones de renovación por varios años adicionales.

    Los registros también incluyen referencias a “megacentros” de detención, capaces de movilizar a miles de personas entre instalaciones regionales.

    Organizaciones civiles han advertido durante años sobre las condiciones dentro de centros migratorios privados y sobre el uso de mano de obra de detenidos con salarios simbólicos. Para activistas, los nuevos documentos muestran que la expansión de ICE va mucho más allá de espacios temporales de procesamiento.

    Además, ambos contratos prohíben a las empresas operadoras hacer declaraciones públicas sobre las instalaciones sin autorización previa de ICE, un detalle que también ha generado cuestionamientos sobre transparencia.

    Mientras las disputas legales avanzan, el gobierno federal mantiene sus planes de ampliar la red de detención migratoria en distintas regiones del país.

    Sigue leyendo:

  • ICE deportó a madre hondureña y luego la culpó por la muerte de su hijo

    ICE deportó a madre hondureña y luego la culpó por la muerte de su hijo

    El caso de Wendy Hernández Reyes ha provocado indignación entre activistas migratorios y organizaciones comunitarias en Estados Unidos. La mujer inmigrante hondureña fue deportada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en enero y, meses después, la agencia la responsabilizó públicamente de haber dejado a su hijo de dos años al cuidado de quien hoy enfrenta cargos por asesinato.

    The Washington Post informó cómo Orlín Josué Hernández Reyes murió en marzo en el condado de Escambia, Florida, mientras permanecía bajo el cuidado de su tío, Samuel Maldonado Erazo; un bebedor empedernido que golpeaba a sus propios hijos con cables y alambres, según declaró posteriormente su hija.

    De acuerdo con autoridades locales, el pequeño presentaba múltiples lesiones graves, entre ellas costillas rotas, quemaduras y señales de posible abuso sexual. Maldonado Erazo fue acusado formalmente de asesinato y se declaró inocente.

    Tras el crimen, ICE emitió un comunicado asegurando que la madre “abandonó” a su hijo y que “eligió dejarlo con un hombre violento”. Hernández Reyes rechazó las acusaciones y afirmó que durante su detención pidió en repetidas ocasiones ayuda para reunirse con el menor.

    “¿Cómo iba a abandonar a mi hijo, si era el amor de mi vida?”, declaró al medio citado. “Lo hacía todo por mi hijo. No soy una mala madre por haberlo dejado con un asesino”.

    Una deportación y una separación familiar

    Hernández Reyes había llegado a Estados Unidos en 2022 como solicitante de asilo. Fue detenida en Alabama a inicios de año tras una revisión de tránsito y posteriormente entregada al ICE bajo el programa de cooperación migratoria.

    Según su testimonio, mientras permanecía detenida en Luisiana, insistió en que no quería ser separada de su hijo antes de ser deportada a Honduras.

    “Les pedí que me ayudaran con mi hijo. Lo necesitaba”, relató.

    El caso también reavivó el debate sobre las consecuencias de las deportaciones y la separación familiar. Grace Resendez McCaffery, activista y fundadora del sitio Latino Media Gulf Coast, aseguró que la tragedia refleja el impacto humano de las políticas migratorias.

    “Esta es la realidad de lo que significa para un niño perder a sus padres”, dijo.

    Actualmente, activistas recaudan fondos para trasladar los restos del menor a Honduras.

    Sigue leyendo:

  • Juez frena redadas de ICE en cortes migratorias de Nueva York tras fallo federal

    Juez frena redadas de ICE en cortes migratorias de Nueva York tras fallo federal

    Un juez federal en Nueva York prohibió este lunes en gran medida que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realicen detenciones dentro o en las inmediaciones de tribunales de inmigración en la ciudad, en una decisión que revierte fallos previos y cuestiona la base legal de la práctica.

    El juez Kevin Castel emitió la orden este lunes en el distrito sur de Nueva York, al considerar que la política utilizada por el Gobierno federal para justificar los arrestos en tribunales se basaba en una interpretación errónea de directrices internas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

    La resolución, consultada por EFE, supone un giro respecto a resoluciones anteriores del propio juez, que había permitido la continuidad de estas detenciones hasta que el Gobierno reconoció en marzo haber cometido un error al aplicar una guía administrativa de forma incorrecta.

    La práctica había sido un componente central y controversial de la estrategia migratoria de la Administración Trump en la ciudad, con arrestos de inmigrantes que acudían a audiencias rutinarias, lo que generó denuncias de organizaciones civiles por el impacto disuasorio sobre la asistencia a los tribunales.

    Los demandantes argumentaron que estas detenciones provocaban miedo entre los inmigrantes y podían afectar el acceso al debido proceso, mientras que el DHS defendió la medida como una herramienta necesaria para ejecutar órdenes de deportación. 

    Sigue leyendo:

  • Más de 145,000 niños han sido separados de sus padres por redadas migratorias de ICE, revela informe

    De acuerdo con un nuevo informe publicado por la Brookings Institution, más de 145,000 niños ciudadanos estadounidenses han sufrido la detención de al menos uno de sus padres desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. El estudio estima que 146,635 menores han sido impactados directamente por las políticas migratorias aplicadas durante el segundo mandato de Trump, mientras que más de 22,000 niños habrían enfrentado la detención de ambos padres con quienes vivían.

    La investigación advierte que el gobierno federal no cuenta con un sistema claro para rastrear qué ocurre con los menores después de que sus padres son arrestados por agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement, conocido como ICE.

    Según el análisis, más de un tercio de los niños afectados son menores de seis años. Otro 36% tiene entre seis y 12 años, mientras que el resto corresponde a adolescentes de entre 13 y 17 años.

    La mayoría de las familias afectadas son de origen mexicano. El informe señala que el 53.7% de los menores separados tiene al menos un padre procedente de México. Guatemala y Honduras aparecen después, con 15% y 10.7%, respectivamente.

    Crece preocupación por destino de miles de menores

    La investigación surge en medio de un endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump, que ha convertido las detenciones y deportaciones masivas en uno de los ejes centrales de su agenda federal.

    Brookings calcula que cerca de 400,000 inmigrantes han sido ingresados en centros de detención de ICE desde enero de 2025, mientras que unas 60,000 personas permanecen actualmente bajo custodia migratoria.

    Sin embargo, expertos y organizaciones comunitarias sostienen que las cifras oficiales no reflejan la verdadera dimensión del impacto en los menores.

    “El gobierno desconoce la existencia de muchos niños que quedan atrás”, advierte el informe, que también señala que numerosas familias evitan acercarse al sistema de protección infantil por temor a consecuencias migratorias adicionales.

    De acuerdo con Brookings, solo alrededor del 5% de los niños afectados —aproximadamente 1,100 menores— habría recibido apoyo del sistema de bienestar infantil. La mayoría estaría viviendo temporalmente con familiares, amigos cercanos o, en algunos casos, habría salido del país junto a sus padres deportados.

    La administración Trump rechazó las acusaciones de separación familiar forzada. En declaraciones citadas por medios estadounidenses, ICE aseguró que “no separa familias” y afirmó que los padres detenidos pueden decidir si desean permanecer junto a sus hijos o designar a un cuidador.

    La agencia también promovió programas de “autodeportación voluntaria”, que incluyen ayuda económica y vuelos gratuitos para inmigrantes indocumentados que acepten abandonar el país.

    Más de 145,000 niños han sido separados de sus padres por redadas migratorias de ICE, revela informe
    Inmigrantes que buscan asilo caminan por el Centro Residencial Familiar del ICE del Sur de Texas en Dilley, Texas, el 23 de agosto de 2019.
    Crédito: Eric Gay/ Archivo | AP

    Activistas exigen mayor protección para niños ciudadanos

    El informe advierte que millones de menores estadounidenses continúan en riesgo de enfrentar situaciones similares. Brookings estima que existen más de 4.6 millones de niños ciudadanos estadounidenses que viven con al menos un padre indocumentado o con estatus migratorio irregular.

    De ellos, cerca de 2.5 millones podrían enfrentar el escenario más extremo: la detención de ambos padres.

    El estudio también identifica a Washington D.C. y Texas como las zonas con mayor proporción de niños afectados por arrestos migratorios, con más de cinco menores por cada mil enfrentando la detención de uno de sus progenitores.

    Organizaciones civiles y defensores de inmigrantes han pedido al Department of Homeland Security recopilar y publicar datos más precisos sobre los hijos de inmigrantes detenidos o deportados.

    Para los autores del análisis, la falta de información impide dimensionar el impacto humano de las políticas migratorias actuales y deja a miles de menores ciudadanos estadounidenses en una situación de vulnerabilidad e incertidumbre.

    “El bienestar de estos niños no puede considerarse opcional”, concluye el informe.

    Sigue leyendo:

  • Fiscal de Minnesota impone cargos contra agente de ICE que disparó a venezolano

    Fiscal de Minnesota impone cargos contra agente de ICE que disparó a venezolano

    Una fiscal de Minnesota implementó cargos penales contra el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Christian Castro, quien durante un operativo disparó en contra del venezolano Julio César Sosa-Celis.

    “El señor Castro es un agente de ICE, pero su placa federal no lo hace inmune a cargos estatales por su conducta criminal en Minnesota”, señaló la fiscal del condado Hennepin, Mary Moriarty.

    En conferencia de prensa, Mary Moriarty, señaló que el venezolano Sosa-Celis nunca representó una amenaza durante las redadas realizadas en Minneapolis el pasado 14 de enero, por lo que el agente agresor sí está sujeto a cargos.

    Fiscal de Minnesota impone cargos contra agente de ICE que disparó a venezolano
    Redadas de ICE en Minneapolis.
    Crédito: John Locher | AP

    No existe tal cosa como inmunidad absoluta para los agentes federales que cometen delitos en este estado o en cualquier otro… No hay un precedente moderno para lo que les ocurrió aquí a los habitantes de Minnesota”, afirmó la fiscal.

    El agente Christian Castro enfrenta cuatro cargos de agresión en segundo grado y uno por denunciar falsamente un delito. Durante la redada que se suscitó en el primer mes del año, Sosa-Celis recibió un disparo en el muslo.

    Las autoridades acusaron inicialmente a Sosa-Celis de golpear a un agente con el palo de una escoba y una pala para nieve durante el incidente, pero un juez federal desestimó posteriormente los cargos.

    “Así que requiere mucho de nosotros profundizar y buscar maneras de hacer rendir cuentas a la gente que probablemente nunca pensamos que estaríamos considerando en nuestras carreras”, manifestó Mary Moriarty.

    Desde el incidente, líderes de Minnesota y el gobierno de Trump se han enfrascado en una disputa sobre quién tiene la autoridad para investigar y procesar a agentes por su conducta durante las redadas.

    La llamada “Operación Metro Surge” causó multitudinarias protestas en Minnesota y, además de residentes heridos, los ciudadanos Renee Good y Alex Prett murieron tras disparos de los agentes de ICE. AP y EFE.

    Sigue leyendo:
    • “Se avecinan deportaciones masivas de inmigrantes”, anticipa Tom Homan, zar fronterizo
    • Muertes y hacinamiento golpean centros de ICE en California durante la era Trump
    • DHS cierra oficina que supervisaba abusos y derechos de migrantes detenidos

  • Fiscal de Minnesota acusa a agente de ICE por disparar a venezolano durante redadas migratorias

    Fiscal de Minnesota acusa a agente de ICE por disparar a venezolano durante redadas migratorias

    La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, anunció este lunes cargos criminales contra un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por el tiroteo que dejó herido a un ciudadano venezolano durante redadas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump en Minnesota.

    El agente Christian Castro enfrenta cuatro cargos de agresión en segundo grado y uno adicional por denuncia falsa relacionados con el incidente ocurrido el 14 de enero contra Julio César Sosa-Celis, de acuerdo con AP.

    La fiscalía también emitió una orden de arresto contra el funcionario federal.

    “El señor Castro es un agente de ICE, pero su placa federal no lo hace inmune a cargos estatales por su conducta criminal en Minnesota”, afirmó Moriarty durante una conferencia de prensa. “No existe tal cosa como inmunidad absoluta para los agentes federales que cometen delitos en este estado o en cualquier otro”.

    Venezolano herido estaba legalmente en Estados Unidos

    Según las autoridades locales, el tiroteo ocurrió cuando Castro y otro agente federal perseguían a otro hombre hasta un dúplex donde vivían Sosa-Celis y el individuo buscado.

    Durante el operativo, Sosa-Celis recibió un disparo en el muslo.

    Moriarty aseguró que tanto el venezolano como el otro hombre se encontraban legalmente en Estados Unidos y sostuvo que la víctima “nunca representó una amenaza”.

    Inicialmente, las autoridades federales acusaron a Sosa-Celis y a Alfredo Alejandro Aljorna de atacar a un agente con el mango de una escoba y una pala para nieve.

    Sin embargo, posteriormente un juez federal desestimó los cargos y se abrió una investigación para determinar si agentes migratorios mintieron bajo juramento sobre lo ocurrido.

    Video y tensiones por redadas migratorias

    El mes pasado, la ciudad de Minneapolis divulgó imágenes de seguridad del incidente captadas por cámaras municipales.

    El caso ocurre en medio de crecientes tensiones por la llamada “Operación Metro Surge”, descrita por el Departamento de Seguridad Nacional como la mayor ofensiva migratoria realizada hasta ahora por ICE.

    Miles de agentes federales fueron desplegados en las áreas de Minneapolis y St. Paul como parte de la campaña nacional de deportaciones promovida por Trump.

    La operación provocó protestas y cuestionamientos públicos tras las muertes de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en incidentes separados relacionados con agentes federales.

    El procesamiento del agente Castro profundiza además el conflicto entre las autoridades de Minnesota y la administración Trump sobre quién tiene autoridad para investigar y presentar cargos contra agentes federales durante el ejercicio de sus funciones.

    Funcionarios vinculados al gobierno federal han sugerido que el estado no tiene jurisdicción en estos casos.

    Las autoridades estatales, por el contrario, sostienen que no confían en que el gobierno federal investigue adecuadamente a sus propios agentes.

    “No hay un precedente moderno para lo que les ocurrió aquí a los habitantes de Minnesota”, dijo Moriarty. “Esto requiere que busquemos formas de garantizar la rendición de cuentas”.

    Continúan las investigaciones sobre otros casos

    El condado de Hennepin mantiene abiertas investigaciones sobre múltiples incidentes relacionados con las redadas migratorias, incluidos los casos de Good y Pretti.

    En marzo, el condado demandó a la administración federal para obtener acceso a pruebas vinculadas con esos expedientes y con el caso de Sosa-Celis.

    Hasta ahora, Moriarty no ha presentado cargos relacionados con las muertes de Good y Pretti, aunque aseguró que las investigaciones buscan aportar transparencia, independientemente de si derivan en procesos penales.

    Sigue leyendo:

  • Demandan al DHS por su plan de abrir un centro de detención para 10,000 inmigrantes en Atlanta

    Demandan al DHS por su plan de abrir un centro de detención para 10,000 inmigrantes en Atlanta

    La pequeña ciudad de Social Circle, ubicada en el condado de Walton, Georgia, presentó una demanda en contra del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por sus planes de abrir un centro de detención para 10,000 inmigrantes.

    El argumento de la querella es que las nuevas instalaciones sobrecargarán la infraestructura de una población hasta el momento cercana a 6,000 habitantes dejándola sin agua potable y con un excedente de derrames de desechos.

    Además, se expone que el procedimiento de ICE violada leyes estatales y federales, pues de entrada ya fueron destinados $128 millones de dólares provenientes de los contribuyentes a la compra de un enorme almacén local con el objetivo de convertirlo en un megacentro donde permanecerá una cantidad de extranjeros carentes de estatus legal que casi duplica a la población local.

    Los demandantes sostienen que debe investigarse la razón detrás de haber pagado por el inmueble más de cinco veces el valor previamente tasado.

    Trascendió que la adquisición de este almacén forma parte de un ambicioso plan de ICE orientado a contar con ocho centros de detención a gran escala, 16 nuevas instalaciones de procesamiento y adquirir 10 instalaciones con capacidad para albergar a 9,600 inmigrantes.

    El proyecto del Departamento de Seguridad Nacional consiste en contar este año con ocho centros de detención a gran escala. (Crédito: Carolyn Kaster / AP)

    Aunque todavía no se ha iniciado la remodelación del almacén adquirido en Social Circle, los planes de ICE es que, a partir del próximo mes, pueda comenzar a recibir a inmigrantes cuyo promedio de detención rondará en 60 días.

    Hasta el momento, el centro de detención del ICE con mayores dimensiones a nivel nacional es conocido como Campamento East Montana. Dichas instalaciones se ubican en El Paso, Texas, y pueden albergar a más de 2,500 personas.

    Es de llamar la atención que esta semana se dio a conocer el cierre del centro de detención de inmigrantes Alligator Alcatraz montado en el corazón del humedal los Everglades, una reserva ecológica en el sur de Florida.

    Luego de 10 meses de operaciones, en el sitio natural rodeado de pantanos, caimanes y otros reptiles se gastaron $608 millones de dólares para mantenerlo abierto y dicha suma de dinero fue considerada por el gobierno como sumamente alta para seguir adelante con el proyecto.

    Sigue leyendo:

    Ron DeSantis acepta que el centro de detención de inmigrantes Alligator Alcatraz será desmontado

    “Se avecinan deportaciones masivas de inmigrantes”, anticipa Tom Homan, zar fronterizo

    Muertes y hacinamiento golpean centros de ICE en California durante la era Trump

    DHS cierra oficina que supervisaba abusos y derechos de migrantes detenidos

  • Muertes y hacinamiento golpean centros de ICE en California durante la era Trump

    Muertes y hacinamiento golpean centros de ICE en California durante la era Trump

    Seis personas murieron en centros de detención migratoria de California en el último año, en medio del aumento de arrestos y deportaciones impulsado por la administración de Donald Trump. Así lo revela una investigación estatal difundida por CalMatters, que documenta hacinamiento, deficiencias médicas y denuncias de abusos dentro de instalaciones operadas para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

    El reporte, de 175 páginas, ofrece una de las radiografías más amplias realizadas hasta ahora sobre las condiciones en los centros de detención migratoria de California. Las inspecciones fueron realizadas por el Departamento de Justicia (DOJ) estatal entre julio y noviembre de 2025 e incluyeron entrevistas con 194 personas provenientes de más de 120 países.

    Cuatro de las muertes ocurrieron en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto, en el condado de San Bernardino, mientras que las otras dos se registraron en el Centro de Detención Regional Imperial, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos.

    Centros saturados y falta de atención médica

    El informe señala que el crecimiento acelerado de detenciones migratorias provocó un colapso en la capacidad de atención dentro de los centros.

    De acuerdo con los investigadores estatales, la población detenida aumentó más de 150% desde el inicio del segundo mandato de Trump, mientras que muchas instalaciones no incrementaron su personal médico.

    Uno de los casos más graves fue documentado en California City, donde había un solo médico para casi mil detenidos.

    Algunos inmigrantes denunciaron que sobrevivían con comida insuficiente, baños sucios y temperaturas extremadamente bajas. Otros describieron retrasos prolongados para recibir atención médica o psicológica.

    “Esto es cruel, inhumano e inaceptable”, declaró el fiscal general de California, Rob Bonta.

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó las acusaciones y aseguró que los centros son supervisados regularmente para garantizar el cumplimiento de estándares federales.

    Denuncias de abusos y presión política

    La investigación también documenta denuncias de acoso, registros corporales humillantes y uso de gas pimienta dentro de algunos centros.

    En Otay Mesa, San Diego, mujeres detenidas aseguraron sentirse “violadas” tras ser sometidas a revisiones corporales frente a agentes masculinos. El informe afirma que varias personas dejaron de recibir visitas familiares para evitar esos procedimientos.

    El caso de “Loba”, una mujer transgénero originaria de El Salvador, también aparece en el reporte. La inmigrante aseguró haber sufrido hostigamiento y acoso mientras permanecía en dormitorios masculinos dentro del centro de California City.

    Según CalMatters, California tiene actualmente la tercera mayor población detenida por ICE en el país, solo detrás de Texas y Luisiana.

    La presión política también aumentó. Legisladores demócratas impulsan nuevas leyes para endurecer la supervisión de los centros privados de detención y limitar su operación dentro del estado.

    Sigue leyendo: