A pocas horas de que expire la protección migratoria para miles de salvadoreños en Estados Unidos, el zar fronterizo Tom Homan defendió este martes la decisión de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de El Salvador y argumentó que las condiciones de seguridad en ese país han cambiado. “El TPS, estatus de protección temporal, significa que es algo temporal. Y seamos realistas: El Salvador es un país mucho más seguro que nunca, ahora con ese presidente que tienen allá”, declaró Homan ante periodistas en las afueras de la Casa Blanca, en referencia al presidente salvadoreño Nayib Bukele.
La designación de TPS para El Salvador está programada para concluir este miércoles 9 de septiembre. De acuerdo con la información proporcionada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), tanto el estatus como los beneficios asociados tienen previsto finalizar en esa fecha.
El programa ha permitido durante años que miles de salvadoreños permanezcan legalmente en Estados Unidos y obtengan autorización para trabajar mientras mantienen la protección migratoria. Actualmente, se estima que alrededor de 170,000 ciudadanos salvadoreños se benefician del TPS.
Ep 302- El TPS para cerca de 170,000 salvadoreños vence este 9 de septiembre, tras décadas de protección migratoria. El abogado Ángel Leal explica qué significa este cambio.08/09/26 pic.twitter.com/JEXvrYUpk1
Homan también criticó que el programa haya sido extendido repetidamente durante décadas, pese a que su naturaleza es temporal y a que las condiciones de los países beneficiarios pueden cambiar. “Llevo más de 40 años en esto y el TPS nunca ha dejado de renovarse, una y otra vez, a pesar de que se supone que es un estatus de protección temporal y de que las condiciones en el país (de origen) cambian”, afirmó. El funcionario agregó: “Me alegra que por fin se estén ciñendo a lo que dicta la ley: lo temporal es temporal”.
La eventual terminación del TPS dejaría a los beneficiarios sin la protección contra la deportación y sin la autorización de empleo que obtienen exclusivamente mediante ese programa, salvo que cuenten con otra base legal para permanecer o trabajar en Estados Unidos. Sin embargo, Homan evitó confirmar si la protección terminará definitivamente este miércoles o si el gobierno pudiera anunciar una extensión de última hora.
“Si expira, la decisión queda en manos del secretario (de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin). Y si han decidido prorrogarlo, no estoy al tanto de ello”, señaló. La posible expiración coloca a miles de familias salvadoreñas ante un escenario de incertidumbre migratoria, mientras la administración Trump mantiene su política de reducir los programas de protección temporal y reforzar las medidas de control migratorio en Estados Unidos.
Con el objetivo de seguir adelante con la misión encomendada por el presidente Donald Trump de llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes de toda la historia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) abrirá en Colorado un centro de detención para extranjeros carentes de estatus legal cuya capacidad permitirá privar temporalmente de la libertad a centenares de personasmientras se autoriza su deportación.
A través de un comunicado, GEO Group —empresa privada de prisiones— dio a conocer que una prisión privada, la cual actualmente se encuentra inactiva y cuya sede se encuentra en Hudson, Colorado, se convertirá en el segundo centro de detención más grande de ICE.
Situado a cerca de 30 millas al noreste de Denver y anteriormente conocido como Centro Correccional de Hudson, “Big Horn” es un inmueble con capacidad para albergar de manera temporal a 1,188 personas.
Una de las ventajas del lugar es que únicamente operó durante cinco años y después fue condenado al olvido, lo cual supondría costos mínimos para rediseñarlo o redistribuirlo.
El objetivo de la compañía consiste en recibir a personas detenidas por ICE antes de la conclusión del año en curso, pues desde hace casi tres meses cerró un acuerdo por cinco años con la agencia federal a través del cual anualmente ingresaría a sus finanzas cerca de $85 millones de dólares.
Para GEO Group este será su segundo proyecto de trabajo con la agencia federal en Colorado, pues el primero de ellos se ubica en la ciudad de Aurora, donde mantiene en resguardo a 1,532 extranjeros carentes de estatus legal.
Hasta el momento, el modelo de trabajo y organización presentado por GEO Group parece tener deslumbrados a los responsables del ICE al grado de sugerir que sirva de ejemplo para replicarlo en otros estados.
En contraparte, el demócrata Michael Bennet, senador por Colorado, anunció que tratará de impedir que se habilite el inmueble señalado, pues al estar retirado de las grandes ciudades eso implica el riesgo de no ser supervisado por personal ajeno al gobierno con el objetivo de descartar cualquier tipo de atropello en contra de los derechos de los inmigrantes.
Seguiré presionando para que se implementen las salvaguardias necesarias, las reformas cruciales y trabajaré para impedir la apertura de estas instalaciones”, puntualizó.
El temor generado por el endurecimiento de las redadas migratorias de la administración de Donald Trump no solo redujo la movilidad de las comunidades latinas de Chicago y sus suburbios: también golpeó el consumo, como señaló un nuevo estudio de la Universidad de Illinois Chicago (UIC).
De acuerdo al análisis, se calcula que el condado de Cook dejó de registrar alrededor de $1,260 millones de dólares en actividad de tiendas y restaurantes durante el periodo de mayor presión de las autoridades federales.
El informe, titulado Hunkering Down: The Hidden Economic Cost of Federal Immigration Enforcement in Cook County, IL, (El costo económico oculto de la aplicación de las leyes federales de inmigración en el condado de Cook), fue presentado este martes por el Great Cities Institute de UIC, cuando se cumple un año del inicio de la “Operación Midway Blitz”, la ofensiva migratoria que el Gobierno de Trump lanzó el 8 de septiembre de 2025 en Chicago y otras localidades de Illinois.
Los investigadores encontraron que el impacto fue más allá de los barrios tradicionalmente mexicanos, como Pilsen y La Villita. La reducción de los desplazamientos desde comunidades con una alta concentración de residentes nacidos en América Latina terminó afectando negocios de diferentes zonas del condado.
“UIC estimates that Cook County retail and restaurant businesses have lost roughly $1.26 billion in commercial activity and about $107 million in tax revenue since ICE enforcement increased last year.”https://t.co/JN3Q1Joxoh
“Los latinos son trabajadores, consumidores, propietarios de viviendas, propietarios de negocios y contribuyentes”, explicó José Miguel Acosta Córdova, investigador asociado del Instituto de Investigación sobre Raza y Políticas Públicas de UIC y uno de los autores del estudio.
“Nuestro trabajo y nuestra actividad económica son parte de lo que hace que la economía regional de Chicago funcione. Entonces, cuando esos patrones normales de movimiento y actividad económica se ven alterados, los efectos no permanecen confinados a un vecindario o una población”, agregó.
Los datos muestran el alcance de ese cambio de comportamiento. Matthew Wilson, coautor del reporte, explicó que los viajes desde zonas con alta presencia de población nacida en América Latina hacia comercios de otras partes del condado disminuyeron alrededor de 9%, mientras que las visitas a restaurantes retrocedieron aproximadamente 10%. Los investigadores tampoco encontraron evidencia de que ese consumo simplemente se hubiera trasladado hacia otros establecimientos.
El golpe fue particularmente fuerte fuera de Chicago. Según el estudio, la caída del comercio minorista en los suburbios del condado de Cook fue aproximadamente el doble de la registrada dentro de la ciudad.
La investigación estima además que la reducción de la actividad comercial representó unos $107 millones de dólares en ingresos fiscales que dejaron de generarse, una consecuencia que amplía el impacto de las redadas desde las familias y pequeños negocios hasta las finanzas públicas locales.
Una de las conclusiones centrales del estudio es que la presencia de agentes federales modificó actividades tan habituales como comprar alimentos o medicamentos, cargar gasolina, acudir al banco o comer en un restaurante.
Además, la actuación de los agentes provocó protestas, demandas y enfrentamientos con residentes. Uno de los episodios más graves ocurrió el 12 de septiembre de 2025, cuando un agente de ICE mató a tiros al mexicano Silverio Villegas González, de 38 años, durante un intento de arresto en Franklin Park.
Pese a ello, los investigadores señalan que su análisis no pretende calcular todos los efectos económicos ni humanos de las redadas. Su conclusión es más concreta: cuando una parte importante de la población deja de salir, comprar y consumir por temor a los operativos migratorios, el impacto termina alcanzando a negocios y gobiernos locales más allá de las comunidades directamente sometidas a las redadas.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) amplió su relación con GardaWorld Federal Services con un contrato cuyo techo alcanza $382.3 millones para ofrecer transporte terrestre armado de personas bajo custodia en los 254 condados de Texas.
El acuerdo, adjudicado el 31 de agosto, contempla servicios durante las 24 horas, los 365 días del año, dentro del programa 287(g). De acuerdo con los registros federales consultados por Project Salt Box, la empresa deberá encargarse del despacho de unidades, documentación, preparación de la flota, reportes, control de calidad y un portal seguro para la operación.
El monto máximo del contrato no significa que todo ese dinero haya sido desembolsado. Hasta ahora, los registros muestran una obligación inicial de poco más de $100 millones. La diferencia dependerá de las opciones y necesidades que se ejerzan durante la vigencia del acuerdo.
Una expansión que ya suma cientos de millones
El contrato de transporte se suma a otros negocios de GardaWorld vinculados con la expansión de la capacidad de detención de inmigrantes. El medio señala que los compromisos de ICE con la compañía superan los $700 millones en los últimos seis meses.
Entre ellos está un acuerdo de $313.4 millones para convertir y operar un almacén en Surprise, Arizona, como instalación de procesamiento y detención. Ese proyecto enfrentó una orden de suspensión y una demanda de la fiscal general estatal, Kris Mayes.
En San Antonio, ICE también otorgó a GardaWorld un contrato de alrededor de $17.3 millones para transformar un almacén propiedad de la agencia en otra instalación de detención. El San Antonio Express-News reportó que el sitio podría atender entre 1,000 y 1,500 personas al día durante procedimientos migratorios.
La dimensión de estas operaciones ayuda a explicar por qué el nuevo contrato de transporte resulta relevante: los arrestos realizados bajo acuerdos 287(g) generan la necesidad de mover a las personas detenidas entre cárceles locales, centros de procesamiento y otras instalaciones.
Texas concentra la expansión del 287(g)
Texas se ha convertido en el principal escenario para el programa 287(g). Según datos recopilados por el investigador Andrew Thrasher y citados en el reporte de Project Salt Box, el estado concentra cientos de acuerdos con agencias policiales y de alguaciles.
El programa permite que determinadas autoridades locales colaboren con ICE en tareas relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias. Uno de sus modelos otorga facultades más amplias a los agentes locales, incluida la posibilidad de detener a personas por infracciones migratorias mientras realizan labores policiales.
La contratación también muestra cómo la política de control migratorio está creando un mercado federal cada vez mayor para empresas privadas de seguridad, transporte y servicios de detención.
El nuevo acuerdo, por su tamaño y alcance territorial, coloca a la empresa en una posición central dentro de la infraestructura que ICE está construyendo alrededor de la detención y traslado de inmigrantes en Texas.
Rafael Vela González, un salvadoreño de 66 años que lleva décadas viviendo en California, permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras su estado de salud se deteriora y su pareja, Vivian Lee Arguello, teme que no sobreviva al encierro.
De acuerdo con Los Angeles Times, Vela González fue detenido a principios de enero frente a su vivienda de Silver Lake. Un video revisado por el periódico muestra a dos agentes arrastrándolo por unas escaleras de cemento y, posteriormente, a otros elementos colocándole las esposas.
Su familia asegura que la situación ha cambiado drásticamente desde entonces. Tras casi ocho meses en el centro de detención de ICE en Adelanto, presenta una erupción en las piernas, llagas que sangran, hinchazón en los pies y dificultades para caminar. En junio sufrió un desmayo y permaneció hospitalizado del 17 al 22 de ese mes por bronquitis aguda y sepsis, según información proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“El mayor temor de gran parte de la familia es que simplemente desaparezca o que enferme allí y muera”, declaró Ashley Cabrera, una joven de 23 años cercana a Vela González, al medio citado.
Una detención que sorprendió a su familia
Vela González llegó a Estados Unidos a los 19 años, después de huir de la guerra civil de El Salvador. Su abogado, Barbara Darnell, explicó que el salvadoreño obtuvo una tarjeta de residencia temporal tras acogerse a la amnistía contemplada en la reforma migratoria de 1986.
Según la defensa, nunca recibió una notificación que le explicara que debía solicitar la residencia permanente cuando su documento temporal expiró en 1997. En 2023 perdió la tarjeta que conservaba y solicitó un reemplazo; esa petición fue rechazada en abril de 2025.
El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que Vela González fue detenido durante una operación selectiva y que permanecerá bajo custodia mientras continúa su proceso de deportación.
Su pareja espera volver a casarse con él
Lee Arguello, ciudadana estadounidense de 81 años, llevaba más de tres décadas junto a Vela González. Dependía de él para tareas domésticas, preparación de alimentos y seguimiento de sus medicamentos.
“Me dice que tiene muchas ganas de volver a casa, y me da mucha pena decepcionarlo y decirle que quizás no vuelva. Así que no le digo nada”, contó al periódico. “Es desgarrador”.
En julio, un juez negó la solicitud de libertad bajo fianza y consideró que existía riesgo de fuga. Su abogado apeló la decisión en agosto.
Mientras el proceso continúa, Lee Arguello tuvo que abandonar su casa de Silver Lake y mudarse con una sobrina. Incluso planea vender la vivienda. Aun así, mantiene una esperanza: divorciarse de su antiguo esposo y finalmente casarse con Vela González.
“Nos vamos a casar, aunque lo detengan”, afirmó. “Espero que no lo deporten, que regrese y que tengamos una buena vida juntos”.
La cineasta estadounidense Laura Poitras convirtió el Festival Internacional de Cine de Venecia en un escenario para denunciar las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump y el impacto que las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han tenido sobre las comunidades inmigrantes. Poitras, ganadora del Oscar por el documental “Citizenfour”, llegó a la Mostra junto con Rachel Lauren Mueller para presentar “They’re Here”, un documental de 25 minutos que reconstruye las protestas contra las operaciones migratorias realizadas en Minneapolis entre finales de 2025 y principios de 2026.
El mensaje político fue evidente desde su llegada. Parte del equipo utilizó camisetas con las frases “Fuck ICE” y “Fight fascism”, expresiones que se han convertido en consignas de protesta contra las políticas migratorias de la administración Trump. Durante la presentación, Poitras aseguró que la situación que enfrentan muchos inmigrantes en Estados Unidos está marcada por el temor a ser detenidos y deportados.
“La realidad es una pesadilla: todo el país está siendo atacado y los inmigrantes viven con miedo en Estados Unidos en estos momentos”, afirmó.
Laura Poitras Shares the Desperate Vision Behind Her ICE Documentary ‘They’re Here’: “What’s Happening in the United States Is a Nightmare” https://t.co/qaA7UuC8Ap
Un documental sobre protestas, miedo y resistencia
“They’re Here” utiliza imágenes registradas durante las manifestaciones en Minneapolis y sigue a voluntarios que vigilaban los movimientos de los agentes de ICE. El documental también presenta el testimonio, en español, de un inmigrante mexicano identificado bajo el seudónimo Edén Villa, quien relata cómo vive escondido ante el temor de ser detenido.
Las protestas se intensificaron durante el invierno y estuvieron marcadas por enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales. Renée Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses, murieron durante los operativos que se desarrollaron en la ciudad. De acuerdo con el material presentado por las cineastas, miles de personas fueron arrestadas durante las protestas. La presión de la comunidad terminó contribuyendo a una reducción de la presencia federal en Minneapolis, con el retiro de aproximadamente 80% de los agentes desplegados.
Mueller explicó que la película pretende mostrar tanto las operaciones migratorias como la respuesta de los residentes que decidieron documentar los movimientos de ICE para proteger a sus vecinos.
“Creemos firmemente en el poder del cine para desnormalizar esta violencia”, dijo Poitras. La directora sostuvo que no fue necesario exagerar la imagen de los agentes para presentar el carácter intimidatorio de las operaciones.
“They’re Here” también cuestiona el alcance de los recursos destinados a ICE y plantea una crítica a lo que Poitras considera una creciente normalización de la violencia. La cineasta, que en 2022 ganó el León de Oro de Venecia por “All the Beauty and the Bloodshed”, ha construido buena parte de su carrera alrededor de investigaciones y documentales sobre poder, seguridad nacional y abusos institucionales.
Ahora, desde uno de los festivales de cine más importantes del mundo, utiliza el documental para colocar nuevamente el debate migratorio estadounidense frente a una audiencia internacional.
Donald Trump prometió llevar a cabo la mayor deportación de la historia y en los últimos meses ha pisado el acelerador para lograrlo.
Solo durante el mes de agosto, ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) arrestó a 50.925 migrantes en todo el país.
Eso es casi el doble que los arrestos registrados en agosto del año pasado, y más de cinco veces la cifra de agosto de 2024, cuando Joe Biden era presidente.
La Casa Blanca ha dicho que su objetivo es llegar a 2.000 arrestos al día.
Que una persona sea arrestada no implica necesariamente que termine deportada, pero en las circunstancias actuales es el desenlace más común.
Según datos del Deportation Data Project, bajo el gobierno de Trump, el 57% de las personas arrestadas por ICE son deportadas en menos de 60 días y apenas el 7% son liberadas en ese mismo lapso.
El aumento de los arrestos coincide con el pronunciado aumento del presupuesto de ICE.
Gracias a la ley “grande y hermosa” impulsada por Trump a principios de su mandato, se le otorgaron a la agencia US$75.000 millones de financiación para gastar a lo largo de cuatro años, que se suman a su presupuesto anual (de unos US$10.000 millones).
El Deportation Data Project de la Universidad de California publicó recientemente los datos más detallados que se conocen de los arrestos de ICE hasta el 6 de agosto de 2026.
Estos son 5 gráficos basados en esos datos que muestran el incremento de los arrestos y quiénes son los arrestados.
Más migrantes arrestados, menos delincuentes
El número de arrestos de migrantes se ha mantenido al alza en lo que llevamos del segundo mandato de Trump.
Entre enero y febrero de este año se registró una caída significativa que coincide con la ola de repudio que provocó la muerte de dos estadounidenses a manos de agentes migratorios en Mineápolis.
Los datos muestran, sin embargo, que desde entonces las operaciones de ICE han continuado expandiéndose.
El pasado miércoles, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), informó a través de su cuenta de X que en agosto la agencia logró un nuevo récord.
“Si usted está en el país ilegalmente, VÁYASE AHORA”, agregaba la publicación del DHS.
Recientemente, ICE celebró el arresto de 121 personas en una sola redada en Memphis, Tennessee, y de más de 2.100 a lo largo de varios días en Nueva York, históricamente considerada una ciudad santuario.
Los funcionarios del gobierno de Trump dicen a menudo que están sacando de las calles de EE.UU. a los criminales más peligrosos; en sus palabras, a “lo peor de lo peor”.
En la campaña, Trump prometió que priorizaría detener a los migrantes irregulares condenados por delitos.
Los datos, sin embargo, dan cuenta de otra realidad creciente: la mayoría de los migrantes arrestados durante los últimos meses no habían sido condenados por ningún delito.
Desde septiembre de 2025, el número de arrestados sin cargos penales ha superado a los condenados por delitos y a los que tienen cargos penales pendientes.
De los arrestados en julio de 2026, por ejemplo, apenas el 25% habían sido condenados por un delito.
Según la ley estadounidense, ser migrante irregular no es un delito en sí mismo.
Durante los primeros días del gobierno de Trump, sin embargo, la entonces secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, afirmó que, a los ojos de la administración, todos los migrantes indocumentados eran criminales por definición.
Los datos reflejan que durante los últimos meses de 2022 y el primer semestre de 2023, cuando Biden era presidente, los arrestados sin cargos penales también superaron por mucho a los criminales.
Quiénes están siendo arrestados
La información publicada por el Deportation Data Project incluye también datos demográficos sobre los arrestados, como su nacionalidad, el estado donde fueron detenidos y su género.
Las 12 nacionalidades más predominantes entre los arrestados desde el inicio del gobierno de Trump corresponden a países de América Latina.
El ranking lo encabezan los mexicanos, que representan el 39% del total. Les siguen guatemaltecos (14%), hondureños (11%) y venezolanos (7%).
En cuanto a los estados donde ocurren más arrestos por parte de ICE, el listado lo lideran Texas y Florida.
Aunque en todos los estados han crecido los arrestos en los últimos meses, Florida ha registrado un incremento desproporcionado.
Pasó de 3.306 arrestos en mayo a 7.170 en junio, un aumento del 117%. En todo el país, los arrestos entre mayo y junio crecieron un 52%.
La gran mayoría de los migrantes arrestados por ICE son hombres.
De los 548.645 registros en la base de datos desde el 20 de enero de 2025, el 88% eran hombres y 12% eran mujeres.
El Deportation Data Project accedió a la información de ICE gracias a una solicitud amparada por la Ley de Libertad de la Información (FOIA, por sus siglas en inglés).
Cifras récord y nuevos perfiles
Análisis de Leire Ventas, corresponsal de BBC News Mundo en Los Ángeles
El aumento de los arrestos durante el verano boreal ha afectado a miles de personas que hasta ahora no habían sido objetivo de la campaña de deportaciones de la administración Trump.
Hablamos de personas que habían llegado a Estados Unidos con un estatus legal temporal como el TPS que el gobierno de Trump decidió cancelar. O de migrantes que ingresaron al país legalmente (con una visa de estudiante, por ejemplo) y tenían en trámite una solicitud de asilo. Otros llevaban décadas en EE.UU., casados con ciudadanos estadounidenses e hijos nacidos en el país.
La mayoría han sido acusados de infringir las leyes civiles de inmigración, pero no contaban con delitos previos.
Ahora, con las elecciones de medio mandato de noviembre a la vuelta de la esquina, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) parece cerca de alcanzar su meta de 2.000 arrestos al día.
“Quienes están en este país ilegalmente tienen dos opciones: pueden usar la aplicación CBP Home y recibir un vuelo gratis y un cheque de US$2.600, o pueden ser arrestados, detenidos y deportados”, dice inequívocamente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encabezado desde hace unos meses por Markwayne Mullin, quien prometió un ICE más discreto que el que se vio en Mineápolis a principios de año, pero más eficaz.
Anadolu vía Getty Images: Agentes de ICE arrestan a un hombre dentro de una corte de inmigración en Nueva York.
De seguir con el ritmo actual, y con más recursos a su disposición, ICE parece encaminada a asegurar que Trump cumpla su promesa de llevar a cabo la “mayor deportación de la historia del país”.
En 2009, al inicio del primer mandato del presidente Barack Obama, ICE estableció un récord que se mantuvo durante más de una década, deportando a 238.000 personas que habían sido arrestadas a lo largo y ancho del país.
La inmigración fue, junto con la economía, uno de los movilizadores del voto cuando Trump se impuso en las urnas en noviembre de 2024.
Ahora, con los arrestos registrados tanto en estados gobernados por demócratas como por republicanos y encuestas que muestran a parte de la ciudadanía tildando de “demasiado agresiva” la campaña antiinmigración, habrá que ver el efecto de ello en unas elecciones en las que está en juego el control del Congreso y que se leen como una evaluación del desempeño del gobierno de Trump.
Diseño de imagen: Daniel Arce-Lopez, del Equipo de periodismo visual de BBC News Mundo.
Dentro de un auto, un hombre abraza a su bebé mientras el pequeño llora. Por la ventanilla, se ve la mano de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE) que sujeta al hombre del cuello mientras éste convulsiona.
Con esta escena, Enrique Díaz Álvarez, comienza su libro “Lo intolerable: repulsión, vergüenza y responsabilidad colectiva ante la crueldad contemporánea” (Anagrama, 2026), en donde explora los mecanismos de represión que surgen de las expresiones más brutales del poder.
Díaz Álvarez nació en México en 1976, es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona y profesor de Pensamiento Político Contemporáneo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Hay una política de la crueldad que está en marcha”, dice el ganador del Premio Anagrama de Ensayo en 2021 por su anterior libro, “La palabra que aparece” (Anagrama, 2021).
A Díaz Álvarez no solo le preocupa que esto ocurra, sino que también pone la atención en la indiferencia con la que muchas personas responden al sufrimiento ajeno frente a la crueldad que nace del abuso de poder.
Por eso, llama a pensar “con todo el cuerpo” y dejarse afectar por las emociones de repulsión, indignación y vergüenza para activar la responsabilidad colectiva.
Enrique Díaz Álvarez habló con BBC Mundo en el marco del Hay Festival, que se celebró del 4 al 6 de septiembre en Querétaro, México.
Oswaldo Ruiz/Anagrama: Enrique Díaz Álvarez es doctor en Filosofía y autor de “Lo intolerable”.
“Lo intolerable” comienza con la descripción de un operativo de ICE. ¿Qué lugar ocupa la voz de quienes atraviesan esas experiencias en tu manera de pensar el poder?
Es muy importante escuchar a las víctimas de la violencia. En mi libro le doy mucho peso al testimonio porque creo que sigue siendo el último recurso que tienen aquellos que solo cuentan con su palabra.
En esta época, es importante visibilizar y acompañar a esas víctimas de la violencia. Por eso, el libro comienza con una escena brutal. Es una de esas imágenes atroces, que revuelven el estómago y a las cuales nos estamos acostumbrando.
Para eso recurres a la noción de la “política de la crueldad”. ¿Podrías definirla?
Hay una política de la crueldad que está en marcha. La hemos visto en los últimos años con el genocidio en Gaza o con las políticas de Donald Trump, en las que se criminaliza y se encierra a los migrantes.
Ya no hay el reparo por ocultarla, ahora se trata de una apuesta por mostrar abiertamente imágenes que nos tendrían que ofender y hacernos sentir vergüenza, repulsión y responsabilidad colectiva.
La política de la crueldad parece haber existido siempre. ¿Crees que lo que cambió es una suerte de exhibicionismo?
La crueldad va ligada a la historia de la humanidad. A lo largo de la historia, muchos episodios reflejan el sadismo y la brutalidad, pero lo que sorprende es la exhibición del cinismo, la burla, la humillación.
Sí, lo que se busca ahora es aclimatarnos, normalizar cosas que antes no podíamos tragar. Por eso, en este libro intento pensar en la tolerancia como virtud política –esa que nació con Voltaire (1694-1778) y John Locke (1632-1704)– para luchar contra los fanáticos.
Sin embargo, creo que la tolerancia no nos alcanza para luchar contra los fanáticos de lo propio –que es como los llamo– sino que tenemos que pensar en una ética de lo intolerable.
Anagrama:
¿Qué implica una ética de lo intolerable?
Debemos entender que esas cuestiones brutales y humillantes, que derivan del abuso de poder, no las podemos tragar sin hacer daño a nuestro propio cuerpo social.
Es decir, no podemos tragar que se detenga a un niño ecuatoriano de 5 años porque eso nos hace daño a todos. No podemos pasarlo por alto.
¿Ahí es donde aparece la idea de pensar con todo el cuerpo?
Sí, este libro es una invitación a pensar con todo el cuerpo. La idea parte de esa incomodidad que sentía, de ese mal cuerpo, de esa impotencia y de intentar de pensar con otros.
Hay una filósofa que me gusta mucho, María Zambrano (1904–1991). Ella hablaba de la necesidad de pensar desde las entrañas.
Por eso, creo que tenemos que prestar atención a ella y a otros pensadores y pensadoras que son emigrantes o exiliados, como es su caso, porque tienen una sensibilidad que nos puede echar algo de luz en momentos como estos.
Para explicar el riesgo de naturalizar la crueldad, retomas a Michel Foucault (1926-1984) y su idea de que el poder del Estado muchas veces busca “normalizar”. ¿Por qué crees que funciona para pensar el presente?
En mi libro busco recuperar a Foucault porque es él quien –después ser testigo de las detenciones de presos políticos, estudiantes y extranjeros en Francia en 1968– busca penetrar a las cárceles para entender la verdadera cara del poder.
Foucault redefine el poder de una forma en apariencia simple pero muy brillante. Lo que hace es alejarse del léxico jurídico de Thomas Hobbes (1588–1679) y otros contractualistas y ubica al cuerpo humano en el centro. Foucault dice que el poder es esencialmente aquello que reprime.
Por eso, trato de recuperar ese llamado, para decir que hoy en lugar de entrar en una cárcel deberíamos entrar y saber qué está pasando, por ejemplo, en los centros de detención de migrantes.
Necesitamos saber qué pasa con esos cuerpos migrantes: qué comen, cómo duermen, si se les da las medicinas que necesitan, si lo que buscamos es entender la microfísica del poder en su deriva más autoritaria.
Getty Images: La vergüenza (shame, en inglés) es un sentimiento puede da lugar a la responsabilidad colectiva, según el autor.
Mencionas “Microfísica del poder”, un libro que nació de los debates de la década del 1970, cuando los Estados europeos todavía eran fuertes. ¿Cómo se aplica esa idea del poder en un presente en el que los Estados han perdido fuerza?
Es una buena pregunta. Ahora que se cumplen 100 años desde su nacimiento, sería bueno saber qué diría Foucault de estos oligarcas tecnológicos porque el poder ahora no está solo en el Estado.
En esa línea, Foucault habló del paso del suplicio al castigo. Él decía que el suplicio –que es la exhibición de la crueldad– funcionó en el pasado mientras había fascinación por ver esa brutalidad.
Pero cuando la humanidad abandonó esa fascinación, se abrió paso a un castigo más oculto, que ese el que se da en las cárceles. Por eso, la prisión aparece cuando deja de haber fascinación por la crueldad.
Entonces, creo que podemos aprender a cultivar pedagogías que nos permitan dejar de fascinarse como sociedad ante los actos crueles y sádicos. Debemos dejar de fascinarnos con la burla y el sentido del humor macabro, para volver a sensibilizarnos.
Pensaba en los grandes empresarios tecnológicos que mencionas y en cómo se transforman las relaciones de poder cuando somos nosotros mismos quienes les cedemos la información. ¿Qué pasa entonces?
Sí, esa es una cuestión que me preocupa. Me preocupa cómo hemos devenido en datos y la manera en que la tecnología aplicada a la seguridad experimenta en los cuerpos de los migrantes.
Tenemos que ser más autocríticos para comprender la real dimensión de lo que está en juego cuando cedemos en nuestra privacidad de manera acrítica.
Para recuperar a Foucault, él dice que la transparencia, la visibilidad total, es una trampa, y ahora somos nosotros los que gustosamente decimos dónde estamos, qué comemos y qué preferimos, alimentando un algoritmo que luego nos encierra en burbujas de eco.
Oswaldo Ruiz/Anagrama: La responsabilidad colectiva se emparenta con la vergüenza ante la brutalidad, según dice el autor.
¿Cuál es la responsabilidad colectiva ante esa situación?
Una de las preguntas centrales de este libro es qué podemos hacer. Esa pregunta está ligada al sentimiento de impotencia, de incomodidad incluso física ante la exhibición de la crueldad de la que hablamos.
Por eso recupero la noción de responsabilidad colectiva de Hannah Arendt (1906-1975), una pensadora que también atravesó tiempos muy oscuros. Fue exiliada y pasó 18 años como apátrida, sin documentos.
La diferencia que Arendt establece sobre el sentimiento de culpa me parece reveladora. Ella plantea la idea de apelar a la responsabilidad colectiva que surge de situaciones políticas complejas y tiene como condición el saber que pertenecemos a un grupo.
No es la culpa del que ha hecho algo personalmente, sino la responsabilidad de quien sabe que se ha hecho algo en su nombre. Esa responsabilidad colectiva tiene mucho que ver con la posibilidad de decir: “No, no maltraten al migrante en mi nombre, con mis impuestos”.
¿Dónde ves ejemplos de eso?
A mí me da mucha esperanza lo que se vivió en Minneapolis, por ejemplo. Esa ciudad que se puso en guardia, salió a la calle a defender a los migrantes porque eran sus vecinos, porque es la gente que ha construido la ciudad que es.
Esa es la responsabilidad colectiva que se emparenta con la vergüenza. Por eso, creo que la vergüenza es prima hermana de la responsabilidad. Es ese motor que nos puede hacer salir a la calle y decir “no” en nuestro nombre.
En una época donde la extrema derecha mueve una serie de pasiones tristes como son el miedo, el resentimiento, el odio, la nostalgia, creo que habría que pensar en movilizar no solo buenos principios, sino otra clase de afectos comunes y la vergüenza es una de ellas.
Entonces, se trata de intentar no perder esas emociones que nos vinculan con el dolor de los demás.
Totalmente. Hay que apostar por esas emociones que nos revelan un vínculo con el otro como la indignación, la fraternidad, aunque suene a rancio o ingenuo. Pero se nos olvida que la fraternidad es de los tres principios de la Revolución Francesa.
Getty Images:
En tu libro dices que la ampliación del umbral de tolerancia nos ha llevado a la indolencia. Cuando se corre el umbral del dolor, ¿qué aparece? ¿El cinismo?
Me perturba la brutalidad de administraciones como la de Trump y Netanyahu. Pero también cómo hemos ampliado ese umbral de tolerancia a niveles críticos. Parte de eso responde también a esta abrumadora acumulación de información que vemos cada día en redes sociales y que tiende a insensibilizarse ante imágenes terribles.
Vemos un delfín que hace malabares en el agua en el Caribe mexicano y después pasamos a una imagen brutal. Creo que necesitamos pensar en cómo resistir a esa aclimatación, cómo cultivar la sorpresa, la curiosidad, aquella forma de indignarnos cuando vemos que se inflige un dolor a los demás.
Mencionas a Trump y a Netanyahu. ¿Te preocupa lo que ves en América Latina?
Sí, no estamos exentos. Si vemos lo que pasa en Chile, Argentina, Colombia son tiempos en los que nuestros avances en materia de derechos y libertades se han visto amenazados.
Por ejemplo, el ataque a las universidades públicas en un país como Argentina, en donde la universidad pública representa justamente ese pensamiento crítico, donde se puede cultivar esa sensibilidad, esa responsabilidad y vergüenza colectiva que que nos permita decir no.
Entonces Latinoamérica no escapa a esa preocupación por esta deriva autoritaria y esta ola neofascista que amenaza a la época.
Getty Images:
Sin embargo, en los casos que mencionas, son líderes que ganan elecciones y son muy populares. ¿Cómo se explica eso?
Eso que mencionas es muy importante. Por eso, hay que hacer autocrítica. Tenemos que pensar qué clase de condiciones tienen que cristalizar para que esta clase de sujetos y políticas no solo lleguen al poder, sino que sean extremadamente populares.
No me preocupa esta clase de sujetos. Me preocupa más los millones de personas que los votan, que los aúpan en los comentarios de las redes sociales, que cultivan ese malestar. Esa desafección es la que la que preocupa.
Creo que falta una narrativa potente, unas políticas públicas potentes desde la izquierda para volver a capturar a ese electorado que en el fondo se beneficiaría de las políticas.
Donde hay poder, hay resistencia. ¿Cuáles son esas fisuras que permiten responder a la política de la crueldad?
Me detengo mucho en eso en el libro. Creo que buena parte de la política contemporánea se juega en el espacio de la percepción.
Por eso, creo que desde el campo de la práctica artística encontramos ejemplos de cómo resistir a esos relatos hegemónicos, que perpetúan discursos abiertamente excluyentes, misóginos, xenófobos, racistas.
En una época en donde reina el ruido, la mentira, la ofensa, el insulto, creo que el lenguaje es parte central de la batalla. En una época en donde se descuida y se maltrata también el lenguaje, creo en el poder que tienen ciertas historias concretas para movernos con otros destinos.
Quizá suene ingenuo para algunos, pero a mí me parece que se juega en estas trincheras que tienen que ver con el periodismo de investigación a fuego lento, con dar clases y escribir novelas, en una época en donde nos informamos por redes y 40 segundos.
De lo que se trata justamente es de apelar a la posibilidad de vincularnos a través de la palabra, del lenguaje audiovisual, de las fotos, del cine para combatir esas narrativas que nos quieren hacer ver al migrante como un criminal.
BBC:
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La administración del presidente Donald Trump está ampliando el alcance de sus operaciones migratorias y los nuevos arrestos están incluyendo a miles de inmigrantes que no tienen antecedentes penales, de acuerdo con datos que contradicen la imagen de que las deportaciones están enfocadas principalmente en personas consideradas peligrosas.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) superó las 50,000 detenciones tanto en julio como en agosto, estableciendo dos meses consecutivos con cifras récord durante el segundo mandato de Trump. Los datos obtenidos por el Proyecto de Datos de Deportación muestran que 55% de las personas arrestadas no había tenido contacto previo con las fuerzas del orden. Otro 24% había enfrentado cargos, pero nunca recibió una condena.
The Hill: Trump’s mass deportations are expanding. ICE is arresting more people than ever, setting new records. And they are arresting everyone now, including overstays and former TPS.
Advocates warn that Trump’s removal machine will grow to target every alien it can reach. pic.twitter.com/Armd2ZtRjH
Detenciones alcanzan a inmigrantes con casos pendientes
La expansión de las operaciones también está afectando a personas que ya eran conocidas por las autoridades debido a solicitudes de asilo pendientes, trámites para modificar su estatus migratorio o procesos abiertos ante tribunales de inmigración. Aaron Reichlin-Melnick, investigador principal del Consejo Estadounidense de Inmigración, afirmó que la estrategia está dejando de concentrarse exclusivamente en personas con antecedentes criminales.
“Esto demuestra que la administración Trump está ampliando sus operaciones de deportación masiva”, dijo a The Hill, al señalar que las autoridades están alcanzando a personas que no representan una amenaza para la seguridad pública. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene en X que 70% de los arrestados por ICE tienen antecedentes penales. Reichlin-Melnick cuestionó esa cifra y aseguró que los propios datos publicados por la agencia no respaldan esa afirmación desde mayo de 2025.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha defendido una política más amplia. “No me importa si tienen antecedentes penales o no”, afirmó al explicar que el gobierno busca localizar y deportar a personas que ingresaron ilegalmente al país. Tom Homan, responsable de la política fronteriza, también reconoció que aproximadamente la mitad de los detenidos no son delincuentes.
Una cosa son los criminales. Otra muy distinta son quienes llevan años trabajando, pagando impuestos y formando familias en este país.
La frontera ya está segura. Ahora el Congreso debe terminar el trabajo: deportar a quienes representan un peligro y permitir que quienes no? pic.twitter.com/NI5Zlzh7Ck
El aumento de arrestos ocurre mediante una combinación de tácticas que incluye operativos callejeros, controles migratorios en aeropuertos y detenciones relacionadas con comparecencias ante tribunales. David Bier, director de estudios de inmigración del Instituto Cato, señaló que los recursos adicionales y el pago de horas extras han permitido incrementar las operaciones.
“Por primera vez, se están combinando todas las tácticas diferentes”, explicó. Según Bier, también ha aumentado el número de inmigrantes detenidos sin una orden final de expulsión. Estas personas pueden permanecer bajo custodia mientras continúan peleando sus casos migratorios. La representante demócrata Pramila Jayapal acusó al gobierno de mantener una estrategia menos visible después de las críticas que provocaron las redadas altamente publicitadas durante la gestión de Kristi Noem.
Republicanos expresan preocupación por los operativos
Las críticas no provienen únicamente de los demócratas. Algunos republicanos también han pedido mayor consideración en casos individuales. La representante Maria Elvira Salazar, de Florida, declaró: “Le he estado diciendo a la administración que no confundan al gánster con el jardinero, a la niñera con el narcotraficante”. El representante Mario Díaz-Balart también respaldó el control fronterizo, pero consideró que algunas medidas han sido “excesivas”.
Salazar, además, destacó el papel económico de inmigrantes sin antecedentes que llevan años trabajando en construcción, agricultura, salud, manufactura y hotelería. “Son necesarios, y los necesitamos para la economía”, afirmó.
El incremento de las detenciones plantea así un debate dentro y fuera del Congreso sobre hasta dónde debe llegar la política de deportaciones de Trump y si el aumento de arrestos está alcanzando a personas que todavía tienen procesos migratorios pendientes en Estados Unidos.
Dos antiguos guardias del polémico centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, en Florida, enfrentan cargos por presuntamente agredir a un inmigrante cubano que permanecía bajo custodia federal. Stephen Trejos y Andre Seenaraine fueron acusados de agresión física, un delito menor de primer grado en Florida, por un incidente ocurrido el 25 de enero contra Rigoberto Rodríguez Arce, de 42 años. Ambos se declararon no culpables y sus casos permanecen abiertos.
Rodríguez había sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 9 de diciembre. Según el testimonio de otro detenido, el incidente se produjo durante una protesta dentro de las instalaciones, cuando varios migrantes golpearon sus esposas contra bancos metálicos para reclamar que habían pasado horas sin recibir comida ni agua. De acuerdo con el testimonio de Frank Rivera, Trejos habría levantado a Rodríguez y lo habría arrojado al suelo antes de golpearlo. Posteriormente, Seenaraine presuntamente le dio un golpe en el rostro en otra zona del centro.
La abogada del inmigrante, Yaritssa Plasencia, declaró que Rodríguez fue trasladado posteriormente a Camp East Montana, un centro de detención cerca de El Paso, Texas. Según la defensora, su cliente llegó con el uniforme manchado de sangre, una mano vendada y un ojo amoratado.
“Andre Junior Seenaraine and Stephen Jordan Trejos are accused of committing battery on a Hispanic male detainee around Jan. 25, according to Collier County records. Further details about the alleged encounter were not released.” https://t.co/Gb2krK6URA
La defensa asegura que las cámaras muestran otra versión
Los abogados de Trejos rechazaron las acusaciones y pidieron que el caso fuera desestimado. En una petición presentada ante la corte, sostienen que las grabaciones de seguridad muestran al exguardia utilizando una maniobra de control después de que Rodríguez presuntamente le escupiera.
El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida investigó el incidente y una jueza del condado de Collier autorizó las órdenes de arresto contra ambos exguardias el 24 de junio. Cada uno quedó en libertad después de pagar una fianza de $1,000. El centro donde ocurrió el incidente fue clausurado en junio. Durante su funcionamiento, recibió el sobrenombre de “Alligator Alcatraz” debido a su ubicación en los Everglades, una extensa zona de humedales donde habitan caimanes y pitones.
El caso se suma al escrutinio sobre las condiciones de los centros de detención migratoria en Estados Unidos. Organizaciones como Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) han señalado denuncias relacionadas con agresiones, atención médica deficiente y condiciones insalubres.
El Departamento de Seguridad Nacional ha rechazado esas acusaciones y sostiene que los migrantes bajo custodia reciben atención adecuada. Por ahora, las acusaciones contra Trejos y Seenaraine deberán resolverse ante los tribunales de Florida, donde continuará el proceso para determinar qué ocurrió durante el incidente del 25 de enero.
