Una coalición de 24 estados y el Distrito de Columbia presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump por condicionar el acceso a miles de millones de dólares en fondos federales para desastres y emergencias al cumplimiento de políticas federales relacionadas con inmigración, elecciones y otros asuntos que, según los demandantes, exceden la autoridad del gobierno federal.
La querella fue interpuesta este jueves ante un tribunal federal en Rhode Island y sostiene que las nuevas condiciones impuestas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) violan la Constitución de Estados Unidos y la Ley de Procedimiento Administrativo al modificar unilateralmente requisitos aprobados por el Congreso.
Los fiscales generales que impulsan el litigio afirman que la Casa Blanca intenta utilizar recursos destinados a la seguridad pública como una herramienta de presión política para obligar a los estados a adoptar prioridades de la administración Trump, entre ellas una mayor cooperación con las autoridades federales de inmigración y cambios en sus sistemas electorales.
“La Administración ya ha perdido batallas similares en los tribunales, y prevemos que este último intento ilegal también fracasará. Nuestras comunidades merecen algo mejor que ver sus recursos esenciales envueltos en juegos políticos”, declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, quien encabeza la demanda junto con su homólogo de Illinois, Kwame Raoul.
Los estados cuestionan nuevas condiciones para acceder a recursos federales
De acuerdo con la demanda, los estados deberán cumplir diversos requisitos para conservar los fondos de FEMA y otros programas del DHS. Entre ellos figuran colaborar con las autoridades federales en la aplicación de las leyes migratorias, aceptar nuevas disposiciones relacionadas con la administración electoral y someterse a cláusulas que permitirían al gobierno federal cancelar las subvenciones bajo criterios considerados discrecionales.
Los demandantes sostienen que estas condiciones nunca fueron autorizadas por el Congreso y que representan una invasión a las facultades constitucionales de los estados.
El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, acusó a la administración de utilizar la seguridad de los estadounidenses como mecanismo de presión política. “Una vez más, la administración Trump amenaza con poner en peligro la seguridad pública al retener ilegalmente miles de millones de dólares en fondos esenciales. Esta administración está utilizando la seguridad de los estadounidenses como moneda de cambio al intentar coaccionar a los estados para que renuncien a su derecho constitucional a promulgar políticas y leyes que beneficien a sus residentes”, afirmó.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no había emitido una respuesta oficial sobre la demanda.
Gobernadores y fiscales recuerdan fallos previos contra la Casa Blanca
Los estados también argumentan que los tribunales federales ya han bloqueado intentos similares de la administración para condicionar distintos programas de financiamiento federal. El gobernador de California, Gavin Newsom, sostuvo que el presidente no puede utilizar los recursos de emergencia para obligar a los estados a modificar sus leyes electorales o sus políticas públicas.
La nueva demanda señala que, para el ejercicio fiscal 2026, el gobierno federal pretende imponer requisitos que incluyen el uso de boletas de papel, auditorías manuales de elecciones, conciliación de listas de votantes y verificación de ciudadanía en los registros electorales estatales. Los estados advierten que el incumplimiento de estas exigencias podría traducirse en la pérdida de al menos el 20% de los recursos del Programa de Subvenciones para la Seguridad Nacional, fondos destinados a fortalecer la respuesta ante ciberataques, terrorismo y otras amenazas.
Además de California e Illinois, la demanda fue respaldada por Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
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