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El fiscal general del condado de Harris, Sean Teare, confirmó que su oficina investiga la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, a manos de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sin importar que se trate de oficiales federales.

Teare expuso que ha habido dificultades para acceder a la información esencial del caso, incluido un bloqueo en acceso a la escena del crimen.

“Desde el martes, cuando ocurrió este incidente, hemos estado llevando a cabo nuestra propia investigación. Investigamos cada tiroteo en el que participa un agente en el condado de Harris cuando involucra a una agencia que no es ICE”, indicó Teare. “Llevamos a cabo una investigación paralela donde colaboramos con las fuerzas del orden, ya sean agencias federales o nuestras agencias estatales y locales”.

En una conferencia de prensa liderada por la congresista Sylvia García (Texas), el fiscal agregó que, idealmente, tanto autoridades locales como federales colaboran en un incidente en el condado de Harris, como ha ocurrido en otros casos.

“Todos colaboramos y decidimos cuál es el resultado apropiado. Casi universalmente, es que presentamos el caso a un gran jurado y dejamos que ellos decidan”, dijo. “No fuimos invitados a esta escena el martes. Mis investigadores y mi división de derechos civiles han estado allí prácticamente desde el momento en que se reveló la escena, buscando grabaciones de vigilancia, hablando con testigos, haciendo todo lo que podemos y hacemos en cada caso para garantizar que se lleve a cabo una investigación completa y justa, para que podamos ser transparentes con nuestra comunidad”.

El gobierno del presidente Donald Trump confirmó que el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) investigan la muerte de Salgado Araujo, pero su familia y las organizaciones que los asesoran exigen una investigación independiente y justa, no del mismo gobierno federal.

El congresista demócrata Al Green, del Distrito 09 de Texas, celebró que la Fiscalía de Harris hiciera una investigación paralela de la muerte de Salgado Araujo.

“Quiero agradecerle por no permitir que los federales lo intimidaran y lo convencieran de que de alguna manera no tiene autoridad para investigar. Cualquier miembro de la alguacil puede investigar”, dijo Green. “El señor [Salgado] Araujo nos pertenece. Pertenece a la Constitución de los Estados Unidos de América. Esa Constitución se aplica a él, al igual que se aplica a mí. No debería recibir menos atención de la Constitución que yo o cualquiera de ustedes. Nos pertenece. Está bajo nuestra jurisdicción”.

Debieron disparar a las llantas, “no al conductor”

La representante demócrata García criticó la actuación del agente de ICE que disparó a Salazar Araujo, ya que si consideró que su vida estuvo en peligro por el auto, entonces debió disparar a las llantas, no al conductor.

García recordó las violentas operaciones de agentes migratorios en Chicago, Illinois, y Minneapolis, Minnesota, criticando que ICE pareció no aprender nada de tales acciones.

“Lo vimos suceder en Minneapolis. Lo vimos suceder en Chicago. Lo vemos en términos de presencia de ICE, lo siento. Así que hemos aprendido algunas lecciones. Aparentemente, el ICE no ha aprendido nada“, expuso. “Si realmente piensan que un auto va a lastimar a alguien, quiero decir, incluso un niño te diría que dispares a las llantas, no dispares al conductor”.

Acusan acciones raciales de ICE

La representante del Distrito 29 en Texas dijo que ella era “güera”, al referirse a sí misma como blanca, por lo que agentes de ICE no la detendrían, a diferencia de algunos de los colegas que la acompañaban en la conferencia de prensa, incluido Hugo Balderas, abogado de dos de los hombres detenidos el día del incidente.

“Podría pasarnos a cualquiera de nosotros, especialmente si tenemos, ya saben que soy güera. Puede que no me detengan, pero probablemente podrían detener a algunos de mis amigos”, expresó señalando a sus acompañantes. “Ya saben, se trata de asegurar que los derechos civiles estén protegidos, que los derechos humanos estén protegidos, que los derechos constitucionales estén protegidos en este país”.

García agregó que los agentes de ICE que intentaron revisar la camioneta de Lorenzo –quien iba con su hermano Víctor y sus dos trabajadores José Trinidad Rojas y Daniel Tirado Patoja, los tres detenidos por ICE– no llevaban una orden de arresto firmada por un juez, sino una orden administrativa, la cual usualmente firma un supervisor de la agencia migratoria.

Hugo Balderas, abogado Trinidad Rojas y Tirado Pantoja –a quienes ICE busca deportar lo antes posible– exigió la liberación de sus clientes, quienes están en el Centro de Procesamiento de Montgomery.

“Creo que, dada la magnitud de este caso y las implicaciones que conlleva, mis clientes podrían ser presionados para firmar documentación que acredite su salida voluntaria“, lamentó Balderas. “Creo que esto sería devastador no solo para ellos, sino para todos los involucrados. Y creo que es extremadamente importante que preservemos la integridad de esta investigación”.

Balderas coincidió con la congresista García, sobre la detención de hispanos por parte de ICE.

“Esto no es control migratorio. Esto es discriminación racial. Es muy importante que se les exija usar cámaras corporales. Es muy importante que se les exija quitarse las máscaras”, expresó.

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Esta semana quedó demostrado que la estrategia de ICE de operativos “silenciosos” y “bajo el radar” era momentánea porque la violencia de los agentes enmascarados cobró otra víctima, esta vez un padre de familia, Lorenzo Salgado Araujo, con 35 años trabajando incansablemente en Estados Unidos, 3 hijos ciudadanos, un negocio propio y quien, según su familia, estaba a punto de obtener un permiso de trabajo.

La muerte a tiros de Salgado Araujo en Houston, Texas, a manos de un agente de ICE evidenció que la maquinaria de deportaciones de Trump sigue apostando al terror y a la violencia del mismo modo que lo hizo en Minneapolis cobrando las vidas de Renée Good y Alex Pretti, y como lo ha hecho en Los Ángeles y en otras ciudades del país.

Salgado Araujo manejaba su camioneta en ruta a recoger a tres de sus empleados de construcción cuando fueron rodeados por los agentes que alegan, como en casos anteriores, que el inmigrante “usó su vehículo como arma” y trató de atropellar a un agente que abrió fuego, presuntamente en defensa propia. Hasta el momento no se ha presentado evidencia que pruebe lo que alegan los agentes y el gobierno. Pero en los casos de Good y Pretti, también afirmaron que actuaron en defensa propia aunque las víctimas no suponían un peligro inminente.

Según un análisis de The Guardian, “la muerte de Salgado supone el décimo tiroteo mortal perpetrado por agentes federales de inmigración en todo el país desde que la segunda administración Trump asumió el cargo”. “Los agentes del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han sido los responsables de los tiroteos mortales”, agrega el artículo.

Los hijos de Salgado Araujo, junto a legisladores y activistas de Texas, demandaron una investigación a fondo.

“No merecía morir ese día; merecía vivir una vida tranquila como esposo, como padre y como trabajador”, dijo Ronaldo Salgado, uno de los hijos de Lorenzo, según reportó EFE vía La Opinión. “Temía por su vida, cuando solo quería llegar al trabajo”, agregó el joven.

The Bulwark reportó que, como muchos inmigrantes, Lorenzo y su esposa valoraban la importancia de la educación. Su hijo mayor, Ronaldo, se graduó de la Universidad de Houston, el segundo de la Universidad Tufts, y el menor es todavía estudiante universitario.

“Hoy es el primer día sin él para todos nosotros, y es desgarrador saber que mi madre no le preparó el almuerzo antes de ir a trabajar, la primera vez en sus más de 30 años de matrimonio. Este era mi padre: un hombre sencillo, un hombre de familia. No alguien que estuviera pidiendo ayuda a gritos en el suelo mientras se desangraba. Él solo quería ir a trabajar y volver con nosotros”, reportó La Opinión.

El diario también informó que, de acuerdo a la organización LULAC, a los tres inmigrantes que acompañaban a Salgado Araujo, que eran sus trabajadores y que fueron detenidos por ICE, se les estaría presionando para que firmen órdenes de autodeportación.

“Nos preocupa enormemente que se esté intentando expulsar a estos testigos del país. No deberían hacerlo. Deberíamos poder contar con su testimonio”, dijo LULAC en una carta citada por La Opinión.

La maquinaria de detenciones y deportaciones cuenta con un presupuesto de $240 mil millones de dólares garantizados por el resto de la presidencia de Trump. Como se han impuesto cuotas de hasta 2,000 detenciones diarias, poco importa dónde y cómo se conduzcan los arrestos. Y la violencia ha sido constante en los operativos migratorios. Como también lo han sido la impunidad y la falta de rendición de cuentas.

La Opinión informó que la organización Fuerza Migrante sostuvo que “la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años abatido por un agente de ICE durante un operativo en Houston, Texas, no puede convertirse en un expediente más. Su familia merece la verdad. La comunidad merece transparencia. Y toda actuación de una autoridad que termine con la pérdida de una vida humana debe estar sujeta al más alto nivel de revisión, supervisión y rendición de cuentas”.

LULAC activó una petición para que se conduzca una investigación independiente sobre la muerte de Salgado Araujo y hasta el momento han recabado más de 142 mil firmas.

Trump aumenta detenciones y acelera deportaciones

La Opinión informó que el gobierno de Trump “prepara la apertura de una nueva instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Alexandria, Luisiana, que busca agilizar la deportación de familias migrantes y menores no acompañados mediante un centro ubicado junto al Aeropuerto Internacional de Alexandria”.

“Aunque el gobierno insiste en que el complejo funcionará como una “zona de preparación” y no como un centro de detención, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes advierten que el proyecto podría ampliar significativamente la capacidad de deportación y aumentar el tiempo que niños y familias permanezcan bajo custodia federal, informó AP”, agregó el diario.

DACA se debilita

De otra parte, además de la cancelación del TPS para deslegalizar inmigrantes que pueden estar sujetos a detención y deportación, otro programa, DACA, enfrenta serias dificultades con retrasos en la renovación de los permisos de trabajo de los beneficiarios, indicó La Opinión.

“A la disminución en el número de renovaciones procesadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) se suma una batalla legal en Texas que podría afectar los permisos de trabajo de miles de jóvenes indocumentados conocidos como dreamers”, explicó el artículo.

“De acuerdo con un análisis publicado por Forum Together, el USCIS completó 35,648 renovaciones de DACA durante el primer trimestre del año fiscal 2026, una caída de casi 50% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando procesó cerca de 70,000 solicitudes”, escribió el diario.

“Según Forum Together, aunque algunos beneficiarios han logrado obtener la residencia por otras vías, como matrimonio con ciudadanos estadounidenses o visas de trabajo, gran parte de la disminución responde a los crecientes retrasos administrativos. Los tiempos de procesamiento, que en el año fiscal 2025 rondaban los 15 días, ahora pueden extenderse entre 70 días y hasta seis meses, dejando a miles de personas sin posibilidad de trabajar legalmente durante ese periodo”.

Cita de la semana

“No merecía morir. No merecía quedar reducido a un titular de “Un mexicano baleado por ICE”. Merecía vivir una vida tranquila como Lorenzo Salgado Araujo, esposo, padre y alguien que daba trabajo a decenas de personas que también aspiraban al Sueño Americano…Quiero que el mundo conozca a mi padre, no como un migrante que fue baleado y asesinado, sino como un hombre de familia que me enseñó la importancia del trabajo duro y los valores familiares”, señaló Ronaldo, el mayor de los tres hijos de Lorenzo Salgado Araujo, padre de familia y trabajador que murió a manos de un agente de ICE en Houston, Texas esta semana.

La muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano de 52 años abatido por un agente de ICE durante un operativo en Houston, Texas, ha intensificado las exigencias de organizaciones civiles, legisladores y autoridades mexicanas para fortalecer la transparencia, la supervisión independiente y la rendición de cuentas en las acciones de las autoridades migratorias estadounidenses.

El caso, ocurrido el 7 de julio en un vecindario predominantemente latino de Houston, ha trascendido la discusión sobre el uso de la fuerza para convertirse en un llamado a revisar los mecanismos de control sobre los operativos de ICE, particularmente cuando éstos terminan con la muerte de una persona.

En un posicionamiento difundido este jueves, la organización Fuerza Migrante sostuvo que “la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años abatido por un agente de ICE durante un operativo en Houston, Texas, no puede convertirse en un expediente más. Su familia merece verdad. La comunidad merece transparencia. Y toda actuación de una autoridad que termine con la pérdida de una vida humana debe estar sujeta al más alto nivel de revisión, supervisión y rendición de cuentas”.

El documento toma como punto de partida la movilización impulsada por la organización LULAC (League of United Latin American Citizens), que promovió una petición pública para exigir una investigación “completa, independiente y transparente”, así como la preservación y publicación de toda la evidencia disponible, incluidos videos, comunicaciones y testimonios. También destaca la creación de un fondo de apoyo para la familia del fallecido.

Las demandas coinciden con las de la familia de Salgado Araujo, que rechaza la versión oficial presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Mientras ICE sostiene que el agente disparó en defensa propia después de que el conductor presuntamente embistiera un vehículo oficial e intentara atropellar a un agente, los familiares aseguran que Lorenzo creyó estar siendo víctima de un asalto debido a que los vehículos involucrados no estaban claramente identificados y exigen que se divulgue toda la evidencia disponible.

Uno de los elementos que ha alimentado las dudas es que el operativo no contaba con grabaciones de cámaras corporales, circunstancia reconocida por las autoridades y que ha complicado la reconstrucción independiente de los hechos. Asimismo, ICE no ha precisado públicamente si Salgado era el objetivo original del operativo.

Propuestas para fortalecer la supervisión

Fuerza Migrante planteó cuatro medidas para evitar que casos similares queden limitados a investigaciones internas: activar obligatoriamente una revisión técnica e independiente cada vez que una persona muera durante un operativo migratorio; establecer un seguimiento bilateral entre México y Estados Unidos en casos de alto impacto; incorporar observadores externos cuando existan versiones contradictorias o posibles excesos en el uso de la fuerza; y publicar recomendaciones institucionales al concluir cada investigación para corregir fallas en los protocolos.

“La justicia no puede depender de la presión mediática ni de la capacidad de una familia para exigir respuestas. La vida de una persona debe estar protegida por reglas claras, controles efectivos y autoridades obligadas a rendir cuentas”, señala el documento.

Gobierno de México anuncia acciones legales

La presión también ha escalado al plano diplomático. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que México presentará denuncias penales en Estados Unidos por la muerte de ciudadanos mexicanos durante operativos migratorios y bajo custodia de ICE, al considerar que los canales diplomáticos utilizados hasta ahora no han producido resultados suficientes.

De acuerdo con el Gobierno mexicano, al menos 17 connacionales han perdido la vida en los últimos meses: 14 mientras permanecían bajo custodia de ICE y tres durante operativos de detención. Reuters informó que el caso de Lorenzo Salgado elevó a por lo menos seis el número de personas fallecidas durante acciones de aplicación de la política migratoria desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

El documento de Fuerza Migrante retoma esas cifras para advertir que “cuando los hechos se repiten, la respuesta institucional no puede limitarse a esclarecer responsabilidades caso por caso. También debe revisar si los protocolos, controles internos y mecanismos de supervisión están siendo suficientes para proteger la vida y prevenir abusos”.

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Un entrenador de fútbol de origen mexicano fue condenado a 30 años de prisión federal por explotar sexualmente a menores, grabar los abusos y poseer documentos migratorios y de identidad fraudulentos en Tennessee.

Camilo Campos-Hurtado, de 66 años y residente de Franklin, recibió la sentencia el 2 de julio de 2026. Una vez cumplida la pena, deberá permanecer cinco años bajo libertad supervisada, según informó la Fiscalía Federal del Distrito Medio de Tennessee.

Campos-Hurtado se había declarado culpable el 17 de junio de 2025 de cuatro cargos de explotación sexual de menores, uno por recibir material de abuso sexual infantil, otro por utilizar o poseer documentos migratorios fraudulentos y uno más por tener un documento de identidad robado o producido sin autorización legal.

La Fiscalía había solicitado una condena de 50 años debido a la gravedad de los delitos, la extensión temporal de los abusos y el riesgo que representaba el acusado. El juez federal estableció finalmente una pena de 360 meses, equivalentes a 30 años de cárcel.

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Un teléfono olvidado permitió descubrir los abusos

La investigación comenzó en junio de 2023, cuando una persona encontró un teléfono celular que Campos-Hurtado había olvidado en un establecimiento comercial de Franklin.

Al revisar el dispositivo, encontró videos sexualmente explícitos y alertó de inmediato al Departamento de Policía de Franklin. La denuncia dio lugar a una investigación que permitió descubrir varios años de explotación sexual infantil.

Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional, conocidos como HSI, y policías locales ejecutaron órdenes de registro en la vivienda y el vehículo del acusado. Allí recuperaron dispositivos electrónicos con material de abuso sexual infantil y numerosos documentos migratorios y de identidad falsificados.

Drogaba o emborrachaba a las víctimas

Los investigadores determinaron que Campos-Hurtado utilizaba drogas o alcohol para incapacitar a menores antes de abusar sexualmente de ellos y grabar las agresiones.

Los delitos por los que fue condenado ocurrieron entre 2017 y 2021, periodo durante el cual trabajaba como entrenador de fútbol. Sin embargo, el análisis forense de sus dispositivos reveló que producía material de abuso sexual infantil al menos desde enero de 2013.

Las autoridades señalaron que aprovechaba su posición como entrenador para acercarse a los menores y ganarse su confianza.

La investigación estuvo a cargo de HSI, el Departamento de Policía de Franklin y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. El caso fue procesado por las fiscales federales adjuntas Monica R. Morrison y Kathryn D. Risinger.

Podría ser expulsado de Estados Unidos

La Fiscalía indicó que Campos-Hurtado se encontraba en Estados Unidos sin estatus migratorio legal. Después de cumplir su condena federal y cualquier pena estatal que aún tuviera pendiente, se espera que sea sometido a un procedimiento migratorio para su expulsión a México.

El gobierno estadounidense no precisó en qué fecha ni por qué lugar ingresó al país.

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Organizadores del grupo Centro CSO de Los Ángeles y del condado de Orange se reunieron este miércoles afuera del edificio federal Ronald Reagan en Santa Ana para apoyar a Nadia Topete, una activista que insiste en que está siendo investigada por las autoridades por su participación en protestas contra  las redadas de ICE el año pasado.  

“Nadia no hizo nada malo. Protestar contra ICE no es un delito, defender los derechos de los inmigrantes no es un delito”, dijo Verita Topete, hermana de la activista. “Esto es un intento de la administración de Trump de acosar y desmantelar el movimiento por los derechos de los inmigrantes. El hecho de que se haya señalado a Nadia forma parte de un sistema de represión política del gobierno federal”. 

De acuerdo con Verita, el 1 de julio, las autoridades de Los Ángeles se presentaron en el domicilio de la activista por los derechos de los inmigrantes para entregarle una segunda citación en la que se le ordenaba comparecer ante un gran jurado el 8 de julio. Topete ya había sido citada para testificar en mayo, pero no asistió a la audiencia. 

Los grupos activistas que apoyan a Nadia creen que la citación está relacionado con la participación de la joven en las protestas contra los operativos migratorios el verano pasado y recuerdan como miles de personas salieron a las calles para exigir el fin del encarcelamiento masivo de miembros de su comunidad, tras una serie de detenciones violentas de ICE en el sur de California. 

Creen que se trata de un intento de reexaminar el caso de Alejandro Orellana, otro activista por los derechos de los inmigrantes que participó en las protestas contra ICE el año pasado. Orellana fue acusado de conspirar para provocar disturbios civiles. Al final, se retiraron los cargos contra el activista del este de Los Ángeles, quien fue detenido por repartir protectores faciales durante una protesta contra las redadas federales de inmigración. 

“¡Hoy es un buen día porque nuestra compañera entró a la corte y pudo salir libre!”, dijo Gabe de Centro CSO. 

El miércoles, Nadia asistió a la corte a la que la habían llamado para dar su testimonio sobre las múltiples manifestaciones de 2025, pero aunque asistió a su audiencia decidió no prestar testimonio, ya que piensa que podrían usar cualquier cosa que diga en su contra y en contra de sus compañeros. 

“Nadia es una chicana de primera generación que se enorgullece de serlo y se dedicó a la defensa de los derechos humanos después de que nuestro papá fue secuestrado y detenido en el campo de concentración de Adelanto, donde pasó tres años sufriendo todo tipo de abusos y negligencia médica”, comentó su hermana. “Ella nunca ha salido a la calle para causar daño; solo estaba defendiendo los derechos de nuestros vecinos, como todos aquí lo hemos hecho desde que comenzó esta pesadilla”.

Topete no se tomó a la ligera la noticia de que la habían citado a comparecer, ya que no es la primera activista a la que las autoridades han requerido para prestar alguna declaración. Este año, unos manifestantes contra ICE fueron condenados a décadas de prisión tras una protesta frente a un centro de detención en Texas.

Carlos Montes, del Centro CSO, dijo que Nadia ha sido parte de su organización por mucho tiempo y, durante ese tiempo ha apoyado a su comunidad al proporcionar tarjetas de “conoce tus derechos”, vigilando la comunidad e incluso pintando las caras de niños en muchos de los eventos comunitarios que suelen realizar.

“Ella nunca ha hecho nada malo; solo está defendiendo a personas que no pueden defenderse”, dijo Montes, quien lleva años organizando en Los Ángeles.  

Aunque Nadia no pudo dar ninguna entrevista, ya que su caso sigue abierto y puede que la vuelvan a llamar, sí se tomó un momento para agradecer a las más de 30 personas que asistieron a apoyarla. Al final, se tomó un momento para hacerse una foto con el grupo.  

“Dependiendo de lo que pase, estamos listos para actuar, listos para estar ahí y apoyar a Nadia hasta el final”, dijo Sol Márquez, de la organización Legalización para Todos. “Tenemos que mantenernos unidos porque estamos bajo ataque; hoy es Nadia, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros”.