El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum llevará este lunes el caso de 17 mexicanos muertos, casos relacionados con Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ante instancias judiciales, en un nuevo paso para exigir investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos de migrantes.
La presidenta de México, anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentará las denuncias ante el Departamento de Justicia como ante fiscalías estatales, con el objetivo de que se esclarezcan las muertes de sus connacionales registrados en distintos hechos relacionados con la política migratoria.
Más allá de las gestiones diplomáticas
La decisión, explicó, forma parte de una estrategia que busca ir más allá de las gestiones diplomáticas y utilizar los mecanismos legales disponibles para exigir responsabilidades cuando existan posibles abusos contra ciudadanos mexicanos.
Uno de los expedientes incluidos corresponde al fallecimiento del mexicano Lorenzo Salgado durante un operativo migratorio realizado recientemente en Houston, Texas. De acuerdo con Sheinbaum, ese caso ya es investigado por autoridades locales y federales de Estados Unidos.
Las denuncias también contemplan hechos ocurridos en centros de detención migratoria y la muerte de tres connacionales durante operativos del ICE, situaciones que, según el Gobierno mexicano, podrían constituir violaciones a los derechos humanos.
Además de informar sobre las acciones legales, la presidenta convocó a los distintos actores políticos del país a respaldar la defensa de los mexicanos que viven en el extranjero.
El llamado de Sheinbaum al Congreso y partidos políticos
“No es solamente un asunto del Gobierno de México; es un asunto de todas y de todos los mexicanos“, afirmó durante su conferencia matutina.
En ese contexto, solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitir un pronunciamiento sobre los hechos y llamó a todos los partidos políticos, sin distinción, a exigir información a las autoridades estadounidenses y expresar su rechazo ante cualquier presunta vulneración de los derechos de los connacionales.
Sheinbaum sostuvo que proteger la vida y los derechos humanos de los mexicanos fuera del país debe asumirse como una causa nacional, especialmente en Estados Unidos, donde reside la mayor comunidad de migrantes mexicanos.
El anuncio representa una nueva etapa en la postura del Gobierno mexicano frente a los casos de mexicao muertos en territorio estadounidense. La semana pasada, la presidenta adelantó que su administración recurriría a acciones jurídicas tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo del ICE en Houston.
De acuerdo con información del Gobierno de México, desde el endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump se han registrado diversos fallecimientos de mexicanos tanto en centros de detención como en operativos de las autoridades migratorias estadounidenses.
En el mapa no hay respuesta. El buscador de Google Maps indica como lugar de destino las oficinas comerciales de la firma inmobiliaria Terrenos Houston, la cual comercializa predios en la comunidad de Colony Ridge, ubicada en el condado de Liberty, a unos 35 kilómetros al norte de Houston y su población oscila entre 75,000 y 100,000 habitantes según funcionarios de este condado. Pero ese no es el destino.
Para entender el lugar hay que entrar a sus calles. En diagonal a la agencia, un foodtruck rompe la lógica del buscador. “Sí, hay tacos”, anuncia el letrero. Entre el olor a maíz y aceite, una mujer da indicaciones.
El puesto está casi vacío. El calor cae con fuerza: 33 grados centígrados a media tarde. Bajo una carpa alargada, una mesa de plástico y bancas largas funcionan como un comedor sobre tierra. Llega un cliente. Pide rápido, sin quedarse. Antes de irse, menciona las redadas migratorias y las críticas a la empresa que vendió estos terrenos, señalada por residentes por comercializar lotes en zonas inundables e incluso afectadas por aguas residuales. La comunidad hispana ha sido la más perjudicada, con denuncias de falta de información sobre los riesgos. El cliente no da más detalles. Está apurado. Se va.
Colony Ridge ha sido señalada por legisladores republicanos de Texas, como refugio de migrantes indocumentados e incluso como un centro de delincuencia vinculado a cárteles. Sin embargo, la presencia estatal es limitada: hay alrededor de 10 policías para una comunidad que supera las 80,000 personas. Aunque sus residentes sostienen que el nivel de criminalidad es bajo en comparación con otras ciudades, la escasa vigilancia se traduce en problemas cotidianos de seguridad.
A inicios de 2025, la tensión aumentó. La zona se convirtió en blanco de redadas migratorias.
Crédito: houstonlanding.org | Cortesía
Siguiendo las indicaciones de la vendedora del foodtruck, los carteles en español comienzan a aparecer en el camino. Así se anuncia la llegada a Colony, una zona que colinda con el condado de Montgomery.
En una de sus calles, en la comunidad de Colony funciona el local comercial Veronica’s Café. El lugar está vacío. Puede ser por el horario, jueves 14:00 del mes de junio. La dueña, estadounidense está casada con un centroamericano; con actitud gentil está pendiente de la clientela que entra o sale.
Verónica (derecha), propietaria de Verónica’s Café, conversa con la reportera Lía Salvador Mendoza en el establecimiento ubicado en Colony Ridge, un vecindario al norte de Houston, azotado por las redadas masivas de inmigrantes indocumentados. Crédito: Border Center for Journalists | Cortesía
“La verdad, mientras conduzco por mi comunidad, he visto a los state troopers detener a personas y buscarlas. Yo simplemente cierro los ojos y hago una oración por ellos; creo que Dios tiene el control de todo”, señala Verónica. Además, indica que tuvo que adaptarse a la situación.
Durante los primeros meses de 2025, su rutina cambió. La gente dejó de salir. Ella optó por hacer entregas a domicilio para aquellas personas que temían la presencia de los agentes de ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) o DPS (Departamento de Seguridad Pública).
Entre el Sueño Americano y la excepción
Cynthia Silva, periodista y residente de esta comunidad, comenta que en estudios de seguridad pública suele sugerirse un policía por cada mil habitantes. En Estados Unidos, hay en promedio 2.3 agentes por cada mil habitantes, según datos del FBI (Buró Federal de Investigaciones). En Colony Ridge, esa proporción no se cumple.
Cynthia Silva (derecha), reportera de El Amanecer Texas, explica que hay poco control policial en Colony Liberty. El fentanilo en las escuelas de ahí tiene un alto índice de consumo desde los 7 años, asegura.Crédito: Border Center for Journalists | Cortesía
Para Silva, la falta de agentes policiales se evidencia en la escasa presencia policial.
“Aquí hay delitos, sí, pero no al nivel de otros lugares. Las cifras del condado lo confirman: esta zona registra menos crimen que el norte. La policía es local y cercana, no interviene en temas migratorios; el problema es otro: casi no hay presencia. “No tenemos casi patrullas, casi no tenemos policías aquí”, expresó. “A veces tenemos una para toda la comunidad y hay como 80.000 personas aquí o más. Y está creciendo mucho”.
Con el inicio de las redadas, la dinámica del lugar cambió. Según Verónica muchos vecinos vendieron sus tráilers, sus casas, sus terrenos, sus muebles, y se regresaron a su país de origen para esperar que las redadas de ICE pasen. Otros viven con temor, asegura. DPS entró a colaborar con las autoridades migratorias.
En 2023, Colony Ridge tuvo atracción nacional tras cobertura de medios conservadores y políticos republicanos que acusaron el barrio de ser un imán para atraer a indocumentados.Crédito: David J. Phillip – Archivo | AP
El 24 de febrero de 2025 varios medios como Univisión reportaban las redadas en este sector y en colaboración agentes de ICE y DPS. Según declaraciones del gobernador de Texas, Greg Abbott, el objetivo era detener a criminales o migrantes en situación irregular.
“Nuestra comunidad es muy bonita. Aquí vive mucha gente buena. Cuando una familia tiene una tragedia, la comunidad se une y ayuda. Yo lo he visto muchas veces. Nunca he tenido problemas con nadie”, dice Verónica, quien ha vivido durante años en Colony.
Verónica se refiere a una redada ocurrida a inicios de 2025. Cree que las autoridades tenían órdenes de deportación, pero asegura que el operativo generó temor entre los residentes. Con el paso de los meses, agrega, la situación se ha calmado.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) señaló que 2025 ha sido un año “sin precedentes en resultados”, al registrar la deportación de 605,000 personas y la salida voluntaria de 1.9 millones de migrantes indocumentados desde el 20 de enero.
Para Verónica, quienes dan calificativos negativos sobre Colony son ciudadanos que no viven aquí, que no conocen lo que ocurre desde adentro.
“Yo soy americana, puedo decir que estoy viviendo el Sueño Americano (en Colony)”, explica.
En una postura más crítica está Cynthia Silva, periodista y residente de la comunidad. De padres latinos, su vida, la de su familia y su trabajo están en Colony, donde hace reportería para el medio local, El Amanecer Texas. Entre la mezcla de acentos en español e inglés ella relata qué falta en este lugar.
En este condado hay tres escuelas primarias. Ninguna secundaria. Solo funciona una high school de tipo charter, es decir, fuera del distrito escolar local y financiada directamente por fondos públicos. Este sistema educativo, identificado como IL Texas (International Leadership of Texas es una red de escuelas públicas autónomas y gratuitas), ofrece enseñanza en inglés, español y mandarín, y es valorado positivamente: muchos de sus estudiantes acceden a becas o incluso ingresan al Ejército tras graduarse.
Las escuelas de la comunidad, según Silva, enfrentan problemas estructurales como sobrepoblación, falta de espacio y condiciones de inseguridad. La saturación ha obligado incluso a la contratación de docentes extranjeros ante la falta de personal. A esto se suma un contexto complejo: presencia de drogas, particularmente fentanilo, pandillas y episodios violentos.
El crecimiento de Colony ha implicado desafíos en el ámbito escolar. El distrito educativo de Cleveland-Texas, enfrenta dificultades para retener docentes, escasez de autobuses escolares y falta de infraestructura, además de problemas relacionados con el consumo de sustancias sujetas a fiscalización.
Según datos del propio distrito, el año 2023 gastó $175 millones de dólares, pero solo generó $165 millones en ingresos, lo que dejó un déficit de $10 millones.
Para el 2013 la matrícula en todo el distrito de Cleveland alcanzó un máximo de 3,300 estudiantes. En mayo de 2024, el distrito tenía 12,242 alumnos inscritos. Estos datos fueron documentados por el medio Houston Landing en un reportaje publicado el 29 de agosto de 2024, que analiza el crecimiento acelerado de Colony Ridge y los desafíos que implica para sus servicios básicos.
La inseguridad en algunas de estas escuelas ha llevado a ciertas familias a optar por la educación en casa (homeschooling), tanto por la falta de cupos como por preocupaciones sobre el entorno y la calidad educativa. Es el caso de Silva, quien durante la entrevista intercalaba la conversación con la orientación de las clases de sus hijos.
Según Cynthia, también se reporta la presencia de drogas como el fentanilo entre menores, incluso desde los siete años.
El gobernador Greg Abbott (izquierda) ha empujado una dura agenda migratoria en Texas. en la imagen con el zar de la frontera, Tom Homan.Crédito: Eric Gay – Archivo | AP
El punto de quiebre
Para Silva las redadas migratorias marcaron un punto de quiebre en la comunidad. Estas comenzaron a inicios de año (2025) y se caracterizaron por controles generalizados. Mientras ella conducía cerca de su casa, iba a recoger una pizza para sus hijos, un agente la detuvo.
“Me pararon y lo primero que me preguntaron fue si tenía documentos. Yo les dije que sí y se los mostré, porque siempre los llevo conmigo. Uno nunca sabe. No importa si naciste aquí, si hablas inglés o español, si no tienes cara de persona blanca, te paran”, afirma.
“No hice nada malo. Lo único era que la luz de mi carro no funcionaba, pero la forma en que me hablaron me molestó mucho”, comenta. “Los policías de esta zona suelen ser amables, por eso me sorprendió. Me hablaron de forma fuerte”.
El impacto no se limitó a ese momento. Sus hijos de 12, 9 y 8 años presenciaron lo ocurrido y posteriormente en casa al explicarles la situación, los menores reaccionaron con angustia, al comprender que amigos cercanos y compañeros de escuela podrían estar en riesgo debido a su condición migratoria.
“Mi hijo de 12 años empezó a llorar. No entiende por qué está pasando todo esto. Mi hija también lloró: tiene miedo de que algo le pase a su mejor amiga, que es de México”, dice, con la voz entrecortada.
Al referirse a este episodio, la entrevistada se quiebra y se seca las lágrimas antes de continuar. Reconoce que, aunque las autoridades cumplen con su labor, los procedimientos deberían ejecutarse con mayor respeto hacia las personas. Advierte que, si bien se busca a individuos con antecedentes, también se genera temor entre familias que trabajan y residen en el sector.
Para intentar obtener cifras oficiales sobre las detenciones en Colony Ridge, la periodista y residente Cynthia Silva contactó a las autoridades. Sin embargo, tras varias solicitudes, solo recibió requerimientos adicionales sobre el propósito de su investigación y nunca obtuvo el reporte con los datos de detenciones, lo que impide dimensionar de forma oficial el alcance de las redadas. Según cuenta, en ocasiones anteriores este tipo de solicitudes solía resolverse de forma inmediata.
También menciona las condiciones de vida en la zona, señalando que servicios básicos como la recolección de basura implican costos adicionales que pueden alcanzar, aproximadamente $120 dólares trimestrales, para los residentes, a diferencia de otras ciudades como Houston.
Pese a todo, insiste en que los oficiales locales suelen mantener un trato distinto, más cercano, y que la tensión aumentó específicamente a inicios de 2025. Silva dice que se percibe una disminución de estos controles, aunque el impacto emocional del miedo a salir o desplazarse en la comunidad persiste.
La comunidad mantiene un fuerte sentido de solidaridad. Los vecinos se organizan para apoyarse en situaciones difíciles, asegura Verónica. En las redes sociales y en el website de El Amanecer Texas, en la sección Comunidad, se reflejan estas iniciativas y la participación de los residentes para mejorar la convivencia.
Este contexto local forma parte de una dinámica más amplia. Para la periodista especializada en migración Ana Brígida, quien ha seguido de cerca el crecimiento de Colony, este tipo de operativos responde a cambios recientes en la política migratoria. Desde enero de 2025, menciona se han intensificado las redadas y han surgido nuevas tácticas por parte de ICE, incluso en espacios como las cortes migratorias.
“He visto agentes dentro de las cortes, algo que no era común antes”, señala. Según su experiencia, estas acciones podrían estar relacionadas con una mayor presión política sobre la agencia, con un posible incremento de detenciones.
Texas se ha vuelto nuevamente noticia nacional tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo a manos de ICE, lo que ha desatado protestas en el estado.Crédito: Mark Felix | AP
El impacto de las redadas en la cobertura periodística
Esta coyuntura también ha afectado el trabajo periodístico. Brígida advierte que el acceso a espacios públicos como audiencias migratorias se ha restringido en las últimas semanas (julio-agosto de 2025), limita la transparencia y dificulta la cobertura informativa.
La periodista, originaria de Boston, explica que Colony Ridge creció como un desarrollo orientado a personas que no podían acceder a créditos tradicionales, muchas de ellas migrantes en situación de vulnerabilidad. Este modelo ha derivado en un entorno con menos recursos institucionales y mayores desafíos estructurales.
Además, señala que el Departamento de Justicia mantiene investigaciones sobre las prácticas de comercialización de terrenos en la zona, lo que refuerza la necesidad de analizar el fenómeno más allá de la narrativa simplificada.
Para Brígida, el desafío también es comunicacional. Advierte que los medios deben reforzar la verificación de datos y evitar replicar discursos que no se ajustan a la realidad. “No estamos hablando sólo de política migratoria, sino de personas”, enfatiza.
Pero el miedo no se limita a Colony Ridge. Adopta otras formas y otros protagonistas. Las redadas podrían ser el capítulo final en la historia de un migrante, sin embargo, el miedo podría comenzar antes.
Es el caso de Iván, quien vivió un infierno entre Tamaulipas, México, McAllen y Houston, Texas. En 2024, Iván Guzmán, ecuatoriano de 40 años, vivió lo peor de la migración: fue secuestrado junto a su hermano en México y retenido también en territorio estadounidense antes de recuperar su libertad en Houston.
Había salido de Ecuador tras recibir amenazas de muerte por parte de un grupo de delincuencia organizada en su país. Pero la violencia no quedó atrás. En su paso por México, fue capturado por redes vinculadas al crimen organizado, trasladado bajo amenazas y obligado a cruzar la frontera en condiciones extremas. Luego, ya en Estados Unidos, fue retenido durante semanas en casas clandestinas en McAllen, Texas, sin alimentación adecuada, sin agua y bajo control de grupos que exigían pagos a su familia. Su liberación en Houston se dio gracias al pago de aproximadamente $40,000 dólares que hicieron por él y su hermano sus familiares a los secuestradores. Un año después, en 2025, el miedo no ha desaparecido. Solo ha cambiado de forma y de protagonista.
Para miles de migrantes, el peligro no terminó al cruzar la frontera.
“Salgo y miro hacia atrás como si alguien me persiguiera”, dice Iván. Ahora teme ser detenido, deportado y obligado a regresar al país del que huyó, exponiéndose así a la violencia que intentó dejar atrás. Asegura que él no cree en el “Sueño Americano”.
Con el objetivo de fortalecer el plan del presidente Donald Trump de llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes en toda la historia, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) compró dos de los centros de detención de inmigrantes más grandes de California, en una transacción que rondó $1,500 millones de dólares.
A través de un comunicado, la compañía carcelaria CoreCivic dio a conocer que se había desprendido del Centro de Detención de Otay Mesa, ubicado en la frontera de California y México; y del Centro de Detención de California City, construido en el condado de Kern.
“Estamos satisfechos con la venta de estas dos instalaciones de misión crítica para el socio gubernamental de la compañía, lo que demuestra el valor de la cartera inmobiliaria subyacente de la empresa, al tiempo que refleja nuestro papel como proveedor de soluciones flexibles y a largo plazo para el gobierno”, indicó Patrick Swindle, presidente y director ejecutivo de CoreCivic.
De acuerdo con un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores, la operación de compra-venta ocurrió el 2 de julio.
El Centro de Detención de Otay Mesa fue vendido en $739.2 millones de dólares. (Crédito: Elliot Spagat / AP)
El Centro de Detención de Otay Mesa tiene una capacidad para montar 1,994 camas destinadas para los inmigrantes detenidos y al DHS le significó un desembolso de $739.2 millones de dólares.
Con respecto al Centro de Detención de California City, cuenta con una capacidad para montar 2,560 camas y para adquirirlo se pagaron $ 732.6 millones de dólares.
Al margen del cambio de propietario que sufrieron los señalados centros de detención de extranjeros carentes de estatus legal, CoreCivic contempla la posibilidad de continuar gestionando las operaciones diarias en ambas instalaciones, pues hacia los estipulan contratos vigentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Mientras que el contrato con CoreCivic en California City vence en agosto de 2027; el relacionado con Otay Mesa culmina en diciembre de 2029, en ambos casos con opción de renovación por cinco años.
Recientemente, el Congreso aprobó $170,000 millones de dólares para fortalecer y garantizar las operaciones del ICE, la Patrulla Fronteriza y a otras agencias federales migratorias en los dos años que le restan a la administración de Donald Trump.
A través de una cuenta habilitada en GoFundMe, plataforma de financiación colectiva, se han logrado recaudar más de $455,000 dólares para familia de Lorenzo Salgado Araujo, inmigrante asesinado por un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, Texas.
El incidente se produjo el miércoles cerca de las 7 am durante un intento de arresto en un control de tráfico.
De acuerdo con un comunicado divulgado por la agencia federal, el mexicano de 52 años presuntamente se negó a cooperar con las autoridades durante un operativo de control migratorio.
“Embistió un vehículo policial del ICE, se negó a obedecer múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente del ICE, lo que provocó que nuestro agente disparara su arma en defensa propia”, señala parte de la misiva.
Por ello, grupos defensores de los extranjeros carentes de estatus legal y organizaciones de derechos humanos están solicitando que se investigue a fondo el violento incidente para esclarecer lo que sucedió en East End de Houston, cerca de Magnolia Park.
Gracias a la solidaridad de más de 10 mil donantes, la meta de reunir medio millón de dólares para sus deudos está muy cerca de lograrse (Crédito: Mark Felix / AP)
Mientras tanto, se pidió la colaboración de personas que deseen solidarizarse con la familia de inmigrante muerto para cubrir con los gastos de su funeral, así como para establecer un fondo que les permita entablar una demanda legal en contra de ICE.
La meta consiste en reunir medio millón de dólares a través de la campaña denominada “En memoria de Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años”, la cual impulsa de manera conjunta en GoFundMe la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y la familia Salgado Araujo.
A menos de 24 horas de haberse activado una cuenta, ya se lograron reunir más de 10 mil donaciones con una aportación superior a $455,000 dólares.
Cabe señalar que Lorenzo Salgado Araujo era propietario de una empresa de construcción y los fondos que se recaben le serán entregados directamente a su viuda y a sus tres hijos.
De acuerdo con The New York Times, la ausencia de cámaras ha intensificado las dudas sobre lo ocurrido durante el operativo, ya que hasta el momento no existe evidencia en video que respalde la versión oficial de ICE, la cual sostiene que Lorenzo Salgado intentó embestir con su camioneta a un agente antes de que este abriera fuego.
Los testigos que viajaban con la víctima han rechazado esa versión y aseguran que el conductor nunca utilizó el vehículo como arma.
El DHS prometió cámaras para todos los agentes de ICE
Tras dos tiroteos ocurridos en Minneapolis a principios de año, la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, anunció que la dependencia desplegaría cámaras corporales para los agentes en todo el país.
Sin embargo, casi seis meses después, el caso de Lorenzo Salgado evidenció que la implementación sigue incompleta.
La congresista demócrata Sylvia García, representante de Houston, criticó duramente la situación.
“Incluso después de que le dimos al ICE específicamente $20 millones para cámaras corporales y de que Kristi Noem prometió que iba a comprarlas, aquí estábamos en Houston y los agentes no las tenían”, declaró durante una conferencia de prensa.
El DHS informó que las cámaras ya fueron distribuidas en más de la mitad de las oficinas de campo de ICE y aseguró que el resto de los agentes las recibirá en los próximos 60 días.
El caso de Lorenzo Salgado aumenta la presión sobre ICE
La muerte de Lorenzo Salgado, quien vivió más de 35 años en Estados Unidos, ha generado exigencias de una investigación independiente y reavivado el debate sobre la transparencia en los operativos migratorios.
Según The New York Times, el director interino de ICE, David Venturella, reconoció a la congresista Sylvia García que menos de un tercio de los agentes cuentan actualmente con cámaras corporales, aunque se comprometió a completar la entrega antes de finalizar julio.
Mientras tanto, organizaciones civiles sostienen que los operativos de ICE deberían suspenderse hasta que todos los agentes cuenten con este equipo.
“Si van a andar por ahí con armas y deteniendo a la gente, más les vale tener algunas cámaras corporales”, afirmó Michelle Gross, presidenta de Communities United Against Police Brutality.
La muerte del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sigue generando controversia. Ahora, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que el hombre abatido por un agente federal no era el objetivo de la investigación que dio origen al operativo en Houston, Texas.
Una portavoz del DHS explicó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) buscaban a dos ciudadanos de Guatemala, uno de los cuales creían que viajaba en una camioneta blanca similar a la que conducía Lorenzo Salgado la mañana del martes.
Sin embargo, los presuntos objetivos no se encontraban en el vehículo.
Salgado no era la persona buscada por ICE
Según el departamento, antes de realizar la detención, los agentes verificaron que el propietario de la camioneta era Lorenzo Salgado Araujo, quien no contaba con un estatus migratorio regular en Estados Unidos.
Pese a ello, el operativo continuó y terminó con un agente disparando contra el conductor.
El DHS sostiene que Salgado utilizó su vehículo como un arma e intentó atropellar a un agente federal, versión que hasta ahora no ha sido respaldada con videos u otras pruebas públicas.
Además, la dependencia confirmó que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales, por lo que no existe un registro oficial del momento en que ocurrió el tiroteo.
La familia exige una investigación independiente
La revelación de que Lorenzo Salgado no era el objetivo de la operación provocó nuevas críticas de su familia y de organizaciones defensoras de los inmigrantes.
“Me parece indignante y ridículo oír que nadie en esa furgoneta era objeto de ningún tipo de investigación”, declaró Ronaldo Salgado, hijo mayor de la víctima, al conocer que su padre no era la persona buscada por los agentes.
El hombre, originario del Estado de México, llevaba 35 años viviendo en Estados Unidos y trabajaba en la construcción para mantener a su familia. Sus hijos informaron que se encontraba en proceso para obtener un permiso de trabajo.
Mientras tanto, Víctor Hugo Salgado Araujo, hermano de la víctima y testigo directo de los hechos, permanece bajo custodia de las autoridades migratorias en un centro de detención en Conroe, Texas.
La investigación continúa a cargo de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, mientras que el FBI en Houston realiza una pesquisa paralela.
El caso se produce en medio del endurecimiento de los operativos de ICE durante la administración de Donald Trump y ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza, la falta de cámaras corporales y la rendición de cuentas en las acciones de las autoridades migratorias.
Los tres hombres que viajaban con el inmigrante mexicanoLorenzo Salgado Araujo el día que murió tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desmintieron la versión oficial de la administración Trump y aseguraron que la víctima nunca intentó atropellar a un agente federal.
De acuerdo con The New York Times, los testigos permanecen detenidos en un centro de detención migratoria y ofrecieron su versión de los hechos a través de su abogado, Hugo Balderas-Ibarra, quien afirmó que los tres coinciden plenamente en que ningún agente se encontraba frente al vehículo cuando ocurrieron los disparos.
Los testigos niegan que Salgado embistiera a un agente
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que el operativo ocurrió alrededor de las 6:50 de la mañana, cuando agentes de ICE intentaban detener a otra persona. Según la versión oficial, Salgado aceleró la camioneta e intentó atropellar a un agente, quien respondió disparando supuestamente en defensa propia.
Sin embargo, el abogado de los tres ocupantes rechazó esa narrativa.
“Tras hablar con estos tres hombres que iban en el vehículo con Lorenzo, no me cabe duda de que lo que dicen es cierto. Los tres reiteraron que en ningún momento un agente se encontraba delante del vehículo ni estuvo expuesto al peligro”, declaró Hugo Balderas-Ibarra durante una conferencia de prensa.
Hasta el momento, las autoridades no han difundido imágenes del instante en que ocurrió el tiroteo.
Videos e investigación mantienen abierto el caso
Según el medio citado, videos de vigilancia muestran a dos vehículos de ICE siguiendo la camioneta antes de interceptarla, aunque las imágenes conocidas hasta ahora no captan el momento en que se realizaron los disparos.
La congresista Sylvia García reveló además que el director interino de ICE, David Venturella, le confirmó que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales ni los vehículos contaban con cámaras de tablero que registraran el operativo.
La investigación quedó en manos de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, mientras que el FBI también participa en las indagatorias.
La familia de Lorenzo Salgado, de 52 años, originario del Estado de México, ha solicitado una investigación independiente. El médico forense del condado de Harris clasificó la muerte como homicidio.
Durante una conferencia de prensa, su hijo Ronaldo Salgado pidió que su padre sea recordado por la vida que construyó durante más de 35 años en Estados Unidos, donde formó una familia y dirigía una empresa de construcción.
“Él no deseaba nada más en la vida que mantener a su esposa y ver a sus hijos convertirse en personas de bien”, expresó.
Los Ángeles. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) suspenderá el uso de las cámaras de lectura automática de matrículas operadas por Flock Safety, una empresa de tecnología de vigilancia, debido a un desacuerdo sobre quién debe controlar y resguardar la información recopilada por estos dispositivos. La decisión ocurre en medio de un intenso debate sobre la protección de la privacidad, el uso de la tecnología en labores policiales y las preocupaciones por un posible acceso a los datos por parte de agencias federales.
De acuerdo con información publicada por el New York Post, el director de informática del LAPD, Dean Gialamas, explicó que la prioridad del departamento es garantizar que los datos obtenidos por las cámaras permanezcan bajo reglas claras y respeten los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Privacidad y derechos civiles frenan el contrato
El conflicto gira en torno a la propiedad de la información que generan los lectores automáticos de matrículas. Aunque Flock Safety sostiene que no comparte datos con agencias federales sin autorización de sus clientes, la empresa ha sido señalada por organizaciones civiles que cuestionan la posibilidad de que esa información termine siendo utilizada por ICE en operativos contra inmigrantes.
“Nuestra prioridad es proteger los derechos constitucionales y las libertades civiles de aquellos a quienes servimos. Estamos tratando de aclarar los términos para que la propiedad y la seguridad de los datos queden bien definidas”, declaró Dean Gialamas.
La controversia también ha llegado a los tribunales. La organización Stop LAPD Spying demandó al departamento y al Ayuntamiento de Los Ángeles por negarse a entregar documentos relacionados con el funcionamiento de esta red de vigilancia basada en inteligencia artificial.
Una herramienta clave contra el crimen, pero bajo revisión
Los lectores automáticos de matrículas forman parte de una de las principales herramientas de investigación del LAPD. Estos dispositivos capturan la placa de los vehículos, registran la ubicación, fecha y hora, y comparan automáticamente la información con bases de datos de automóviles robados, órdenes de arresto y alertas AMBER.
Actualmente, el departamento opera cerca de 1,500 lectores instalados en patrullas y otras 160 cámaras fijas distribuidas principalmente en el oeste de Los Ángeles y el Valle de San Fernando.
Tan solo en 2024, el sistema realizó 1,132,441,520 lecturas de matrículas y generó 301,655 coincidencias, cifras que reflejan el alcance de esta tecnología en las investigaciones policiales.
Pese a esos resultados, la alcaldesa Karen Bass ha reiterado que respalda el uso de estas cámaras para combatir el crimen, pero rechaza que la información recopilada sea compartida con el Gobierno federal.
“Creo que esas cámaras son importantes, pero me parece completamente inaceptable que envíen esa información a funcionarios federales. No queremos que eso suceda”, afirmó la alcaldesa.
Mientras continúan las negociaciones con Flock Safety, el LAPD dejará de utilizar las cámaras de esta compañía, aunque mantendrá en funcionamiento los equipos de otros proveedores. La decisión marca un nuevo episodio en el debate nacional sobre el equilibrio entre la seguridad, la privacidad, la tecnología, la vigilancia, los datos personales y los derechos civiles.
El abogado de la familia del inmigrante mexicanoLorenzo Salgado, que falleció tras recibir un disparo en el torso por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, acusó este viernes a la agencia de intentar encubrir lo que calificó como un “crimen“.
Abogado acusa contradicciones en la versión de ICE
Domingo García, también miembro de la organización LULAC, aseguró en una entrevista con EFE que ICE mintió al afirmar que los agentes no llevaban cámaras corporales y al sostener que Salgado intentó arrollar a uno de ellos.
“Están tratando de encubrir, en mi opinión, un crimen, que fue la muerte de Lorenzo Salgado“, afirmó García.
El abogado dijo haber visto videos grabados después del tiroteo en los que, según su versión, se observan cámaras sujetas a los chalecos de algunos agentes.
Los otros tres hombres que viajaban con Salgado en la camioneta cuando fue interceptada por ICE y que después fueron detenidos por la agencia han negado que chocara el vehículo contra los carros de los agentes o que intentara arrollar a uno de ellos, según reveló el abogado de ellos, Hugo Balderas, en una rueda de prensa hoy en Houston.
“Lo trataron como un perro”
Ante este panorama, la familia de Salgado no confía en que el Gobierno federal realice una pesquisa “imparcial e independiente”, indicó García.
“Las autoridades deben admitir que cometieron un error y la persona que lo cometió debe ser castigada. La familia de Lorenzo necesita justicia”, declaró.
El letrado denunció también el trato que, según la información recopilada por la familia, recibió Salgado tras resultar herido: los agentes le quitaron la cartera, lo esposaron mientras permanecía tendido en el suelo y lo trasladaron al hospital aún esposado.
“No puedo entender por qué, en vez de ayudar a un hombre que estaba tirado en el piso muriéndose, lo trataron como a un perro”, afirmó García.
Salgado, de 52 años y originario del Estado de México, llevaba unos 35 años viviendo en Estados Unidos. Era propietario de una pequeña empresa de construcción con ocho empleados y trabajaba como carpintero de armazones.
Con “el sudor de su trabajo” sacó adelante a su familia y pagó los estudios universitarios de sus hijos, contó el abogado. Uno de ellos trabaja como profesor de secundaria, otro es ingeniero y el tercero todavía estudia.
“Fue un hombre que vino a vivir el sueño americano” y estaba cerca de obtener un permiso de trabajo y la residencia permanente, agregó García.
“Cazando inmigrantes”
Salgado se dirigía al trabajo el martes junto con su hermano y otros dos compañeros cuando agentes de ICE interceptaron la camioneta en la que viajaban en Magnolia Park, un barrio históricamente latino de Houston.
Según la versión del Gobierno, los agentes intentaban detener a otro inmigrante contra el que pesaba una orden administrativa y creyeron que viajaba en la camioneta. Las autoridades sostienen que Salgado “ignoró las instrucciones”, chocó contra uno de los vehículos de ICE e intentó arrollar a un agente, quien disparó “en defensa propia”.
Los tres testigos directos, que permanecen recluidos en un centro de detención migratoria, aseguran, en cambio, que ningún agente se colocó frente a la camioneta y que los disparos entraron por los costados del vehículo.
La congresista Sylvia García reveló además, tras hablar con el director interino de ICE, David Venturella, que ni Salgado ni su hermano Víctor eran los objetivos del operativo. ICE no ha identificado públicamente a la persona que buscaban ni al agente que disparó.
Para el abogado, lo que sucedió con Salgado fue producto de un “perfil racial” y acusó a las autoridades de “andar cazando inmigrantes” en las comunidades latinas.
El letrado adelantó que la familia demandará a ICE y está en contacto con el Gobierno de México, que también busca avanzar acciones legales sobre esta muerte.
García dijo además que la familia de Víctor Salgado, hermano de Lorenzo y testigo directo del tiroteo, permanece oculta por temor a que las autoridades migratorias la detengan debido a su situación legal y la deporten para impedir que sus integrantes testifiquen o participen en una demanda.
“Tienen miedo de que la migra (agentes) llegue a sus casas, los arreste y los deporte para que no sean testigos ni presenten una demanda aquí en Estados Unidos“, afirmó.
Nuevamente el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ocupa los titulares noticiosos por sus abusos y exceso de violencia que a menudo causa muertes innecesarias. El pasado 8 de julio, un agente de esa institución abatió a tiros a Lorenzo Salgado Araujo, un indocumentado mexicano que intentó escapar de un operativo en Houston, Texas. La propia agencia reconoció que se trató de un error craso, porque el fallecido, que estaba a punto de conseguir su permiso de trabajo en Estados Unidos, no era la persona a la que buscaban.
La muerte de Salgado ha generado múltiples llamados de funcionarios demócratas y grupos defensores de derechos de los inmigrantes para que se realice una investigación independiente sobre lo ocurrido.
Ante esta tragedia, la respuesta del gobierno mexicano ha tomado un giro drástico. La presidenta Claudia Sheinbaum rompió con la tradicional pasividad burocrática y anunció que su administración irá “más allá de las reclamaciones diplomáticas” ordinarias. Desde el Palacio Nacional, la mandataria instruyó el inicio de medidas jurídicas contundentes y denuncias penales ante las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de EE. UU. por lo que abiertamente calificó como “homicidios”.
Además, se contemplan acciones civiles contra las empresas privadas que lucran con los centros de detención. La postura de Sheinbaum es firme:
“No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos… Estamos preparando medidas jurídicas, obviamente, más importantes. Lo que no podemos es ser omisos”.
Si bien las enérgicas acciones legales anunciadas por la presidenta y su cancillería son necesarias y representan un cambio de marcha indispensable, es imposible ignorar la pregunta más amarga de esta crisis: ¿por qué se esperó tanto?
Hoy se sabe que la cifra de mexicanos que han perdido la vida bajo custodia o en operativos de ICE en este ciclo de endurecimiento migratorio asciende ya a 17 personas. Diecisiete familias destrozadas que, hasta ahora, solo habían recibido el consuelo estéril de 11 notas de protesta diplomática.
El gobierno mexicano debió haber golpeado la mesa de los tribunales internacionales y estadounidenses desde el primer deceso. Tratar las muertes sistémicas de connacionales como “incidentes aislados” merecedores de quejas de papel fue una omisión histórica. Dejar pasar 16 tragedias antes de instrumentar una ofensiva legal vigorosa es la dolorosa prueba de que la diplomacia de la “cabeza fría” a veces peca de congelar la urgencia humanitaria.
Un error que cuesta una vida humana no es un error administrativo; es una negligencia criminal amparada por un sistema de persecución punitivo. Los migrantes mexicanos sostienen industrias enteras y enriquecen la economía del país del norte; su único “delito” es la falta de un documento. Es hora de que el peso del Estado mexicano defienda de verdad esa dignidad en los tribunales estadounidenses. Las demandas que hoy se anuncian son correctas y urgentes, pero llegan arrastrando el eco de 17 muertes que exigían justicia desde hace mucho tiempo.
