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A pesar de la controversia generada por las muertes de tres inmigrantes, ocurridas por separado en una semana durante operativos a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional (DHS), anticipó que todo extranjero carente de estatus legal detectado en el territorio estadounidense terminará siendo deportado tarde o temprano sin importar dónde se encuentre.

El primer incidente desafortunado se produjo el miércoles 7 alrededor de las 6:38 am durante un intento de arresto en un control de tráfico efectuado en Houston, Texas.

De acuerdo con un comunicado divulgado por la agencia federal, el mexicano Lorenzo Salgado Araujo de 52 años presuntamente además de negarse a cooperar con las autoridades durante un operativo de control migratorio, trató de embestir a un oficial con la camioneta que conducía.

En respuesta, recibió varios disparos que a la postre le quitaron la vida.

Seis días después, en la ciudad de Biddeford, Maine, durante otro operativo de detención de inmigrantes, un agente de ICE disparó el arma que portaba en contra de Johan Sebastián Durán Guerrero, colombiano de 26 años quien perdió la vida.

Posteriormente, el 14 de junio, para evitar de ser detenido por el ICE, un tercer inmigrante falleció tras ser arrollado por un tráiler cuando trataba de huir en San Agustín, poblado ubicado en el noreste de Florida.

Las muertes han provocado indignación entre la comunidad latina y las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

No obstante, a través de una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Markwayne Mullin descartó que el trabajo de las autoridades migratorias continuará en la mayor parte del territorio nacional y les recomendó a las personas carentes de documentos para avalar su estadía, abandonar el país por voluntad propia.

“Los inmigrantes indocumentados serán arrestados y deportados dondequiera que se encuentren. Si estás aquí ilegalmente, VETE AHORA. Nuestros agentes están llevando a cabo operativos para hacer cumplir las leyes de nuestra nación.

Recordamos a los inmigrantes indocumentados que intentar evadir el arresto es peligroso”, escribió.

Acto seguido, el funcionario despotricó en contra de tres políticos demócratas por estar asesorando a los inmigrantes para eludir su eventual deportación.

“Organizó un seminario web con consejos para que los inmigrantes indocumentados eviten arrestos en sus hogares, lugares de trabajo o en público” señaló sobre Alexandria Ocasio-Cortez, representante por Nueva York a quien acusó de estar asesorando a los inmigrantes carentes de estatus legal.

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que todos los equipos de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deberán contar, como mínimo, con un agente equipado con cámara corporal, una medida que llega después de dos tiroteos fatales ocurridos durante operativos migratorios y que generaron cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades.

De acuerdo con información de CBS News, la decisión se tomó luego de que un inmigrante mexicano muriera en Houston, Texas, y un inmigrante colombiano falleciera en Biddeford, Maine, en incidentes separados donde los agentes involucrados no portaban cámaras corporales.

“Garantizar que todos nuestros agentes del ICE cuenten con cámaras corporales en todo el país es una prioridad absoluta para el DHS”, señaló la dependencia en un comunicado.

El DHS acelera el despliegue de cámaras corporales

El DHS informó que más de la mitad de las oficinas regionales del ICE ya cuentan con estos dispositivos y aseguró que el resto recibirá el equipo en un plazo de 60 días.

La dependencia atribuyó el retraso a problemas de financiamiento derivados del cierre parcial del gobierno a principios de este año. Sin embargo, legisladores demócratas sostienen que el Congreso ya aprobó recursos suficientes para acelerar el programa.

La representante Sylvia García, demócrata por Texas, aseguró que el director interino del ICE, David Venturella, le prometió que todos los agentes en servicio tendrán acceso a cámaras corporales antes de que termine julio.

“Confía en mí, le exigiré que cumpla su palabra”, declaró la legisladora.

También cambian las detenciones vehiculares del ICE

Tras los hechos ocurridos en Texas y Maine, el ICE también suspendió temporalmente la mayoría de las detenciones de vehículos durante sus operativos, salvo en casos relacionados con personas consideradas de alto riesgo.

Según el medio citado, la pausa permitirá capacitar nuevamente a los agentes sobre los protocolos de intervención y el uso de las cámaras corporales.

Las muertes de ambos inmigrantes reavivaron el debate sobre las tácticas del ICE y la necesidad de contar con evidencia audiovisual durante los operativos, una práctica que organizaciones civiles consideran clave para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

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El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que mató al colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero durante un operativo en Maine era un nuevo recluta de la agencia, una revelación que ha intensificado las dudas sobre la preparación de los elementos incorporados en los últimos meses para reforzar la política migratoria del presidente Donald Trump.

De acuerdo con un reporte de The Atlantic, el agente había sido contratado por el ICE este mismo año, tras haber trabajado desde 2017 en la Policía del Departamento de Asuntos de Veteranos. Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer públicamente su identidad.

Capacitación de nuevos agentes está bajo escrutinio

El caso ocurre en un momento en que el ICE acelera la contratación de personal para cumplir con el objetivo de incrementar las detenciones de inmigrantes en todo el país.

Según el medio citado, la agencia incorporó cerca de 8,000 nuevos agentes durante los últimos meses. Como parte de ese proceso, algunos recibieron una capacitación reducida antes de salir a las calles, una decisión que posteriormente fue revertida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), luego de cuestionamientos internos sobre la preparación de los nuevos elementos.

Funcionarios veteranos consultados por el medio señalaron que muchos agentes reciben menos entrenamiento para realizar detenciones de vehículos que policías de otras corporaciones, pese a que este tipo de operativos representa uno de los escenarios con mayor riesgo.

Tiroteos mortales reavivan el debate sobre el uso de la fuerza

La muerte de Johan Sebastián Durán Guerrero, un inmigrante colombiano de 26 años, ocurrió durante un operativo de tránsito en Biddeford, Maine. De acuerdo con el DHS, el agente abrió fuego porque “temía por la seguridad pública” cuando el conductor intentó escapar con su vehículo.

Sin embargo, hasta el momento no se han difundido videos que permitan reconstruir con claridad lo ocurrido. Además, el DHS confirmó que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales.

El caso se produjo apenas unos días después de otro tiroteo fatal en Houston, donde murió Lorenzo Salgado Araujo, un inmigrante mexicano de 52 años. En ambos episodios, las víctimas intentaron huir durante operativos del ICE, aunque expertos en uso de la fuerza consultados por The Atlantic sostienen que esa acción, por sí sola, no justifica el empleo de fuerza letal.

Como consecuencia de ambos hechos, el ICE suspendió temporalmente las detenciones derivadas de retenes vehiculares mientras avanzan las investigaciones del FBI y de la oficina de asuntos internos del DHS.

El DHS evitó profundizar sobre la decisión, pero señaló en un comunicado retomado por el medio: “Siempre estamos evaluando nuestros procedimientos para mantener a nuestros agentes seguros y a los delincuentes fuera de nuestras calles. No divulgaremos ni discutiremos tácticas de las fuerzas del orden”.

La revelación sobre la experiencia del agente involucrado ha reavivado el debate en Estados Unidos sobre la preparación de los nuevos reclutas del ICE, especialmente en un contexto de incremento de operativos migratorios y de una estrategia que busca aumentar significativamente las detenciones de inmigrantes.

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La semifinal entre Argentina e Inglaterra movilizará este miércoles el mayor operativo de seguridad implementado hasta ahora durante el Mundial 2026. El despliegue incluirá a la Policía de Atlanta, el FBI y otras agencias federales, mientras crece la preocupación entre algunos aficionados por una posible presencia de agentes de inmigración cerca del estadio.

Las autoridades confirmaron que habrá más personal en el área metropolitana, vigilancia en zonas de entretenimiento, controles alrededor del Mercedes-Benz Stadium y coordinación entre fuerzas locales y federales. Sin embargo, hasta el momento no se anunció una redada migratoria dirigida contra quienes asistan al partido.

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Qué se sabe sobre la presencia de ICE

Reportes publicados este miércoles indican que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas podrían participar en el operativo federal alrededor del estadio.

La función atribuida a esos agentes no sería comprobar el estatus migratorio de los aficionados, sino colaborar en investigaciones vinculadas con mercancía falsificada, reventa ilegal de boletos, tráfico de drogas y personas que tengan órdenes de captura pendientes.

No existe, hasta ahora, un comunicado público de ICE que anuncie controles migratorios generales en los accesos al estadio. Por eso, no es preciso afirmar que la agencia realizará redadas entre los asistentes.

El FBI y la Policía de Atlanta reforzaron la seguridad

La Policía de Atlanta confirmó que desplegó personal adicional y otros recursos en distintos puntos de la ciudad. El operativo fue coordinado con el FBI y los organismos encargados de la seguridad del Mundial.

Entre las medidas anunciadas se encuentran:

• Accesos diferenciados para algunos grupos de aficionados.
• Mayor presencia policial en los alrededores del estadio.
• Vigilancia reforzada en hoteles, bares y zonas de concentración.
• Controles sobre pancartas con mensajes políticos, raciales o provocadores.
• Aproximadamente 1,600 efectivos asignados al dispositivo.

Las autoridades no revelaron todos los detalles tácticos para no comprometer el funcionamiento del operativo.

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Por qué el partido fue considerado de alto riesgo

La preocupación se relaciona con la histórica rivalidad entre Argentina e Inglaterra, atravesada por la Guerra de las Malvinas y por varios enfrentamientos mundialistas cargados de polémica.

Los organismos de seguridad también analizaron la posibilidad de incidentes entre grupos de aficionados. Por ese motivo, el partido fue catalogado como el encuentro de mayor riesgo del torneo, aunque las autoridades insistieron en que no existe una amenaza específica contra el estadio.

¿Puede ICE detener a una persona cerca del estadio?

La presencia en un evento deportivo no impide que una agencia federal actúe contra alguien que tenga una orden judicial o de arresto vigente.

Eso es diferente de realizar controles indiscriminados sobre todos los aficionados. Las autoridades no informaron que los espectadores deban presentar documentos migratorios para ingresar: deberán cumplir con los requisitos habituales de seguridad y mostrar una entrada válida.

Lo recomendable es llegar con anticipación, llevar únicamente los objetos permitidos, evitar pancartas provocadoras y seguir las instrucciones del personal del estadio.

Las personas que tengan dudas sobre su situación migratoria deben recordar que pueden guardar silencio y solicitar asesoramiento legal. No obstante, el despliegue anunciado para este miércoles se presenta oficialmente como un operativo de seguridad pública, no como una acción migratoria masiva.

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Muere atropellado inmigrante al pretender escapar de un operativo del ICE en Florida

El presidente Donald Trump pidió reactivar las paradas de tráfico del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), apenas un día después de que su propia administración ordenara suspender la mayoría de estos operativos tras dos tiroteos mortales que dejaron sin vida a dos inmigrantes en Maine y Texas.

A través de Truth Social, el mandatario defendió el trabajo de los agentes migratorios y aseguró que los retenes vehiculares son una de las herramientas más importantes para combatir el crimen y ejecutar su política de deportaciones. Su postura contradice la decisión anunciada por funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quienes habían ordenado detener temporalmente este tipo de acciones mientras avanzan las investigaciones.

Trump defiende los retenes del ICE

En su mensaje, Trump elogió a los agentes del ICE y rechazó que se abandonen las detenciones durante paradas de tráfico.

“No podemos renunciar a una de las herramientas de lucha contra el crimen más importantes y efectivas del ICE, ¡la detención por tráfico!”, escribió el presidente.

También pidió a los agentes actuar con prudencia, aunque insistió en que deben volver a realizar este tipo de operativos.

The men and women of ICE are doing a GREAT job, one that has to be done. CRIME IS WAY DOWN IN AMERICA, in many cases with numbers that haven’t been seen in decades. The Open Border Policy of Sleepy Joe Biden allowed 25,000,000 people to pour into our Country, unchecked and? pic.twitter.com/im7J8Q60wd

— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 15, 2026

La decisión llega tras dos tiroteos mortales

La suspensión de las paradas de tráfico fue ordenada después de la muerte de Johan Sebastián Durán Guerrero, un inmigrante colombiano de 26 años que recibió disparos de un agente del ICE durante un operativo en Biddeford, Maine. Días antes, otro agente mató a Lorenzo Salgado Araujo, un inmigrante mexicano de 52 años, durante una intervención similar en Houston. Ambos casos son investigados por el FBI y la oficina de asuntos internos del DHS.

De acuerdo con la agencia AP, la suspensión fue impulsada por el secretario del DHS, Markwayne Mullin, tras dialogar con la senadora republicana Susan Collins, quien expresó su preocupación por la seguridad de este tipo de operativos. La medida contemplaba excepciones para investigaciones criminales y acciones coordinadas con otras agencias.

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La muerte de Lunas Campos es uno de los casos recogidos en un informe publicado este miércoles por Human Rights Watch (HRW) y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que denuncia golpizas, negligencia médica, aislamiento prolongado y condiciones insalubres en el centro, ubicado en El Paso.

Camp East Montana, compuesto por cinco estructuras similares a tiendas de campaña, tiene capacidad para albergar hasta 5.000 personas.

HRW sostiene que los abusos documentados constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes y califica la muerte de Lunas Campos como una “ejecución extrajudicial” conforme al derecho internacional.

La organización entrevistó a 71 personas que estuvieron detenidas en el centro, todas procedentes de doce países de Latinoamérica y el Caribe. La mayoría de ellas (64) denunció haber sido golpeada o haber presenciado golpizas contra otros detenidos por parte de los guardias del centro.

“Cuando una persona reclama, se desquitan con todos nosotros”, relató un hondureño identificado con el seudónimo de Germán L., quien llevaba un mes detenido cuando fue entrevistado por HRW.

Según su testimonio, los guardias agreden a quienes piden comida, medicinas o reclaman sus derechos. “Visten de negro, usan máscaras que les cubren casi todo el rostro y no llevan placas con sus nombres”, señaló. “Quieren demostrar que tienen el control y que pueden hacer lo que quieran con nosotros”.

Otro de los entrevistados, un venezolano de 32 años identificado como Armando G., dijo que siete guardias lo tiraron al suelo durante una huelga de hambre, mientras uno lo asfixiaba y otro le tiraba del cabello y le golpeaba la cabeza contra el suelo. Aseguró que sufrió hematomas y un fuerte dolor abdominal, pero no recibió atención médica.

“Sé cómo suena la muerte”

Lunas Campos, padre de cuatro hijos, fue uno de los tres inmigrantes muertos en Camp East Montana en los últimos seis meses y uno de los 50 fallecidos bajo custodia de ICE desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca: 31 en 2025 y otros 19 en lo que va de 2026, según datos de la organización Detention Watch Network.

El cubano murió la noche del 3 de enero en una unidad de aislamiento, después de pedir que le entregaran sus medicamentos.

Tres detenidos dijeron a HRW haber visto o escuchado parte del altercado. Uno relató que oyó golpes y al inmigrante gritar repetidamente que lo estaban asfixiando.

ICE informó entonces de que el personal encontró al detenido “en dificultades” y que los servicios médicos trataron de reanimarlo.

La autopsia, sin embargo, halló abrasiones en el pecho y las rodillas y hemorragias en el cuello. El médico forense determinó que murió por asfixia causada por la compresión del cuello y el torso, y clasificó la muerte como homicidio.

“Sé cómo suena la muerte”, afirmó Ismael M., un hondureño que escuchó lo ocurrido desde otra celda, según el informe. “Lo que le pasó a Geraldo me podría haber pasado a mí o a cualquiera de nosotros”, añadió.

“Suciedad, hambre y falta de atención médica”

El informe describe unidades hacinadas, baños cubiertos de heces y orina, duchas obstruidas y suelos inundados con agua sucia. Hasta 72 personas comparten seis inodoros y seis duchas en cada unidad.

Los detenidos denunciaron que pasaban días o semanas sin jabón, desinfectante o cepillos de dientes, y que algunos desarrollaron infecciones cutáneas, respiratorias y dentales.

También aseguraron que sus solicitudes de atención médica quedaban sin respuesta durante semanas o meses y que, en algunos casos, la atención solo llegaba después de un desmayo o una emergencia grave.

Los inmigrantes describieron además porciones de comida insuficientes, congeladas o en mal estado. Algunos dijeron haber perdido hasta 13 kilos durante su detención.

“Este lugar es un cementerio de personas vivas. Aquí te puede pasar cualquier cosa”, dijo un ecuatoriano identificado como Lorenzo P. en un testimonio recogido por HRW.

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La foto de Lorenzo Salgado Araujo frente a su pastel de cumpleaños número 52 provoca no solo tristeza por una vida tronchada viciosamente y una familia marcada por su muerte a tiros por un agente de ICE el 7 de julio. Produce también ira y frustración saber que, como en otros casos, comienzan las versiones encontradas, y es probable que la falta de transparencia y de rendición de cuentas prevalezcan otra vez.

Seis días después, el 13 de julio, en otro incidente muy similar, un agente de ICE mató en Maine a Johan Sebastián Durán Guerrero, inmigrante colombiano de 25 años de edad, padre de una niña de 3 años que presenció su muerte, esposo, y portador de permiso de trabajo.

Por estos días, una detención de ICE puede ser una sentencia de muerte sobre todo si eres o luces latino.

La administración Trump ordenó suspender temporalmente la mayoría de los operativos de detención de vehículos para “reentrenar” a sus agentes como si eso cambiara la cultura de violencia que prevalece cuando se imponen cuotas de 2,000 detenciones diarias a agentes pobremente entrenados, pero expertos en el uso de perfil racial, y sin respeto al debido proceso de ley.

Salgado Araujo fue baleado por un agente de ICE en Houston, Texas, cuando manejaba la camioneta de su negocio de construcción para recoger a tres de sus empleados. Ahora se sabe que no era buscado por ICE para su detención, al igual que Johan, aunque en principio se indicó que lo eran, como si ser el objetivo de una detención suponga que deban matarte a tiros.

Esos agentes en vehículos no identificados alegan que al no seguir instrucciones y tratar de huir, Salgado Araujo “utilizó su vehículo como arma” para tratar de atropellar a un agente que le disparó mortalmente “en defensa propia”.

Los tres empleados que presenciaron todo y que ahora están bajo custodia de ICE, aseguran que Salgado Araujo no intentó atropellar al agente cuya vida nunca corrió peligro. Los agentes no portaban cámaras corporales que habrían arrojado luz sobre lo sucedido.

En el caso de Johan, tampoco portaban cámaras corporales, pero ICE y el DHS aseguran que el agente disparó por la “seguridad pública”.

Ese cansado libreto ya lo conocemos. Los casos de Renée Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses muertos a tiros en hechos separados por agentes migratorios en Minneapolis, Minnesota, muestran las mismas similitudes. Agentes actuando violentamente y disparando a mansalva aunque sus vidas no corran peligro. Luego culpan a la víctima, y se le acusa de utilizar su vehículo como “arma mortal”, aunque en el caso de Pretti, le dispararon por la espalda, en el suelo, cuando estaba neutralizado.

Se supone que estos agentes migratorios están aplicando leyes civiles, pero para ellos aplicar ley y orden supone tener licencia para matar.

Esta cultura de violencia es promovida desde la propia presidencia así que no debe sorprendernos que los agentes piensen que su conducta es avalada y justificada por sus superiores, porque lo es.

Hubo incluso un cierre parcial del DHS porque los demócratas querían reformas a la forma en que operan los agentes migratorios y para que haya rendición de cuentas. Pero los republicanos optaron por aprobar $70 mil millones de dólares adicionales a los $170 mil millones para ICE y CBP por el resto de la presidencia de Trump mediante reconciliación, por simple mayoría y sin apoyo demócrata. Las reformas quedaron en el tintero.

La realidad es que tanto ICE como CBP utilizan fuerza letal y nadie rinde cuentas por sus acciones, ya sea en un tiroteo a media calle, o una muerte sospechosa en un centro de detención. En ambas instancias la cifra de muertos ha aumentado .

El American Immigration Council lo describe así: “Bajo la segunda administración de Trump, los agentes de inmigración recurren habitualmente a la violencia en las operativos de control migratorio y las detenciones. A menudo rompen las ventanillas de los autos para sacar a sus ocupantes. Varias personas han recibido heridas de bala durante operaciones de control migratorio, y cinco de ellas han fallecido”. El reporte es de febrero y no incluye las muertes más recientes. Desde que Trump asumió su segundo mandato, 11 personas han muerto en tiroteos a manos de agentes migratorios.

El análisis agrega que “en muchos de estos casos, los funcionarios del gobierno han mentido sobre las circunstancias en las que se empleó la fuerza para exagerar la amenaza a los agentes”.

“Pero incluso cuando las pruebas confirman que el uso de la fuerza por parte del agente no estaba justificada por la amenaza, no se aplican las “sanciones administrativas y penales pertinentes”.

Un absoluto reinado de impunidad.

Los textos publicados en esta sección son responsabilidad única de los autores, por lo que La Opinión no asume responsabilidad sobre los mismos.

Decenas de personas se congregaron este martes en Foley Square, en el bajo Manhattan, para exigir justicia por las muertes de los inmigrantes Lorenzo Salgado Araujo y Johan Sebastián Guerrero, quienes fallecieron en incidentes separados durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La manifestación reunió a organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, activistas y residentes que reclamaron una investigación exhaustiva sobre ambos casos y cuestionaron las tácticas empleadas por la agencia federal.

Con pancartas con mensajes como “Justicia para Lorenzo, Johan y todas las víctimas del ICE”, los asistentes expresaron su solidaridad con las familias de los fallecidos y denunciaron lo que consideran un incremento en el uso de la fuerza durante las operaciones migratorias. A lo largo de la concentración también se escucharon consignas a favor de las comunidades inmigrantes y llamados para reformar o incluso eliminar la agencia federal.

Las protestas surgieron después de que Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano de 52 años y padre de tres hijos, muriera el 7 de julio en Houston, Texas, durante un operativo del ICE. Días después, el lunes, Johan Sebastián Guerrero, un colombiano de 26 años y padre de una niña, falleció tras otro enfrentamiento con agentes en Biddeford, Maine.

Exigen investigaciones independientes sobre ambos casos

Diversos grupos proinmigrantes, entre ellos la Coalición de Inmigración de Nueva York y el Partido para el Socialismo y la Liberación, encabezaron la convocatoria y solicitaron que las investigaciones federales determinen si los agentes involucrados actuaron conforme a los protocolos establecidos.

Los organizadores también recordaron a otras personas fallecidas este año durante acciones relacionadas con el ICE, entre ellas Renee Nicole Good y Alex Pretti, cuyos casos igualmente han generado cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades migratorias.

Durante la protesta, varios participantes afirmaron que las recientes muertes reflejan la necesidad de revisar las políticas de aplicación de las leyes migratorias. Algunos manifestantes pidieron la abolición del ICE, mientras otros insistieron en que los responsables enfrenten consecuencias legales si las investigaciones concluyen que hubo uso excesivo de la fuerza.

Las autoridades federales sostienen que en ambos casos los agentes dispararon al considerar que existía un riesgo inmediato para la seguridad pública. De acuerdo con la versión oficial, Salgado Araujo habría intentado utilizar su vehículo como arma durante el operativo en Texas, mientras que Guerrero presuntamente aceleró su automóvil hacia los agentes cuando intentaba abandonar el lugar en Maine.

Crece la presión sobre el ICE por sus operativos

Las manifestaciones no se limitaron a Nueva York. En Boston también se realizaron concentraciones donde los asistentes exigieron justicia para ambos inmigrantes y reclamaron una mayor supervisión sobre las acciones del ICE. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, expresó preocupación por los recientes hechos y reiteró su rechazo a que aumenten los operativos migratorios en las calles de la ciudad. La mandataria señaló que no desea ver a más personas detenidas en la vía pública ni que ocurran nuevas muertes durante este tipo de intervenciones.

Mientras tanto, distintos medios estadounidenses informaron que el ICE habría suspendido temporalmente la mayoría de las inspecciones vehiculares tras los recientes tiroteos. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional evitó confirmar esa información y señaló únicamente que la agencia evalúa de manera constante sus procedimientos para proteger tanto a sus agentes como al público.

Las investigaciones federales sobre ambos casos continúan abiertas. En tanto, organizaciones defensoras de los inmigrantes adelantaron que mantendrán las movilizaciones y seguirán presionando para obtener respuestas sobre las circunstancias en que murieron Lorenzo Salgado Araujo y Johan Sebastián Guerrero, así como para exigir mayor transparencia en los operativos migratorios realizados en Estados Unidos.

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El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en colaboración con otras agencias estatales y locales, dio a conocer haber logrado la mayor detención de inmigrantes con antecedentes penales en un solo día en una zona fronteriza de Texas.

El 18 de junio, un nutrido grupo de agentes federales procedió a recorrer el Valle del Río Grande, zona de la frontera entre Texas y México, donde emprendió la búsqueda de extranjeros carentes de estatus legal quienes, en su momento terminaron siendo fichados por la policía, pero que inexplicablemente después fueron liberados sin tomar en cuenta el nivel de peligrosidad que ello implica para el resto de su entorno.

Resultado de dicho operativo, se detuvo a 238 personas en menos de 24 horas y ahora se analiza deportarlos a sus países de origen lo más rápido posible apegándose al respeto de sus derechos humanos.

Trascendió que el operativo estuvo a cargo de la Oficina de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) y se focalizó en Harlingen, zona que incluye 14 condados en el sur de Texas.

A través de un comunicado, Juan Agudelo, director de la oficina local del ICE en Harlingen, destacó que es la primera ocasión en que se detiene a tantos inmigrantes arrastrando antecedentes policiacos, lo cual les obliga a las autoridades locales a redoblar esfuerzos en la cruzada establecida por el presidente Donald Trump de llevar a cabo la deportación más grande de la historia.

“La misión de ICE continúa enfocándose en mejorar la seguridad pública y restaurar la integridad de nuestro sistema migratorio. No nos detendremos para mantener seguras a nuestras comunidades mediante la remoción de un inmigrante con antecedentes criminales a la vez”, indica parte de la misiva.

De acuerdo con el ICE, entre los arrestados se encontraban inmigrantes con antecedentes penales por intento de secuestro, agresión sexual y posesión de drogas.

Uno de los detenidos más peligrosos es señalado como presunto miembro de la pandilla “Paisas” con antecedentes penales por agresión con lesiones corporales, posesión de sustancias controladas, posesión de marihuana, conducir bajo los efectos del alcohol y reingreso ilegal al país.

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El Gobierno de México elevó ante las Naciones Unidas su preocupación por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos ocurridas bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en una nueva escalada de la estrategia diplomática y legal impulsada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para exigir investigaciones y responsabilidades en Estados Unidos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el canciller Roberto Velasco envió una comunicación al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, con la solicitud de que su oficina recabe información de las autoridades estadounidenses, analice si los hechos son compatibles con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y, de ser procedente, emita recomendaciones y remita el caso a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.

La petición forma parte de un paquete de acciones anunciado por el Gobierno mexicano tras los recientes fallecimientos de connacionales relacionados con operativos migratorios y centros de detención administrados por ICE. La administración federal sostiene que la respuesta irá más allá de las tradicionales notas diplomáticas y buscará utilizar las vías jurídicas disponibles tanto en Estados Unidos como en el ámbito internacional.

México amplía su estrategia legal en Estados Unidos

Como parte de las medidas, la SRE confirmó que, en coordinación con la Fiscalía General de la República, presentará una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos por conducto de la Embajada de México en Washington.

Al mismo tiempo, la red consular mexicana comenzó la presentación de denuncias ante las fiscalías estatales competentes en los estados donde ocurrieron los fallecimientos.

Otra de las acciones consiste en el envío de escritos de cese y desistimiento a centros de detención migratoria donde murieron ciudadanos mexicanos. El primero fue dirigido al centro de detención de Adelanto, California, instalación donde, de acuerdo con la Cancillería, han fallecido cuatro mexicanos.

Según explicó la dependencia, estos documentos buscan que cesen de inmediato las acciones u omisiones que presuntamente contribuyeron a las muertes, entre ellas la falta de acceso oportuno a atención médica y la aplicación de políticas consideradas incompatibles con estándares médicos y penitenciarios internacionales. La SRE señaló que estos escritos representan el primer paso formal hacia una eventual presentación de demandas civiles.

Caso surge tras recientes muertes de migrantes mexicanos

La ofensiva jurídica del Gobierno mexicano ocurre después de la muerte del migrante Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo de ICE en Houston, Texas, caso que motivó a la administración de Sheinbaum a reforzar su postura frente a las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con la Cancillería, las acciones actualmente emprendidas corresponden a una etapa de investigación indispensable antes de iniciar procedimientos judiciales adicionales conforme a la legislación estadounidense y al derecho internacional.

La dependencia también reiteró que mantiene acompañamiento permanente a las familias de las víctimas mediante la red consular y aseguró que continuará utilizando los mecanismos institucionales disponibles para defender los derechos de los mexicanos en el exterior.

La decisión de acudir a la ONU también se produce después de que el propio alto comisionado Volker Türk solicitara recientemente investigaciones independientes sobre las muertes de migrantes registradas en centros de detención y durante operativos migratorios en Estados Unidos, un contexto que ha intensificado el escrutinio internacional sobre las políticas de control migratorio y las condiciones de detención de personas migrantes en el país.

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