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El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) logró a su mayor cifra de detenciones en un mes desde que Donald Trump se proclamó presidente por segunda ocasión.

De acuerdo con información dada a conocer por la Universidad de California Berkeley, durante julio, durante los operativos de ICE llevados a cabo en julio fueron detenidos a 49,571 extranjeros carentes de estatus legal.

Mediante el análisis del proyecto denominado “Deportation Data Project”, el cual se basó en datos proporcionados por la agencia federal, en junio se detuvo a 43,021 inmigrantes y, 30 días después, la cifra se incrementó 15%, algo inaudito para la administración Trump.

Sin embargo, estos números todavía están muy alejados del objetivo marcado por el republicano de 80 años de alcanzar un millón de deportaciones al año.

En términos más precisos, a lo largo del año fiscal 2026, el cual va desde el 1 de octubre de 2025 a septiembre del 2026, ICE detuvo a 368,135 inmigrantes que no lograron justificar su estancia en el territorio estadounidense.

A menos de una semana de que concluya el octavo mes del año, el operativo más exitoso efectuado por personal de ICE logró la detención de 1,300 personas efectuado en Maryland y Virginia entre el 1 y el 14 de agosto.

Un dato a destacar es que, a diferencia de años anteriores, algunas de las detenciones de ICE se realizaron en sitios considerados santuarios de inmigrantes.

Para el tercer cuatrimestre del año se proyecta que la cantidad de detenciones y deportaciones de extranjeros carentes de estatus legal será mayor, esto a partir del incremento de agentes egresados después de completar un entrenamiento más rápido.

Otro factor clave para acelerar los planes de la administración Trump tiene que ver con la apertura de más espacios masivos donde puedan permanecer las personas detenidas hasta definir su situación legal.

A esto debe sumarse que el gobierno también ha concretado convenios de colaboración con algunos países para recibir a inmigrantes expulsados a manera de castigo por haberse atrevido, no sólo a ingresar a territorio estadounidenses, sino a residir durante largos periodos accediendo incluso a programas de apoyo de administraciones federales anteriores.

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La detención de Liam Tadeo, un niño de cinco años, ha vuelto a poner bajo la lupa las prácticas de ICE cuando sus agentes arrestan a padres con hijos menores. El menor permanece en el Centro de Detención Familiar de Dilley, Texas, junto con su padre, Victor Martinez Nieto, después de que ambos fueran detenidos durante un control de tráfico en Austin el 16 de agosto.

De acuerdo con Scripps News, la abogada de la familia, Kate Lincoln-Goldfinch, aseguró que Nieto pidió a los agentes que permitieran que Liam quedara con su madre. Según su versión, la solicitud fue rechazada y padre e hijo terminaron bajo custodia en Dilley.

La acusación contrasta con la postura difundida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que sostiene que los padres detenidos pueden decidir si permanecen con sus hijos o designan a una persona de confianza para hacerse cargo de ellos. Lincoln-Goldfinch sostiene que esa alternativa no fue ofrecida en este caso.

“La afirmación de que ‘los padres tienen la opción’ (…) es profundamente engañosa”, declaró la abogada al medio citado. También afirmó que un familiar no puede simplemente acudir al centro y recoger a un menor, porque existe un proceso federal para autorizar su liberación.

Liam debía comenzar el jardín de niños

La detención ocurrió cuando Liam y su padre se dirigían, según familiares, a un partido de fútbol infantil. Un video difundido en internet muestra al pequeño llorando mientras su padre aparece esposado.

La madre del niño pidió públicamente su liberación. “Debería estar en la escuela, jugando al fútbol y en casa con su familia”, afirmó, al solicitar al ICE que dejara libres a Liam y a su padre.

El caso también provocó la intervención de congresistas demócratas de Texas. El representante Joaquín Castro dijo que el ICE rechazó su solicitud para visitar al menor, mientras que Greg Casar cuestionó las condiciones que, según él, enfrentan algunos niños en Dilley.

El padre opta por regresar a México

La historia tuvo un nuevo giro el lunes. Según KUT News, citado por Texas Public Radio, Nieto decidió regresar voluntariamente a México con Liam para evitar que el niño pudiera quedar separado de su familia y bajo custodia federal como menor no acompañado.

El DHS no había explicado públicamente por qué Liam no fue entregado a su madre. La familia, mientras tanto, busca reunirse y resolver el futuro del menor.

ICE just arrested a 5-year-old on his way to a soccer game in Austin.

His name is Liam, just like the little boy from Minnesota.

He should be in kindergarten this week. Instead he’s in a trailer prison in the desert.

Release Liam. Release these kids. Close the Dilley? pic.twitter.com/GXRHYF1Bf7

— Congressman Greg Casar (@RepCasar) August 20, 2026

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El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) liberó al nicaragüense Luis Manuel Avilés Roa, padre de un marinero de la Armada quien llevaba nueve meses en altamar como parte de la tripulación del USS Abraham Lincoln.

Joshua Avilés, miembro de la Armada, compartió en Facebook la indignación que le causó haberse enterado que su progenitor había sido detenido por la Patrulla Fronteriza en Key West, Florida, esto pese a que el centroamericano tiene licencia de conducir, tarjeta de Seguridad Social y permiso de trabajo, mientras espera la Residencia Permanente Legal o Green Card.

“Quienes lo conocen, saben [mi padre] es un hombre trabajador y humilde, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesite. Hemos hecho todos los trámites necesarios con inmigración para que le aprueben la tarjeta de residencia, y ahora solo estamos esperando”, señaló el marino.

ICE respaldaba la detención del padre nicaragüense bajo el argumento de que había ingresado a territorio estadounidense sin ningún tipo de documentación para respaldar su estancia durante el tiempo que ha permanecido en el país.

Sin embargo, la presión generada en redes sociales, contribuyó para que Luis Manuel Avilés Roa pudiera recuperar su libertad.

“Luis ha sido devuelto a nuestra familia. Estamos agradecidos por todo el apoyo, tanto para Luis como para Josh, durante esta situación. En este momento, nuestra familia está tomando tiempo para estar juntos”, expresó la familia a través de un comunicado.

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha dado a conocer ningún tipo de informe donde se estipulen los términos bajo los cuales el centroamericano de 48 años fue liberado.

Desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, la política migratoria parece haber dejado de tener concesiones para los familiares de miembros de las fuerzas armadas carentes de estatus legal o bien con solicitudes de residencia pendientes por resolverse en tribunales.

Algunas de estas personas han sido deportadas dividiendo a varias familias, pues sus conyugues se ven imposibilitados para revertir la decisión de las autoridades migratorias y, en el mejor de los casos, plantean demandas que podrían llevar meses o hasta años en poder resolverse de manera favorable para sus causas.

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Policías estatales y locales de Nueva York han consultado datos de matrículas recopilados por la empresa Flock Safety para apoyar investigaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluso en casos de personas que no eran sospechosas de cometer algún delito, según una investigación difundida este martes por dos organizaciones de derechos civiles.

El informe fue elaborado por el Surveillance Technology Oversight Project (S.T.O.P.) y LatinoJustice PRLDEF, que revisaron registros de búsquedas obtenidos mediante solicitudes de acceso a información pública y publicados por el sitio Have I Been Flock’d.

Los documentos muestran que agentes de distintas corporaciones policiales realizaron consultas en la red de lectores automáticos de matrículas de Flock. En algunos casos, los motivos registrados fueron “Inmigración (civil/administrativa)”, “ICE” o “Buscado por ICE”. Los investigadores indicaron que los registros disponibles son incompletos y censurados, por lo que los casos identificados podrían representar solamente una parte de las búsquedas realizadas para apoyar a las autoridades migratorias federales.

BREAKING: S.T.O.P., LatinoJustice PRLDEF Report Finds NY Police Search Flock for ICE

The report release coincides with New York’s deadline to terminate formal and informal 287(g) agreements with ICE. #Flockhttps://t.co/AHSUd09Jju

— S.T.O.P.?Surveillance Technology Oversight Project (@STOPSpyingNY) August 25, 2026

Registros muestran búsquedas vinculadas con ICE

El informe identifica consultas relacionadas con ICE en el condado de Nassau y en localidades como Beacon, Glen Cove y Cheektowaga. Los investigadores también encontraron patrones de búsqueda que involucran al New York Fusion Center, un centro de intercambio de información utilizado por autoridades federales, estatales y locales.

Uno de los casos ocurrió el 24 de marzo de 2025. Una búsqueda realizada desde el centro incluyó como motivo “SWB 25-03-01 DHS Agent”, referencia que los investigadores interpretaron como una consulta vinculada con la frontera suroeste y realizada por un empleado del Departamento de Seguridad Nacional.

Aproximadamente una hora después, un agente de la Policía Estatal de Nueva York buscó la misma matrícula y registró como motivo únicamente “Investigación”.

Otro caso ocurrió el 1 de junio de 2025, cuando un agente de la Patrulla Fronteriza consultó una matrícula. Ese mismo día, un policía de Lancaster volvió a buscarla y dos días después realizó otra consulta. Una semana más tarde, agentes de Cheektowaga revisaron la misma matrícula y utilizaron los motivos “SE BUSCA” y “Buscado por ICE”.

Flock’s surveillance cameras have already sparked outrage. WIRED reconstructed its next-generation AI system, already in use by some police, to confirm it goes much further than tracking license plates. https://t.co/EXlNbR3wLj

— WIRED (@WIRED) August 24, 2026

“En resumen, nuestra propia policía del estado de Nueva York —tanto la policía local como la estatal— está realizando registros relacionados con la inmigración y, además, parece que los están ocultando”, afirmó Eleni Manis, directora de investigación de S.T.O.P. Los grupos sostienen que ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no tienen acceso directo a los datos de Flock, por lo que las consultas realizadas mediante departamentos policiales locales pueden convertirse en una vía para obtener esa información.

Nueva ley limita cooperación migratoria

Los hallazgos fueron divulgados mientras entra en vigor en Nueva York la Ley de Policías Locales y Delitos Locales, conocida en inglés como Local Cops, Local Crimes Act, que limita la cooperación de las autoridades locales con ICE en asuntos migratorios civiles. La gobernadora Kathy Hochul defendió la medida y señaló que la policía debe concentrarse en delitos y no en apoyar las políticas federales de deportación.

El jefe de Policía de Albany, Brendan Cox, advirtió que la cooperación migratoria puede afectar la relación entre las comunidades y las autoridades. “Cuando se rompe la confianza y los residentes temen llamar a la policía, las víctimas se callan, los testigos no hablan… todos estamos menos seguros”, afirmó.

pic.twitter.com/al1SC8o7aC El CEO de Flock Safety, Garrett Langley, dice que los estadounidenses no pueden prohibir directamente las cámaras de Flock porque son “para nuestra seguridad”

“Valoro mi privacidad, mi familia valora su privacidad, mis empleados valoran su privacidad,?

— Rafael Capacho (@RafaelCapachoo) August 24, 2026

La nueva ley también obliga a terminar los acuerdos 287(g), mediante los cuales determinadas agencias estatales y locales pueden realizar funciones de control migratorio federal bajo autorización de ICE.

Los investigadores consideran que las consultas rutinarias de Flock solicitadas por ICE podrían constituir una forma de cooperación informal, particularmente cuando se trata de personas que no son sospechosas de delitos. S.T.O.P. y LatinoJustice recomendaron que cada departamento documente quién realiza las búsquedas, el motivo y el número de caso. También propusieron reducir a 48 horas la conservación de los datos de matrículas y limitar las consultas a investigaciones por delitos graves, vehículos robados o personas desaparecidas.

“Los neoyorquinos no deberían tener que preocuparse de que conducir al trabajo, dejar a sus hijos en la escuela o simplemente realizar sus actividades cotidianas permita al ICE rastrear su ubicación”, escribió Andrew Case, asesor legal de LatinoJustice PRLDEF. Flock, con sede en Atlanta, opera más de 120,000 cámaras en más de 6,000 comunidades de 49 estados y registra, según el informe, alrededor de 20,000 millones de lecturas de matrículas al mes.

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Cristy Maryori Villafranca Trejo, originaria de Honduras y madre de una niña de 6 años, fue deportada el 24 de agosto, después de haber sido detenida por agentes de ICE en julio, de acuerdo con información de ABC News. Su esposo, el sargento Hedar Leonel Turcios Juárez, confirmó que Villafranca ya fue enviada a Honduras.

El caso ha llamado especialmente la atención porque Turcios también es inmigrante de origen hondureño. Llegó a Estados Unidos en 2014, posteriormente se incorporó al Ejército y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2024, después de un despliegue de nueve meses en Medio Oriente. Luego comenzó el proceso para que su esposa pudiera regularizar su situación migratoria.

La detención ocurrió frente a su hija

Según relató el sargento a ABC News, agentes de ICE detuvieron a Villafranca frente a un Walmart en julio, mientras la pequeña hija de la pareja presenciaba el arresto. Su esposo aseguró que ella había salido de Honduras en 2016 debido a la violencia que enfrentaba en el país.

“Ha sido una esposa que me ha apoyado mucho desde el primer día que decidí unirme al ejército”, dijo Turcios. “No representa una amenaza para nadie. Simplemente estamos tratando de mantener a nuestra familia unida”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó posteriormente la deportación y sostuvo que Villafranca había ingresado ilegalmente a Estados Unidos en 2016. El organismo señaló que la detención fue parte de una operación de control migratorio dirigida específicamente contra ella.

Más familias de militares están bajo presión

El caso no sería aislado. Una investigación de AP revela que más de 50 padres y cónyuges de militares han sido afectados por la campaña de deportaciones durante el segundo mandato de Trump y que al menos seis han sido deportados.

Organizaciones que defienden a estas familias aseguran que algunos militares han tenido que solicitar permisos para cuidar a sus hijos ante la ausencia de sus parejas. Danitza James, directora ejecutiva de Repatriate Our Patriots, afirmó que hay familias que incluso viven con miedo de buscar ayuda por temor a la maquinaria migratoria.

El gobierno, sin embargo, sostiene que tener un familiar en las Fuerzas Armadas no concede inmunidad migratoria. Un portavoz del DHS declaró que el servicio militar de un familiar “no otorga automáticamente libertad condicional, estatus legal ni inmunidad ante las autoridades migratorias”.

El conflicto resulta particularmente sensible porque durante décadas el servicio militar ha representado una vía para facilitar la naturalización y porque las familias de militares habían contado con ciertas protecciones migratorias. El caso de Villafranca muestra cómo esas garantías enfrentan ahora una etapa de mayor incertidumbre.

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El Young Center for Immigrant Children’s Rights presentó una demanda federal contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para obtener información sobre las llamadas “visitas de bienestar” realizadas a menores inmigrantes no acompañados, una práctica que organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes cuestionan por sus posibles efectos en niños y familias. La demanda, presentada ante un tribunal federal del Distrito de Columbia al amparo de la Ley de Libertad de Información (FOIA), busca que ICE entregue documentos relacionados con la “Iniciativa de Verificación de Seguridad de Menores No Acompañados” (Unaccompanied Children Safety Verification Initiative).

El Young Center sostiene que, desde mayo de 2025, agentes de ICE comenzaron a acudir sin previo aviso a hogares y escuelas donde se encontraban menores no acompañados para realizar estas visitas. La organización expresó preocupación porque los operativos, presentados como acciones destinadas a verificar el bienestar de los menores, pudieran convertirse en mecanismos de vigilancia y aplicación de las leyes migratorias.

I’ve seen the conditions inside ICE detention centers firsthand. They are horrific. These abuses are a moral stain on our country. We cannot continue to fund and legitimize a system that strips people of their dignity and violates their human rights. pic.twitter.com/7Q4jUhQi1w

— Congresswoman Yassamin Ansari (@RepYassAnsari) August 20, 2026

La organización cuestiona el papel de las autoridades migratorias

La iniciativa comenzó formalmente en noviembre de 2025 y contempla la participación de agencias estatales y locales de seguridad pública mediante el programa 287(g), que permite a determinadas autoridades colaborar con el gobierno federal en tareas relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias.

“Los niños deben estar con sus familias y en sus comunidades, no vivir con el temor constante de que un golpe en la puerta pueda terminar en una detención, deportación o separación familiar”, afirmó Gregory Smith, abogado principal de litigios del Young Center. El abogado también cuestionó que las visitas sean realizadas por autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en lugar de profesionales especializados en protección infantil.

La organización busca conocer quién participa en los operativos, qué información se recopila, cómo se comparte y cuáles han sido sus consecuencias para los menores y sus familias. La nueva demanda forma parte de una serie de acciones legales impulsadas por el Young Center para obtener mayor transparencia sobre las políticas migratorias que afectan a niños y jóvenes.

En julio de 2024, el Young Center y el Immigrant Defenders Law Center (ImmDef) demandaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a ICE para obtener registros sobre el Programa de Gestión de Casos para Adultos Jóvenes (YACMP), creado en enero de 2023 para jóvenes inmigrantes de 18 y 19 años en procesos de deportación.

El programa fue ampliado posteriormente para incluir a jóvenes de hasta 21 años y sus familias, según la información presentada por las organizaciones. El DHS tardó casi 11 meses en entregar documentación solicitada y canceló el programa el 31 de julio de 2024 sin explicar públicamente las razones.

En febrero de 2025, el Young Center e ImmDef presentaron otra demanda FOIA relacionada con la cancelación del YACMP. Las organizaciones sostienen que la respuesta gubernamental a sus solicitudes ha sido lenta y limitada. Con las acciones sobre las “visitas de bienestar”, el Young Center busca determinar si información obtenida durante estos contactos con menores y sus familias es compartida entre agencias para fines de aplicación migratoria y hasta qué punto las autoridades estatales y federales participan en estas operaciones.

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“Llevo más de nueve meses desplegado en alta mar, en Oriente Medio, a bordo del USS Abraham Lincoln, luchando por un país que me lo ha dado todo”, así comienza el mensaje que el marino Joshua Avilés compartió en Facebook para denunciar que su padre fue detenido por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Acabo de recibir una llamada informándome de que mi padre fue detenido por ICE”, agresa en su mensaje.

Avilés agrega que su padre tiene licencia de conducir, tarjeta de Seguridad Social y permiso de trabajo, mientras espera la Residencia Permanente Legal o Green Card.

“Quienes lo conocen, saben [mi padre] es un hombre trabajador y humilde, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesite. Mi padre tiene su licencia de conducir, su tarjeta del Seguro Social y su permiso de trabajo”, señaló. “Hemos hecho todos los trámites necesarios con inmigración para que le aprueben la tarjeta de residencia, y ahora solo estamos esperando”.

Según un reporte de America’s Voice, Luis Manuel Avilés Roa fue detenido por la Patrulla Fronteriza en Key West, Florida, y lo puso bajo custodia de ICE.

Avilés reconoció que la noticia afecta su ánimo y podría tener un impacto en su labor diaria, con horarios de 12 horas al día.

“Esto me parte el corazón. No sé cómo voy a poder seguir trabajando más de doce horas al día sabiendo que mi padre está en algún lugar, posiblemente siendo tratado como un criminal“, expresó.

Para el gobierno del presidente Donald Trump, los inmigrantes sin papeles son “criminales”, al señalar que han violado la ley migratoria, aunque el ser indocumentado es considara una falta administrativa.

“El único ‘crimen’ de mi padre fue venir a este país para darnos a mis hermanos y a mí una vida mejor”, dijo Avilés. “Papá, no sé dónde estás ahora mismo, pero quiero que sepas que estoy haciendo todo lo posible para traerte de vuelta a casa. Te quiero con todo mi corazón. Por favor, mantente fuerte. Voy a volver a casa, papá”.

Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, criticó la detención del padre de Avilés, bajo las política de deportaciones masivas de la administración Trump.

“Luis Manuel Aviles Roa posee un permiso de trabajo, una tarjeta de la Seguridad Social y una licencia de conducir, a la espera de su tarjeta de residencia. Nada de esto importó a una administración obsesionada con cumplir con las cuotas de deportación”, indicó. “Trump y [Stephen] Miller están mostrando a las familias militares el mismo desdén que muestran hacia nuestra Constitución. En lugar de apoyar a los miembros de las fuerzas armadas, están destrozando a las familias militares”.

Cárdenas recordó la administración Trump ha detenido a más de 50 padres y cónyuges de militares en servicio activo, de los cuales ha deportado a seis.

Citó el caso del sargento del ejército Alexis Jaramillo pasó semanas buscando la liberación de su esposa, detenida por ICE cuando asistió a una cita para obtener la Green Card.

“El año pasado, un jardinero y padre de tres infantes de marina fue golpeado y detenido a las afueras de un restaurante IHOP en Santa Ana, California, y los padres de otro infante de marina fueron detenidos en Camp Pendleton; el padre aún vestía una camiseta con la inscripción ‘Padre orgulloso de un infante de marina de EE. UU.’”, recordó Cárdenas.

La polémica sobre el Abraham Lincoln

Diversos reportes en EE.UU. indican que el USS Abraham Lincoln enfrenta escasez de alimentos y otros problemas que han provocado la indignación.

Los problemas, según se indica, comenzaron con los ataques iraníes que devastaron una base naval clave en la isla de Baréin, lo que obligó al buque a depender de suministros de un puesto avanzado a unos 3,500 kilómetros de distancia.

El Lincoln tiene una tripulación de unos 5,000 marinos e infantes de marina que han estado en altamar un tiempo récord, es decir, más de 270 días.

El senador demócrata Rubén Gallego (Arizona) criticó la detención del padre de Avilés y recordó en X las carencias que enfrenta el USS Abraham Lincoln.

Imagine spending a record 272 days at sea with rationed meals and grueling 12- to 16-hour shifts, only to find your service has been repaid by your family being torn apart by ICE at home.

This administration has abandoned our men and women in uniform. https://t.co/i4YkoCqiVt

— Ruben Gallego (@RubenGallego) August 24, 2026

“Imagínese pasar la cifra récord de 272 días en el mar con raciones de comida y turnos extenuantes de 12 a 16 horas, solo para descubrir que su servicio ha sido recompensado con la separación de su familia a manos del ICE en casa”, escribió Gallego. “Esta administración ha abandonado a nuestros hombres y mujeres uniformados”.

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La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevó a cabo “Operación Comunidad Segura” en el que arrestó a 1,300 inmigrantes indocumentados en Washingto, D.C., Virginia y Maryland.

La operación se concretó del 1 y el 14 de agosto, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que defendió las acciones se enfocaron en inmigrantes indocumentados “con antecedentes penales que incluyen condenas por agresión sexual, secuestro, conducir bajo los efectos del alcohol, atropello y fuga, robo de identidad y robo, así como arrestos por asesinato, intento de asesinato y violación”.

Sin embargo, las autoridades reconocieron que de los inmigrantes 400 tienen algún itpo de historial criminal, pero la mayoría no.

“Los valientes hombres y mujeres de ICE trabajan arduamente todos los días para expulsar a estos peligrosos inmigrantes ilegales de nuestro país”, destacó el secretario de secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. “La Administración Trump siempre dará prioridad a los ciudadanos estadounidenses. Al arrestar y expulsar a los inmigrantes ilegales de nuestras comunidades, lograremos que Estados Unidos vuelva a ser un lugar seguro”.

La operación en Maryland y Virginia es un espejo de Operación Comunidad Segura en Atlanta en julio, donde los agentes del ICE arrestaron a más de 1,200 inmigrantes indocumentados.

“Nuestros agentes son los mejores del mundo en encontrar a personas que no desean ser localizadas. Eso fue precisamente lo que hicimos durante toda esta operación”, defendió Patricia Hyde, directora adjunta interina de Operaciones de Control y Expulsión (ERO) de ICE. “Expulsar a estos inmigrantes indocumentados de los barrios de Virginia y Maryland contribuye a crear comunidades mucho más seguras, y ese es el objetivo que los hombres y mujeres del ICE se esfuerzan por lograr cada día en todo nuestro país”.

El DHS afirma que en la operación migratoria se logró detener a numerosos miembros de pandillas callejeras transnacionales como la MS-13, la pandilla Calle 18 y el Tren de Aragua.

El gobierno del presidente Donald Trump ha confirmado el incremento de operativos de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por todo el país, notablemente en ciudades metropolitanas, como Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Memphis.

Sin embargo, en comparación con los operativos visibles y las redadas masivas en calles y vecindarios a inicios de año, hay un cambio en cómo los agentes de ICE se conducen. Esta nueva fase de operativos migratorios es conocida como “oleada en las sombras” (“Shadow Surge”), un término acuñado para describir las detenciones de individuos de manera más silenciosa y bajo perfil. Esto surgió dada la indignación generada entre el público a raíz de las violentas redadas.

En respuesta a este nuevo cambio de estrategia de ICE, la organización State at the Core ha realizado entrenamientos para enseñar a comunidades en todo el país cómo protegerse y a sus vecinos durante estas “oleadas en las sombras”. La solución que proponen los organizadores es simple, un enfoque que consiste en tres principios: observar, documentar y apoyar sin confrontaciones.

¿En qué consiste ICE WATCH y cómo participar?

“ICE WATCH” es un método concreto y efectivo en el que cualquier persona puede participar y ayudar a salvaguardar a sus vecinos y alertar a la comunidad sobre los operativos en curso. Además de documentar cualquier abuso de poder e informar a las familias de los detenidos.

Tomando eso en cuenta, la organización State at the Core surgió con pasos específicos para tomar al momento de detectar la actividad de ICE, los expertos sugieren:

1. Grabar acciones de ICE. Es importante mantenerse al menos diez pies de distancia para asegurarse de no interferir con las operaciones y evitar ser arrestados por obstrucción. También hay que revisar las regulaciones de su estado, ya que algunas exigen un mínimo de veinticuatro pies de distancia.

2. Evitar interferir. Es completamente legal y está bajo tu derecho documentar con el celular, siempre que no interfieras con las detenciones y con los agentes físicamente, aunque sea perturbador.

3. Mantener la calma. A fin de garantizar tu seguridad, mantén tus manos visibles; además, habla con una voz calmada.

4. Responder con respeto. Si un agente le pide que te retires, retrocede unos pasos mientras declaras firmemente que estás cooperando y ejerciendo su derecho legítimo a documentar y observar.

5. Aspectos esenciales a documentar. Al momento de presenciar un operativo y grabar, hay cinco elementos a los que uno debe prestar mucha atención: el número de agentes, las acciones realizadas, la ubicación de la detención, el vestuario y las insignias que portan los agentes y las características de los vehículos.

Un impacto positivo en la comunidad

Colectando y compartiendo toda esta información con la gente a su alrededor, puede tener un impacto significativo en si las familias de los detenidos son notificadas a tiempo o no.

Asimismo, los organizadores recomiendan algunos pasos adicionales que deben tomar en cuenta si desean contribuir a “ICE WATCH”. Primero, no realizar documentaciones en soledad, sino en grupos de tres o más. De este modo, cada uno puede asumir un rol definido para trabajar de manera más efectiva en documentar el operativo. Esto incluye una persona encargada de grabar y tomar notas, otra enfocada en asistir y dialogar con los testigos presenciales, y otra dedicada exclusivamente a vigilar la seguridad del entorno.

No es necesario tener experiencia previa ni el respaldo de una organización; lo que realmente se necesita es la comunicación constante entre los participantes.

Para garantizar aún más su seguridad, es importante informar a otras personas sobre tu ubicación y participación para que estén al tanto de lo que sucede. Además, verifica que tu teléfono celular esté siempre cargado y con espacio suficiente para almacenar videos. Incluso se recomienda desactivar el reconocimiento facial, ya que sus rasgos podrían utilizarse para desbloquear fácilmente el teléfono y acceder a su información personal.

De esta manera, State at the Core espera que, en sus propias comunidades, especialmente en zonas rurales, puedan consolidar una red que se mantenga en comunicación y trabaje de forma efectiva para protegerse en conjunto de los agentes de ICE y de esta nueva fase de “oleada en las sombras”.

Para obtener más información sobre State at the Core o unirse a sus entrenamientos, visite el sitio web oficial de State at the Core.

(*) Alexa Figueroa Díaz es colaboradora de El Diario, en Nueva York, medio hermano de esta publicación.

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La oportuna intervención de una vecina fue vital para que una madre mexicana fuera arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles.

El incidente ocurrió el lunes 17 de agosto cuando la mujer inmigrante, madre de tres hijos, fue abordada por los agentes federales de inmigración, pero la presunta detención fue interrumpida por una vecina que grabó el incidente y les gritó: “Let’s go”.

La víctima, quien solicitó permanecer en el anonimato, aseguró que todo comenzó cuando un agente federal le llamó por su nombre.

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“Primero, me llamó por mi nombre completo. Yo lo miré, y sentí mucho miedo. No sabía qué iba a pasar”, declaró la mujer latina en una entrevista con la cadena Univision.

De acuerdo con la mujer de origen mexicano, aproximadamente una hora antes del incidente observó una camioneta estacionada junto a su automóvil en el momento en que salió a dejar a sus hijos a la escuela.

Cuando regresó, aproximadamente a las 8:49 a.m. del 17 de agosto, la inmigrante tuvo un encuentro con los agentes de ICE.

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“Me bloquearon, no me dejaban entrar. Cinco patrullas, como con ocho agentes“, relató la mujer, durante la entrevista.

De acuerdo con varios testigos, supuestamente había docenas de agentes federales de inmigración en el lugar donde ocurrió el incidente.

“Cuando vi que la agarraron me enojó mucho. Ella tenía a su niña en el auto y querían que la dejara ahí. Tenía que hacer algo“, expresó la vecina que intervino y que frenó el posible arresto de la mujer inmigrante.

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La víctima aseguró que también, durante el presunto intento de arresto, los agentes federales no le presentaron una orden escrita.

De acuerdo con la mujer inmigrante, uno de los agentes que la interceptaron le dijo que ella, recientemente, había sido arrestada por un incidente de conducción bajo la influencia del alcohol (DUI).

La inmigrante explicó que consideraba que se había tratado de un arresto injusto y que el caso ya se había desestimado.

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El agente le respondió que eso no importaba, mientras que hizo referencia a que su documento migratorio estaba expirado.

Un documento de la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles, presentado en relación con este caso, muestra que nunca se presentaron cargos en contra de la mujer inmigrante.

Después del incidente con los oficiales de ICE, la mujer de origen mexicano recibió una orden para presentarse en las oficinas federales en Los Ángeles, lo que la mantiene preocupada.

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“Estoy muy nerviosa, he estado llorando toda la semana. Lo que temo es que me separen de mis hijos“, expresó la inmigrante.

Especialistas en derecho recomendaron que la mujer de origen mexicano no debería ignorar la cita migratoria en la oficina federal, y que lo mejor es que busque opciones para permanecer legalmente en el país.

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