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  • LAPD suspende las cámaras de vigilancia de matrículas tras polémica por posible acceso de ICE a los datos

    LAPD suspende las cámaras de vigilancia de matrículas tras polémica por posible acceso de ICE a los datos

    Los Ángeles. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) suspenderá el uso de las cámaras de lectura automática de matrículas operadas por Flock Safety, una empresa de tecnología de vigilancia, debido a un desacuerdo sobre quién debe controlar y resguardar la información recopilada por estos dispositivos. La decisión ocurre en medio de un intenso debate sobre la protección de la privacidad, el uso de la tecnología en labores policiales y las preocupaciones por un posible acceso a los datos por parte de agencias federales.

    De acuerdo con información publicada por el New York Post, el director de informática del LAPD, Dean Gialamas, explicó que la prioridad del departamento es garantizar que los datos obtenidos por las cámaras permanezcan bajo reglas claras y respeten los derechos constitucionales de los ciudadanos.

    Privacidad y derechos civiles frenan el contrato

    El conflicto gira en torno a la propiedad de la información que generan los lectores automáticos de matrículas. Aunque Flock Safety sostiene que no comparte datos con agencias federales sin autorización de sus clientes, la empresa ha sido señalada por organizaciones civiles que cuestionan la posibilidad de que esa información termine siendo utilizada por ICE en operativos contra inmigrantes.

    “Nuestra prioridad es proteger los derechos constitucionales y las libertades civiles de aquellos a quienes servimos. Estamos tratando de aclarar los términos para que la propiedad y la seguridad de los datos queden bien definidas”, declaró Dean Gialamas.

    La controversia también ha llegado a los tribunales. La organización Stop LAPD Spying demandó al departamento y al Ayuntamiento de Los Ángeles por negarse a entregar documentos relacionados con el funcionamiento de esta red de vigilancia basada en inteligencia artificial.

    Una herramienta clave contra el crimen, pero bajo revisión

    Los lectores automáticos de matrículas forman parte de una de las principales herramientas de investigación del LAPD. Estos dispositivos capturan la placa de los vehículos, registran la ubicación, fecha y hora, y comparan automáticamente la información con bases de datos de automóviles robados, órdenes de arresto y alertas AMBER.

    Actualmente, el departamento opera cerca de 1,500 lectores instalados en patrullas y otras 160 cámaras fijas distribuidas principalmente en el oeste de Los Ángeles y el Valle de San Fernando.

    Tan solo en 2024, el sistema realizó 1,132,441,520 lecturas de matrículas y generó 301,655 coincidencias, cifras que reflejan el alcance de esta tecnología en las investigaciones policiales.

    Pese a esos resultados, la alcaldesa Karen Bass ha reiterado que respalda el uso de estas cámaras para combatir el crimen, pero rechaza que la información recopilada sea compartida con el Gobierno federal.

    “Creo que esas cámaras son importantes, pero me parece completamente inaceptable que envíen esa información a funcionarios federales. No queremos que eso suceda”, afirmó la alcaldesa.

    Mientras continúan las negociaciones con Flock Safety, el LAPD dejará de utilizar las cámaras de esta compañía, aunque mantendrá en funcionamiento los equipos de otros proveedores. La decisión marca un nuevo episodio en el debate nacional sobre el equilibrio entre la seguridad, la privacidad, la tecnología, la vigilancia, los datos personales y los derechos civiles.

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  • Abogado acusa a ICE de encubrir la muerte del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado

    Abogado acusa a ICE de encubrir la muerte del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado

    El abogado de la familia del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado, que falleció tras recibir un disparo en el torso por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, acusó este viernes a la agencia de intentar encubrir lo que calificó como un “crimen“.

    Abogado acusa contradicciones en la versión de ICE

    Domingo García, también miembro de la organización LULAC, aseguró en una entrevista con EFE que ICE mintió al afirmar que los agentes no llevaban cámaras corporales y al sostener que Salgado intentó arrollar a uno de ellos.

    “Están tratando de encubrir, en mi opinión, un crimen, que fue la muerte de Lorenzo Salgado“, afirmó García.

    El abogado dijo haber visto videos grabados después del tiroteo en los que, según su versión, se observan cámaras sujetas a los chalecos de algunos agentes.

    Los otros tres hombres que viajaban con Salgado en la camioneta cuando fue interceptada por ICE y que después fueron detenidos por la agencia han negado que chocara el vehículo contra los carros de los agentes o que intentara arrollar a uno de ellos, según reveló el abogado de ellos, Hugo Balderas, en una rueda de prensa hoy en Houston.

    “Lo trataron como un perro”

    Ante este panorama, la familia de Salgado no confía en que el Gobierno federal realice una pesquisa “imparcial e independiente”, indicó García.

    “Las autoridades deben admitir que cometieron un error y la persona que lo cometió debe ser castigada. La familia de Lorenzo necesita justicia”, declaró.

    El letrado denunció también el trato que, según la información recopilada por la familia, recibió Salgado tras resultar herido: los agentes le quitaron la cartera, lo esposaron mientras permanecía tendido en el suelo y lo trasladaron al hospital aún esposado.

    “No puedo entender por qué, en vez de ayudar a un hombre que estaba tirado en el piso muriéndose, lo trataron como a un perro”, afirmó García.

    Salgado, de 52 años y originario del Estado de México, llevaba unos 35 años viviendo en Estados Unidos. Era propietario de una pequeña empresa de construcción con ocho empleados y trabajaba como carpintero de armazones.

    Con “el sudor de su trabajo” sacó adelante a su familia y pagó los estudios universitarios de sus hijos, contó el abogado. Uno de ellos trabaja como profesor de secundaria, otro es ingeniero y el tercero todavía estudia.

    “Fue un hombre que vino a vivir el sueño americano” y estaba cerca de obtener un permiso de trabajo y la residencia permanente, agregó García.

    “Cazando inmigrantes”

    Salgado se dirigía al trabajo el martes junto con su hermano y otros dos compañeros cuando agentes de ICE interceptaron la camioneta en la que viajaban en Magnolia Park, un barrio históricamente latino de Houston.

    Según la versión del Gobierno, los agentes intentaban detener a otro inmigrante contra el que pesaba una orden administrativa y creyeron que viajaba en la camioneta. Las autoridades sostienen que Salgado “ignoró las instrucciones”, chocó contra uno de los vehículos de ICE e intentó arrollar a un agente, quien disparó “en defensa propia”.

    Los tres testigos directos, que permanecen recluidos en un centro de detención migratoria, aseguran, en cambio, que ningún agente se colocó frente a la camioneta y que los disparos entraron por los costados del vehículo.

    La congresista Sylvia García reveló además, tras hablar con el director interino de ICE, David Venturella, que ni Salgado ni su hermano Víctor eran los objetivos del operativo. ICE no ha identificado públicamente a la persona que buscaban ni al agente que disparó.

    Para el abogado, lo que sucedió con Salgado fue producto de un “perfil racial” y acusó a las autoridades de “andar cazando inmigrantes” en las comunidades latinas.

    El letrado adelantó que la familia demandará a ICE y está en contacto con el Gobierno de México, que también busca avanzar acciones legales sobre esta muerte.

    García dijo además que la familia de Víctor Salgado, hermano de Lorenzo y testigo directo del tiroteo, permanece oculta por temor a que las autoridades migratorias la detengan debido a su situación legal y la deporten para impedir que sus integrantes testifiquen o participen en una demanda.

    “Tienen miedo de que la migra (agentes) llegue a sus casas, los arreste y los deporte para que no sean testigos ni presenten una demanda aquí en Estados Unidos“, afirmó.

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  • Urge justicia para los mexicanos muertos por ICE

    Urge justicia para los mexicanos muertos por ICE

    Nuevamente el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ocupa los titulares noticiosos por sus abusos y exceso de violencia que a menudo causa muertes innecesarias. El pasado 8 de julio, un agente de esa institución abatió a tiros a Lorenzo Salgado Araujo, un indocumentado mexicano que intentó escapar de un operativo en Houston, Texas. La propia agencia reconoció que se trató de un error craso, porque el fallecido, que estaba a punto de conseguir su permiso de trabajo en Estados Unidos, no era la persona a la que buscaban.  

    La muerte de Salgado ha generado múltiples llamados de funcionarios demócratas y grupos defensores de derechos de los inmigrantes para que se realice una investigación independiente sobre lo ocurrido. 

    Ante esta tragedia, la respuesta del gobierno mexicano ha tomado un giro drástico. La presidenta Claudia Sheinbaum rompió con la tradicional pasividad burocrática y anunció que su administración irá “más allá de las reclamaciones diplomáticas” ordinarias. Desde el Palacio Nacional, la mandataria instruyó el inicio de medidas jurídicas contundentes y denuncias penales ante las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de EE. UU. por lo que abiertamente calificó como “homicidios”.  

    Además, se contemplan acciones civiles contra las empresas privadas que lucran con los centros de detención. La postura de Sheinbaum es firme:  

    “No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos… Estamos preparando medidas jurídicas, obviamente, más importantes. Lo que no podemos es ser omisos”.  

    Si bien las enérgicas acciones legales anunciadas por la presidenta y su cancillería son necesarias y representan un cambio de marcha indispensable, es imposible ignorar la pregunta más amarga de esta crisis: ¿por qué se esperó tanto?

    Hoy se sabe que la cifra de mexicanos que han perdido la vida bajo custodia o en operativos de ICE en este ciclo de endurecimiento migratorio asciende ya a 17 personas. Diecisiete familias destrozadas que, hasta ahora, solo habían recibido el consuelo estéril de 11 notas de protesta diplomática. 

    El gobierno mexicano debió haber golpeado la mesa de los tribunales internacionales y estadounidenses desde el primer deceso. Tratar las muertes sistémicas de connacionales como “incidentes aislados” merecedores de quejas de papel fue una omisión histórica. Dejar pasar 16 tragedias antes de instrumentar una ofensiva legal vigorosa es la dolorosa prueba de que la diplomacia de la “cabeza fría” a veces peca de congelar la urgencia humanitaria.

    Un error que cuesta una vida humana no es un error administrativo; es una negligencia criminal amparada por un sistema de persecución punitivo. Los migrantes mexicanos sostienen industrias enteras y enriquecen la economía del país del norte; su único “delito” es la falta de un documento. Es hora de que el peso del Estado mexicano defienda de verdad esa dignidad en los tribunales estadounidenses. Las demandas que hoy se anuncian son correctas y urgentes, pero llegan arrastrando el eco de 17 muertes que exigían justicia desde hace mucho tiempo.

  • Fiscalía de Harris investiga muerte de Lorenzo Salgado a manos de ICE, a pesar de obstrucción federal

    Fiscalía de Harris investiga muerte de Lorenzo Salgado a manos de ICE, a pesar de obstrucción federal

    El fiscal general del condado de Harris, Sean Teare, confirmó que su oficina investiga la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, a manos de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sin importar que se trate de oficiales federales.

    Teare expuso que ha habido dificultades para acceder a la información esencial del caso, incluido un bloqueo en acceso a la escena del crimen.

    “Desde el martes, cuando ocurrió este incidente, hemos estado llevando a cabo nuestra propia investigación. Investigamos cada tiroteo en el que participa un agente en el condado de Harris cuando involucra a una agencia que no es ICE”, indicó Teare. “Llevamos a cabo una investigación paralela donde colaboramos con las fuerzas del orden, ya sean agencias federales o nuestras agencias estatales y locales”.

    En una conferencia de prensa liderada por la congresista Sylvia García (Texas), el fiscal agregó que, idealmente, tanto autoridades locales como federales colaboran en un incidente en el condado de Harris, como ha ocurrido en otros casos.

    “Todos colaboramos y decidimos cuál es el resultado apropiado. Casi universalmente, es que presentamos el caso a un gran jurado y dejamos que ellos decidan”, dijo. “No fuimos invitados a esta escena el martes. Mis investigadores y mi división de derechos civiles han estado allí prácticamente desde el momento en que se reveló la escena, buscando grabaciones de vigilancia, hablando con testigos, haciendo todo lo que podemos y hacemos en cada caso para garantizar que se lleve a cabo una investigación completa y justa, para que podamos ser transparentes con nuestra comunidad”.

    El gobierno del presidente Donald Trump confirmó que el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) investigan la muerte de Salgado Araujo, pero su familia y las organizaciones que los asesoran exigen una investigación independiente y justa, no del mismo gobierno federal.

    El congresista demócrata Al Green, del Distrito 09 de Texas, celebró que la Fiscalía de Harris hiciera una investigación paralela de la muerte de Salgado Araujo.

    “Quiero agradecerle por no permitir que los federales lo intimidaran y lo convencieran de que de alguna manera no tiene autoridad para investigar. Cualquier miembro de la alguacil puede investigar”, dijo Green. “El señor [Salgado] Araujo nos pertenece. Pertenece a la Constitución de los Estados Unidos de América. Esa Constitución se aplica a él, al igual que se aplica a mí. No debería recibir menos atención de la Constitución que yo o cualquiera de ustedes. Nos pertenece. Está bajo nuestra jurisdicción”.

    Debieron disparar a las llantas, “no al conductor”

    La representante demócrata García criticó la actuación del agente de ICE que disparó a Salazar Araujo, ya que si consideró que su vida estuvo en peligro por el auto, entonces debió disparar a las llantas, no al conductor.

    García recordó las violentas operaciones de agentes migratorios en Chicago, Illinois, y Minneapolis, Minnesota, criticando que ICE pareció no aprender nada de tales acciones.

    “Lo vimos suceder en Minneapolis. Lo vimos suceder en Chicago. Lo vemos en términos de presencia de ICE, lo siento. Así que hemos aprendido algunas lecciones. Aparentemente, el ICE no ha aprendido nada“, expuso. “Si realmente piensan que un auto va a lastimar a alguien, quiero decir, incluso un niño te diría que dispares a las llantas, no dispares al conductor”.

    Acusan acciones raciales de ICE

    La representante del Distrito 29 en Texas dijo que ella era “güera”, al referirse a sí misma como blanca, por lo que agentes de ICE no la detendrían, a diferencia de algunos de los colegas que la acompañaban en la conferencia de prensa, incluido Hugo Balderas, abogado de dos de los hombres detenidos el día del incidente.

    “Podría pasarnos a cualquiera de nosotros, especialmente si tenemos, ya saben que soy güera. Puede que no me detengan, pero probablemente podrían detener a algunos de mis amigos”, expresó señalando a sus acompañantes. “Ya saben, se trata de asegurar que los derechos civiles estén protegidos, que los derechos humanos estén protegidos, que los derechos constitucionales estén protegidos en este país”.

    García agregó que los agentes de ICE que intentaron revisar la camioneta de Lorenzo –quien iba con su hermano Víctor y sus dos trabajadores José Trinidad Rojas y Daniel Tirado Patoja, los tres detenidos por ICE– no llevaban una orden de arresto firmada por un juez, sino una orden administrativa, la cual usualmente firma un supervisor de la agencia migratoria.

    Hugo Balderas, abogado Trinidad Rojas y Tirado Pantoja –a quienes ICE busca deportar lo antes posible– exigió la liberación de sus clientes, quienes están en el Centro de Procesamiento de Montgomery.

    “Creo que, dada la magnitud de este caso y las implicaciones que conlleva, mis clientes podrían ser presionados para firmar documentación que acredite su salida voluntaria“, lamentó Balderas. “Creo que esto sería devastador no solo para ellos, sino para todos los involucrados. Y creo que es extremadamente importante que preservemos la integridad de esta investigación”.

    Balderas coincidió con la congresista García, sobre la detención de hispanos por parte de ICE.

    “Esto no es control migratorio. Esto es discriminación racial. Es muy importante que se les exija usar cámaras corporales. Es muy importante que se les exija quitarse las máscaras”, expresó.

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  • Hechos de la semana en inmigración: ICE cobra otra vida, esta vez un inmigrante trabajador con 3 hijos ciudadanos

    Hechos de la semana en inmigración: ICE cobra otra vida, esta vez un inmigrante trabajador con 3 hijos ciudadanos

    Esta semana quedó demostrado que la estrategia de ICE de operativos “silenciosos” y “bajo el radar” era momentánea porque la violencia de los agentes enmascarados cobró otra víctima, esta vez un padre de familia, Lorenzo Salgado Araujo, con 35 años trabajando incansablemente en Estados Unidos, 3 hijos ciudadanos, un negocio propio y quien, según su familia, estaba a punto de obtener un permiso de trabajo.

    La muerte a tiros de Salgado Araujo en Houston, Texas, a manos de un agente de ICE evidenció que la maquinaria de deportaciones de Trump sigue apostando al terror y a la violencia del mismo modo que lo hizo en Minneapolis cobrando las vidas de Renée Good y Alex Pretti, y como lo ha hecho en Los Ángeles y en otras ciudades del país.

    Salgado Araujo manejaba su camioneta en ruta a recoger a tres de sus empleados de construcción cuando fueron rodeados por los agentes que alegan, como en casos anteriores, que el inmigrante “usó su vehículo como arma” y trató de atropellar a un agente que abrió fuego, presuntamente en defensa propia. Hasta el momento no se ha presentado evidencia que pruebe lo que alegan los agentes y el gobierno. Pero en los casos de Good y Pretti, también afirmaron que actuaron en defensa propia aunque las víctimas no suponían un peligro inminente.

    Según un análisis de The Guardian, “la muerte de Salgado supone el décimo tiroteo mortal perpetrado por agentes federales de inmigración en todo el país desde que la segunda administración Trump asumió el cargo”. “Los agentes del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han sido los responsables de los tiroteos mortales”, agrega el artículo.

    Los hijos de Salgado Araujo, junto a legisladores y activistas de Texas, demandaron una investigación a fondo.

    “No merecía morir ese día; merecía vivir una vida tranquila como esposo, como padre y como trabajador”, dijo Ronaldo Salgado, uno de los hijos de Lorenzo, según reportó EFE vía La Opinión. “Temía por su vida, cuando solo quería llegar al trabajo”, agregó el joven.

    The Bulwark reportó que, como muchos inmigrantes, Lorenzo y su esposa valoraban la importancia de la educación. Su hijo mayor, Ronaldo, se graduó de la Universidad de Houston, el segundo de la Universidad Tufts, y el menor es todavía estudiante universitario.

    “Hoy es el primer día sin él para todos nosotros, y es desgarrador saber que mi madre no le preparó el almuerzo antes de ir a trabajar, la primera vez en sus más de 30 años de matrimonio. Este era mi padre: un hombre sencillo, un hombre de familia. No alguien que estuviera pidiendo ayuda a gritos en el suelo mientras se desangraba. Él solo quería ir a trabajar y volver con nosotros”, reportó La Opinión.

    El diario también informó que, de acuerdo a la organización LULAC, a los tres inmigrantes que acompañaban a Salgado Araujo, que eran sus trabajadores y que fueron detenidos por ICE, se les estaría presionando para que firmen órdenes de autodeportación.

    “Nos preocupa enormemente que se esté intentando expulsar a estos testigos del país. No deberían hacerlo. Deberíamos poder contar con su testimonio”, dijo LULAC en una carta citada por La Opinión.

    La maquinaria de detenciones y deportaciones cuenta con un presupuesto de $240 mil millones de dólares garantizados por el resto de la presidencia de Trump. Como se han impuesto cuotas de hasta 2,000 detenciones diarias, poco importa dónde y cómo se conduzcan los arrestos. Y la violencia ha sido constante en los operativos migratorios. Como también lo han sido la impunidad y la falta de rendición de cuentas.

    La Opinión informó que la organización Fuerza Migrante sostuvo que “la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años abatido por un agente de ICE durante un operativo en Houston, Texas, no puede convertirse en un expediente más. Su familia merece la verdad. La comunidad merece transparencia. Y toda actuación de una autoridad que termine con la pérdida de una vida humana debe estar sujeta al más alto nivel de revisión, supervisión y rendición de cuentas”.

    LULAC activó una petición para que se conduzca una investigación independiente sobre la muerte de Salgado Araujo y hasta el momento han recabado más de 142 mil firmas.

    Trump aumenta detenciones y acelera deportaciones

    La Opinión informó que el gobierno de Trump “prepara la apertura de una nueva instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Alexandria, Luisiana, que busca agilizar la deportación de familias migrantes y menores no acompañados mediante un centro ubicado junto al Aeropuerto Internacional de Alexandria”.

    “Aunque el gobierno insiste en que el complejo funcionará como una “zona de preparación” y no como un centro de detención, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes advierten que el proyecto podría ampliar significativamente la capacidad de deportación y aumentar el tiempo que niños y familias permanezcan bajo custodia federal, informó AP”, agregó el diario.

    DACA se debilita

    De otra parte, además de la cancelación del TPS para deslegalizar inmigrantes que pueden estar sujetos a detención y deportación, otro programa, DACA, enfrenta serias dificultades con retrasos en la renovación de los permisos de trabajo de los beneficiarios, indicó La Opinión.

    “A la disminución en el número de renovaciones procesadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) se suma una batalla legal en Texas que podría afectar los permisos de trabajo de miles de jóvenes indocumentados conocidos como dreamers”, explicó el artículo.

    “De acuerdo con un análisis publicado por Forum Together, el USCIS completó 35,648 renovaciones de DACA durante el primer trimestre del año fiscal 2026, una caída de casi 50% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando procesó cerca de 70,000 solicitudes”, escribió el diario.

    “Según Forum Together, aunque algunos beneficiarios han logrado obtener la residencia por otras vías, como matrimonio con ciudadanos estadounidenses o visas de trabajo, gran parte de la disminución responde a los crecientes retrasos administrativos. Los tiempos de procesamiento, que en el año fiscal 2025 rondaban los 15 días, ahora pueden extenderse entre 70 días y hasta seis meses, dejando a miles de personas sin posibilidad de trabajar legalmente durante ese periodo”.

    Cita de la semana

    “No merecía morir. No merecía quedar reducido a un titular de “Un mexicano baleado por ICE”. Merecía vivir una vida tranquila como Lorenzo Salgado Araujo, esposo, padre y alguien que daba trabajo a decenas de personas que también aspiraban al Sueño Americano…Quiero que el mundo conozca a mi padre, no como un migrante que fue baleado y asesinado, sino como un hombre de familia que me enseñó la importancia del trabajo duro y los valores familiares”, señaló Ronaldo, el mayor de los tres hijos de Lorenzo Salgado Araujo, padre de familia y trabajador que murió a manos de un agente de ICE en Houston, Texas esta semana.

  • Muerte de mexicano en operativo de ICE desata exigencia de mayor transparencia y rendición de cuentas

    Muerte de mexicano en operativo de ICE desata exigencia de mayor transparencia y rendición de cuentas

    La muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano de 52 años abatido por un agente de ICE durante un operativo en Houston, Texas, ha intensificado las exigencias de organizaciones civiles, legisladores y autoridades mexicanas para fortalecer la transparencia, la supervisión independiente y la rendición de cuentas en las acciones de las autoridades migratorias estadounidenses.

    El caso, ocurrido el 7 de julio en un vecindario predominantemente latino de Houston, ha trascendido la discusión sobre el uso de la fuerza para convertirse en un llamado a revisar los mecanismos de control sobre los operativos de ICE, particularmente cuando éstos terminan con la muerte de una persona.

    En un posicionamiento difundido este jueves, la organización Fuerza Migrante sostuvo que “la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años abatido por un agente de ICE durante un operativo en Houston, Texas, no puede convertirse en un expediente más. Su familia merece verdad. La comunidad merece transparencia. Y toda actuación de una autoridad que termine con la pérdida de una vida humana debe estar sujeta al más alto nivel de revisión, supervisión y rendición de cuentas”.

    El documento toma como punto de partida la movilización impulsada por la organización LULAC (League of United Latin American Citizens), que promovió una petición pública para exigir una investigación “completa, independiente y transparente”, así como la preservación y publicación de toda la evidencia disponible, incluidos videos, comunicaciones y testimonios. También destaca la creación de un fondo de apoyo para la familia del fallecido.

    Las demandas coinciden con las de la familia de Salgado Araujo, que rechaza la versión oficial presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Mientras ICE sostiene que el agente disparó en defensa propia después de que el conductor presuntamente embistiera un vehículo oficial e intentara atropellar a un agente, los familiares aseguran que Lorenzo creyó estar siendo víctima de un asalto debido a que los vehículos involucrados no estaban claramente identificados y exigen que se divulgue toda la evidencia disponible.

    Uno de los elementos que ha alimentado las dudas es que el operativo no contaba con grabaciones de cámaras corporales, circunstancia reconocida por las autoridades y que ha complicado la reconstrucción independiente de los hechos. Asimismo, ICE no ha precisado públicamente si Salgado era el objetivo original del operativo.

    Propuestas para fortalecer la supervisión

    Fuerza Migrante planteó cuatro medidas para evitar que casos similares queden limitados a investigaciones internas: activar obligatoriamente una revisión técnica e independiente cada vez que una persona muera durante un operativo migratorio; establecer un seguimiento bilateral entre México y Estados Unidos en casos de alto impacto; incorporar observadores externos cuando existan versiones contradictorias o posibles excesos en el uso de la fuerza; y publicar recomendaciones institucionales al concluir cada investigación para corregir fallas en los protocolos.

    “La justicia no puede depender de la presión mediática ni de la capacidad de una familia para exigir respuestas. La vida de una persona debe estar protegida por reglas claras, controles efectivos y autoridades obligadas a rendir cuentas”, señala el documento.

    Gobierno de México anuncia acciones legales

    La presión también ha escalado al plano diplomático. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que México presentará denuncias penales en Estados Unidos por la muerte de ciudadanos mexicanos durante operativos migratorios y bajo custodia de ICE, al considerar que los canales diplomáticos utilizados hasta ahora no han producido resultados suficientes.

    De acuerdo con el Gobierno mexicano, al menos 17 connacionales han perdido la vida en los últimos meses: 14 mientras permanecían bajo custodia de ICE y tres durante operativos de detención. Reuters informó que el caso de Lorenzo Salgado elevó a por lo menos seis el número de personas fallecidas durante acciones de aplicación de la política migratoria desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

    El documento de Fuerza Migrante retoma esas cifras para advertir que “cuando los hechos se repiten, la respuesta institucional no puede limitarse a esclarecer responsabilidades caso por caso. También debe revisar si los protocolos, controles internos y mecanismos de supervisión están siendo suficientes para proteger la vida y prevenir abusos”.

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  • Entrenador de fútbol mexicano recibe 30 años de cárcel por explotar sexualmente a menores

    Entrenador de fútbol mexicano recibe 30 años de cárcel por explotar sexualmente a menores

    Un entrenador de fútbol de origen mexicano fue condenado a 30 años de prisión federal por explotar sexualmente a menores, grabar los abusos y poseer documentos migratorios y de identidad fraudulentos en Tennessee.

    Camilo Campos-Hurtado, de 66 años y residente de Franklin, recibió la sentencia el 2 de julio de 2026. Una vez cumplida la pena, deberá permanecer cinco años bajo libertad supervisada, según informó la Fiscalía Federal del Distrito Medio de Tennessee.

    Campos-Hurtado se había declarado culpable el 17 de junio de 2025 de cuatro cargos de explotación sexual de menores, uno por recibir material de abuso sexual infantil, otro por utilizar o poseer documentos migratorios fraudulentos y uno más por tener un documento de identidad robado o producido sin autorización legal.

    La Fiscalía había solicitado una condena de 50 años debido a la gravedad de los delitos, la extensión temporal de los abusos y el riesgo que representaba el acusado. El juez federal estableció finalmente una pena de 360 meses, equivalentes a 30 años de cárcel.

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    Un teléfono olvidado permitió descubrir los abusos

    La investigación comenzó en junio de 2023, cuando una persona encontró un teléfono celular que Campos-Hurtado había olvidado en un establecimiento comercial de Franklin.

    Al revisar el dispositivo, encontró videos sexualmente explícitos y alertó de inmediato al Departamento de Policía de Franklin. La denuncia dio lugar a una investigación que permitió descubrir varios años de explotación sexual infantil.

    Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional, conocidos como HSI, y policías locales ejecutaron órdenes de registro en la vivienda y el vehículo del acusado. Allí recuperaron dispositivos electrónicos con material de abuso sexual infantil y numerosos documentos migratorios y de identidad falsificados.

    Drogaba o emborrachaba a las víctimas

    Los investigadores determinaron que Campos-Hurtado utilizaba drogas o alcohol para incapacitar a menores antes de abusar sexualmente de ellos y grabar las agresiones.

    Los delitos por los que fue condenado ocurrieron entre 2017 y 2021, periodo durante el cual trabajaba como entrenador de fútbol. Sin embargo, el análisis forense de sus dispositivos reveló que producía material de abuso sexual infantil al menos desde enero de 2013.

    Las autoridades señalaron que aprovechaba su posición como entrenador para acercarse a los menores y ganarse su confianza.

    La investigación estuvo a cargo de HSI, el Departamento de Policía de Franklin y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. El caso fue procesado por las fiscales federales adjuntas Monica R. Morrison y Kathryn D. Risinger.

    Podría ser expulsado de Estados Unidos

    La Fiscalía indicó que Campos-Hurtado se encontraba en Estados Unidos sin estatus migratorio legal. Después de cumplir su condena federal y cualquier pena estatal que aún tuviera pendiente, se espera que sea sometido a un procedimiento migratorio para su expulsión a México.

    El gobierno estadounidense no precisó en qué fecha ni por qué lugar ingresó al país.

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  • ‘Protestar contra ICE no es un delito’

    ‘Protestar contra ICE no es un delito’

    Organizadores del grupo Centro CSO de Los Ángeles y del condado de Orange se reunieron este miércoles afuera del edificio federal Ronald Reagan en Santa Ana para apoyar a Nadia Topete, una activista que insiste en que está siendo investigada por las autoridades por su participación en protestas contra  las redadas de ICE el año pasado.  

    “Nadia no hizo nada malo. Protestar contra ICE no es un delito, defender los derechos de los inmigrantes no es un delito”, dijo Verita Topete, hermana de la activista. “Esto es un intento de la administración de Trump de acosar y desmantelar el movimiento por los derechos de los inmigrantes. El hecho de que se haya señalado a Nadia forma parte de un sistema de represión política del gobierno federal”. 

    De acuerdo con Verita, el 1 de julio, las autoridades de Los Ángeles se presentaron en el domicilio de la activista por los derechos de los inmigrantes para entregarle una segunda citación en la que se le ordenaba comparecer ante un gran jurado el 8 de julio. Topete ya había sido citada para testificar en mayo, pero no asistió a la audiencia. 

    Los grupos activistas que apoyan a Nadia creen que la citación está relacionado con la participación de la joven en las protestas contra los operativos migratorios el verano pasado y recuerdan como miles de personas salieron a las calles para exigir el fin del encarcelamiento masivo de miembros de su comunidad, tras una serie de detenciones violentas de ICE en el sur de California. 

    Creen que se trata de un intento de reexaminar el caso de Alejandro Orellana, otro activista por los derechos de los inmigrantes que participó en las protestas contra ICE el año pasado. Orellana fue acusado de conspirar para provocar disturbios civiles. Al final, se retiraron los cargos contra el activista del este de Los Ángeles, quien fue detenido por repartir protectores faciales durante una protesta contra las redadas federales de inmigración. 

    “¡Hoy es un buen día porque nuestra compañera entró a la corte y pudo salir libre!”, dijo Gabe de Centro CSO. 

    Nadia saliendo del edicificio federal de Santa Ana con su equipo legal.
    Nadia saliendo del edificio federal de Santa Ana con su equipo legal.
    Crédito: Janette Villafana | Impremedia
    Dos mujeres sostienen un cartel con las palabras "Stand With Nadia".
    Dos mujeres sostienen un cartel con la frase “Stand With Nadia”.
    Crédito: Janette Villafana
    Miembros de la comunidad escuchan las palabras de organizadores afuera del edificio federal de Santa Ana.
    Miembros de la comunidad escuchan las palabras de organizadores afuera del edificio federal de Santa Ana.
    Crédito: Janette Villafana

    El miércoles, Nadia asistió a la corte a la que la habían llamado para dar su testimonio sobre las múltiples manifestaciones de 2025, pero aunque asistió a su audiencia decidió no prestar testimonio, ya que piensa que podrían usar cualquier cosa que diga en su contra y en contra de sus compañeros. 

    “Nadia es una chicana de primera generación que se enorgullece de serlo y se dedicó a la defensa de los derechos humanos después de que nuestro papá fue secuestrado y detenido en el campo de concentración de Adelanto, donde pasó tres años sufriendo todo tipo de abusos y negligencia médica”, comentó su hermana. “Ella nunca ha salido a la calle para causar daño; solo estaba defendiendo los derechos de nuestros vecinos, como todos aquí lo hemos hecho desde que comenzó esta pesadilla”.

    Topete no se tomó a la ligera la noticia de que la habían citado a comparecer, ya que no es la primera activista a la que las autoridades han requerido para prestar alguna declaración. Este año, unos manifestantes contra ICE fueron condenados a décadas de prisión tras una protesta frente a un centro de detención en Texas.

    Carlos Montes, del Centro CSO, dijo que Nadia ha sido parte de su organización por mucho tiempo y, durante ese tiempo ha apoyado a su comunidad al proporcionar tarjetas de “conoce tus derechos”, vigilando la comunidad e incluso pintando las caras de niños en muchos de los eventos comunitarios que suelen realizar.

    Nadia a lado de su hermana, agradeciendole a la comunidad por apoyarla.
    Nadia a lado de su hermana, agradeciéndole a la comunidad por apoyarla.
    Crédito: Janette Villafana
    Crédito: Janette Villafana

    “Ella nunca ha hecho nada malo; solo está defendiendo a personas que no pueden defenderse”, dijo Montes, quien lleva años organizando en Los Ángeles.  

    Aunque Nadia no pudo dar ninguna entrevista, ya que su caso sigue abierto y puede que la vuelvan a llamar, sí se tomó un momento para agradecer a las más de 30 personas que asistieron a apoyarla. Al final, se tomó un momento para hacerse una foto con el grupo.  

    “Dependiendo de lo que pase, estamos listos para actuar, listos para estar ahí y apoyar a Nadia hasta el final”, dijo Sol Márquez, de la organización Legalización para Todos. “Tenemos que mantenernos unidos porque estamos bajo ataque; hoy es Nadia, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros”.