Un operativo migratorio en una panadería guatemalteca de Lake Worth Beach, Florida, terminó con el arresto de su propietario y abrió una fuerte disputa entre la versión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el relato de sus familiares, trabajadores y organizaciones comunitarias.
Jacobo Zapeta Castro, dueño de El Quetzal Panadería y Cafetería, quedó bajo custodia federal después de varias horas de tensión alrededor del comercio. Empleados sostienen que decidió salir y entregarse para evitar que los agentes ingresaran al local y detuvieran a otras personas. ICE, en cambio, aseguró que se trató de una operación dirigida específicamente contra él y lo vinculó con antecedentes migratorios y penales.
El operativo ocurrió el miércoles 8 de julio en la avenida Lucerne, en Lake Worth Beach. Testigos dijeron que numerosos agentes federales y efectivos de la Patrulla de Carreteras de Florida rodearon la panadería, mientras empleados, familiares y vecinos permanecían dentro y fuera del establecimiento.
Gilmer Zapeta, trabajador del negocio, contó a la cadena local WFLX que el propietario decidió entregarse cuando creyó que sus empleados también podían ser arrestados.
La familia afirmó que la entrega fue negociada para evitar una confrontación potencialmente peligrosa para empleados, clientes y otras personas que estaban dentro del establecimiento. Mariana Blanco, representante del Guatemalan-Maya Center, habría intervenido como mediadora entre el comerciante y los agentes.
ICE presentó una reconstrucción distinta. La agencia sostuvo que sus agentes localizaron un vehículo relacionado con Zapeta Castro alrededor de las 10:30 de la mañana y trataron de detenerlo.
Según el organismo, el comerciante habría intentado embestir un vehículo oficial, abandonó el automóvil y corrió hacia la panadería, donde se atrincheró. ICE indicó que pidió apoyo de otras fuerzas para asegurar el lugar y que el hombre se entregó posteriormente.
La agencia describió al detenido como un ciudadano de Guatemala que había sido expulsado de Estados Unidos en cuatro ocasiones. También afirmó que tenía antecedentes por reingreso ilegal después de una deportación, arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol, choque y fuga y resistencia a la autoridad.
La familia niega que tuviera una orden de deportación vigente
Los hijos de Zapeta Castro rechazaron la caracterización oficial. Dijeron que su padre tenía permiso de trabajo y licencia de conducir válidos, cumplía con sus obligaciones migratorias y no estaba sujeto a una orden activa de deportación.
La familia también aseguró que es propietario de un negocio, paga impuestos y mantiene a varias familias mediante los empleos de la panadería. Hasta ahora, no se han difundido públicamente documentos judiciales o migratorios que permitan resolver por completo las diferencias entre ambas versiones.
La comunidad cuestionó el despliegue
El arresto movilizó a residentes y organizaciones de apoyo a inmigrantes de Palm Beach County. Algunos testigos consideraron excesiva la cantidad de agentes desplegados alrededor de un pequeño comercio familiar.
La familia denunció, además, que dos hijos adolescentes del propietario, ambos ciudadanos estadounidenses, quedaron expuestos al operativo, mientras los agentes intentaban lograr que su padre saliera del edificio.
En tanto, la detención está confirmada, al igual que la participación de ICE y de fuerzas estatales. También está comprobado que Zapeta Castro salió del establecimiento y fue arrestado sin que se reportaran heridos.
Lo que permanece en disputa es por qué ingresó a la panadería, si intentó embestir un vehículo oficial, cuál era su situación migratoria exacta y si su entrega respondió a un acuerdo para proteger a los trabajadores. La información es, todavía, parcial, y quedan muchas preguntas por responder.
El hombre que perdió la vida este lunes durante un operativo donde se registró un tiroteo en el que estuvo involucrado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue identificado como un ciudadano colombiano de 26 años que contaba con un permiso de trabajo vigente, informaron la Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine (MIRC) y la organización Presente!.
Tras confirmar la identidad de la víctima, ambas organizaciones manifestaron su indignación por lo ocurrido y exigieron una investigación independiente que esclarezca las circunstancias del caso.
Organizaciones lamentan la muerte del joven colombiano
En un comunicado conjunto, MIRC y Presente! señalaron que el joven había llegado a Maine con el objetivo de vivir y trabajar, y describieron su muerte como una pérdida irreparable para la comunidad inmigrante.
“Era un miembro de nuestra comunidad, un vecino y un ser humano cuya vida fue truncada trágicamente”, expresaron ambas organizaciones al enviar sus condolencias a la familia y a las personas cercanas a la víctima.
También informaron que los familiares del colombiano enfrentan ahora el duelo tras un incidente relacionado con agentes del ICE.
Denuncian operativo y piden transparencia
Además de lamentar el fallecimiento, las organizaciones revelaron que, después del tiroteo registrado en Biddeford, recibieron reportes de residentes que aseguraban haber visto a agentes migratorios realizando operaciones en la zona.
Para MIRC y Presente!, esta situación resulta “profundamente inquietante”, por lo que insistieron en que las autoridades deben ofrecer una explicación clara sobre lo ocurrido.
“Esto es devastador, indignante e inaceptable. Sus seres queridos merecen respuestas y el público merece una explicación completa y transparente”, señalaron.
Piden que el ICE no investigue el caso
Las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes solicitaron que la investigación sea realizada por una instancia independiente y no por el propio ICE.
Entre sus demandas se encuentra la preservación de todas las pruebas disponibles, incluidas grabaciones de cámaras corporales, videos de vigilancia, comunicaciones entre agentes y cualquier otro elemento que permita reconstruir lo ocurrido.
Wow. Maine residents are marching on the streets after ICE apparently killed a man in cold blood in Biddeford.
America is sick and tired of the murderous, tyrannical U.S. government under Trump. pic.twitter.com/0eCwCuvsYs
Asimismo, pidieron que las conclusiones de la investigación sean difundidas públicamente y advirtieron que no debe permitirse que la agencia migratoria controle la información relacionada con un caso en el que participaron sus propios elementos.
Autoridades mantienen abiertas las investigaciones
El tiroteo ocurrió la mañana de este lunes en Biddeford, una ciudad ubicada al sur del estado de Maine.
El presidente de la Cámara de Representantes estatal, Ryan Fecteau, confirmó que una persona falleció durante el incidente y precisó que agentes del ICE estuvieron involucrados.
Tras los hechos, la Policía Estatal de Maine y el Departamento de Seguridad Pública iniciaron las investigaciones correspondientes, mientras se prevé la participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) para esclarecer lo sucedido.
Comunidad inmigrante brinda apoyo a la familia
Crystal Cron, directora ejecutiva de Presente!, aseguró que integrantes de la comunidad inmigrante ya trabajan para brindar acompañamiento a la familia del joven colombiano.
La activista afirmó que el impacto del caso ha generado miedo e indignación entre los migrantes que viven en Maine y sostuvo que la muerte del joven no puede convertirse en una cifra más dentro de las estadísticas relacionadas con operativos migratorios.
El caso se suma a otros incidentes registrados este año
La muerte del ciudadano colombiano ocurre apenas unos días después de que Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano, falleciera durante un operativo del ICE en Texas.
Con este nuevo caso, al menos seis personas han muerto por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos durante el presente año. Entre ellas también se encuentran los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, quienes perdieron la vida durante un operativo realizado en Minnesota el pasado mes de enero.
Mientras continúan las investigaciones, organizaciones civiles mantienen el llamado a que las autoridades federales esclarezcan lo ocurrido y garanticen un proceso transparente que permita determinar las responsabilidades en este nuevo caso que involucra al ICE.
Las autoridades de Maine iniciaron una investigación para esclarecer la muerte de un joven ocurrida este lunes en la ciudad de Biddeford, luego de un operativo en el que participaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El caso ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y podría ser atraído por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
De acuerdo con información difundida por el presidente de la Cámara de Representantes de Maine, Ryan Fecteau, el Departamento de Seguridad Pública estatal y la Policía de Maine ya realizan las primeras diligencias para determinar cómo ocurrieron los hechos. Además, adelantó que el FBI también participaría en las investigaciones para esclarecer el uso de la fuerza durante el operativo.
Aunque las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni han explicado oficialmente las circunstancias que derivaron en el tiroteo, Fecteau confirmó que una persona perdió la vida y que agentes del ICE estuvieron involucrados en el incidente.
Organización de migrantes exige justicia tras el fallecimiento
Horas después del suceso, la organización Project Relief Maine, dedicada al acompañamiento y defensa de comunidades inmigrantes, informó que el joven fallecido formaba parte de su organización.
El colectivo lamentó la pérdida y aseguró que la muerte representa un duro golpe para la comunidad migrante del estado.
“Se trata de una persona joven cuya vida se ha visto truncada. Nuestra comunidad debe unirse para apoyar a sus seres queridos y garantizar que no enfrenten este momento en soledad. Deben obtener justicia”, expresó la organización mediante un comunicado difundido en redes sociales.
Más tarde, Project Relief Maine precisó que la víctima era un hombre y explicó que su familia atraviesa momentos de profunda consternación. Por ello, pidió respeto a su privacidad mientras enfrenta el proceso de duelo.
El caso se suma a otros incidentes recientes relacionados con el ICE
La muerte registrada en Maine ocurre en medio del creciente escrutinio sobre los operativos del ICE en distintas regiones de Estados Unidos.
Hace apenas unos días, un agente de esa corporación disparó y mató en Texas al ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante una acción de detención. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó posteriormente que el migrante permanecía en territorio estadounidense de manera irregular.
Con el caso ocurrido en Biddeford, suman al menos seis personas fallecidas este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos, de acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora.
Entre esas víctimas también se encuentran los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, quienes murieron durante un amplio operativo migratorio realizado en Minnesota el pasado mes de enero.
Continúan las investigaciones
Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el enfrentamiento ni sobre la actuación de los agentes involucrados. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si existió un uso justificado de la fuerza durante el operativo.
Conforme avancen las pesquisas, se espera que las autoridades federales y estatales proporcionen más información sobre este caso, que ha despertado inquietud entre organizaciones civiles y defensores de los derechos de las personas migrantes.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum llevará este lunes el caso de 17 mexicanos muertos, casos relacionados con Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ante instancias judiciales, en un nuevo paso para exigir investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos de migrantes.
La presidenta de México, anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentará las denuncias ante el Departamento de Justicia como ante fiscalías estatales, con el objetivo de que se esclarezcan las muertes de sus connacionales registrados en distintos hechos relacionados con la política migratoria.
Más allá de las gestiones diplomáticas
La decisión, explicó, forma parte de una estrategia que busca ir más allá de las gestiones diplomáticas y utilizar los mecanismos legales disponibles para exigir responsabilidades cuando existan posibles abusos contra ciudadanos mexicanos.
Uno de los expedientes incluidos corresponde al fallecimiento del mexicano Lorenzo Salgado durante un operativo migratorio realizado recientemente en Houston, Texas. De acuerdo con Sheinbaum, ese caso ya es investigado por autoridades locales y federales de Estados Unidos.
Las denuncias también contemplan hechos ocurridos en centros de detención migratoria y la muerte de tres connacionales durante operativos del ICE, situaciones que, según el Gobierno mexicano, podrían constituir violaciones a los derechos humanos.
Además de informar sobre las acciones legales, la presidenta convocó a los distintos actores políticos del país a respaldar la defensa de los mexicanos que viven en el extranjero.
El llamado de Sheinbaum al Congreso y partidos políticos
“No es solamente un asunto del Gobierno de México; es un asunto de todas y de todos los mexicanos“, afirmó durante su conferencia matutina.
En ese contexto, solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitir un pronunciamiento sobre los hechos y llamó a todos los partidos políticos, sin distinción, a exigir información a las autoridades estadounidenses y expresar su rechazo ante cualquier presunta vulneración de los derechos de los connacionales.
Sheinbaum sostuvo que proteger la vida y los derechos humanos de los mexicanos fuera del país debe asumirse como una causa nacional, especialmente en Estados Unidos, donde reside la mayor comunidad de migrantes mexicanos.
El anuncio representa una nueva etapa en la postura del Gobierno mexicano frente a los casos de mexicao muertos en territorio estadounidense. La semana pasada, la presidenta adelantó que su administración recurriría a acciones jurídicas tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo del ICE en Houston.
De acuerdo con información del Gobierno de México, desde el endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump se han registrado diversos fallecimientos de mexicanos tanto en centros de detención como en operativos de las autoridades migratorias estadounidenses.
En el mapa no hay respuesta. El buscador de Google Maps indica como lugar de destino las oficinas comerciales de la firma inmobiliaria Terrenos Houston, la cual comercializa predios en la comunidad de Colony Ridge, ubicada en el condado de Liberty, a unos 35 kilómetros al norte de Houston y su población oscila entre 75,000 y 100,000 habitantes según funcionarios de este condado. Pero ese no es el destino.
Para entender el lugar hay que entrar a sus calles. En diagonal a la agencia, un foodtruck rompe la lógica del buscador. “Sí, hay tacos”, anuncia el letrero. Entre el olor a maíz y aceite, una mujer da indicaciones.
El puesto está casi vacío. El calor cae con fuerza: 33 grados centígrados a media tarde. Bajo una carpa alargada, una mesa de plástico y bancas largas funcionan como un comedor sobre tierra. Llega un cliente. Pide rápido, sin quedarse. Antes de irse, menciona las redadas migratorias y las críticas a la empresa que vendió estos terrenos, señalada por residentes por comercializar lotes en zonas inundables e incluso afectadas por aguas residuales. La comunidad hispana ha sido la más perjudicada, con denuncias de falta de información sobre los riesgos. El cliente no da más detalles. Está apurado. Se va.
Colony Ridge ha sido señalada por legisladores republicanos de Texas, como refugio de migrantes indocumentados e incluso como un centro de delincuencia vinculado a cárteles. Sin embargo, la presencia estatal es limitada: hay alrededor de 10 policías para una comunidad que supera las 80,000 personas. Aunque sus residentes sostienen que el nivel de criminalidad es bajo en comparación con otras ciudades, la escasa vigilancia se traduce en problemas cotidianos de seguridad.
A inicios de 2025, la tensión aumentó. La zona se convirtió en blanco de redadas migratorias.
Crédito: houstonlanding.org | Cortesía
Siguiendo las indicaciones de la vendedora del foodtruck, los carteles en español comienzan a aparecer en el camino. Así se anuncia la llegada a Colony, una zona que colinda con el condado de Montgomery.
En una de sus calles, en la comunidad de Colony funciona el local comercial Veronica’s Café. El lugar está vacío. Puede ser por el horario, jueves 14:00 del mes de junio. La dueña, estadounidense está casada con un centroamericano; con actitud gentil está pendiente de la clientela que entra o sale.
Verónica (derecha), propietaria de Verónica’s Café, conversa con la reportera Lía Salvador Mendoza en el establecimiento ubicado en Colony Ridge, un vecindario al norte de Houston, azotado por las redadas masivas de inmigrantes indocumentados. Crédito: Border Center for Journalists | Cortesía
“La verdad, mientras conduzco por mi comunidad, he visto a los state troopers detener a personas y buscarlas. Yo simplemente cierro los ojos y hago una oración por ellos; creo que Dios tiene el control de todo”, señala Verónica. Además, indica que tuvo que adaptarse a la situación.
Durante los primeros meses de 2025, su rutina cambió. La gente dejó de salir. Ella optó por hacer entregas a domicilio para aquellas personas que temían la presencia de los agentes de ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) o DPS (Departamento de Seguridad Pública).
Entre el Sueño Americano y la excepción
Cynthia Silva, periodista y residente de esta comunidad, comenta que en estudios de seguridad pública suele sugerirse un policía por cada mil habitantes. En Estados Unidos, hay en promedio 2.3 agentes por cada mil habitantes, según datos del FBI (Buró Federal de Investigaciones). En Colony Ridge, esa proporción no se cumple.
Cynthia Silva (derecha), reportera de El Amanecer Texas, explica que hay poco control policial en Colony Liberty. El fentanilo en las escuelas de ahí tiene un alto índice de consumo desde los 7 años, asegura.Crédito: Border Center for Journalists | Cortesía
Para Silva, la falta de agentes policiales se evidencia en la escasa presencia policial.
“Aquí hay delitos, sí, pero no al nivel de otros lugares. Las cifras del condado lo confirman: esta zona registra menos crimen que el norte. La policía es local y cercana, no interviene en temas migratorios; el problema es otro: casi no hay presencia. “No tenemos casi patrullas, casi no tenemos policías aquí”, expresó. “A veces tenemos una para toda la comunidad y hay como 80.000 personas aquí o más. Y está creciendo mucho”.
Con el inicio de las redadas, la dinámica del lugar cambió. Según Verónica muchos vecinos vendieron sus tráilers, sus casas, sus terrenos, sus muebles, y se regresaron a su país de origen para esperar que las redadas de ICE pasen. Otros viven con temor, asegura. DPS entró a colaborar con las autoridades migratorias.
En 2023, Colony Ridge tuvo atracción nacional tras cobertura de medios conservadores y políticos republicanos que acusaron el barrio de ser un imán para atraer a indocumentados.Crédito: David J. Phillip – Archivo | AP
El 24 de febrero de 2025 varios medios como Univisión reportaban las redadas en este sector y en colaboración agentes de ICE y DPS. Según declaraciones del gobernador de Texas, Greg Abbott, el objetivo era detener a criminales o migrantes en situación irregular.
“Nuestra comunidad es muy bonita. Aquí vive mucha gente buena. Cuando una familia tiene una tragedia, la comunidad se une y ayuda. Yo lo he visto muchas veces. Nunca he tenido problemas con nadie”, dice Verónica, quien ha vivido durante años en Colony.
Verónica se refiere a una redada ocurrida a inicios de 2025. Cree que las autoridades tenían órdenes de deportación, pero asegura que el operativo generó temor entre los residentes. Con el paso de los meses, agrega, la situación se ha calmado.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) señaló que 2025 ha sido un año “sin precedentes en resultados”, al registrar la deportación de 605,000 personas y la salida voluntaria de 1.9 millones de migrantes indocumentados desde el 20 de enero.
Para Verónica, quienes dan calificativos negativos sobre Colony son ciudadanos que no viven aquí, que no conocen lo que ocurre desde adentro.
“Yo soy americana, puedo decir que estoy viviendo el Sueño Americano (en Colony)”, explica.
En una postura más crítica está Cynthia Silva, periodista y residente de la comunidad. De padres latinos, su vida, la de su familia y su trabajo están en Colony, donde hace reportería para el medio local, El Amanecer Texas. Entre la mezcla de acentos en español e inglés ella relata qué falta en este lugar.
En este condado hay tres escuelas primarias. Ninguna secundaria. Solo funciona una high school de tipo charter, es decir, fuera del distrito escolar local y financiada directamente por fondos públicos. Este sistema educativo, identificado como IL Texas (International Leadership of Texas es una red de escuelas públicas autónomas y gratuitas), ofrece enseñanza en inglés, español y mandarín, y es valorado positivamente: muchos de sus estudiantes acceden a becas o incluso ingresan al Ejército tras graduarse.
Las escuelas de la comunidad, según Silva, enfrentan problemas estructurales como sobrepoblación, falta de espacio y condiciones de inseguridad. La saturación ha obligado incluso a la contratación de docentes extranjeros ante la falta de personal. A esto se suma un contexto complejo: presencia de drogas, particularmente fentanilo, pandillas y episodios violentos.
El crecimiento de Colony ha implicado desafíos en el ámbito escolar. El distrito educativo de Cleveland-Texas, enfrenta dificultades para retener docentes, escasez de autobuses escolares y falta de infraestructura, además de problemas relacionados con el consumo de sustancias sujetas a fiscalización.
Según datos del propio distrito, el año 2023 gastó $175 millones de dólares, pero solo generó $165 millones en ingresos, lo que dejó un déficit de $10 millones.
Para el 2013 la matrícula en todo el distrito de Cleveland alcanzó un máximo de 3,300 estudiantes. En mayo de 2024, el distrito tenía 12,242 alumnos inscritos. Estos datos fueron documentados por el medio Houston Landing en un reportaje publicado el 29 de agosto de 2024, que analiza el crecimiento acelerado de Colony Ridge y los desafíos que implica para sus servicios básicos.
La inseguridad en algunas de estas escuelas ha llevado a ciertas familias a optar por la educación en casa (homeschooling), tanto por la falta de cupos como por preocupaciones sobre el entorno y la calidad educativa. Es el caso de Silva, quien durante la entrevista intercalaba la conversación con la orientación de las clases de sus hijos.
Según Cynthia, también se reporta la presencia de drogas como el fentanilo entre menores, incluso desde los siete años.
El gobernador Greg Abbott (izquierda) ha empujado una dura agenda migratoria en Texas. en la imagen con el zar de la frontera, Tom Homan.Crédito: Eric Gay – Archivo | AP
El punto de quiebre
Para Silva las redadas migratorias marcaron un punto de quiebre en la comunidad. Estas comenzaron a inicios de año (2025) y se caracterizaron por controles generalizados. Mientras ella conducía cerca de su casa, iba a recoger una pizza para sus hijos, un agente la detuvo.
“Me pararon y lo primero que me preguntaron fue si tenía documentos. Yo les dije que sí y se los mostré, porque siempre los llevo conmigo. Uno nunca sabe. No importa si naciste aquí, si hablas inglés o español, si no tienes cara de persona blanca, te paran”, afirma.
“No hice nada malo. Lo único era que la luz de mi carro no funcionaba, pero la forma en que me hablaron me molestó mucho”, comenta. “Los policías de esta zona suelen ser amables, por eso me sorprendió. Me hablaron de forma fuerte”.
El impacto no se limitó a ese momento. Sus hijos de 12, 9 y 8 años presenciaron lo ocurrido y posteriormente en casa al explicarles la situación, los menores reaccionaron con angustia, al comprender que amigos cercanos y compañeros de escuela podrían estar en riesgo debido a su condición migratoria.
“Mi hijo de 12 años empezó a llorar. No entiende por qué está pasando todo esto. Mi hija también lloró: tiene miedo de que algo le pase a su mejor amiga, que es de México”, dice, con la voz entrecortada.
Al referirse a este episodio, la entrevistada se quiebra y se seca las lágrimas antes de continuar. Reconoce que, aunque las autoridades cumplen con su labor, los procedimientos deberían ejecutarse con mayor respeto hacia las personas. Advierte que, si bien se busca a individuos con antecedentes, también se genera temor entre familias que trabajan y residen en el sector.
Para intentar obtener cifras oficiales sobre las detenciones en Colony Ridge, la periodista y residente Cynthia Silva contactó a las autoridades. Sin embargo, tras varias solicitudes, solo recibió requerimientos adicionales sobre el propósito de su investigación y nunca obtuvo el reporte con los datos de detenciones, lo que impide dimensionar de forma oficial el alcance de las redadas. Según cuenta, en ocasiones anteriores este tipo de solicitudes solía resolverse de forma inmediata.
También menciona las condiciones de vida en la zona, señalando que servicios básicos como la recolección de basura implican costos adicionales que pueden alcanzar, aproximadamente $120 dólares trimestrales, para los residentes, a diferencia de otras ciudades como Houston.
Pese a todo, insiste en que los oficiales locales suelen mantener un trato distinto, más cercano, y que la tensión aumentó específicamente a inicios de 2025. Silva dice que se percibe una disminución de estos controles, aunque el impacto emocional del miedo a salir o desplazarse en la comunidad persiste.
La comunidad mantiene un fuerte sentido de solidaridad. Los vecinos se organizan para apoyarse en situaciones difíciles, asegura Verónica. En las redes sociales y en el website de El Amanecer Texas, en la sección Comunidad, se reflejan estas iniciativas y la participación de los residentes para mejorar la convivencia.
Este contexto local forma parte de una dinámica más amplia. Para la periodista especializada en migración Ana Brígida, quien ha seguido de cerca el crecimiento de Colony, este tipo de operativos responde a cambios recientes en la política migratoria. Desde enero de 2025, menciona se han intensificado las redadas y han surgido nuevas tácticas por parte de ICE, incluso en espacios como las cortes migratorias.
“He visto agentes dentro de las cortes, algo que no era común antes”, señala. Según su experiencia, estas acciones podrían estar relacionadas con una mayor presión política sobre la agencia, con un posible incremento de detenciones.
Texas se ha vuelto nuevamente noticia nacional tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo a manos de ICE, lo que ha desatado protestas en el estado.Crédito: Mark Felix | AP
El impacto de las redadas en la cobertura periodística
Esta coyuntura también ha afectado el trabajo periodístico. Brígida advierte que el acceso a espacios públicos como audiencias migratorias se ha restringido en las últimas semanas (julio-agosto de 2025), limita la transparencia y dificulta la cobertura informativa.
La periodista, originaria de Boston, explica que Colony Ridge creció como un desarrollo orientado a personas que no podían acceder a créditos tradicionales, muchas de ellas migrantes en situación de vulnerabilidad. Este modelo ha derivado en un entorno con menos recursos institucionales y mayores desafíos estructurales.
Además, señala que el Departamento de Justicia mantiene investigaciones sobre las prácticas de comercialización de terrenos en la zona, lo que refuerza la necesidad de analizar el fenómeno más allá de la narrativa simplificada.
Para Brígida, el desafío también es comunicacional. Advierte que los medios deben reforzar la verificación de datos y evitar replicar discursos que no se ajustan a la realidad. “No estamos hablando sólo de política migratoria, sino de personas”, enfatiza.
Pero el miedo no se limita a Colony Ridge. Adopta otras formas y otros protagonistas. Las redadas podrían ser el capítulo final en la historia de un migrante, sin embargo, el miedo podría comenzar antes.
Es el caso de Iván, quien vivió un infierno entre Tamaulipas, México, McAllen y Houston, Texas. En 2024, Iván Guzmán, ecuatoriano de 40 años, vivió lo peor de la migración: fue secuestrado junto a su hermano en México y retenido también en territorio estadounidense antes de recuperar su libertad en Houston.
Había salido de Ecuador tras recibir amenazas de muerte por parte de un grupo de delincuencia organizada en su país. Pero la violencia no quedó atrás. En su paso por México, fue capturado por redes vinculadas al crimen organizado, trasladado bajo amenazas y obligado a cruzar la frontera en condiciones extremas. Luego, ya en Estados Unidos, fue retenido durante semanas en casas clandestinas en McAllen, Texas, sin alimentación adecuada, sin agua y bajo control de grupos que exigían pagos a su familia. Su liberación en Houston se dio gracias al pago de aproximadamente $40,000 dólares que hicieron por él y su hermano sus familiares a los secuestradores. Un año después, en 2025, el miedo no ha desaparecido. Solo ha cambiado de forma y de protagonista.
Para miles de migrantes, el peligro no terminó al cruzar la frontera.
“Salgo y miro hacia atrás como si alguien me persiguiera”, dice Iván. Ahora teme ser detenido, deportado y obligado a regresar al país del que huyó, exponiéndose así a la violencia que intentó dejar atrás. Asegura que él no cree en el “Sueño Americano”.
Con el objetivo de fortalecer el plan del presidente Donald Trump de llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes en toda la historia, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) compró dos de los centros de detención de inmigrantes más grandes de California, en una transacción que rondó $1,500 millones de dólares.
A través de un comunicado, la compañía carcelaria CoreCivic dio a conocer que se había desprendido del Centro de Detención de Otay Mesa, ubicado en la frontera de California y México; y del Centro de Detención de California City, construido en el condado de Kern.
“Estamos satisfechos con la venta de estas dos instalaciones de misión crítica para el socio gubernamental de la compañía, lo que demuestra el valor de la cartera inmobiliaria subyacente de la empresa, al tiempo que refleja nuestro papel como proveedor de soluciones flexibles y a largo plazo para el gobierno”, indicó Patrick Swindle, presidente y director ejecutivo de CoreCivic.
De acuerdo con un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores, la operación de compra-venta ocurrió el 2 de julio.
El Centro de Detención de Otay Mesa fue vendido en $739.2 millones de dólares. (Crédito: Elliot Spagat / AP)
El Centro de Detención de Otay Mesa tiene una capacidad para montar 1,994 camas destinadas para los inmigrantes detenidos y al DHS le significó un desembolso de $739.2 millones de dólares.
Con respecto al Centro de Detención de California City, cuenta con una capacidad para montar 2,560 camas y para adquirirlo se pagaron $ 732.6 millones de dólares.
Al margen del cambio de propietario que sufrieron los señalados centros de detención de extranjeros carentes de estatus legal, CoreCivic contempla la posibilidad de continuar gestionando las operaciones diarias en ambas instalaciones, pues hacia los estipulan contratos vigentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Mientras que el contrato con CoreCivic en California City vence en agosto de 2027; el relacionado con Otay Mesa culmina en diciembre de 2029, en ambos casos con opción de renovación por cinco años.
Recientemente, el Congreso aprobó $170,000 millones de dólares para fortalecer y garantizar las operaciones del ICE, la Patrulla Fronteriza y a otras agencias federales migratorias en los dos años que le restan a la administración de Donald Trump.
A través de una cuenta habilitada en GoFundMe, plataforma de financiación colectiva, se han logrado recaudar más de $455,000 dólares para familia de Lorenzo Salgado Araujo, inmigrante asesinado por un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, Texas.
El incidente se produjo el miércoles cerca de las 7 am durante un intento de arresto en un control de tráfico.
De acuerdo con un comunicado divulgado por la agencia federal, el mexicano de 52 años presuntamente se negó a cooperar con las autoridades durante un operativo de control migratorio.
“Embistió un vehículo policial del ICE, se negó a obedecer múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente del ICE, lo que provocó que nuestro agente disparara su arma en defensa propia”, señala parte de la misiva.
Por ello, grupos defensores de los extranjeros carentes de estatus legal y organizaciones de derechos humanos están solicitando que se investigue a fondo el violento incidente para esclarecer lo que sucedió en East End de Houston, cerca de Magnolia Park.
Gracias a la solidaridad de más de 10 mil donantes, la meta de reunir medio millón de dólares para sus deudos está muy cerca de lograrse (Crédito: Mark Felix / AP)
Mientras tanto, se pidió la colaboración de personas que deseen solidarizarse con la familia de inmigrante muerto para cubrir con los gastos de su funeral, así como para establecer un fondo que les permita entablar una demanda legal en contra de ICE.
La meta consiste en reunir medio millón de dólares a través de la campaña denominada “En memoria de Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años”, la cual impulsa de manera conjunta en GoFundMe la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y la familia Salgado Araujo.
A menos de 24 horas de haberse activado una cuenta, ya se lograron reunir más de 10 mil donaciones con una aportación superior a $455,000 dólares.
Cabe señalar que Lorenzo Salgado Araujo era propietario de una empresa de construcción y los fondos que se recaben le serán entregados directamente a su viuda y a sus tres hijos.
De acuerdo con The New York Times, la ausencia de cámaras ha intensificado las dudas sobre lo ocurrido durante el operativo, ya que hasta el momento no existe evidencia en video que respalde la versión oficial de ICE, la cual sostiene que Lorenzo Salgado intentó embestir con su camioneta a un agente antes de que este abriera fuego.
Los testigos que viajaban con la víctima han rechazado esa versión y aseguran que el conductor nunca utilizó el vehículo como arma.
El DHS prometió cámaras para todos los agentes de ICE
Tras dos tiroteos ocurridos en Minneapolis a principios de año, la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, anunció que la dependencia desplegaría cámaras corporales para los agentes en todo el país.
Sin embargo, casi seis meses después, el caso de Lorenzo Salgado evidenció que la implementación sigue incompleta.
La congresista demócrata Sylvia García, representante de Houston, criticó duramente la situación.
“Incluso después de que le dimos al ICE específicamente $20 millones para cámaras corporales y de que Kristi Noem prometió que iba a comprarlas, aquí estábamos en Houston y los agentes no las tenían”, declaró durante una conferencia de prensa.
El DHS informó que las cámaras ya fueron distribuidas en más de la mitad de las oficinas de campo de ICE y aseguró que el resto de los agentes las recibirá en los próximos 60 días.
El caso de Lorenzo Salgado aumenta la presión sobre ICE
La muerte de Lorenzo Salgado, quien vivió más de 35 años en Estados Unidos, ha generado exigencias de una investigación independiente y reavivado el debate sobre la transparencia en los operativos migratorios.
Según The New York Times, el director interino de ICE, David Venturella, reconoció a la congresista Sylvia García que menos de un tercio de los agentes cuentan actualmente con cámaras corporales, aunque se comprometió a completar la entrega antes de finalizar julio.
Mientras tanto, organizaciones civiles sostienen que los operativos de ICE deberían suspenderse hasta que todos los agentes cuenten con este equipo.
“Si van a andar por ahí con armas y deteniendo a la gente, más les vale tener algunas cámaras corporales”, afirmó Michelle Gross, presidenta de Communities United Against Police Brutality.
La muerte del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sigue generando controversia. Ahora, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que el hombre abatido por un agente federal no era el objetivo de la investigación que dio origen al operativo en Houston, Texas.
Una portavoz del DHS explicó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) buscaban a dos ciudadanos de Guatemala, uno de los cuales creían que viajaba en una camioneta blanca similar a la que conducía Lorenzo Salgado la mañana del martes.
Sin embargo, los presuntos objetivos no se encontraban en el vehículo.
Salgado no era la persona buscada por ICE
Según el departamento, antes de realizar la detención, los agentes verificaron que el propietario de la camioneta era Lorenzo Salgado Araujo, quien no contaba con un estatus migratorio regular en Estados Unidos.
Pese a ello, el operativo continuó y terminó con un agente disparando contra el conductor.
El DHS sostiene que Salgado utilizó su vehículo como un arma e intentó atropellar a un agente federal, versión que hasta ahora no ha sido respaldada con videos u otras pruebas públicas.
Además, la dependencia confirmó que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales, por lo que no existe un registro oficial del momento en que ocurrió el tiroteo.
La familia exige una investigación independiente
La revelación de que Lorenzo Salgado no era el objetivo de la operación provocó nuevas críticas de su familia y de organizaciones defensoras de los inmigrantes.
“Me parece indignante y ridículo oír que nadie en esa furgoneta era objeto de ningún tipo de investigación”, declaró Ronaldo Salgado, hijo mayor de la víctima, al conocer que su padre no era la persona buscada por los agentes.
El hombre, originario del Estado de México, llevaba 35 años viviendo en Estados Unidos y trabajaba en la construcción para mantener a su familia. Sus hijos informaron que se encontraba en proceso para obtener un permiso de trabajo.
Mientras tanto, Víctor Hugo Salgado Araujo, hermano de la víctima y testigo directo de los hechos, permanece bajo custodia de las autoridades migratorias en un centro de detención en Conroe, Texas.
La investigación continúa a cargo de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, mientras que el FBI en Houston realiza una pesquisa paralela.
El caso se produce en medio del endurecimiento de los operativos de ICE durante la administración de Donald Trump y ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza, la falta de cámaras corporales y la rendición de cuentas en las acciones de las autoridades migratorias.
Los tres hombres que viajaban con el inmigrante mexicanoLorenzo Salgado Araujo el día que murió tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desmintieron la versión oficial de la administración Trump y aseguraron que la víctima nunca intentó atropellar a un agente federal.
De acuerdo con The New York Times, los testigos permanecen detenidos en un centro de detención migratoria y ofrecieron su versión de los hechos a través de su abogado, Hugo Balderas-Ibarra, quien afirmó que los tres coinciden plenamente en que ningún agente se encontraba frente al vehículo cuando ocurrieron los disparos.
Los testigos niegan que Salgado embistiera a un agente
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que el operativo ocurrió alrededor de las 6:50 de la mañana, cuando agentes de ICE intentaban detener a otra persona. Según la versión oficial, Salgado aceleró la camioneta e intentó atropellar a un agente, quien respondió disparando supuestamente en defensa propia.
Sin embargo, el abogado de los tres ocupantes rechazó esa narrativa.
“Tras hablar con estos tres hombres que iban en el vehículo con Lorenzo, no me cabe duda de que lo que dicen es cierto. Los tres reiteraron que en ningún momento un agente se encontraba delante del vehículo ni estuvo expuesto al peligro”, declaró Hugo Balderas-Ibarra durante una conferencia de prensa.
Hasta el momento, las autoridades no han difundido imágenes del instante en que ocurrió el tiroteo.
Videos e investigación mantienen abierto el caso
Según el medio citado, videos de vigilancia muestran a dos vehículos de ICE siguiendo la camioneta antes de interceptarla, aunque las imágenes conocidas hasta ahora no captan el momento en que se realizaron los disparos.
La congresista Sylvia García reveló además que el director interino de ICE, David Venturella, le confirmó que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales ni los vehículos contaban con cámaras de tablero que registraran el operativo.
La investigación quedó en manos de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, mientras que el FBI también participa en las indagatorias.
La familia de Lorenzo Salgado, de 52 años, originario del Estado de México, ha solicitado una investigación independiente. El médico forense del condado de Harris clasificó la muerte como homicidio.
Durante una conferencia de prensa, su hijo Ronaldo Salgado pidió que su padre sea recordado por la vida que construyó durante más de 35 años en Estados Unidos, donde formó una familia y dirigía una empresa de construcción.
“Él no deseaba nada más en la vida que mantener a su esposa y ver a sus hijos convertirse en personas de bien”, expresó.
