La administración del presidente Donald Trump volverá a aplicar una interpretación más estricta de la llamada prueba de “carga pública”, un criterio que permitirá al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) considerar si algunos inmigrantes utilizaron programas financiados con recursos públicos, como Medicaid, cupones de alimentos (SNAP) o asistencia para la vivienda, al momento de decidir si pueden obtener la Green Card.
CBS News reveló que la medida anunciada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) revierte una regulación implementada durante la administración de Joe Biden en 2022, la cual limitaba considerablemente los beneficios públicos que podían ser considerados dentro de la evaluación migratoria.
¿Qué cambia con la nueva regla del DHS?
La legislación migratoria contempla desde hace décadas que ciertos solicitantes pueden ser considerados inadmisibles si existe la posibilidad de que dependan del apoyo del gobierno para mantenerse económicamente, ya que tendrían que ser capaces de solventar sus gastos.
Con la nueva norma, los funcionarios del USCIS recuperarán una mayor discrecionalidad para analizar cada caso de manera individual. Además del uso de determinados beneficios públicos, también podrán valorar factores como la edad, el estado de salud, la situación familiar, los recursos financieros, la educación y las habilidades laborales del solicitante.
El director del USCIS, Joseph B. Edlow, defendió la medida en declaraciones al medio citado: “Bajo la presidencia de Trump, el USCIS está restableciendo el principio fundamental de que los inmigrantes deben ser capaces de mantenerse por sí mismos”.
De acuerdo con el gobierno, el objetivo es reforzar el principio de autosuficiencia y proteger los recursos financiados por los contribuyentes.
Miles de inmigrantes podrían modificar sus solicitudes
La nueva política podría afectar directamente a unos 588,000 solicitantes de ajuste de estatus cada año, según estimaciones del propio DHS.
Sin embargo, especialistas consideran que el mayor impacto podría ser indirecto. El propio departamento calcula que cerca de 950,000 personas pertenecientes a hogares de inmigrantes podrían dejar de solicitar beneficios públicos por temor a que esto afecte sus posibilidades de obtener la residencia permanente.
No obstante, el USCIS aclaró que los beneficios recibidos por familiares del solicitante no serán considerados automáticamente como propios, aunque sí podrán formar parte de la evaluación de la situación económica general del hogar.
La norma entrará en vigor durante los próximos días, una vez concluido el proceso de publicación oficial. También se actualizará el Formulario I-485, utilizado para solicitar la residencia permanente o ajustar el estatus migratorio.
Aunque históricamente las negativas por “carga pública” han sido poco frecuentes, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes anticipan que la medida podría volver a generar incertidumbre entre miles de familias que dependen legalmente de programas de salud, alimentación o vivienda mientras regularizan su situación migratoria.
Para que Lázaro Romero León pudiera regresar a Estados Unidos, desde donde fue deportado a México a pesar de la orden de un juez federal que lo prohibía, tuvieron que pasar casi tres meses y varios intentos fallidos.
Cubano de 59 años, había sido detenido en Puerto Rico, territorio no incorporado de EE.UU., donde se instaló tras salir de su isla natal en los 90 y pasar por Miami, Tennessee y Los Ángeles.
Sobre él pendía desde 2002 una orden de expulsión no ejecutada. Por no haber un acuerdo de deportación entre EE.UU. y Cuba, a Romero León, como a decenas de miles de otros inmigrantes cubanos, se le permitió seguir con su vida en el país.
Y así lo hizo, bajo una orden de supervisión que lo obligaba a presentarse periódicamente ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
“Llevaba 28 años firmando, sin fallar ni una cita”, le cuenta a BBC Mundo. “Hasta que el 20 de mayo de 2025 me agarraron entre seis agentes afuera de mi casa en Aguadilla (Puerto Rico) y, sin más explicaciones, me llevaron”, señala, algo que también confirma ICE.
Así acabó primero en el centro de detención del ICE en Adelanto (California) y en el de Florence (Arizona) después.
Según ICE, en junio de 2025 la agencia solicitó a las autoridades cubanas documentos para que Romero León pudiera viajar al país, algo que sigue pendiente. Y en septiembre del mismo año les notificó que sería expulsado a un tercer país, un aviso que también le fue entregado a Romero León. De acuerdo a ICE, este se negó a firmar la notificación.
De nada sirvió entonces que en diciembre el hombre solicitara ante un tribunal federal el hábeas corpus y que se revisara la legalidad de su detención, señalando que era poco probable que Cuba lo aceptara de vuelta. Tampoco que el juez federal Hernán Diego Vera para el Distrito Central de California le ordenara al gobierno de EE.UU. que no lo deportara mientras se resolvía la acción legal.
“Para ser extremadamente claro, esta orden significa que se prohíbe (…) trasladar al peticionario fuera de Estados Unidos a México (…) hasta que este tribunal haya resuelto la solicitud por completo”, se lee en la orden del juez a la que tuvo acceso BBC Mundo.
Sin embargo y tras un “aparente error de comunicación”, según admitió el gobierno más adelante, tal como se recoge en la orden del juez, el 16 de febrero de este año, Romero León fue llevado a la frontera, desde donde fue trasladado al sur de México.
Después de eso, casi tres meses “de agonía pura”, dice.
Fue un tiempo en el que, dice, perdió la cuenta de los días, mientras su abogada peleaba por su regreso a EE.UU. en los tribunales, y ICE intentaba sin éxito cumplir la orden del juez y hacer que Romero León regresara a EE.UU.
Cortesía de Lázaro Romero León: A Lázaro Romero León lo detuvieron en Puerto Rico, donde llevaba 28 años viviendo y trabajando en construcción.
En esas semanas, indocumentado en el sur de México, lo interceptaron agentes migratorios mexicanos, ingresó en otro centro de detención y fue dejado en la frontera con Guatemala. Afirma que terminó viviendo en la calle en la ciudad de Tapachula, con la misma ropa que cuando lo deportaron y a base de comida donada.
“Vi a muchos otros como yo. Aquello está lleno de cubanos mayores, hasta abuelos, algunos enfermos, sin dinero ni papeles, condenados a la indigencia”, cuenta ahora.
“Parece que quisieran mandarnos a morir allá”, subraya ya de regreso en EE.UU., desde la ciudad californiana de Palmdale.
De cómo logró finalmente regresar hablaremos más adelante.
Consultado ahora sobre el caso por BBC Mundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) subraya que se trata de un “inmigrante ilegal criminal con un historial delictivo extenso” y una orden de expulsión desde 2002.
Romero León cumplió hace años condena por varios delitos: en 1997 por agresión física a la cónyuge, en 2000 por intentar transportar marihuana para su venta y en 2001 por falsificación de la licencia de conducir y por presentar información falsa.
“Lázaro Romero León recibió un debido proceso completo, incluida una orden de deportación final de un juez. Este gobierno no va a ignorar el Estado de derecho. ICE cumple con las órdenes judiciales”, expresó un vocero del DHS.
“Los inmigrantes ilegales criminales no son bienvenidos en Estados Unidos. Estamos aplicando la ley tal como está escrita. Si un juez determina que un inmigrante ilegal no tiene derecho a estar en este país, vamos a deportarlo”.
Un tercer país para los cubanos
Durante años, los cubanos no fueron un objetivo prioritario de las políticas de deportación de EE.UU., en parte por falta de acuerdos y porque Cuba se negaba a aceptar a determinadas personas de vuelta, como aquellas que habían cumplido condenas.
Por ello, muchos inmigrantes recibieron órdenes de expulsión que no se llegaron a efectuar y, como Romero León, permanecieron hasta por décadas en EE.UU., donde trabajaron y formaron familias, a menudo con parejas naturalizadas e hijos con la ciudadanía por nacimiento.
Pero eso cambió drásticamente bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump.
Desde que asumió el cargo en enero de 2025, su gobierno, como prometió antes de ser presidente, ha ordenado operaciones antiinmigración masivas para deportar indocumentados y tomado medidas para ampliar tanto las vías de expulsión como los convenios con países dispuestos a recibir a deportados de otras nacionalidades.
Según un reporte de abril del Instituto Cato, un centro de estudios no partidista y de corte conservador con sede en Washington, los arrestos por parte del ICE de los nacidos en la isla saltaron de menos de 200 al mes a finales de 2024 a más de 1.000 mensuales un año después.
Y mientras las deportaciones enfrentan litigios en tribunales federales, la lista de las naciones dispuestas a convertirse en “terceros países” receptores ha ido ampliándose.
Costa Rica ha sido el último en sumarse al grupo que ya engrosaban Camerún, Ecuador, El Salvador, Esuatini, Ghana, Honduras y Panamá.
AFP vía Getty Images: Lázaro Romero León estuvo detenido primero en el centro que ICE tiene en Adelanto (en la imagen), California, y en el de Florence, en Arizona, después.
Con México no existe un contrato público de ese tipo —y la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que fuera a suscribirlo—, pero el país también ha recibido a miles de ciudadanos de otras nacionalidades deportados de EE.UU., principalmente cubanos, haitianos y venezolanos, desde el regreso de Trump al poder.
Pero México lleva años haciéndolo en virtud de un compromiso adquirido con el gobierno anterior, el del demócrata Joe Biden.
Aunque entonces se trataba de migrantes que acababan de cruzar la frontera de forma irregular y eran devueltos de inmediato, algo muy diferente al tipo de deportaciones que se están viendo ahora.
Las autoridades de ambos países no han dado cifras oficiales respecto a las nuevas expulsiones. Pero poco a poco han ido saliendo pistas a la luz.
En diciembre la presidenta Sheinbaum aseguró que su país había recibido a 11.886 extranjeros hasta ese momento.
Y en marzo, el juez federal William G. Young señaló en una resolución que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le había indicado que, con base en un “acuerdo no escrito”, en el último año EE.UU. habría deportado a 6.000 cubanos a México.
Un informe de Human Rights Watch recién publicado en mayo señala que entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026 el gobierno de Trump envió al país vecino a casi 13.000 extranjeros; de ellos, el grupo más numeroso lo constituyen cubanos: 4.353 deportados en total.
Sin papeles ni dinero
Para el reporte, HRW entrevistó a más de 50 personas en Tapachula (Chiapas) y Villahermosa (Tabasco), ciudades del sur de México a las que se destina a estos deportados.
Con excepción de uno, todos los cubanos interrogados afirmaron haber tenido previamente residencia permanente en EE.UU. y la mayoría reconocieron haberla perdido tras una condena.
En gran parte de los casos fue por delitos menores, como conducir bajo los efectos del alcohol, falsificación de documentos o cargos vinculados a drogas, señala HRW tras su investigación de los datos disponibles. Algunos fueron sentenciados por faltas más graves, como agresión o delitos relacionados con armas.
“Ya pagué”, le dice Romero León a BBC Mundo sobre las condenas que cumplió por sus delitos 25 años atrás.
Como él muchos cubanos terminaron en un país extraño sin documentación, dinero ni pertenencia alguna.
Anadolu vía Getty Images: México ha recibido a miles de ciudadanos de otras nacionalidades deportados de EE.UU., principalmente cubanos, haitianos y venezolanos, desde el regreso de Trump al poder.
El gobierno mexicano no garantiza servicios a los deportados originarios de otros países, según HRW, y los obliga a navegar por un complicado sistema para pedir asilo.
De acuerdo con la organización, todos los entrevistados dijeron que, antes de ser liberados, las autoridades migratorias mexicanas les notificaron que tenían un permiso limitado para permanecer en el país —en la mayoría de los casos, por un período de 10 días— y les instaron a iniciar un proceso ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
Así se lo recomendaron también a Romero León, le confirma a BBC Mundo su abogada, la defensora pública Margaret Farrand.
Bajo la legislación mexicana, quienes lo hacen deben permanecer en el estado donde presentaron la solicitud mientras esta se tramita.
BBC Mundo trató de comunicarse con la Comar sin éxito y consultó al Instituto Nacional de Migración (INM) cuántos extranjeros deportados desde EE.UU. solicitaron refugio en México desde la llegada de Trump al poder y a cuántos se les otorgó.
A ello, el INM contestó que toda información relacionada con cifras la maneja la Unidad de Política Migratoria y que, al tratarse en muchos casos de “procesos administrativos migratorios personales que están en cauce”, no puede proporcionarse.
Y ante la pregunta de si existe un acuerdo o algún tipo de coordinación entre las autoridades migratorias estadounidenses y las mexicanas para las deportaciones de otras nacionalidades, respondió: “Sobre eso no tenemos información”.
“Si vienes a nuestro país ilegalmente, podrías terminar en el CECOT [el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la infame prisión de máxima seguridad de El Salvador] o en cualquier otro tercer país”, contestó a esa misma pregunta de BBC Mundo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“Estamos aplicando la ley tal como está escrita. Si un juez determina que un extranjero ilegal no tiene derecho a estar en este país, lo vamos a deportar. Punto”, subrayó en un correo electrónico.
“Estos acuerdos con terceros países, que aseguran el debido proceso bajo la Constitución de EE.UU., son esenciales para la seguridad de nuestro país y del pueblo estadounidense”.
A la cuarta, la vencida
Cuando BBC Mundo habló por primera vez con Romero León, llevaba dos meses en Tapachula, una ciudad del estado más pobre de México situada a escasos kilómetros de la frontera con Guatemala y acostumbrada a las caravanas de migrantes.
“Aquí estoy, pasando unos trabajos tremendos. Un muchacho me vio en la calle y me acogió, me dio de su comida… Pero sigo con esta ropa, desde el año pasado ando con la misma”, contó durante aquella conversación telefónica el 5 de mayo.
Para entonces se había puesto en contacto con Arody Tomé, un paisano al que conoció mientras estaba detenido antes de ser deportado y al que cuidó cuando se enfermó de neumonía. Liberado pero con una tobillera con GPS para monitorearlo, Tomé prometió ayudarle e hizo de puente con la abogada Margaret Farrand.
Así, con los recursos que la letrada presentó y la presión del juez en California, ICE intentó primero que Romero León tomara un avión con destino a Tijuana.
Algo inviable con la copia de su carnet de Puerto Rico, la única identificación con la que fue deportado, y la copia de certificado de nacimiento cubano que la abogada había conseguido.
Después trataron de que viajara a la frontera con EE.UU. en autobús. La propia abogada pagó por un boleto para el 11 de abril.
“Pero al poco de salir, antes de llegar a Tuxtla Gutiérrez (la capital de Chiapas) había un retén, y me bajaron y me llevaron a la estación migratoria” de Tapachula, cuenta.
“Después de tenerme preso unos días, me dejaron en la frontera con Guatemala”.
BBC Mundo consultó al INM sobre esto, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no recibió respuesta.
Cortesía de Lázaro Romero León: Regresar a Estados Unidos, de donde había sido deportado, le costó a Lázaro Romero Torres casi tres meses.
A pesar de su reticencia a reintentarlo sin el acompañamiento de un funcionario estadounidense que les asegurara a los agentes mexicanos que iba a EE.UU. requerido por su gobierno, la historia se repitió una vez más.
Se volvió a subir a un bus. Y lo volvieron a bajar en el retén, dice. Acabó de nuevo en detención y luego en la calle.
“¿Cómo es posible que exista un mecanismo para deportar a alguien a un país que no es el suyo pero no haya ninguno para traerlo de vuelta?”, se cuestionó la defensora en ese punto cuando BBC Mundo la llamó para contrastar con ella el relato de su cliente.
La pesadilla empezó a llegar a su fin este 8 de mayo, cuando con un salvoconducto en mano y gracias a la coordinación entre autoridades de ambos países pudo subirse a un avión con destino a Tijuana.
Desde esa ciudad fronteriza cruzó por el paso de San Ysidro a EE.UU., donde tras pasar de nuevo por un centro de detención, quedó libre bajo supervisión.
Ahora acude a firmar a una oficina de ICE en el centro de Los Ángeles. Lo hace como un deportado al que tuvieron que traer de regreso.
BBC:
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Hace un año, este mismo mes, la vida de Javier cambió radicalmente. Este hombre de 41 años trabajaba en Glass House Farms, en la costa central de California, cuando agentes federales de inmigración llevaron a cabo la que entonces fue la mayor operación de control migratorio en la historia del estado.
Cinco días después de su detención, Javier fue deportado a México.
“No le deseo a nadie lo que vivimos ese día”, dijo Javier, quien pidió que solo usáramos su nombre de pila. Habló desde su casa en Chiapas, al sur de México. “Todavía estoy lidiando con el daño psicológico”.
La operación, en la que participaron vehículos blindados, helicópteros y drones, resultó en la detención de más de 360 trabajadores agrícolas, entre ellos 14 menores y cuatro ciudadanos estadounidenses.
‘Seguimos preocupados’
El pasado sábado 11 de julio, activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes en Oxnard, a unos 40 kilómetros al sur de Los Ángeles, realizaron una vigilia en memoria de las víctimas de las redadas y Jaime Alanis García, el trabajador agrícola de 57 años que murió mientras intentaba evitar la detención.
Un monumento en memoria de Jaime Alanis García, el trabajador agrícola de 57 años que murió mientras intentaba evadir a agentes de inmigración durante una redada en Glass House Farms.Crédito: Araceli Martínez/ACoM | Cortesía
“El 10 de julio fue muy traumático para nosotros”, dijo Leo Martínez, de la red de respuesta rápida VC Defensa, que organizó la vigilia.
Habló mientras los residentes encendían velas en un altar improvisado cercano con imágenes de Lorenzo Salgado Araujo, el trabajador de la construcción de Texas asesinado el 7 de julio de este año por un agente del ICE en Houston. Un tiroteo similar, en el que participó el ICE, el 13 de julio, le costó la vida a Joan Sebastián Guerrero, de 26 años y originario de Colombia.
Martínez agregó que después de las redadas, la comunidad se transformó “de una manera que nunca antes había visto”.
Los vecinos se unieron a grupos de WhatsApp para mantenerse informados sobre la presencia de agentes de inmigración. Formaron redes de voluntarios para patrullar los vecindarios. Según dijo, los agentes ya no tienen espacio para operar aquí.
Aun así, añadió, el miedo persiste.
“Hay niños que ya no van a la escuela, padres que no trabajan”, dijo Martínez. “El terror sigue presente”.
Luis, de 52 años, es originario del estado de Oaxaca, en el sur de México, y ha trabajado en el campo en el condado de Ventura y sus alrededores durante más de 30 años. Dijo que aún siente miedo de aquel día y le preocupa que algo similar pueda volver a ocurrir.
“Seguimos preocupados”, dijo Luis, quien también pidió que solo usáramos su nombre de pila. Añadió: “Nos cuidamos entre nosotros, y si vemos algo inusual… avisamos”.
Otros asistentes a la vigilia expresaron preocupaciones similares.
“Mi esposa y yo salimos todos los días a trabajar sin saber si podremos regresar a casa con nuestros hijos”, dijo Pedro, de 48 años, y agregó que sus cuatro hijos nacieron en Estados Unidos.
Agresión y malicia
El día de la redada, Javier recuerda haber estacionado la camioneta de la empresa que conducía frente a uno de los almacenes de la granja cuando vio por primera vez a un numeroso grupo de agentes de inmigración.
“Salí de la camioneta y me escondí en una habitación oscura del almacén”, dijo. “Me cubrí con plantas para que no me vieran. Éramos unos 20 trabajadores escondidos allí. Estuvimos ocultos unos 40 minutos hasta que nos encontraron”.
Cuando lo descubrieron, lo apuntaron con una pistola taser. Asustado Javier se entregó.
“¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡No me lastimen! les dije”.
El 10 de julio de 2025 tuvo lugar una de las redadas migratorias más grandes y agresivas en la historia de California. Crédito: AP
Cuando sacaron a los inmigrantes, los obligaron a ponerse de rodillas como si fueran delincuentes.
“La gente lloraba y gritaba”, recordó. “Había parejas que trabajaban juntas y cuyos hijos habían quedado al cuidado de una niñera”. Los agentes, dijo, actuaron con extrema agresividad y “malicia”.
Finalmente, ese día, los agentes subieron a Javier a una camioneta con otros detenidos, entre ellos, hombres y mujeres con solicitudes de asilo abiertas y permisos de trabajo, o trabajadores que habían pasado más de 30 años en el país “sin una sola infracción de tránsito”.
Los detenidos fueron llevados al centro de detención de ICE en el centro de Los Ángeles. Javier fue hacinado en una habitación pequeña y con poca luz junto a otras 50 personas. Pasó los siguientes cinco días comiendo burritos medio congelados y durmiendo por turnos en el suelo.
“No comí para no tener que ir al baño”, dijo Javier. “Solo teníamos un inodoro a la vista de todos, sin ninguna privacidad”.
Los agentes de ICE les dieron a los detenidos dos opciones: defenderse en el centro de detención, lo que significaría meses de confinamiento; o la deportación.
“Me dijeron que si firmaba mi salida voluntaria, al regresar a México me enviarían un cheque de 1000 dólares. Firmé la salida”, dijo Javier. “Los 1000 dólares nunca llegaron”.
El trabajador coincidió con Martínez al enfatizar la importancia de la movilización de la comunidad en respuesta a los momentos difíciles y de angustia que vivieron durante la redada de hace un año. Destacó la labor de VC Defensa y 805 UndocuFund, otra red de respuesta rápida, y describió cómo “amigos y conocidos organizaron lavados de autos, ventas de comida y rifas” para recaudar fondos en su apoyo.
Tras la redada, afirmó que la comunidad “estaba más unida que nunca”.
Este reportaje se produjo como parte de “Aquí Estamos/Here We Stand”, un proyecto periodístico colaborativo de American Community Media y medios de comunicación comunitarios de todo el estado.
A pesar de la controversia generada por las muertes de tres inmigrantes, ocurridas por separado en una semana durante operativos a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional (DHS), anticipó que todo extranjero carente de estatus legal detectado en el territorio estadounidense terminará siendo deportado tarde o temprano sin importar dónde se encuentre.
El primer incidente desafortunado se produjo el miércoles 7 alrededor de las 6:38 am durante un intento de arresto en un control de tráfico efectuado en Houston, Texas.
De acuerdo con un comunicado divulgado por la agencia federal, el mexicano Lorenzo Salgado Araujo de 52 años presuntamente además de negarse a cooperar con las autoridades durante un operativo de control migratorio, trató de embestir a un oficial con la camioneta que conducía.
En respuesta, recibió varios disparos que a la postre le quitaron la vida.
Seis días después, en la ciudad de Biddeford, Maine, durante otro operativo de detención de inmigrantes, un agente de ICE disparó el arma que portaba en contra de Johan Sebastián Durán Guerrero, colombiano de 26 años quien perdió la vida.
Posteriormente, el 14 de junio, para evitar de ser detenido por el ICE, un tercer inmigrante falleció tras ser arrollado por un tráiler cuando trataba de huir en San Agustín, poblado ubicado en el noreste de Florida.
Las muertes han provocado indignación entre la comunidad latina y las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Los operativos efectuados por el ICE han establecido cifras récord de detenciones. (Crédito: Charles Reed / Servicio de Inmigración y Aduanas vía AP)
No obstante, a través de una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Markwayne Mullin descartó que el trabajo de las autoridades migratorias continuará en la mayor parte del territorio nacional y les recomendó a las personas carentes de documentos para avalar su estadía, abandonar el país por voluntad propia.
“Los inmigrantes indocumentados serán arrestados y deportados dondequiera que se encuentren. Si estás aquí ilegalmente, VETE AHORA. Nuestros agentes están llevando a cabo operativos para hacer cumplir las leyes de nuestra nación.
Recordamos a los inmigrantes indocumentados que intentar evadir el arresto es peligroso”, escribió.
Acto seguido, el funcionario despotricó en contra de tres políticos demócratas por estar asesorando a los inmigrantes para eludir su eventual deportación.
“Organizó un seminario web con consejos para que los inmigrantes indocumentados eviten arrestos en sus hogares, lugares de trabajo o en público” señaló sobre Alexandria Ocasio-Cortez, representante por Nueva York a quien acusó de estar asesorando a los inmigrantes carentes de estatus legal.
De acuerdo con información de CBS News, la decisión se tomó luego de que un inmigrante mexicano muriera en Houston, Texas, y un inmigrante colombiano falleciera en Biddeford, Maine, en incidentes separados donde los agentes involucrados no portaban cámaras corporales.
“Garantizar que todos nuestros agentes del ICE cuenten con cámaras corporales en todo el país es una prioridad absoluta para el DHS”, señaló la dependencia en un comunicado.
El DHS acelera el despliegue de cámaras corporales
El DHS informó que más de la mitad de las oficinas regionales del ICE ya cuentan con estos dispositivos y aseguró que el resto recibirá el equipo en un plazo de 60 días.
La dependencia atribuyó el retraso a problemas de financiamiento derivados del cierre parcial del gobierno a principios de este año. Sin embargo, legisladores demócratas sostienen que el Congreso ya aprobó recursos suficientes para acelerar el programa.
La representante Sylvia García, demócrata por Texas, aseguró que el director interino del ICE, David Venturella, le prometió que todos los agentes en servicio tendrán acceso a cámaras corporales antes de que termine julio.
“Confía en mí, le exigiré que cumpla su palabra”, declaró la legisladora.
También cambian las detenciones vehiculares del ICE
Tras los hechos ocurridos en Texas y Maine, el ICE también suspendió temporalmente la mayoría de las detenciones de vehículos durante sus operativos, salvo en casos relacionados con personas consideradas de alto riesgo.
Según el medio citado, la pausa permitirá capacitar nuevamente a los agentes sobre los protocolos de intervención y el uso de las cámaras corporales.
Las muertes de ambos inmigrantes reavivaron el debate sobre las tácticas del ICE y la necesidad de contar con evidencia audiovisual durante los operativos, una práctica que organizaciones civiles consideran clave para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que mató al colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero durante un operativo en Maine era un nuevo recluta de la agencia, una revelación que ha intensificado las dudas sobre la preparación de los elementos incorporados en los últimos meses para reforzar la política migratoria del presidente Donald Trump.
De acuerdo con un reporte de The Atlantic, el agente había sido contratado por el ICE este mismo año, tras haber trabajado desde 2017 en la Policía del Departamento de Asuntos de Veteranos. Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer públicamente su identidad.
Capacitación de nuevos agentes está bajo escrutinio
El caso ocurre en un momento en que el ICE acelera la contratación de personal para cumplir con el objetivo de incrementar las detenciones de inmigrantes en todo el país.
Según el medio citado, la agencia incorporó cerca de 8,000 nuevos agentes durante los últimos meses. Como parte de ese proceso, algunos recibieron una capacitación reducida antes de salir a las calles, una decisión que posteriormente fue revertida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), luego de cuestionamientos internos sobre la preparación de los nuevos elementos.
Funcionarios veteranos consultados por el medio señalaron que muchos agentes reciben menos entrenamiento para realizar detenciones de vehículos que policías de otras corporaciones, pese a que este tipo de operativos representa uno de los escenarios con mayor riesgo.
Tiroteos mortales reavivan el debate sobre el uso de la fuerza
La muerte de Johan Sebastián Durán Guerrero, un inmigrante colombiano de 26 años, ocurrió durante un operativo de tránsito en Biddeford, Maine. De acuerdo con el DHS, el agente abrió fuego porque “temía por la seguridad pública” cuando el conductor intentó escapar con su vehículo.
Sin embargo, hasta el momento no se han difundido videos que permitan reconstruir con claridad lo ocurrido. Además, el DHS confirmó que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales.
El caso se produjo apenas unos días después de otro tiroteo fatal en Houston, donde murió Lorenzo Salgado Araujo, un inmigrante mexicano de 52 años. En ambos episodios, las víctimas intentaron huir durante operativos del ICE, aunque expertos en uso de la fuerza consultados por The Atlantic sostienen que esa acción, por sí sola, no justifica el empleo de fuerza letal.
Como consecuencia de ambos hechos, el ICE suspendió temporalmente las detenciones derivadas de retenes vehiculares mientras avanzan las investigaciones del FBI y de la oficina de asuntos internos del DHS.
El DHS evitó profundizar sobre la decisión, pero señaló en un comunicado retomado por el medio: “Siempre estamos evaluando nuestros procedimientos para mantener a nuestros agentes seguros y a los delincuentes fuera de nuestras calles. No divulgaremos ni discutiremos tácticas de las fuerzas del orden”.
La revelación sobre la experiencia del agente involucrado ha reavivado el debate en Estados Unidos sobre la preparación de los nuevos reclutas del ICE, especialmente en un contexto de incremento de operativos migratorios y de una estrategia que busca aumentar significativamente las detenciones de inmigrantes.
La semifinal entre Argentina e Inglaterra movilizará este miércoles el mayor operativo de seguridad implementado hasta ahora durante el Mundial 2026. El despliegue incluirá a la Policía de Atlanta, el FBI y otras agencias federales, mientras crece la preocupación entre algunos aficionados por una posible presencia de agentes de inmigración cerca del estadio.
Las autoridades confirmaron que habrá más personal en el área metropolitana, vigilancia en zonas de entretenimiento, controles alrededor del Mercedes-Benz Stadium y coordinación entre fuerzas locales y federales. Sin embargo, hasta el momento no se anunció una redada migratoria dirigida contra quienes asistan al partido.
Puedes ver:
Qué se sabe sobre la presencia de ICE
Reportes publicados este miércoles indican que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas podrían participar en el operativo federal alrededor del estadio.
La función atribuida a esos agentes no sería comprobar el estatus migratorio de los aficionados, sino colaborar en investigaciones vinculadas con mercancía falsificada, reventa ilegal de boletos, tráfico de drogas y personas que tengan órdenes de captura pendientes.
No existe, hasta ahora, un comunicado público de ICE que anuncie controles migratorios generales en los accesos al estadio. Por eso, no es preciso afirmar que la agencia realizará redadas entre los asistentes.
El FBI y la Policía de Atlanta reforzaron la seguridad
La Policía de Atlanta confirmó que desplegó personal adicional y otros recursos en distintos puntos de la ciudad. El operativo fue coordinado con el FBI y los organismos encargados de la seguridad del Mundial.
Entre las medidas anunciadas se encuentran:
Accesos diferenciados para algunos grupos de aficionados.
Mayor presencia policial en los alrededores del estadio.
Vigilancia reforzada en hoteles, bares y zonas de concentración.
Controles sobre pancartas con mensajes políticos, raciales o provocadores.
Aproximadamente 1,600 efectivos asignados al dispositivo.
Las autoridades no revelaron todos los detalles tácticos para no comprometer el funcionamiento del operativo.
La preocupación se relaciona con la histórica rivalidad entre Argentina e Inglaterra, atravesada por la Guerra de las Malvinas y por varios enfrentamientos mundialistas cargados de polémica.
Los organismos de seguridad también analizaron la posibilidad de incidentes entre grupos de aficionados. Por ese motivo, el partido fue catalogado como el encuentro de mayor riesgo del torneo, aunque las autoridades insistieron en que no existe una amenaza específica contra el estadio.
¿Puede ICE detener a una persona cerca del estadio?
La presencia en un evento deportivo no impide que una agencia federal actúe contra alguien que tenga una orden judicial o de arresto vigente.
Eso es diferente de realizar controles indiscriminados sobre todos los aficionados. Las autoridades no informaron que los espectadores deban presentar documentos migratorios para ingresar: deberán cumplir con los requisitos habituales de seguridad y mostrar una entrada válida.
Lo recomendable es llegar con anticipación, llevar únicamente los objetos permitidos, evitar pancartas provocadoras y seguir las instrucciones del personal del estadio.
Las personas que tengan dudas sobre su situación migratoria deben recordar que pueden guardar silencio y solicitar asesoramiento legal. No obstante, el despliegue anunciado para este miércoles se presenta oficialmente como un operativo de seguridad pública, no como una acción migratoria masiva.
El presidente Donald Trump pidió reactivar las paradas de tráfico del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), apenas un día después de que su propia administración ordenara suspender la mayoría de estos operativos tras dos tiroteos mortales que dejaron sin vida a dos inmigrantes en Maine y Texas.
A través de Truth Social, el mandatario defendió el trabajo de los agentes migratorios y aseguró que los retenes vehiculares son una de las herramientas más importantes para combatir el crimen y ejecutar su política de deportaciones. Su postura contradice la decisión anunciada por funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quienes habían ordenado detener temporalmente este tipo de acciones mientras avanzan las investigaciones.
Trump defiende los retenes del ICE
En su mensaje, Trump elogió a los agentes del ICE y rechazó que se abandonen las detenciones durante paradas de tráfico.
“No podemos renunciar a una de las herramientas de lucha contra el crimen más importantes y efectivas del ICE, ¡la detención por tráfico!”, escribió el presidente.
También pidió a los agentes actuar con prudencia, aunque insistió en que deben volver a realizar este tipo de operativos.
The men and women of ICE are doing a GREAT job, one that has to be done. CRIME IS WAY DOWN IN AMERICA, in many cases with numbers that haven’t been seen in decades. The Open Border Policy of Sleepy Joe Biden allowed 25,000,000 people to pour into our Country, unchecked and? pic.twitter.com/im7J8Q60wd
— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 15, 2026
La decisión llega tras dos tiroteos mortales
La suspensión de las paradas de tráfico fue ordenada después de la muerte de Johan Sebastián Durán Guerrero, un inmigrante colombiano de 26 años que recibió disparos de un agente del ICE durante un operativo en Biddeford, Maine. Días antes, otro agente mató a Lorenzo Salgado Araujo, un inmigrante mexicano de 52 años, durante una intervención similar en Houston. Ambos casos son investigados por el FBI y la oficina de asuntos internos del DHS.
De acuerdo con la agencia AP, la suspensión fue impulsada por el secretario del DHS, Markwayne Mullin, tras dialogar con la senadora republicana Susan Collins, quien expresó su preocupación por la seguridad de este tipo de operativos. La medida contemplaba excepciones para investigaciones criminales y acciones coordinadas con otras agencias.
La muerte de Lunas Campos es uno de los casos recogidos en un informe publicado este miércoles por Human Rights Watch (HRW) y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que denuncia golpizas, negligencia médica, aislamiento prolongado y condiciones insalubres en el centro, ubicado en El Paso.
Camp East Montana, compuesto por cinco estructuras similares a tiendas de campaña, tiene capacidad para albergar hasta 5.000 personas.
HRW sostiene que los abusos documentados constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes y califica la muerte de Lunas Campos como una “ejecución extrajudicial” conforme al derecho internacional.
La organización entrevistó a 71 personas que estuvieron detenidas en el centro, todas procedentes de doce países de Latinoamérica y el Caribe. La mayoría de ellas (64) denunció haber sido golpeada o haber presenciado golpizas contra otros detenidos por parte de los guardias del centro.
“Cuando una persona reclama, se desquitan con todos nosotros”, relató un hondureño identificado con el seudónimo de Germán L., quien llevaba un mes detenido cuando fue entrevistado por HRW.
Según su testimonio, los guardias agreden a quienes piden comida, medicinas o reclaman sus derechos. “Visten de negro, usan máscaras que les cubren casi todo el rostro y no llevan placas con sus nombres”, señaló. “Quieren demostrar que tienen el control y que pueden hacer lo que quieran con nosotros”.
Otro de los entrevistados, un venezolano de 32 años identificado como Armando G., dijo que siete guardias lo tiraron al suelo durante una huelga de hambre, mientras uno lo asfixiaba y otro le tiraba del cabello y le golpeaba la cabeza contra el suelo. Aseguró que sufrió hematomas y un fuerte dolor abdominal, pero no recibió atención médica.
“Sé cómo suena la muerte”
Lunas Campos, padre de cuatro hijos, fue uno de los tres inmigrantes muertos en Camp East Montana en los últimos seis meses y uno de los 50 fallecidos bajo custodia de ICE desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca: 31 en 2025 y otros 19 en lo que va de 2026, según datos de la organización Detention Watch Network.
El cubano murió la noche del 3 de enero en una unidad de aislamiento, después de pedir que le entregaran sus medicamentos.
Tres detenidos dijeron a HRW haber visto o escuchado parte del altercado. Uno relató que oyó golpes y al inmigrante gritar repetidamente que lo estaban asfixiando.
ICE informó entonces de que el personal encontró al detenido “en dificultades” y que los servicios médicos trataron de reanimarlo.
La autopsia, sin embargo, halló abrasiones en el pecho y las rodillas y hemorragias en el cuello. El médico forense determinó que murió por asfixia causada por la compresión del cuello y el torso, y clasificó la muerte como homicidio.
“Sé cómo suena la muerte”, afirmó Ismael M., un hondureño que escuchó lo ocurrido desde otra celda, según el informe. “Lo que le pasó a Geraldo me podría haber pasado a mí o a cualquiera de nosotros”, añadió.
“Suciedad, hambre y falta de atención médica”
El informe describe unidades hacinadas, baños cubiertos de heces y orina, duchas obstruidas y suelos inundados con agua sucia. Hasta 72 personas comparten seis inodoros y seis duchas en cada unidad.
Los detenidos denunciaron que pasaban días o semanas sin jabón, desinfectante o cepillos de dientes, y que algunos desarrollaron infecciones cutáneas, respiratorias y dentales.
También aseguraron que sus solicitudes de atención médica quedaban sin respuesta durante semanas o meses y que, en algunos casos, la atención solo llegaba después de un desmayo o una emergencia grave.
Los inmigrantes describieron además porciones de comida insuficientes, congeladas o en mal estado. Algunos dijeron haber perdido hasta 13 kilos durante su detención.
“Este lugar es un cementerio de personas vivas. Aquí te puede pasar cualquier cosa”, dijo un ecuatoriano identificado como Lorenzo P. en un testimonio recogido por HRW.
La foto de Lorenzo Salgado Araujo frente a su pastel de cumpleaños número 52 provoca no solo tristeza por una vida tronchada viciosamente y una familia marcada por su muerte a tiros por un agente de ICE el 7 de julio. Produce también ira y frustración saber que, como en otros casos, comienzan las versiones encontradas, y es probable que la falta de transparencia y de rendición de cuentas prevalezcan otra vez.
Seis días después, el 13 de julio, en otro incidente muy similar, un agente de ICE mató en Maine a Johan Sebastián Durán Guerrero, inmigrante colombiano de 25 años de edad, padre de una niña de 3 años que presenció su muerte, esposo, y portador de permiso de trabajo.
Por estos días, una detención de ICE puede ser una sentencia de muerte sobre todo si eres o luces latino.
La administración Trump ordenó suspender temporalmente la mayoría de los operativos de detención de vehículos para “reentrenar” a sus agentes como si eso cambiara la cultura de violencia que prevalece cuando se imponen cuotas de 2,000 detenciones diarias a agentes pobremente entrenados, pero expertos en el uso de perfil racial, y sin respeto al debido proceso de ley.
Salgado Araujo fue baleado por un agente de ICE en Houston, Texas, cuando manejaba la camioneta de su negocio de construcción para recoger a tres de sus empleados. Ahora se sabe que no era buscado por ICE para su detención, al igual que Johan, aunque en principio se indicó que lo eran, como si ser el objetivo de una detención suponga que deban matarte a tiros.
Esos agentes en vehículos no identificados alegan que al no seguir instrucciones y tratar de huir, Salgado Araujo “utilizó su vehículo como arma” para tratar de atropellar a un agente que le disparó mortalmente “en defensa propia”.
Los tres empleados que presenciaron todo y que ahora están bajo custodia de ICE, aseguran que Salgado Araujo no intentó atropellar al agente cuya vida nunca corrió peligro. Los agentes no portaban cámaras corporales que habrían arrojado luz sobre lo sucedido.
En el caso de Johan, tampoco portaban cámaras corporales, pero ICE y el DHS aseguran que el agente disparó por la “seguridad pública”.
Ese cansado libreto ya lo conocemos. Los casos de Renée Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses muertos a tiros en hechos separados por agentes migratorios en Minneapolis, Minnesota, muestran las mismas similitudes. Agentes actuando violentamente y disparando a mansalva aunque sus vidas no corran peligro. Luego culpan a la víctima, y se le acusa de utilizar su vehículo como “arma mortal”, aunque en el caso de Pretti, le dispararon por la espalda, en el suelo, cuando estaba neutralizado.
Se supone que estos agentes migratorios están aplicando leyes civiles, pero para ellos aplicar ley y orden supone tener licencia para matar.
Esta cultura de violencia es promovida desde la propia presidencia así que no debe sorprendernos que los agentes piensen que su conducta es avalada y justificada por sus superiores, porque lo es.
Hubo incluso un cierre parcial del DHS porque los demócratas querían reformas a la forma en que operan los agentes migratorios y para que haya rendición de cuentas. Pero los republicanos optaron por aprobar $70 mil millones de dólares adicionales a los $170 mil millones para ICE y CBP por el resto de la presidencia de Trump mediante reconciliación, por simple mayoría y sin apoyo demócrata. Las reformas quedaron en el tintero.
La realidad es que tanto ICE como CBP utilizan fuerza letal y nadie rinde cuentas por sus acciones, ya sea en un tiroteo a media calle, o una muerte sospechosa en un centro de detención. En ambas instancias la cifra de muertos ha aumentado .
El American Immigration Council lo describe así: “Bajo la segunda administración de Trump, los agentes de inmigración recurren habitualmente a la violencia en las operativos de control migratorio y las detenciones. A menudo rompen las ventanillas de los autos para sacar a sus ocupantes. Varias personas han recibido heridas de bala durante operaciones de control migratorio, y cinco de ellas han fallecido”. El reporte es de febrero y no incluye las muertes más recientes. Desde que Trump asumió su segundo mandato, 11 personas han muerto en tiroteos a manos de agentes migratorios.
El análisis agrega que “en muchos de estos casos, los funcionarios del gobierno han mentido sobre las circunstancias en las que se empleó la fuerza para exagerar la amenaza a los agentes”.
“Pero incluso cuando las pruebas confirman que el uso de la fuerza por parte del agente no estaba justificada por la amenaza, no se aplican las “sanciones administrativas y penales pertinentes”.
Un absoluto reinado de impunidad.
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