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Juan Jairo Coronilla Durán, el mexicano que murió atropellado por un tráiler en Florida tras huir de agentes el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se encontraba de vacaciones en Estados Unidos y contaba con una visa de turista, según autoridades mexicanas y una organización que brinda apoyo a su esposa.

El hombre, originario de San Luis de la Paz, Guanajuato, murió el pasado 14 de julio en St. Augustine luego de que, según las autoridades, corrió hacia una carretera de alto tránsito durante un encuentro con agentes del ICE y terminó en la trayectoria de un camión.

La información sobre su estancia en territorio estadounidense fue proporcionada por su esposa, Yezzika Alamilla, y por una organización que la ha acompañado después del fallecimiento.

Su viaje a Estados Unidos comenzó en Georgia antes del accidente en Florida

De acuerdo con Isaret Jeffers, fundadora de Colectivo ARBOL, Coronilla Durán había viajado desde Guanajuato hasta Atlanta, Georgia, para visitar familiares y amigos.

Después de permanecer alrededor de tres semanas en esa ciudad, decidió trasladarse a la costa este de Florida para conocer las playas.

Jeffers explicó que Alamilla contactó a la organización después de la muerte de su esposo para solicitar apoyo con su traslado desde México y con los trámites para recuperar los restos.

La activista indicó que la familia sostiene que Coronilla Durán tenía una visa de turista y que no se encontraba en Estados Unidos por motivos laborales.

Juan Jairo Coronilla Duran was three weeks into a tourist visa when ICE pulled his car over in Florida. And he was two days away from getting on a plane back to his family.
His wife found out from the news.
This is the third ICE-related death in a single week. A man in Maine with? pic.twitter.com/jdIBHNmU0X

— Gianl1974 (@Gianl1974) July 22, 2026

Operativo de ICE en Florida

La mañana del 14 de julio, Coronilla Durán viajaba en un vehículo junto con otras tres personas que se detuvo en una gasolinera antes de las 7:00 horas, informó la Patrulla de Carreteras de Florida.

Según la versión oficial, al percatarse de la presencia de agentes del ICE y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), los cuatro ocupantes descendieron del vehículo y huyeron a pie

Las autoridades señalaron que uno de ellos cruzó una carretera transitada y fue alcanzado por un tráiler que circulaba por la zona, que posteriormente fue identificado como Juan Jairo Coronilla Durán.

Hasta el momento, las autoridades no han explicado qué originó el operativo ni cuál fue la situación de las otras tres personas que viajaban con Coronilla Durán.

La Patrulla de Carreteras de Florida y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mantienen la investigación en curso.

Familia prepara el traslado de sus restos a México

Tras la muerte de Coronilla Durán, su esposa recibió apoyo de Colectivo ARBOL para viajar a Florida y realizar los procedimientos relacionados con la repatriación.

La organización cubrió su boleto de avión y le proporcionó alojamiento temporal, mientras que el consulado mexicano también intervino para brindar asistencia.

De acuerdo con Susana Guerra Vallejo, subsecretaria de atención a migrantes y asuntos de movilidad del gobierno de Guanajuato, el cuerpo será enviado desde Orlando hacia México en un vuelo comercial para posteriormente ser sepultado en su comunidad natal.

Coronilla Durán dejó dos hijos: una bebé de siete meses y un niño de siete años.

La esposa cree que el miedo influyó en su reacción

Jeffers señaló que Alamilla considera que su esposo pudo haber actuado bajo una situación de temor durante el encuentro con los agentes federales.

Según la representante de Colectivo ARBOL, la esposa del mexicano dijo que no entendía lo que estaba ocurriendo en ese momento.

El Departamento de Seguridad Nacional no ha confirmado públicamente si Coronilla Durán contaba con una visa vigente ni ha ofrecido información adicional sobre las circunstancias del operativo.

México pide revisar muertes relacionadas con acciones migratorias

La muerte de Coronilla Durán ocurrió después de otros casos recientes relacionados con encuentros entre personas y autoridades migratorias estadounidenses.

El gobierno mexicano informó que solicitó a fiscales generales estatales en Estados Unidos revisar muertes ocurridas durante operativos migratorios o bajo custodia del ICE para determinar si existen elementos que requieran acciones legales.

El caso de Florida continúa bajo investigación mientras la familia del mexicano espera el regreso de sus restos a Guanajuato.

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La disputa legal por uno de los testigos del operativo de ICE que terminó con la muerte de Lorenzo Salgado Araujo dio un nuevo giro en Texas, luego de que un juez federal bloqueara temporalmente la deportación de José Trinidad Rojas Pliego, quien se encontraba en el vehículo durante el incidente ocurrido en Houston.

El juez Keith P. Ellison, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, ordenó que Pliego no pueda ser expulsado del país ni trasladado fuera de esa jurisdicción mientras la corte revisa su caso.

La decisión representa una pausa en el proceso migratorio contra uno de los hombres que podría aportar información sobre el operativo que terminó con la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, un caso que ha generado cuestionamientos sobre las acciones de los agentes federales.

Defensa rechaza que Pliego sea un riesgo

El abogado Raed González presentó una petición de hábeas corpus para solicitar la liberación de Pliego y de Daniel Tirado Pantoja, otro hombre que viajaba en la camioneta cuando ocurrió el enfrentamiento y que también permanece bajo custodia federal.

Según los documentos entregados al tribunal, Pliego no tiene antecedentes penales y lleva casi tres décadas viviendo en Estados Unidos. Su abogado señaló que reside en el país desde 1998, mantiene una relación con una ciudadana estadounidense y tiene tres hijos y cuatro hijastros que cuentan con ciudadanía estadounidense.

En el caso de Pantoja, la defensa indicó que vive en Estados Unidos desde 1996, tiene un hijo y una hijastra ciudadanos estadounidenses y tampoco cuenta con historial criminal.

Ambos hombres permanecen detenidos en el Centro de Procesamiento de ICE de Montgomery, en Conroe, Texas.

El tribunal analiza la situación migratoria de testigo

La orden del juez Ellison no resuelve el caso migratorio de Pliego, pero impide que las autoridades lo deporten mientras la corte evalúa los argumentos presentados por su defensa.

El abogado sostiene que la permanencia de Pliego bajo custodia afecta su capacidad para participar en la investigación relacionada con la muerte de Salgado Araujo y cuestiona que pueda ser removido del país antes de que se aclaren las circunstancias del operativo.

Otro recurso judicial fue presentado en nombre de Víctor Hugo Salgado Araujo, hermano del hombre fallecido, quien también permanece detenido por autoridades migratorias.

ICE defiende el uso de la fuerza durante el operativo

El enfrentamiento que provocó la muerte de Salgado Araujo ocurrió el 7 de julio durante un control de tráfico en Houston.

De acuerdo con ICE, Salgado Araujo, quien presuntamente no tenía autorización migratoria para permanecer en Estados Unidos, ignoró las órdenes de los agentes y utilizó el vehículo como una amenaza al intentar atropellar a un funcionario.

La agencia afirmó que el disparo ocurrió como una respuesta de defensa propia.

Hasta el momento, no se han presentado cargos contra ninguna persona relacionada con el incidente y la investigación continúa abierta.

Representantes locales han cuestionado la versión oficial y han señalado que Salgado Araujo, ciudadano mexicano que vivió y trabajó en Estados Unidos durante 35 años, no era el objetivo principal del operativo.

El caso provoca críticas sobre las operaciones migratorias de ICE

La muerte de Salgado Araujo generó protestas pacíficas en Houston y llevó a algunos legisladores demócratas de Texas a pedir una revisión de las operaciones de control migratorio realizadas por ICE.

Los críticos del operativo han señalado la necesidad de mayor transparencia en los procedimientos utilizados por los agentes federales, mientras que las autoridades migratorias defienden sus acciones como parte del cumplimiento de las leyes de inmigración.

Con la orden emitida por el tribunal federal, Pliego permanecerá protegido temporalmente contra la deportación mientras avanza la revisión judicial de su caso y continúa la investigación sobre la muerte de Salgado Araujo.

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Un tribunal federal de apelaciones revocó la orden que había permitido la liberación de Mohsen Mahdawi, estudiante de la Universidad de Columbia y residente permanente en Estados Unidos, al considerar que un juez federal intervino antes de tiempo en su proceso migratorio.

El fallo del Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos no determinó si el gobierno violó los derechos constitucionales de Mahdawi ni si su detención estuvo relacionada con sus opiniones políticas. Los jueces señalaron que esas cuestiones deberán analizarse después de que el caso avance dentro del sistema de inmigración.

La decisión representa una victoria para la administración del presidente Donald Trump, que ha defendido sus medidas contra estudiantes extranjeros señalados por participar en protestas o expresar críticas hacia Israel, argumentando que los tribunales federales tienen una autoridad limitada durante procesos migratorios activos.

ICE detuvo a Mahdawi durante una entrevista de naturalización

Mahdawi, de 35 años, nació en un campo de refugiados en Cisjordania y obtuvo la residencia permanente legal en Estados Unidos en 2015. Su situación migratoria cambió en abril de 2025, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo arrestaron en Vermont mientras acudía a una entrevista relacionada con su solicitud de ciudadanía estadounidense.

Sus abogados afirmaron que Mahdawi esperaba completar una etapa del proceso de naturalización cuando fue detenido por agentes vestidos de civil. Después del arresto, un juez federal de Vermont ordenó su liberación al considerar que existían elementos para revisar si la administración estaba actuando contra él por sus expresiones políticas protegidas por la Constitución.

Sin embargo, el tribunal de apelaciones determinó que esa intervención judicial ocurrió antes de que concluyera el procedimiento migratorio correspondiente.

Su defensa busca frenar la orden de expulsión

Mahdawi enfrenta una orden de expulsión emitida por la Junta de Apelaciones de Inmigración, mientras su equipo legal continúa presentando recursos para evitar su deportación. El Segundo Circuito aclaró que el activista aún puede solicitar una revisión ante los tribunales federales, pero solo después de completar las etapas establecidas dentro del proceso migratorio.

Los abogados de Mahdawi, pertenecientes a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), señalaron que la decisión deja abierta la posibilidad de una nueva detención mientras avanza la apelación. Tras conocerse el fallo, Mahdawi calificó la resolución como un retroceso y advirtió que podría permitir que el gobierno utilice los procedimientos migratorios para castigar la disidencia política.

El gobierno de Trump celebra la decisión

El Departamento de Seguridad Nacional respaldó la resolución y aseguró que representa una victoria para el cumplimiento de las leyes migratorias. La agencia sostuvo que permanecer en Estados Unidos mediante una visa o residencia es un privilegio condicionado al respeto de las normas del país. Mahdawi fue incluido por el secretario de Estado Marco Rubio entre los estudiantes extranjeros que, según la administración, podrían enfrentar consecuencias migratorias por representar posibles efectos adversos para la política exterior estadounidense.

Las acusaciones presentadas contra Mahdawi

Durante el proceso de deportación, el gobierno presentó antecedentes relacionados con dos episodios.
El primero ocurrió en 2015, cuando el propietario de una tienda de armas afirmó que Mahdawi habría realizado comentarios sobre fabricar armas para matar judíos mientras vivía en Palestina. El estudiante reconoce haber visitado el establecimiento, pero niega haber hecho esas declaraciones.

El segundo caso corresponde a 2019, cuando autoridades fronterizas presuntamente encontraron sustancias ilegales durante una inspección. Mahdawi rechazó esa acusación y su defensa indicó que cualquier registro relacionado con ese episodio fue eliminado después de completar un programa de reinserción.

Un caso dentro del debate sobre estudiantes extranjeros

El proceso contra Mahdawi forma parte de una serie de disputas migratorias que involucran a estudiantes extranjeros vinculados con protestas relacionadas con la guerra entre Israel y Hamás. Su caso tiene similitudes con el de Mahmoud Khalil, otro estudiante de la Universidad de Columbia que enfrenta un procedimiento migratorio. En ambos casos, los tribunales de apelaciones han evitado pronunciarse sobre las acusaciones de persecución política y se han concentrado en los límites de la intervención judicial.

También continúa pendiente una resolución sobre Rumeysa Ozturk, estudiante de doctorado de la Universidad de Tufts detenida después de participar en la publicación de un artículo crítico con Israel.

Con la decisión del Segundo Circuito, Mahdawi deberá continuar su defensa dentro del sistema migratorio mientras intenta detener su deportación y buscar una futura revisión judicial de sus argumentos.

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La política de detención migratoria en Estados Unidos volvió a quedar bajo escrutinio tras la publicación de un informe de Human Rights Watch (HRW) y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que documenta presuntas violaciones a los derechos humanos en Camp East Montana, el mayor centro de detención para migrantes del país, ubicado dentro de la base militar de Fort Bliss, en El Paso, Texas.

El documento, de 84 páginas, reúne testimonios de decenas de personas detenidas entre octubre de 2025 y junio de 2026, quienes denunciaron golpizas, negligencia médica, aislamiento prolongado, obstáculos para acceder a representación legal y condiciones de reclusión que, según las organizaciones, podrían constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes conforme al derecho internacional.

Camp East Montana, administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tiene capacidad para albergar hasta 5,000 personas en cinco estructuras tipo carpa instaladas dentro de Fort Bliss.

Denuncian uso excesivo de la fuerza y muertes bajo custodia

Uno de los casos que centra el informe es la muerte del ciudadano cubano Geraldo Lunas Campos, de 55 años, ocurrida el 3 de enero de 2026 mientras permanecía en una unidad de aislamiento.

De acuerdo con testimonios recopilados por HRW, varios guardias lo inmovilizaron después de que solicitara sus medicamentos. Algunos detenidos aseguraron haber escuchado al migrante gritar repetidamente: “No puedo respirar” antes de que el lugar quedara en silencio. En su momento, ICE informó que el personal encontró al detenido con problemas médicos y que intentó reanimarlo. Sin embargo, la autopsia determinó que falleció por asfixia derivada de la compresión del cuello y el torso, además de clasificar la muerte como homicidio.

El informe sostiene que Lunas Campos fue uno de los tres migrantes fallecidos en Camp East Montana durante los últimos seis meses y forma parte de las decenas de muertes registradas bajo custodia migratoria desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, según cifras citadas por las organizaciones.

Además de este caso, 64 de las 71 personas entrevistadas afirmaron haber sufrido agresiones físicas o presenciado golpizas presuntamente cometidas por personal de seguridad del centro. Varios testimonios describen que los guardias portaban uniformes negros, máscaras y carecían de identificaciones visibles.

Javier C., entrevistado en Ft. Bliss, Texas, diciembre de 2025, señaló: “Nunca había sentido el racismo como lo he sentido aquí dentro de este centro de detención. Cuando llegué por primera vez, los guardias me dijeron: “Cuando llegues a El Paso, Texas, no hay vuelta atrás. Solo saldrás deportado o muerto”.

Hacinamiento, falta de atención médica y llamados al cierre

El reporte también describe condiciones sanitarias deficientes dentro del complejo. Los entrevistados denunciaron módulos hacinados con hasta 72 personas compartiendo seis baños y seis duchas, instalaciones cubiertas de desechos, inundaciones frecuentes y escasez de productos básicos de higiene como jabón, pasta dental y desinfectante.

Las organizaciones documentaron además retrasos de semanas o incluso meses para recibir atención médica, interrupciones en tratamientos previamente prescritos y respuestas insuficientes ante emergencias de salud física y mental.

Algunos migrantes aseguraron haber permanecido largos periodos sin acceso al exterior ni actividades recreativas, mientras que otros reportaron haber perdido peso debido a porciones insuficientes o alimentos en mal estado. El informe también recoge denuncias de presuntas presiones para que algunos detenidos renunciaran a sus procesos migratorios y aceptaran ser deportados a terceros países, incluso cuando sus casos continuaban abiertos.

Tras presentar sus hallazgos, Human Rights Watch y la ACLU solicitaron al gobierno estadounidense cerrar Camp East Montana, realizar investigaciones independientes sobre las muertes bajo custodia, revisar las denuncias de uso excesivo de la fuerza y garantizar mecanismos efectivos de rendición de cuentas para el personal involucrado.

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Marielena Hincapié, abogada e investigadora en Derecho y Política Migratoria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell, y exdirectora ejecutiva del National Immigration Law Center (NILC), conoce el tema migratorio a nivel personal, como inmigrante naturalizada nacida en Colombia.

También, a nivel profesional, lleva décadas involucrada en la asistencia legal de inmigrantes y en la complejidad de los esfuerzos por conseguir la esquiva reforma migratoria que legalice a millones.

El tema es tan personal que la semana pasada, cuando un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató al inmigrante colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 25 años de edad, su corazón dio un vuelco.

“Yo estaba viajando y cuando escuché las noticias de un joven colombiano, inmediatamente pensé en mi sobrino que vive en Maine y se me bajó el corazón. Me comuniqué con él, que vive como a diez minutos de donde ocurrió el asesinato, y creo que esa misma mañana o el día anterior, había pasado por esa intersección en su bicicleta. Y su papá es indocumentado”, narró Hincapié.

“Mi sobrino es nacido en Colombia, pero ya es ciudadano porque mi hermana es ciudadana, pero ha estado tan impactado porque como él dice, ‘me podría haber pasado a mí’”, agregó.

El terror de su sobrino es el de toda una comunidad ante los excesos de agentes migratorios que operan con total impunidad. La muerte del joven colombiano fue la segunda de un inmigrante latino en 6 días tras la muerte a tiros del mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston, Texas, por un agente de ICE.

La conversación con Hincapié abordó varios aspectos sobre la política migratoria del presidente Donald Trump.

¿A qué responde esta escalada de violencia y la impunidad que la acompaña?

“Creo que parte de lo que está pasando en este momento es que los ataques antiinmigrantes han llegado a tal nivel de violación que ninguno estamos exentos de que nos toque. Pensé que cuando asesinaron a los dos ciudadanos en Minnesota (Renée Good y Alex Pretti), eso iba a cambiar las cosas. Hasta cierto punto sí, pues fue parte de lo que le abrió los ojos al pueblo estadounidense. Pero el problema es la impunidad. Que no hay rendición de cuentas de forma automática y pasamos entonces al próximo incidente.

“Por ejemplo, tras el asesinato de Maine, el DHS indicó que haría una pausa en las detenciones de tránsito, pero Trump salió diciendo que no, que sigan con su trabajo. Tienen el apoyo del presidente.

“Y esto no es nuevo. Estamos hablando de agencias donde reina una cultura de violencia. Especialmente los agentes de la Patrulla Fronteriza han cometido muchos crímenes aunque no han sido encontrados culpables y ni siquiera enjuiciados en muchos casos. Pero todo esto estaba fuera de la vista de la mayoría de la gente porque ocurría en la frontera y cuando la gente estaba tratando de cruzar.

“Pero ahora está ocurriendo al interior del país, en nuestras ciudades, y tienen permiso desde los más altos niveles, y una cantidad de dinero a su disposición que es una atrocidad. Los agentes se sienten protegidos y con derecho de hacer lo que quieran.

“Y seguimos con la misma narrativa de que no importa que estamos hablando de trabajadores, de padres de familia, de personas que llevan décadas viviendo aquí, pero ellos y Trump en particular, siguen mintiendo, diciendo que son personas que han cometido crímenes, y aunque los hubieran cometido, no se les debe de matar sino seguir el debido proceso de ley.”

¿Se están normalizando entonces las violaciones de derechos y el atropello a la Constitución?

“Sí. En realidad lo que estamos viendo son violaciones de derechos humanos. Si esto hubiera ocurrido en cualquier otro país, el gobierno de los Estados Unidos estaría criticando a esos gobiernos por violación de derechos humanos, por matanzas y asesinatos extrajudiciales. Y los agentes de inmigración aquí en Estados Unidos básicamente están funcionando como paramilitares, haciendo el trabajo de un gobierno y un presidente que ha decidido que los migrantes son menos que humanos, que somos inferiores, que no pertenecemos aquí, que no debemos de estar aquí, y está dispuesto a hacer lo que sea sin importar lo que diga la Constitución ni la humanidad de cada persona”.

Y entonces, ¿qué va a pasar? Porque tenemos un poder ejecutivo antiinmigrante, un poder legislativo de mayoría republicana que es un sello de goma del presidente, y un poder judicial que a veces falla en contra de Trump y gira órdenes que la administración simplemente ignora, y en otras instancias falla a favor de Trump.

“Yo diría que hay cuatro formas en las que se puede enfrentar esto.

“Primero, hemos visto el poder de la gente cuando se une, cuando las comunidades se organizan. Lo vimos no solamente en Minneapolis después de la ocupación del DHS y de los asesinatos de los dos estadounidenses, pero también lo hemos visto en otras comunidades. Por ejemplo, yo estoy viviendo en Pennsylvania y hay un pueblo que se llama Downingtown con una comunidad anglosajona y conservadora y muchos votaron por Trump, pero se unieron para apoyar a una pareja, ella ciudadana, él mexicano, pero residente del estado por casi 30 años. Fue detenido por ICE y la presión logró que lo liberaran después de nueve meses en detención. Y eso no fue un cambio de ley, o una demanda. Es el poder de la comunidad cuando se organiza y decide luchar contra algo que considera injusto.

“En segundo lugar, está el poder de los políticos a nivel estatal y local. Es cierto que algunos dicen que no pueden hacer nada porque no tienen jurisdicción sobre agencias federales, pero ya hemos visto en California, en Illinois, en Minnesota, en otros estados, cuando los fiscales generales o los gobernadores o los alcaldes dicen nosotros vamos a estar documentando las violaciones para que el día que estemos en control podamos entonces tomar medidas en contra de los agentes individuales pero también de la agencia como tal.

“Las investigaciones independientes son vitales. Si es una violación de derechos humanos, de derechos civiles, de la Constitución en una zona geográfica específica, los gobernantes tienen el derecho de hacer su propia investigación. Entonces, yo creo que a corto plazo, es ahí donde tenemos que poner presión y asegurarnos que esos gobernantes, esos políticos también tomen medidas y asuman el liderazgo en contra de esta administración.

“En tercer lugar, está el papel del voto. Ahora vienen las elecciones de medio tiempo y si la Cámara de Representantes por lo menos cambia de mando, es el organismos que tiene un papel muy importante con respecto al presupuesto de estas agencias migratorias asegurándose que haya un balance y que se estén siguiendo todos los requisitos bajo la Constitución.

“Desafortunadamente, en este momento al Partido Republicano se le olvidó gobernar, se le olvidó legislar. No están haciendo su trabajo y eso no es solamente peligroso para los inmigrantes sino para la democracia porque estamos viendo a una de las tres ramas del gobierno, la legislativa, que ha dejado de funcionar por intereses políticos.

“En cuarto lugar están las demandas interpuestas contra las acciones de esta administración en materia migratoria. Hemos visto una y otra vez, sin importar si los jueces han sido nombrados por presidentes demócratas o republicanos, que esta administración sigue perdiendo ante las cortes. Las violaciones son tantas y son tan claras que las cortes están frenando muchas de estas acciones migratorias. El problema es que esta administración también se ha rehusado a seguir las órdenes de los tribunales pero, sin embargo, hay que seguir interponiendo todas las demandas posibles porque es la única manera de documentar y tratar de lograr justicia en cada caso individual pero también un cambio sistemático estructural”.

Hincapié está escribiendo un libro, Becoming America, que se publicará en 2028, que es la historia del país, pero señala que será narrado como una novela de familia, de su familia. Uno de los puntos que Hincapié quiere resaltar es que la lucha por la democracia no puede separarse de la lucha por los inmigrantes porque se entrelazan “desde el principio del país hace 250 años”.

“La exclusión de inmigrantes ha debilitado la democracia y en los momentos en que hemos sido más inclusivos, esa democracia se ha fortalecido”.

Los más recientes datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ofrecen una radiografía más clara de la estrategia migratoria del gobierno de Donald Trump. Tras varios meses sin actualizar esta información, la agencia reveló que mantiene a 65,765 personas bajo custodia por motivos migratorios y que está realizando un promedio de 1,474 arrestos diarios, la cifra más alta registrada durante la actual administración.

Los números, con corte al 11 de julio, muestran que la capacidad de detención del ICE sigue creciendo, aunque todavía se encuentra por debajo del récord de 70,766 personas detenidas, alcanzado en enero de este año.

La información fue difundida después de un periodo en el que la agencia dejó de publicar de manera constante sus estadísticas, un tema que ha generado críticas por la falta de transparencia.

Los arrestos aumentan, pero las deportaciones no crecen al mismo ritmo

Las cifras muestran que el mayor cambio no está en el número de personas detenidas, sino en la velocidad con la que ingresan a los centros de detención.

Durante junio, el ICE realizó más de 1,300 arrestos diarios, mientras que en los primeros días de julio el promedio aumentó a 1,474, el nivel más alto del que se tiene registro en la actual administración.

En contraste, las deportaciones se mantienen en un promedio cercano a 1,246 personas al día, una cifra elevada frente a años anteriores, aunque inferior al ritmo de crecimiento de los arrestos.

Otro dato relevante es que una parte importante de las personas bajo custodia no tiene antecedentes penales, lo que mantiene abierto el debate sobre las prioridades de la política migratoria del gobierno federal.

Las órdenes judiciales también influyen en las liberaciones

Las nuevas estadísticas incorporan por primera vez un apartado sobre las personas liberadas por orden de un juez. Desde enero se han contabilizado 10,649 liberaciones bajo este mecanismo, una cifra que especialistas consideran refleja el incremento de recursos legales contra detenciones presuntamente indebidas.

Además, analistas cuestionaron que el ICE dejara de publicar regularmente estos datos tras la aprobación del nuevo presupuesto federal, el cual eliminó algunos requisitos de transparencia que el Congreso mantenía desde 2018.

Aunque la agencia no explicó por qué decidió divulgar nuevamente las cifras, los nuevos datos permiten dimensionar el alcance de la política de control migratorio impulsada por la administración Trump y el incremento de las acciones de detención en todo el país.

NEW: For the first time since early April, @ICEgov has published data on detention and removal.

The new data shows that as of July 11, ICE was detaining 65,765 people; up from a lull in April but still not at the record levels set in January during the Minneapolis raids. pic.twitter.com/zb1ZjKXLcA

— Aaron Reichlin-Melnick (@ReichlinMelnick) July 20, 2026

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Cerca de 40 senadores de Estados Unidos solicitaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una serie de cambios en el funcionamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de los recientes casos en los que murieron los inmigrantes Lorenzo Salgado Araujo, de origen mexicano, y Joan Durán, de nacionalidad colombiana, durante operativos en los que participaron agentes federales.

La petición quedó plasmada en una carta encabezada por el senador independiente por Maine, Angus King, y respaldada por legisladores demócratas, quienes consideran necesario reforzar la supervisión de los agentes y mejorar la transparencia en las operaciones migratorias.

Senadores piden cámaras corporales y mayor rendición de cuentas

Entre las principales solicitudes figura la implementación obligatoria de cámaras corporales para los agentes del ICE, así como una identificación más visible durante los operativos y la publicación de información más detallada cuando los oficiales hagan uso de la fuerza.

Los legisladores también solicitaron una revisión de los protocolos de actuación de la agencia, al considerar que los mecanismos actuales de supervisión deben fortalecerse.

La petición surge después de que el mexicano Lorenzo Salgado Araujo muriera tras un operativo de tránsito en Texas, mientras que el colombiano Joan Durán falleció luego de un incidente similar en Maine, ambos con participación de agentes del ICE.

Además, el 14 de julio, otro inmigrante, cuya identidad no ha sido revelada, perdió la vida en Florida tras ser atropellado por un camión durante otro control de tránsito relacionado con autoridades migratorias.

Las muertes aumentan la presión sobre el ICE

Los nuevos casos se suman a la controversia que enfrentó el ICE a principios de 2026 por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos migratorios en Minneapolis, hechos que provocaron protestas y un intenso debate político sobre los métodos utilizados por la agencia.

Como consecuencia de esa presión, legisladores demócratas bloquearon partidas presupuestarias destinadas al DHS, lo que derivó en un cierre parcial de la dependencia y en cambios dentro de su estructura de mando, incluida la salida de la entonces secretaria Kristi Noem.

En la carta enviada al DHS, los senadores sostienen que una mayor supervisión ayudaría a fortalecer la confianza pública y garantizaría una mayor rendición de cuentas en las operaciones migratorias.

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El zar de la frontera de la Casa Blanca aseguró que las personas que murieron en recientes encuentros con agentes migratorios habrían evitado un desenlace fatal si hubieran obedecido las órdenes de las autoridades. Sus declaraciones reavivaron el debate sobre el uso de la fuerza por parte de ICE y la política migratoria de la administración Trump.

Las declaraciones del zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, volvieron a colocar en el centro de la discusión nacional la actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que afirmara que los migrantes fallecidos durante recientes operativos “hoy estarían vivos” si hubieran acatado las instrucciones de las autoridades.

Durante un encuentro con periodistas en Washington, Homan sostuvo que la cooperación con los agentes debe ser la primera respuesta de cualquier persona durante un operativo policial o migratorio, independientemente de que posteriormente pueda impugnar las acciones de las autoridades por la vía legal.

“Lo único que tenían que hacer era cooperar con la autoridad. Si consideran que se violaron sus derechos, pueden acudir a los tribunales, presentar una demanda o recurrir a organizaciones civiles. Pero con la autoridad siempre se coopera”, expresó el funcionario.

Las declaraciones se producen mientras continúan las investigaciones por varios incidentes recientes en los que migrantes murieron durante encuentros con agentes federales, hechos que han provocado cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de los derechos civiles y legisladores demócratas.

“Si no obedecen, si no colaboran y dejan de resistirse, va haber más derramamiento de sangre del ICE, así que cierren la boca y no se quejen cuando el ICE hace cumplir la ley.”

Tom Homan, jefe de deportaciones de la Casa Blanca, amenazó con más “derramamiento de sangre” de su? pic.twitter.com/Rvxl12ra4m

— Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) July 19, 2026

Casos recientes mantienen bajo escrutinio a ICE

Entre los hechos más recientes figura la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo y del colombiano Johan Durán, quienes fallecieron tras recibir disparos de agentes de ICE durante distintos controles de tráfico realizados en Texas y Maine. A esos casos se suma la muerte de otro migrante ocurrida en Florida, donde un hombre perdió la vida tras ser atropellado por un camión durante un operativo migratorio.

Las investigaciones sobre estos casos continúan abiertas, mientras diversos sectores han solicitado mayor transparencia en las actuaciones de los agentes federales y la implementación obligatoria de cámaras corporales durante los operativos.

Sobre este punto, Homan manifestó su respaldo a que todos los agentes de ICE porten cámaras, al considerar que las grabaciones ayudarán tanto a documentar los procedimientos como a proteger a los oficiales frente a denuncias. El funcionario aseguró que la medida contribuirá a que la ciudadanía conozca las condiciones en las que trabajan los agentes y afirmó que, en la mayoría de los casos, el material audiovisual termina respaldando la actuación de las fuerzas del orden.

Border Czar Tom Homan: “I said this a year ago; if the hateful rhetoric doesn’t stop, there will be bloodshed. Unfortunately I was right. It’s not over yet…I’m afraid that we’re going to bury an ICE agent.” pic.twitter.com/hOChgBKl8p

— CSPAN (@cspan) July 20, 2026

Homan denuncia amenazas contra agentes migratorios

Durante su intervención, el funcionario también denunció el incremento de amenazas dirigidas contra personal de ICE y afirmó que la situación ha modificado incluso su vida cotidiana. Homan señaló que necesita un equipo de seguridad para realizar actividades tan comunes como acudir a una tienda debido a los riesgos derivados de su labor al frente de la política migratoria de la Casa Blanca.

Asimismo, defendió a los agentes migratorios al recordar que también tienen familias que enfrentan las consecuencias del clima de confrontación política.

“Los agentes de ICE también son madres y padres. No solo se ataca a los oficiales, también a sus esposas, esposos e hijos”, afirmó. Las declaraciones llegan en un momento en que la administración del presidente Donald Trump mantiene una estrategia de endurecimiento migratorio, con un incremento en los operativos de detención y deportación, mientras organizaciones de derechos humanos continúan cuestionando el uso de la fuerza y las condiciones en que se desarrollan algunos procedimientos.

Hasta ahora, la Casa Blanca no ha ofrecido información adicional sobre los casos específicos mencionados por Homan ni sobre el avance de las investigaciones.

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Activistas defensores de los derechos de los inmigrantes instaron a las comunidades de Los Ángeles a movilizarse tras los recientes tiroteos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en los que dos hombres fallecieron durante operativos con menos de una semana de diferencia.

La petición de los activistas ocurrió el 16 de julio en el sur de Los Ángeles, donde decenas de manifestantes se reunieron para exigir justicia por el fallecimiento de dos inmigrantes a causa de disparos de los agentes federales de inmigración en Texas y Maine.

En Los Ángeles, la manifestación fue convocada por la organización de defensa de los derechos de los inmigrantes Unión del Barrio, junto con otras organizaciones comunitarias.

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Los activistas esperan que ambos incidentes motiven cambios en las políticas federales, además de instar a los vecindarios a que organicen patrullas comunitarias que vigilen y den aviso a los residentes sobre las actividades de ICE en sus localidades.

“Muchos miembros de nuestra comunidad están siendo asesinados. Creo que muchos nos estamos dando cuenta de que es hora de unirnos y defendernos”, expresó Lizbeth, del Centro Harriet Tubman para la Justicia Social.

El 7 de julio, en Houston, el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, viajaba en su camioneta con su equipo de construcción hacia una obra, cuando murió por disparos de un agente de ICE.

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De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el trabajador hispano no era el objetivo de la operación que llevó a cabo ICE.

El 13 de julio, el colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, falleció en un tiroteo por agentes federales de inmigración que ocurrió durante un control de tráfico en Biddeford, Maine.

Como sucedió en el caso de la balacera en la que murió Salgado, el DHS también declaró que Durán Guerrero no era el objetivo de esa operación.

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A Durán Guerrero le sobreviven su esposa y su hija pequeña.

“Lo único que me queda son las fotos y una manta con nuestra foto, con los tres, que él le regaló hace unas semanas. Tengo el alma destrozada. Él lo era todo para mí”, declaró la esposa de Salgado, Karolina Rojas, por medio de un intérprete durante una conferencia de prensa.

Después de que ocurrieron los tiroteos en Texas y Maine, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas anunció que suspendería los controles de tránsito. Sin embargo, el presidente Donald Trump revocó esa decisión al día siguiente.

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“Es sumamente triste ver que personas como yo sean blanco de ataques. Estoy cansado de ver este patrón de personas baleadas y asesinadas. Uno no sabe quién será la próxima víctima. No sé si seré yo el próximo”, dijo Ramiro Sánchez, un residente del sur de Los Ángeles.

Los activistas que encabezan las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes instaron a las comunidades de Los Ángeles a que se organicen y estén preparadas ante la amenaza de redadas por parte de agentes federales de ICE.

“No importa dónde estés. Tenemos que organizarnos porque estos ataques están ocurriendo en todas partes“, aseguró Ron Góchez, líder de la Unión del Barrio.

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Los activistas dijeron que se tiene la intención de llevar a cabo manifestaciones adicionales, además de continuar con el patrullaje comunitario en las próximas semanas.

Al menos 10 personas han fallecido durante encuentros con agentes federales de inmigración desde que Trump asumió la presidencia por segunda ocasión en enero de 2025 e intensificó una campaña de control migratorio.

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Durante un operativo llevado acabo en el aeropuerto Hobby, ubicado a siete millas del centro de Houston, Texas, personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a Alim Garipov, estudiante ruso que cursaba la preparatoria con una visa vencida.

El inmigrante de 18 años se mudó junto con su famila a Estados Unidos desde Baltasi, un asentamiento en el centro-sur de Rusia, en 2022.

Desde entonces, había solicitado asilo y mientras esperaba una respuesta del gobierno estadounidense asistía a Bellaire High School, reconocida institución pública en Bellaire, Texas, perteneciente al Distrito Escolar Independiente de Houston (HISD).

En una entrevista concedida a KHOU 11, canal de televisión local, Ann Linsley, profesora de la escuela Bellaire, mencionó haber recibido un correo electrónico de la tía de Garipov alrededor de las 11:30 p. m. del viernes, donde le informaba que había sido detenido por el ICE y luego trasladado a un centro del ICE ubicado en la ciudad de Conroe.

Aunque los padres de Garipov y su hermana menor estaban con él cuando fue detenido, ninguno de ellos quedó bajo custodia de las autoridades.

Al parecer, el inmigrante ruso regresaba a la ciudad después de asistir a un programa de una semana en Harvard, pues debido a que cursa su último año de preparatoria analiza opciones para asistir a la universidad a mediante una beca.

Elizabeth Ann Fletcher, abogada y representante demócrata por el 7.º distrito congresional de Texas, se ha dado a la tarea de acercarse a la familia del estudiante ruso para brindarles asesoria legal.

La congresista de 51 años, describe al joven detenido por ICE como uno de los mejores estudiantes de la Bellaire High School, al grado de haber aprendido, de manera autodidacta, inglés y programación informática.

A esto debe sumarse que figura como uno de los capitanes del equipo de natación de su escuela y también ocupa el cargo de presidente de la Asociación de Estudiantes Rusos.

Con la detención de Alim Garipov se enrace todavía más el ambiente en Texas, pues 11 días antes un agente del ICE mató a balazos al inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, en un incidente registrado en el barrio de Magnolia Park de Houston.

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