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WASHINGTON.- Mientras avanzan las investigaciones sobre la muerte de Lorenzo Salgado Araujo a manos de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la familia evalúa sus opciones legales, que incluyen un reclamo formal ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aunque se trata de un proceso complejo.

“Típicamente cuando ICE alza algo así, una maldad como lo que hemos visto, una persona queda herido, por ejemplo, o en un caso así, donde una persona se muere, no es tan fácil”, reconoció Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).

Esa organización ha apoyado desde el inicio a la familia de Salgado Araujo, asesinado en Houston, Texas, durante una parada vehicular de agentes migratorios.

“Uno no puede ir directamente a la corte y hacer una demanda, por ejemplo”, lamento Proaño. “Lo que tienen que hacer es, se llamó un FTCA claim”, indicó.

Ese proceso se sustenta la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA), el cual permite a los particulares demandar al gobierno de los Estados Unidos por lesiones, daños a la propiedad o fallecimiento causados ​​por negligencia de empleados federales. El proceso debe iniciar en forma administrativa, en este caso ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Es un reclamo por DHS, que es una forma, un formulario que uno tiene que llenar exactamente con lo que pasó, con toda la información y también [incluir cuál debería ser] la compensación por esa maldad”, agregó Proaño. “Y el DHS, entonces ellos tienen seis meses para recibir, verificar, investigar la información que ellos reciben”.

Proaño agregó que este trámite es tardado y no siempre se obtiene la respuesta deseada, incluso la agencia responsable no siempre responde en seis meses, aunque puede haber presión para ello. Si la respuesta no es favorable, en este caso para la familia de Salgado Araujo, entonces podrá presentar una demanda ante un tribunal.

“Después de esos seis meses, si recibes una respuesta y no estás de acuerdo con lo que dice el gobierno, entonces sí puedes acudir a la corte, hacer una demanda”, acotó. “Ellos [los familiares de Salgado Araujo] sí van a tener la oportunidad de hacer una demanda en una corte, adelante de unos jurados. Pero va a tomar mucho, mucho tiempo y están comenzando ese proceso ahora”.

¿Y dónde están los agentes responsables?

Proaño comparó el caso de Salgado Araujo con el de Johan Sebastián Durán Guerrero, en Maine, quien fue asesinado por un agente de ICE plenamente identificado. En el caso de los presuntos responsables de la muerte de Salgado Araujo se desconoce quiénes son, lo que podría complicar el reclamo de señalar a alguien en particular.

“Inmediatamente después que esto pasó con Lorenzo, unas cosas pasaron. Número uno, los agentes que estaban ahí y que dispararon a Lorenzo desaparecieron, punto. Nadie sabe quiénes son, la agencia tampoco ha compartido esa información, eso es muy importante”, expuso Proaño en el podcast ‘El Diario Sin Límites’.

Dijo que los agentes migratorios en las fotos junto a la camioneta de Salgado Araujo –de donde se detuvo a otras tres personas— son oficiales que llegaron después.

“Nosotros lo hemos dicho desde el comienzo, no confiamos en ICE, no confiamos en DHS”, lamentó Proaño, quien reconoce que tampoco en la investigación federal que se realiza sobre el caso.

A Salgado Araujo le sobreviven su esposa y tres hijos adultos, quienes luchan por hallar a los responsables de la muerte de su padre, un inmigrante de 52 años que estaba en proceso de obtener la Residencia Permanente Legal o Green Card, tenía un negocio de construcción y no tenía historial criminal.

Miles de testimonios sobre las condiciones en los centros de detención de ICE desaparecieron de Google Maps, según una investigación que acusa a la empresa tecnológica de eliminar reseñas y bloquear nuevas publicaciones en decenas de instalaciones utilizadas para detener a inmigrantes en Estados Unidos.

El reportaje, publicado por The Intercept, retoma una investigación de Muira McCammon, profesora del Departamento de Comunicación de la Universidad de Tulane, quien documentó durante meses las reseñas publicadas por exdetenidos, familiares y otras personas que compartían experiencias relacionadas con los centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) .

Un archivo digital que desapareció

McCammon recopiló en 2025 un total de 1,636 reseñas correspondientes a 26 centros de detención, además de identificar otras 91 instalaciones donde Google ya había desactivado la posibilidad de publicar comentarios.

Sin embargo, al revisar nuevamente la información, descubrió que casi todas las reseñas habían desaparecido.

“Casi todas las reseñas de Google que recopilé originalmente en 2025 ya no están disponibles”, declaró la investigadora a The Intercept.

En su estudio, McCammon sostiene que la moderación aplicada por Google termina suprimiendo información relevante sobre el sistema de detención de ICE, limitando el acceso a testimonios que, en muchos casos, documentaban las condiciones dentro de estas instalaciones.

Google defiende su política de moderación

Consultada por el medio citado, la portavoz de Google, Genevieve Park, negó que las eliminaciones respondieran a presiones del gobierno estadounidense.

“Las reseñas ayudan a la gente a decidir adónde ir y no mostramos reseñas en categorías de lugares a los que las personas acuden sin tener otra opción”, explicó la vocera, al referirse a prisiones, comisarías y centros de detención.

Google sostiene que aplica una política anunciada desde 2023 para retirar comentarios en lugares donde las reseñas podrían resultar “poco útiles, perjudiciales o fuera de contexto”.

Por su parte, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró al medio que ICE no solicitó la eliminación de las reseñas y rechazó cualquier intervención en las decisiones de la compañía.

Testimonios que denunciaban las condiciones en los centros

Entre las publicaciones eliminadas había mensajes de familiares que denunciaban problemas para comunicarse con personas detenidas, así como relatos de exinternos sobre las condiciones dentro de los centros.

Una reseña, que publicó el medio antes citado, en español señalaba: “Apenas se puede oír al detenido cuando se le llama por teléfono”.

Otras describían presuntas infestaciones de cucarachas, falta de traductores y temperaturas extremadamente bajas en las celdas.

Para McCammon, estas publicaciones representaban un registro público sobre el funcionamiento del sistema migratorio estadounidense. En el resumen de su investigación, concluye que las decisiones de moderación de Google también influyen en la visibilidad de las instituciones públicas y en la circulación de información sobre el sistema de detención de ICE.

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La venezolana Sonimar Arenas pidió justicia y una investigación independiente para esclarecer la muerte de su hermano Jesús Manuel, quien falleció el pasado 13 de julio mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un traslado entre centros de detención en Georgia.

En una conferencia de prensa en Washington, acompañada por congresistas demócratas y activistas, Arenas cuestionó la atención que recibió su hermano durante su detención y aseguró que las autoridades migratorias ignoraron sus solicitudes relacionadas con su estado de salud.

La mujer afirmó que antes del traslado pidió a los agentes de ICE que permitieran a Jesús Manuel llevar consigo los medicamentos que necesitaba, pero señaló que únicamente le autorizaron conservar uno de los cuatro tratamientos que utilizaba.

Familia señala posibles fallas en atención médica

Según el testimonio de Arenas, su hermano padecía hipertensión, ansiedad crónica y depresión, condiciones que requerían seguimiento médico.

Jesús Manuel fue detenido el 9 de julio en su vivienda en Georgia. De acuerdo con la información proporcionada por ICE a la familia, el arresto estaba relacionado con una orden de deportación.

Arenas relató que ese mismo día su hermano se comunicó con ella para informarle que no le habían entregado el medicamento que le habían permitido llevar durante el proceso de detención.

La familiar sostuvo que la falta de acceso adecuado a su tratamiento pudo haber influido en el desenlace y pidió que las autoridades determinen si existieron omisiones durante su custodia.

ICE reportó muerte por un supuesto paro cardíaco

La versión oficial de ICE señala que Jesús Manuel fue encontrado inconsciente alrededor de las 7:30 de la mañana del 13 de julio, mientras era trasladado desde el centro de detención de Irwin hacia otra instalación en el sur de Georgia.

La agencia informó que se realizaron maniobras de reanimación y posteriormente fue llevado a un hospital del condado, donde fue declarado muerto aproximadamente una hora después.

Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente de una conclusión final sobre las circunstancias del fallecimiento.

Familia busca cumplir deseo de ser sepultado en Venezuela

Durante la conferencia, Sonimar Arenas recordó que su hermano llegó a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades y describió el impacto que su muerte provocó en su familia.

Jesús Manuel Arenas-Silva, a 45-year-old Venezuelan man, became the 22nd person to die in ICE custody this year. His family says he was denied essential medication while detained. Every death deserves answers. Demand accountability at https://t.co/rQQvDZAiXy pic.twitter.com/0fo66sS1bH

— Voto Latino (@votolatino) July 16, 2026

La venezolana explicó que, al revisar documentos personales de Jesús Manuel, encontró una referencia a la canción “Venezuela”, en la que él expresaba su deseo de regresar a su país para ser sepultado.

Por ello, inició una campaña de recaudación en GoFundMe con una meta de 7 mil 500 dólares para cubrir los gastos relacionados con el traslado de sus restos. Hasta el momento, había reunido 665 dólares.

La madre de Jesús Manuel vive en Venezuela y, según su hermana, él no visitaba el país desde hacía ocho años.

Congresistas cuestionan actuación de ICE

Durante el acto en Washington, los congresistas demócratas Delia Ramírez, Jesús “Chuy” García y Adelita Grijalva criticaron las políticas de la agencia migratoria y pidieron cambios en el sistema de detención.

Los legisladores mencionaron también otros fallecimientos recientes relacionados con operativos migratorios, entre ellos los casos del mexicano Lorenzo Salgado y del colombiano Johan Sebastián en Maine.

Ramírez respaldó además la iniciativa H.R. 7190, conocida como Melt ICE Act, que plantea retirar financiamiento a la agencia y cerrar centros de detención migratoria.

La familia de Jesús Manuel continúa solicitando que se esclarezca lo ocurrido durante sus últimos días bajo custodia de ICE y que se determinen posibles responsabilidades.

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Los operativos migratorios realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en junio de 2025 no solo derivaron en detenciones y protestas en el sur de California. También provocaron una fuerte sacudida económica que continúa afectando a cientos de pequeños negocios latinos, de acuerdo con un estudio presentado este miércoles por el Instituto de Política y Política Latina de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

El informe, titulado “El costo del miedo”, fue elaborado en colaboración con la organización Inclusive Action for the City y documenta cómo el incremento de las acciones de control migratorio redujo la actividad comercial en nueve corredores de mayoría latina del condado de Los Ángeles, generando pérdidas económicas, incertidumbre financiera y afectaciones a la salud física y mental de los propietarios.

Los investigadores analizaron 989 establecimientos ubicados cerca de nueve puntos donde se documentaron operativos migratorios, además de realizar encuestas y grupos focales con 75 empresarios latinos de comunidades como Westlake, Huntington Park, Pacoima, Paramount, Whittier, Cypress Park, Ladera Heights, el Distrito de la Moda y el centro de Los Ángeles.

In 2025, ICE raids emptied LA’s Latino business corridors ? fewer customers, plunging revenue, mounting debt. A year later, most still haven’t recovered and immigration arrests continue. New from @uclalatino and @inclusiveaction: https://t.co/PYeBntKhRO

— UCLA Latino Policy & Politics Institute (LPPI) (@UCLAlatino) July 22, 2026

Millones de dólares en pérdidas y menos clientes

El estudio concluyó que los comercios ubicados cerca de los operativos registraron 46,000 visitas menos de clientes y pérdidas estimadas en 3.16 millones de dólares durante las dos semanas posteriores a las redadas. Los autores señalan que el impacto real podría ser considerablemente mayor, ya que el análisis solo abarca nueve sitios y un periodo limitado. De mantenerse una disminución similar en todo el condado, las pérdidas económicas podrían alcanzar 52 millones de dólares en dos semanas y hasta 114 millones de dólares en un mes de aplicación continua de operativos migratorios.

La zona con mayores afectaciones fue el Distrito de la Moda, conocido popularmente como Los Callejones, donde se estimó una pérdida cercana a 1.5 millones de dólares en apenas dos semanas. El informe también revela que el flujo peatonal disminuyó hasta 3.23% en los comercios situados a menos de 400 metros de los puntos de operación, mientras que ocho de las nueve zonas comerciales estudiadas experimentaron una reducción en la afluencia de consumidores.

El miedo sigue afectando a comerciantes y trabajadores

Los testimonios recabados muestran que las consecuencias fueron más allá de la caída en las ventas. El 100% de los empresarios entrevistados reportó una disminución en clientes e ingresos; 59% afirmó que sus ventas cayeron más de 50%; 68% redujo horarios o cerró temporalmente, mientras que 51% indicó que parte de su personal dejó de acudir a trabajar por temor a los operativos.

Un año después, 95% de los participantes continúa reportando estrés financiero. Más de la mitad aseguró que sus ingresos ya no cubren de manera constante los costos de operación, mientras que otro 43% apenas logra mantenerse sin obtener ganancias.

“Nuestra investigación demuestra que la aplicación de las leyes de inmigración funcionó como una conmoción económica que se extendió mucho más allá de la interrupción inmediata asociada con las operaciones de control”, afirmó Amada Armenta, directora del Instituto de Política y Política Latina de UCLA y coautora del estudio.

El informe también documenta un fuerte impacto en la salud. El 76% de los participantes reportó afectaciones emocionales, incluyendo ansiedad, depresión, insomnio, ataques de pánico, estrés persistente y agravamiento de enfermedades crónicas. Algunos entrevistados señalaron haber requerido nuevos tratamientos médicos e incluso hospitalizaciones relacionadas con el estrés. “Los negocios latinos no se han recuperado.

Estos negocios funcionan como motores económicos locales. Dan empleo a los vecinos, compran a proveedores locales y mantienen el dinero circulando en sus comunidades. Cuando la represión ahuyenta a sus clientes y trabajadores, el daño se extiende a la salud, el bienestar y la seguridad de comunidades enteras”, concluyó Armenta.

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California dio un nuevo paso para reforzar la protección de los estudiantes frente a las acciones de las autoridades migratorias. A través de la AB 49, conocida como California Safe Haven Schools Act, el estado impuso restricciones más estrictas sobre cuándo y cómo los agentes encargados de hacer cumplir las leyes migratorias pueden ingresar a las escuelas o solicitar información sobre los alumnos y sus familias.

La medida busca garantizar que las escuelas continúen siendo espacios seguros para todos los estudiantes, independientemente de su situación migratoria o la de sus padres.

Los agentes migratorios no podrán ingresar libremente a las escuelas

La principal novedad de la ley es que los funcionarios escolares ya no pueden permitir el ingreso de agentes de inmigración a áreas no públicas de un campus escolar, salvo que presenten una orden judicial válida, una citación judicial o una orden emitida por un tribunal. Antes de autorizar cualquier acceso, además, deberán solicitar la identificación oficial del agente siempre que sea posible.

La norma también prohíbe que los distritos escolares entreguen expedientes educativos o cualquier información sobre un estudiante, su familia o las personas que integran su hogar sin el consentimiento escrito de los padres o sin una orden judicial que lo autorice.

Puedes ver: Vivir con miedo al ICE: qué le pasa al cuerpo y a la mente (y cómo manejarlo)

Nuevas obligaciones para las escuelas de California

La legislación no solo establece límites al acceso de las autoridades migratorias. También obliga a los distritos escolares a revisar y actualizar sus políticas internas para adecuarlas a las nuevas reglas.

La Oficina del Fiscal General de California actualizó los modelos oficiales de actuación y todos los organismos educativos locales debieron adaptar sus protocolos. Además, las escuelas deben poner a disposición de las familias información sobre sus derechos y publicar esas guías en los idiomas correspondientes antes del inicio de cada ciclo escolar.

Entre las nuevas obligaciones también figura la incorporación de procedimientos para avisar a padres, docentes y personal escolar cuando se confirme la presencia de agentes migratorios en un campus.

El objetivo: reducir el miedo entre las familias

Al aprobar la ley, la Legislatura de California sostuvo que el temor a las acciones migratorias puede afectar la asistencia, el rendimiento académico y la permanencia de los estudiantes en las escuelas.

El texto legislativo cita investigaciones que muestran que un aumento en las acciones de control migratorio se relaciona con mayores tasas de ausentismo, peores resultados escolares e incluso abandono educativo entre estudiantes cuyos padres son inmigrantes.

Según los fundamentos de la norma, cientos de miles de alumnos en California viven con al menos un padre indocumentado, por lo que el objetivo es evitar que las políticas migratorias interfieran con el acceso a la educación pública.

Para las familias, la nueva legislación implica que las escuelas públicas cuentan con reglas más estrictas para proteger la privacidad de los estudiantes y limitar la colaboración con acciones de control migratorio cuando la ley no lo exige.

No impide que las autoridades federales ejerzan sus facultades cuando cuentan con las autorizaciones judiciales correspondientes, pero sí establece obligaciones claras para los centros educativos respecto al acceso a los campus y al manejo de la información personal de los alumnos.

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La administración Trump no solo ha escalado la violencia contra los inmigrantes en las pasadas semanas con las muertes de dos latinos trabajadores y padres de familias a manos de agentes de ICE. Ahora también los acusa de estar registrados para votar de forma fraudulenta en su intento de intimidar y atemorizar a los electores y de minar la confianza de los estadounidenses en el sistema electoral de cara a los comicios intermedios del 3 de noviembre.

Es decir, los ataques de este gobierno contra los inmigrantes no se limitan a la violencia de sus agentes migratorios en la calle y en los centros de detención, violencia que ha cobrado vidas. Y lo hacen con total impunidad. The New York Times reportó que las oficinas locales del FBI no podrán investigar las confrontaciones con agentes de ICE pues será el propio DHS quien lo haga. Todo para garantizar que no haya rendición de cuentas.

Es más, según el zar de la frontera, Tom Homan, las más recientes víctimas de ICE, Lorenzo Salgado Araujo, en Houston, y Johan Sebastián Durán Guerrero, en Maine, estarían vivos si hubiesen acatado las órdenes de los agentes.

Pero además de ser blanco de violencia, los inmigrantes son pieza clave de la campaña de Trump para impulsar la SAVE America Act, una medida que bajo la excusa de evitar que los no ciudadanos voten en las elecciones de manera fraudulenta, privaría de su derecho al voto a 21 millones de estadounidenses que no tienen acceso a los documentos que se exigirían para votar.

Le medida requeriría pasaporte o certificado de nacimiento para registrarse, presentar identificación oficial con foto para votar, y obligaría a los estados a compartir sus listas electorales con el DHS para corroborar la elegibilidad de los votantes.

El SAVE Act no tiene los votos en el Senado, y aunque se aprobara, no podría implementarse antes de los comicios de noviembre. Pero se teme que la insistencia de Trump sea un intento de interferir en esas elecciones si los resultados fueran desfavorables para los republicanos.

Una muestra de eso fue el discurso que dio el pasado jueves para insistir en que las elecciones de 2020, que él perdió ante Joe Biden, estuvieron amañadas y que hubo interferencia de los chinos.

En el contexto de ese discurso, el DHS indicó que “más de 250,000 no ciudadanos están inscritos ilegalmente en el registro electoral en estos cuatro estados: California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nevada”, estados gobernados por demócratas.

No se indica si, como suele ocurrir, se trate de una lista con errores y tampoco se indica si esas personas en efecto votaron de manera fraudulenta.

New Jersey, por ejemplo, anunció que una falla técnica permitió el registro de 6,600 no ciudadanos como votantes aunque ellos indicaron que no eran ciudadanos cuando solicitaron sus licencias de conducir. No se registraron de manera fraudulenta por cuenta propia. Menos de 400 votaron.

Pero la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherill, recordó que es una fracción de los 6.6 millones de votantes de su estado, y la cifra no sustenta que se trata de un fraude generalizado que haya cambiado resultados electorales. “Estaban inscritas como demócratas, republicanos y votantes no afiliados, y se encontraban dispersos por todo el estado”, declaró Sherrill.

Expertos coinciden en que el voto de los no ciudadanos no es un problema generalizado en Estados Unidos porque una ley federal de 1996 prohíbe expresamente que voten en elecciones federales. Quienes lo hagan, enfrentan severas penas incluyendo multas, prisión (o ambas), inadmisibilidad, e incluso la deportación.

En el 2017 el Brennan Center for Justice revisó los votos de las elecciones generales de 2016 de 42 jurisdicciones en 12 estados y encontró únicamente 30 votos que se sospecha fueron de no ciudadanos, de un total de 23.5 millones de sufragios en esas jurisdicciones.

Pero para Trump y los republicanos la percepción tiene más peso que la realidad y la idea es intimidar a los votantes, sobre todo los de color, con la amenaza de desplegar agentes de ICE en los centros de votación, aunque sea ilegal, y sembrar temor y dudas echando mano de sus chivos expiatorios favoritos, los inmigrantes.

Aunque los únicos que trataron de robarse una elección, la del 2020, fueron Trump y la turba de seguidores que lideraron un sangriento asalto en el Capitolio federal el 6 de enero de 2021 para evitar la certificación del triunfo de Joe Biden.

Los textos publicados en esta sección son responsabilidad única de los autores, por lo que La Opinión no asume responsabilidad sobre los mismos.

Un pasajero de California denunció haber sido amenazado con una llamada al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por parte de una empleada de United Airlines durante una discusión en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, un incidente que quedó grabado en video y se viralizó en redes sociales.

De acuerdo con un reporte publicado por Los Angeles Times, la aerolínea confirmó que ya abrió una investigación interna para esclarecer lo ocurrido y determinar si la actuación de su trabajadora se ajustó a los protocolos de la empresa.

El video desató la polémica

El afectado, Julio Varela, de 54 años y ciudadano estadounidense de origen mexicoamericano, relató que el incidente ocurrió luego de pasar más de dos horas intentando resolver un problema con un boleto de avión para un viaje familiar a Montreal.

Cuando la discusión con una representante de atención al cliente subió de tono, Varela comenzó a grabar con su teléfono celular. En el video, se escucha decir a la empleada: “Tal vez deberíamos llamar al ICE“.

Instantes después añade: “No te comportas como un ciudadano, lárgate”.

Varela aseguró que decidió publicar el video para evidenciar lo ocurrido. “Mi reacción fue de conmoción, incredulidad, ira y vergüenza. Fue muy humillante”, afirmó.

United Airlines abre una investigación

Tras la difusión del video, United Airlines informó que ya contactó a Varela para conocer su versión de los hechos y confirmó que mantiene una investigación sobre el comportamiento de la empleada.

Hasta ahora, la compañía no ha informado si habrá medidas disciplinarias.

El pasajero explicó que el conflicto comenzó porque una de sus hijas tenía un error en la escritura de su nombre en el boleto. Finalmente, un representante de Air Canada, que operaba el vuelo, logró emitir un nuevo pase de abordar y la familia pudo viajar.

Varela sostuvo que utilizar la amenaza de llamar al ICE resulta especialmente delicado en el contexto migratorio que vive el país.

“Es grave amenazar a la gente con el ICE después de lo que ha sucedido con ellos”, declaró.

El sindicato que representa a la empleada indicó que conoce el video, aunque señaló que aún no puede verificar su autenticidad ni el contexto completo de la grabación.

Varela afirmó que continuará compartiendo su historia para denunciar cualquier acto de discriminación y recordó que el objetivo de hacer público el video fue alentar a otras personas a denunciar situaciones similares.

United Airlines agent threatens to “Call ICE”?on U.S. citizen family traveling at airport.

“Maybe we should call ICE on you,” she says.
“You don’t act like a citizen.”

Employee made threat after customer filming asked for her name?to report her for being racist.

San Francisco? pic.twitter.com/NPW6qA0E3y

— LongTime?FirstTime??? (@LongTimeHistory) July 16, 2026

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El Gobierno de México presentó 20 denuncias ante fiscalías estatales y de condado de Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales ocurridas desde mayo durante operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en una nueva escalada de las acciones emprendidas para exigir el esclarecimiento de los casos.

En un comunidad, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este miércoles que las denuncias fueron interpuestas el pasado 13 de julio por el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, en las jurisdicciones donde ocurrieron los fallecimientos: ocho ante fiscalías estatales y doce ante fiscalías de condado en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Missouri y Texas.

Además de estos recursos, la Embajada de México remitió el 14 de julio al Departamento de Justicia, por conducto del Departamento de Estado, la denuncia elaborada por la Fiscalía General de la República (FGR), con la solicitud formal de abrir investigaciones sobre los 17 casos e informar sobre el curso de las indagatorias.

La Cancillería precisó que las acciones forman parte del seguimiento a las medidas anunciadas el pasado 9 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que el Gobierno mexicano denunciara la muerte de 17 connacionales en operativos o centros de detención del ICE desde mayo de este año.

Asimismo, informó que el embajador Lazzeri sostuvo la semana pasada reuniones con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del ICE, a quienes expresó la preocupación del Gobierno mexicano por las condiciones en los centros de detención, incluidos los administrados por empresas privadas, y solicitó el esclarecimiento de cada uno de los fallecimientos.

En paralelo, el canciller, Roberto Velasco Álvarez, envió una carta al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para solicitar que el organismo recabe información mediante solicitudes de aclaración a Estados Unidos, analice si los hechos son compatibles con los instrumentos internacionales de derechos humanos y emita recomendaciones para prevenir casos similares.

La dependencia agregó que la red consular mantiene el acompañamiento jurídico a las familias de las víctimas, además de brindar apoyo para la repatriación de restos y otras gestiones que soliciten los familiares.

Las nuevas acciones se producen después de que el pasado viernes Estados Unidos devolviera al Gobierno mexicano las cartas en las que expresaba su preocupación por los operativos migratorios y el trato a sus connacionales bajo custodia del ICE.

El alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, argumentó que las misivas pretendían dirigir las acciones del personal estadounidense en su territorio soberano y recomendó a México plantear sus inquietudes mediante los canales diplomáticos habituales.

La tensión bilateral aumentó tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, quien falleció el 7 de julio en Houston (Texas) después de recibir disparos de un agente del ICE durante un operativo migratorio, lo que intensificó los reclamos de México sobre el trato a los migrantes bajo custodia de las autoridades estadounidenses. EFE

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) implementó un nuevo código de vestimenta para sus agentes de deportación luego de varios incidentes que desataron críticas sobre la forma en que se realizan los operativos migratorios en el país, informó The Intercept, quien obtuvo un memorando interno confirmado por funcionarios de la agencia.

La nueva política surge después de dos tiroteos mortales en los que participaron agentes del ICE y de un intento de arresto fallido en el aeropuerto de Las Vegas, donde los oficiales vestían ropa casual y no portaban una identificación visible.

Uniformes obligatorios en operativos

El memorando, firmado por el director interino del ICE, David Venturella, establece que los agentes deberán utilizar uniformes fácilmente identificables durante las operaciones en campo.

Las nuevas reglas, según el medio citado, indican que el uniforme incluirá pantalones tácticos color caqui o marrón, un polo oficial del ICE y chaleco antibalas en operativos de alta visibilidad. Además, prohíben el uso de jeans, sudaderas con capucha, camisetas sin cuello y prendas con estampados.

El documento también ordena que los agentes muestren claramente su placa durante las detenciones.

El incidente en Las Vegas aceleró el cambio

Según The Intercept, la decisión fue impulsada por un operativo realizado la semana pasada en el aeropuerto de Las Vegas, donde un video mostró a dos agentes vestidos con sudaderas intentando detener a un hombre mientras ocultaban parcialmente su identidad. La intervención terminó sin el arresto y provocó fuertes cuestionamientos.

“No parecía profesional. No mostraron ninguna identificación al iniciar el proceso”, declaró un funcionario del ICE bajo condición de anonimato.

Por su parte, Nick Wilson, director sénior de políticas de seguridad pública del Center for American Progress, afirmó que exigir uniformes visibles representa un avance.

“La aplicación de la ley sin identificación es peligrosa, infunde miedo y erosiona la confianza pública”, señaló.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo, en cambio, que el operativo fracasó porque un grupo de personas rodeó a los agentes, obligándolos a retirarse por razones de seguridad.

Funcionarios consultados por el mismo medio consideran que el nuevo código de vestimenta podría marcar el inicio de una transformación más amplia dentro del ICE, con una mayor presencia de agentes uniformados y plenamente identificados durante los operativos.

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Voto Latino y 50 organizaciones interreligiosas, de derechos humanos, empresariales, de inmigración, veteranos y de derechos civiles, enviaron una carta al Congreso exigiendo la presentación inmediata de artículos de juicio político o ‘impeachment’ al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, por el asesinato de inmigrantes.

Las organizaciones exigen una investigación exhaustiva del Congreso sobre la gestión del secretario Mullin que incluya las muertes de personas en centros de detención, los tiroteos perpetrados por agentes del Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), “y otros actos de violencia cometidos por el DHS durante su mandato”.

La exigencia a congresistas se justifica por el asesinato de Lorenzo Salgado Araujo, un padre de familia que recibió disparos de agentes durante una parada de tráfico el 7 de julio de 2026, así como el asesinato de Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años con autorización para trabajar en Estados Unidos, quien recibió disparos de agentes del ICE en Biddeford, Maine, el 13 de julio de 2026.

“Dos hombres latinos han muerto con una semana de diferencia, asesinados por la misma agencia que ha desatado el caos en nuestros barrios”, declaró Beatriz López, directora ejecutiva de Voto Latino. “Cuando asumió la dirección del Departamento de Seguridad Nacional, el secretario Mullin intentó desvincularse de los abusos de su predecesora, Kristi Noem. Pero en los últimos cuatro meses, ha quedado claro que Mullin no es diferente, sino que está exacerbando los peores impulsos de la agencia”.

Además de las muertes de Salgado Araujo y de Durán Guerrero, la carta detalla otras violaciones de derechos documentadas bajo el liderazgo Mullin, incluida la obstrucción a la supervisión del Congreso en el Centro de Detención Delaney Hall en Nueva Jersey, “donde el DHS restringió las visitas y empleó gas lacrimógeno, gas pimienta y porras contra detenidos y activistas que investigaban huelgas de hambre, hacinamiento y una muerte bajo custodia”.

La misiva fue enviada al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson (Louisiana) y al líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries (Nueva York), ya que un proceso de ‘impeachment’ inicia en esa Cámara.

También se envió la carta al republicano Jim Jordan (Ohio), presidente del Comité Judicial, y al demócrata Jamie Raskin (Maryland), miembro demócrata de mayor rango en ese comité; así como al republicano Andrew Garbarino (Nueva York), presidente del Comité de Seguridad Nacional, y al demócrata Bennie Thompson (Mississippi), miembro de alto rango de tal comité.

Desacato del DHS de órdenes judiciales

Los activistas destacan que bajo Mullin, el DHS ha entrado en desacato de al menos 100 órdenes judiciales federales, además de recordar la negativa del propio secretario –durante su comparecencia ante el Senado en junio de 2026–, a comprometerse con el cumplimiento de esas órdenes.

“Separación masiva de familias: más de 205,000 niños han perdido a uno de sus padres por detención desde que la administración asumió el cargo, incluyendo 145,000 niños ciudadanos estadounidenses y más de 22,000 con ambos padres detenidos”, recuerdan las organizaciones.

A eso se suma el aumento de las muertes bajo custodia de ICE con 21 fallecimientos en 2026, ocho de las cuales ocurrieron desde que Mullin asumió el cargo en marzo.

“Instamos a todos los líderes mencionados en esta carta a que la traten con la urgencia que requiere”, añadió López. “Hay vidas en juego, y cada día de inacción es un día más de destrucción para las familias”.

Los defensores también alertan sobre la ampliación de la infraestructura de detención familiar en Texas, Arizona, California y Luisiana, incluida una instalación con capacidad para 528 familias y niños ubicada junto a un centro de vuelos de deportación.

Voto Latino también hizo un llamado a la población a sumarse a la campaña “Una muerte es suficiente”, firmando una petición en MullinMustGo.com, para exigir que el actual titular del DHS sea retirado.

“El Congreso debe actuar, y nuestra comunidad no guardará silencio hasta que se vaya”, indicó López.

Hasta ahora, las autoridades federales culpan a los inmigrantes que murieron recientemente a manos de ICE, como incluso lo indicó el zar de la frontera, Tom Homan.

Entre las organizaciones firmantes están el Center for Gender & Refugee Studies, el Center for Law and Social Policy, la Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), Democracy Power Project, Hispanic Federation, Immigrant Defenders Law Center (ImmDef), Latino Victory Project, Mi Familia Vota, Poder Latinx y UnidosUS Action Fund.

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