El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a un inmigrante jamaiquino que, desde hace cinco años, trabaja como auxiliar de vuelo de Southwest Airlines.
El Sindicato de Trabajadores del Transporte de Estados Unidos (TWU) dio a conocer que, cuando regresaba de un viaje de trabajo, Lorenzo “Enzo” Thompson fue privado de su libertad, el 14 de julio en el Aeropuerto Internacional de Nashville, Tennessee.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la persona detenida ingresó al país a través de Miami, Florida.
Presuntamente, el 17 de abril de 2021, presentó con un documento que le permitía permanecer seis meses en Estados Unidos.
Sin embargo, al vencer el plazo no abandonó el país y eso lo convirtió en un extranjero carente de estatus legal con opción de ser deportado una vez que las autoridades concluyan su proceso.
Mientras tanto, permanece bajo custodia en un centro de detención ubicado en el estado de Misisipi, lugar al cual fue trasladado desde Tennessee a la espera de que se determine su situación legal.
Se han incrementado los operativos antinmigrantes al interior de algunos de los aeropuertos más importantes de Estados Unidos. (AP Photo/Ted Shaffrey)
En una entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC 5, Edward Marq, auxiliar de vuelo y compañero de sindicato del jamaiquino detenido, aseguró que el movimiento sindical defiende desde hace tiempo que “la solidaridad debe existir sin importar la raza, la religión o el estatus migratorio”.
Por su parte, Kristin Foster, amiga del caribeño en riesgo de ser enviado de regreso a su país, inició una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe en espera de obtener el dinero necesario para cubrir los costos de su defensa legal.
“Lorenzo siempre ha sido el primero en ayudar a los demás, sin pedir nada a cambio”, escribió.
Presuntamente, Thompson carece de antecedentes penales y, de lo poco que se conoce de su persona, es que abandonó la nación donde nació y vivió la mayor parte de su vida debido a los problemas de inseguridad que ponían en riesgo su integridad.
A pesar de cumplir cada paso legal en su proceso para obtener una hipotética ciudadanía, las autoridades estadounidenses consideran su situación migratoria es irregular, lo cual justifica su detención.
Durante años, organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que algunos inmigrantes liberados de centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) eran obligados a pagar tarifas de taxi desproporcionadas para abandonar las instalaciones. Ahora, una investigación periodística apunta a un presunto esquema que podría involucrar a un conductor y a una funcionaria de una prisión privada en Mississippi.
De acuerdo con una investigación de The Mississippi Independent, complementada con información de El Molino Informativo, registros públicos, publicaciones en redes sociales y mensajes de texto vinculan al taxista Otis Anderson con Tameka Moore Anderson, teniente del Centro Correccional del Condado de Adams, administrado por la empresa CoreCivic. Aunque hasta ahora no existen cargos penales, las revelaciones reavivaron las denuncias de organizaciones que desde hace años alertan sobre posibles abusos durante el proceso de liberación de personas detenidas por motivos migratorios.
Cobros excesivos a inmigrantes recién liberados
Louisiana Advocates for Immigrants in Detention (LA-AID) sostiene que numerosos inmigrantes fueron obligados a pagar entre $200 y $600 por recorridos de apenas unos minutos hacia estaciones de autobús o puntos de transporte cercanos, pese a que las normas de ICE establecen que, cuando no existe transporte público accesible, los centros deben ofrecer traslados gratuitos.
“Es una amenaza que hemos escuchado muchas veces“, afirmó Frances Kelley, coordinadora de proyectos de LA-AID. Según explicó, algunos detenidos recibían advertencias de que, si no pagaban el taxi asignado, podrían enfrentar problemas para abandonar el centro.
Uno de los casos más recientes involucra a un menor de edad liberado del Centro Correccional del Condado de Adams. De acuerdo con mensajes obtenidos por la investigación, un conductor identificado como “Anderson Taxi” solicitó un pago de $300 antes de trasladarlo junto con otros pasajeros. El familiar del joven esperaba que fuera llevado a una estación de autobuses ubicada a unos 13 minutos del centro, pero el conductor aseguró que el destino sería el aeropuerto de Baton Rouge, a unas dos horas de distancia.
Investigación apunta a posibles vínculos con personal del centro
El reportaje también documenta que Otis Anderson comparte domicilio con Tameka Moore Anderson, quien ha trabajado durante 17 años en el centro de detención y aparece identificada en publicaciones de redes sociales como teniente del área encargada de la recepción y liberación de personas detenidas.
Para los defensores de los derechos de los inmigrantes, esta conexión resulta relevante porque el personal de esa unidad es responsable del proceso de salida de los detenidos, incluyendo la entrega de pertenencias y la coordinación del transporte.
Consultado por The Mississippi Independent, Otis Anderson rechazó responder preguntas sobre las acusaciones y únicamente señaló que no haría comentarios sobre el caso. Por su parte, Tameka Moore Anderson, el director del centro y CoreCivic tampoco respondieron a las solicitudes de información enviadas por el medio.
Organizaciones exigen una investigación
LA-AID asegura que presentó denuncias ante autoridades federales y miembros del Congreso desde hace aproximadamente cinco años, argumentando que varios centros de detención incumplían las normas sobre transporte para personas liberadas.
La organización afirma haber ayudado a cerca de 20,000 inmigrantes durante los últimos años, proporcionándoles traslados, alimentos, hospedaje temporal y apoyo para contactar a sus familias. Sin embargo, sus integrantes sostienen que muchos afectados evitan denunciar por miedo o porque desean alejarse lo antes posible del sistema de detención.
El caso también recuerda otros esquemas similares documentados en Estados Unidos. La investigación cita un proceso federal en Nueva York, donde varios hombres fueron condenados por extorsionar a solicitantes de asilo mediante cobros abusivos por servicios de taxi. Mientras tanto, organizaciones civiles piden que las autoridades revisen las denuncias en Mississippi y determinen si existió una red para aprovecharse de inmigrantes en uno de los momentos más vulnerables de su proceso migratorio.
WASHINGTON.- Una demanda busca detener al gobierno del presidente Donald Trump de realizar una política secreta que recopila, almacena y utiliza información personal de personas que se manifiestan o documentan la aplicación de las leyes de inmigración, incluidas las operaciones de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“Creo que la rendición de cuentas del gobierno comienza con la transparencia”, declaró Nicole Clealand, una de las demandantes. “Las personas deberían tener la libertad de observar y documentar pacíficamente las acciones de su gobierno en público sin temor a ser rastreadas o sufrir represalias. Este caso trata de proteger ese derecho para todos”.
Los demandantes acusan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de crear una especie de “lista negra” sobre personas que se manifiestan o documentan acciones migratorias y deberían estar protegidas por la Primera Enmienda.
“El DHS ha desplegado tecnología de reconocimiento facial, cámaras corporales, información de matrículas, dispositivos móviles y otras herramientas de vigilancia para identificar y rastrear a personas que observan legalmente las medidas de control migratorio en público”, acusa la demanda.
Los demandantes advierten que el DHS ha mantenido y accedido a esos registros, incluido el Sistema Automatizado de Selección de Objetivos (ATS), lo cual permitiría que sean compartidos a otras agencias gubernamentales de aplicación de la ley.
Incluso se alega que el DHS utilizó esa información para revocar a los demandantes sus privilegios de Global Entry –una identificación que permite facilitar el tránsito en aeropuertos– en represalia por ejercer sus derechos constitucionales.
Los demandantes son el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica (EPIC), Cleland, Jacquelyn Ivey y Anna Walker, observadoras legales que han sido objeto de vigilancia y represalias por parte del DHS, indicó la organización Democracy Forward, la cual representa a los demandantes en conjunto con y Hagens Berman Sobol Shapiro LLP.
Los agentes saben todo
En el documento judicial ante la Corte de Distrito Sur en California, se indica que los agentes del DHS no han ocultado su intención de recopilar información ni el objetivo, con casos documentados en Maine, cuando incluso se informó a varios observadores que serían incluidos en una base de datos de “terroristas nacionales”.
En Chicago, los agentes utilizaban el reconocimiento facial en ciudadanos, mientras en Minneapolis, los observadores fueron llevados a sus casas por agentes, en una práctica ya conocida coloquialmente como “ser llevado a casa por el ICE”.
Destaca que, en todo el país, los agentes del DHS se han acercado a los observadores y se han dirigido a ellos “por su nombre completo”, aunque esas personas nunca se identificaron ni mostraron ningún tipo de identificación, lo que desata más preocupaciones.
“No se trata de perder un privilegio; se trata de defender nuestros principios”, dijo Ivey. “El gobierno intenta intimidar a la gente para que mire hacia otro lado en lugar de exigirle responsabilidades. Pero los momentos en que quienes están en el poder se esfuerzan más por silenciarnos suelen ser los momentos en que más necesitamos alzar la voz”.
La demanda acusa que el DHS viola la Ley de Privacidad, la cual prohíbe al gobierno federal mantener registros que describan cómo las personas ejercen sus derechos de la Primera Enmienda –salvo en circunstancias limitadas– y exige que las agencias divulguen y justifiquen por qué recopilan información personal.
“Ahora más que nunca, quienes tenemos el privilegio de expresarnos tenemos la responsabilidad de defender los derechos de todos en nuestras comunidades”, expuso Walker. “Cuando se castiga a las personas por ejercer sus derechos de la Primera Enmienda, comenzamos a perder los principios democráticos que nos protegen a todos”.
Parte de la impugnación se argumenta bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, mientras los demandantes alegan que el DHS tomó represalias ilegales contra ellos.
“Cuando nuestro gobierno recopila expedientes secretos sobre personas comunes por ejercer sus derechos constitucionales, envía un mensaje escalofriante: si alzas la voz, ten cuidado”, advirtió John Davisson, subdirector y director de cumplimiento de EPIC. “Si cada protesta, cada grabación, cada acto de disidencia nos expone a la vigilancia y la represalia, la privacidad y la libertad de expresión corren el riesgo de colapsar”.
La demanda busca anular la política de recopilación secreta de datos y se defienda la Primera Enmienda.
“El gobierno federal no puede crear expedientes secretos sobre las personas porque ejercen su derecho, amparado por la Primera Enmienda, a observar, documentar o criticar pacíficamente sus acciones”, declaró Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward. “Ese es precisamente el tipo de vigilancia gubernamental que el Congreso intentó evitar al promulgar la Ley de Privacidad tras algunos de los capítulos más oscuros de la historia de nuestra nación”.
En el Distrito de la Moda del centro de Los Ángeles, los andenes están semivacíos, no hay grandes clientelas en las tiendas y algunos negocios incluso bajaron las cortinas para siempre: no pudieron sobrevivir tras las dos semanas de redadas de junio de 2025.
“Todo va muy mal. No hay ventas”, dijo Sandra F., cuyo negocio se ubica en la esquina del bulevar Pico y la calle Wall. “La gente ya no viene, tiene miedo al ICE”.
La magnitud de la perturbación comercial fue inmediata tras las agresivas embestidas de agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en nueve corredores comerciales latinos del condado de Los Ángeles, según indica un nuevo estudio del Instituto de Políticas y Política Latina de UCLA (LPPI, por sus siglas en inglés), realizado en colaboración con la organización Inclusive Action for the City.
“Todo va muy mal. No hay ventas”, dice Sandra F. (der.), cuyo negocio se ubica en el bulevar Pico y la calle Wall.Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia
Si bien Sandra no fue parte del informe, en las dos semanas posteriores a las operaciones de control migratorio lideradas por los tristemente célebres Greg Bovino (excomandante de la Patrulla Fronteriza) y Kristi Noem (exdirectora del Departamento de Seguridad Nacional), ella sigue resintiendo la pérdida de ingresos más de un año después.
“No sale ni siquiera para la renta”, agregó la comerciante originaria de Michoacán, México. “Mire, muchos negocios ya cerraron”.
En efecto, a la entrada de los llamados “callejones”, en el Distrito de la Moda, se hallan abajo las cortinas de acero galvanizado.
Hay tiendas que no sobrevivieron el impacto de las redadas en el Distrito de la Moda de Los Ángeles.Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia
Las zonas geográficas afectadas
El informe de UCLA señala que ocho de las nueve ubicaciones (Distrito de la Moda, Distrito de Almacenes, Westlake, Cypress Park, Paramount, Huntington Park, Pacoima y Ladera Heights) registraron una disminución en las visitas a los negocios y la magnitud de dichas caídas varió. La excepción fue la zona de Whittier.
Las nueve ubicaciones presentaban características demográficas diversas, que iban desde barrios con una gran población inmigrante y latina hasta una comunidad históricamente afroamericana (Ladera Heights) y distritos comerciales del centro de la ciudad; cabe destacar que los efectos comerciales de las operaciones de control migratorio no se limitaron a las zonas de mayoría latina.
El reporte combina datos de movilidad de todos los negocios cercanos a los nueve puntos de intervención con encuestas y grupos focales realizados con 75 empresarios latinos de todo el condado.
Los autores de la investigación descubrieron, además, que entre los 989 negocios del sector formal ubicados en un radio de media milla de los nueve puntos de intervención documentados, se registraron 46,000 visitas menos de clientes y pérdidas de ingresos acumuladas estimadas en $3.16 millones de dólares durante las dos semanas posteriores a la actividad de control migratorio.
Son días calurosos en Los Ángeles, pero la afluencia de visitantes al Distrito de la Moda ha sido escasa desde hace ya 13 meses.Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia
En Paramount, 14 días antes de los operativos migratorios, las visitas a negocios fueron de 43,711. Dos semanas después, la cifra disminuyó a 38,916 (-11.0%).
Para el popular Distrito de la Moda del centro de Los Ángeles, los números se establecieron en 942,795 visitas antes de que ICE llegara; dos semanas más tarde, la afluencia bajó a 919,889 (-2.4%), mientras que en Huntington Park, de 105,981 visitas, la presencia de agentes migratorios provocó una disminución a 103,484 (-2.4%).
La ciudad de Paramount experimentó la mayor disminución (-11.0 %), seguida por Ladera Heights (-4.8 %), el Distrito de Almacenes (-4.3 %) y Cypress Park (-3.0 %).
La magnitud de la caída porcentual no siempre correspondía con la escala de la pérdida económica estimada. El Distrito de la Moda registró una de las menores disminuciones en la afluencia de público (-2.4 %); sin embargo, se estima que fue la zona que más ingresos perdió ($1.52 millones de dólares), lo que representa casi la mitad de la pérdida total estimada en las nueve ubicaciones.
En cambio, en Paramount —donde se registró la mayor caída en la afluencia de público— se estima que la pérdida fue menor ($367,000 dólares), mientras que en el área de Westlake fue de $620,000 y en Huntington Park de $332,293.
La diferencia en las mermas refleja, en parte, el número de negocios ubicados dentro del radio de influencia de cada una.
“Nuestros datos muestran que había más de 550 negocios en un radio de media milla alrededor de Ambiance Apparel —donde el ICE llevó a cabo una operación el 6 de junio de 2025—, frente a los 18 negocios situados en un radio de media milla de la ubicación de Paramount”, indican los autores del reporte.
Así lucen de manera regular los llamados callejones del Distrito de la Moda, en el centro de Los Ángeles.Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia
Muchas pérdidas económicas y pesadillas
Óscar Fernández, gerente y propietario de “Home Boy Big & Tall”, ubicado en el 330 de E. Pico Boulevard, le contó a La Opinión que abrió su negocio en mayo de 2025 y que, un mes después, se realizaron las redadas de inmigración.
“Hasta ahora he perdido medio millón de dólares y apenas he recuperado una cuarta parte”, estimó. “Aún falta que regrese el 60% de mis clientes que venían antes de las redadas”.
Fernández, originario de Mazatlán, Sinaloa, expresó que el negocio está afectado por altos costos, como rentas y salarios, que ascienden a $5,000 mensuales. Mencionó que “sobrevive” gracias a las ventas de fin de semana.
De la misma manera, Lorraine Brice, gerente del restaurante de mariscos estilo Sinaloa, “La Doñita”, manifestó que asumió bastantes pérdidas, pero que ya se están recuperando.
“La intensificación de las medidas federales de control migratorio ha devastado nuestras comunidades y nuestra economía”, señaló Rudy Espinoza, director ejecutivo de Inclusive Action for the City.
“Pequeñas empresas y corredores comerciales han quedado vacíos, mientras los propietarios y trabajadores luchan por salir adelante y las familias sufren. Esta investigación [de UCLA] pone de relieve el terrible impacto de estas políticas y ofrece a los miembros de nuestra comunidad una plataforma para compartir su realidad”.
Los autores del reporte constataron que la presión financiera en los negocios y el deterioro de la salud se retroalimentaban mutuamente. El miedo, la incertidumbre prolongada y la presión económica afectaron la salud de los emprendedores, lo que a su vez limitó su capacidad para trabajar, gestionar sus negocios y recuperarse.
La tienda “Ever Cristal & Mineral Store”, en Huntington Park, totalmente vacía. Su dueño, un hombre de El Salvador, dice que vive una “pesadilla americana”.Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia
Justamente, uno de quienes se han visto afectados por la presión de las bajas ventas y las pocas visitas es el salvadoreño Josué Quijada, cuyo negocio se llama “Ever Cristal & Mineral Store”, ubicado en el bulevar Pacific de Huntington Park.
“Ya quiero vender toda la mercancía que tengo”, mencionó a La Opinión el nacido en el departamento de La Libertad. “Se acabó el sueño americano después de 30 años; ya quiero dejarlo todo e irme de Estados Unidos. Lo que estoy viviendo es la pesadilla americana”.
Su estresante situación se debe a que el fin de semana sus ventas apenas totalizaron $300 dólares, $40 el miércoles y nada el jueves.
“Ya gasté $80,000 en cubrir la renta del local cada mes; eran mis ahorros, y ahora me cuesta pagar los $3,500 mensuales. Tengo problemas con el dueño, pero ya quiero cerrar para siempre”.
Más hallazgos del informe de UCLA
Todos los propietarios de pequeñas empresas participantes reportaron menos clientes y menos ventas.
El 59% reportó caídas de ingresos superiores al 50%, mientras que otro 20% reportó descensos entre el 26% y el 50%.
El 68% cerró temporalmente o redujo sus horarios de funcionamiento.
El 51% informó que el personal faltaba al trabajo por temor a las medidas de control.
Casi un año después del inicio de las redadas, el 95% seguía reportando estrés financiero.
El 52% señaló que los ingresos ya no cubren de manera constante los costos operativos, mientras que otro 43% indicó que apenas cubría los gastos, con poco o ningún beneficio económico.
Óscar Fernández, propietario de “Home Boy Big & Tall”, calcula que ha perdido medio millón de dólares. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia
El 76% de los participantes informó haber sufrido un impacto emocional considerable.
En los grupos focales, los participantes describieron sentimientos persistentes de miedo, ansiedad, depresión, alteraciones del sueño, hipervigilancia y estrés.
Los consultados reportaron trastornos gastrointestinales, ataques de pánico, agravamiento de enfermedades crónicas y otras dolencias relacionadas con el estrés. Varios indicaron haber comenzado a tomar nuevos medicamentos, aumentado las visitas médicas o haber requerido de hospitalización.
Los propietarios relataron cómo tranquilizaban a clientes asustados y reconfortaban a empleados y familiares, todo ello mientras lidiaban con su propia ansiedad.
La Fiscalía de Colorado presentó cargos por delitos graves contra un empleado de GEO Group, la empresa privada que administra el Centro de Procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Aurora, luego de que presuntamente disparara contra una manifestante durante una protesta realizada frente a las instalaciones la semana pasada.
El acusado, Brandon Booth, de 42 años, enfrenta un cargo de agresión en primer grado y otro de intento de agresión en primer grado, ambos considerados delitos graves bajo la legislación estatal. De acuerdo con la fiscalía, Booth utilizó un arma de fuego de su propiedad para disparar en dirección a dos mujeres que participaban en una manifestación contra las políticas migratorias del gobierno federal.
El incidente ocurrió cuando un grupo de manifestantes se encontraba en el exterior del centro de detención documentando con fotografías la llegada de empleados a las instalaciones. Según la Policía de Aurora, entre los participantes y trabajadores del centro se produjo una confrontación verbal antes de que Booth descendiera de su vehículo y realizara un disparo.
La bala alcanzó a Emma Landis, de 22 años, quien sufrió una lesión en un pie. Tras el incidente, Booth abandonó el lugar en su automóvil, pero fue localizado y detenido poco después por las autoridades.
NEWS RELEASE: A man has been arrested in connection with a shooting that left a woman injured Thursday night.
Shortly before 7:30 p.m. on July 16, 2026, the Aurora Police Department responded to reports of a shooting in the 3100 block of N. Nome Street. Responding officers? pic.twitter.com/AqCgVsUpiV
Fiscalía presenta cargos mientras continúa la investigación
Los fiscales informaron que el delito de agresión en primer grado puede ser castigado con penas de entre 10 y 32 años de prisión, mientras que el cargo por intento de agresión contempla una sentencia de entre cinco y 16 años. Durante su primera comparecencia ante la corte, Booth no presentó una declaración sobre su culpabilidad. El juez fijó una fianza de 100,000 dólares y programó una nueva audiencia para el próximo 13 de agosto.
Aunque la declaración jurada de arresto elaborada por la Policía de Aurora incluía posibles acusaciones por intento de homicidio, amenazas graves y delitos relacionados con armas de fuego, la Fiscalía optó por no presentar esos cargos en esta etapa del proceso.
Según documentos judiciales citados por medios locales, Booth declaró a los investigadores que su intención era únicamente ahuyentar a los manifestantes porque, según afirmó, le impedían ingresar al centro de procesamiento. También reconoció ante la policía que, al darse cuenta de que estaba siendo grabado, comprendió que había cometido “una estupidez”.
Las versiones de las víctimas difieren de ese relato y sostienen que el disparo fue dirigido hacia ellas mientras cruzaban la calle tras una serie de intercambios verbales con empleados del centro.
An ICE contractor shot a protester as she walked away, then fled.
DHS must answer for it. So must the administration that created this climate of impunity. https://t.co/ksMWus3SDp
GEO suspende al empleado y persisten críticas al centro de Aurora
Tras el tiroteo, GEO Group confirmó que Booth se encontraba fuera de servicio cuando ocurrió el incidente y anunció su suspensión sin goce de sueldo mientras avanzan las investigaciones. “Tenemos conocimiento de que un empleado del Centro de Procesamiento de ICE de Aurora, que se encontraba fuera de servicio, estuvo involucrado en un tiroteo”, señaló un portavoz de la empresa en un comunicado. “Esta persona ha sido suspendida de sus funciones sin goce de sueldo y cooperaremos plenamente con las autoridades”.
Emma Landis, quien continúa recuperándose de la herida, regresó días después a una protesta frente al mismo centro de detención apoyándose en muletas y con la pierna vendada. “Estábamos en la acera protestando, y se burlaban de nosotros y nos amenazaban. Y cuando cruzábamos la calle, fue entonces cuando me disparó. Jamás pensé que algo así pudiera suceder”, declaró la joven.
El caso ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre los centros de detención migratoria administrados por contratistas privados y después de otros incidentes relacionados con operativos de ICE registrados este año.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes continúan denunciando presuntas deficiencias en las condiciones de detención, atención médica y seguridad dentro de estas instalaciones, incluido el centro de Aurora, que recientemente también enfrentó cuestionamientos tras la confirmación de un caso de tuberculosis.
Los residentes de Santa Rosa, en el norte de California, podrían encontrarse este jueves por la noche con una escena capaz de generar preocupación: personas vestidas como agentes de inmigración, vehículos de producción y actividades que podrían parecer parte de un operativo federal.
Sin embargo, las autoridades municipales aclararon que no se tratará de una redada de ICE ni de una acción policial. Todo formará parte de la filmación de una película independiente en el centro de la ciudad.
“Algunas escenas pueden parecer reales”, advirtió la ciudad en un aviso difundido tanto en inglés como en español para evitar confusión y alarma entre los vecinos.
La producción está programada para la noche del jueves 23 de julio y se extenderá durante cerca de cinco horas. Los actores interpretarán a agentes migratorios y miembros de las fuerzas del orden como parte de una escena rodada en el centro de Santa Rosa.
La ubicación exacta no fue revelada públicamente. Una portavoz de la ciudad explicó que la decisión busca evitar concentraciones de curiosos que puedan interferir con la filmación o provocar problemas de seguridad.
En las inmediaciones habrá controles de tránsito y carteles bilingües para señalar que se trata de una producción cinematográfica y no de una operación real.
Por qué la ciudad decidió advertir a los residentes
El aviso adquiere especial importancia por la preocupación que generan los operativos migratorios en las comunidades de California. Cerca de un tercio de la población de Santa Rosa se identifica como hispana o latina: el censo de 2020 registró más de 61,000 habitantes de ese origen sobre una población total de aproximadamente 178,000 personas.
La advertencia municipal fue compartida más de un centenar de veces en redes sociales, una reacción que, según medios locales, refleja la sensibilidad existente ante cualquier posible presencia de agentes migratorios.
Las autoridades señalaron además que las leyes de California y las políticas del Departamento de Policía de Santa Rosa limitan el uso de recursos locales para colaborar con acciones federales de inmigración.
La escena forma parte de “The Silence We Flee”, una película escrita y dirigida por el cineasta local Hassan Mageye.
La historia sigue a Naomi, una joven africana que solicita asilo en Estados Unidos después de escapar de la violencia en su país. La protagonista debe enfrentarse a un sistema migratorio complejo mientras intenta reconstruir su vida y superar los recuerdos de lo ocurrido. La actriz ugandesa Nisha Kalema interpreta el papel principal.
La producción ya filmó otras escenas en Santa Rosa, Petaluma, Rohnert Park y el condado de Lake, y tiene previsto continuar posteriormente en locaciones internacionales.
Santa Rosa impulsa las producciones audiovisuales
La ciudad lanzó en 2026 el programa SR Film, una iniciativa destinada a ayudar a las productoras con permisos, selección de locaciones, coordinación con otras dependencias y recursos logísticos.
Funcionarios locales explicaron que las filmaciones pueden beneficiar a los comercios, los trabajadores y la economía de la zona. No obstante, indicaron que la ciudad solo puede regular cuestiones operativas —como tránsito, seguridad y ocupación del espacio público— y no el contenido de una película, protegido por la Primera Enmienda.
El Gobierno de México elevó este jueves la presión sobre las autoridades de Florida al solicitar una “investigación exhaustiva” para esclarecer la muerte de Juan Jairo Coronilla Durán, un ciudadano mexicano de 28 años que falleció tras ser atropellado durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en St. Augustine, condado de St. Johns, el pasado 14 de julio.
A través del Consulado de México en Orlando, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que mantiene un seguimiento permanente del caso y que ya solicitó formalmente a la Patrulla de Carreteras de Florida (Florida Highway Patrol, FHP) investigar las circunstancias que rodearon el incidente y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes.
“Como parte de las acciones de protección consular, el Consulado solicitó a la Patrulla de Carreteras de Florida la realización de una investigación exhaustiva que permita esclarecer las circunstancias de los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes”, señaló la representación diplomática en un comunicado. El Gobierno mexicano también expresó sus condolencias a la familia del connacional y reiteró que continuará brindando asistencia consular y acompañamiento durante todo el proceso.
? COMUNICADO
El Consulado de México en Orlando brinda acompañamiento y seguimiento puntual ante el fallecimiento de un connacional en St. Johns, Florida
— Consulado de México en Orlando (@ConsulMexOrl) July 23, 2026
Consulado brinda apoyo a la familia y mantiene gestiones diplomáticas
Aunque el comunicado oficial no identificó a la víctima por su nombre, el Gobierno del estado de Guanajuato confirmó previamente que se trata de Juan Jairo Coronilla Durán, originario del municipio de San Luis de la Paz. De acuerdo con las autoridades mexicanas, desde que se conoció el caso, personal del Consulado en Orlando estableció contacto con los familiares para ofrecer orientación sobre los procedimientos legales y apoyar las gestiones necesarias, incluida la eventual repatriación del cuerpo.
La esposa de la víctima, Jessica Alamilla, declaró previamente a medios locales que Coronilla Durán había llegado recientemente a Estados Unidos. “Él tenía una visa de turista, tenía poco, tenía tres semanas (en Estados Unidos), aquí en Florida tenía dos días”, afirmó.
Hasta ahora, ni las autoridades estadounidenses ni el Gobierno mexicano han precisado oficialmente cuál era el estatus migratorio del ciudadano mexicano al momento del operativo. La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó además que mantiene conversaciones diplomáticas con autoridades estadounidenses para expresar su preocupación por diversos procedimientos de detención y arresto que, según señaló, “han derivado en consecuencias lamentables”.
?? México pide investigar muerte de migrante
México solicitó a Florida una investigación exhaustiva por la muerte del mexicano Juan Jairo Coronilla Durán durante un operativo del ICE. El Consulado en Orlando brinda apoyo a su familia y dará seguimiento al caso. ??#México#ICEpic.twitter.com/5h8RWfZhbS
El caso aumenta el escrutinio sobre los operativos de ICE
Según la información disponible, Coronilla Durán murió después de huir a pie durante un operativo encabezado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Mientras intentaba escapar, fue embestido por un camión en una carretera del condado de St. Johns. El Departamento de Seguridad Nacional informó que tanto la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) como la Patrulla de Carreteras de Florida mantienen abierta una investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos.
La muerte del mexicano ocurre en medio de un creciente debate sobre las tácticas utilizadas por agentes migratorios durante operativos de detención en distintas partes del país. En las últimas semanas también se registraron otros incidentes fatales relacionados con acciones de ICE, entre ellos la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Texas y del ciudadano colombiano Joan Sebastián Guerrero en Maine, ambos durante intervenciones de agentes federales.
Ante ese contexto, la Cancillería mexicana informó que continuará utilizando “todos los instrumentos consulares, jurídicos y diplomáticos” para proteger los derechos de los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos. Asimismo, recordó que recientemente presentó denuncias ante fiscalías estatales y de condado relacionadas con el fallecimiento de 17 mexicanos en operativos o bajo custodia de ICE, además de solicitar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos información sobre esos casos.
Mientras avanzan las investigaciones, el Gobierno de México insiste en que las autoridades estadounidenses esclarezcan plenamente lo ocurrido con Juan Jairo Coronilla Durán y determinen si existieron responsabilidades durante el operativo migratorio.
Los recientes operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)tienen atemorizada a la comunidad del vecindario de Panorama City, en Los Ángeles, tras el arresto de varias personas por los agentes federales.
Al menos cinco camionetas, con un número indeterminado de agentes irrumpieron el 21 de julio en diferentes puntos del vecindario angelino, donde llevaron a cabo operativos en los que arrestaron a varias personas que se encontraban en el lugar laborando o en camino a sus trabajos.
La presencia de los agentes federales de inmigración se reportó en las áreas cercanas a Tobias Avenue, Rayen Street y Parthenia Street, lo que reavivó la inquietud entre los miembros de la comunidad latina de la zona.
Entre las personas detenidas por ICE estaba Jesús Muñoz, inmigrante mexicano de 45 años, quien fue detenido por los agentes aproximadamente a las 6:00 a.m. cuando caminaba hacia su automóvil para dirigirse a su trabajo.
La hija de Jesús Muñoz, Emily, de 19 años, reconoció que ella y su madre viven con angustia después de enterase del arresto de su padre a través de llamadas telefónicas.
“Estamos muy asustadas y perdidas. Me desperté, contesté y era mi papá. Me dijo que ICE lo detuvo y que me llamaba desde un número de Camarillo“, declaró Emily en una entrevista con la cadena Univision.
Sin embargo, el esposo de la comerciante no tuvo la misma suerte y fue detenido por los agentes federales.
“Escuché ruidos y me asomé. Vi que la señora que vende tamales se metió porque conoce la clave del edificio. Se llevaron a su esposo, porque ella logró cerrar”, relató Lucía Macías, quien vive en la calle donde ocurrió el operativo.
Las recientes redadas de ICE en Panorama City hicieron que el sentimiento de temor regresara a los miembros de la comunidad, pese al estatus migratorio que tuvieran.
A pesar de tener residencia legal, Lucía Macías confesó que vive con miedo constante de ser detenida por la migra.
“La verdad es que lo que estamos viviendo es algo horrible. En los 38 años que tengo viviendo aquí nunca habíamos sentido esto“, dijo Macías.
“Yo ya salgo con mis papeles conmigo, ya no anda uno seguro en este país, aunque tengamos papees no estamos seguros”, agregó la vecina de Panorama City.
Un conocido influencer, vendedor ambulante, fue detenido durante un operativo que ICE llevó a cabo este miércoles 22 de julio en el estacionamiento de un centro comercial de Panorama City.
Mauricio Lozano, de 34 años, originario de El Salvador, fue arrestado alrededor del mediodía de este miércoles, según dijo Jaime Barrera, otro vendedor ambulante, quien grabó el incidente con su celular.
“Estábamos trabajando cuando agentes de ICE llegaron, y solo nos dijeron: ‘La migra’”, expresó Barrera, en una entrevista con la cadena Telemundo.
Jaime tuvo oportunidad de grabar la detención desde lejos, mientras también alertaba a otros miembros de la comunidad sobre la presencia de los agentes de ICE en el estacionamiento del centro comercial.
“Cuando ellos llegaron, nosotros salimos corriendo. Entonces mi compañero, Mauricio, conocido como ‘La Colochona’ aquí en el valle, corrió y le cayeron encima“, dijo Barrera.
Además de ser vendedor ambulante, Mauricio Lozano también tiene su actividad como influencer, con más de 100,000 seguidores en las redes sociales.
“Él tiene una hija. Entonces, es triste, ¿verdad?, porque los hijos son los que sufren, los que pasan todo esto”, agregó Barrera.
Jaime dijo que él no corrió cuando llegaron los agentes, sino que se alejó tranquilamente antes de comenzar a grabar el arresto de Mauricio.
Otros vendedores ambulantes de Panorama City confirmaron que los operativos de ICE aumentaron desde hace unas semanas, como lo denunciaron activistas defensores de los inmigrantes.
La congresista Sydney Kamlager-Dove, representante del Distrito 37 de California, exigió este jueves al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que se proporcione atención médica adecuada a uno de sus electores, Carlitos Ricardo Parias, quien está detenido en su instalación de Adelanto.
En un comunicado, Kamlager-Dove dijo que Parias fue víctima tras recibir un balazo en un brazo durante un operativo de control migratorio en octubre de 2025.
Kamlager-Dove mencionó que a Parias, desde que permanece en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, se le ha negado una atención médica adecuada por los problemas de salud que padece como consecuencia del balazo que recibió cerca del codo.
“Carlitos es padre, esposo y voluntario en nuestra comunidad, quien incluso fue reconocido por el Ayuntamiento por su servicio”, declaró la congresista en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Kamlager-Dove realizó a finales de mayo una visita de supervisión a la instalación de ICE en Adelanto, donde tuvo un encuentro con Parias y obtuvo su historial médico.
“Visité a Carlitos a finales de mayo. Tenía la mano morada. Los dedos atrofiados. Sufre de dolor de cabeza y dolor en los nervios. Me preocupa que pueda tener una infección ósea y que le tengan que amputar el brazo”, agregó.
La representante de California aseguró que el hombre hispano necesita atención médica urgente, así como muchos otros inmigrantes que permanecen detenidos en Adelanto.
Gracias a la labor de la congresista de California, la semana pasada, un juez ordenó cambios radicales para mejorar las condiciones en que mantienen bajo custodia a los inmigrantes detenidos en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto.
“Es hora de que ICE cumpla con las órdenes de este juez y ponga fin a esta crueldad, tanto en Adelanto como en todo el país”, reiteró Kamlager-Dove.
Una coalición de 24 estados y el Distrito de Columbia presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump por condicionar el acceso a miles de millones de dólares en fondos federales para desastres y emergencias al cumplimiento de políticas federales relacionadas con inmigración, elecciones y otros asuntos que, según los demandantes, exceden la autoridad del gobierno federal.
La querella fue interpuesta este jueves ante un tribunal federal en Rhode Island y sostiene que las nuevas condiciones impuestas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) violan la Constitución de Estados Unidos y la Ley de Procedimiento Administrativo al modificar unilateralmente requisitos aprobados por el Congreso.
Los fiscales generales que impulsan el litigio afirman que la Casa Blanca intenta utilizar recursos destinados a la seguridad pública como una herramienta de presión política para obligar a los estados a adoptar prioridades de la administración Trump, entre ellas una mayor cooperación con las autoridades federales de inmigración y cambios en sus sistemas electorales.
“La Administración ya ha perdido batallas similares en los tribunales, y prevemos que este último intento ilegal también fracasará. Nuestras comunidades merecen algo mejor que ver sus recursos esenciales envueltos en juegos políticos”, declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, quien encabeza la demanda junto con su homólogo de Illinois, Kwame Raoul.
NEW: In a national lawsuit, California is suing to STOP TRUMP from using critical counterterrorism and FEMA funding as leverage to force states to restrict voting rights.
— Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) July 23, 2026
Los estados cuestionan nuevas condiciones para acceder a recursos federales
De acuerdo con la demanda, los estados deberán cumplir diversos requisitos para conservar los fondos de FEMA y otros programas del DHS. Entre ellos figuran colaborar con las autoridades federales en la aplicación de las leyes migratorias, aceptar nuevas disposiciones relacionadas con la administración electoral y someterse a cláusulas que permitirían al gobierno federal cancelar las subvenciones bajo criterios considerados discrecionales.
Los demandantes sostienen que estas condiciones nunca fueron autorizadas por el Congreso y que representan una invasión a las facultades constitucionales de los estados.
El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, acusó a la administración de utilizar la seguridad de los estadounidenses como mecanismo de presión política. “Una vez más, la administración Trump amenaza con poner en peligro la seguridad pública al retener ilegalmente miles de millones de dólares en fondos esenciales. Esta administración está utilizando la seguridad de los estadounidenses como moneda de cambio al intentar coaccionar a los estados para que renuncien a su derecho constitucional a promulgar políticas y leyes que beneficien a sus residentes”, afirmó.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no había emitido una respuesta oficial sobre la demanda.
To keep us all safe, FEMA is meant to fund every states’ counterterrorism & disaster preparedness efforts.
The Trump Admin threatens our safety when it plays politics with these funds–now for the third time. So yet again, I’m co-leading a suit to stop these unlawful conditions. pic.twitter.com/xlILAri3Su
— Attorney General Jennifer Davenport (@NewJerseyOAG) July 23, 2026
Gobernadores y fiscales recuerdan fallos previos contra la Casa Blanca
Los estados también argumentan que los tribunales federales ya han bloqueado intentos similares de la administración para condicionar distintos programas de financiamiento federal. El gobernador de California, Gavin Newsom, sostuvo que el presidente no puede utilizar los recursos de emergencia para obligar a los estados a modificar sus leyes electorales o sus políticas públicas.
La nueva demanda señala que, para el ejercicio fiscal 2026, el gobierno federal pretende imponer requisitos que incluyen el uso de boletas de papel, auditorías manuales de elecciones, conciliación de listas de votantes y verificación de ciudadanía en los registros electorales estatales. Los estados advierten que el incumplimiento de estas exigencias podría traducirse en la pérdida de al menos el 20% de los recursos del Programa de Subvenciones para la Seguridad Nacional, fondos destinados a fortalecer la respuesta ante ciberataques, terrorismo y otras amenazas.
Además de California e Illinois, la demanda fue respaldada por Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
