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  • Dónde puede estar un familiar detenido por ICE: cómo ubicarlo paso a paso

    Dónde puede estar un familiar detenido por ICE: cómo ubicarlo paso a paso

    No saber dónde está un familiar detenido es una de las situaciones más angustiantes que puede atravesar una familia inmigrante en Estados Unidos. A veces la última noticia fue una llamada corta. Otras, simplemente alguien dejó de responder mensajes después de una cita migratoria, un control de tránsito o un operativo. La incertidumbre se vuelve desesperante: ¿Lo detuvo ICE? ¿Está en una cárcel local? ¿Lo trasladaron? ¿Todavía sigue en la misma ciudad?

    Aunque el proceso no siempre es rápido ni transparente, sí existen herramientas oficiales para intentar localizar a una persona bajo custodia migratoria. El problema es que muchas familias no saben por dónde empezar, qué datos necesitan o qué hacer si el nombre no aparece en el sistema.

    Si sospechas que un familiar fue detenido por autoridades migratorias, esta guía puede ayudarte a ordenar la búsqueda y entender dónde podría estar según el estado donde ocurrió el arresto.

    donde esta una persona detenida por ice
    ICE locator: hay herramientas para rastrear a una persona en centros de detención ICE.
    Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

    El primer paso: verificar si ICE tiene a la persona bajo custodia

    La herramienta oficial para buscar detenidos es el sistema del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), conocido como Online Detainee Locator System.

    Allí se puede buscar de dos maneras. La más efectiva es con el número A, también llamado A-Number o número de extranjero. Es un identificador migratorio que suele figurar en documentos de inmigración, permisos de trabajo, notificaciones de USCIS o expedientes judiciales. Si tienes ese dato, la búsqueda suele ser mucho más precisa.

    Si no lo tienes, todavía puedes intentar con nombre completo, fecha de nacimiento y país de nacimiento.

    Aquí hay un detalle importante: si la persona fue detenida hace muy pocas horas, es posible que todavía no figure en el sistema. También puede pasar que el nombre haya sido cargado con errores, con el apellido invertido o con una variación distinta a la que usa habitualmente.

    Puedes ver: Trabajadores inmigrantes exigen ayuda urgente ante aumento de redadas de ICE en California

    Qué hacer si no aparece en el buscador de ICE

    Que no aparezca no significa necesariamente que no esté detenido. Muchas familias se bloquean en ese punto y asumen lo peor, pero hay varias explicaciones posibles. La más común es el tiempo de procesamiento. Una detención reciente puede tardar en reflejarse.

    Otra posibilidad es que la persona todavía no haya sido transferida formalmente a custodia migratoria y siga en manos de otra autoridad.

    También ocurre que los registros administrativos no coinciden exactamente con el nombre que la familia conoce. En ese caso, conviene volver a intentar unas horas después (especialmente si la detención fue el mismo día).

    Puedes ver: Redadas de ICE: los estados donde crecen los arrestos y el miedo entre inmigrantes

    Recomendaciones si no encuentras a tu familiar en el buscador oficial

    • Probar distintas variantes del nombre: Con segundo apellido, sin acentos, con nombres invertidos o abreviados.
    • Contactar a la cárcel local del condado: En muchos casos, el primer destino no es ICE sino una cárcel local.
    • Llamar a la oficina regional de ICE: Si sabes en qué ciudad ocurrió el arresto.
    • Consultar con un abogado migratorio: Si ya existía un caso abierto o una audiencia pendiente.
    redadas de ice en estados unidos mayo 2026
    Los arrestos de ICE crecen en el centro y sur de EE.UU., según datos oficiales.
    Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

    Texas: una detención puede terminar a cientos de millas de donde ocurrió

    Texas es uno de los estados donde más incertidumbre genera este tipo de situaciones porque las transferencias son frecuentes. Una persona detenida en Houston puede terminar en otra ciudad. Lo mismo alguien arrestado en Dallas, San Antonio, Austin, El Paso, McAllen o Laredo.

    Es que, por su cercanía con la frontera y el volumen de operativos migratorios, Texas concentra múltiples centros de detención y movimientos constantes entre instalaciones. Para las familias, eso significa que encontrar rápidamente a una persona no siempre es sencillo.

    Florida: el endurecimiento migratorio elevó la preocupación entre inmigrantes

    Florida se volvió uno de los estados más sensibles para la comunidad inmigrante en los últimos años. Si una detención ocurrió en Miami, Orlando, Tampa, Fort Lauderdale o Jacksonville, la persona podría pasar primero por instalaciones locales antes de aparecer en registros federales.

    Eso suele generar horas —o incluso más tiempo— de incertidumbre para quienes intentan ubicarla. En algunos casos, el arresto ni siquiera comienza como un operativo migratorio, sino como una interacción con autoridades locales.

    California: el sistema puede ser más complejo de seguir

    California tiene la mayor población inmigrante del país, pero el mapa institucional es menos lineal. No todas las jurisdicciones colaboran igual con ICE, lo que puede hacer más confuso entender dónde terminó una persona detenida. Los casos más comunes se concentran en Los Ángeles, San Diego, San Francisco y Sacramento.

    Dependiendo del caso, podría estar en una instalación federal, un centro contratado o bajo custodia local.

    Detenciones en Nueva York y Nueva Jersey

    Existe la percepción de que en estados con políticas más protectoras para inmigrantes no ocurren detenciones migratorias. No es así. Nueva York, Long Island, Newark, Jersey City, Elizabeth o Paterson siguen registrando operativos y arrestos vinculados con inmigración.

    La diferencia es que el recorrido institucional puede ser distinto.

    Otros estados donde la búsqueda también suele concentrarse

    Por tamaño de población inmigrante y actividad migratoria, también suelen registrarse casos en:

    • Illinois: Con foco especialmente en Chicago y alrededores.
    • Georgia: Sobre todo en Atlanta y condados cercanos.
    • Arizona: Particularmente Phoenix, Tucson y Yuma, por cercanía con la frontera.

    Si ICE no tiene a tu familiar, puede estar en otra agencia. Este punto es clave: no toda persona desaparecida tras un arresto está automáticamente en ICE.

    También podría estar bajo custodia de:

    • CBP: Si fue detenido cerca de frontera, aeropuerto o punto de ingreso.
    • Policía local o sheriff: Si hubo primero una detención por otro motivo.
    • US Marshals: En procesos federales específicos.

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    Qué información conviene reunir antes de empezar

    Cuanto más ordenada esté la búsqueda, mejor. Ayuda tener a mano:

    • Nombre legal completo.
    • Fecha de nacimiento.
    • País de nacimiento.
    • Número A si existe.
    • Ciudad donde ocurrió la detención.
    • Fecha aproximada.
    • Cualquier documento migratorio previo.

    Qué hacer si logras localizarlo

    Encontrarlo no resuelve todo, pero cambia completamente el panorama. Lo primero es confirmar en qué centro está, si puede hacer llamadas, si aceptan visitas, qué tribunal migratorio lleva el caso y si ya tiene fecha de audiencia.

    En estos casos, el tiempo importa. Especialmente si hay riesgo de traslado o proceso acelerado.

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  • Migrantes en Nueva Jersey mantienen huelga de hambre en centro de ICE: qué denuncian

    Migrantes en Nueva Jersey mantienen huelga de hambre en centro de ICE: qué denuncian

    La tensión crece en torno al centro de detención migratoria Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, donde cientos de migrantes detenidos mantienen una huelga de hambre y de trabajo para denunciar las condiciones dentro de la instalación, según familiares, activistas y legisladores estatales.

    La protesta comenzó el viernes y continuó durante el fin de semana, mientras grupos de apoyo se concentraban frente al edificio para pedir acceso al centro y exigir la liberación de personas vulnerables. De acuerdo con reportes de distintos medios nacionales, los detenidos denuncian hacinamiento, comida en mal estado, falta de atención médica y retrasos prolongados en sus procesos migratorios.

    Delaney Hall es una instalación ubicada en Newark y operada por GEO Group bajo contrato con ICE. El centro ya había estado bajo escrutinio público por denuncias previas sobre condiciones de detención y por protestas de organizaciones de derechos de inmigrantes.

    Puedes ver: Sigue huelga de hambre en centro de ICE de Nueva Jersey durante inspección de congresistas

    Legisladores pidieron acceso al centro

    El caso tomó mayor visibilidad después de que legisladores demócratas de Nueva Jersey visitaran el lugar. El senador Andy Kim y el congresista Rob Menendez hablaron con detenidos y expresaron preocupación por los testimonios recibidos, según reportó Gothamist.

    La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, también intentó ingresar al centro el lunes, pero se le negó el acceso por razones de seguridad, de acuerdo con reportes locales.

    Choques afuera de Delaney Hall

    Durante las protestas de este lunes, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales frente al centro. ABC7NY informó que una sustancia química fue rociada durante los choques, aunque no estaba claro quién la utilizó ni de qué tipo de químico se trataba.

    El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que los agentes siguieron los protocolos y acusó a manifestantes de bloquear accesos y dañar vehículos. Activistas, en cambio, denunciaron uso excesivo de la fuerza y represalias contra detenidos.

    DHS niega la versión de los activistas

    El Departamento de Seguridad Nacional ha rechazado parte de las denuncias y, según reportes, negó que exista una huelga generalizada dentro del centro. Organizaciones de defensa de inmigrantes y familiares sostienen lo contrario y afirman que la protesta involucra a cerca de 300 detenidos.

    Por ahora, las versiones siguen enfrentadas. Lo confirmado es que Delaney Hall volvió a quedar en el centro de una disputa mayor sobre las condiciones de detención migratoria en Estados Unidos, mientras familiares de los detenidos piden información, acceso y supervisión independiente.

    Cuántos migrantes hay en Delaney Hall y por qué ya estaba bajo la lupa

    Delaney Hall es uno de los centros de detención migratoria más grandes de la costa este de Estados Unidos. La instalación tiene capacidad para hasta 1,000 detenidos, según información oficial del propio gobierno federal.

    De acuerdo con activistas y medios que siguen el caso, la protesta actual involucraría a cerca de 300 migrantes, aunque el Departamento de Seguridad Nacional cuestiona esa cifra y rechaza que sea algo generalizado.

    Como dijimos, no es la primera vez que Delaney Hall queda en el centro de la controversia. Desde su reapertura como centro de detención migratoria, la instalación enfrentó cuestionamientos por parte de autoridades locales, legisladores y organizaciones de derechos civiles por denuncias sobre condiciones internas, acceso legal y supervisión.

    La magnitud del centro también lo convirtió en una pieza clave dentro de la estrategia de detención migratoria del gobierno federal en el noreste del país. Por eso, la lupa sobre Delaney Hall y la evolución del conflicto mantiene en vilo a inmigrantes en diferentes estados.

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  • DHS evalúa restringir vuelos internacionales en ciudades que desafían al ICE

    DHS evalúa restringir vuelos internacionales en ciudades que desafían al ICE

    La administración del presidente Donald Trump estudia una medida que podría alterar el tráfico aéreo internacional en Estados Unidos: reducir operaciones federales en aeropuertos ubicados en ciudades consideradas “santuario”, es decir, aquellas que limitan su cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

    La información fue revelada por The Atlantic, que citó fuentes cercanas a reuniones privadas encabezadas por el nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin.

    Según el reporte, Mullin sostuvo recientemente un encuentro con ejecutivos de aerolíneas y representantes del sector turístico en Washington, donde expuso la posibilidad de disminuir personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en aeropuertos de ciudades que no colaboren plenamente con ICE.

    Los aeropuertos bajo presión migratoria

    Entre los aeropuertos mencionados durante la conversación aparecen el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, el Aeropuerto Internacional Washington Dulles y el Aeropuerto Internacional de Portland, en Oregón.

    La propuesta implicaría reducir personal encargado de procesar pasajeros y carga internacional, una decisión que, según expertos citados por The Atlantic, podría provocar retrasos, cancelaciones y desvíos de vuelos hacia otras ciudades.

    “El mensaje fue que se trata de una propuesta real que la administración está considerando”, dijo una fuente con conocimiento de la reunión al medio estadounidense. Otro de los participantes calificó el posible impacto como “devastador” para la industria aérea.

    Mullin ya había adelantado esta idea semanas atrás durante una entrevista en Fox News, donde aseguró que el gobierno debía “analizar detenidamente” si las ciudades santuario debían seguir recibiendo vuelos internacionales mientras se niegan a colaborar con políticas migratorias federales.

    Sector turístico teme impacto económico

    Representantes de aerolíneas y del sector turístico han expresado preocupación por las consecuencias económicas y logísticas de la medida.

    John Rose, analista de riesgos y consultor de la agencia Altour, afirmó al medio antes citado que el plan podría afectar no solo a las ciudades santuario, sino a toda la red aérea estadounidense.

    “Perjudica a las aerolíneas. Perjudica a los aeropuertos. Pero no sé si ejercerá mucha presión sobre las ciudades”, explicó.

    Expertos también advirtieron que aeropuertos alternativos en estados conservadores como Texas o Florida no cuentan con capacidad suficiente para absorber operaciones internacionales desviadas desde centros como Nueva York o Los Ángeles.

    DHS aún no toma una decisión definitiva

    Aunque el Departamento de Seguridad Nacional evitó responder directamente sobre el contenido de las reuniones, un alto funcionario citado por The Atlantic señaló que la administración todavía analiza distintas opciones para presionar a las ciudades santuario.

    Entre las medidas bajo evaluación también estaría restringir algunos programas migratorios y beneficios federales administrados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

    La discusión ocurre en medio de la nueva ofensiva migratoria impulsada por Trump y de la presión interna de sectores conservadores que exigen deportaciones más agresivas.

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  • Caso Kilmar Abrego: juez desestima acusación federal por tráfico de personas

    Caso Kilmar Abrego: juez desestima acusación federal por tráfico de personas

    Un juez federal en Tennessee desestimó este viernes los cargos por tráfico de personas contra Kilmar Abrego García, el inmigrante salvadoreño deportado erróneamente por la administración del presidente Donald Trump, en una decisión que representa un duro golpe para la política migratoria.

    CBS News detalló que la jueza federal Waverly Crenshaw concluyó que la acusación presentada por el Departamento de Justicia tenía un carácter “vengativo”.

    Abrego García enfrentaba dos cargos relacionados con tráfico de personas tras una parada de tránsito ocurrida en Tennessee en noviembre de 2022. Durante la inspección, autoridades estatales encontraron a varias personas dentro del vehículo que conducía. El salvadoreño se declaró inocente desde el inicio del proceso.

    El caso que puso presión sobre la política migratoria

    El caso de Kilmar Abrego García se convirtió en uno de los episodios más polémicos dentro de la ofensiva migratoria de Trump, debido a que el inmigrante había recibido protección legal previa contra su deportación a El Salvador.

    Pese a ello, en marzo de 2025 fue expulsado de Estados Unidos y enviado a territorio salvadoreño, donde inicialmente permaneció detenido en una prisión de máxima seguridad. Posteriormente, un funcionario de la propia administración reconoció que la deportación había sido realizada por error.

    Tras su traslado, Abrego García presentó una demanda civil en Maryland para impugnar la deportación. En abril de 2025, un juez federal ordenó al gobierno estadounidense facilitar su regreso al país para continuar el proceso judicial correspondiente.

    Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional demoró durante meses su retorno, lo que incrementó la presión política y jurídica sobre la administración Trump.

    Acusación “vengativa”, según la jueza

    La resolución de la jueza Waverly Crenshaw representa ahora una victoria significativa para la defensa del salvadoreño. Según documentos judiciales citados por el medio citado, la magistrada aceptó el argumento de que la acusación penal había sido impulsada como represalia tras el litigio migratorio abierto por Abrego García.

    Aunque el fallo elimina los cargos federales en Tennessee, el caso migratorio del salvadoreño aún mantiene implicaciones legales y políticas. Durante los últimos meses, Abrego García enfrentó procesos paralelos entre autoridades federales de Tennessee y funcionarios migratorios en Maryland.

    La administración Trump no ha emitido hasta ahora una respuesta amplia tras la decisión judicial.

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  • Hechos de la semana: Trump mantiene presión migratoria pese a freno para ICE y CBP

    Hechos de la semana: Trump mantiene presión migratoria pese a freno para ICE y CBP

    El Senado partió a su receso del feriado de Memorial Day sin aprobar la medida que otorga $70,000 millones de dólares adicionales para ICE y CBP mediante el proceso de conciliación que permite la aprobación por simple mayoría y por ende, sin apoyo demócrata. La Cámara también recesó, pues el Senado debería considerar el proyecto primero.

    Tal parece que hay diferencias entre los republicanos sobre algunos temas que han generado incomodidad entre algunos sectores. Entre esos está el fondo de $1,776 millones de dólares anunciado por el Departamento de Justicia para “indemnizar” a los aliados de Trump que alegan que fueron “perseguidos” por el gobierno del demócrata Joe Biden. 

    Los pagos se harían con fondos públicos y entre esos aliados figuran los insurrectos del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 que atacaron a policías del Capitolio y del Distrito de Columbia y que a pesar de ser convictos y encarcelados, fueron indultados por Trump.

    Otro punto de contención en la medida de conciliación han sido los fondos para el Servicio Secreto ante el temor a que el dinero se desvíe para el controversial salón de baile que Trump quiere construir en la Casa Blanca y que había dicho que se pagaría con fondos privados. De hecho, los medios reportaron que esos fondos se removerán del proyecto.

    Finanzas de los indocumentados en la mira de Trump

    La polémica legislativa en nada ha alterado la campaña de Trump para apretar a los indocumentados y obligarlos a que se autodeporten.

    La Opinión reportó que “la administración de Donald Trump abrió un nuevo frente en su política migratoria: el sistema financiero”. “A través de una orden ejecutiva firmada el 19 de mayo de 2026, la Casa Blanca instruyó al Departamento del Tesoro y a organismos regulatorios a endurecer los controles sobre cuentas bancarias, créditos y transferencias vinculadas con inmigrantes sin autorización legal para trabajar en Estados Unidos”.

    El periódico agrega que “aunque la orden no prohíbe directamente las remesas, sí plantea nuevas reglas de vigilancia financiera que podrían cambiar la manera en que millones de inmigrantes envían dinero a sus familias en América Latina”.

    “Por ahora, gran parte de las medidas aún deberán pasar por procesos regulatorios antes de entrar en vigor. Sin embargo, el mensaje es claro: la administración Trump busca convertir al sistema financiero en una herramienta más de control migratorio”, concluyó el diario.

    Trump aumenta cifra de jueces para agilizar deportaciones

    La Opinión también informó que “de acuerdo con CBS News, esta semana fueron juramentados 77 jueces de inmigración permanentes y cinco jueces temporales, en medio de la presión del gobierno republicano para reforzar su política de deportaciones masivas”.

    Se supone que así se retorne a la cifra de 700 jueces, toda vez que unos 100 habían sido despedidos por no autorizar deportaciones al ritmo que se esperaba. 

    El mismo artículo de CBS señala que “aunque forman parte del poder ejecutivo, se espera que los jueces de inmigración sean neutrales y no muestren parcialidad hacia los no ciudadanos ni hacia los abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que solicitan su deportación. Aun así, la administración Trump se ha referido públicamente a ellos como “jueces de deportación” en anuncios oficiales de empleo, instando a los posibles candidatos en un anuncio a “impartir justicia” a los “extranjeros ilegales delincuentes”.

    CBS agregó que “Greg Chen, director principal de relaciones gubernamentales de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, acusó a la administración Trump de intentar “obligar” a los jueces de inmigración a “actuar como instrumentos de aplicación de la ley, y no como jueces imparciales”.

    Se calcula que el rezago en la cifra de casos ante jueces de inmigración es de 3.5 millones. 

    Asimismo, proponen aumentar a $18,000 la multa por órdenes de deportación en ausencia 

    La Opinión informó que “la administración del presidente Donald Trump avanza con un nuevo plan para imponer multas de hasta $18,000 dólares a inmigrantes con órdenes finales de deportación que posteriormente sean arrestados por autoridades migratorias, en una medida que forma parte de la estrategia federal para endurecer la política migratoria y promover la autodeportación”.

    “La propuesta fue publicada esta semana por DHS en el Registro Federal y permanecerá abierta a comentarios públicos hasta el próximo 22 de junio. El gobierno busca elevar la multa actual de $5,130 dólares, establecida apenas el año pasado, argumentando que la cifra ya no cubre los costos reales de localizar, detener y expulsar a un inmigrante”, indicó el diario. 

    145,000 niños han sido separados de sus padres, revela reporte 

    Un análisis del Brookings Institution encontró que desde que Trump asumió su segundo mandato, 400,000 inmigrantes han sido detenidos en el interior del país. Eso ha impactado a unos 200,000 niños que han perdido al menos a uno de sus padres en el proceso. “Nuestro análisis indica que es probable que más de 145,000 niños y niñas ciudadanos estadounidenses hayan experimentado la detención de uno de sus padres desde que (Trump) asumió el gobierno, y que más de 22,000 de ellos hayan sufrido la detención de ambos padres con los que convivían”, dice el análisis.

    La Opinión informó que “la investigación advierte que el gobierno federal no cuenta con un sistema claro para rastrear qué ocurre con los menores después de que sus padres son arrestados por agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement, conocido como ICE”.

    Pero Trump quiere recibir a 10,000 refugiados sudafricanos blancos, afrikáners, que alegan ser discriminados 

    Según La Opinión, “el Departamento de Estado envió una notificación de emergencia dirigida al Congreso con el objetivo de ampliar a 17,500 la cifra tope de refugiados que recibirá este año fiscal, de cual más de la mitad serían sudafricanos huyendo de la discriminación por ser blancos”.

    “La estimación de las autoridades estadounidenses es que admitir el ingreso de estas personas implicaría un costo cercano a $100 millones de dólares en fondos públicos”, agregó el diario. 

    “De acuerdo con información divulgada por el Departamento de Estado, entre octubre de 2025 y hasta el mes pasado, la administración Trump había reasentado a 6,069 refugiados, de los cuales 6,066 provenían de Sudáfrica y los restantes de Afganistán”.

    El gobierno de Sudáfrica niega las acusaciones de discriminación y confiscación de tierras a los africanos blancos.

    Citas de la semana: 

    La reacción de dos senadores republicanos, uno al plan de Trump de que se le concedan 1,000 millones dentro del presupuesto de ICE y CBP para su salón de baile, que parece haber quedado fuera de la medida:

    “La gente no puede permitirse comprar alimentos, gasolina ni atención médica, ¿y vamos a gastar mil millones de dólares en un salón de baile?”, declaró Bill Cassidy, senador republicano de Louisiana.

    Y otro al anuncio del fondo para “indemnizar” aliados de Trump que alegan haber sido “perseguidos” por el gobierno de Joe Biden, incluidos los insurrectos del 6 de enero de 2021: 

    “¿Así que el máximo responsable de las fuerzas del orden del país está pidiendo un fondo para pagos ilegales con el que indemnizar a quienes agreden a los policías? Una estupidez absoluta, moralmente inaceptable… Ustedes decidan”, declaró el senador Mitch McConnell, republicano de Kentucky.

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  • Boletín policial alertó que mensajes de reclutamiento del ICE podían alentar violencia neonazi

    Boletín policial alertó que mensajes de reclutamiento del ICE podían alentar violencia neonazi

    Un boletín de inteligencia elaborado por autoridades de Colorado encendió las alarmas dentro de agencias policiales de Estados Unidos al advertir que publicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) para reclutar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrían ser interpretadas por grupos extremistas como un llamado a la violencia supremacista blanca.

    La información fue revelada por el medio estadounidense The Intercept, que obtuvo documentos internos elaborados por el Centro de Análisis de Información de Colorado, una oficina dedicada al intercambio de inteligencia entre autoridades locales, estatales y federales.

    De acuerdo con el informe, las autoridades señalaron que varios mensajes difundidos en redes sociales por el DHS incluían referencias, frases y símbolos frecuentemente utilizados en entornos neonazis y movimientos nacionalistas blancos, lo que podría “generar un entorno de amenazas potencialmente mayor”.

    El reporte advierte riesgos de radicalización

    El boletín, distribuido a agencias de seguridad de todo Estados Unidos, sostiene que “extremistas violentos supremacistas blancos” podrían intentar infiltrarse en el ICE motivados por el tono y contenido de las campañas de reclutamiento.

    Los analistas también alertaron sobre la posibilidad de que estas publicaciones detonaran actos de violencia contra personas inmigrantes o incluso ataques dirigidos hacia cuerpos de seguridad por parte de grupos antifascistas que interpreten los mensajes como propaganda extremista.

    Entre los ejemplos señalados aparece una publicación realizada en enero por el DHS en la red social X, donde se mostraba la imagen de un hombre montando a caballo acompañada de la frase: “Recuperaremos nuestro hogar”.

    Según el memorando citado por el medio citado, la expresión coincide con la letra de una canción utilizada por grupos nacionalistas blancos y mencionada incluso en manifiestos vinculados con ataques racistas en Estados Unidos.

    El informe también menciona el uso reiterado del término “remigración”, asociado históricamente con discursos de expulsión forzada de minorías étnicas, además de memes y referencias visuales que han circulado en comunidades extremistas de internet.

    Claire Trickler-McNulty, exfuncionaria del ICE que trabajó bajo las administraciones de Barack Obama, Joe Biden y Donald Trump, aseguró que el contenido descrito en el boletín resulta “bastante incriminatorio”.

    “Agradezco que expongan con tanta claridad los peligros de utilizar esta imaginería nacionalista blanca”, declaró a The Intercept.

    Supremacistas celebraron publicaciones del DHS

    El boletín también documenta cómo cuentas y foros vinculados al neonazismo comenzaron a compartir las publicaciones del DHS, alentando a simpatizantes a ingresar al ICE o aprovechar posiciones dentro de la agencia.

    Según el reporte, algunos usuarios en canales extremistas discutían escenarios sobre infiltrar cuerpos migratorios y utilizarlos como estructuras de poder en eventuales conflictos raciales.

    Los analistas aclararon en el documento que no buscaban “implicar una alineación ideológica” entre el DHS y organizaciones supremacistas, aunque subrayaron que el lenguaje utilizado facilitaba la apropiación del contenido por parte de estos grupos.

    Spencer Reynolds, exasesor del DHS en temas de terrorismo interno y actualmente integrante del Fondo de Defensa Legal de la NAACP, criticó parte del análisis por equiparar posibles reacciones violentas entre supremacistas blancos y activistas antifascistas.

    “La supremacía blanca, y no quienes se oponen a ella, ha fomentado históricamente la violencia masiva y la opresión en Estados Unidos”, afirmó Reynolds.

    DHS rechaza acusaciones y acusa “teorías conspirativas”

    Tras la difusión del reportaje, el DHS respondió con dureza a los señalamientos y defendió públicamente sus campañas de reclutamiento.

    “Es repugnante que el estado de Colorado esté utilizando activamente boletines oficiales de aplicación de la ley para promover teorías conspirativas peligrosas contra el ICE”, señaló la dependencia en un posicionamiento citado tras la publicación del caso.

    La agencia aseguró que comparar sus esfuerzos de reclutamiento con retórica extremista “socava peligrosamente la misión y los sacrificios de los oficiales federales”.

    Además, el DHS afirmó que los agentes migratorios enfrentan actualmente un incremento de más del 1,300 % en agresiones y un aumento superior al 8,000 % en amenazas de muerte, atribuyendo parte de esta situación a campañas de desprestigio contra el personal federal.

    La controversia ocurre en medio del endurecimiento del discurso migratorio impulsado por sectores republicanos y del creciente debate en Estados Unidos sobre los límites del lenguaje político utilizado por agencias gubernamentales en temas de inmigración y seguridad nacional.

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  • Trump quiere impedir a indocumentados usar bancos: expertos califican orden como “cruel” y advierten daños al sistema financiero

    Trump quiere impedir a indocumentados usar bancos: expertos califican orden como “cruel” y advierten daños al sistema financiero

    El presidente Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva para impedir a los inmigrantes indocumentados que utilicen el sistema bancario y financiero de Estados Unidos, incluso para el envío de dinero a sus familias, pero expertos advierten que, además de “cruel”, esta decisión afectará al sistema financiero estadounidense.

    La orden de Trump indica al Departamento del Tesoro a tener una propuesta de nueva regulación en 60 días y, en máximo 90 días, comenzar a aplicarla.

    “Si los reguladores implementan esta orden ejecutiva mal concebida, desestabilizará radicalmente el sistema financiero estadounidense y forzará [a personas a] un retiro de la banca a una escala sin precedentes”, declaró Diane Thompson, subdirectora y jefa de la oficina de defensa del consumidor del Centro Nacional de Derecho del Consumidor (NCLC, en inglés).

    Thompson incluso señaló que eso esto no solamente representa un ataque a los inmigrantes, sino también al sistema bancario de EE.UU.

    “Obligar a la gente a guardar su dinero debajo del colchón, en lugar de utilizar un banco, representa un nuevo ataque contra el sistema financiero y las comunidades inmigrantes”, agregó.

    En la misma posición oficial del NCLC, la abogada principal de la organización Carla Sánchez-Adams calificó como una “crueldad” intentar impedir que los inmigrantes envíen dinero a sus familias.

    “Eliminar la posibilidad de que los inmigrantes tengan cuentas bancarias seguras y envíen dinero a familiares necesitados es un error y una crueldad”, declaró. “Esta administración se ha centrado en la exclusión bancaria de ciertas personas; sin embargo, esta orden ejecutiva busca excluir sistemáticamente a millones de personas de sus cuentas bancarias basándose en sospechas y estereotipos”.

    El Instituto CATO acusó que el presidente Trump establece una nueva orden que podría estar violando la Constitución.

    “La Ley de Secreto Bancario es uno de los mayores ataques a la Cuarta Enmienda, y aun así ha optado por ampliarla con su última orden ejecutiva”, indica un artículo de Nicholas Antony, experto en finanzas de la organización. “Ya hemos visto esta estrategia antes. La guerra contra las drogas y la guerra contra el terrorismo se utilizaron para crear extensos sistemas de vigilancia. Ahora parece que se trata de la guerra contra la inmigración”.

    En febrero, Antony y David Bier, experto en inmigración del Intituto CATO, advirtieron que la administración Trump se alistaba para monitorear las cuentas de inmigrantes y utilizar la información en su contra, para procesos de deportación.

    Ahora, la orden busca que los bancos e instituciones financieras reporten a las autoridades federales a cualquier persona “sospechosa” de vivir sin papeles en EE.UU.

    “En lugar de autorizar de inmediato a los bancos a actuar como agentes de inmigración, el presidente Trump ordenó al Departamento del Tesoro que les informara sobre los riesgos de prestar servicios a inmigrantes indocumentados”, agrega Antony. “El presidente Trump fue más allá, afirmando que los bancos deben comenzar a denunciar a las personas que sospechen que se encuentran en el país ilegalmente o que participan en otras actividades ilícitas”.

    Las denuncias contra las personas “sospechosas” de ser indocumentadas se harían mediante informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) conforme a la Ley de Secreto Bancario.

  • Gobierno federal buscaría multar a inmigrantes con $18,000 dólares para recuperar costos de deportación

    Gobierno federal buscaría multar a inmigrantes con $18,000 dólares para recuperar costos de deportación

    La administración del presidente Donald Trump avanza con un nuevo plan para imponer multas de hasta $18,000 dólares a inmigrantes con órdenes finales de deportación que posteriormente sean arrestados por autoridades migratorias, en una medida que forma parte de la estrategia federal para endurecer la política migratoria y promover la autodeportación.

    La propuesta fue publicada esta semana por el Department of Homeland Security (DHS) en el Registro Federal y permanecerá abierta a comentarios públicos hasta el próximo 22 de junio. El gobierno busca elevar la multa actual de $5,130 dólares, establecida apenas el año pasado, argumentando que la cifra ya no cubre los costos reales de localizar, detener y expulsar a un inmigrante.

    Funcionarios del DHS señalaron que el nuevo monto contempla gastos relacionados con investigaciones, operaciones de arresto, detención, transporte, personal de apoyo, capacitación y recursos logísticos utilizados por las autoridades migratorias.

    La medida afectaría principalmente a inmigrantes que recibieron órdenes de deportación en ausencia, es decir, personas que no acudieron a una audiencia ante la corte migratoria y que posteriormente fueron declaradas deportables por un juez.

    La Casa Blanca busca incentivar la autodeportación

    Funcionarios federales han reconocido que probablemente el gobierno nunca logre recuperar gran parte del dinero de estas sanciones, debido a que muchos inmigrantes carecen de recursos económicos suficientes para pagarlas.

    Aun así, la Casa Blanca sostiene que las multas tienen un objetivo disuasivo y buscan presionar a los inmigrantes indocumentados para abandonar voluntariamente Estados Unidos.

    “Nuestro mensaje es claro: los inmigrantes indocumentados que se encuentran ilegalmente en el país deben irse ahora o enfrentarán consecuencias”, indicó el DHS en declaraciones citadas por medios nacionales.

    Datos federales muestran que entre enero y marzo de este año las autoridades migratorias ya impusieron alrededor de $36,000 millones de dólares en multas a unas 65,000 personas. El promedio de sanción supera el medio millón de dólares por individuo, aunque el gobierno no ha informado cuántos inmigrantes han logrado pagar esas cantidades.

    El endurecimiento ocurre en medio de un aumento significativo en las órdenes de deportación emitidas en ausencia. Según estadísticas oficiales, más de 223,000 personas recibieron este tipo de fallos en 2024, una cifra muy superior a la registrada hace apenas dos años.

    Paralelamente, la administración Trump transformó la aplicación migratoria CBP One, utilizada durante el gobierno de Joe Biden para solicitudes de asilo, en la nueva plataforma CBP Home, diseñada para facilitar procesos de autodeportación.

    El gobierno incluso ofrece incentivos económicos de hasta $2,600 dólares para quienes abandonen el país voluntariamente y certifiquen su salida de Estados Unidos.

    Organizaciones denuncian una política basada en el miedo

    Grupos defensores de inmigrantes criticaron duramente el aumento de las sanciones y acusaron a la administración Trump de intentar criminalizar a migrantes, incluidos aquellos que originalmente ingresaron de manera legal al país.

    American Civil Liberties Union advirtió que las nuevas medidas generan miedo entre las comunidades inmigrantes y podrían provocar que más personas eviten acudir a sus audiencias judiciales.

    Sarah Mehta, directora adjunta de políticas migratorias de la ACLU, afirmó que muchas familias migrantes ya trabajan, pagan impuestos y contribuyen a la economía estadounidense, pese a enfrentar procesos migratorios complejos.

    Por su parte, American Immigration Council señaló que aumentar las multas no resolverá las fallas estructurales del sistema migratorio ni garantizará mayor cumplimiento de las leyes.

    Abogados migratorios también aseguran que el temor a ser detenidos al acudir a la corte está provocando que algunos inmigrantes decidan no presentarse ante los jueces. El abogado de inmigración Nicolás Chávez, con sede en Texas, sostuvo que muchos consideran que ya no tendrán una oportunidad real de defender sus casos.

    “El aumento de multas parece menos una solución y más una respuesta a un problema que el propio gobierno contribuyó a crear mediante tácticas agresivas y mensajes basados en el miedo”, afirmó Chávez.

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  • Anciano dueño de lavadero de autos de Los Ángeles demanda a ICE por $50 millones

    Un anciano propietario de un lavadero de autos de Los Ángeles, quien fue golpeado por agentes federales durante una redada de inmigración en septiembre de 2025, presentó este jueves una demanda federal por $50 millones de dólares.

    Rafie Shouhed, de 80 años, presentó este jueves 21 de mayo la demanda ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, debido a las lesiones que sufrió el 9 de septiembre durante una redada de inmigración en su negocio, en Van Nuys.

    La demanda exige una indemnización de $50 millones de dólares al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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    El día del incidente, agentes federales enmascarados irrumpieron en Valley Car Wash, en 7530 Van Nuys Boulevard, donde uno de los oficiales fue captado por cámaras de vigilancia cuando empujó a Shouhed al suelo en un pasillo.

    “Agarraron a uno de mis empleados y les dije ‘ Esperen, algunos de estos tienen papeles, tienen aquí la documentación’. Y lo único que dijeron fue: ‘No se metan con ICE. Estamos aquí’. Me tiraron al suelo, y tres de ellos se me echaron encima”, relató el dueño del negocio después del incidente.

    El propietario del lavadero de autos les gritó que había sido sometido a una cirugía de corazón recientemente, que tenía tres stents en el pecho, que no podía respirar y que necesitaba una ambulancia.

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    Los agentes federales ignoraron las súplicas de Shouhed, quien fue esposado y trasladado al Centro de Detención Metropolitano, en el centro de Los Ángeles, a pesar de que los oficiales admitieron que sabían que se había naturalizado como ciudadano estadounidense en 1980.

    El anciano permaneció detenido durante 12 horas y se le negó recibir atención médica y hacer llamadas telefónicas a su familia.

    Las protecciones de los derechos civiles existen para limitar el poder del gobierno antes de que alguien sea arrojado al suelo, herido y olvidado en una celda”, declaró el abogado de derechos civiles que representa a Shouhed, V. James DeSimone, en un comunicado.

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    El Sr. Shouhed no estaba corriendo, resistiéndose ni amenazando a nadie. Lo derribaron, lo arrojaron al suelo con violencia, lo aplastaron bajo el peso de tres agentes, le pusieron una rodilla en el cuello y lo ignoraron mientras gritaba que no podía respirar”, añadió.

    Mientras estuvo en la instalación federal de inmigración, Shouhed observó de primera mano las condiciones en las que se encontraba el lugar.

    “Traían gente en camiones, niñas inocentes con esposas y grilletes en los pies“, expresó el dueño del lavadero de autos en una rueda de prensa en septiembre.

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    Shouhed mencionó que había colchones en el suelo del baño para que la gente durmiera y que solo le dieron una botella de agua durante su estancia.

    Después de ser liberado sin cargos, su hijo lo llevó de urgencia a un hospital, donde los médicos lo trataron por síntomas posteriores a una conmoción cerebral traumática, múltiples costillas magulladas, lesiones graves en los codos y contusiones.

    A más de ocho meses del incidente, los abogados dijeron que Shouhed continúa sufriendo dolor físico, trauma psicológico y secuelas de la lesión cerebral traumática.

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    En la demanda se alega agresión, lesiones, violación de la Ley Bane de California (Sección 52.1 del Código Civil), indiferencia deliberada ante una condición médica grave en violación de la Decimocuarta Enmienda, infligir intencionalmente angustia emocional y más.

    Además, la demanda también denuncia que el DHS, el ICE y el CBP mantienen políticas y prácticas que toleran y justifican el uso de fuerza excesiva.

    “Tenemos la intención de exigir responsabilidades a los agentes federales cuando perjudican a una persona inocente y luego actúan como si la Constitución no les fuera aplicable. El daño que le infligieron al Sr, Shouhed es profundo, duradero y le ha cambiado la vida”, expresó DeSimone.

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    El abogado mencionó que las acciones de los agentes violaron la Constitución, la Ley de Derechos Civiles de California y la decencia humana básica.

    “Esto no fue un acto policial, fue una agresión contra un hombre mayor en violación de sus derechos civiles. Nuestra democracia no puede sobrevivir si los agentes federales actúan por encima de la ley”, reiteró el abogado.

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  • ICE detiene a un hombre en centro electoral de Texas y desata temor por votación migrante

    ICE detiene a un hombre en centro electoral de Texas y desata temor por votación migrante

    La detención de un hombre por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un centro de votación de San Antonio, Texas, desató una fuerte controversia entre activistas, autoridades locales y ciudadanos que acudían a participar en la jornada electoral.

    El incidente ocurrió en la Biblioteca Las Palmas, ubicada en el condado de Bexar, donde se desarrollaba la votación anticipada. De acuerdo con testigos, al menos nueve agentes federales rodearon el estacionamiento del lugar mientras realizaban el arresto de un hombre cuya identidad no fue revelada.

    La presencia de vehículos y agentes armados en las inmediaciones del sitio provocó inquietud inmediata entre los votantes, especialmente dentro de comunidades latinas e inmigrantes. Algunos ciudadanos denunciaron que el operativo pudo interpretarse como un acto de intimidación.

    “Es intimidación contra los votantes”, declaró uno de los testigos presentes, según reportes difundidos en redes sociales y medios locales. Otra persona cuestionó: “¿Ahora vamos a tener que llevar pasaportes para sentirnos seguros cuando vayamos a votar?”.

    Sheriff intervino tras presencia de agentes federales

    Horas después del operativo, el sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, acudió personalmente al lugar y solicitó que los agentes federales abandonaran el área cercana al centro electoral.

    Según explicó el propio Salazar, uno de sus oficiales también fue retirado del sitio luego de considerar que la presencia de unidades oficiales podría convertirse en un “factor agravante” para quienes acudían a votar.

    “Queremos asegurarle al público que puede salir y votar con tranquilidad”, afirmó el sheriff, intentando reducir la tensión generada por el operativo migratorio.

    ICE aseguró posteriormente que el detenido no estaba siendo investigado por intentar votar ilegalmente y sostuvo que el arresto simplemente “coincidió” con la ubicación del centro electoral.

    Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos civiles y grupos proinmigrantes advirtieron que este tipo de acciones pueden desalentar la participación ciudadana, especialmente en estados donde el debate sobre inmigración y elecciones se ha intensificado rumbo a las elecciones de medio término.

    Crece preocupación por impacto electoral y migratorio

    Diversas organizaciones han denunciado en los últimos años que la presencia de fuerzas federales cerca de centros de votación puede generar miedo entre comunidades vulnerables, incluso entre ciudadanos estadounidenses de origen latino.

    Aunque las autoridades federales sostienen que el operativo no tenía relación con la elección, el incidente reavivó el debate sobre los límites entre la aplicación de leyes migratorias y el derecho al voto.

    Hasta ahora, ICE no ha revelado detalles sobre los cargos o el estatus migratorio del hombre detenido.

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