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Dos organizaciones latinas presentaron una demanda contra el gobierno de Estados Unidos para impedir la apertura de un nuevo centro de detención de inmigrantes en Hudson, Colorado, al argumentar que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no realizó las evaluaciones ambientales exigidas antes de avanzar con el proyecto.

GreenLatinos y la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC) acudieron al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Colorado para cuestionar la decisión de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de utilizar las instalaciones de Big Horn como centro federal de detención. La demanda sostiene que la antigua prisión privada permaneció vacía desde aproximadamente 2013 y que su reapertura podría generar impactos sobre la calidad del aire, el suministro de agua, el tratamiento de aguas residuales, el tránsito y la salud pública.

El proyecto contempla una capacidad de hasta 1,250 inmigrantes, una población que representaría un aumento considerable para Hudson, una comunidad rural ubicada unos 50 kilómetros al noreste de Denver.

Dos organizaciones defensoras de los inmigrantes demandaron este martes al Gobierno para frenar la apertura de un nuevo centro de detención de ICE con capacidad para 1,250 personas en Colorado.

La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC) y GreenLatinos? pic.twitter.com/CchanulGeo

— N+ UNIVISION (@nmasunivision) September 22, 2026

El impacto ambiental es el principal argumento

Los grupos demandantes aseguran que Hudson forma parte de la región metropolitana de Denver/North Front Range, donde actualmente no se cumplen los estándares federales de calidad del aire relacionados con el ozono.

De acuerdo con la denuncia, las operaciones del centro generarían emisiones adicionales por el funcionamiento de sus instalaciones, el transporte de personas detenidas, los desplazamientos del personal y el movimiento de vehículos encargados del suministro. La demanda también cuestiona el impacto que tendría el centro sobre el consumo de agua y el sistema local de tratamiento de aguas residuales. Los grupos citan, además, una acción previa de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) relacionada con descargas de aguas residuales de la antigua prisión.

“Los centros de detención de inmigrantes perjudican la salud y el bienestar de comunidades enteras”, declaró Gladis Ibarra, codirectora ejecutiva de CIRC. Mark Magaña, fundador y director ejecutivo de GreenLatinos, sostuvo que ninguna comunidad debe ser considerada prescindible para ampliar el sistema de detención migratoria.

ICE tampoco habría preparado, según los demandantes, una evaluación ambiental ni una declaración de impacto ambiental conforme a la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA). GEO Group, empresa privada que administraría el inmueble, obtuvo un contrato de cinco años para operar el centro, con ingresos estimados en unos $85 millones anuales.

La demanda solicita que un juez ordene detener las actividades relacionadas con la reapertura y construcción hasta que ICE cumpla con las obligaciones ambientales federales. El caso se suma a otras disputas legales sobre instalaciones migratorias. En Arizona y California, tribunales federales han intervenido en proyectos de centros de detención por cuestionamientos relacionados con sus posibles impactos ambientales.

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El inmigrante venezolano Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 años, permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el sur de Texas con una bala alojada cerca de la columna vertebral, un día después de que un agente federal le disparara durante un operativo en Austin.

Garcés fue trasladado al South Texas ICE Processing Center, en Pearsall, después de recibir atención en el Dell Seton Medical Center. Su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, denunció este lunes que su cliente continuaba herido y sin recibir el tratamiento que, a su juicio, necesitaba.

“Está retenido en Pearsall para ser interrogado y todavía tiene la bala alojada en el cuerpo. No ha recibido analgésicos y ha tenido que dormir en el suelo”, escribió Lincoln-Goldfinch en X.

El propio Garcés intervino por teléfono este lunes durante una conferencia de prensa de sus abogados. Explicó que los médicos decidieron no extraer el proyectil debido a su cercanía con la columna vertebral y aseguró que, tras ser entregado a las autoridades federales, pasó parte de la madrugada en una celda.

“No estoy muy bien. No he recibido la atención médica que necesito”, afirmó el venezolano desde el centro de detención.

I am representing Wilbur – the man who was shot by ICE in Austin, TX while he was in the middle of a DoorDash delivery.

The hospital refused to give his wife access to him or provide any meaningful details on his condition.

— Kate Lincoln-Goldfinch (@AttorneyKateLG) September 21, 2026

Versiones encontradas sobre el tiroteo

El incidente ocurrió poco antes de las 13:00 horas del domingo 20 de septiembre en el norte de Austin, cerca de la intersección de U.S. 183 y Anderson Square. Los servicios de emergencia informaron inicialmente que Garcés había recibido un disparo en el torso y fue trasladado al hospital en condición grave, pero estable.

Las circunstancias que provocaron el disparo continúan bajo investigación y existen diferencias entre los primeros reportes oficiales y el relato del inmigrante.

Garcés aseguró que trabajaba como repartidor de DoorDash cuando una camioneta sin identificación lo golpeó lateralmente en dos ocasiones. Según su versión, inicialmente no comprendió que se trataba de agentes migratorios. Después de dar una vuelta en U debajo de un paso elevado, dijo, el vehículo federal encendió las luces y sirenas.

El venezolano sostuvo que pidió detenerse en un sitio más seguro porque se encontraba en medio del tránsito. “Le pregunté si podía parar en un lugar más seguro”, relató antes de explicar que recibió un disparo por la espalda.

En contraste, las primeras informaciones proporcionadas a las autoridades locales hicieron referencia a una persecución. El Departamento de Seguridad Pública de Texas indicó que recibió una solicitud para auxiliar en una persecución vehicular, pero sus agentes llegaron después de que se produjeran los disparos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que Homeland Security Investigations (HSI), con apoyo del FBI, encabeza la investigación sobre el uso del arma por parte del agente de ICE.

Disputa por su situación migratoria

El estatus migratorio de Garcés también enfrenta versiones contrapuestas. El DHS afirmó que el venezolano ingresó ilegalmente a Estados Unidos durante la Administración de Joe Biden y que estaba sujeto a una orden definitiva de deportación.

Sus abogados rechazan esa descripción. Lincoln-Goldfinch explicó que Garcés llegó a Estados Unidos en 2024 mediante CBP One, la aplicación utilizada durante el Gobierno de Biden para que determinados migrantes solicitaran citas en puertos de entrada. Tras ser procesado por las autoridades migratorias, pudo ingresar al país, solicitó asilo y posteriormente obtuvo un permiso de trabajo.

Según la defensa, Garcés actualizó su domicilio ante la corte migratoria, pero la notificación de una audiencia fue enviada a una dirección anterior. Al no presentarse, un juez dictó una orden de deportación in absentia, es decir, en su ausencia.

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Decenas de manifestantes se concentraron el domingo en Austin, la capital del estado de Texas, después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) hiriera a un hombre de un disparo.

Wilber Rafael Garcés Pérez, un repartidor venezolano de DoorDash de 28 años, recibió un disparo en el torso y fue trasladado a un hospital, según informó su abogada a medios estadounidenses.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó en un comunicado enviado a la BBC que “está investigando el tiroteo de un hombre en Austin que ingresó ilegalmente al país”.

No está claro qué provocó el incidente. Tanto el alcalde de la ciudad como la policía local han pedido una investigación independiente.

El caso se produce meses después de que un hombre muriera tras recibir disparos de un agente de ICE en Houston.

La abogada Kate Lincoln-Goldfinch le dijo a CBS que Garces Pérez llamó a su esposa mientras “gritaba de dolor” en el hospital.

Lincoln-Goldfinch también declaró a la Radio Pública Nacional (NPR) que el hombre se encontraba bajo custodia de ICE.

Durante su segundo mandato, el gobierno de Trump intensificó los esfuerzos de control migratorio y las detenciones, lo que provocó disturbios en varias ciudades del país.

El gobierno ha defendido sus políticas y las controvertidas tácticas de la agencia como necesarias para la seguridad pública y para cumplir la promesa de campaña de Trump de asegurar la frontera y realizar deportaciones masivas.

“Deben saber la verdad”

Aunque los detalles son todavía escasos, se sabe que el tiroteo ocurrió el domingo en Austin poco antes de las 13:00, hora local.

Horas después, manifestantes se congregaron en el lugar con pancartas y algunos de ellos ondeando las banderas de México y Guatemala, para exigir que ICE abandone Austin.

Los medios de comunicación locales mostraron a los manifestantes reunidos al otro lado de la calle, en donde estaba un Toyota Corolla azul que sufrió daños en la puerta del lado del pasajero, mientras agentes de ICE permanecían cerca, según informó la agencia de noticias Reuters.

El alcalde demócrata, Kirk Watson, dijo en una rueda de prensa este domingo que los habitantes de Austin tienen derecho a saber qué ocurrió y “derecho a sentirse seguros en su ciudad”.

“Deben saber la verdad”, enfatizó. También celebró que la ciudad participe en la investigación y señaló que las operaciones del ICE se han intensificado en Austin durante las últimas semanas.

ICE ha sido objeto de un intenso escrutinio tras varios tiroteos letales, entre ellos la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, residente de Houston, que no era investigado por ICE, pero recibió un disparo durante un control de tránsito realizado por la agencia, según el DHS.

El congresista demócrata de Texas Greg Casar ha exigido una investigación independiente, completa e inmediata sobre el último tiroteo y la publicación de las grabaciones de las videocámaras corporales.

También exigió que cualquier agente de ICE que haya infringido la ley rinda cuentas.

Los activistas sostienen que la administración ha violado el debido proceso en su ofensiva contra la inmigración.

Los demócratas exigen reformas en la agencia, incluyendo la obligación de que los agentes de inmigración lleven cámaras corporales y no oculten sus rostros.

A principios de este mes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un agente de ICE de mentir sobre el tiroteo de un migrante venezolano en Minnesota, un caso inusual en el que la propia institución acusó a un agente federal de infringir la ley en el ejercicio de sus funciones.

La semana pasada, la legisladora republicana de Florida Maria Elvira Salazar se manifestó en contra de la política migratoria del gobierno de Trump.

Lo hizo mediante un anuncio de campaña para las eleccines de medio mandato en el que criticaba la persecución y detención de personas sin antecedentes penales.

Salazar apareció el domingo en el programa Face the Nation de la cadena CBS y dijo que desde entonces ha hablado con el presidente y que cree que él mantendrá al país por el buen camino.

“Él lo entiende mejor que nadie”, dijo ella.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

Un migrante venezolano de 28 años permanece en condición “grave” después de recibir al menos dos disparos durante un incidente en el que estuvo involucrado un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el norte de Austin. Wilber Rafael Garcés fue atendido inicialmente en un hospital de la ciudad por una herida de bala en el torso, pero posteriormente fue trasladado a un centro de detención, confirmó su abogada. Hasta el momento, sus familiares y la defensa desconocen el lugar al que fue llevado.

El incidente ocurrió alrededor de la 1 p.m., cuando un agente de ICE que viajaba en una camioneta negra sin identificación habría interceptado el automóvil de Garcés. Mike Siegel, concejal de Austin que acudió al lugar, dijo que el vehículo del agente “chocó” contra el Ford azul de la víctima antes de que el funcionario descendiera y disparara.

El automóvil de Garcés permanecía estacionado en medio de la calle cuando llegaron las autoridades locales. La escena fue acordonada mientras investigadores y servicios de emergencia atendían al migrante.

ICE shot Wilber Rafael Garces Perez in Austin. He’s been taken out of the hospital and into ICE custody.

If ICE deports him, the key witness to their shooting disappears.

He must not be removed from this country, and he must receive proper medical care. https://t.co/ZMgYHRVwTR

— Congressman Greg Casar (@RepCasar) September 21, 2026

Testigos cuestionan la actuación del agente federal

Un hombre identificado como Juan, quien pidió utilizar un nombre ficticio por temor a represalias, dijo que escuchó los disparos desde un negocio cercano y encontró a Garcés dentro del automóvil. Según su relato, el venezolano le dijo: “Me tiraron por la espalda”.

El testigo aseguró que Garcés parecía exhausto y con dolor. También afirmó que el agente no se acercó a auxiliarlo antes de la llegada de la policía y los paramédicos. “Lo esposaron, le rompieron la camisa y ahí fue que vi que tenía dos balazos en la espalda”, relató.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, y la jefa de la Policía de Austin, Lisa Davis, señalaron que los agentes municipales no participaron en la operación migratoria y que únicamente intervinieron para controlar el tránsito y asegurar el área. El concejal Siegel pidió una investigación transparente y expresó preocupación por la posibilidad de que el agente federal abandone Texas. “Mi principal preocupación es que al sospechoso de este crimen se le impida la salida del estado”, declaró.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa a ICE, no respondió de inmediato a solicitudes de información sobre el caso. El tiroteo ocurre poco más de dos meses después de que un agente de ICE matara en Houston al mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años. ICE sostuvo entonces que el hombre intentó embestir a agentes con su vehículo, una versión cuestionada por testigos.

Los nuevos hechos se producen mientras el gobierno de Donald Trump intensifica las operaciones migratorias. Un análisis de The Washington Post contabilizó al menos 17 conductores baleados durante operativos federales desde el regreso de Trump a la Casa Blanca; seis murieron.

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) descartó que vaya a surgir una amnistía para inmigrantes carentes de estatus legal radicados en Estados Unidos y anticipa incrementar la cantidad de deportaciones.

El endurecimiento de la postura asumida por el DHS surgió en respuesta a unas declaraciones de la congresista María Elvira Salazar, congresista por Florida, alertando al presidente Donald Trump que muchos latinos se sienten traicionados por su política migratoria y, de la misma manera cómo lo apoyaron con su voto, podrían darle la espalda al Partido Republicano en la boleta electoral.

“Presidente, algunos de sus esfuerzos de aplicación de la inmigración han ido demasiado lejos. (…). Los mismos hispanos que le ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten traicionados hoy”, mencionó la ex presentadora de televisión en un mensaje de campaña publicado en redes sociales.

De hecho, la cubana-estadounidense criticó que, en julio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) hayan detenido a 50 mil personas carentes de antecedentes penales y le pidió a Trump tomar en cuenta que su política antiinmigrante podría significarle un alto precio al Partido Republicano en las elecciones intermedias.

“Usted es el único que puede resolver este problema que arrastra el país desde hace 40 años. No estoy hablando de darles la amnistía sino de darles una vida digna en esta tierra prometida y sólo usted puede hacerlo”, puntualizó.

If you come to our country illegally and break our laws, we will hunt you down, we will arrest you, and we will REMOVE you from our nation.@ICEgov is removing murderers, sex criminals, drug traffickers, and other worst of the worst criminal illegal aliens like these from?

— Homeland Security (@DHSgov) September 17, 2026

A través de un comunicado, el DHS descartó de manera tajante que vaya a modificar su planteamiento de sacar del territorio estadounidense a quienes no cuenten con documentación que respalde su estancia.

“Le guste o no a la congresista Salazar, los hombres y mujeres del ICE están haciendo cumplir las leyes aprobadas por el Congreso.

Bajo el liderazgo del presidente Trump y del secretario (Markwayne Mullin), no habrá amnistía para los inmigrantes ilegales. Ni ahora ni nunca. El Departamento de Seguridad Nacional está enfocado en llevar a cabo la campaña de deportación masiva más grande de la historia de Estados Unidos, tal como prometió el presidente Trump”, destacó.

En la misiva también se aclaró que, en un gesto de generosidad, lo único para ofrecerles a quienes se han internado en el país sin un visado, es un simbólico cheque a entregarse cuando ya se encuentren en sus respectivas naciones.

“Que quede claro: lo único que Estados Unidos debería ofrecer a los inmigrantes ilegales es un boleto de ida a sus países de origen o un generoso cheque de $3,000 dólares para que se autodeporten de inmediato. No ignoraremos el Estado de derecho”, concluyó.

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La Casa Blanca retiró este jueves la nominación de Richard Schroyer para dirigir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, después de que su candidatura no lograra avanzar en el Senado, informó CBS News, en un reporte firmado por Kathryn Watson.

Schroyer, cuyo nombre también aparece como Lance Schroyer en otros reportes, había sido elegido por el presidente Donald Trump en junio para encabezar la agencia encargada de buena parte de la aplicación de las leyes de inmigración dentro de Estados Unidos.

Schroyer se desempeñaba como asesor principal del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, cuando Trump anunció su nominación. Sin embargo, el proceso quedó detenido en el Senado.

El senador republicano Rand Paul exigió información sobre las investigaciones relacionadas con tiroteos en Minnesota en los que estuvieron involucrados agentes federales. Schroyer no consiguió avanzar hasta una votación del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado.

¿Qué pasará ahora con el ICE?

El retiro de la nominación deja nuevamente a la agencia sin un director confirmado por el Senado. ICE no tiene un director confirmado desde 2017, por lo que la conducción de la institución ha quedado en manos de funcionarios interinos durante años.

Actualmente, David Venturella es el funcionario de mayor rango que desempeña las funciones de director del ICE, después de la salida de Todd Lyons, quien dejó el puesto este año. La Casa Blanca no explicó públicamente la razón del retiro de la candidatura.

La nominación de Schroyer había generado atención desde junio debido a su trayectoria en las fuerzas de seguridad de Oklahoma. Según información publicada anteriormente por CBS News, Trump destacó que tenía más de 29 años de experiencia en aplicación de la ley y lo describió como un “PATRIOT” con experiencia operativa.

El Washington Post también reportó que Schroyer había participado en la expansión de acuerdos bajo el programa 287(g), que permite a agencias estatales y locales colaborar con autoridades federales en tareas de aplicación de las leyes migratorias.

Por ahora, la administración Trump tendrá que definir si presenta un nuevo candidato para ocupar de manera permanente la dirección del ICE, una agencia central en su política de inmigración y deportaciones.

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El temor a las consecuencias migratorias está llevando a familias inmigrantes a retrasar o evitar la atención médica de sus hijos. Una encuesta realizada a más de 1,600 pediatras revela que cuatro de cada diez médicos han identificado este problema entre los pacientes que atienden, una situación que puede agravar enfermedades y retrasar tratamientos importantes.

La información fue reportada por Stateline, medio especializado en asuntos de política pública, a partir de una encuesta de la Academia Estadounidense de Pediatría. Los resultados muestran cómo las preocupaciones relacionadas con el estatus migratorio y una detención de ICE están afectando la salud infantil, incluso cuando los menores son ciudadanos estadounidenses.

Familias inmigrantes evitan hospitales

Entre abril y junio, investigadores de la academia consultaron a más de 1,600 pediatras sobre el impacto que tuvieron los temores migratorios en sus pacientes durante el último año.

Los médicos respondieron si habían observado que las familias evitaban llevar a sus hijos a consulta por miedo a problemas relacionados con el estatus migratorio de algún integrante del hogar. También se les preguntó si esas preocupaciones influían en la escolarización de los menores o en la solicitud de programas de asistencia pública.

En promedio, los pediatras señalaron que cerca de una cuarta parte de sus pacientes pertenecía a familias inmigrantes. El 40% indicó que algunas de esas familias habían evitado buscar atención médica para sus hijos por temor a las consecuencias migratorias.

Además, el 31% de los médicos reportó que las familias habían evitado solicitar programas gubernamentales, mientras que poco más de una quinta parte observó que algunos padres dejaron de enviar a sus hijos a la escuela por preocupaciones similares.

La Academia Estadounidense de Pediatría advirtió que las cifras podrían ser inferiores a la magnitud real del problema.

Tratamientos retrasados y enfermedades más graves

Los efectos de este temor también se reflejan en hospitales y clínicas. Según Stateline, médicos de distintas regiones han observado un aumento de consultas perdidas, atención preventiva retrasada y enfermedades que llegan a etapas más avanzadas.

En Minnesota, por ejemplo, un niño en edad escolar no había podido someterse a una cirugía para tratar una infección cervical poco común y potencialmente mortal. En el mismo estado, otros menores enfrentaron retrasos en tratamientos relacionados con la audición, incluida una cirugía de implante coclear.

La otorrinolaringóloga pediátrica Asitha Jayawardena, cirujana de cabeza y cuello en Children’s Minnesota, explicó que algunas familias inmigrantes han tenido miedo de acudir al hospital después de los operativos migratorios registrados en sus comunidades.

“Sin duda, oscila entre lo exasperante y lo absolutamente desalentador”, declaró la especialista al referirse al impacto que este temor tiene en la atención de los menores.

En Minneapolis, un estudio publicado en agosto por investigadores vinculados con la Academia Estadounidense de Pediatría analizó las consultas pediátricas durante y después de la Operación Metro Surge. El equipo encontró que las citas perdidas entre niños hispanos o latinos aumentaron más de 50% en comparación con el mismo periodo de los dos años anteriores.

El incremento fue todavía mayor entre las familias hispanohablantes, con un aumento del 80% en las citas no atendidas.

El impacto también alcanza la salud mental

Los profesionales consultados señalaron que las consecuencias no se limitan a enfermedades físicas. También han observado más ansiedad, depresión y síntomas relacionados con experiencias traumáticas entre los menores.

Amy Liebman, directora de programas de Migrant Clinicians Network, explicó que la separación familiar puede afectar profundamente a los niños.

“El trauma que se está infligiendo a toda la comunidad está teniendo un impacto muy importante en las familias y, en particular, en los niños”, afirmó.

La preocupación también alcanza a menores ciudadanos estadounidenses cuyos padres tienen un estatus migratorio vulnerable. De acuerdo con las cifras citadas por Stateline, millones de niños viven en hogares donde al menos uno de sus padres es un inmigrante irregular, lo que incrementa la incertidumbre ante posibles detenciones.

Los médicos advierten que, mientras persista el miedo a acudir a hospitales, muchos niños podrían continuar sin recibir vacunas, revisiones, medicamentos o tratamientos que necesitan para su desarrollo.

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Una jueza federal puso un nuevo límite a los arrestos de inmigrantes sin orden judicial en el sur de California, una decisión que afecta a una región donde las operaciones de control migratorio han aumentado durante el último año.

La jueza de distrito estadounidense Maame Ewusi-Mensah Frimpong emitió a inicios de septiembre una orden judicial preliminar que fue desclasificada la tarde de ayer. La resolución establece que los agentes federales no pueden realizar un arresto civil de inmigración sin una orden judicial a menos que determinen que la persona probablemente se fugue antes de que pueda obtenerse una.

La orden aplica al Distrito Central de California, que incluye siete condados: Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo.

De acuerdo con la información publicada por Associated Press, la jueza indicó que los agentes deben considerar “la totalidad de las circunstancias conocidas por el agente o funcionario” para evaluar la posibilidad de fuga. Además, el gobierno deberá documentar la causa probable que sustente el arresto.

El cambio es relevante porque, según la resolución, el simple hecho de que una persona se encuentre en Estados Unidos sin autorización no basta por sí solo para justificar un arresto sin orden judicial.

La evidencia que revisó la jueza

El caso surgió de una demanda presentada el año pasado por la ACLU del Sur de California, Public Counsel y otros grupos que cuestionaron las prácticas de detención y las operaciones migratorias realizadas en la región.

Los abogados de los demandantes sostuvieron que, en numerosos casos que revisaron, no encontraron documentación que demostrara que los agentes hubieran realizado una evaluación individual sobre el riesgo de fuga.

Durante una audiencia, el abogado del gobierno Daniel Mummolo argumentó que no existe un requisito legal para documentar esa determinación y señaló que los agentes podían evaluar el riesgo “en el acto”, según un memorando de enero de 2026 citado en el proceso.

Frimpong cuestionó esa explicación durante la audiencia. “No ha presentado pruebas de agentes que digan: ‘Sí, no lo anoté, pero sí lo hice’”, respondió, de acuerdo con AP.

La jueza también revisó evidencia en video relacionada con algunos arrestos. En uno de los casos, el gobierno sostuvo que una persona estaba “huyendo” de los agentes. Sin embargo, Frimpong señaló que las imágenes mostraban al hombre caminando a un ritmo normal y utilizando su teléfono antes de que un agente comenzara a interrogarlo.

CalMatters también reportó que la resolución concluyó preliminarmente que los agentes habían realizado arrestos sin evaluar adecuadamente si las personas representaban un riesgo de fuga.

¿Qué cambia para los inmigrantes?

La decisión no significa que ICE ya no pueda detener a personas en el sur de California. El cambio se concentra específicamente en los arrestos sin orden judicial y en las condiciones que deben cumplirse para realizarlos.

La jueza determinó que los agentes deben hacer una evaluación del riesgo de fuga tomando en cuenta las circunstancias conocidas en cada caso. También rechazó la solicitud del gobierno para retrasar la aplicación de la orden mientras analiza una posible apelación.

La abogada de la ACLU del Sur de California, Mayra Joachin, celebró la decisión y afirmó: “Esta orden judicial debería poner fin a cientos, o incluso más, de arrestos ilegales que continúan en todo el sur de California”. También dijo que el grupo vigilará el cumplimiento de la resolución.

La decisión llega después de que jueces federales en Portland, Colorado, Washington D.C. y el Distrito Este de California bloquearan prácticas similares relacionadas con arrestos migratorios sin orden.

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Mientras Donald Trump pone trabas a algunos solicitantes de residencia permanente reactivando la regla de carga pública, al mismo tiempo rechaza las contribuciones que hacen inmigrantes autorizados y no autorizados a través del pago de todo tipo de impuestos, y su maquinaria de detenciones y deportaciones reduce la mano de obra y encarece los precios de productos y servicios.

Más poder para inmigración

Como parte de su cruzada antiinmigrante, el presidente quiere otorgar a funcionarios de inmigración más poderes para determinar si un solicitante de residencia permanente podría convertirse en carga pública.

La regla entra en vigor el viernes 18 de septiembre y aplica a quienes solicitan la tarjeta de residencia a través de un familiar, o a residentes permanentes que han salido de Estados Unidos por más de seis meses y quieren reingresar.

Pero son residentes legales que tienen derecho a ciertos tipos de asistencia pública basadas en ingresos que dejarían de solicitar por temor a afectar su petición de residencia permanente.

De hecho, una coalición de estados y ciudades liderados por demócratas demandó al gobierno federal para impugnar la regla.

“Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura de atención médica y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legal”, declaró la fiscal general de Nueva York, Letitia James, durante una conferencia de prensa el lunes en el Ayuntamiento junto al alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y defensores de los inmigrantes”, reportó la agencia noticiosa Associated Press.

De hecho, grupos proinmigrantes denuncian que la norma afectará especialmente a familias de situación migratoria mixta donde un padre o una madre pueden perder su oportunidad de obtener la residencia permanente porque su hijo ciudadano obtuvo algún tipo de asistencia pública ya sea cobertura médica, o almuerzos escolares.

Es otro ejemplo de una política cruel que busca, sin la intervención del Congreso, ampliar los poderes discrecionales de funcionarios de inmigración para determinar quién será o no una carga pública.

Y es parte de su asalto a los inmigrantes por todos los flancos que tiene como objetivo lograr que la mayor cantidad de ellos opten por autodeportarse.

Las redadas también cuestan

Pero, como hemos señalado ampliamente en este espacio, los operativos migratorios del gobierno de Trump no solamente son crueles e inhumanos por la separación de familias y por su violencia.

También tienen un efecto negativo sobre la economía, no solo de las familias afectadas, sino de las comunidades, pueblos, ciudades y estados donde viven esas familias. Y en consecuencia afectan la economía a nivel nacional.

Una familia que pierde a un padre o una madre o a ambos por una detención o deportación ya no tiene los recursos para cubrir sus necesidades básicas, pero se trata de una cadena, pues dejan de pagar hipotecas, servicios de agua, luz o gas, dejan de acudir a los supermercados, a las tiendas, y dejan de pagar impuestos sobre ventas y sobre ingresos.

La semana pasada, el Great Cities Institute de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC) dio a conocer un estudio que encontró que el operativo migratorio ‘Midway Blitz’ provocó que latinos e inmigrantes de Chicago y de otras ciudades de Illinois se quedaran en casa y eso provocó una pérdida de $1,260 millones de dólares en actividad económica en el condado de Cook en el lapso de un año.

Asimismo, los gobiernos locales dejaron de recibir $107 millones de dólares en impuestos en el mismo periodo.

“Los latinos son trabajadores, consumidores, propietarios de viviendas, propietarios de negocios y contribuyentes”, declaró uno de los autores del estudio, José Miguel Acosta Córdova, investigador asociado del Instituto de Investigación sobre Raza y Políticas Públicas de la UIC, reportó la Agencia EFE.

“Cuando se interrumpe la movilidad cotidiana de las comunidades latinas e inmigrantes, esas consecuencias se extienden más allá de los límites de nuestros vecindarios y afectan a la economía en general”, agregó. Es que los efectos económicos fueron más allá de Pilsen o de La Villita, los barrios tradicionalmente mexicanos en Chicago.

Menos trabajadores, precios más altos

A nivel nacional, los operativos reducen la fuerza laboral en sectores económicos cruciales lo cual sube los precios de bienes y servicios. El reciente reporte de America’s Voice, End the ICE Tax concluyó, de hecho, que “los precios están subiendo más rápidamente en las categorías que más dependen de la mano de obra inmigrante”.

Algo que sin duda los votantes están sintiendo de cara a las elecciones de medio tiempo aunque Trump parezca ajeno a la realidad reviviendo reglas de carga pública cuando la única carga evidente es la que su política migratoria está teniendo a nivel humanitario y económico.

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El director del FBI, Kash Patel, se negó a garantizar que agentes de la agencia permanecerán fuera de los centros de votación durante las elecciones de mitad de mandato de noviembre, durante una tensa audiencia ante el Comité Judicial del Senado.

El intercambio ocurrió cuando los senadores demócratas Richard Blumenthal y Peter Welch cuestionaron a Patel sobre el papel que tendrá el organismo durante la jornada electoral.

Patel evita comprometerse ante el Senado

Blumenthal pidió directamente al director del FBI que se comprometiera a no enviar agentes a los centros de votación. Patel respondió que la agencia actuará conforme a la ley.

“El día de las elecciones, el FBI acatará la ley. Si hay un motivo para ir allí porque se ha producido una violación de la ley, iremos; de lo contrario, no lo haremos”, dijo Patel.

Más tarde, Welch insistió en el tema y preguntó por la presencia de agentes en los lugares donde los ciudadanos acudirán a votar. Patel explicó que existen coordinadores de delitos electorales en las 56 oficinas de campo del FBI.

“La integridad electoral es de suma importancia. El FBI no escatimará esfuerzos en ese sentido”, afirmó.

Cuando Welch le pidió garantizar que no interferiría con la voluntad de los votantes, Patel respondió: “Me he comprometido inequívocamente a no participar en su farsa de mentiras”.

La respuesta dejó sin resolver si agentes podrían acudir físicamente a un centro de votación ante una denuncia o una posible infracción electoral.

¿Qué papel puede tener el FBI?

La presencia del FBI durante las elecciones no es nueva. El Departamento de Justicia ha explicado en procesos electorales anteriores que los coordinadores de delitos electorales permanecen disponibles en las oficinas de campo para recibir denuncias y coordinar investigaciones.

Sin embargo, existe una diferencia entre investigar posibles delitos electorales y permanecer dentro de los centros de votación. La legislación federal, específicamente el 18 U.S.C. § 592, establece restricciones a la presencia de tropas o personas armadas en lugares donde se realizan elecciones.

Por ello, las declaraciones de Patel no equivalen por sí mismas a una confirmación de que el FBI desplegará agentes armados en las urnas. Lo que quedó claro en la audiencia es que el director no quiso ofrecer una garantía absoluta de que ningún agente acudirá a un centro de votación durante las elecciones de noviembre.

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