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En un giro inesperado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ahora está deteniendo en los aeropuertos a parejas extranjeras de estadounidenses con visas vencidas e incluso con solicitudes vigentes para permanecer en el país.

Una investigación llevada a cabo por el diario The New York Times donde se incluye la revisión de documentos oficiales y el testimonio de abogados de inmigración revela que, en su afán por incrementar las deportaciones de extranjeros carentes de estatus legal, el gobierno federal incluso ha empezado a exigir la detención en los aeropuertos de extranjeros cuyas visas estadounidenses se encuentran vencidas, esto sin importar que sean cónyuges de ciudadanos nativos.

Vestidos de civil y de manera sorpresiva, agentes migratorios se acercan a los mostradores de facturación y a las puertas de llegada de al menos 15 aeropuertos del país para detener a ciertas personas que consideran están violando la política migratoria establecida por Donald Trump.

La investigación apunta hacia la presunta existencia de un acuerdo de colaboración entre la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el ICE.

A partir un documento obtenido por The New York Times, a través de la Ley de Libertad de Información del grupo de transparencia gubernamental American Oversight, desde el año pasado, la agencia de seguridad aeroportuaria comparte información con la agencia de inmigración.

El sector población hacia el cual están apuntando las autoridades migratorias podría significar cientos de miles de arrestos y posteriores deportaciones anteriormente no contempladas, pues cada año, la cantidad de extranjeros que optan por quedarse en Estados Unidos con visas expiradas e incluso permisos para laborar ha aumentado, pues muchos de ellos pretenden obtener la residencia permanente.

Desde que Markwayne Mullin se convirtió en secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se estableció como objetivo realizar 2,000 arrestos de inmigrantes al día y esa quizá sea una de las razones por las cuales ahora se está contemplando dentro de las prioridades a los extranjeros que recurren a los vuelos, como lo indicó un portavoz del DHS en un comunicado.

“Esta administración está trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros indocumentados ya no puedan volar a menos que sea para deportarse voluntariamente”, expuso.

Entre las personas afectadas por el giro que ha dado la política migratoria en el territorio estadounidense figuran parejas de extranjeros recién casados con ciudadanos estadounidenses.

Es de llamar la atención que las aerolíneas les permiten a los extranjeros con visa vencida adquirir boletos hacia cualquier destino, lo cual les genera confianza.

No obstante, los testimonios recabados por The New York Times coinciden en señalar en varios casos, al momento en que se escanea su tarjeta de embarque en los aeropuertos, suena una alarma y, en instantes, aparecen agentes del ICE para detener a las personas foráneas.

Por ello, los abogados de quienes representan a extranjeros en proceso de cambiar su estatus migratorio les están recomendando evitar viajar, pues de lo contrario se exponen a ser deportados.

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Una investigación publicada por 404 Media expone cómo la información personal que los usuarios entregan al solicitar una tarjeta de crédito puede terminar en sistemas utilizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para localizar personas dentro del país sin necesidad de una orden judicial.

De acuerdo con el medio, cuando una persona abre una cuenta o actualiza su domicilio con la institución financiera, esos datos llegan primero a agencias de crédito como Experian y Equifax. Posteriormente, parte de esa información conocida como “datos de encabezado de crédito” es utilizada por empresas especializadas en recopilación de datos, entre ellas Thomson Reuters, que la incorpora a su plataforma CLEAR.

Cómo llegan los datos personales hasta ICE

La investigación explica que ICE adquiere acceso a CLEAR, una herramienta que permite consultar direcciones, teléfonos y otros datos personales para apoyar investigaciones. Además, la plataforma está integrada con ELITE, un sistema desarrollado por Palantir que ayuda a estimar la ubicación más probable de una persona mediante un índice de confianza de domicilio.

El senador Ron Wyden criticó esta práctica y aseguró: “Nadie que solicita una tarjeta de crédito piensa que está autorizando a los intermediarios de datos a vender su información personal al ICE”.

Por su parte, la abogada Laura Rivera, de Just Futures Law, advirtió que millones de personas desconocen que su domicilio puede circular entre intermediarios de datos apenas 24 horas después de actualizarlo con una institución financiera.

Empresas responden a las críticas

Según 404 Media, Thomson Reuters sostiene que prohíbe el uso de CLEAR para localizar inmigrantes indocumentados con el único objetivo de deportarlos por su estatus migratorio. Sin embargo, la investigación señala que ICE contempla pagar alrededor de $125 millones por el acceso a esta plataforma para investigaciones relacionadas con fraude migratorio y presunto fraude electoral.

Especialistas consultados por el medio también alertaron que la información contenida en estas bases de datos puede presentar errores, lo que incrementa el riesgo de que las autoridades identifiquen direcciones equivocadas o relacionen a personas con domicilios donde ya no residen.

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El gobernador republicano de Ohio, Mike DeWine, rompió con la postura de la administración de Donald Trump al cuestionar el plan para intensificar las deportaciones de ciudadanos de Haití que perderán el Estatus de Protección Temporal (TPS). A su juicio, la medida tendría consecuencias económicas para su estado y expondría a miles de personas a regresar a un país marcado por la violencia y la inestabilidad.

Y es que más de 300 mil haitianos dejarán de contar con el TPS, un programa que les permitía trabajar y permanecer legalmente en Estados Unidos. La decisión se produce después de que la Corte Suprema permitiera al gobierno avanzar con la eliminación de esa protección para Haití.

“Sería enviarlos de vuelta al infierno”

En entrevista con CBS News, DeWine afirmó que una ofensiva de deportaciones encabezada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) representaría “un duro golpe” para Springfield y para todo Ohio, donde miles de haitianos ocupan empleos y han contribuido a reactivar la economía local.

“Estas son las personas que han ayudado a Springfield a recuperarse. Los haitianos que viven y trabajan allí vinieron porque había puestos de trabajo que nadie más estaba ocupando”, afirmó el gobernador.

DeWine también describió la situación actual de Haití como un “caos virtual” y lanzó una dura advertencia sobre el impacto humanitario de las deportaciones.

“Haití es un infierno hoy en día. Si lo hicieran, estarían enviando gente de vuelta al infierno”, declaró.

TPS llega a su fin

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que el TPS debía ser una medida temporal y que ya no responde al interés nacional. La dependencia incluso invitó a quienes perderán el beneficio a aceptar un programa de salida voluntaria que ofrece $2,600 y un boleto de avión para regresar a su país.

La decisión ha provocado nuevas críticas y litigios judiciales, mientras comunidades haitianas de Ohio y otros estados permanecen pendientes de las próximas acciones de ICE y de posibles resoluciones en los tribunales.

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res leyes aprobadas por la legislatura del estado de Maine para limitar la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entrarán en vigor mañana miércoles, con restricciones al acceso de agentes federales a escuelas, hospitales y hogares, así como a la colaboración con la policía local y las cárceles.

Entran en vigor las leyes

Las medidas, conocidas como “ICE Out” (Fuera ICE), entrarán en vigor el miércoles después de que la gobernadora demócrata Janet Mills permitiera su aprobación sin su firma.

Estas leyes fueron impulsadas en medio de las críticas a la política migratoria de la Administración del presidente Donald Trump, dos semanas después de la muerte del inmigrante colombiano Johan Sebastian Durán a manos de agentes federales en la ciudad de Biddeford, al sur del estado.

Una de las leyes, “ICE fuera de la policía”, limita la colaboración de las fuerzas locales con ICE al prohibir que las autoridades trasladen a inmigrantes bajo custodia policial a centros de detención federales, los retengan por solicitudes de la agencia migratoria o informen sobre sus fechas de liberación.

La medida busca evitar que los inmigrantes dejen de acudir a las autoridades locales por temor a consecuencias migratorias, explicó este martes la Unión de Libertades Civiles (ACLU) de Maine durante una conferencia de prensa.

Escuelas, hospitales y hogares

Otra de las normas, “ICE fuera de las escuelas y centros de salud”, permite al personal de escuelas públicas, centros médicos y bibliotecas estatales negar el acceso a esos espacios o a determinada información a agentes migratorios que no presenten una orden judicial.

Durante décadas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, mantuvo una política que restringía las detenciones migratorias en lugares considerados sensibles, pero Trump la revocó tras asumir el cargo en enero de 2025.

La tercera ley, “ICE fuera de nuestros hogares”, impide que los propietarios entreguen información personal de sus inquilinos a ICE sin una orden judicial y ofrece protección frente a posibles presiones o intimidaciones de la agencia.

Más estados se suman

Con estas medidas, Maine se suma a otros estados como Nueva York, California, Illinois, Massachusetts, Vermont, Connecticut y Delaware, además de varias ciudades y condados, que han aprobado normas similares para limitar la cooperación local con las autoridades migratorias federales.

“Estas políticas facilitan que las personas vayan al trabajo, lleven a sus hijos a la escuela, acudan al médico o pidan ayuda sin temor a que las instituciones locales se utilicen para aplicar las leyes federales de inmigración”, dijo Rubén Torres, director de políticas de la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes de Maine.

Mientras, el asesor jurídico Zach Heiden, de la ACLU, dijo que no esperan que ICE cumpla voluntariamente las nuevas restricciones, pero confían en que las policías locales, oficinas de alguaciles y cárceles sí las apliquen.

La ACLU publicó la semana pasada el informe nacional “Agentes del caos y la crueldad”, en el que documenta más de 400 casos de presunta mala conducta de ICE entre más de 1,200 incidentes migratorios analizados.

La organización sostiene que el aumento de recursos otorgados a la agencia bajo la Administración Trump ha incrementado su poder sin que se hayan aprobado reformas para reforzar los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.

“La violencia que ejerce ICE no constituye una aplicación de la ley en el sentido estricto de la palabra. Es ilegal, aterradora y mortal, y debe cesar”, zanjó la organización.

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El vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300 mil haitianos marca un nuevo capítulo en la política migratoria al dejar a miles de personas sin la protección que les permitía vivir y trabajar legalmente en el país mientras persistían las condiciones de riesgo en su nación de origen.

De acuerdo con información publicada por ABC News, el fin de este beneficio también alcanza a miles de ciudadanos sirios y ocurre después de que el Tribunal Supremo permitiera a la administración de Donald Trump avanzar con la cancelación del programa, tras una serie de litigios que habían retrasado su aplicación. El caso representa una de las mayores terminaciones del TPS en los últimos años.

ICE prepara nuevas acciones

Según una fuente consultada por el medio citado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contempla reforzar sus operativos dirigidos a personas haitianas que anteriormente contaban con el TPS. No obstante, la misma fuente indicó que esos planes aún podrían modificarse dependiendo de futuras resoluciones judiciales.

Las comunidades haitianas de Florida y Springfield, Ohio, figuran entre las que podrían resentir con mayor rapidez los efectos de las nuevas medidas migratorias, debido a la importante concentración de beneficiarios del programa en esas zonas.

Beneficiarios quedan en riesgo

El TPS fue creado para ofrecer protección temporal a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales o condiciones extraordinarias que impiden un retorno seguro. Sin ese estatus, quienes no cuenten con otra vía legal para permanecer en el país podrían enfrentar procesos de deportación.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que el periodo de protección llegó a su fin y señaló que la agencia mantiene operativos de cumplimiento migratorio en todo el país, aunque evitó ofrecer detalles sobre acciones específicas.

Además, James Percival, asesor jurídico del DHS, reiteró recientemente el llamado para que quienes pierdan el TPS acepten el programa de salida voluntaria impulsado por el gobierno.

“Para aquellos cuyo TPS está por vencer, estos últimos días ofrecen una última oportunidad para recibir $2,600 y un vuelo gratuito de regreso a casa”, escribió Percival en la red social X.

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Una nueva batalla legal contra las autoridades migratorias puso bajo escrutinio la actuación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza, luego de que salieran a la luz videos de cámaras corporales y mensajes de texto en los que presuntamente utilizaron insultos raciales para referirse a personas latinas durante operativos en el área de Los Ángeles.

La información, dada a conocer por el Los Angeles Times, forma parte de una moción presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), junto con Public Counsel y otros abogados, quienes buscan que un juez federal prohíba las detenciones basadas en perfiles raciales. Según la demanda, las pruebas muestran un patrón de conducta discriminatoria durante las redadas realizadas en el sur de California.

Videos y mensajes refuerzan las acusaciones

Entre las evidencias se encuentran grabaciones de cámaras corporales en las que un agente hace referencia a un hombre utilizando un insulto despectivo contra inmigrantes. Además, conversaciones por mensaje de texto muestran expresiones ofensivas y comentarios sobre patrullajes para localizar personas en zonas frecuentadas por trabajadores latinos.

Para Mayra Joachín, abogada de la ACLU del Sur de California, el contenido de estos registros evidencia que las operaciones migratorias están marcadas por prejuicios raciales.

“Lo que impulsa la forma en que se llevan a cabo las operaciones de inmigración actualmente es un sentimiento racista”, afirmó la litigante.

La demanda cuestiona el uso de perfiles raciales

Los demandantes sostienen que la estrategia operativa cambió en 2025, cuando, según documentos internos citados en la moción, ICE comenzó a privilegiar operativos masivos en lugares públicos, como tiendas Home Depot, lavaderos de autos y paradas de autobús, en lugar de enfocarse en investigaciones individualizadas.

La demanda asegura que, en numerosos casos, los agentes arrestaron a personas distintas de los supuestos objetivos iniciales y que las decisiones estuvieron motivadas principalmente por la apariencia física o el origen étnico percibido. Incluso, un agente habría descrito al perfil que buscaba simplemente como un “hombre hispano mayor”, de acuerdo con el expediente judicial.

Los abogados también afirman que varios teléfonos celulares utilizados durante los operativos aún no han sido entregados para su análisis forense, por lo que consideran que podrían existir más pruebas sobre el comportamiento de los agentes durante las redadas.

El caso permanece en manos de la jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong, quien deberá resolver si concede nuevas restricciones a las operaciones migratorias mientras continúa el proceso judicial.

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Un juez federal ordenó este lunes la liberación en un plazo de 48 horas de José Trinidad Rojas Pliego, uno de los pasajeros de la camioneta en la que viajaba el trabajador mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien murió tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Texas.

Orden judicial por debido proceso

La orden fue emitida por el juez Keith P. Ellison, del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, quien determinó que la detención migratoria de Rojas Pliego violaba su derecho constitucional al debido proceso bajo la Quinta Enmienda.

El magistrado señaló que este caso forma parte de cientos de peticiones similares que cuestionan la interpretación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre la detención obligatoria de inmigrantes bajo la legislación federal.

Rojas Pliego permanece bajo custodia de ICE y, hasta ahora, no se ha confirmado que haya sido liberado. La orden judicial establece que las autoridades migratorias deberán ponerlo en libertad dentro de 48 horas y notificar previamente a sus abogados sobre la ejecución de la medida.

Continúa la investigación

El hombre era uno de los pasajeros de la camioneta conducida por Salgado Araujo, quien murió el pasado 7 de julio tras un incidente con agentes de ICE en Houston.

Salgado Araujo, padre de tres ciudadanos estadounidenses, fue baleado cuando conducía hacia su trabajo y, menos de una semana después, el 13 de julio, el colombiano Johan Sebastián Guerrero murió en Biddeford (Maine) tras recibir un disparo por agentes migratorios, frente a su pareja y su hijo menor de edad.

Los pasajeros, incluido Rojas Pliego, han cuestionado la versión oficial de las autoridades, que sostiene que el vehículo fue utilizado como una amenaza contra los agentes, mientras que sus abogados han denunciado que fueron detenidos sin una base legal suficiente.

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) inició una revisión de sus protocolos de contratación y entrenamiento luego de que tres muertes de inmigrantes durante operativos migratorios en julio intensificaran el escrutinio sobre las prácticas de la agencia y el uso de la fuerza por parte de sus agentes.

El llamado “zar de la frontera”, Tom Homan, confirmó este domingo que la revisión incluye el proceso de verificación de antecedentes del personal, después de que surgieran denuncias sobre el historial de un agente involucrado en el tiroteo que costó la vida al colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero en Maine.

En una entrevista con CNN, Homan afirmó que el caso es objeto de una investigación administrativa y reconoció que las autoridades buscan determinar si durante el proceso de contratación se pasaron por alto señales de alerta relacionadas con el agente.

“Si eso es cierto, no creo que debiera haber superado la verificación de antecedentes”, declaró el funcionario al referirse a las acusaciones de violencia doméstica presentadas por dos exesposas del agente, quien además habría enfrentado una orden judicial para entregar sus armas de fuego.

“¿Cómo falló el proceso de verificación? ¿Acaso no tenían esa información? ¿Lo desconocían?”, agregó Homan.

Border Czar Tom Homan says ICE will continue conducting traffic stops following two recent fatal officer-involved shootings, announcing new safety measures including mandatory body cameras for at least one agent during each stop.

Homan says reviews of training and policies? pic.twitter.com/4XeSGbtOrc

— One America News (@OANN) July 26, 2026

El historial del agente pone bajo la lupa al ICE

El Departamento de Seguridad Nacional no ha revelado oficialmente la identidad del agente que disparó contra Durán Guerrero durante un operativo realizado el 13 de julio en Biddeford, Maine. De acuerdo con la versión oficial, los agentes intentaban ejecutar una orden migratoria cuando ocurrió el incidente. Sin embargo, posteriormente se conoció que Durán Guerrero, ciudadano colombiano, contaba con autorización legal para vivir y trabajar en Estados Unidos y que no era el objetivo principal del operativo.

Videos de cámaras de seguridad difundidos por distintos medios muestran que el vehículo del inmigrante continuó avanzando después de que el agente realizara varios disparos. Posteriormente, los oficiales lo sacaron del automóvil, lo esposaron y le brindaron primeros auxilios.

El caso ha generado nuevas preguntas porque los agentes involucrados no portaban cámaras corporales, una herramienta que organizaciones de derechos civiles y legisladores demócratas consideran indispensable para documentar este tipo de intervenciones.

? Tom Homan shuts down CNN on ICE training questions

Host claims deadly mistakes and inadequate training. Homan fires back:

“Every law enforcement agency reassesses training. You can’t ever have too much.”

Acting ICE director already added more training. Vetting issues get? pic.twitter.com/rti6RoPyXg

— Trent Leisy (@realTrentLeisy) July 26, 2026

Las muertes aumentan la presión sobre la agencia

La muerte de Durán Guerrero ocurrió días después del fallecimiento del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien murió durante otro operativo del ICE en Texas el 7 de julio. Una semana más tarde, el mexicano Juan Jairo Coronilla Durán perdió la vida en Florida tras ser atropellado por un camión cuando intentaba escapar de un operativo migratorio.

Pese a estos casos, Homan rechazó concluir que la agencia haya cometido errores. “No diría que se cometieron errores. Todo está bajo revisión. Veremos cuáles son las conclusiones”, señaló, aunque reiteró su respaldo al uso obligatorio de cámaras corporales por parte de los agentes.

Según cifras oficiales, en junio las detenciones realizadas por ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) superaron las 43,000, el mayor número registrado desde el inicio del segundo mandato de Trump en enero de 2025.

La revisión anunciada por Homan busca determinar si los actuales filtros de contratación y capacitación son suficientes para evitar que personas con antecedentes incompatibles con el servicio federal ingresen a una de las agencias más cuestionadas por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. Las alarmas sobre el perfil de los agentes coinciden con una agresiva campaña de contratación iniciada en enero de 2025 para cumplir con las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Para ampliar la fuerza operativa, la agencia ofreció bonos de ingreso de hasta 50,000 dólares, acumulando más de 220,000 solicitudes. Sin embargo, activistas y legisladores advirtieron que el apresurado crecimiento provocó que se pasaran por alto antecedentes penales o conductas violentas entre los nuevos reclutas.

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La vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, insistió en que las leyes deben garantizar la protección de los derechos humanos fundamentales y el acceso efectivo a la justicia para cualquier individuo, independientemente de su estatus migratorio. “Las leyes tienen que funcionar para ti y tus derechos”, puntualizó la diplomática nigeriana.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su preocupación por las recientes muertes de migrantes registradas durante operativos y bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, al tiempo que llamó a las autoridades estadounidenses a garantizar el respeto al Estado de derecho y a los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su situación migratoria.

Durante una visita oficial a Ciudad de México, la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, afirmó que cualquier vulneración de derechos humanos debe ser motivo de preocupación para la comunidad internacional y subrayó la importancia de que las leyes funcionen como un mecanismo de protección para quienes buscan justicia.

La funcionaria añadió que el “imperio de la ley” debe prevalecer y recordó que toda persona debe contar con acceso a recursos legales cuando considere que sus derechos han sido vulnerados “Todos debemos preocuparnos cuando se les arrebatan los derechos a las personas. Pero creo que las conversaciones entre el Gobierno de México y el de Estados Unidos continúan”, declaró Mohammed en entrevista con la agencia EFE.

? La vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, exigió a EE. UU. respetar el Estado de derecho y garantizar los derechos humanos tras las muertes de migrantes.

? Desde Ciudad de México, instó a Washington a proteger a las comunidades vulnerables frente a las denuncias?

— teleSUR TV (@teleSURtv) July 26, 2026

México impulsa acciones legales por 17 fallecimientos

Las declaraciones de la representante de Naciones Unidas se producen después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México presentara denuncias ante tribunales estadounidenses por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos ocurridas bajo custodia del ICE o durante operativos migratorios. El gobierno mexicano también solicitó formalmente a la ONU pronunciarse sobre estos casos.

Aunque Mohammed evitó referirse directamente a esa petición diplomática, insistió en que el respeto al Estado de derecho constituye la base para garantizar la protección de los derechos humanos.

“Es por eso por lo que las leyes están construidas, es por tus derechos. Las leyes tienen que funcionar para ti y tus derechos”, señaló.

El tema volvió a ocupar un lugar central en la agenda bilateral tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano de 52 años que falleció el pasado 7 de julio en Houston, Texas, después de recibir disparos de un agente del ICE durante un operativo migratorio, de acuerdo con las autoridades mexicanas.

Productivo intercambio con Amina Mohammed en el que conversamos sobre el futuro del multilateralismo, el papel que México desempeña en su fortalecimiento y las reformas que requiere la ONU para hacer frente a los desafíos globales de nuestro tiempo. https://t.co/HtdbyKBVia

— Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) July 25, 2026

Caso reaviva el debate sobre la política migratoria

Tras ese incidente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió al gobierno de Estados Unidos evitar la “criminalización” de la comunidad migrante y llamó a los distintos sectores políticos y sociales a mantener la solidaridad con los mexicanos que viven en territorio estadounidense.

El Ejecutivo mexicano anunció además que dejaría de limitar sus gestiones al ámbito diplomático para recurrir también a la vía penal en Estados Unidos en los casos de connacionales fallecidos desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, periodo marcado por un endurecimiento de las políticas migratorias y un incremento de los operativos de detención.

En el marco de su visita a México, Mohammed también sostuvo una reunión con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, para abordar el fortalecimiento del multilateralismo, las reformas impulsadas dentro de la ONU, la cooperación entre México y el Sistema de Naciones Unidas, así como temas relacionados con mujeres, paz y seguridad, desarrollo sostenible e inteligencia artificial.

Las declaraciones de la alta funcionaria reflejan la creciente atención internacional sobre las condiciones en que se desarrollan los operativos migratorios en Estados Unidos, mientras continúan las investigaciones y los procesos legales relacionados con las muertes de ciudadanos mexicanos bajo custodia o durante acciones de cumplimiento de las leyes migratorias.

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Las calles del centro de Los Ángeles, California, fueron la ruta que siguió una marcha organizada este sábado por personas que exigen poner fin a la deportación masiva de inmigrantes ordenada por el presidente Donald Trump.

Lo destacado del evento es que durante el trayecto algunos de los participantes cargaban pequeños ataúdes de cartón y en color negro en memoria de los extranjeros carentes de estatus legal que han perdido la vida durante algún operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La manifestación solidaria con las familias de los fallecidos fue bautizada como “Justicia para Lorenzo. Justicia para Johan. Justicia para todos. Abolir ICE”.

Los nombres de los inmigrantes señalados se refieren a los casos del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, y del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, quienes perdieron la vida en operativos del ICE llevados a cabo por separado tanto en Texas como en Maine.

Con respecto al primero, era propietario de una empresa de construcción y un oficial del ICE le disparó presuntamente para evitar ser arrollado por la camioneta que conducía.

Presuntamente, el inmigrante se negó a detenerse durante un control de tráfico llevado a cabo el 7 de julio cerca de las 7 am en Houston, Texas.

En cuanto al caso del sudamericano Joan Sebastián, tenía 26 años y falleció el 13 de julio luego de que un agente de ICE le disparó durante un operativo de detención relacionado con una orden final de deportación.

Exigiendo mayor empatía con los extranjeros carentes de estatus legal, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y grupos religiosos convocaron a la ciudadanía a salir a las calles de Los Ángeles en protesta por la conducta asumida por las autoridades migratorias al momento de cumplir la orden del gobierno federal de llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes de toda la historia.

La representación fúnebre que pasó frente al Ayuntamiento de Los Ángeles incluyó nombres de los 53 inmigrantes fallecidos bajo custodia del ICE a partir de que Trump asumió la presidencia por segunda ocasión.

“Debemos unirnos para defendernos y honrar a los trabajadores inmigrantes y jornaleros, quienes soportan lo peor del odio antiinmigrante mientras construyen nuestras comunidades y defienden los derechos humanos. Hoy nos reunimos para llorar su pérdida y exigir el fin del reino de terror del ICE“, expresó ante varios representantes de los medios informativos, Erika Andiola, directora política de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).

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