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El venezolano Wilber Rafael Garcés Pérez, baleado por un agente de ICE en Austin, Texas, denunció que permanece detenido con una bala alojada en la espalda, sufre dolor constante y no ha recibido la atención médica que necesita.

Garcés Pérez, de 28 años, habló por teléfono este lunes desde el Centro de Procesamiento del ICE del Sur de Texas, en Pearsall, después de haber sido trasladado allí tras salir del hospital donde fue atendido por el disparo.

Según su relato, los médicos decidieron no extraerle la bala porque se encuentra demasiado cerca de la columna vertebral. El venezolano aseguró además que ICE presionó al hospital para que lo entregara rápidamente a la custodia de la agencia.

“No estoy bien. No he recibido la atención médica que necesito”, afirmó durante una rueda de prensa en la que respondió a las preguntas de los periodistas por teléfono.

Denuncia dolor y condiciones en el centro de detención

Garcés Pérez relató que llegó al centro de detención alrededor de las 4:00 de la madrugada y que continuó quejándose del dolor. Aseguró que durante varias horas no recibió atención médica ni medicamentos para aliviarlo.

Según su versión, el lunes por la mañana le dieron una pastilla cuyo contenido o nombre desconocía.

También afirmó que pasó la noche en el suelo de una habitación fría. The Texas Tribune reportó que el venezolano dijo haber dormido sobre el suelo de concreto de una celda durante su traslado a un centro temporal de procesamiento.

Su situación provocó pedidos de liberación por parte de legisladores, activistas y organizaciones defensoras de los inmigrantes, que cuestionaron que fuera trasladado desde un hospital a un centro de detención mientras todavía tenía la bala alojada en el cuerpo.

“Wilber es una víctima del tiroteo y el testigo más importante del mismo”, declaró Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), durante una rueda de prensa en Austin.

Proaño sostuvo que Garcés Pérez no debería ser deportado mientras pueda aportar información sobre el uso de la fuerza durante el operativo.

Su abogada cuestiona cómo ocurrió el tiroteo

La abogada de Garcés Pérez, Kate Lincoln-Goldfinch, explicó que su cliente se encontraba trabajando como repartidor de DoorDash cuando ocurrió el incidente el domingo.

Según la versión transmitida por la defensa, un vehículo SUV sin distintivos golpeó lateralmente el automóvil que conducía Garcés Pérez. El venezolano habría realizado un giro en U y el vehículo lo habría perseguido y golpeado nuevamente.

Garcés Pérez dijo que no sabía inicialmente que se trataba de agentes de ICE y que pidió poder detenerse en un lugar más seguro. Según su relato, poco después recibió un disparo en la espalda.

La versión sobre el enfrentamiento y el uso de la fuerza permanece bajo investigación. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó el domingo que Garcés Pérez se encontraba bajo custodia federal y en condición estable, mientras las autoridades investigan el incidente.

Un proceso migratorio pendiente

Lincoln-Goldfinch sostiene que Garcés Pérez ingresó legalmente a Estados Unidos en 2024 mediante el programa CBP One y posteriormente solicitó asilo. También indicó que obtuvo un permiso de trabajo.

Según la abogada, Garcés Pérez notificó al tribunal de inmigración un cambio de domicilio, pero la citación para una audiencia fue enviada a una dirección anterior. Al no presentarse, un juez habría emitido una orden de deportación en ausencia.

El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, ha señalado que Garcés Pérez tenía una orden definitiva de expulsión, aunque no ha ofrecido públicamente detalles sobre las circunstancias que llevaron a esa decisión.

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Exiliados de Venezuela pidieron este lunes al Gobierno de Estados Unidos que evite una “persecución dirigida contra la comunidad venezolana” tras el disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) contra un migrante del país suramericano en Texas el domingo.

La Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex) y Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) expresaron en un pronunciamiento “su más enérgico rechazo” tras el balazo en el torso que recibió el venezolano Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 años, mientras trabajaba como repartidor en Austin, Texas.

“La aplicación de las leyes migratorias no concede licencia para disparar, humillar, incomunicar o poner en peligro la vida de una persona. Tampoco puede convertirse en una persecución dirigida contra la comunidad venezolana ni contra ninguna comunidad inmigrante”, señalaron las organizaciones, con sede en Florida.

Las asociaciones advirtieron de que la familia y abogados desconocen la ubicación y condición médica de Garcés Pérez, quien realizaba una entrega de la plataforma DoorDash cuando ocurrió el incidente el domingo.

Según relató a EFE Mike Siegel, concejal de Austin que acudió a la escena, un agente de ICE se bajó de una camioneta sin identificar y disparó hacia el automóvil que conducía Garcés, que estaba estacionado.

Las agrupaciones de venezolanos consideraron “insuficiente” la respuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que anunció que su unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) dirige la indagatoria con ayuda del FBI, “mientras se mantenga oculto el lugar de reclusión de Wilber y se impida el acceso de su familia”.

Por ello, hicieron “un llamado urgente al secretario de Estado, Marco Rubio, para que intervenga públicamente en defensa de la vida, la dignidad y los derechos fundamentales de los venezolanos, y solicite respuestas inmediatas al Gobierno federal sobre la ubicación y las condiciones de reclusión de Wilber”.

El incidente se suma a más de 10 tiroteos de agentes migratorios en Estados Unidos en lo que va del año, incluyendo cuatro muertos, como los estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Minnesota en enero, y en julio el mexicano Lorenzo Salgado en Texas y el colombiano Johan Sebastián Durán en Maine.

En este contexto, las agrupaciones de venezolanos se sumaron a congresistas federales que piden una investigación “independiente, transparente e imparcial” así como “preservar y divulgar, conforme a la ley, las grabaciones de las cámaras corporales, comunicaciones operativas y demás evidencias relacionadas con el incidente”.

“Una y otra vez, ICE ha disparado a personas y luego ha mentido sobre lo sucedido. Podemos ver las mentiras con nuestros propios ojos. Exigiremos verdad, transparencia y rendición de cuentas”, comentó el congresista Greg Casar, de Texas, en X.

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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) abrió una investigación con el FBI del incidente de agentes contra un migrante venezolano, quien resultó herido al ser baleado en Texas por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

La información la dio a conocer la abogada Kate Lincoln-Goldfinch y el concejal de la ciudad Mike Siegel a la agencia EFE sobre la agresión sufrida por Wilber Rafael Garcés, de 28 años, quien estaba estacionado en su vehículo realizando una entrega de comida para la empresa DoorDash en Austin, cuando un funcionario descendió de un vehículo sin identificación y accionó su arma de fuego contra el vehículo.

“Lo esposaron, le rompieron la camisa y ahí fue que vi que tenía dos balazos en la espalda”, declaró un testigo presencial identificado como Juan a la agencia anteriormente citada.

Estado de salud y estatus legal de Garcés

Un vocero del DHS confirmó a EFE que la agencia evalúa el caso con asistencia del FBI, e indicó que el ciudadano venezolano se encuentra “estable y en custodia federal, a la espera de su deportación”.

Por su parte, la abogada y la esposa de Garcés indicaron que el afectado fue ingresado a un centro de detención tras el tiroteo. La jurista denunció trabas en la comunicación.

“Van a tener que darme acceso a él para poder dar más detalles (sobre cómo entró al país). Ahora mismo, no le están permitiendo hablar ni con su abogada ni con su esposa”, señaló la abogada.

Postura del DHS sobre la situación migratoria del afectado

Entretanto, el portavoz gubernamental sostuvo que Garcés “entró en el país ilegalmente bajo la Administración (del expresidente Joe) Biden y estaba sujeto a una orden de deportación definitiva”.

Sin embargo, la abogada Lincoln-Goldfinch dijo a EFE que su representado ingresó a territorio estadounidense mediante la plataforma digital CBP One.

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Un agente de ICE disparó e hirió a un hombre venezolano, identificado como Wilber Rafael Garcés, el domingo en el norte de Austin, Texas, durante un incidente que ahora es investigado por las autoridades locales y federales.

La víctima recibió un disparo en el torso y fue trasladada a un hospital, donde se encontraba en estado grave pero estable, informó Robert Luckritz, jefe de los servicios de emergencia del condado de Austin-Travis.

No obstante, los familiares y la defensa de Garcés desconocen aún a qué reclusorio fue llevado.

NBC News reportó que el venezolano estaba indocumentado y tenía una orden de deportación definitiva.

El tiroteo ocurrió alrededor de la 1 p. m. después de una breve persecución a pie. La jefa de la Policía de Austin, Lisa Davis, confirmó que los agentes de su departamento no participaron en el operativo ni en el tiroteo.

Davis dijo que todavía no estaba claro si el hombre era el objetivo de una operación migratoria. Esas circunstancias, señaló, forman parte de las preguntas que deberán responder los investigadores.

Un testigo relató a la agencia EFE que vio al hombre en el puesto del conductor y se veía cansado, “estaba sufriendo”. También contó que el agente de ICE no se acercó a ayudar. “Lo esposaron, le rompieron la camisa y ahí fue que vi que tenía dos balazos en la espalda”, dijo el hombre a EFE.

La Policía de Austin desplegó a investigadores en el lugar y mantiene contacto con Investigaciones de Seguridad Nacional y otras agencias estatales.

Tras el tiroteo, varias personas se concentraron en el lugar de los hechos para exigir “Justicia por Wilber” mientras las autoridades mantenían acordonada la zona.

Austin pide participar en la investigación

El alcalde de Austin, Kirk Watson, pidió que la Policía de Austin participe en cualquier investigación sobre el tiroteo para aportar una perspectiva independiente.

“Que alguien que se hace pasar por agente de la ley, sobre todo si se trata de ICE, dispare en las calles de Austin es algo que me indigna y me enfurece”, declaró Watson durante una rueda de prensa, según NBC News.

El congresista demócrata por Texas Greg Casar también exigió una investigación independiente y pidió que se publiquen las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes.

“Exigiremos verdad, transparencia y rendición de cuentas”, escribió Casar en X.

Tras el tiroteo, varias personas se concentraron en el lugar de los hechos mientras las autoridades mantenían acordonada la zona, según NBC.

Otros incidentes con agentes migratorios

El caso ocurre en un momento de mayor escrutinio sobre el uso de armas de fuego por parte de agentes federales durante operaciones migratorias. En julio, un agente de ICE mató a Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, en Houston, mientras agentes federales perseguían el vehículo que conducía.

Ese mismo mes, un agente de ICE disparó contra Johan Sebastián, un colombiano de 25 años, durante un operativo en Maine. El caso también generó cuestionamientos sobre el uso de la fuerza.

Los incidentes se produjeron después de las muertes de Alex Pretti y Renée Good durante operaciones de inmigración en Minneapolis en enero, en un contexto de protestas contra las políticas migratorias de la Administración Trump.

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El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas Christian Castro se declaró inocente este viernes de seis cargos federales que lo acusan de haber mentido al FBI sobre las circunstancias en las que disparó e hirió a un hombre venezolano durante el operativo migratorio realizado en Minneapolis a comienzos de este año.

Castro, de 52 años, compareció ante un juez magistrado federal en St. Paul, Minnesota, un día después de presentarse ante un tribunal estatal por cargos de agresión relacionados con el mismo tiroteo. La agencia AP reportó que el agente, vestido con un traje negro y con un monitor electrónico visible en el tobillo, habló poco durante la audiencia federal.

El Departamento de Justicia informó que Castro fue acusado por un gran jurado federal de seis cargos de declaraciones materialmente falsas al FBI durante una entrevista realizada el 14 de enero, el mismo día del tiroteo. Cada uno de esos cargos contempla una pena máxima de cinco años de prisión en caso de una condena.

La acusación federal sostiene que Castro y otro agente de ICE intentaban detener a un hombre venezolano de 26 años en el norte de Minneapolis cuando se produjo un forcejeo. Después de que el hombre lograra liberarse, él y Julio César Sosa-Celis, de 24 años, ingresaron a una vivienda.

Según la acusación, Castro se levantó, sacó su arma de servicio y disparó una vez a través de la puerta principal mientras ambos hombres entraban en la vivienda. La bala alcanzó a Sosa-Celis en una pierna y continuó hasta quedar incrustada en una pared del apartamento ubicado en la planta baja.

El documento judicial señala además que había varias personas dentro de la vivienda, incluidos menores de edad.

La versión que los fiscales consideran falsa

Horas después del tiroteo, Castro declaró al FBI que había sido atacado con una escoba roja y una pala para nieve mientras intentaba detener al hombre que perseguía.

De acuerdo con la acusación, Castro afirmó que dos hombres lo golpearon con esos objetos y que, mientras permanecía en el suelo, intentó protegerse de los golpes. También dijo a los investigadores que disparó cuando los hombres comenzaron a correr hacia la vivienda y que se encontraba todavía en el suelo cuando efectuó el disparo.

Los fiscales sostienen que esas afirmaciones eran falsas. La acusación señala que ninguna persona golpeó a Castro con una escoba y una pala como él describió y que el agente estaba de pie cuando disparó.

El caso federal no acusa a Castro directamente de haber disparado contra Sosa-Celis de manera ilegal. Los seis cargos presentados por el Departamento de Justicia están relacionados con las declaraciones que, según los fiscales, entregó posteriormente al FBI.

Castro fue suspendido sin sueldo por ICE a comienzos de año.

También enfrenta cargos en Minnesota

El proceso federal se desarrolla en paralelo con la causa estatal por el mismo tiroteo. Los fiscales de Minnesota acusaron a Castro en mayo de agresión y de denunciar falsamente un delito.

Durante meses, las autoridades de Minnesota intentaron conseguir que Castro fuera trasladado desde Texas, donde había sido detenido, para enfrentar esos cargos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, se negó a firmar la orden de extradición solicitada por Minnesota.

Un juez federal de Texas rechazó posteriormente una solicitud de Minnesota para obligar a las autoridades texanas a efectuar la extradición.

Castro finalmente regresó por su cuenta a Minnesota después de ser liberado de una cárcel de Texas y quedó bajo custodia de las autoridades federales. Posteriormente también fue puesto bajo custodia estatal por los cargos derivados del tiroteo.

En una audiencia federal previa en Texas, un juez le impuso una fianza de $75,000 dólares y ordenó que utilizara un dispositivo de monitoreo GPS, entregara su pasaporte y dejara bajo custodia cualquier arma de fuego personal.

La audiencia federal del viernes se produjo después de que Castro fuera puesto en libertad bajo condiciones tras su comparecencia ante el tribunal estatal el jueves. Su abogado, Daniel Gerdts, no hizo declaraciones a los periodistas al salir del tribunal.

Primer procesamiento federal vinculado con Metro Surge

El caso se convirtió en uno de los primeros procesos judiciales derivados de la Operación Metro Surge, el despliegue federal de agentes migratorios que llevó a miles de funcionarios a Minneapolis y St. Paul durante la ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump.

La operación provocó protestas, arrestos y enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales, además de varios tiroteos protagonizados por funcionarios de inmigración. El proceso contra Castro es el primer caso conocido en el que el Departamento de Justicia busca procesar a un funcionario federal por actuaciones realizadas durante ese operativo.

La disputa sobre el caso también enfrentó a las autoridades de Minnesota con la administración Trump. El Departamento de Seguridad Nacional ha sostenido que el procesamiento estatal de Castro es “ilegal” y una “maniobra política”.

Minnesota, en cambio, abrió su propia investigación y obtuvo una orden de arresto a nivel nacional después del tiroteo. La Oficina de Investigación Criminal del estado participó en la detención de Castro en Texas el 29 de mayo.

Castro se ha declarado inocente de los cargos federales.

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Las remesas familiares recibidas por El Salvador, Guatemala y Honduras, países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, acumularon $29,064 millones de dólares en los primeros siete meses de 2026, un 7.1% más que lo registrado en el mismo período de 2025, de acuerdo con datos recabados este viernes.

De acuerdo con las cifras computadas por la Organización Internacional para las Migraciones, Guatemala fue el mayor receptor de remesas entre enero y julio pasado con $15,447.1 millones de dólares o el $53.1%, seguido de Honduras con $7,692.1 millones (26.5%) y El Salvador con $5,924.9 millones de dólares (20.4%).

El total de remesas recibidas por estos tres países en 2026 es superior en $1,941 millones de dólares a los $27,123 millones registrados en el mismo período de 2025.

Estas cifras representan incrementos puntuales de un 3.7% en la recepción de remesas para El Salvador, un 6.6 % para Guatemala y un $11.2% para Honduras, en comparación con los mismos meses del año anterior.

Cada año, aproximadamente 500,000 personas procedentes del Triángulo Norte intentan llegar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, lo que hace a este país la principal fuente de las remesas.

Las remesas desde Estados Unidos, donde viven más de $2 millones de salvadoreños, son el principal sostén de la economía de El Salvador, donde este dinero es utilizado en su mayoría para el consumo de servicios, según lo señalado por diversos economistas.

Durante los últimos años las autoridades salvadoreñas han afirmado que la migración irregular de sus ciudadanos ha disminuido en el Gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en comparación con los gobiernos anteriores, mientras que en el primer trimestre de 2026 las deportaciones desde Estados Unidos se dispararon un 90.2%.

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