Category: Inmigracion

  • Colorado acusa a empleado de centro migratorio de Aurora por herir a manifestante en protesta

    Colorado acusa a empleado de centro migratorio de Aurora por herir a manifestante en protesta

    La Fiscalía de Colorado presentó cargos por delitos graves contra un empleado de GEO Group, la empresa privada que administra el Centro de Procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Aurora, luego de que presuntamente disparara contra una manifestante durante una protesta realizada frente a las instalaciones la semana pasada.

    El acusado, Brandon Booth, de 42 años, enfrenta un cargo de agresión en primer grado y otro de intento de agresión en primer grado, ambos considerados delitos graves bajo la legislación estatal. De acuerdo con la fiscalía, Booth utilizó un arma de fuego de su propiedad para disparar en dirección a dos mujeres que participaban en una manifestación contra las políticas migratorias del gobierno federal.

    El incidente ocurrió cuando un grupo de manifestantes se encontraba en el exterior del centro de detención documentando con fotografías la llegada de empleados a las instalaciones. Según la Policía de Aurora, entre los participantes y trabajadores del centro se produjo una confrontación verbal antes de que Booth descendiera de su vehículo y realizara un disparo.

    La bala alcanzó a Emma Landis, de 22 años, quien sufrió una lesión en un pie. Tras el incidente, Booth abandonó el lugar en su automóvil, pero fue localizado y detenido poco después por las autoridades.

    Fiscalía presenta cargos mientras continúa la investigación

    Los fiscales informaron que el delito de agresión en primer grado puede ser castigado con penas de entre 10 y 32 años de prisión, mientras que el cargo por intento de agresión contempla una sentencia de entre cinco y 16 años. Durante su primera comparecencia ante la corte, Booth no presentó una declaración sobre su culpabilidad. El juez fijó una fianza de 100,000 dólares y programó una nueva audiencia para el próximo 13 de agosto.

    Aunque la declaración jurada de arresto elaborada por la Policía de Aurora incluía posibles acusaciones por intento de homicidio, amenazas graves y delitos relacionados con armas de fuego, la Fiscalía optó por no presentar esos cargos en esta etapa del proceso.

    Según documentos judiciales citados por medios locales, Booth declaró a los investigadores que su intención era únicamente ahuyentar a los manifestantes porque, según afirmó, le impedían ingresar al centro de procesamiento. También reconoció ante la policía que, al darse cuenta de que estaba siendo grabado, comprendió que había cometido “una estupidez”.

    Las versiones de las víctimas difieren de ese relato y sostienen que el disparo fue dirigido hacia ellas mientras cruzaban la calle tras una serie de intercambios verbales con empleados del centro.

    GEO suspende al empleado y persisten críticas al centro de Aurora

    Tras el tiroteo, GEO Group confirmó que Booth se encontraba fuera de servicio cuando ocurrió el incidente y anunció su suspensión sin goce de sueldo mientras avanzan las investigaciones. “Tenemos conocimiento de que un empleado del Centro de Procesamiento de ICE de Aurora, que se encontraba fuera de servicio, estuvo involucrado en un tiroteo”, señaló un portavoz de la empresa en un comunicado. “Esta persona ha sido suspendida de sus funciones sin goce de sueldo y cooperaremos plenamente con las autoridades”.

    Emma Landis, quien continúa recuperándose de la herida, regresó días después a una protesta frente al mismo centro de detención apoyándose en muletas y con la pierna vendada. “Estábamos en la acera protestando, y se burlaban de nosotros y nos amenazaban. Y cuando cruzábamos la calle, fue entonces cuando me disparó. Jamás pensé que algo así pudiera suceder”, declaró la joven.

    El caso ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre los centros de detención migratoria administrados por contratistas privados y después de otros incidentes relacionados con operativos de ICE registrados este año.

    Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes continúan denunciando presuntas deficiencias en las condiciones de detención, atención médica y seguridad dentro de estas instalaciones, incluido el centro de Aurora, que recientemente también enfrentó cuestionamientos tras la confirmación de un caso de tuberculosis.

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  • Santa Rosa advierte por supuestos agentes de ICE en las calles: por qué no hay que alarmarse

    Los residentes de Santa Rosa, en el norte de California, podrían encontrarse este jueves por la noche con una escena capaz de generar preocupación: personas vestidas como agentes de inmigración, vehículos de producción y actividades que podrían parecer parte de un operativo federal.

    Sin embargo, las autoridades municipales aclararon que no se tratará de una redada de ICE ni de una acción policial. Todo formará parte de la filmación de una película independiente en el centro de la ciudad.

    Algunas escenas pueden parecer reales”, advirtió la ciudad en un aviso difundido tanto en inglés como en español para evitar confusión y alarma entre los vecinos.

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    ¿Cuándo será la filmación en Santa Rosa?

    La producción está programada para la noche del jueves 23 de julio y se extenderá durante cerca de cinco horas. Los actores interpretarán a agentes migratorios y miembros de las fuerzas del orden como parte de una escena rodada en el centro de Santa Rosa.

    La ubicación exacta no fue revelada públicamente. Una portavoz de la ciudad explicó que la decisión busca evitar concentraciones de curiosos que puedan interferir con la filmación o provocar problemas de seguridad.

    En las inmediaciones habrá controles de tránsito y carteles bilingües para señalar que se trata de una producción cinematográfica y no de una operación real.

    Por qué la ciudad decidió advertir a los residentes

    El aviso adquiere especial importancia por la preocupación que generan los operativos migratorios en las comunidades de California. Cerca de un tercio de la población de Santa Rosa se identifica como hispana o latina: el censo de 2020 registró más de 61,000 habitantes de ese origen sobre una población total de aproximadamente 178,000 personas.

    La advertencia municipal fue compartida más de un centenar de veces en redes sociales, una reacción que, según medios locales, refleja la sensibilidad existente ante cualquier posible presencia de agentes migratorios.

    Las autoridades señalaron además que las leyes de California y las políticas del Departamento de Policía de Santa Rosa limitan el uso de recursos locales para colaborar con acciones federales de inmigración.

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    Qué película se está grabando

    La escena forma parte de “The Silence We Flee”, una película escrita y dirigida por el cineasta local Hassan Mageye.

    La historia sigue a Naomi, una joven africana que solicita asilo en Estados Unidos después de escapar de la violencia en su país. La protagonista debe enfrentarse a un sistema migratorio complejo mientras intenta reconstruir su vida y superar los recuerdos de lo ocurrido. La actriz ugandesa Nisha Kalema interpreta el papel principal.

    La producción ya filmó otras escenas en Santa Rosa, Petaluma, Rohnert Park y el condado de Lake, y tiene previsto continuar posteriormente en locaciones internacionales.

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    La ciudad lanzó en 2026 el programa SR Film, una iniciativa destinada a ayudar a las productoras con permisos, selección de locaciones, coordinación con otras dependencias y recursos logísticos.

    Funcionarios locales explicaron que las filmaciones pueden beneficiar a los comercios, los trabajadores y la economía de la zona. No obstante, indicaron que la ciudad solo puede regular cuestiones operativas —como tránsito, seguridad y ocupación del espacio público— y no el contenido de una película, protegido por la Primera Enmienda.

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  • México pide a Florida “investigación exhaustiva” por muerte de Juan Jairo Coronilla Durán tras operativo de ICE

    México pide a Florida “investigación exhaustiva” por muerte de Juan Jairo Coronilla Durán tras operativo de ICE

    El Gobierno de México elevó este jueves la presión sobre las autoridades de Florida al solicitar una “investigación exhaustiva” para esclarecer la muerte de Juan Jairo Coronilla Durán, un ciudadano mexicano de 28 años que falleció tras ser atropellado durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en St. Augustine, condado de St. Johns, el pasado 14 de julio.

    A través del Consulado de México en Orlando, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que mantiene un seguimiento permanente del caso y que ya solicitó formalmente a la Patrulla de Carreteras de Florida (Florida Highway Patrol, FHP) investigar las circunstancias que rodearon el incidente y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes.

    “Como parte de las acciones de protección consular, el Consulado solicitó a la Patrulla de Carreteras de Florida la realización de una investigación exhaustiva que permita esclarecer las circunstancias de los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes”, señaló la representación diplomática en un comunicado. El Gobierno mexicano también expresó sus condolencias a la familia del connacional y reiteró que continuará brindando asistencia consular y acompañamiento durante todo el proceso.

    Consulado brinda apoyo a la familia y mantiene gestiones diplomáticas

    Aunque el comunicado oficial no identificó a la víctima por su nombre, el Gobierno del estado de Guanajuato confirmó previamente que se trata de Juan Jairo Coronilla Durán, originario del municipio de San Luis de la Paz. De acuerdo con las autoridades mexicanas, desde que se conoció el caso, personal del Consulado en Orlando estableció contacto con los familiares para ofrecer orientación sobre los procedimientos legales y apoyar las gestiones necesarias, incluida la eventual repatriación del cuerpo.

    La esposa de la víctima, Jessica Alamilla, declaró previamente a medios locales que Coronilla Durán había llegado recientemente a Estados Unidos. “Él tenía una visa de turista, tenía poco, tenía tres semanas (en Estados Unidos), aquí en Florida tenía dos días”, afirmó.

    Hasta ahora, ni las autoridades estadounidenses ni el Gobierno mexicano han precisado oficialmente cuál era el estatus migratorio del ciudadano mexicano al momento del operativo. La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó además que mantiene conversaciones diplomáticas con autoridades estadounidenses para expresar su preocupación por diversos procedimientos de detención y arresto que, según señaló, “han derivado en consecuencias lamentables”.

    El caso aumenta el escrutinio sobre los operativos de ICE

    Según la información disponible, Coronilla Durán murió después de huir a pie durante un operativo encabezado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Mientras intentaba escapar, fue embestido por un camión en una carretera del condado de St. Johns. El Departamento de Seguridad Nacional informó que tanto la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) como la Patrulla de Carreteras de Florida mantienen abierta una investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos.

    La muerte del mexicano ocurre en medio de un creciente debate sobre las tácticas utilizadas por agentes migratorios durante operativos de detención en distintas partes del país. En las últimas semanas también se registraron otros incidentes fatales relacionados con acciones de ICE, entre ellos la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Texas y del ciudadano colombiano Joan Sebastián Guerrero en Maine, ambos durante intervenciones de agentes federales.

    Ante ese contexto, la Cancillería mexicana informó que continuará utilizando “todos los instrumentos consulares, jurídicos y diplomáticos” para proteger los derechos de los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos. Asimismo, recordó que recientemente presentó denuncias ante fiscalías estatales y de condado relacionadas con el fallecimiento de 17 mexicanos en operativos o bajo custodia de ICE, además de solicitar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos información sobre esos casos.

    Mientras avanzan las investigaciones, el Gobierno de México insiste en que las autoridades estadounidenses esclarezcan plenamente lo ocurrido con Juan Jairo Coronilla Durán y determinen si existieron responsabilidades durante el operativo migratorio.

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  • ICE arresta a inmigrantes durante redadas en Los Ángeles

    ICE arresta a inmigrantes durante redadas en Los Ángeles

    Los recientes operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tienen atemorizada a la comunidad del vecindario de Panorama City, en Los Ángeles, tras el arresto de varias personas por los agentes federales.

    Al menos cinco camionetas, con un número indeterminado de agentes irrumpieron el 21 de julio en diferentes puntos del vecindario angelino, donde llevaron a cabo operativos en los que arrestaron a varias personas que se encontraban en el lugar laborando o en camino a sus trabajos.

    La presencia de los agentes federales de inmigración se reportó en las áreas cercanas a Tobias Avenue, Rayen Street y Parthenia Street, lo que reavivó la inquietud entre los miembros de la comunidad latina de la zona.

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    Entre las personas detenidas por ICE estaba Jesús Muñoz, inmigrante mexicano de 45 años, quien fue detenido por los agentes aproximadamente a las 6:00 a.m. cuando caminaba hacia su automóvil para dirigirse a su trabajo.

    La hija de Jesús Muñoz, Emily, de 19 años, reconoció que ella y su madre viven con angustia después de enterase del arresto de su padre a través de llamadas telefónicas.

    “Estamos muy asustadas y perdidas. Me desperté, contesté y era mi papá. Me dijo que ICE lo detuvo y que me llamaba desde un número de Camarillo“, declaró Emily en una entrevista con la cadena Univision.

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    Emily mencionó que después de varias llamadas, desde la 1:00 p.m. del 21 de julio ya no tuvo más comunicación con su padre.

    La actividad de los agentes federales de inmigración provocó la alerta entre los residentes y los vendedores ambulantes que se encontraban en la zona.

    Una vendedora de tamales logró salvarse de ser arrestada gracias a que buscó refugio dentro de un edificio y logró cerrar el portón a tiempo.

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    Sin embargo, el esposo de la comerciante no tuvo la misma suerte y fue detenido por los agentes federales.

    “Escuché ruidos y me asomé. Vi que la señora que vende tamales se metió porque conoce la clave del edificio. Se llevaron a su esposo, porque ella logró cerrar”, relató Lucía Macías, quien vive en la calle donde ocurrió el operativo.

    Las recientes redadas de ICE en Panorama City hicieron que el sentimiento de temor regresara a los miembros de la comunidad, pese al estatus migratorio que tuvieran.

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    A pesar de tener residencia legal, Lucía Macías confesó que vive con miedo constante de ser detenida por la migra.

    “La verdad es que lo que estamos viviendo es algo horrible. En los 38 años que tengo viviendo aquí nunca habíamos sentido esto“, dijo Macías.

    Yo ya salgo con mis papeles conmigo, ya no anda uno seguro en este país, aunque tengamos papees no estamos seguros”, agregó la vecina de Panorama City.

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    ICE arresta a influencer

    Un conocido influencer, vendedor ambulante, fue detenido durante un operativo que ICE llevó a cabo este miércoles 22 de julio en el estacionamiento de un centro comercial de Panorama City.

    Mauricio Lozano, de 34 años, originario de El Salvador, fue arrestado alrededor del mediodía de este miércoles, según dijo Jaime Barrera, otro vendedor ambulante, quien grabó el incidente con su celular.

    Estábamos trabajando cuando agentes de ICE llegaron, y solo nos dijeron: ‘La migra’”, expresó Barrera, en una entrevista con la cadena Telemundo.

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    Jaime tuvo oportunidad de grabar la detención desde lejos, mientras también alertaba a otros miembros de la comunidad sobre la presencia de los agentes de ICE en el estacionamiento del centro comercial.

    “Cuando ellos llegaron, nosotros salimos corriendo. Entonces mi compañero, Mauricio, conocido como ‘La Colochona’ aquí en el valle, corrió y le cayeron encima“, dijo Barrera.

    Además de ser vendedor ambulante, Mauricio Lozano también tiene su actividad como influencer, con más de 100,000 seguidores en las redes sociales.

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    Él tiene una hija. Entonces, es triste, ¿verdad?, porque los hijos son los que sufren, los que pasan todo esto”, agregó Barrera.

    Jaime dijo que él no corrió cuando llegaron los agentes, sino que se alejó tranquilamente antes de comenzar a grabar el arresto de Mauricio.

    Otros vendedores ambulantes de Panorama City confirmaron que los operativos de ICE aumentaron desde hace unas semanas, como lo denunciaron activistas defensores de los inmigrantes.

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    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha emitido ningún comunicado en relación con sus recientes operativos en Panorama City.

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  • Congresista exige a ICE atención médica a detenido en Adelanto

    Congresista exige a ICE atención médica a detenido en Adelanto

    La congresista Sydney Kamlager-Dove, representante del Distrito 37 de California, exigió este jueves al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que se proporcione atención médica adecuada a uno de sus electores, Carlitos Ricardo Parias, quien está detenido en su instalación de Adelanto.

    En un comunicado, Kamlager-Dove dijo que Parias fue víctima tras recibir un balazo en un brazo durante un operativo de control migratorio en octubre de 2025.

    Kamlager-Dove mencionó que a Parias, desde que permanece en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, se le ha negado una atención médica adecuada por los problemas de salud que padece como consecuencia del balazo que recibió cerca del codo.

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    Carlitos es padre, esposo y voluntario en nuestra comunidad, quien incluso fue reconocido por el Ayuntamiento por su servicio”, declaró la congresista en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

    Kamlager-Dove realizó a finales de mayo una visita de supervisión a la instalación de ICE en Adelanto, donde tuvo un encuentro con Parias y obtuvo su historial médico.

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    “Visité a Carlitos a finales de mayo. Tenía la mano morada. Los dedos atrofiados. Sufre de dolor de cabeza y dolor en los nervios. Me preocupa que pueda tener una infección ósea y que le tengan que amputar el brazo”, agregó.

    La representante de California aseguró que el hombre hispano necesita atención médica urgente, así como muchos otros inmigrantes que permanecen detenidos en Adelanto.

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    Gracias a la labor de la congresista de California, la semana pasada, un juez ordenó cambios radicales para mejorar las condiciones en que mantienen bajo custodia a los inmigrantes detenidos en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto.

    Es hora de que ICE cumpla con las órdenes de este juez y ponga fin a esta crueldad, tanto en Adelanto como en todo el país”, reiteró Kamlager-Dove.

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  • Demandan a Trump por exigir colaboración con ICE para acceder a fondos federales de emergencia

    Demandan a Trump por exigir colaboración con ICE para acceder a fondos federales de emergencia

    Una coalición de 24 estados y el Distrito de Columbia demandó este jueves al Gobierno del presidente Donald Trump por condicionar fondos federales destinados para la preparación, respuesta y recuperación de desastres y emergencias si no se adoptan sus políticas, especialmente en temas migratorios.

    La querella, presentada en un tribunal federal de Rhode Island, argumenta que las últimas condiciones impuestas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a los miles de millones de dólares en subvenciones, aprobadas por el Congreso de EE.UU., son ilegales e inconstitucionales.

    En concreto, la Administración Trump ha exigido a los estados que para recibir los fondos deben cumplir con ciertos mandatos federales, como de control migratorio y colaboración con las agencias federales, la aceptación de nuevos requisitos de administración electoral y la posibilidad de que se cancelen los fondos basándose en otros criterios.

    Esta no es la primera vez que la Casa Blanca ha intentado bloquear estos fondos destinados para las emergencias.

    El fiscal de California, Rob Bonta, explicó este jueves en una conferencia de prensa que, junto a otros fiscales estatales, ya habían impugnado y bloqueado dos intentos similares relacionados con estos mismos programas de subvenciones.

    “La Administración ya ha perdido batallas similares en los tribunales, y prevemos que este último intento ilegal también fracasará. Nuestras comunidades merecen algo mejor que ver sus recursos esenciales envueltos en juegos políticos”, agregó que encabeza la demanda junto al fiscal de Illinois Kwame Raoul.

    Por su parte, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, también arremetió contra Trump, advirtiendo que el mandatario estadounidense no puede coaccionar al Estado Dorado para cambiar sus propias leyes electorales.

    Los estados de New Jersey, Rhode Island, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Hawaii, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Vermont, Virginia, Washington, y Wisconsin, Kentucky y Pennsylvania, se unieron a Illinois y California en la demanda.

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  • Más de 24 estados demandan a Trump por condicionar fondos federales con cooperación obligatoria a ICE

    Una coalición de 24 estados y el Distrito de Columbia presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump por condicionar el acceso a miles de millones de dólares en fondos federales para desastres y emergencias al cumplimiento de políticas federales relacionadas con inmigración, elecciones y otros asuntos que, según los demandantes, exceden la autoridad del gobierno federal.

    La querella fue interpuesta este jueves ante un tribunal federal en Rhode Island y sostiene que las nuevas condiciones impuestas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) violan la Constitución de Estados Unidos y la Ley de Procedimiento Administrativo al modificar unilateralmente requisitos aprobados por el Congreso.

    Los fiscales generales que impulsan el litigio afirman que la Casa Blanca intenta utilizar recursos destinados a la seguridad pública como una herramienta de presión política para obligar a los estados a adoptar prioridades de la administración Trump, entre ellas una mayor cooperación con las autoridades federales de inmigración y cambios en sus sistemas electorales.

    “La Administración ya ha perdido batallas similares en los tribunales, y prevemos que este último intento ilegal también fracasará. Nuestras comunidades merecen algo mejor que ver sus recursos esenciales envueltos en juegos políticos”, declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, quien encabeza la demanda junto con su homólogo de Illinois, Kwame Raoul.

    Los estados cuestionan nuevas condiciones para acceder a recursos federales

    De acuerdo con la demanda, los estados deberán cumplir diversos requisitos para conservar los fondos de FEMA y otros programas del DHS. Entre ellos figuran colaborar con las autoridades federales en la aplicación de las leyes migratorias, aceptar nuevas disposiciones relacionadas con la administración electoral y someterse a cláusulas que permitirían al gobierno federal cancelar las subvenciones bajo criterios considerados discrecionales.

    Los demandantes sostienen que estas condiciones nunca fueron autorizadas por el Congreso y que representan una invasión a las facultades constitucionales de los estados.

    El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, acusó a la administración de utilizar la seguridad de los estadounidenses como mecanismo de presión política. “Una vez más, la administración Trump amenaza con poner en peligro la seguridad pública al retener ilegalmente miles de millones de dólares en fondos esenciales. Esta administración está utilizando la seguridad de los estadounidenses como moneda de cambio al intentar coaccionar a los estados para que renuncien a su derecho constitucional a promulgar políticas y leyes que beneficien a sus residentes”, afirmó.

    Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no había emitido una respuesta oficial sobre la demanda.

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    Los estados también argumentan que los tribunales federales ya han bloqueado intentos similares de la administración para condicionar distintos programas de financiamiento federal. El gobernador de California, Gavin Newsom, sostuvo que el presidente no puede utilizar los recursos de emergencia para obligar a los estados a modificar sus leyes electorales o sus políticas públicas.

    La nueva demanda señala que, para el ejercicio fiscal 2026, el gobierno federal pretende imponer requisitos que incluyen el uso de boletas de papel, auditorías manuales de elecciones, conciliación de listas de votantes y verificación de ciudadanía en los registros electorales estatales. Los estados advierten que el incumplimiento de estas exigencias podría traducirse en la pérdida de al menos el 20% de los recursos del Programa de Subvenciones para la Seguridad Nacional, fondos destinados a fortalecer la respuesta ante ciberataques, terrorismo y otras amenazas.

    Además de California e Illinois, la demanda fue respaldada por Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.

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  • El complejo proceso legal que debe enfrentar la familia de Lorenzo Salgado Araujo tras muerte a manos de ICE

    El complejo proceso legal que debe enfrentar la familia de Lorenzo Salgado Araujo tras muerte a manos de ICE

    WASHINGTON.- Mientras avanzan las investigaciones sobre la muerte de Lorenzo Salgado Araujo a manos de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la familia evalúa sus opciones legales, que incluyen un reclamo formal ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aunque se trata de un proceso complejo.

    “Típicamente cuando ICE alza algo así, una maldad como lo que hemos visto, una persona queda herido, por ejemplo, o en un caso así, donde una persona se muere, no es tan fácil”, reconoció Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).

    Esa organización ha apoyado desde el inicio a la familia de Salgado Araujo, asesinado en Houston, Texas, durante una parada vehicular de agentes migratorios.

    “Uno no puede ir directamente a la corte y hacer una demanda, por ejemplo”, lamento Proaño. “Lo que tienen que hacer es, se llamó un FTCA claim”, indicó.

    Ese proceso se sustenta la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA), el cual permite a los particulares demandar al gobierno de los Estados Unidos por lesiones, daños a la propiedad o fallecimiento causados ​​por negligencia de empleados federales. El proceso debe iniciar en forma administrativa, en este caso ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

    “Es un reclamo por DHS, que es una forma, un formulario que uno tiene que llenar exactamente con lo que pasó, con toda la información y también [incluir cuál debería ser] la compensación por esa maldad”, agregó Proaño. “Y el DHS, entonces ellos tienen seis meses para recibir, verificar, investigar la información que ellos reciben”.

    Proaño agregó que este trámite es tardado y no siempre se obtiene la respuesta deseada, incluso la agencia responsable no siempre responde en seis meses, aunque puede haber presión para ello. Si la respuesta no es favorable, en este caso para la familia de Salgado Araujo, entonces podrá presentar una demanda ante un tribunal.

    “Después de esos seis meses, si recibes una respuesta y no estás de acuerdo con lo que dice el gobierno, entonces sí puedes acudir a la corte, hacer una demanda”, acotó. “Ellos [los familiares de Salgado Araujo] sí van a tener la oportunidad de hacer una demanda en una corte, adelante de unos jurados. Pero va a tomar mucho, mucho tiempo y están comenzando ese proceso ahora”.

    ¿Y dónde están los agentes responsables?

    Proaño comparó el caso de Salgado Araujo con el de Johan Sebastián Durán Guerrero, en Maine, quien fue asesinado por un agente de ICE plenamente identificado. En el caso de los presuntos responsables de la muerte de Salgado Araujo se desconoce quiénes son, lo que podría complicar el reclamo de señalar a alguien en particular.

    “Inmediatamente después que esto pasó con Lorenzo, unas cosas pasaron. Número uno, los agentes que estaban ahí y que dispararon a Lorenzo desaparecieron, punto. Nadie sabe quiénes son, la agencia tampoco ha compartido esa información, eso es muy importante”, expuso Proaño en el podcast ‘El Diario Sin Límites’.

    Dijo que los agentes migratorios en las fotos junto a la camioneta de Salgado Araujo –de donde se detuvo a otras tres personas— son oficiales que llegaron después.

    “Nosotros lo hemos dicho desde el comienzo, no confiamos en ICE, no confiamos en DHS”, lamentó Proaño, quien reconoce que tampoco en la investigación federal que se realiza sobre el caso.

    A Salgado Araujo le sobreviven su esposa y tres hijos adultos, quienes luchan por hallar a los responsables de la muerte de su padre, un inmigrante de 52 años que estaba en proceso de obtener la Residencia Permanente Legal o Green Card, tenía un negocio de construcción y no tenía historial criminal.

  • Google elimina reseñas de centros de detención de ICE y borra testimonios de inmigrantes

    Google elimina reseñas de centros de detención de ICE y borra testimonios de inmigrantes

    Miles de testimonios sobre las condiciones en los centros de detención de ICE desaparecieron de Google Maps, según una investigación que acusa a la empresa tecnológica de eliminar reseñas y bloquear nuevas publicaciones en decenas de instalaciones utilizadas para detener a inmigrantes en Estados Unidos.

    El reportaje, publicado por The Intercept, retoma una investigación de Muira McCammon, profesora del Departamento de Comunicación de la Universidad de Tulane, quien documentó durante meses las reseñas publicadas por exdetenidos, familiares y otras personas que compartían experiencias relacionadas con los centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) .

    Un archivo digital que desapareció

    McCammon recopiló en 2025 un total de 1,636 reseñas correspondientes a 26 centros de detención, además de identificar otras 91 instalaciones donde Google ya había desactivado la posibilidad de publicar comentarios.

    Sin embargo, al revisar nuevamente la información, descubrió que casi todas las reseñas habían desaparecido.

    “Casi todas las reseñas de Google que recopilé originalmente en 2025 ya no están disponibles”, declaró la investigadora a The Intercept.

    En su estudio, McCammon sostiene que la moderación aplicada por Google termina suprimiendo información relevante sobre el sistema de detención de ICE, limitando el acceso a testimonios que, en muchos casos, documentaban las condiciones dentro de estas instalaciones.

    Google defiende su política de moderación

    Consultada por el medio citado, la portavoz de Google, Genevieve Park, negó que las eliminaciones respondieran a presiones del gobierno estadounidense.

    “Las reseñas ayudan a la gente a decidir adónde ir y no mostramos reseñas en categorías de lugares a los que las personas acuden sin tener otra opción”, explicó la vocera, al referirse a prisiones, comisarías y centros de detención.

    Google sostiene que aplica una política anunciada desde 2023 para retirar comentarios en lugares donde las reseñas podrían resultar “poco útiles, perjudiciales o fuera de contexto”.

    Por su parte, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró al medio que ICE no solicitó la eliminación de las reseñas y rechazó cualquier intervención en las decisiones de la compañía.

    Testimonios que denunciaban las condiciones en los centros

    Entre las publicaciones eliminadas había mensajes de familiares que denunciaban problemas para comunicarse con personas detenidas, así como relatos de exinternos sobre las condiciones dentro de los centros.

    Una reseña, que publicó el medio antes citado, en español señalaba: “Apenas se puede oír al detenido cuando se le llama por teléfono”.

    Otras describían presuntas infestaciones de cucarachas, falta de traductores y temperaturas extremadamente bajas en las celdas.

    Para McCammon, estas publicaciones representaban un registro público sobre el funcionamiento del sistema migratorio estadounidense. En el resumen de su investigación, concluye que las decisiones de moderación de Google también influyen en la visibilidad de las instituciones públicas y en la circulación de información sobre el sistema de detención de ICE.

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  • ¿En qué van los casos de los dos inmigrantes asesinados por ICE? (podcast)

    ¿En qué van los casos de los dos inmigrantes asesinados por ICE? (podcast)

    Las investigaciones por las muertes de Lorenzo Salgado Araujo, en Texas, y de Johan Sebastián Durán Guerrero, en Maine, a manos de agentes de Inmigración y Control de Adunas (ICE), avanzan a paso lento y podría llevar varios meses antes de que sus familias tengan respuestas.

    Escucha el podcast en Spotify o dale clic al siguiente enlace.

    Ambos casos son investigados por autoridades federales, pero sobre Salgado Araujo, el fiscal del condado de Harris lidera una indagatoria por separado, aunque sin la colaboración del FBI para revisar evidencia fundamental.

    Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), ha estado desde el inicio del asesinato de Salgado Araujo, cuyo cuerpo fue entregado varios días después a la familia, mientras aumentó la presión por una investigación independiente y transparente.

    El Departamento de Seguridad Nacional ha defendido a los agentes que dispararon a muerte a los inmigrantes, a pesar de que expertos y defensores de inmigrantes indican que abuscaron de su poder al disparar a muerte, en lugar de disparar a las llantas de los vehículos involucrados.

    El zar de la frontera, Tom Homan, incluso afirma que Salgado Araujo y Durán Guerrero tuvieron la culpa de sus muertes, por la forma en que reaccionaron en la operación de ICE.

    Ese mismo argumento ha sido aplicado en los casos de Renee Good y Alex Pretti, quienes fueron asesinados por agentes de Aduanas y Proteccion Fronteriza (CBP) en operativos en Minneapolis, Minnesota.

    Proaño explicó en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ las circunstancias de ambos casos y las opciones legales de las familias.

    >> ¿Cómo ocurrieron las muertes de dos inmigrantes en Texas y Maine?
    >> ¿Cuál es el argumento de autoridades migratorias sobre las investigaciones?
    >> ¿Qué opciones tienen las familias para reclamar el castigo de los responsables?

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