Category: Inmigracion

A tres años de prisión fue sentenciado un hispano del sur de California por agredir a agentes federales durante una manifestación contra los operativos de inmigración en junio del año pasado.

Elpidio Reyna, de 42 años y residente de Compton, fue acusado de lanzar piedras contra vehículos gubernamentales durante la protesta que ocurrió el 7 de junio de 2025 en la ciudad de Paramount, causando lesiones a un agente cuando el vidrio de uno de los vehículos se estrelló, según los fiscales.

El 17 de febrero de 2026, Reyna se declaró culpable de un cargo grave de agresión contra un agente federal con un arma mortal o peligrosa que causó lesiones corporales.

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El incidente en Paramount ocurrió el sábado 7 de junio de 2025, un día después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intensificó las redadas migratorias en Los Ángeles y en condados del sur de California por instrucción del presidente Donald Trump.

Como protesta, miles de personas salieron a las calles de Los Ángeles y en otras ciudades, como ocurrió en Paramount, cuando agentes federales realizaban un operativo migratorio cerca de una tienda Home Depot.

Elpidio, quien permanece bajo custodia de las fuerzas del orden desde que acordó su entrega el 23 de julio de 2025 en el puerto fronterizo de San Ysidro, fue sentenciado a 36 meses en una prisión federal.

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“Estar en desacuerdo con las leyes aprobadas por el Congreso no le da derecho a agredir a agentes federales“, declaró el primer fiscal federal adjunto en California, Bill Essayli.

“Este acusado pensó que quedaría impune por lanzar grandes piedras contra las fuerzas del orden. En cambio, cumplirá una condena en una prisión federal, donde podrá reflexionar sobre su mala decisión”, añadió.

De acuerdo con documentos judiciales, Reyna, junto con otros manifestantes, lanzó piedras a los vehículos en los que se desplazaban los agentes federales de inmigración, además de prender fuego a objetos para obstaculizar el operativo de las fuerzas migratorias.

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Reyna aceptó ser culpable de incendiar intencionalmente objetos en la calle y de lanzar piedras contra vehículos en los que viajaban agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en Paramount.

Una de las rocas que lanzó Reyna impactó contra el vidrio de un vehículo gubernamental en el que viajaba un agente federal identificado con las iniciales R.T., quien sufrió una lesión en la frente.

Según los fiscales, Reyna declaró que sus acciones se debieron a su enojo con la política migratoria de la administración Trump. Describió su conducta como “repentina, emocional e impulsada por el alcohol”.

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En un memorando de sentencia, los fiscales dijeron que las circunstancias que rodearon la conducta del hombre de Compton no eran una excusa adecuada para cometer los actos de violencia.

La agresión por parte de Reyna fue investigada por agentes del FBI, de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

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La detención de Adam Abdullah abrió un nuevo frente en la polémica por el uso de Guantánamo para personas bajo custodia migratoria de Estados Unidos. El hombre, de 31 años y originario de Somalia, se encuentra en el Campamento Seis de la base naval en Cuba, después de haber sido arrestado por agentes de ICE en St. Paul, Minnesota.

De acuerdo con MPR News, Abdullah llegó a Estados Unidos en 2023 como solicitante de asilo, obtuvo permiso de trabajo y un número de Seguro Social, además de acudir regularmente a sus citas con ICE. Trabajaba como mecánico y no registra antecedentes penales. Una revisión de registros judiciales de Minnesota citada por la emisora únicamente encontró dos multas de estacionamiento relacionadas con emergencias por nieve.

Abdullah relató al medio citado que los agentes lo detuvieron el 12 de diciembre, al comienzo de la operación migratoria Metro Surge. Según su testimonio, preguntó por qué había sido detenido y si existía una orden judicial.

“Somos de inmigración, así que deme su permiso de trabajo”, relató Abdullah que le dijeron los agentes.

Después de pasar por centros de detención en Minnesota, Kentucky y Luisiana durante aproximadamente nueve meses, las autoridades le informaron que sería deportado a Somalia desde Miami. Sin embargo, durante el trayecto le dijeron que el avión haría una escala en Cuba para cargar combustible. Esa escala terminó convirtiéndose en su destino final: Guantánamo.

Abdullah lleva dos semanas en Guantánamo

El inmigrante aseguró que lleva alrededor de dos semanas en el Campamento Seis, donde las llamadas telefónicas son limitadas y también existen restricciones para realizar ejercicio. Dijo además que permanece esposado de muñecas y tobillos durante los vuelos.

Su abogado, Marc Prokosch, explicó al medio que comunicarse con su cliente desde la base representa un problema adicional.

“Las llamadas están limitadas a entre cinco y diez minutos, y ni siquiera sabemos si son confidenciales”, señaló Prokosch.

Abdullah también afirmó que hay otros siete ciudadanos somalíes detenidos en Guantánamo, varios de ellos arrestados en las Ciudades Gemelas. MPR News indicó que el Departamento de Seguridad Nacional no respondió cuántas personas permanecen actualmente bajo custodia en la base ni explicó por qué Abdullah fue detenido.

ACLU mantiene disputa legal por los traslados

El uso de Guantánamo para inmigrantes cobró fuerza en 2025, cuando el gobierno de Donald Trump ordenó ampliar la capacidad del centro migratorio de la base. El mandatario habló entonces de una capacidad de hasta 30,000 personas. Reuters reportó que la medida formaba parte de la estrategia de la administración para detener a inmigrantes considerados una amenaza.

La ACLU mantiene una demanda contra la administración por el traslado de inmigrantes a Guantánamo. El abogado Lee Gelernt cuestiona la autoridad del gobierno para mantenerlos allí y las condiciones de detención. Una audiencia está programada para el 14 de octubre.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional dijo al medio citado que un vuelo reciente trasladó a Guantánamo a “algunos de los peores” y “criminales ilegales”.

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El 9 de septiembre de 2026, fecha de expiración del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 170,000 salvadoreños, llegó y se fue, y el Departamento de Seguridad Nacional solamente dijo que en algún momento se hará un anuncio sobre el futuro del programa y, mientras tanto, los beneficios de permisos de trabajo y protección de la deportación siguen en pie.

Pero miles de salvadoreños y sus familias a través del país continúan con la incertidumbre de si habrá o no una extensión del programa que originalmente se giró hace 25 años tras los devastadores terremotos que azotaron El Salvador el 13 de enero y el 13 de febrero de 2001.

TPS salvadoreño sigue en vilo

El TPS se concede a personas proceden de naciones que enfrentan guerras, inestabilidad, desastres naturales u otras situaciones que les impiden regresar a su país y obtienen permisos de trabajo y protección de la deportación de manera temporal.

La Opinión reportó que “de acuerdo con Margaret Cargioli, directora de defensa y relaciones externas del Centro Legal de Defensa de los Inmigrantes, la administración debería haber dado una notificación de 60 días antes de que se viera afectado el estatus de TPS de las personas de El Salvador, lo cual, dice, no hizo”.

Cargioli agregó que “desafortunadamente, por ahora solo queda esperar a ver qué decide el gobierno sobre el TPS” y denunció que “la falta de información puede poner a personas con TPS en riesgo de ser despedidas o arrestadas por inmigración”.

El zar de la frontera, Tom Homan, justificó que el programa se cancele: “Llevo más de 40 años en esto y el TPS nunca ha dejado de renovarse, una y otra vez, a pesar de que se supone que es un estatus de protección temporal y de que las condiciones en el país (de origen) cambian. Me alegra que por fin se estén ciñendo a lo que dicta la ley: lo temporal es temporal”, reportó La Opinión.

De los 170,000 beneficiarios salvadoreños del TPS, 152,000 ya integran la fuerza laboral de Estados Unidos.

Y según un reporte de FWD.us y la Alianza Nacional del TPS, los beneficiarios salvadoreños del TPS aportan $5,400 millones de dólares al año a la economía y pagan $1,500 millones de dólares en impuestos.

Cancelar el TPS es parte de la estrategia de Trump para deslegalizar a la mayor cantidad posible de inmigrantes. Si no hay extensión, los salvadoreños serían el grupo más reciente en ser deslegalizado para hacerlos vulnerables a ser detenidos y eventualmente deportados mientras Trump intenta concretar su promesa de llevar a cabo la mayor deportación en la historia de Estados Unidos.

Quieren impedir agentes de ICE

La Opinión informó que “una coalición de organizaciones civiles y la ciudad de Denver acudieron a una corte federal para intentar impedir que agentes armados de ICE sean desplegados en los centros de votación durante las elecciones de mitad de período de noviembre”.

El artículo agrega que “la demanda fue presentada en Washington, D.C., y busca que el tribunal declare ilegal cualquier plan que permita la presencia de agentes federales armados en lugares donde se emitan o recojan votos”.

“La demanda fue presentada por Democracy Forward en representación de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), Common Cause, UnidosUS y la ciudad de Denver. Los demandantes sostienen que la presencia de agentes armados podría generar temor entre los ciudadanos y afectar su decisión de acudir a las urnas”, dice la nota.

Aunque las leyes federales prohíben que agentes armados interfieran en las elecciones, el gobierno de Trump ha enviado mensajes confusos indicando que no enviará agentes pero tampoco descartándolo del todo.

Grupos defensores del voto y de los derechos civiles argumentan que todo es parte de una estrategia para intimidar a los votantes, sobre todo de color, en medio de un ambiente tóxico para los inmigrantes. De ahí que el presidente Trump insista en afirmar que existe un problema generalizado de no ciudadanos votando de manera ilegal en las elecciones, aunque no sea verdad.

Trump también presiona por restringir el voto por correo y el Departamento de Justicia ya ha enviado monitores a elecciones estatales. El temor que existe es que el presidente busque cualquier excusa para interferir en una elección intermedia donde se anticipan pérdidas para el Partido Republicanio, sobre todo en la Cámara Baja.

Operativos de ICE golpean Chicago

Entretanto, La Opinión reportó que “se calcula que el condado de Cook dejó de registrar alrededor de $1,260 millones de dólares en actividad de tiendas y restaurantes durante el periodo de mayor presión de las autoridades federales”. Y también se perdieron 107 millones de dólares en ingresos provenientes de impuestos.

“El informe, titulado Hunkering Down: The Hidden Economic Cost of Federal Immigration Enforcement in Cook County, IL, (El costo económico oculto de la aplicación de las leyes federales de inmigración en el condado de Cook), fue presentado este martes por el Great Cities Institute de UIC, cuando se cumple un año del inicio de la “Operación Midway Blitz”, la ofensiva migratoria que el Gobierno de Trump lanzó el 8 de septiembre de 2025 en Chicago y otras localidades de Illinois”, dice el artículo.

La conclusión del análisis es concreta, señala la nota: “cuando una parte importante de la población deja de salir, comprar y consumir por temor a los operativos migratorios, el impacto termina alcanzando a negocios y gobiernos locales más allá de las comunidades directamente sometidas a las redadas”.

Citas de la semana

“Hoy es 9 de septiembre y me siento aturdida. El daño físico y emocional del último mes es tan frustrante que siento que sufrimos todo eso para nada”, declaró en un video en Instagram, Daysi Gonzáles, una joven salvadoreña beneficiaria de TPS, según reportó La Opinión, al saber que el gobierno no aclaró qué ocurrirá con el programa luego de que expiró el miércoles 9 de septiembre,

“Apenas unas horas después del anuncio del gobierno, la falta de información clara ha avivado el miedo, la confusión y la desinformación en comunidades que ya no están seguras de si podrán seguir trabajando y mantener a sus familias mañana.”, afirmó, por su parte, Rebecca Shi, directora ejecutiva de la American Business Immigration Coalition Action (ABIC Action) en un comunicado.

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Una corte federal de apelaciones puso un freno a uno de los mecanismos que la administración de Donald Trump ha utilizado para ampliar las detenciones del ICE, al rechazar el argumento del gobierno que buscaba mantener bajo custodia a determinados inmigrantes indocumentados sin posibilidad de obtener una fianza.

La decisión, emitida por la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito, tuvo una votación de 2 contra 1 y estuvo acompañada de una referencia particularmente contundente a algunos de los episodios más oscuros de la historia migratoria de Estados Unidos.

La jueza Nicole Berner comparó la política actual con antecedentes como la persecución de trabajadores chinos y, posteriormente, el internamiento masivo de personas de ascendencia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial.

Una comparación con el pasado

En su opinión, Berner recordó que la llamada Ley Geary de 1892 obligaba a los trabajadores chinos a portar documentos y contemplaba castigos severos para quienes no pudieran demostrar su situación.

Décadas después, señaló la jueza, el gobierno utilizó el argumento del interés nacional para ordenar la detención de casi 120,000 personas de ascendencia japonesa.

“Cincuenta años después, con el odio racial disfrazado de interés nacional, el gobierno ordenó la detención masiva de todas las personas de ascendencia japonesa presentes en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial”, escribió Berner.

La magistrada añadió que aquella etapa dejó una “mancha” que todavía persigue al país y sostuvo que las detenciones del pasado fueron incluso más limitadas que la política de detención obligatoria que el gobierno intenta aplicar actualmente.

“Nos negamos a hacerlo”, concluyó en referencia a la petición del gobierno para ampliar la interpretación de una disposición legal aprobada por el Congreso hace tres décadas.

El cambio que impulsó Trump

La disputa surge por el cambio en la política de inmigración de Trump, que amplió el uso de la detención contra personas que llevan años viviendo en Estados Unidos.

Según el material difundido, el gobierno comenzó a clasificar a algunos residentes indocumentados de larga permanencia como solicitantes de admisión, una interpretación que permitiría mantenerlos detenidos bajo reglas más estrictas.

El Cuarto Circuito rechazó también ese argumento. El caso se suma, según la información proporcionada, a una cadena de nueve decisiones consecutivas de tribunales de apelaciones que han cuestionado políticas del ICE.

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La ciudad de Denver y varias organizaciones de derechos civiles demandaron al Gobierno de Donald Trump para impedir que agentes armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realicen operaciones en centros de votación. La demanda fue presentada ante un tribunal federal de Washington D.C. por la League of United Latin American Citizens (LULAC), Common Cause, UnidosUS y la ciudad y el condado de Denver.

Los grupos sostienen que permitir la presencia de agentes federales armados en los lugares donde los estadounidenses acuden a votar podría intimidar a los electores y afectar su participación. La acción legal señala como demandados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al ICE, al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y al director interino de ICE, David Venturella.

Los demandantes buscan que un juez prohíba al Gobierno desplegar agentes federales armados en centros de votación, buzones para entregar boletas, sitios de votación desde el automóvil y otros lugares electorales, salvo bajo las excepciones establecidas expresamente por la ley.

Denver sued the Trump administration on Thursday, asking a federal judge to issue an injunction barring armed ICE agents from approaching polling sites during the midterms. @ryan_knappy https://t.co/MGOYVyqJ5v

— Courthouse News (@CourthouseNews) September 10, 2026

Una ley de la Guerra Civil está en el centro del conflicto

El argumento principal se basa en una disposición federal aprobada en 1865, durante la Guerra Civil, que restringe la presencia de tropas o agentes armados federales en lugares donde se realizan elecciones. La coalición afirma que la norma fue diseñada para evitar que el Gobierno federal utilizara la fuerza para interferir en los comicios.

La disputa aumentó después de que Mullin declarara el 1 de septiembre que ICE no estaba patrullando centros de votación, aunque los agentes podrían acudir si existiera una amenaza contra las instalaciones o para ejecutar una orden judicial. “La única razón por la que estaríamos en los centros de votación es si existe una amenaza contra ese centro de votación o si estamos ejecutando una orden judicial”, dijo Mullin.

Para los demandantes, esas excepciones no autorizan a los agentes a realizar labores de control migratorio ordinarias dentro de los centros electorales. También advierten que su presencia podría desalentar a ciudadanos, particularmente votantes latinos, de acudir a las urnas o entregar sus boletas.

“El derecho a votar es fundamental para nuestra democracia”, dijo Juan Proaño, CEO de LULAC. La coalición citó incidentes registrados durante el verano en San Antonio, Texas; Ventura, California; y Syracuse, Nueva York, como ejemplos de la presencia de agentes de ICE en instalaciones relacionadas con procesos electorales.

El Gobierno de Trump ha negado que exista un plan concreto para desplegar agentes armados en los centros de votación. Sin embargo, los demandantes aseguran que las declaraciones de funcionarios y los incidentes documentados justifican la intervención judicial antes de que comiencen las votaciones anticipadas a finales de septiembre. Las elecciones legislativas están programadas para el 3 de noviembre.

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La detención de un hombre de 33 años en Phoenix, Arizona, abrió cuestionamientos sobre las tácticas utilizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según el relato de su esposa, los oficiales habrían llegado a la vivienda aparentando ser trabajadores que realizaban reparaciones eléctricas antes de detenerlo en el patio.

En entrevista con Univision, Marisol López, esposa de Édgar Martínez, relató el doloroso momento que vivió la mañana del 15 de agosto, en el área de la avenida 83 y Lower Buckeye, en Phoenix.

Así habría ocurrido la detención

López relató que los hombres que llegaron al domicilio vestían de una manera que, a simple vista, podía hacer pensar que se trataba de trabajadores de servicios públicos.

“Él venía con un chaleco que se parecía como de construcción o de servicios, o sea, no tiene nada que ver”, explicó la mujer.

De acuerdo con su versión, los presuntos agentes incluso manipularon una caja de electricidad mientras decían que estaban realizando trabajos en una propiedad cercana. La situación habría terminado con una interrupción del suministro eléctrico de la familia.

“Sí nos cortaron el servicio”, contó López, quien explicó que acababa de regresar de trabajar cuando se percató de que se había quedado sin electricidad.

La esposa de Martínez sostiene además que los agentes no mostraron una orden judicial antes de realizar el arresto. Esta afirmación es uno de los principales puntos que la familia cuestiona del operativo.

El señalamiento adquiere relevancia porque la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece protecciones frente a registros y detenciones irrazonables. La ACLU explica que, en términos generales, una orden administrativa de deportación no autoriza por sí sola a los agentes a ingresar a una vivienda sin consentimiento; para entrar existen circunstancias y requisitos legales específicos.

Una estrategia que ya ha sido cuestionada

La utilización de engaños por parte de agentes de ICE no es un tema completamente nuevo. La ACLU ha documentado casos anteriores en los que agentes se hicieron pasar por policías, trabajadores u otras personas para acercarse a inmigrantes y conseguir que salieran de sus viviendas o permitieran el acceso. La organización ha cuestionado judicialmente algunas de estas prácticas.

En el caso de Phoenix, la abogada Alma Rosa Nieto, quien no está relacionada con el expediente, consideró que el supuesto uso de este tipo de tácticas podría terminar siendo materia de un litigio.

“Esta administración se ha caracterizado por una violación de derechos humanos, civiles y de tácticas no transparentes”, afirmó Nieto en declaraciones difundidas por el medio citado.

La abogada añadió: “Tienen que tener una orden judicial para entrar y, cuando lo hacen con engaños, están cambiando las leyes”. Se trata de una valoración legal de Nieto y no de una determinación judicial sobre el caso de Martínez.

Martínez llevaba más de 10 años en EE.UU.

Según Marisol López, Édgar Martínez llevaba más de 10 años en Estados Unidos y no tenía antecedentes graves. La mujer aseguró también que se encontraba realizando un trámite relacionado con una visa cuando fue detenido.

La familia ahora busca esclarecer por qué se produjo el arresto y bajo qué circunstancias actuaron los agentes. Mientras tanto, ICE no ha respondido a las preguntas sobre el operativo y las circunstancias de la detención.

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