Category: Inmigracion

  • Jueza de Miami rechaza intento del gobierno de desestimar demanda que busca regularizar a 500,000 cubanos

    Una jueza federal de Miami determinó este jueves que tiene jurisdicción para avanzar en una demanda que busca la regularización de hasta medio millón de cubanos en Estados Unidos, lo que los abogados del caso calificaron como una “victoria importante” y un paso clave para abrirles de nuevo las puertas a la ley migratoria del Ajuste Cubano.

    “La jueza decidió que tiene jurisdicción para proceder con el caso. Eso es lo más importante de todo”, dijo a la salida del tribunal el abogado Mark Prada, que lidera la demanda.

    La magistrada Jacqueline Becerra, del Distrito Sur de Florida, rechazó en una audiencia la petición de desestimación planteada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), confirmando que el tribunal posee facultad para abordar el caso. Sin embargo, concedió una semana a los abogados del DHS para que modificasen su solicitud.

    El trasfondo del caso es una demanda de 992 cubanos que entraron por la frontera mexicana para que Estados Unidos reconozca su estatus legal y la Ley del Ajuste Cubano, que durante décadas otorgó a estos inmigrantes la residencia legal tras un año de habitar el país.

    Los demandantes están entre los 500,000 a 600,000 cubanos que entraron tras el vencimiento de la política ‘Pies secos, pies mojados’, que ordenó en 2017 el entonces presidente Barack Obama, y que les permitía quedarse de forma legal si pisaban territorio estadounidense.

    Tras la decisión preliminar de la jueza, el tribunal deberá resolver la certificación de la demanda como “acción colectiva” nacional, lo que protegería a todos los cubanos en situaciones similares, y definir cuál es el remedio legal aplicable.

    Buscan incluir a cubanos sin parole

    Prada explicó a los medios que buscan incluir a todos los cubanos que carecen de un documento conocido como ‘parole’ (alivio migratorio humanitario) para “abrir la puerta a aplicar al Ajuste Cubano a la mayor cantidad de gente posible”.

    “Queremos aclarar que son elegibles para aplicar el Ajuste Cubano y que después cada persona individualmente persiga su aplicación; que la gente que ya tiene orden de deportación, pueda pedir la apertura de su caso a un juez de inmigración”, prosiguió.

    El debate central se enfocará en demostrar que las autoridades migratorias procesaron y liberaron a estos ciudadanos con documentación incorrecta en la frontera, cuando legalmente les correspondía ese histórico alivio migratorio.

    Promulgada en 1966 por el presidente estadounidense, Lyndon B. Johnson, la Ley de Ajuste Cubano ofrece un procedimiento especial y simplificado para que los ciudadanos cubanos obtengan la residencia permanente en Estados Unidos.

    Por su parte, la abogada Claudia Cañizares subrayó la “impaciencia” de la comunidad cubana ante un caso de “gran impacto”, y señaló que la propia jueza urgió a agilizar el proceso.

    El caso transcurre en medio de la ofensiva migratoria de la Administración del presidente Donald Trump, que ha multiplicado los arrestos de migrantes y ha reducido drásticamente la concesión de permisos de residencia.

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  • Demanda intenta bloquear a agentes armados de ICE en centros de votación

    Demanda intenta bloquear a agentes armados de ICE en centros de votación

    Una coalición de organizaciones civiles y la ciudad de Denver acudió a una corte federal para intentar impedir que agentes armados de ICE sean desplegados en los centros de votación durante las elecciones de mitad de período de noviembre.

    La demanda fue presentada en Washington, D.C., y busca que el tribunal declare ilegal cualquier plan que permita la presencia de agentes federales armados en lugares donde se emitan o recojan votos. El caso coloca nuevamente a ICE y las elecciones de 2026 en el centro de una disputa que ha generado preocupación entre grupos defensores del voto.

    La demanda fue presentada por Democracy Forward en representación de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), Common Cause, UnidosUS y la ciudad de Denver. Los demandantes sostienen que la presencia de agentes armados podría generar temor entre los ciudadanos y afectar su decisión de acudir a las urnas.

    La advertencia detrás de la demanda

    Uno de los argumentos centrales del caso es una disposición de la legislación federal que restringe el despliegue de tropas o personal armado en lugares donde se realizan elecciones, salvo circunstancias excepcionales relacionadas con enemigos armados de Estados Unidos.

    Los grupos demandantes consideran que permitir agentes armados en los sitios de votación podría convertirse en una forma de intimidación electoral, especialmente entre comunidades que mantienen una relación más vulnerable con las autoridades migratorias.

    La preocupación no surgió únicamente de rumores. Durante los últimos meses, distintos funcionarios de la administración Trump han sido cuestionados sobre la posibilidad de enviar agentes federales a las urnas, mientras algunos aliados del movimiento MAGA han planteado públicamente la idea de utilizar a ICE cerca de los centros de votación.

    El propio secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, intentó marcar distancia con esa posibilidad, pero sus declaraciones dejaron abierta una excepción.

    “ICE no está allí para patrullar los centros de votación”, dijo Mullin a la prensa. Sin embargo, añadió que los agentes podrían estar presentes si existiera una amenaza contra el lugar o si estuvieran intentando ejecutar una orden judicial contra una persona a la que buscan.

    “Si tenemos que ejecutar una orden judicial, estaremos donde tengamos que estar”, afirmó.

    ICE y las elecciones de noviembre

    La diferencia entre patrullar un centro de votación y acudir a él para realizar una detención es precisamente uno de los puntos que alimentan la controversia. Organizaciones defensoras del voto argumentan que, independientemente del motivo, la presencia visible de agentes armados podría tener un efecto disuasorio sobre determinados electores.

    El debate también llega después de que ICE reconociera que podría tener miles de documentos relacionados con posibles planes para desplegar agentes en centros de votación, después de que inicialmente la agencia había indicado que no tenía registros relevantes.

    Por separado, el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, ha señalado que las Fuerzas Armadas no tienen previsto enviar tropas ni soldados de la Guardia Nacional a los centros de votación.

    La demanda no significa que exista actualmente un plan confirmado para colocar agentes de ICE armados en las urnas. De hecho, funcionarios de la administración han negado que la agencia tenga previsto patrullar los centros de votación. El problema para los grupos demandantes es que las declaraciones oficiales tampoco han cerrado por completo la puerta a que agentes federales puedan aparecer allí bajo determinadas circunstancias.

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  • EE.UU. mantendrá vigente el TPS para los salvadoreños hasta nuevo aviso

    EE.UU. mantendrá vigente el TPS para los salvadoreños hasta nuevo aviso

    Los aproximadamente 170,000 salvadoreños protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos mantendrán por ahora ese beneficio migratorio, pese a que su fecha de vencimiento estaba prevista para este miércoles.

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la protección continuará vigente hasta nuevo aviso y que anunciará su decisión sobre el TPS de El Salvador en el momento que considere apropiado.

    “Hasta que se haga ese anuncio, los salvadoreños que se encuentran en Estados Unidos bajo el TPS mantienen su protección”, dijo a EFE un portavoz de la agencia.

    La falta de una decisión definitiva mantiene abierta la situación para una comunidad que lleva más de dos décadas bajo este programa. El TPS fue concedido en 2001, después de que dos terremotos devastaran El Salvador en enero y febrero de ese año.

    Un proyecto busca ampliar la protección

    Mientras el Gobierno mantiene en suspenso su decisión sobre los salvadoreños, el congresista Eugene Vindman presentó un proyecto de ley para extender el TPS durante otros 18 meses.

    “Obligar a las familias a regresar a condiciones peligrosas e inestables es cruel y miope”, afirmó Vindman al defender la propuesta.

    La incertidumbre se produce después de que el zar de la frontera, Tom Homan, defendiera el carácter temporal del programa y señalara que El Salvador es actualmente “mucho más seguro” desde la llegada de Nayib Bukele a la Presidencia.

    Una protección que han buscado terminar

    El futuro del programa llega en un momento en que la Administración de Donald Trump ha puesto fin al TPS de varios países.

    Durante su primer mandato, Trump intentó cancelar la protección para los salvadoreños, pero una demanda presentada en 2018 permitió que el beneficio continuara. Posteriormente, el DHS extendió la designación de El Salvador junto con las de otros países en medio de litigios.

    Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025, su Gobierno ha terminado o iniciado procesos para terminar el TPS de ciudadanos de distintos países. Entre ellos figuran Haití, Afganistán, Honduras, Siria y Nicaragua, según la información proporcionada.

    En agosto, el DHS también puso fin al TPS para unos 350,000 haitianos.

    Con información de EFE.

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    TPS llega a su fin para más de 170,000 salvadoreños luego de 25 años

    Desde este miércoles, migrantes de El Salvador en Estados Unidos ya no estarán amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) luego de la decisión del gobierno de Donald Trump de no extender el programa, afectando de manera directa a más de 170,000 salvadoreños.

    De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), los beneficios asociados al programa finalizaron oficialmente este miércoles. La medida anula las autorizaciones de empleo vigentes para los salvadoreños afectados y abre la posibilidad de que sean sometidos a procedimientos de deportación.

    Esfuerzos para un plazo de transición

    Ante la falta de prórroga, activistas concentraron sus esfuerzos en solicitar un plazo de transición. En tal sentido, la presidenta de la organización Alianza Américas, Dulce Guzmán, declaró que buscaban un margen prudencial para que los afectados logren “organizar y enfrentar” su nueva realidad.

    “No hemos tenido ninguna notificación oficial del Gobierno Trump sobre cuánto tiempo dará a los salvadoreños”, declaró Guzmán en declaraciones a la agencia EFE.

    Entretanto, el congresista Eugene Vindaman introdujo un proyecto de ley para extender la cobertura durante 18 meses: “Obligar a las familias a regresar a condiciones peligrosas e inestables es cruel y miope”.

    Antecedentes de la cancelación del programa

    El amparo fue concedido en 2001 tras los terremotos registrados en El Salvador, péro durante su primer mandato (2017-2021), Trump ordenó la cancelación del beneficio en 2018, disposición que se mantuvo paralizada por litigios judiciales hasta que la Corte Suprema ratificó las facultades del Ejecutivo sobre el TPS.

    Por su parte, Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de la organización America’s Voice, indicó que “Trump y (Stephen) Miller están decididos a revocar el estatus legal de tantas personas como sea posible y a sembrar el caos y el miedo en todo nuestro país”.

    La directora añadió que este hecho representa “la última ficha de dominó en caer” dentro de las anulaciones de permisos temporales, que afectaron previamente a ciudadanos de Haití, Venezuela, Afganistán, Honduras, Siria y Nicaragua.

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  • Permiso de trabajo en EE.UU.: un cambio de USCIS puede hacer que rechacen tu solicitud

    Permiso de trabajo en EE.UU.: un cambio de USCIS puede hacer que rechacen tu solicitud

    Un detalle aparentemente menor puede convertirse en un problema para quienes estén por solicitar o renovar un permiso de trabajo en Estados Unidos. A partir del 15 de septiembre de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) exigirá una nueva versión del Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo.

    La agencia fue especialmente clara sobre la transición: no habrá período de gracia. Esto significa que una solicitud presentada con la versión anterior después de la fecha límite será rechazada, incluso si el resto de la documentación está completa.

    El I-765 es el formulario que determinadas personas extranjeras deben presentar para solicitar un Documento de Autorización de Empleo (EAD), conocido comúnmente como permiso de trabajo.

    Qué cambia el 15 de septiembre

    Hasta el 14 de septiembre de 2026 seguirá vigente la edición del I-765 identificada con la fecha 08/21/25. Desde el 15 de septiembre, USCIS solo aceptará la nueva edición, fechada 09/15/26.

    La regla es importante para quienes estén preparando el trámite durante estos días:

    • Si la solicitud se presenta antes del 15 de septiembre, corresponde utilizar la edición 08/21/25.
    • Si se presenta el 15 de septiembre o después, deberá utilizarse la edición 09/15/26.
    • La nueva versión tampoco debe presentarse antes de esa fecha.

    En los trámites enviados por correo, USCIS tendrá en cuenta la fecha del matasellos. Para las solicitudes electrónicas, se considerará el día en que sean enviadas a través del sistema de la agencia.

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    Qué pasa si se usa el formulario anterior

    USCIS informó que rechazará la edición del 08/21/25 del I-765 cuando tenga matasellos o sea presentada electrónicamente el 15 de septiembre o después.

    El rechazo no significa necesariamente que la persona haya perdido el derecho a solicitar una autorización de empleo, pero sí puede obligarla a volver a preparar y presentar el trámite. Eso puede traducirse en demoras, especialmente para quienes necesitan renovar un permiso próximo a vencer.

    Por esa razón, quienes hayan descargado el formulario hace días o semanas deberían comprobar nuevamente la edición antes de enviarlo.

    La fecha de edición aparece en la parte inferior de las páginas del formulario. USCIS también recomienda asegurarse de que todas las páginas pertenezcan a la misma versión.

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    Por qué USCIS modifica el Formulario I-765

    La actualización está relacionada con una nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que entrará en vigor también el 15 de septiembre de 2026.

    La normativa cambia la manera en que determinados extranjeros con categorías F, J e I son admitidos en Estados Unidos. Entre ellos se encuentran estudiantes internacionales, visitantes de intercambio y representantes de medios de comunicación extranjeros.

    La regla reemplaza, para esas categorías, el sistema conocido como “duración del estatus” por períodos de admisión con una fecha determinada. El Gobierno federal publicó la regulación definitiva el 17 de julio de 2026 y fijó su entrada en vigor para el 15 de septiembre.

    El cambio tiene particular importancia para estudiantes F-1 que solicitan autorizaciones de empleo vinculadas al Optional Practical Training (OPT) o extensiones STEM OPT.

    USCIS también cambia otro formulario migratorio

    Ese mismo 15 de septiembre entrará en vigor una nueva edición del Formulario I-539, Solicitud para Extender o Cambiar Estatus de No Inmigrante.

    En este caso, la versión anterior tiene fecha 08/28/24 y será reemplazada por la nueva edición 09/15/26. USCIS tampoco dará un período de gracia para ese formulario.

    Ante estos cambios, la recomendación más segura es verificar el formulario directamente en el sitio oficial de USCIS inmediatamente antes de presentar una solicitud, especialmente si el trámite se realizará cerca del 15 de septiembre.

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    Tribunal frena al IRS por compartir datos fiscales con ICE y complica la ofensiva de Trump

    El intercambio de información entre el IRS y ICE sufrió un nuevo revés judicial. Un tribunal federal de apelaciones determinó que el Servicio de Impuestos Internos violó la legislación al entregar a las autoridades migratorias las direcciones de miles de contribuyentes, dentro de una estrategia impulsada por la administración de Donald Trump.

    El caso gira alrededor de 47,289 registros que el IRS proporcionó a ICE después de que la agencia migratoria solicitara información sobre aproximadamente 1.28 millones de personas. El objetivo era obtener sus últimas direcciones conocidas para apoyar investigaciones relacionadas con órdenes de expulsión.

    El Circuito del Distrito de Columbia confirmó la orden que bloqueaba esta práctica.

    El problema estuvo en la forma de obtener los datos

    El tribunal cuestionó especialmente el procedimiento utilizado por el IRS. La agencia podía recibir solicitudes de ICE que no contenían una dirección completa y, aun así, buscar en sus propios registros para entregar una dirección asociada con el contribuyente.

    Más del 90% de los 47,289 registros fueron obtenidos mediante coincidencias con números de identificación fiscal. Los jueces señalaron que el mecanismo permitió responder incluso a solicitudes que incluían campos como “Unknown Address”, “Failed to Provide” o “NA NA”.

    La jueza Cornelia Pillard escribió que el procedimiento implicaba una revisión automatizada de millones de registros sin controles suficientes para comprobar que cada solicitud cumpliera con los requisitos establecidos por la ley.

    Durante el proceso, la administración Trump argumentó que la decisión obstaculizaba la aplicación de las leyes federales. La respuesta de Pillard fue contundente: “Pero esa es una queja contra el Congreso, no contra el tribunal”, según el fallo.

    Una protección creada después del Watergate

    La legislación federal establece reglas estrictas para proteger la confidencialidad de la información fiscal. Estas disposiciones se fortalecieron después del escándalo Watergate, cuando salieron a la luz abusos relacionados con información tributaria durante la administración de Richard Nixon.

    Los grupos que llevaron el caso a tribunales celebraron la decisión. Skye Perryman, de Democracy Forward, afirmó que el fallo representa una defensa frente a lo que calificó como un uso ilegal de información confidencial.

    “Las leyes de privacidad promulgadas en la era posterior al Watergate existen para prevenir abusos de poder como este”, sostuvo Perryman.

    El IRS y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ofrecieron comentarios inmediatos sobre la resolución. La sentencia mantiene bloqueado el mecanismo cuestionado y representa un nuevo límite judicial a los esfuerzos de la administración Trump para utilizar información federal en sus operaciones de control migratorio.

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  • Tom Homan justifica el fin del TPS para salvadoreños y destaca la seguridad de ese país bajo Bukele

    Tom Homan justifica el fin del TPS para salvadoreños y destaca la seguridad de ese país bajo Bukele

    A pocas horas de que expire la protección migratoria para miles de salvadoreños en Estados Unidos, el zar fronterizo Tom Homan defendió este martes la decisión de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de El Salvador y argumentó que las condiciones de seguridad en ese país han cambiado. “El TPS, estatus de protección temporal, significa que es algo temporal. Y seamos realistas: El Salvador es un país mucho más seguro que nunca, ahora con ese presidente que tienen allá”, declaró Homan ante periodistas en las afueras de la Casa Blanca, en referencia al presidente salvadoreño Nayib Bukele.

    La designación de TPS para El Salvador está programada para concluir este miércoles 9 de septiembre. De acuerdo con la información proporcionada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), tanto el estatus como los beneficios asociados tienen previsto finalizar en esa fecha.

    El programa ha permitido durante años que miles de salvadoreños permanezcan legalmente en Estados Unidos y obtengan autorización para trabajar mientras mantienen la protección migratoria. Actualmente, se estima que alrededor de 170,000 ciudadanos salvadoreños se benefician del TPS.

    Homan cuestiona décadas de renovaciones del TPS

    Homan también criticó que el programa haya sido extendido repetidamente durante décadas, pese a que su naturaleza es temporal y a que las condiciones de los países beneficiarios pueden cambiar. “Llevo más de 40 años en esto y el TPS nunca ha dejado de renovarse, una y otra vez, a pesar de que se supone que es un estatus de protección temporal y de que las condiciones en el país (de origen) cambian”, afirmó. El funcionario agregó: “Me alegra que por fin se estén ciñendo a lo que dicta la ley: lo temporal es temporal”.

    La eventual terminación del TPS dejaría a los beneficiarios sin la protección contra la deportación y sin la autorización de empleo que obtienen exclusivamente mediante ese programa, salvo que cuenten con otra base legal para permanecer o trabajar en Estados Unidos. Sin embargo, Homan evitó confirmar si la protección terminará definitivamente este miércoles o si el gobierno pudiera anunciar una extensión de última hora.

    “Si expira, la decisión queda en manos del secretario (de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin). Y si han decidido prorrogarlo, no estoy al tanto de ello”, señaló. La posible expiración coloca a miles de familias salvadoreñas ante un escenario de incertidumbre migratoria, mientras la administración Trump mantiene su política de reducir los programas de protección temporal y reforzar las medidas de control migratorio en Estados Unidos.

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  • Nueva regla de DHS cambia el proceso migratorio para ciertos niños nacidos en Estados Unidos

    Nueva regla de DHS cambia el proceso migratorio para ciertos niños nacidos en Estados Unidos

    El Departamento de Seguridad Nacional implementó una nueva regla que modifica el tratamiento migratorio de determinados niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres no son ciudadanos estadounidenses y trabajan para gobiernos extranjeros.

    La medida, descrita como una regla final provisional, amplía las categorías de menores que pueden ser considerados para obtener la residencia permanente legal, aun cuando ninguno de sus padres sea ciudadano estadounidense.

    El cambio fue explicado en un reportaje de N+ Univision, que detalló que la regulación sustituye el concepto utilizado anteriormente de “diplomático extranjero” por una clasificación más amplia que incluye a determinados empleados de gobiernos extranjeros.

    La disposición puede abarcar a funcionarios diplomáticos acreditados en Estados Unidos, así como a ciertos trabajadores de embajadas y consulados que sean nacionales del país al que representan. También contempla a personas que desempeñen funciones oficiales para un gobierno extranjero y a empleados de determinadas organizaciones internacionales con inmunidad.

    El abogado de inmigración Luis Victoria explicó a N+ Univision que la principal novedad es precisamente la ampliación de las categorías de trabajadores extranjeros cuyos hijos pueden quedar comprendidos por la regulación.

    Hasta ahora, la normativa estaba principalmente vinculada con personas que gozaban de inmunidad diplomática plena. Con el nuevo criterio, el alcance se extiende a determinados empleados de consulados, embajadas y organizaciones internacionales.

    La regla también abre una vía para que ciertos menores nacidos en Estados Unidos, cuyos padres no son ciudadanos estadounidenses, puedan acceder a la residencia permanente y posteriormente avanzar hacia una eventual naturalización.

    No obstante, la disposición establece límites. No incluye, entre otros casos, a empleados domésticos o asistentes personales de funcionarios extranjeros, determinados contratistas ni trabajadores de gobiernos extranjeros que se encuentren en Estados Unidos actuando a título personal.

    La nueva regulación entró en vigor el 4 de septiembre y se aplica únicamente a los niños nacidos en Estados Unidos a partir de esa fecha que cumplan con las condiciones establecidas.

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    ICE dispondrá de un nuevo centro de detención para inmigrantes con gran capacidad en Colorado

    Con el objetivo de seguir adelante con la misión encomendada por el presidente Donald Trump de llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes de toda la historia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) abrirá en Colorado un centro de detención para extranjeros carentes de estatus legal cuya capacidad permitirá privar temporalmente de la libertad a centenares de personas mientras se autoriza su deportación.

    A través de un comunicado, GEO Group —empresa privada de prisiones— dio a conocer que una prisión privada, la cual actualmente se encuentra inactiva y cuya sede se encuentra en Hudson, Colorado, se convertirá en el segundo centro de detención más grande de ICE.

    Situado a cerca de 30 millas al noreste de Denver y anteriormente conocido como Centro Correccional de Hudson, “Big Horn” es un inmueble con capacidad para albergar de manera temporal a 1,188 personas.

    Una de las ventajas del lugar es que únicamente operó durante cinco años y después fue condenado al olvido, lo cual supondría costos mínimos para rediseñarlo o redistribuirlo.

    El objetivo de la compañía consiste en recibir a personas detenidas por ICE antes de la conclusión del año en curso, pues desde hace casi tres meses cerró un acuerdo por cinco años con la agencia federal a través del cual anualmente ingresaría a sus finanzas cerca de $85 millones de dólares.

    Para GEO Group este será su segundo proyecto de trabajo con la agencia federal en Colorado, pues el primero de ellos se ubica en la ciudad de Aurora, donde mantiene en resguardo a 1,532 extranjeros carentes de estatus legal.

    Hasta el momento, el modelo de trabajo y organización presentado por GEO Group parece tener deslumbrados a los responsables del ICE al grado de sugerir que sirva de ejemplo para replicarlo en otros estados.

    En contraparte, el demócrata Michael Bennet, senador por Colorado, anunció que tratará de impedir que se habilite el inmueble señalado, pues al estar retirado de las grandes ciudades eso implica el riesgo de no ser supervisado por personal ajeno al gobierno con el objetivo de descartar cualquier tipo de atropello en contra de los derechos de los inmigrantes.

    “Estas nuevas instalaciones no sólo duplicarán prácticamente el número de camas de detención, sino que además se ubican en una zona rural, lejos de las organizaciones que ofrecen recursos y supervisión.

    Seguiré presionando para que se implementen las salvaguardias necesarias, las reformas cruciales y trabajaré para impedir la apertura de estas instalaciones”, puntualizó.

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  • Operación migratoria de Trump golpea a Chicago: estudio calcula pérdidas por $1,260 millones

    El temor generado por el endurecimiento de las redadas migratorias de la administración de Donald Trump no solo redujo la movilidad de las comunidades latinas de Chicago y sus suburbios: también golpeó el consumo, como señaló un nuevo estudio de la Universidad de Illinois Chicago (UIC).

    De acuerdo al análisis, se calcula que el condado de Cook dejó de registrar alrededor de $1,260 millones de dólares en actividad de tiendas y restaurantes durante el periodo de mayor presión de las autoridades federales.

    El informe, titulado Hunkering Down: The Hidden Economic Cost of Federal Immigration Enforcement in Cook County, IL, (El costo económico oculto de la aplicación de las leyes federales de inmigración en el condado de Cook), fue presentado este martes por el Great Cities Institute de UIC, cuando se cumple un año del inicio de la “Operación Midway Blitz”, la ofensiva migratoria que el Gobierno de Trump lanzó el 8 de septiembre de 2025 en Chicago y otras localidades de Illinois.

    Los investigadores encontraron que el impacto fue más allá de los barrios tradicionalmente mexicanos, como Pilsen y La Villita. La reducción de los desplazamientos desde comunidades con una alta concentración de residentes nacidos en América Latina terminó afectando negocios de diferentes zonas del condado.

    “Los latinos son trabajadores, consumidores, propietarios de viviendas, propietarios de negocios y contribuyentes”, explicó José Miguel Acosta Córdova, investigador asociado del Instituto de Investigación sobre Raza y Políticas Públicas de UIC y uno de los autores del estudio.

    “Nuestro trabajo y nuestra actividad económica son parte de lo que hace que la economía regional de Chicago funcione. Entonces, cuando esos patrones normales de movimiento y actividad económica se ven alterados, los efectos no permanecen confinados a un vecindario o una población”, agregó.

    Los datos muestran el alcance de ese cambio de comportamiento. Matthew Wilson, coautor del reporte, explicó que los viajes desde zonas con alta presencia de población nacida en América Latina hacia comercios de otras partes del condado disminuyeron alrededor de 9%, mientras que las visitas a restaurantes retrocedieron aproximadamente 10%. Los investigadores tampoco encontraron evidencia de que ese consumo simplemente se hubiera trasladado hacia otros establecimientos.

    El golpe fue particularmente fuerte fuera de Chicago. Según el estudio, la caída del comercio minorista en los suburbios del condado de Cook fue aproximadamente el doble de la registrada dentro de la ciudad.

    La investigación estima además que la reducción de la actividad comercial representó unos $107 millones de dólares en ingresos fiscales que dejaron de generarse, una consecuencia que amplía el impacto de las redadas desde las familias y pequeños negocios hasta las finanzas públicas locales.

    Una de las conclusiones centrales del estudio es que la presencia de agentes federales modificó actividades tan habituales como comprar alimentos o medicamentos, cargar gasolina, acudir al banco o comer en un restaurante.

    Además, la actuación de los agentes provocó protestas, demandas y enfrentamientos con residentes. Uno de los episodios más graves ocurrió el 12 de septiembre de 2025, cuando un agente de ICE mató a tiros al mexicano Silverio Villegas González, de 38 años, durante un intento de arresto en Franklin Park.

    Pese a ello, los investigadores señalan que su análisis no pretende calcular todos los efectos económicos ni humanos de las redadas. Su conclusión es más concreta: cuando una parte importante de la población deja de salir, comprar y consumir por temor a los operativos migratorios, el impacto termina alcanzando a negocios y gobiernos locales más allá de las comunidades directamente sometidas a las redadas.

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