Category: Inmigracion

Al menos 40 senadores estadounidenses enviaron una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la que exigieron reformas en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras dos tiroteos mortales contra un mexicano y un colombiano en los que estuvieron involucrados agentes de esa agencia federal.

La misiva, liderada por el senador independiente por Maine Angus King y firmada por legisladores demócratas, reclama al DHS mayor transparencia en las operaciones de ICE y medidas para reforzar la supervisión de sus agentes, entre ellas el uso obligatorio de cámaras corporales y una identificación más clara de los oficiales durante sus actuaciones.

Los legisladores exigieron además una revisión de los protocolos de ICE y que las autoridades proporcionen información más detallada sobre los incidentes en los que agentes han utilizado la fuerza, al considerar que es necesario fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.

En días recientes, dos migrantes, el mexicano Lorenzo Salgado Araujo y el colombiano Johan Durán, murieron por disparos de ICE que se produjeron tras controles de tráfico en Texas y Maine, respectivamente.

Además, el pasado 14 de julio, otro migrante, Juan Jairo Coronilla, falleció en Florida al ser embestido por un camión tras otro control de tráfico de ICE.

Estos nuevos episodios se producen después de una ola de cuestionamientos contra ICE a inicios de 2026 tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos migratorios en Minneapolis.

Renee Nicole Good, de 37 años, murió el 7 de enero tras recibir disparos de un agente federal, mientras que Alex Pretti, enfermero de 37 años, falleció el 24 de enero durante un enfrentamiento con agentes de inmigración, casos que provocaron protestas y demandas de mayor supervisión.

La tensión política derivada de dichas muertes a manos de ICE llegó al Congreso, donde legisladores demócratas bloquearon partidas presupuestarias para el DHS en medio de la disputa por los fondos destinados a las operaciones migratorias.

El pulso provocó un cierre parcial de la agencia y cambios en la cúpula de Seguridad Nacional, incluida la salida de la secretaria Kristi Noem y la llegada de nuevos responsables en áreas clave de inmigración.

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Un juez federal desestimó este lunes varias demandas del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impugnaba las políticas estatales y locales de Minnesota que limitan la cooperación con los agentes de inmigración, lo que supone un revés en la campaña de deportaciones de la Casa Blanca.

El juez Eric C. Tostrud, del tribunal federal en Minnesota, impugnó las querellas legales entabladas por el Departamento de Justicia contra el estado de Minnesota, la ciudades de Minneapolis y Saint Paul, y el condado de Hennepin, por la aprobación de leyes que restringen la colaboración de sus policías con el Servicio de Control de Inmigración y Ciudadanía.

La Casa Blanca ha argumentado que las leyes santuario contravienen la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, al “invadir” la autoridad federal y ser “un esfuerzo activo y deliberado” para obstruir la aplicación de las leyes de inmigración.

Sin embargo, Tostrud, nominado por el presidente Trump, opinó que es su fallo que las leyes y normas “no prohíben al gobierno federal ni a sus contratistas actuar y no controlan cómo el gobierno federal o sus contratistas realizan su trabajo” de control de inmigración.

“Más bien, (las normas) regulan cómo los funcionarios estatales y locales desempeñan sus funciones”, escribió el juez en su opinión.

El gobierno Trump demandó al estado de Minnesota en septiembre pasado como parte de su política migratoria, que lo llevó a desencadenar una serie de operativos que culminaron con la muerte de dos estadounidenses a manos de agentes migratorios a principio de este año.

Desde su primer mandato Trump ha arremetido contra las políticas santuario aprobadas en estados y localidades regidas por demócratas, como California.

Los estados y localidades argumentan que la colaboración de la policía con las autoridades migratorias impacta sus presupuestos y la confianza del público en las agencias locales.

Trump ya perdió una demanda contra el estado de Illinois por sus políticas santuario.

La Casa Blanca ha impulsado hasta el momento 21 demandas contra leyes santuario de inmigrantes. La última fue presentada el pasado 10 de julio contra el estado de Maryland.

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Juan Jairo Coronilla Durán, ciudadano mexicano de 28 años y originario de Guanajuato, murió tras ser atropellado durante un operativo migratorio en San Agustín, Florida, cuando intentaba huir al encontrarse con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De acuerdo con su esposa, el joven se encontraba legalmente en Estados Unidos con una visa de turista vigente y había viajado al país para pasar unas vacaciones.

Así ocurrió el operativo en el que perdió la vida

El incidente se registró en una gasolinera cercana a St. Johns, en San Agustín, donde Coronilla viajaba con otros tres hombres cuando fueron sorprendidos por un operativo migratorio.

Al percatarse de la presencia de los agentes, los cuatro descendieron del vehículo e intentaron escapar en distintas direcciones.

Uno de ellos fue detenido por agentes del ICE, mientras que los otros dos lograron alejarse del lugar. Coronilla también intentó huir, pero el desenlace fue fatal.

Según el relato de su esposa, Yezzika Alamilla, el joven corrió hacia una carretera y resbaló en el camellón debido a que el pavimento estaba mojado por la lluvia. Aunque logró ponerse de pie y continuó la huida, volvió a caer en medio de los carriles y fue atropellado por un camión que circulaba por la zona.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han explicado por qué Coronilla decidió escapar si, según su familia, contaba con documentación migratoria válida.

Una vecina intentó salvarle la vida

Una enfermera veterinaria que vive cerca del lugar relató a N+ Univision que salió de su vivienda tras escuchar el impacto.

La mujer explicó que se introdujo debajo del camión para revisar el estado del joven y comprobó que aún presentaba signos vitales.

Durante aproximadamente 10 a 15 minutos realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras otras personas se acercaban para ayudar. Sin embargo, los esfuerzos fueron insuficientes y Coronilla murió en el lugar.

DHS confirma investigación sobre lo ocurrido

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el operativo fue realizado el 14 de julio cerca de St. Johns y confirmó que durante la acción ocurrió un incidente que terminó con la muerte de un ciudadano mexicano.

La dependencia indicó que la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del caso.

El DHS agregó que dará a conocer más información conforme avance la indagatoria, aunque hasta ahora no ha ofrecido nuevos detalles sobre el operativo.

??Colectivo migrante acompaña a la esposa de Juan Jairo mientras busca trasladar su cuerpo a Guanajuato, tras su muerte durante un operativo del ICE en Floridahttps://t.co/zoQRvA9ipn

— Milenio (@Milenio) July 21, 2026

Gobierno de Guanajuato brinda apoyo a la familia

El Gobierno de Guanajuato informó que activó un protocolo de atención para acompañar a la familia de Juan Jairo Coronilla Durán.

A través de la Secretaría de Derechos Humanos, autoridades estatales establecieron contacto con sus familiares, ofrecieron asesoría para la repatriación del cuerpo y expresaron sus condolencias.

Asimismo, por instrucciones de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, se brindó apoyo a la esposa del fallecido, quien viajó a Orlando y fue canalizada al Consulado de México para dar seguimiento a los trámites correspondientes.

Había viajado de vacaciones a Estados Unidos

De acuerdo con el Colectivo Árbol, organización con sede en Orlando que acompaña a trabajadores agrícolas y migrantes, Coronilla era padre de dos hijos y había viajado desde Guanajuato para pasar unas vacaciones.

Su esposa informó que llevaba tres semanas en Estados Unidos y únicamente dos días en Florida cuando ocurrió el operativo migratorio.

La organización también señaló que el mexicano tenía previsto regresar a su país el sábado siguiente a su fallecimiento y que ya contaba con un boleto de avión para ese viaje.

La tercera muerte tras un encuentro con agentes migratorios en una semana

La muerte de Juan Jairo Coronilla ocurrió en medio de la campaña de deportaciones impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo con los reportes, se trata del tercer fallecimiento en una semana relacionado con acciones de autoridades migratorias en Estados Unidos.

Días antes, agentes federales mataron a tiros al mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston y al ciudadano colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero durante un operativo en Maine.

Con el caso de Coronilla Durán, organizaciones y autoridades mexicanas contabilizan 18 ciudadanos mexicanos fallecidos en incidentes relacionados con operativos o bajo custodia del ICE durante la actual administración estadounidense.

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Brandon Ortiz-Vite, condenado por el asesinato de Ruby Garcia en 2024, presentó una demanda federal contra el presidente Donald Trump y un funcionario de la Casa Blanca, al alegar que su caso fue utilizado con fines políticos durante el debate migratorio, incluida la difusión de su fotografía policial en anuncios relacionados con la inmigración, lo que, según afirma, le causó daños personales y afectó su reputación.

El hombre, de 27 años, solicitó una compensación de $75 millones de dólares, una disculpa pública y la posibilidad de obtener la ciudadanía estadounidense, mientras cumple una sentencia de entre 39 y 102 años de prisión por la muerte de Garcia.

La demanda fue presentada por Ortiz-Vite sin abogado ante un tribunal federal. En el documento señaló como demandados a Trump y a Steven Cheung, subsecretario de prensa principal de la Casa Blanca.

Un caso criminal convertido en argumento político

El asesinato de Ruby Garcia ocurrió en marzo de 2024 en Grand Rapids, Michigan. La mujer fue encontrada sin vida junto a una carretera con múltiples heridas de bala.

Según los documentos del caso, Garcia y Ortiz-Vite tenían una relación sentimental y se encontraban discutiendo antes del homicidio.

El caso adquirió relevancia nacional durante la campaña presidencial de 2024, cuando Trump visitó Grand Rapids y mencionó el crimen como parte de sus críticas a las políticas migratorias del gobierno de Joe Biden.

Durante ese discurso, Trump presentó a Ortiz-Vite como un ejemplo de los riesgos asociados con la inmigración irregular. Además, medios locales reportaron que la imagen policial del condenado fue utilizada en anuncios políticos relacionados con la seguridad fronteriza.

Ortiz-Vite alega daño emocional y afectación a su reputación

En la denuncia manuscrita, Ortiz-Vite afirmó que la atención pública transformó su identidad en la de un símbolo político y que dejó de ser visto únicamente por su caso judicial.

El condenado aseguró que después de que su historia recibió cobertura nacional enfrentó burlas dentro de la prisión y que otras personas lo identificaban únicamente por su origen y situación migratoria.

“Mi identidad ya no importaba”, escribió Ortiz-Vite en la demanda, donde sostuvo que el uso político de su caso afectó su dignidad y provocó daños a su familia.

También describió la cobertura mediática como una experiencia de ansiedad y desesperación, al afirmar que pasó a ser considerado públicamente como una persona peligrosa antes de que su proceso legal concluyera.

El acusado afirma que asumió responsabilidad por el homicidio

Aunque cuestiona el uso político de su caso, Ortiz-Vite aseguró en la demanda que aceptó las consecuencias de sus actos.

El hombre escribió que se entregó a las autoridades y confesó el asesinato de Garcia, además de afirmar que mantuvo una actitud respetuosa durante el proceso judicial.

Ortiz-Vite fue condenado por homicidio en segundo grado y actualmente cumple una pena que podría extenderse hasta 102 años de prisión.

Expertos legales ven pocas posibilidades de éxito en la demanda

El abogado penalista y exfiscal federal Matthew Borgula consideró que la demanda enfrenta varios obstáculos legales y que probablemente no avance en los tribunales.

Borgula explicó que los jueces federales revisan inicialmente las demandas presentadas por personas encarceladas antes de permitir que continúen.

También señaló que las protecciones legales relacionadas con la inmunidad presidencial podrían representar una dificultad adicional para Ortiz-Vite.

El abogado afirmó que las declaraciones realizadas por Trump durante una campaña política difícilmente podrían convertirse en la base de una indemnización millonaria y sostuvo que el caso presenta problemas legales más profundos.

Además, indicó que la condena por homicidio limita cualquier argumento de compensación basado en una supuesta injusticia del proceso penal.

Antecedentes migratorios de Ortiz-Vite

Antes del asesinato de Garcia, Ortiz-Vite ya había tenido contacto con el sistema migratorio estadounidense.

Según reportes de medios de Michigan, permaneció bajo el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) hasta que su protección expiró en mayo de 2019.

Posteriormente fue deportado tras un arresto en 2020 relacionado con conducir bajo los efectos del alcohol.

Las autoridades no han informado cuándo regresó nuevamente a Estados Unidos después de esa deportación.

Reacciones políticas tras la demanda

La demanda provocó críticas de sectores conservadores que cuestionaron que una persona condenada por asesinato solicite una compensación económica contra el presidente.

Tudor Dixon, excandidata republicana a gobernadora de Michigan, calificó la acción legal como una muestra de falta de responsabilidad y afirmó que el debate debería centrarse en las víctimas de delitos.

Mientras tanto, especialistas legales consideran que el caso podría ser rechazado antes de llegar a juicio debido a las dificultades jurídicas que enfrenta.

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Tom Homan, zar fronterizo del gobierno de Donald Trump, defendió el accionar de los agentes de ICE tras dos incidentes mortales ocurridos en Maine y Texas, y afirmó que las personas fallecidas habrían evitado el desenlace si hubieran cooperado con las autoridades.

El funcionario sostuvo que los operativos deben ser evaluados una vez concluyan las investigaciones, pero insistió en que las personas tienen la obligación de obedecer las instrucciones de los agentes de seguridad, incluso si consideran que la detención es injustificada.

“Si creen que no fueron tratados correctamente o que no había una razón para detenerlos, existen vías legales para reclamarlo”, argumentó Homan durante una entrevista en el programa Face the Nation.

Las declaraciones de Homan, quien fue director de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos durante la primera administración Trump, ocurrieron después de una semana marcada por dos incidentes en los que personas que no eran los objetivos principales de los operativos murieron durante acciones relacionadas con agentes federales.

Ante las críticas de que los hechos reflejan problemas en la forma en que ICE realiza sus operaciones, Homan rechazó que exista una falla generalizada dentro de la agencia y comparó los errores de identificación con situaciones que pueden ocurrir en cualquier cuerpo policial.

Explicó que los agentes suelen actuar con información previa sobre domicilios, vehículos o movimientos de personas buscadas, pero reconoció que en ocasiones pueden producirse equivocaciones durante las verificaciones en campo.

“Eso ocurre en las fuerzas del orden todos los días”, señaló.

En el caso de Texas, familiares del fallecido Lorenzo Salgado Araujo cuestionaron si podía identificar que quienes lo perseguían eran agentes federales debido a que viajaban en un vehículo sin distintivos visibles.

Homan aseguró que los vehículos de ICE cuentan con luces de emergencia y que los agentes portan identificaciones oficiales, aunque admitió que no había visto los videos del incidente que estaban siendo revisados públicamente.

La presentadora Margaret Brennan insistió en que las imágenes disponibles no mostraban claramente esos elementos, lo que abrió un debate sobre la transparencia en este tipo de operativos.

Homan también defendió la implementación de cámaras corporales para los agentes de ICE y afirmó que estas herramientas ayudarían a determinar con mayor precisión qué ocurrió durante una intervención.

Señaló que la falta de equipos suficientes se debe en parte a retrasos presupuestarios y políticos, aunque reconoció que las cámaras son una medida necesaria para mostrar tanto las acciones de los agentes como las circunstancias que enfrentan.

Organizaciones defensoras de derechos de inmigrantes han señalado que la discusión no debe centrarse únicamente en la obligación de las personas de obedecer órdenes, sino también en la responsabilidad de las autoridades de garantizar procedimientos claros, identificables y seguros.

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El Buró Federal de Investigaciones (FBI) habría ordenado a sus oficinas de campo dejar de abrir investigaciones relacionadas con enfrentamientos entre agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y civiles, un cambio que trasladaría estos casos a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una división del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de acuerdo con información publicada por The New York Times.

La medida representa una modificación en la forma en que el FBI había atendido las denuncias por presuntas agresiones contra agentes federales del DHS, incluidos elementos del ICE, especialmente en incidentes donde se involucraba el uso de la fuerza.

Según el reporte, las investigaciones conocidas como “Assault on a Federal Officer” (AFO), que hasta ahora podían ser encabezadas por el FBI, pasarían a manos de HSI, organismo que pertenece al mismo departamento que supervisa al ICE.

Cambio en las investigaciones genera cuestionamientos

De acuerdo con fuentes citadas por The New York Times, directivos del FBI notificaron por escrito a sus oficinas sobre la nueva directriz y algunos agentes del ICE en distintas partes del país fueron informados del cambio por sus contrapartes del Buró.

El ajuste ha generado preocupación entre algunos sectores debido a que las investigaciones del FBI no solo determinaban si existía una agresión contra funcionarios federales, sino que también podían reunir evidencia sobre la actuación de los propios agentes migratorios durante operativos con uso de fuerza.

En casos donde agentes del ICE han disparado contra personas, las pesquisas del FBI podían convertirse posteriormente en una fuente de información para posibles investigaciones sobre derechos civiles o procesos judiciales relacionados con la conducta de los oficiales.

HSI asumiría casos que antes llevaba el FBI

La información publicada señala que, bajo el nuevo esquema, Homeland Security Investigations (HSI) sería la encargada de revisar las acusaciones de agresiones contra agentes del ICE y otros funcionarios del DHS.

Organizaciones y críticos de la medida han señalado que el cambio podría afectar la independencia de las investigaciones, debido a que HSI forma parte del mismo departamento al que pertenece la agencia involucrada en los operativos.

Además, especialistas citados por el medio estadounidense advirtieron que el DHS no cuenta con la misma autoridad que el Departamento de Justicia para investigar posibles violaciones federales de derechos civiles.

Esto podría reducir las posibilidades de que agentes migratorios sean investigados por posibles abusos en situaciones donde personas resulten heridas o mueran durante operativos.

FBI, DOJ y DHS niegan un cambio oficial de política

Después de la publicación del informe, el Departamento de Justicia (DOJ) rechazó que exista una modificación en sus políticas de investigación relacionadas con agresiones contra agentes federales.

El DHS también calificó como “falsa” la información sobre una supuesta separación de funciones entre ambas agencias y aseguró que el FBI y HSI continúan trabajando de manera coordinada.

En declaraciones enviadas a medios como The Verge y CNBC, funcionarios de ambas dependencias afirmaron que cualquier persona que ataque a un agente federal seguirá siendo investigada conforme a la ley.

Hasta ahora, el FBI no ha anunciado públicamente una modificación formal de sus protocolos. Tampoco se ha informado qué ocurrirá con los casos que ya están abiertos ni si la nueva directriz tendrá carácter permanente.

La decisión ocurre tras tiroteos mortales en operativos del ICE

El supuesto cambio en la supervisión llega después de varios incidentes recientes protagonizados por agentes del ICE, incluidos dos tiroteos mortales registrados en Maine y Houston.

En Maine, un agente del ICE disparó y mató al ciudadano colombiano Joan Sebastián Guerrero durante un operativo en la ciudad de Biddeford. El caso generó críticas y cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes migratorios.

Días antes, un agente del ICE también disparó y mató al inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston, Texas, el pasado 7 de julio.

De acuerdo con el reporte citado por The New York Times, estos incidentes forman parte de una serie de enfrentamientos armados en los que agentes del ICE han utilizado sus armas desde enero de 2025.

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó a México a David Vargas-Rivera, señalado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como presunto integrante del Cártel Santa Rosa de Lima y buscado por autoridades mexicanas por un caso de homicidio.

El mexicano fue entregado a las autoridades de México el pasado 14 de julio, después de haber sido detenido en enero en Frisco, Texas, como parte de un proceso migratorio en Estados Unidos.

El DHS aseguró que Vargas-Rivera era considerado un presunto operador del grupo criminal y que estaba relacionado con actividades como robo de combustible, homicidios y lavado de dinero.

Vargas-Rivera fue detenido en Texas y entregado a México

De acuerdo con la información del gobierno estadounidense, agentes del ICE arrestaron a David Vargas-Rivera el 12 de enero en Frisco, Texas.

Tras permanecer bajo custodia migratoria, las autoridades estadounidenses realizaron su expulsión del país y lo pusieron a disposición del gobierno mexicano, donde enfrenta una orden de captura internacional por homicidio.

La subsecretaria del DHS, Lauren Bis, afirmó que el hombre era buscado por asesinato en México y aseguró que deberá responder ante la justicia por los delitos que se le atribuyen.

“Este delincuente indocumentado es buscado por asesinato en México, ha sido acusado de lavar más de $4.6 millones de dólares y ha sido identificado como un sicario afiliado al Cártel Santa Rosa de Lima“, declaró la funcionaria.

.@ICEgov has DEPORTED an illegal alien MURDERER.

David Vargas-Rivera is wanted for murder in Mexico, has been accused of laundering more than $4.6 million, and has been identified as a hitman affiliated with the Santa Rosa de Lima Cartel ? a foreign terrorist organization.? https://t.co/b1vZTiVaDk

— Homeland Security (@DHSgov) July 20, 2026

DHS lo vincula con robo de combustible y operaciones financieras ilícitas

El Departamento de Seguridad Nacional identificó a Vargas-Rivera como un presunto integrante del Cártel Santa Rosa de Lima, organización que Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera.

Según la dependencia, además de las acusaciones por homicidio en México, el detenido contaba con antecedentes en otros países.

Las autoridades señalaron que habría sido arrestado en Canadá por agresión contra un agente de la paz y amenazas, mientras que también registró antecedentes en Colombia.

Cártel Santa Rosa de Lima: origen y expansión criminal

El Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) nació en 2014 en Guanajuato y se convirtió en uno de los principales grupos dedicados al robo de combustible en México, actividad conocida como huachicoleo.

Con el tiempo, la organización amplió sus operaciones hacia delitos como extorsión, secuestro, tráfico de drogas y narcomenudeo.

Su fundador y principal líder fue José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, detenido en agosto de 2020 y condenado posteriormente a 60 años de prisión.

Autoridades de México y Estados Unidos han señalado que, pese a su captura, la organización mantuvo estructuras operativas mediante familiares y colaboradores cercanos.

La disputa por Guanajuato mantiene al grupo bajo presión

Tras la caída de “El Marro”, distintos operadores asumieron funciones dentro de la organización, entre ellos integrantes de su círculo familiar y mandos relacionados con células violentas.

El grupo mantiene una disputa territorial con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control de zonas estratégicas de Guanajuato, especialmente municipios como Celaya, Irapuato, Salamanca y Villagrán.

La confrontación entre ambas organizaciones ha contribuido a que Guanajuato permanezca entre los estados con mayores niveles de violencia en México.

EE.UU. mantiene sanciones contra el Cártel Santa Rosa de Lima

Debido a sus actividades criminales y sus redes financieras, el gobierno estadounidense ha aplicado sanciones contra integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima y bloqueado propiedades relacionadas con sus operadores.

La deportación de David Vargas-Rivera forma parte de las acciones del ICE para expulsar del territorio estadounidense a personas consideradas prioritarias por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales y entregarlas a las autoridades correspondientes.

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