La investigación por la muerte de Johan Sebastián Durán Guerrero, un inmigrante colombiano de 25 años, tomó un nuevo giro luego de que familiares del agente del ICE involucrado en el tiroteo revelaran presuntos antecedentes de comportamiento violento y problemas de salud mental.
Durán Guerrero murió el lunes en Biddeford, Maine, después de que David Brouillette, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), le disparara mientras se encontraba dentro de su vehículo cerca de su vivienda. El caso ahora está bajo escrutinio debido a los señalamientos sobre el historial personal del funcionario federal.
Familiares del agente del ICE describen un patrón de conductas preocupantes
Antes de convertirse en agente migratorio, Brouillette ya era señalado por familiares que recuerdan episodios de inestabilidad y actitudes que describieron como preocupantes, de acuerdo con lo publicado por la agencia AP.
Los familiares afirmaron que Brouillette tuvo episodios de conducta agresiva y lo señalaron por supuestas agresiones contra mujeres. También cuestionaron que hubiera recibido autorización para portar un arma y desempeñar funciones de seguridad pública.
Caso de inmigrante colombiano genera dudas sobre controles del ICE
Los señalamientos contra el agente han abierto un nuevo debate sobre los procesos de selección, evaluación psicológica y revisión de antecedentes dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Las críticas surgen mientras el gobierno del presidente Donald Trump impulsa una expansión de las operaciones migratorias y una campaña de contratación para aumentar el número de agentes encargados de aplicar las políticas de inmigración.
El historial atribuido a Brouillette ha llevado a familiares y críticos de la agencia a cuestionar si los filtros utilizados para contratar y mantener agentes federales son suficientes cuando estos tienen acceso a armas y facultades de detención.
Más muertes durante operativos migratorios en Estados Unidos
La muerte de Durán Guerrero reaviva las tensiones alrededor de las operaciones migratorias en Estados Unidos.
A través de una orden judicial preliminar, Sunshine Sykes, jueza del Distrito Central de California, determinó que es probable que, en el Centro de Procesamiento de ICE ubicado en Adelanto, ciudad situada en el condado de San Bernardino, se estén violando los derechos constitucionales de las personas detenidas y por ello exigió mejorar las condiciones del sitio donde presuntamente cuatro internos han fallecido desde 2025.
Luego de que familiares de extranjeros carentes de estatus legal hicieron públicos presuntos maltratos llevados a cabo en contra de personas privadas de su libertad en el inmueble citado, varias organizaciones civiles optaron por asesorarlas con el objetivo de presentar una demanda colectiva.
La decisión surgió a partir de la muerte de al menos cuatro personas mientras estaban detenidas en Adelanto bajo custodia de ICE.
Aunque los decesos se produjeron por separado desde septiembre del año pasado hasta hace unas semanas, la opacidad con que se ha manejado la información, y las denuncias de una presunta falta de atención médica o negligencia para atender a los detenidos mientras se determina su situación legal, obligó a que se acudiera a un tribunal en California.
De esta manera, la orden judicial y la certificación de la demanda colectiva en contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), fueron solicitadas por personas representadas por Public Counsel, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), el Centro Legal de Defensores de los Inmigrantes (ImmDef) y el bufete Willkie Farr & Gallagher LLP.
El objetivo de los demandantes consiste en garantizar que las cerca de 1,500 personas encerradas en el centro de detención reciban alimentación, atención médica y un trato digno mientras se determina su situación.
Familiares de algunos inmigrantes señalan que presuntamente existen violaciones a los derechos humanos en varios centros de detención temporal. (Véronica Gabriela Cárdenas / AP)
En respuesta, la jueza Sunshine Sykes les ordenó al ICE y al DHS poner inmediatamente en marcha acciones concretas para remediar las violaciones constitucionales y legales que pudieran estarse llevando a cabo para de esa manera evitarles a más personas sufrir daños irreparables.
El centro denunciado, ubicado en el desierto alto de California, opera de forma privada a cargo de GEO Group.
En la orden emitida por la magistrada Sykes se establecen varios requerimientos que deben atenderse para evitar sanciones e incluso el cierre del centro detención de inmigrantes.
Bajo esa directriz, los internos deben recibir artículos de primera necesidad como agua potable, alimentos y saneamiento adecuados, privacidad en baños y duchas, ropa y ropa de cama apropiadas para la temperatura, y actividades recreativas diarias al aire libre.
Asimismo, se indica que en las instalaciones se debe contar con servicio médico y con espacios adaptados para personas con discapacidad, entre otros aspectos.
“Esta orden judicial preliminar es un paso crucial hacia la rendición de cuentas. El tribunal ha dejado claro que las condiciones en el centro de detención de Adelanto no cumplen con los estándares básicos que exige nuestra Constitución. Nadie, independientemente de su estatus migratorio, debe ser sometido a tratos inhumanos ni privado de sus derechos fundamentales”, señaló en un comunicado Angelica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).
Los defensores de los derechos de los inmigrantes se reunieron el viernes por la mañana en Los Ángeles tras la decisión de un juez federal que el jueves ordenó a las autoridades de inmigración que implementaran cambios inmediatos para mejorar la salud y la seguridad de los detenidos en el centro de detención de ICE en Adelanto.
“Esta victoria nos pertenece a todos”, dijo Kathryn Eidmann, presidenta y directora ejecutiva de Public Counsel, en una conferencia de prensa celebrada este viernes en las oficinas de la organización. “Pero, sobre todo, les pertenece a las personas que tuvieron el valor de dar un paso al frente y contarle a un tribunal federal lo que les estaba sucediendo en el Centro de Detención de ICE en Adelanto”.
Grupos de defensa de los derechos civiles y de los inmigrantes, entre los que se encuentran Public Counsel, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), el Centro Legal de Defensores de los Inmigrantes (IMMDEF) y Willkie Farr & Gallagher, presentaron en enero una demanda contra las autoridades y agencias federales en la que denunciaron condiciones inhumanas en el centro de detención.
La demanda incluía más de dos docenas de declaraciones de detenidos de Adelanto, en las que se denunciaban condiciones preocupantes, como negligencia médica y alimentación inadecuada; algunos incluso afirmaban que se les servía comida en mal estado, así como agua que describían como sucia, que les causaba malestar estomacal.
El jueves, la jueza federal de distrito Sunshine Suzanne Sykes dictaminó que los detenidos que interpusieron la demanda “demostraron que es probable que ganen” en sus alegaciones de que las condiciones en el centro violan las garantías de la Quinta Enmienda contra las condiciones de reclusión inhumanas. Ahora, aunque el caso seguirá su curso en los tribunales, la jueza emitió la decisión de inmediato al considerar que las personas detenidas podrían sufrir un daño irreparable sin la intervención judicial.
“La decisión envía un mensaje claro: ningún centro de detención en este país está por encima de la ley”, afirmó Rebecca Brown, abogada supervisora de Public Counsel. “El tribunal ha reconocido lo que siempre hemos sabido: que las condiciones en Adelanto son inhumanas. Esta orden exige al gobierno que haga lo que debería haber hecho desde el principio…Seguiremos luchando hasta que todas las personas en Adelanto sean tratadas con dignidad y se cumpla plenamente cada disposición de esta orden”.
Entrada al centro de detención de Adelanto, en el condado de San Bernardino, en marzo de 2026.Crédito: Janette Villafana | ImpremediaBelinda Escobosa, directora de Litigios de Public Counsel, detalla las condiciones del centro de detención. Crédito: CHIRLA
El centro, operado de manera privada por GEO Group en el condado de San Bernardino, donde se encuentran detenidas casi 1,500 personas, está obligado por orden judicial a proporcionar las necesidades básicas, incluyendo agua potable limpia, alimentación y saneamiento adecuados, privacidad en los baños, ropa y ropa de cama adecuadas para la temperatura, y actividades recreativas diarias al aire libre.
Además, limita el número de personas, restringe la segregación administrativa a casos en los que existan preocupaciones de seguridad documentadas o a solicitud del propio detenido, y ordena que el centro presente, en un plazo de 14 días, un plan de medidas correctivas que aborde la atención médica y las adaptaciones para personas con discapacidad en todo el centro.
No solo eso, sino que dos supervisores independientes velarán por el cumplimiento mediante inspecciones sin previo aviso e informes públicos mensuales, y los detenidos contarán con un sistema confidencial de quejas para comunicarse directamente con ellos. Además, se prohíbe al centro tomar represalias contra cualquier persona que hable de su experiencia o participe en el caso.
“Esa protección es sumamente importante porque, como sabemos, a las personas detenidas les resulta muy difícil dar un paso al frente por miedo a represalias”, dijo Belinda Escobosa, abogada de Public Counsel. “Y mientras estamos aquí, tenemos a miembros de nuestro grupo en Adelanto, donde están repartiendo volantes con esta información para que los detenidos conozcan sus derechos a raíz de este veredicto”.
El centro de detención de Adelanto y GEO Group han negado las acusaciones desde el principio a pesar de múltiples declaraciones y pruebas en su contra. En un comunicado a diferentes noticieros, DHS dijo lo siguiente:
“Cualquier reclamo de que existen condiciones deficientes en el centro de Adelanto es FALSO. Este es otro ejemplo de una juez activista nombrada por Biden tratando de manchar a nuestros agentes de ICE”, declaró el portavoz a Univision, asegurando que los detenidos reciben atención médica que, según afirmó, es “mejor de la que muchos extranjeros han recibido en sus vidas”.
Miembros de las organizaciones CHIRLA, Public Counsel e IMMDEF posan para una foto tras la rueda de prensa. Crédito: CHIRLA
Aun así, la noticia llega en un momento en el que el centro de detención ha registrado 4 muertes y las redadas de ICE están empezando a intensificarse. Para los organizadores y las familias de quienes están detenidos en Adelanto, la noticia de las nuevas demandas les brinda algo de tranquilidad por sus seres queridos.
“Esta medida cautelar es un paso fundamental hacia la rendición de cuentas. El tribunal ha dejado en claro que las condiciones en el centro de detención de Adelanto no cumplen con los estándares básicos que exige nuestra Constitución. Nadie —independientemente de su estatus migratorio— debería ser sometido a un trato inhumano ni privado de sus derechos fundamentales”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA. “Esto confirma lo que las comunidades afectadas han estado diciendo desde hace años: la dignidad, la seguridad y el debido proceso no son opcionales y seguiremos luchando hasta que esos derechos se respeten plenamente”.
El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que disparó y mató al colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 25 años, en Maine, tenía antecedentes de comportamiento preocupante y acusaciones de violencia familiar, según testimonios de familiares y documentos judiciales obtenidos por AP.
El caso ha generado críticas sobre los procesos de selección dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mientras la administración del presidente Donald Trump impulsa una ampliación de las operaciones contra inmigrantes en Estados Unidos.
De acuerdo con la investigación, el agente identificado como David Brouillette, de 37 años, es un veterano del Ejército que habría enfrentado problemas de salud mental desde su juventud. Familiares cercanos señalaron que tenía diagnósticos psiquiátricos y que existían episodios de comportamiento agresivo.
Los documentos judiciales, según la agencia, muestran que una de sus exparejas presentó solicitudes de órdenes de protección en las que denunció presuntos episodios de abuso físico y verbal contra ella y sus hijas. En uno de los escritos, la mujer señaló que Brouillette necesitaba tratamiento por problemas relacionados con estrés postraumático y depresión.
ICE defiende actuación de su agente
El tiroteo ocurrió en la ciudad de Biddeford, Maine, cuando Durán Guerrero se encontraba dentro de su vehículo. El DHS afirmó que el automóvil intentó escapar y que el agente disparó al considerar que existía un riesgo para la seguridad pública.
“El vehículo intentó huir del lugar y, temiendo por la seguridad pública, un agente disparó su arma”, indicó el departamento en una declaración citada por la agencia.
ICE no confirmó oficialmente la identidad del agente involucrado. La portavoz Lauren Bis señaló que la agencia “nunca confirmará ni negará los intentos de revelar la identidad de sus agentes del orden” y aseguró que el oficial cuenta con experiencia y capacitación en uso de la fuerza.
Familiares de Brouillette dijeron al medio citado que él les aseguró que actuó en defensa propia y que consideraba el tiroteo como un hecho justificado.
Veterano del Ejército y nueva carrera dentro de ICE
Según los registros militares citados por la misma agencia, Brouillette sirvió en el Ejército de Estados Unidos y fue desplegado en Afganistán entre 2012 y 2013. Después de abandonar las fuerzas armadas, trabajó en áreas relacionadas con seguridad, prisiones y servicios públicos antes de incorporarse a ICE.
Sus familiares cuestionaron que pudiera obtener una posición con acceso a armas y autoridad policial debido a sus antecedentes emocionales y familiares.
La investigación también señala que al menos 10 personas han muerto en encuentros con agentes migratorios desde el inicio de la nueva ofensiva de deportaciones impulsada por Trump.
Durante una sesión de preguntas y respuestas con periodistas, Mullin fue cuestionado sobre cómo serán responsabilizados los agentes de ICE involucrados en las muertes de Lorenzo Salgado y Joan Sebastián Durán Guerrero. Sin embargo, evitó responder de manera directa sobre ambos casos.
En su lugar, afirmó que “todos tendrán que rendir cuentas” y sostuvo que su responsabilidad es “hacer cumplir las leyes de nuestra nación”, tanto dentro del DHS como frente a los delincuentes. Acto seguido, reiteró que ICE continuará reforzando la vigilancia en las calles.
Dos casos que aumentan la presión sobre ICE
Las declaraciones de Mullin llegan en medio del creciente escrutinio sobre los operativos migratorios del gobierno de Trump.
El pasado 7 de julio, Lorenzo Salgado, un inmigrante mexicano de 52 años, murió tras recibir un disparo de un agente de ICE cuando se dirigía a su trabajo en Houston. Días después, el 13 de julio, Johan Sebastián Durán Guerrero, un inmigrante colombiano de 25 años, falleció en circunstancias similares durante un operativo en Maine.
En ambos casos, las versiones oficiales han sido cuestionadas por familiares, abogados y testigos, quienes exigen investigaciones independientes y una rendición de cuentas por el uso de la fuerza letal.
Trump ordenó mantener las paradas de tráfico
Tras ambos tiroteos, el DHS anunció que suspendería temporalmente las paradas de tráfico realizadas por ICE para revisar sus protocolos y reforzar la capacitación de los agentes.
No obstante, la pausa duró apenas unas horas. El presidente Donald Trump intervino públicamente para pedir que estos operativos continuaran.
“No podemos renunciar a una de las herramientas de lucha contra el crimen más importantes y efectivas del ICE”, escribió Trump en su red social Truth Social.
Esta semana abrió con la trágica muerte a tiros del inmigrante colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 25 años de edad, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Biddeford, Maine, tan solo seis días después de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo en Houston, Texas, el 7 de julio, también por un agente de ICE.
Las muertes de dos latinos trabajadores y padres de familia han generado vigilias y manifestaciones a través del país pidiendo investigaciones independientes que resulten en la rendición de cuentas de los responsables de las muertes y por la violencia que caracteriza los operativos migratorios del gobierno de Donald Trump.
Joan Sebastián Durán Guerrero, al igual que Lorenzo Salgado Araujo, fue interceptado por agentes migratorios mientras manejaba rumbo al trabajo y fue tiroteado en su auto.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alega que el agente migratorio disparó contra Joan Sebastián por razones de “seguridad pública”. En el caso de Salgado Araujo, la agencia argumentó que el agente disparó en “defensa propia” porque el inmigrante alegadamente empleó su vehículo “como un arma” para atropellarlo. Los tres testigos que viajaban en la camioneta de Lorenzo, y que están detenidos por ICE, desmienten esa versión y aseguran que la vida del agente nunca corrió peligro.
Ahora el gobierno intenta incluso justificar la intervención con Salgado Araujo alegando que existía una orden para revisar la camioneta por sospecha de presencia de narcóticos, reportó La Opinión.
“Uno de los aspectos que más llamó la atención es que la orden judicial no utiliza como fundamento principal el presunto ataque contra agentes federales anunciado días antes por ICE, sino la posible presencia de narcóticos”, escribió el diario.
“La analista legal de KHOU 11, Carmen Roe, consideró inusual que el documento se hiciera público en una etapa tan temprana de la investigación”, dice el artículo. “Parece un intento del gobierno de reinterpretar la situación que todos vimos desarrollarse”, afirmó Roe, quien “cuestionó que el FBI dedicara recursos a una posible posesión de drogas cuando aún existe una investigación abierta sobre el tiroteo”.
La Opinión también destacó un artículo de The Atlantic que señala que el agente que disparó contra Joan Sebastián era un nuevo recluta que previamente trabajó como policía del Departamento de Asuntos de Veteranos.
Y es que el gobierno de Trump ha impuesto la cuota de 2,000 detenciones diarias y para eso necesita más agentes y más espacio para encerrar a los detenidos.
Según The Atlantic, “la agencia incorporó cerca de 8,000 nuevos agentes durante los últimos meses. Como parte de ese proceso, algunos recibieron una capacitación reducida antes de salir a las calles”.
Con estos dos decesos, ya son 11 las personas que han muerto a tiros a manos de agentes migratorios desde que Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025.
Continuará la detención de vehículos
Tras las muertes de Salgado Araujo y Joan Sebastián, el gobierno de Trump indicó que frenaría temporalmente las paradas de tránsito para “reentrenar” a los agentes, pero al día siguiente el propio presidente dio marcha atrás.
“No podemos renunciar a una de las herramientas de lucha contra el crimen más importantes y efectivas del ICE, ¡las detenciones de tráfico!”, escribió el presidente en su plataforma Truth Social.
Otro detalle es que en ambos incidentes los agentes no portaban cámaras corporales a pesar de tener $20 millones a su disposición para comprarlas.
La Opinión escribió que tras los tiroteos, ICE ordenó el uso de cámaras por los equipos de arresto.
“Garantizar que todos nuestros agentes del ICE cuenten con cámaras corporales en todo el país es una prioridad absoluta para el DHS”, según un comunicado de prensa citado por La Opinión.
“Cementerio de personas vivas”: informe de HRW
Mientras se intensifica el debate por el uso de fuerza letal por parte de ICE, Human Rights Watch (HRW) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentaron un informe sobre maltratos en el centro de detención de Camp East Montana, en los terrenos de la base militar Fort Bliss, en El Paso, Texas, escribió EFE, vía La Opinión.
El reporte denuncia “golpizas, negligencia médica, aislamiento prolongado, condiciones insalubres, y ha habido muertes”.
Los grupos sostienen que “los abusos documentados constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes y califican la muerte de (el detenido) Lunas Campos como una “ejecución extrajudicial” conforme al derecho internacional”.
“La organización entrevistó a 71 personas que estuvieron detenidas en el centro, todas procedentes de doce países de Latinoamérica y el Caribe. La mayoría de ellas (64) denunció haber sido golpeada o haber presenciado golpizas contra otros detenidos por parte de los guardias del centro”, dice el artículo.
“Lunas Campos, padre de cuatro hijos, fue uno de los tres inmigrantes muertos en Camp East Montana en los últimos seis meses y uno de los 50 fallecidos bajo custodia de ICE desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca: 31 en 2025 y otros 19 en lo que va de 2026, según datos de la organización Detention Watch Network”, agrega el artículo.
Gobierno propone regla más estricta de “carga pública”
Entretanto, La Opinión reportó que “la administración del presidente Donald Trump volverá a aplicar una interpretación más estricta de la llamada prueba de carga pública, un criterio que permitirá al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) considerar si algunos inmigrantes utilizaron programas financiados con recursos públicos, como Medicaid, cupones de alimentos (SNAP) o asistencia para la vivienda, al momento de decidir si pueden obtener la Green Card”.
“Especialistas consideran que el mayor impacto podría ser indirecto. El propio departamento calcula que cerca de 950,000 personas pertenecientes a hogares de inmigrantes podrían dejar de solicitar beneficios públicos por temor a que esto afecte sus posibilidades de obtener la residencia permanente”, agrega el artículo.
Asimismo, el Departamento de Estado considera imponer una fianza de $100 mil a los solicitantes de la tarjeta de residencia.
La Opinión informó que “a través de un comunicado dirigido al diario The Hill, Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado (DOS), señaló que, con el objetivo de garantizar que los inmigrantes sean “financieramente autosuficientes”, se está evaluando una propuesta de exigirles un depósito mediante el cual se demuestre que, en lugar de proyectarse como una carga financiera para el gobierno, su presencia en el país puede significar una aportación al emprender algún proyecto”.
Trump ya intentó aplicar el mismo depósito a los solicitantes de la visa H-1B, pero al final dio marcha atrás. Este nuevo intento puede interpretarse como otro esfuerzo más para frenar la inmigración autorizada por parte de su gobierno.
Cita de la semana
“Un arma no es una licencia para matar. Estos agentes no tienen por qué sacar sus armas. No son jueces, jurado ni verdugos, y no tienen derecho a matar a la gente como lo están haciendo”, declaró a Mother Jones, Katie, una maestra de 48 años de New Hampshire, reaccionando a la muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero en Biddeford, Maine, a manos de un agente de ICE.
Un inmigrante nicaragüense residente en Florida denunció que lo que parecía un simple trámite para cobrar un premio de $1,000 dólares de la Lotería de Florida terminó con la detención de su hijo por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El caso, divulgado por Noticias Telemundo, abrió interrogantes sobre la relación entre los procedimientos administrativos de una agencia estatal y las acciones migratorias federales. La familia asegura que el joven quedó bajo custodia después de acudir a una oficina autorizada para gestionar el cobro del boleto ganador.
Según el relato del padre, quien pidió mantener su identidad en reserva por temor a posibles consecuencias migratorias, la historia comenzó con un boleto raspadito del juego Mega 7s que resultó premiado con $1,000.
El hombre explicó que, semanas después de obtener el premio, recibió una visita inesperada de personas que se presentaron como representantes vinculados con la Lotería de Florida. Debido a que ya no contaba con una licencia de conducir vigente, decidió pedir ayuda a su hijo Byron para realizar el proceso de reclamación.
El joven acudió entonces a una oficina autorizada con la intención de completar la gestión y recibir el dinero correspondiente al premio. Sin embargo, durante la revisión del boleto surgieron dudas relacionadas con la validación del documento.
De acuerdo con la versión familiar, el padre había firmado el boleto ganador, lo que habría generado preguntas durante el procedimiento administrativo. Posteriormente, el comprobante quedó retenido mientras se realizaban las verificaciones.
La normativa de la Lotería de Florida establece que los premios que van desde los $600 hasta $1 millón deben reclamarse personalmente en oficinas autorizadas. Para recibir el pago, los ganadores deben presentar una identificación válida, como una licencia de conducir vigente emitida en Estados Unidos o Canadá, o un pasaporte nacional o extranjero válido.
La denuncia de la familia sobre la intervención de ICE
Según el testimonio del inmigrante nicaragüense, el proceso cambió de rumbo después de la visita a la oficina de la lotería. El padre afirmó que agentes relacionados con ICE intervinieron y que su hijo fue detenido.
La familia sostiene que Byron permanece bajo custodia federal en un centro de detención, ubicado en Texas, mientras las autoridades migratorias revisan su situación. El padre indicó que el caso estaría relacionado con asuntos pendientes, vinculados a permisos laborales y documentación migratoria.
Hasta ahora, la información disponible proviene principalmente de lo dicho por la familia del joven. Algunos detalles del procedimiento no han podido ser confirmados de manera independiente.
La Lotería de Florida y ICE fueron consultados sobre la denuncia, pero al momento de difundirse la historia no habían ofrecido una respuesta pública sobre los hechos específicos señalados por la familia.
La ausencia de declaraciones oficiales deja abiertas varias preguntas sobre cómo se produjo el contacto entre las autoridades y si existió una conexión directa entre el reclamo del premio y la posterior actuación migratoria.
Florida y la cooperación con las autoridades migratorias
Durante los últimos años, el estado ha ampliado sus mecanismos de cooperación con ICE mediante acuerdos conocidos como 287(g), una herramienta que permite que determinadas agencias locales participen en tareas relacionadas con la aplicación de leyes migratorias bajo supervisión federal.
Estas asociaciones han generado apoyo entre quienes consideran que fortalecen el cumplimiento de las leyes migratorias, pero también críticas de organizaciones defensoras de inmigrantes, que advierten sobre posibles efectos en comunidades extranjeras que buscan realizar trámites oficiales.
Para muchos inmigrantes, la denuncia de esta familia plantea una preocupación adicional: si acudir a una institución pública para resolver asuntos cotidianos puede terminar generando un contacto inesperado con autoridades migratorias.
El hecho también puso sobre la mesa el complejo vínculo entre los trámites administrativos, la identificación personal y el estatus migratorio en Estados Unidos, especialmente en estados donde las políticas de cooperación con ICE tienen mayor alcance.
Mientras la familia espera conocer el futuro del joven detenido, el caso continúa generando atención entre la comunidad inmigrante de Florida. La investigación permanece abierta y dependerá de las autoridades ofrecer información adicional que permita aclarar las circunstancias exactas que llevaron a la detención de Byron, después de un reclamo por un premio de lotería.
Cientos de personas acudieron este jueves a una funeraria de East End, un barrio de mayoría hispana de Houston (Texas), para despedir a Lorenzo Salgado, un inmigrante mexicano de 52 años que fue baleado la semana pasada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
La familia de Salgado -su esposa y sus tres hijos- abrió el velorio al público e invitó a la comunidad a honrar su memoria y rezar un rosario en su honor.
El salón principal de la funeraria estaba repleto de seres queridos y allegados, algunos vestidos de azul a petición de los hijos. Afuera, decenas de personas hicieron fila bajo el calor del verano tejano para expresar sus condolencias.
Agentes del orden público custodian la capilla durante el velatorio público de Lorenzo Salgado Araujo, quien fue asesinado a tiros por un agente del ICE. Foto APDavid J. Phillip.
El velorio se realizó con el ataúd abierto, mientras un grupo de mariachis interpretaba canciones en memoria de Salgado, quien llevaba 35 años radicado en Estados Unidos. De pie frente al cuerpo de su padre, sus tres hijos recibieron uno por uno a los asistentes, a quienes estrecharon la mano y abrazaron.
A la entrada de la sala, sobre una mesa de madera, descansaban dos cascos de construcción, símbolo del oficio con el que sostuvo a su familia y costeó los estudios de sus tres hijos. Los asistentes podían escribir en ellos mensajes de despedida con marcadores azules.
Esther Morales, residente de Houston y jubilada tras una carrera en el sector financiero, fue una de las personas que acudió a la funeraria “con el corazón roto”.
“No entiendo cómo alguien puede asesinar a una persona así en la calle y luego irse a su casa como si nada. No vamos a dejar que esto quede así, no vamos a dejar que se olvide”, dijo la mujer a EFE.
La mañana del martes 7 de julio, Salgado conducía rumbo a una obra de construcción junto con su hermano Víctor y otros dos hombres cuando fueron interceptados por agentes de ICE que viajaban en vehículos sin distintivos, según los testimonios recogidos por los abogados que representan a los testigos del incidente.
Uno de los agentes disparó a través de la ventana del conductor y una bala alcanzó a Salgado en el torso. El inmigrante fue trasladado posteriormente a un hospital local, donde falleció a causa de su herida.
Salgado es una de las al menos 11 personas que han muerto a manos de agentes de ICE desde que el presidente Donald Trump regresó al poder en enero de 2025.
La versión del Gobierno contradice la de los testigos directos, quienes fueron detenidos por los agentes tras el incidente y permanecen recluidos en centros de detención migratoria.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que forma parte ICE, asegura que Salgado chocó su vehículo contra el de los agentes, intentó arrollar a uno de ellos e ignoró las órdenes verbales de las autoridades.
Los agentes decidieron detener el vehículo de Salgado porque observaron en su interior a una persona que, según Seguridad Nacional, se parecía al objetivo de un operativo de vigilancia que se desarrollaba en una vivienda cercana.
Para César Espinosa, cofundador de la organización de defensa de los derechos de los inmigrantesFIEL Houston, el hecho de que la familia de Salgado haya decidido celebrar un velorio público demuestra “el carácter y el corazón que tienen”.
“Ellos podrían haber mantenido todo en privado, pero quieren que la comunidad vea a su papá, que se dé cuenta de la magnitud de lo que pasó, y quieren compartir este último momento”, indicó a EFE el activista, vestido con pantalón y camisa negros.
“Él no tendría que estar ahí; tendría que estar disfrutando de sus tardes, comiendo con su esposa, escuchando música, viviendo su vida. Viviendo”, agregó el representante de la ONG pro inmigrantes.
LOS ÁNGELES – El Gobierno del presidente Donald Trump ha puesto el pie en el acelerador para restringir la permanencia legal de extranjeros al limitar el acceso a la llamada “tarjeta verde” (“green card”) y el tiempo en que estudiantes y periodistas extranjeros pueden permanecer en el país, entre otras cortapisas.
La Casa Blanca publicará esta semana en el Registro Federal dos reglas que se venían cocinando desde el año pasado, en línea con las promesas hechas por el republicano para robustecer los controles migratorios.
El objetivo del Ejecutivo es reducir las oportunidades para los extranjeros de permanecer legalmente en el país, que quedan, en la mayoría de los casos, a discreción de los funcionarios de inmigración que revisan los casos.
Más condiciones para obtener la residencia permanente
Desde su primer gobierno (2017-2021), Trump vetó a los inmigrantes que hubieran solicitado asistencia social para alimentación, vivienda, o cuidado de la salud, como el programa público Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), lo que dejó a muchos indocumentados que vivían en Estados Unidos sin posibilidad de optar por la residencia permanente.
La regla también se aplica a extranjeros que buscan la visa de inmigrante, que no puedan demostrar una solvencia económica para residir en el país sin obtener beneficios públicos.
La Casa Blanca ya había impuesto una medida para denegar a visas de inmigrante a extranjeros con enfermedades crónicas, como cáncer y obesidad, bajo la premisa de que dichas personas podrían depender posteriormente de la salud pública.
A esto se suma el anuncio de mayo pasado que requiere a los indocumentados que buscan un ajuste de estatus hacerlo mediante el trámite consular en las embajadas estadounidenses de sus países de origen, lo que los obligaría a salir del país y enfrentar posibles inconvenientes antes de obtener la residencia permanente.
Menos tiempo de permanencia
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también anunció este jueves una regla que afecta los visados F (estudiantes universitarios), J (estudiantes de intercambio) e I (representantes de medios de comunicación extranjeros) al reducir el tiempo de estadía legal.
Aunque el Gobierno estadounidense ha dado la posibilidad a los favorecidos por estas visas a solicitar extensiones de las mismas, los extranjeros tendrán que hacerlo de manera mucho más frecuente y, además, los expone a una posible negativa.
La campaña contra los inmigrantes
La Administración republicana ha argumentado que los cambios están dirigidos a reducir la población indocumentada. En el caso de las visas, el DHS ha subrayado que muchos antiguos estudiantes de intercambio han logrado permanecer en el país de manera ilegal tras la expiración de sus visados gracias a la laxitud del sistema actual, un argumento similar esgrimido contra los estudiantes universitarios extranjeros.
En el caso de los indocumentados que buscan ajustar su estatus, el Gobierno busca cerrar la oportunidad a aquellos de bajos recursos y ponerlos en la mira de las deportaciones.
Los defensores de los inmigrantes han advertido que las medidas aumentan la posibilidad de discriminar a los solicitantes.
En todos los procesos, el Ejecutivo ha instruido a los funcionarios migratorios a considerar todos los factores e información pertinentes caso por caso al determinar si un extranjero merece el alivio migratorio o la visa.
La identidad del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que disparó y mató al colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero salió a la luz este jueves, después de que su exesposa lo señalara públicamente y afirmara que él le pidió ocultar lo ocurrido.
En declaraciones al Portland Press Herald, Ashley Brouillette identificó al agente como David Michael Brouillette, de 37 años y residente de Manchester, Maine.
Según relató, él la llamó tras el incidente para reconocer que había participado en el tiroteo, defender su actuación y solicitarle que protegiera su imagen.
“Me pedía que mintiera por él y que encubriera su reputación. Le dije que no iba a mentir por él. Y entonces intentó decir que el tiroteo estaba justificado porque el tipo (Durán) intentó atropellarlo con su coche”, aseguró la mujer al periódico.
Ashley Brouillette afirmó que revisó las grabaciones difundidas del operativo y cuestionó esa versión. “En ninguna parte se ve que ese hombre te embistiera con un coche”, dijo, al tiempo que sostuvo que su exmarido actuaba con una “calma inusual” al hablar del caso.
La exesposa explicó que decidió hacer públicas sus declaraciones porque, durante su matrimonio, ya había advertido a superiores militares sobre la salud mental de Brouillette. También denunció haber sufrido maltrato durante la relación y señaló que ella y su familia han recibido amenazas desde que comenzó a difundirse el nombre del agente en redes sociales.
Agente experimentado
De acuerdo con el Portland Press Herald, David Michael Brouillette ha trabajado en distintos organismos de seguridad pública en Maine, es veterano de guerra y cuenta con licencia como agente inmobiliario.
Tres personas que coincidieron con él en el Departamento de Bomberos de Manchester dijeron al diario haberlo reconocido en los videos del operativo.
Un portavoz de ICE indicó que Brouillette acumula casi una década de experiencia en fuerzas del orden federales y recibió la capacitación correspondiente. Según el periódico, el agente integra un grupo de funcionarios incorporados por la agencia a comienzos de este año y no respondió a los intentos del medio por contactarlo.
El colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, murió el pasado lunes en Biddeford, al sur de Maine, cuando viajaba en su vehículo junto a su pareja y su hija de tres años.
ICE confirmó posteriormente que Durán no era el objetivo del operativo migratorio. No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que los agentes dispararon por motivos de seguridad pública al considerar que el conductor intentó huir con su vehículo.
