Category: Inmigracion

La administración del presidente Donald Trump está ampliando el alcance de sus operaciones migratorias y los nuevos arrestos están incluyendo a miles de inmigrantes que no tienen antecedentes penales, de acuerdo con datos que contradicen la imagen de que las deportaciones están enfocadas principalmente en personas consideradas peligrosas.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) superó las 50,000 detenciones tanto en julio como en agosto, estableciendo dos meses consecutivos con cifras récord durante el segundo mandato de Trump. Los datos obtenidos por el Proyecto de Datos de Deportación muestran que 55% de las personas arrestadas no había tenido contacto previo con las fuerzas del orden. Otro 24% había enfrentado cargos, pero nunca recibió una condena.

The Hill: Trump’s mass deportations are expanding. ICE is arresting more people than ever, setting new records. And they are arresting everyone now, including overstays and former TPS.

Advocates warn that Trump’s removal machine will grow to target every alien it can reach. pic.twitter.com/Armd2ZtRjH

— Prowler (@derzum_) September 7, 2026

Detenciones alcanzan a inmigrantes con casos pendientes

La expansión de las operaciones también está afectando a personas que ya eran conocidas por las autoridades debido a solicitudes de asilo pendientes, trámites para modificar su estatus migratorio o procesos abiertos ante tribunales de inmigración. Aaron Reichlin-Melnick, investigador principal del Consejo Estadounidense de Inmigración, afirmó que la estrategia está dejando de concentrarse exclusivamente en personas con antecedentes criminales.

“Esto demuestra que la administración Trump está ampliando sus operaciones de deportación masiva”, dijo a The Hill, al señalar que las autoridades están alcanzando a personas que no representan una amenaza para la seguridad pública. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene en X que 70% de los arrestados por ICE tienen antecedentes penales. Reichlin-Melnick cuestionó esa cifra y aseguró que los propios datos publicados por la agencia no respaldan esa afirmación desde mayo de 2025.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha defendido una política más amplia. “No me importa si tienen antecedentes penales o no”, afirmó al explicar que el gobierno busca localizar y deportar a personas que ingresaron ilegalmente al país. Tom Homan, responsable de la política fronteriza, también reconoció que aproximadamente la mitad de los detenidos no son delincuentes.

Una cosa son los criminales. Otra muy distinta son quienes llevan años trabajando, pagando impuestos y formando familias en este país.

La frontera ya está segura. Ahora el Congreso debe terminar el trabajo: deportar a quienes representan un peligro y permitir que quienes no? pic.twitter.com/NI5Zlzh7Ck

— María Elvira Salazar ?? (@MaElviraSalazar) September 5, 2026

Aeropuertos y tribunales se suman a la estrategia

El aumento de arrestos ocurre mediante una combinación de tácticas que incluye operativos callejeros, controles migratorios en aeropuertos y detenciones relacionadas con comparecencias ante tribunales. David Bier, director de estudios de inmigración del Instituto Cato, señaló que los recursos adicionales y el pago de horas extras han permitido incrementar las operaciones.

“Por primera vez, se están combinando todas las tácticas diferentes”, explicó. Según Bier, también ha aumentado el número de inmigrantes detenidos sin una orden final de expulsión. Estas personas pueden permanecer bajo custodia mientras continúan peleando sus casos migratorios. La representante demócrata Pramila Jayapal acusó al gobierno de mantener una estrategia menos visible después de las críticas que provocaron las redadas altamente publicitadas durante la gestión de Kristi Noem.

Republicanos expresan preocupación por los operativos

Las críticas no provienen únicamente de los demócratas. Algunos republicanos también han pedido mayor consideración en casos individuales. La representante Maria Elvira Salazar, de Florida, declaró: “Le he estado diciendo a la administración que no confundan al gánster con el jardinero, a la niñera con el narcotraficante”. El representante Mario Díaz-Balart también respaldó el control fronterizo, pero consideró que algunas medidas han sido “excesivas”.

Salazar, además, destacó el papel económico de inmigrantes sin antecedentes que llevan años trabajando en construcción, agricultura, salud, manufactura y hotelería. “Son necesarios, y los necesitamos para la economía”, afirmó.

El incremento de las detenciones plantea así un debate dentro y fuera del Congreso sobre hasta dónde debe llegar la política de deportaciones de Trump y si el aumento de arrestos está alcanzando a personas que todavía tienen procesos migratorios pendientes en Estados Unidos.

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Dos antiguos guardias del polémico centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, en Florida, enfrentan cargos por presuntamente agredir a un inmigrante cubano que permanecía bajo custodia federal. Stephen Trejos y Andre Seenaraine fueron acusados de agresión física, un delito menor de primer grado en Florida, por un incidente ocurrido el 25 de enero contra Rigoberto Rodríguez Arce, de 42 años. Ambos se declararon no culpables y sus casos permanecen abiertos.

Rodríguez había sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 9 de diciembre. Según el testimonio de otro detenido, el incidente se produjo durante una protesta dentro de las instalaciones, cuando varios migrantes golpearon sus esposas contra bancos metálicos para reclamar que habían pasado horas sin recibir comida ni agua. De acuerdo con el testimonio de Frank Rivera, Trejos habría levantado a Rodríguez y lo habría arrojado al suelo antes de golpearlo. Posteriormente, Seenaraine presuntamente le dio un golpe en el rostro en otra zona del centro.

La abogada del inmigrante, Yaritssa Plasencia, declaró que Rodríguez fue trasladado posteriormente a Camp East Montana, un centro de detención cerca de El Paso, Texas. Según la defensora, su cliente llegó con el uniforme manchado de sangre, una mano vendada y un ojo amoratado.

“Andre Junior Seenaraine and Stephen Jordan Trejos are accused of committing battery on a Hispanic male detainee around Jan. 25, according to Collier County records. Further details about the alleged encounter were not released.” https://t.co/Gb2krK6URA

— WDEF News 12 (@wdefnews12) September 6, 2026

La defensa asegura que las cámaras muestran otra versión

Los abogados de Trejos rechazaron las acusaciones y pidieron que el caso fuera desestimado. En una petición presentada ante la corte, sostienen que las grabaciones de seguridad muestran al exguardia utilizando una maniobra de control después de que Rodríguez presuntamente le escupiera.

El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida investigó el incidente y una jueza del condado de Collier autorizó las órdenes de arresto contra ambos exguardias el 24 de junio. Cada uno quedó en libertad después de pagar una fianza de $1,000. El centro donde ocurrió el incidente fue clausurado en junio. Durante su funcionamiento, recibió el sobrenombre de “Alligator Alcatraz” debido a su ubicación en los Everglades, una extensa zona de humedales donde habitan caimanes y pitones.

El caso se suma al escrutinio sobre las condiciones de los centros de detención migratoria en Estados Unidos. Organizaciones como Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) han señalado denuncias relacionadas con agresiones, atención médica deficiente y condiciones insalubres.

El Departamento de Seguridad Nacional ha rechazado esas acusaciones y sostiene que los migrantes bajo custodia reciben atención adecuada. Por ahora, las acusaciones contra Trejos y Seenaraine deberán resolverse ante los tribunales de Florida, donde continuará el proceso para determinar qué ocurrió durante el incidente del 25 de enero.

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Un inmigrante cubano detenido por ICE en Texas podría ser sometido a alimentación forzada mediante una sonda colocada directamente en el estómago, tras que un juez federal extendiera una autorización para realizar procedimientos médicos sin su consentimiento.

El hombre, cuyo nombre no fue divulgado, inició una huelga de hambre pocos días después de ser detenido en julio. La orden judicial permite a las autoridades utilizar distintos métodos para mantenerlo hidratado y alimentado, incluido un procedimiento conocido como gastrostomía endoscópica percutánea (PEG), que consiste en introducir una sonda en el estómago a través del abdomen.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró esta semana que el inmigrante volvió a comer y beber y actualmente no está siendo alimentado por la fuerza. La autorización judicial permanece vigente hasta mediados de septiembre, según documentos judiciales revisados por The Guardian.

Qué autorizó el juez a hacer a ICE

El inmigrante está detenido en el Montgomery ICE Processing Center, una instalación privada situada cerca de Houston y administrada por GEO Group. ICE lo detuvo el 22 de julio de 2026 y tres días después fue declarado oficialmente en huelga de hambre.

El 19 de agosto, el juez federal Andrew Hanen, del Distrito Sur de Texas, autorizó a ICE a practicar procedimientos médicos involuntarios para alimentarlo e hidratarlo. El 1 de septiembre, el gobierno pidió extender esa autorización y el juez accedió. La orden continuará vigente hasta mediados de septiembre.

Lo que convierte este caso en especialmente controvertido es el alcance de la autorización: además del método utilizado habitualmente en estos procedimientos —introducir una sonda por la nariz hasta el estómago—, ICE puede recurrir a una sonda PEG.

Cómo funciona la sonda que ICE podría utilizar

Una gastrostomía endoscópica percutánea permite administrar líquidos y nutrientes directamente al estómago. Para colocarla, los profesionales médicos realizan una abertura en la pared abdominal e insertan un tubo que permanece conectado al estómago hasta que posteriormente sea retirado.

The Guardian, que revisó órdenes judiciales relacionadas con otros inmigrantes en huelga de hambre, señaló que no había identificado previamente una autorización de este tipo en los casos de alimentación forzada de ICE que investigó.

En los casos más habituales, agentes mantienen inmovilizada a la persona mientras personal médico coloca una sonda por la nariz y la garganta para suministrarle nutrientes.

ICE habría alimentado al cubano mediante una sonda nasal

Aunque buena parte del expediente judicial permanece bajo sello, las órdenes obtenidas por el periódico indican que el inmigrante habría sido sometido en agosto a alimentación mediante una sonda nasogástrica. ICE solicitó posteriormente mantener la autorización judicial.

DHS dijo el jueves que el hombre había reanudado la alimentación y el consumo de líquidos y que en ese momento no estaba siendo alimentado de manera forzada. La agencia no precisó cuándo terminó la huelga ni cuántas veces se le aplicó el procedimiento anteriormente.

Sería al menos el caso número 19 desde enero de 2025

El caso no es aislado. De acuerdo con una investigación de The Guardian, desde enero de 2025 ICE obtuvo autorización judicial para aplicar procedimientos médicos involuntarios en al menos 19 casos de inmigrantes en huelga de hambre.

En agosto, el medio había documentado 18 casos. El del inmigrante cubano detenido cerca de Houston eleva la cifra a por lo menos 19.

Las huelgas de hambre suelen ser utilizadas por detenidos para protestar contra las condiciones dentro de los centros migratorios, la duración de su detención o sus propios procedimientos de deportación.

Organizaciones defensoras de los derechos civiles han cuestionado especialmente el uso de tratamientos médicos sin consentimiento.

Savannah Kumar, abogada de la ACLU de Texas, cuestionó la posibilidad de realizar un procedimiento invasivo contra la voluntad de una persona detenida como respuesta a una protesta mediante huelga de hambre.

Quién es el inmigrante cubano detenido en Texas

La identidad del hombre no fue publicada debido a que los periodistas que investigaron el caso no lograron contactarlo y la mayor parte del expediente permanece sellada. Además, actualmente no tiene representación legal en el procedimiento relacionado con la alimentación forzada, según la investigación.

DHS sostiene que el cubano entró irregularmente a Estados Unidos en 1980 y recibió una orden de deportación en 2004. La agencia también afirmó que tiene condenas anteriores por varios delitos, entre ellos agresión agravada con un arma, posesión de drogas y portación de un arma oculta.

DHS aseguró que el hombre recibió el debido proceso y permanecerá bajo custodia de ICE mientras las autoridades intentan ejecutar su deportación.

DHS defiende la atención durante las huelgas de hambre

El gobierno sostiene que los centros de detención continúan ofreciendo alimentos y otros servicios básicos a las personas que deciden iniciar una huelga de hambre.

Según DHS, durante estas protestas ICE sigue entregando tres comidas diarias en las habitaciones de los detenidos, aun cuando estos se nieguen a consumirlas.

El debate, sin embargo, se concentra en qué puede hacer el gobierno cuando una persona continúa rechazando alimentos hasta poner en riesgo su salud.

En este caso, un tribunal federal le dio a ICE una autorización particularmente amplia: si las autoridades consideran nuevamente necesaria la intervención, podrán recurrir no solo a una sonda nasal, sino también a una colocada quirúrgicamente directamente en el estómago.

Teresa Reyes manejó unas 300 millas para pasar el cumpleaños número 32 de su hijo con él. Pero cuando finalmente llegó al centro de detención migratoria de California City no pudo abrazarlo, tocarlo, entregarle un regalo ni compartir una comida.

Su hijo, Guillermo Reyes, está detenido en la instalación que actualmente alberga a alrededor de 1,600 inmigrantes. Para verlo, su madre tuvo que sentarse del otro lado de un grueso vidrio y hablar con él a través de un teléfono. Es la única modalidad de visita familiar permitida en el lugar.

La situación ha provocado una campaña de detenidos y organizaciones defensoras de inmigrantes que reclaman a las autoridades que permitan nuevamente el contacto físico entre las familias. La controversia adquiere más peso porque una investigación del Departamento de Justicia de California concluyó que la prohibición parece contradecir incluso las propias políticas entregadas por la empresa que administra el centro.

El mayor centro de detención migratoria de California no permite visitas con contacto

El California City Detention Facility está situado en el condado de Kern, en una zona desértica a unas 70 millas al este de Bakersfield.

La instalación comenzó a recibir inmigrantes detenidos el 27 de agosto de 2025 y es operada por la empresa privada CoreCivic mediante un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Es actualmente el mayor centro de detención civil de inmigrantes de California.

Desde su apertura, las visitas familiares son sin contacto. Los inmigrantes permanecen detrás de una barrera de vidrio y hablan con sus visitantes mediante teléfonos. No pueden sentarse juntos, estrecharse las manos ni abrazarse.

La distancia es otro problema. Muchos familiares deben recorrer cientos de millas para llegar a California City.

El propio Departamento de Justicia estatal recogió el testimonio de un detenido que explicó que su familia vivía demasiado lejos como para realizar el viaje únicamente para verlo detrás de un vidrio. Otra mujer dijo que prefería que sus hijos no la vieran de esa manera, como si estuviera en una cárcel.

Una madre viajó 300 millas y no pudo abrazar a su hijo por su cumpleaños

El caso de Teresa Reyes muestra el impacto de la política. Reyes, de 63 años, recorrió unas 300 millas en mayo para visitar a su hijo Guillermo, un tatuador de San José, el día de su cumpleaños.

Según relató a The Guardian, ni siquiera pudo comprarle un refrigerio de las máquinas expendedoras del sector de visitas. Los activistas que la acompañaban solicitaron a los empleados que permitieran al menos un breve abrazo, pero la petición fue rechazada. Desde aquella visita, Reyes no regresó al centro.

Otro caso es el de Allen Tayson, de 37 años, quien fue detenido por ICE en febrero cuando acudió a una entrevista relacionada con su Green Card en una oficina de USCIS.

Tayson tiene dos hijos y su esposa está embarazada. La familia vive a unas 300 millas del centro y decidió no realizar el viaje mientras las visitas sigan siendo exclusivamente detrás de un vidrio. En su lugar, mantienen contacto mediante videollamadas pagadas.

Puedes ver: Defensores de inmigrantes denuncian acoso y organizan ‘La Defensa del Pueblo’

California cuestiona la prohibición de los abrazos

La política también ha quedado bajo cuestionamiento oficial. El Departamento de Justicia de California inspeccionó el centro en noviembre de 2025 y posteriormente determinó que las visitas sin contacto parecen contradecir la propia política de CoreCivic proporcionada al estado.

Esa política establece que las instalaciones de visita deberían permitir una comunicación informal que incluya oportunidades de contacto físico y que las barreras destinadas a impedirlo deberían utilizarse únicamente cuando exista un riesgo de seguridad comprobado.

Durante su inspección, el Departamento de Justicia encontró que todas las visitas familiares se realizaban detrás de vidrio y señaló que no identificó un riesgo de seguridad concreto que justificara la restricción generalizada, más allá de los problemas de falta de personal que tenía el centro.

El informe también muestra algo llamativo: el edificio cuenta con un espacio que anteriormente había sido utilizado para visitas con contacto cuando funcionaba como prisión estatal. Sin embargo, los inmigrantes detenidos actualmente no pueden utilizar esa zona.

Qué dice CoreCivic sobre las visitas

CoreCivic defendió la decisión. Un portavoz de la empresa dijo a The Guardian que la administración del centro, junto con sus socios gubernamentales, determinó que las visitas sin contacto son la opción más apropiada debido a consideraciones de seguridad. La compañía mencionó especialmente el riesgo de ingreso de contrabando.

ICE no respondió a las preguntas del periódico sobre la política.

La compañía también sostuvo que las normas aplicables permiten que cada instalación determine cómo se realizan las visitas teniendo en cuenta factores como el diseño del edificio, el personal disponible, las necesidades operativas y la seguridad.

Inmigrantes detenidos lanzan la campaña “Hugs Beyond Bars”

La falta de contacto llevó a algunos detenidos a organizarse desde dentro del centro. En abril comenzaron a circular cartas dirigidas a las autoridades solicitando que se habilitaran las visitas familiares normales. La iniciativa terminó convirtiéndose en la campaña “Hugs Beyond Bars”, impulsada junto con organizaciones como California Collaborative for Immigrant Justice.

Familiares y activistas también llevaron el reclamo a la oficina del senador demócrata por California Alex Padilla, buscando presión política sobre ICE y CoreCivic.

Hasta ahora, sin embargo, la política no cambió.

California ya había denunciado problemas graves en el centro

La controversia por las visitas se suma a otros cuestionamientos sobre California City. El Departamento de Justicia estatal informó que durante sus inspecciones encontró falta de personal, graves deficiencias en la atención médica, problemas de acceso a especialistas, filtraciones de agua, temperaturas extremadamente bajas, alimentación deficiente y períodos excesivamente largos de encierro en las celdas.

La población del centro también creció rápidamente. Dos semanas después de comenzar a operar ya albergaba aproximadamente 500 inmigrantes y para enero de 2026 había superado las 1,400 personas detenidas.

El reporte estatal señala además que la mayoría de las personas que encontró allí durante la inspección de noviembre de 2025 no tenía antecedentes penales.

Ahora, mientras la población ronda las 1,600 personas, una de las demandas de los detenidos es mucho más elemental: poder tocar y abrazar nuevamente a sus familiares cuando estos recorren cientos de millas para visitarlos.

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El acceso a información confidencial por parte de nuevos empleados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) abrió un nuevo frente de preocupación sobre el uso de tecnología, inteligencia artificial y datos personales en las operaciones de deportación.

De acuerdo con una investigación de The Intercept, funcionarios y exfuncionarios de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señalaron que algunos trabajadores contratados durante la reciente expansión de la agencia pudieron utilizar ELITE antes de completar sus verificaciones de antecedentes.

La aplicación fue desarrollada por Palantir y lleva el nombre de Enhanced Lead Identification and Targeting. Según el material citado por el medio citado, la herramienta ayuda a los agentes a identificar a personas, reunir expedientes, elaborar listas y ubicar objetivos mediante mapas. También asigna una “puntuación de confianza” sobre la precisión de la información que encuentra.

El contexto resulta especialmente relevante porque ICE incorporó a más de 12,000 empleados durante una campaña acelerada de contratación. Un reporte de Reuters de principios de 2026, citado en la investigación, indicó que miles de los nuevos agentes pudieron salir a las calles sin haber completado sus verificaciones de antecedentes.

Acceso a información personal

La preocupación no se limita al proceso de contratación. La guía de usuario de ELITE identifica alrededor de una docena de fuentes de información, entre ellas direcciones, antecedentes penales, registros de inmigración, sentencias judiciales y otros datos personales relacionados tanto con inmigrantes como con ciudadanos estadounidenses.

Parte de esa información corresponde a la llamada información de identificación personal, conocida como PII. Un documento del DHS que registra los usos de inteligencia artificial de la agencia también señala que ELITE utiliza este tipo de datos.

Mary Ellen Callahan, exjefa de gabinete del subsecretario de Seguridad Nacional y exresponsable de privacidad del departamento, cuestionó que personal recién contratado pudiera tener acceso a bases de datos confidenciales.

“Nadie debería haber sido contratado por el DHS antes de que se completaran las verificaciones de antecedentes. Esto nunca sucedió en administraciones anteriores”, afirmó Callahan, según el medio citado. También advirtió que permitir el acceso a sistemas como ELITE a personal que todavía no había sido verificado podía representar un riesgo para la seguridad pública.

Un agente de deportación entrevistado bajo condición de anonimato describió una situación similar. “Es una de las primeras solicitudes que les dan a los nuevos oficiales para que puedan empezar a trabajar”, dijo. El funcionario aseguró además que la herramienta puede utilizarse sin una verificación de antecedentes completa.

Una evaluación de privacidad bajo cuestionamiento

Otro punto señalado en la investigación es la ausencia de una evaluación de impacto en la privacidad específica para ELITE. La legislación federal establece que las agencias deben realizar y publicar este tipo de evaluaciones cuando una tecnología nueva o sustancialmente modificada recopila, conserva o difunde información de identificación personal.

Sin embargo, el sitio del DHS presenta un documento como respaldo de la evaluación de ELITE, pero el enlace conduce a una evaluación de 2019 relacionada con una base de datos integrada de cumplimiento de ICE. Esa evaluación fue elaborada antes de que ELITE fuera adquirida y, según los expertos citados por The Intercept, no describe las fuentes de datos, el análisis mediante inteligencia artificial ni las inferencias que produce la aplicación.

Clare Garvie, abogada especializada en privacidad y subdirectora de política tecnológica del Proyecto de Vigilancia Policial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, consideró que el problema va más allá de una cuestión técnica.

“Las evaluaciones de impacto en la privacidad son un componente esencial de la transparencia y la gobernanza de la privacidad”, sostuvo Garvie. A su juicio, estos documentos permiten conocer qué información se recopila, cuánto tiempo se conserva, quién puede utilizarla y qué recursos existen cuando los datos son incorrectos o pueden utilizarse de manera indebida.

La preocupación central es que la expansión de estas herramientas ocurra al mismo tiempo que aumenta la contratación dentro de ICE. Para los críticos citados por The Intercept, el acceso temprano a sistemas que contienen datos personales plantea interrogantes sobre seguridad, supervisión y rendición de cuentas.

El caso coloca a ICE, Palantir, la inteligencia artificial y el manejo de información personal en el centro de un debate que podría crecer conforme las agencias estadounidenses incorporen más tecnología automatizada a sus operaciones sobre los inmigrantes.

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“Cuando se atacan los derechos de los inmigrantes, ¿qué hacemos?”, gritó Ryan Drury, uno de los principales organizadores de Ventura County Defensa (VC Defensa), mientras se encontraba frente al Edificio Federal en el centro de Los Ángeles.

“¡Levántate y lucha!”, respondió el pequeño grupo de personas que asistió a la conferencia de prensa del martes, organizada por activistas por los derechos de los inmigrantes junto con la Red Nacional de Organizaciones de Jornaleros (NDLON), VC Defensa, Maestros Unidos de Los Ángeles (UTLA) y otras organizaciones.

Esa mañana, los organizadores se reunieron para anunciar una cumbre denominada “La Defensa del Pueblo”, que crearon en respuesta a lo que denominan los ataques de la administración de Trump contra grupos comunitarios como los suyos. 

En marzo de 2026, un artículo del New York Times reveló que el Departamento de Seguridad Nacional había creado el Grupo de Trabajo 4 para vigilar e intimidar al grupo de VC Defensa, una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes integrada por voluntarios, dedicada a organizar a la comunidad y a brindar asistencia médica y legal.

Cuando comenzaron los ataques de la nueva administración contra la comunidad inmigrante, el grupo de organizadores de Ventura era uno de los muchos que rápidamente empezaron a organizar a sus comunidades. 

VC Defensa, en particular, empezó una línea de respuesta rápida para reportar a ICE, organizó a los trabajadores de la salud en hospitales para mantener seguros sus lugares de trabajo y llevó a cabo programas de distribución directa de medicamentos en mochilas, así como de comida a domicilio. 

Esas son solo algunas de las medidas que ha tomado la organización, integrada por residentes del condado de Ventura, para tratar de mantener segura a su comunidad. 

“Y por este trabajo —por repartir kits de primeros auxilios, llevar a las personas a sus citas en la oficina de inmigración, organizar a las comunidades, repartir despensas y coordinar a los maestros—, la administración de Trump puso a nuestra organización en la línea de fuego y hemos estado bajo ataque”, dijo Drury ante el público. 

El grupo afirmó que el gobierno ha calificado a grupos como VC Defensa de terroristas nacionales. A causa de eso, Drury dijo que miembros de su organización han sido acosados por agentes federales. 

“Nos han llamado de todo y han empezado a acosar a nuestros voluntarios. Han comenzado a usar sus vehículos como armas para intentar asesinar a nuestros organizadores arrollándonos”, denunció Drury. “Han llamado a nuestros familiares y a nuestros lugares de trabajo para tratar de que nos despidan y han acosado a nuestros operadores mientras intentamos mantener a salvo a nuestra comunidad”.

Ataques contra organizadores

Antes del amanecer del 13 de mayo, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la principal rama investigativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), llevaron a cabo una redada en la casa y en el negocio de Leonardo Martínez, organizador de VC Defensa. Esa misma madrugada también se realizaron redadas en las casas de otros dos voluntarios.

Aunque no se reportaron arrestos ese día, agentes armados con tanques militares llegaron y se llevaron objetos personales de las casas de los organizadores. 

La redada de mayo no fue la primera vez que Martínez y otros miembros de la organización se toparon con agentes de inmigración. L.A. TACO reportó dos incidentes en los que estuvo involucrado Martínez, ambos relacionados con choques entre vehículos y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). 

El 10 de marzo de 2026, un agente del ICE chocó contra el vehículo de Martínez, lo que llevó al organizador al hospital por supuestamente interferir en una operación.

“Lo que le está pasando a VC Defensa no es un ataque aislado, es una advertencia para todas las organizaciones comunitarias de Estados Unidos”, dijo Farrah N. Khan, la exalcalde de Irvine y activista. 

“Cuando el Departamento de Seguridad Nacional crea un grupo de trabajo para vigilar a los voluntarios que reparten folletos sobre tus derechos y se ocupan de sus comunidades, eso no es una amenaza para la seguridad nacional. Eso es intimidación por parte del gobierno”.

El 25 de septiembre, Trump emitió un memorándum presidencial de seguridad nacional (NSPM-7) titulado “Lucha contra el terrorismo interno y la violencia política organizada”, con el que añadió a grupos como VC Defensa a la lista de lo que él denomina “enemigo interno”.

“Esto va más allá de la política migratoria; se trata de si la Primera Enmienda sigue protegiendo el derecho a organizarse, a protestar y a defender a tus vecinos sin temor a ser atacado”, reclamó Khan.

La unión hace la fuerza

Los ataques contra los activistas los han llevado a crear un evento de un día en Oxnard programado para este 6 de septiembre, donde se reunirán organizadores que vienen de diferentes partes del país, como Houston y Nueva Jersey. 

De acuerdo con los organizadores, quienes hablaron el martes, el día está dirigido a todas las personas y organizaciones que quieren aprender a proteger sus comunidades de manera segura. Para quienes no tienen cómo llegar a Oxnard, el grupo ha organizado autobuses en tres ubicaciones: en el centro de Los Ángeles, en North Hollywood y en San Bernardino. 

A pesar de los encuentros incómodos y traumáticos con distintas agencias del gobierno, esto no ha desviado a los organizadores de su labor; a muchos de los que hablaron ese martes todavía se les notaba ese fuego por dentro.

“¿Están investigando un delito o a las personas que se atrevieron a organizarse?”, cuestionó Nancy Meza, de NDLON, en sus comentarios finales. “El mensaje que esto puede enviar a toda una comunidad es claro: si te organizas, podrías ser el siguiente. 

“Pero se olvidaron de una cosa: el miedo funciona mejor cuando la gente está aislada y nosotros no estamos solos”, agregó.

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