Los arrestos realizados por ICE en Colorado alcanzaron en julio su nivel mensual más alto en más de un año, con cerca de 500 personas detenidas, según un análisis de Axios Denver basado en datos del Deportation Data Project.
El aumento se produce mientras el estado se prepara para ampliar su capacidad de custodia migratoria con la entrada en funcionamiento de un nuevo centro al noreste de Denver.
El Big Horn Facility, ubicado en Hudson, tendrá capacidad para 1,188 detenidos y será administrado por GEO Group, que ya opera otro centro para ICE en Aurora.
Con ambas instalaciones, la capacidad potencial de Colorado superará las 2,700 camas, frente a las 1,532 que GEO administra actualmente para la agencia federal.
La compañía espera activar el nuevo establecimiento antes de que termine 2026, tras obtener en julio un contrato de cinco años con ICE. GEO calcula ingresos de unos $85 millones de dólares durante el primer año completo de operaciones.
El aumento de arrestos se extiende por el oeste
Colorado no es el único estado de la región donde ICE ha incrementado sus operaciones.
Datos federales analizados recientemente también muestran máximos de arrestos en Arizona y Nevada, junto con un aumento de las detenciones realizadas directamente en calles y comunidades.
En Utah, ICE arrestó a 3,467 personas entre enero y julio de 2026, frente a 2,116 durante el mismo período del año anterior. El incremento fue de casi 64%.
El 54% de las personas detenidas directamente en comunidades y calles de Utah no tenía cargos ni condenas penales registrados, según los datos citados por KUER.
La expansión genera críticas en Colorado
El crecimiento de la infraestructura de detención ha sido cuestionado por el senador demócrata John Hickenlooper.
El legislador pidió al Gobierno federal abandonar el proyecto de Hudson y argumentó que el centro podría dificultar el acceso de los detenidos a sus abogados y familiares.
En mayo, Hickenlooper también denunció que ICE le negó el acceso a las instalaciones durante una visita de supervisión cuando el centro todavía permanecía cerrado.
GEO Group sostiene que la instalación permitirá atender la creciente necesidad federal de plazas destinadas al procesamiento migratorio.
Julio también marcó un máximo nacional
El récord registrado en Colorado coincide con un fuerte aumento de los arrestos de ICE en todo el país durante el segundo mandato de Donald Trump.
Según datos federales obtenidos por el Deportation Data Project, la agencia realizó 49,571 arrestos en julio, la cifra mensual más alta de este período presidencial. ICE disputa esos datos.
En Colorado, el incremento de las detenciones se produce antes de que comience a operar el centro de Hudson, que añadirá más de un millar de plazas a la capacidad disponible para mantener personas bajo custodia federal.
Líderes, pastores y miembros de la Confraternidad de Entidades Pentecostales de las Américas (Cepa) pidieron este martes al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que extienda el Estatus de Protección Temporal (TPS) para salvadoreños, un día antes de su fin previsto.
Un centenar de religiosos de unas 21,000 iglesias repartidas por 36 estados del país se reunieron en Washington para expresar su respaldo a quienes a partir de este 9 de septiembre quedarán expuestos a la deportación.
“Estamos sumamente preocupados por el estado emocional de nuestras comunidades salvadoreñas, porque mañana se cumple el término del TPS“, dijo a la prensa el presidente de la Cepa, Ángel Marcial, quien insistió en que todos son “compañeros de todos los perjudicados”.
El obispo reiteró en que el fin del beneficio migratorio para más de 170,000 salvadoreños en EE.UU. afecta también a sus familias, y especialmente a sus hijos, que han nacido en el país durante los 25 años de vigencia del programa.
“La comunidad salvadoreña tiene 150,000 niños ciudadanos de Estados Unidos. Estamos pidiendo que reconsideren parar el TPS, o que den más tiempo para que las familias se puedan preparar”, indicó Marcial.
El pastor salvadoreño William Rodríguez, quien llegó a la capital estadounidense en representación de iglesias del sur de California, Nevada y Hawái, advirtió que la pérdida de la protección temporal significa que estas personas también perderán sus permisos de trabajo. “Representa la posibilidad de ser deportados”, alertó.
Jacqueline Fuentes, la hija del pastor Marco Fuentes, detenido por agentes de inmigración en Indiana el pasado 17 de agosto, exigió la liberación de los que, como su padre, han sido arrestados y que estos sean devueltos a sus familias.
“Estamos siendo afectados por las decisiones de detener (a inmigrantes) y separar familias. Somos personas trabajadoras. Aunque mi familia no tenía documentos legales, ha pagados sus impuestos y no están siendo una carga para este país”, resaltó la joven ciudadana estadounidense.
En una carta dirigida a Trump y miembros de su Gabinete, los miembros de la Confraternidad recordaron que “los salvadoreños beneficiarios del TPS aportan aproximadamente $5.400 millones de dólares anuales a la economía de los EE.UU. y pagan cerca de $1.500 millones de dólares cada año en impuestos federales, estatales y locales”.
“Oramos para que consideren no solo lo que es legalmente permisible, sino también lo que es humano, compasivo y responde a los mejores intereses de nuestra nación”, agrega la misiva.
Trump regresó al poder en enero de 2025 bajo la promesa de deportaciones masivas y el recrudecimiento de sus políticas de mano dura contra la inmigración.
Junto al fin del TPS para ciudadanos de El Salvador, la Administración republicana también ha terminado el beneficio de países como Haití, Venezuela y Afganistán.
“Otra de las situaciones que nos preocupa mucho es la comunidad de nuestros hermanos haitianos que están sufriendo desesperadamente por esta crisis”, insistió el presidente de la Cepa durante la rueda de prensa.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) amplió su relación con GardaWorld Federal Services con un contrato cuyo techo alcanza $382.3 millones para ofrecer transporte terrestre armado de personas bajo custodia en los 254 condados de Texas.
El acuerdo, adjudicado el 31 de agosto, contempla servicios durante las 24 horas, los 365 días del año, dentro del programa 287(g). De acuerdo con los registros federales consultados por Project Salt Box, la empresa deberá encargarse del despacho de unidades, documentación, preparación de la flota, reportes, control de calidad y un portal seguro para la operación.
El monto máximo del contrato no significa que todo ese dinero haya sido desembolsado. Hasta ahora, los registros muestran una obligación inicial de poco más de $100 millones. La diferencia dependerá de las opciones y necesidades que se ejerzan durante la vigencia del acuerdo.
Una expansión que ya suma cientos de millones
El contrato de transporte se suma a otros negocios de GardaWorld vinculados con la expansión de la capacidad de detención de inmigrantes. El medio señala que los compromisos de ICE con la compañía superan los $700 millones en los últimos seis meses.
Entre ellos está un acuerdo de $313.4 millones para convertir y operar un almacén en Surprise, Arizona, como instalación de procesamiento y detención. Ese proyecto enfrentó una orden de suspensión y una demanda de la fiscal general estatal, Kris Mayes.
En San Antonio, ICE también otorgó a GardaWorld un contrato de alrededor de $17.3 millones para transformar un almacén propiedad de la agencia en otra instalación de detención. El San Antonio Express-News reportó que el sitio podría atender entre 1,000 y 1,500 personas al día durante procedimientos migratorios.
La dimensión de estas operaciones ayuda a explicar por qué el nuevo contrato de transporte resulta relevante: los arrestos realizados bajo acuerdos 287(g) generan la necesidad de mover a las personas detenidas entre cárceles locales, centros de procesamiento y otras instalaciones.
Texas concentra la expansión del 287(g)
Texas se ha convertido en el principal escenario para el programa 287(g). Según datos recopilados por el investigador Andrew Thrasher y citados en el reporte de Project Salt Box, el estado concentra cientos de acuerdos con agencias policiales y de alguaciles.
El programa permite que determinadas autoridades locales colaboren con ICE en tareas relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias. Uno de sus modelos otorga facultades más amplias a los agentes locales, incluida la posibilidad de detener a personas por infracciones migratorias mientras realizan labores policiales.
La contratación también muestra cómo la política de control migratorio está creando un mercado federal cada vez mayor para empresas privadas de seguridad, transporte y servicios de detención.
El nuevo acuerdo, por su tamaño y alcance territorial, coloca a la empresa en una posición central dentro de la infraestructura que ICE está construyendo alrededor de la detención y traslado de inmigrantes en Texas.
Rafael Vela González, un salvadoreño de 66 años que lleva décadas viviendo en California, permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras su estado de salud se deteriora y su pareja, Vivian Lee Arguello, teme que no sobreviva al encierro.
De acuerdo con Los Angeles Times, Vela González fue detenido a principios de enero frente a su vivienda de Silver Lake. Un video revisado por el periódico muestra a dos agentes arrastrándolo por unas escaleras de cemento y, posteriormente, a otros elementos colocándole las esposas.
Su familia asegura que la situación ha cambiado drásticamente desde entonces. Tras casi ocho meses en el centro de detención de ICE en Adelanto, presenta una erupción en las piernas, llagas que sangran, hinchazón en los pies y dificultades para caminar. En junio sufrió un desmayo y permaneció hospitalizado del 17 al 22 de ese mes por bronquitis aguda y sepsis, según información proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“El mayor temor de gran parte de la familia es que simplemente desaparezca o que enferme allí y muera”, declaró Ashley Cabrera, una joven de 23 años cercana a Vela González, al medio citado.
Una detención que sorprendió a su familia
Vela González llegó a Estados Unidos a los 19 años, después de huir de la guerra civil de El Salvador. Su abogado, Barbara Darnell, explicó que el salvadoreño obtuvo una tarjeta de residencia temporal tras acogerse a la amnistía contemplada en la reforma migratoria de 1986.
Según la defensa, nunca recibió una notificación que le explicara que debía solicitar la residencia permanente cuando su documento temporal expiró en 1997. En 2023 perdió la tarjeta que conservaba y solicitó un reemplazo; esa petición fue rechazada en abril de 2025.
El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que Vela González fue detenido durante una operación selectiva y que permanecerá bajo custodia mientras continúa su proceso de deportación.
Su pareja espera volver a casarse con él
Lee Arguello, ciudadana estadounidense de 81 años, llevaba más de tres décadas junto a Vela González. Dependía de él para tareas domésticas, preparación de alimentos y seguimiento de sus medicamentos.
“Me dice que tiene muchas ganas de volver a casa, y me da mucha pena decepcionarlo y decirle que quizás no vuelva. Así que no le digo nada”, contó al periódico. “Es desgarrador”.
En julio, un juez negó la solicitud de libertad bajo fianza y consideró que existía riesgo de fuga. Su abogado apeló la decisión en agosto.
Mientras el proceso continúa, Lee Arguello tuvo que abandonar su casa de Silver Lake y mudarse con una sobrina. Incluso planea vender la vivienda. Aun así, mantiene una esperanza: divorciarse de su antiguo esposo y finalmente casarse con Vela González.
“Nos vamos a casar, aunque lo detengan”, afirmó. “Espero que no lo deporten, que regrese y que tengamos una buena vida juntos”.
Héctor Negrete decidió regresar voluntariamente a México después de haber vivido durante años en Estados Unidos sin documentos. Pensó que al salir del país dejaría atrás sus problemas migratorios, pero recibió una notificación del Departamento de Seguridad Nacional que le exige pagar una multa de $1.8 millones de dólares por presuntas violaciones a las leyes migratorias.
Negrete, en una entrevista con Noticias Telemundo, relató que se enteró de la sanción cuando un amigo, con quien vivía en Estados Unidos, lo llamó para avisarle que había recibido una carta de DHS a su nombre.
La cifra, dijo, le provocó inicialmente desconcierto y después preocupación.
“Yo pensaba que me iba a ir y ya iba a dejar todos esos problemas allá en los Estados Unidos”, explicó Negrete, quien aseguró que nunca imaginó que tendría que enfrentar una sanción de esa magnitud.
Señaló que envió inmediatamente la notificación a su abogada. Posteriormente supo que la multa estaría relacionada con una orden de deportación que, afirmó, desconocía.
“Según es porque tenía una orden de deportación, pero la verdad yo ni sabía que existía”, dijo. El migrante explicó que mantenía un proceso relacionado con su padre y que llevaba tiempo sin tener comunicación con autoridades como ICE o DHS.
También considera posible que las autoridades hayan obtenido su dirección a través de información vinculada con el IRS, ya que pagaba impuestos mientras permanecía en Estados Unidos.
A diferencia de quienes han utilizado mecanismos oficiales para abandonar el país, Negrete decidió salir sin informar previamente al gobierno. Explicó que existían dudas sobre cómo funcionaban estos procedimientos y optó por trasladarse por tierra hasta Tijuana para después tomar un vuelo hacia Guadalajara.
Ahora, el migrante intenta resolver el caso desde México. Contó que se incorporó a una demanda colectiva relacionada con este tipo de multas y que sus abogados han presentado documentación para demostrar que ya no se encuentra en territorio estadounidense.
También aseguró que ya han enviado dos rondas de pruebas, pero las autoridades les solicitaron nueva documentación. Entre los requisitos figura una copia de su pasaporte que muestre un sello de entrada a otro país.
El afectado dijo que evalúa viajar a otro país antes de que termine el año para obtener esa evidencia y presentarla ante las autoridades. “Estamos mandando la última ronda de evidencia y ojalá ahí se termine el problema y me dejen de multar”, expresó.
Los venezolanos que solicitan asilo político en Estados Unidos enfrentan un nuevo obstáculo: ya no sería suficiente demostrar que fueron perseguidos durante el régimen de Nicolás Maduro. Ahora deberán presentar pruebas de que continúan expuestos a un riesgo de persecución en Venezuela.
El abogado de inmigración Ángel Álvarez explicó a N+ de Univision que la reciente decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración redujo el peso que puede tener la persecución sufrida en el pasado al evaluar el temor de una nueva persecución.
El cambio se relaciona con la consideración de que la salida de Maduro representa una modificación significativa de las condiciones políticas de Venezuela. Por ello, los solicitantes tendrán que demostrar que las circunstancias que provocaron su persecución no desaparecieron.
“Ahora la persecución futura o el miedo fundado de persecución futura ya prácticamente está muy por debajo de lo que nosotros teníamos antes de esa decisión”, explicó Álvarez.
Esto significa que una persona que haya sido perseguida durante el régimen anterior podría enfrentar dificultades para obtener protección si no consigue demostrar que todavía existe una amenaza concreta en su contra.
El abogado aclaró que esto no implica que los casos de venezolanos queden automáticamente descartados. La evaluación tendrá que hacerse de manera individual y dependerá de las circunstancias de cada solicitante.
Entre las pruebas que podrían resultar relevantes están aquellas que permitan demostrar que los funcionarios o agentes que participaron en la persecución continúan en Venezuela y mantienen capacidad de ejercer poder.
Álvarez puso como ejemplo a personas que hayan sido perseguidas por el Sebin u otras autoridades. En esos casos, el solicitante tendría que demostrar que quienes participaron en la persecución siguen en el país y conservan influencia o poder para representar una amenaza.
El abogado también advirtió que el impacto de esta nueva interpretación ya se estaría reflejando en los tribunales de inmigración. Afirmó que ha observado una disminución drástica en las aprobaciones de solicitudes de asilo y señaló que algunos jueces han llegado a considerar “especulativo” el temor de persecución presentado en determinados casos de venezolanos.
La situación también puede afectar a inmigrantes detenidos que solicitan libertad bajo fianza. Álvarez explicó que, cuando un juez considera especulativo el riesgo alegado por el solicitante, incluso la posibilidad de obtener una fianza puede complicarse.
Respecto a la continuidad del aparato estatal venezolano, el abogado señaló que existen jueces que han considerado que las autoridades y estructuras vinculadas con el antiguo gobierno permanecen en funcionamiento. No obstante, indicó que ese argumento general ya tendría menos peso ante la nueva decisión y que los casos deberán sustentarse con elementos particulares.
La nueva interpretación cobra relevancia ante los más de 132,000 casos de asilo venezolanos que permanecen pendientes, ya que los solicitantes deberán preparar sus expedientes con evidencia específica sobre el riesgo que enfrentarían si regresaran a Venezuela.
La cineasta estadounidense Laura Poitras convirtió el Festival Internacional de Cine de Venecia en un escenario para denunciar las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump y el impacto que las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han tenido sobre las comunidades inmigrantes. Poitras, ganadora del Oscar por el documental “Citizenfour”, llegó a la Mostra junto con Rachel Lauren Mueller para presentar “They’re Here”, un documental de 25 minutos que reconstruye las protestas contra las operaciones migratorias realizadas en Minneapolis entre finales de 2025 y principios de 2026.
El mensaje político fue evidente desde su llegada. Parte del equipo utilizó camisetas con las frases “Fuck ICE” y “Fight fascism”, expresiones que se han convertido en consignas de protesta contra las políticas migratorias de la administración Trump. Durante la presentación, Poitras aseguró que la situación que enfrentan muchos inmigrantes en Estados Unidos está marcada por el temor a ser detenidos y deportados.
“La realidad es una pesadilla: todo el país está siendo atacado y los inmigrantes viven con miedo en Estados Unidos en estos momentos”, afirmó.
Laura Poitras Shares the Desperate Vision Behind Her ICE Documentary ‘They’re Here’: “What’s Happening in the United States Is a Nightmare” https://t.co/qaA7UuC8Ap
Un documental sobre protestas, miedo y resistencia
“They’re Here” utiliza imágenes registradas durante las manifestaciones en Minneapolis y sigue a voluntarios que vigilaban los movimientos de los agentes de ICE. El documental también presenta el testimonio, en español, de un inmigrante mexicano identificado bajo el seudónimo Edén Villa, quien relata cómo vive escondido ante el temor de ser detenido.
Las protestas se intensificaron durante el invierno y estuvieron marcadas por enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales. Renée Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses, murieron durante los operativos que se desarrollaron en la ciudad. De acuerdo con el material presentado por las cineastas, miles de personas fueron arrestadas durante las protestas. La presión de la comunidad terminó contribuyendo a una reducción de la presencia federal en Minneapolis, con el retiro de aproximadamente 80% de los agentes desplegados.
Mueller explicó que la película pretende mostrar tanto las operaciones migratorias como la respuesta de los residentes que decidieron documentar los movimientos de ICE para proteger a sus vecinos.
“Creemos firmemente en el poder del cine para desnormalizar esta violencia”, dijo Poitras. La directora sostuvo que no fue necesario exagerar la imagen de los agentes para presentar el carácter intimidatorio de las operaciones.
“They’re Here” también cuestiona el alcance de los recursos destinados a ICE y plantea una crítica a lo que Poitras considera una creciente normalización de la violencia. La cineasta, que en 2022 ganó el León de Oro de Venecia por “All the Beauty and the Bloodshed”, ha construido buena parte de su carrera alrededor de investigaciones y documentales sobre poder, seguridad nacional y abusos institucionales.
Ahora, desde uno de los festivales de cine más importantes del mundo, utiliza el documental para colocar nuevamente el debate migratorio estadounidense frente a una audiencia internacional.
La posible pérdida del Estatus de Protección Temporal para unos 170,000 salvadoreños en Estados Unidos no solo amenaza con alterar la vida de miles de familias, sino que también podría tener consecuencias económicas para el país, debido al aporte que esta comunidad realiza cada año.
De acuerdo con cifras citadas por CNN en Español, los salvadoreños protegidos por el TPS generan alrededor de $5,400 millones de dólares anuales para la economía estadounidense y contribuyen con unos $1,500 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales.
Los datos provienen de estimaciones de la Alianza Nacional para el TPS y FWD.us, organizaciones que han documentado la participación económica de los beneficiarios salvadoreños ante la posibilidad de que el programa llegue a su fin el próximo 9 de septiembre.
El impacto se refleja principalmente en el mercado laboral. Unos 152,000 salvadoreños beneficiarios del TPS forman parte de la fuerza laboral estadounidense, con una presencia importante en sectores como la construcción, mantenimiento de edificios, transporte, manufactura y servicios de alimentación.
Una comunidad con décadas de aporte
El TPS fue otorgado a los salvadoreños en 2001, después de los terremotos que golpearon al país centroamericano. Desde entonces, miles de beneficiarios han permanecido durante más de dos décadas en Estados Unidos, donde han trabajado, adquirido viviendas, creado negocios y formado familias.
CNN en Español recoge los testimonios de salvadoreños que llegaron al país hace más de 25 años y que construyeron allí buena parte de su vida profesional y familiar.
Uno de ellos es Nilson Cañenguez, empresario salvadoreño radicado en el área de Washington. Llegó a Estados Unidos en 1999 y obtuvo el TPS en 2001. Trabajó en construcción y participó en proyectos como el centro de visitantes del Capitolio y la reconstrucción del Pentágono tras los atentados del 11 de septiembre.
Con los años creó compañías de transporte y construcción, llegó a tener unos 250 empleados y posteriormente trasladó parte de sus operaciones al sector inmobiliario. Actualmente mantiene empresas tanto en Estados Unidos como en El Salvador.
El caso de Cañenguez refleja el proceso de integración económica de muchos beneficiarios que inicialmente recibieron el TPS como una protección temporal, pero terminaron construyendo negocios, empleos y patrimonio en Estados Unidos.
El dinero también se mueve en las grandes ciudades
El aporte económico de los salvadoreños con TPS se concentra especialmente en algunas de las principales áreas metropolitanas del país.
Las estimaciones citadas por FWD.us sitúan en $965 millones de dólares la contribución anual de estos trabajadores a la economía del área de Washington D.C.; en $668 millones de dólares en Nueva York; $590 millones de dólares en Houston; $555 millones de dólares en Los Ángeles y $239 millones de dólares en Dallas-Fort Worth.
Además, más de 150,000 niños ciudadanos estadounidenses tienen al menos un padre beneficiario del TPS salvadoreño, lo que significa que una eventual pérdida de la protección migratoria también tendría repercusiones sobre hogares estadounidenses.
Impacto en las remesas
El eventual fin del TPS también podría repercutir en las remesas que los salvadoreños envían a su país de origen. El Salvador mantiene una fuerte dependencia de estos recursos: estimaciones citadas en el reporte señalan que las remesas representan entre 24% y 26% del Producto Interno Bruto del país.
Manuel Orozco, especialista en remesas del Diálogo Interamericano, calcula que los salvadoreños con TPS representan aproximadamente 15% de quienes envían remesas desde Estados Unidos. El eventual retorno de una parte de esta población podría reducir el flujo de dinero hacia sus familias en El Salvador.
Donald Trump prometió llevar a cabo la mayor deportación de la historia y en los últimos meses ha pisado el acelerador para lograrlo.
Solo durante el mes de agosto, ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) arrestó a 50.925 migrantes en todo el país.
Eso es casi el doble que los arrestos registrados en agosto del año pasado, y más de cinco veces la cifra de agosto de 2024, cuando Joe Biden era presidente.
La Casa Blanca ha dicho que su objetivo es llegar a 2.000 arrestos al día.
Que una persona sea arrestada no implica necesariamente que termine deportada, pero en las circunstancias actuales es el desenlace más común.
Según datos del Deportation Data Project, bajo el gobierno de Trump, el 57% de las personas arrestadas por ICE son deportadas en menos de 60 días y apenas el 7% son liberadas en ese mismo lapso.
El aumento de los arrestos coincide con el pronunciado aumento del presupuesto de ICE.
Gracias a la ley “grande y hermosa” impulsada por Trump a principios de su mandato, se le otorgaron a la agencia US$75.000 millones de financiación para gastar a lo largo de cuatro años, que se suman a su presupuesto anual (de unos US$10.000 millones).
El Deportation Data Project de la Universidad de California publicó recientemente los datos más detallados que se conocen de los arrestos de ICE hasta el 6 de agosto de 2026.
Estos son 5 gráficos basados en esos datos que muestran el incremento de los arrestos y quiénes son los arrestados.
Más migrantes arrestados, menos delincuentes
El número de arrestos de migrantes se ha mantenido al alza en lo que llevamos del segundo mandato de Trump.
Entre enero y febrero de este año se registró una caída significativa que coincide con la ola de repudio que provocó la muerte de dos estadounidenses a manos de agentes migratorios en Mineápolis.
Los datos muestran, sin embargo, que desde entonces las operaciones de ICE han continuado expandiéndose.
El pasado miércoles, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), informó a través de su cuenta de X que en agosto la agencia logró un nuevo récord.
“Si usted está en el país ilegalmente, VÁYASE AHORA”, agregaba la publicación del DHS.
Recientemente, ICE celebró el arresto de 121 personas en una sola redada en Memphis, Tennessee, y de más de 2.100 a lo largo de varios días en Nueva York, históricamente considerada una ciudad santuario.
Los funcionarios del gobierno de Trump dicen a menudo que están sacando de las calles de EE.UU. a los criminales más peligrosos; en sus palabras, a “lo peor de lo peor”.
En la campaña, Trump prometió que priorizaría detener a los migrantes irregulares condenados por delitos.
Los datos, sin embargo, dan cuenta de otra realidad creciente: la mayoría de los migrantes arrestados durante los últimos meses no habían sido condenados por ningún delito.
Desde septiembre de 2025, el número de arrestados sin cargos penales ha superado a los condenados por delitos y a los que tienen cargos penales pendientes.
De los arrestados en julio de 2026, por ejemplo, apenas el 25% habían sido condenados por un delito.
Según la ley estadounidense, ser migrante irregular no es un delito en sí mismo.
Durante los primeros días del gobierno de Trump, sin embargo, la entonces secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, afirmó que, a los ojos de la administración, todos los migrantes indocumentados eran criminales por definición.
Los datos reflejan que durante los últimos meses de 2022 y el primer semestre de 2023, cuando Biden era presidente, los arrestados sin cargos penales también superaron por mucho a los criminales.
Quiénes están siendo arrestados
La información publicada por el Deportation Data Project incluye también datos demográficos sobre los arrestados, como su nacionalidad, el estado donde fueron detenidos y su género.
Las 12 nacionalidades más predominantes entre los arrestados desde el inicio del gobierno de Trump corresponden a países de América Latina.
El ranking lo encabezan los mexicanos, que representan el 39% del total. Les siguen guatemaltecos (14%), hondureños (11%) y venezolanos (7%).
En cuanto a los estados donde ocurren más arrestos por parte de ICE, el listado lo lideran Texas y Florida.
Aunque en todos los estados han crecido los arrestos en los últimos meses, Florida ha registrado un incremento desproporcionado.
Pasó de 3.306 arrestos en mayo a 7.170 en junio, un aumento del 117%. En todo el país, los arrestos entre mayo y junio crecieron un 52%.
La gran mayoría de los migrantes arrestados por ICE son hombres.
De los 548.645 registros en la base de datos desde el 20 de enero de 2025, el 88% eran hombres y 12% eran mujeres.
El Deportation Data Project accedió a la información de ICE gracias a una solicitud amparada por la Ley de Libertad de la Información (FOIA, por sus siglas en inglés).
Cifras récord y nuevos perfiles
Análisis de Leire Ventas, corresponsal de BBC News Mundo en Los Ángeles
El aumento de los arrestos durante el verano boreal ha afectado a miles de personas que hasta ahora no habían sido objetivo de la campaña de deportaciones de la administración Trump.
Hablamos de personas que habían llegado a Estados Unidos con un estatus legal temporal como el TPS que el gobierno de Trump decidió cancelar. O de migrantes que ingresaron al país legalmente (con una visa de estudiante, por ejemplo) y tenían en trámite una solicitud de asilo. Otros llevaban décadas en EE.UU., casados con ciudadanos estadounidenses e hijos nacidos en el país.
La mayoría han sido acusados de infringir las leyes civiles de inmigración, pero no contaban con delitos previos.
Ahora, con las elecciones de medio mandato de noviembre a la vuelta de la esquina, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) parece cerca de alcanzar su meta de 2.000 arrestos al día.
“Quienes están en este país ilegalmente tienen dos opciones: pueden usar la aplicación CBP Home y recibir un vuelo gratis y un cheque de US$2.600, o pueden ser arrestados, detenidos y deportados”, dice inequívocamente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encabezado desde hace unos meses por Markwayne Mullin, quien prometió un ICE más discreto que el que se vio en Mineápolis a principios de año, pero más eficaz.
Anadolu vía Getty Images: Agentes de ICE arrestan a un hombre dentro de una corte de inmigración en Nueva York.
De seguir con el ritmo actual, y con más recursos a su disposición, ICE parece encaminada a asegurar que Trump cumpla su promesa de llevar a cabo la “mayor deportación de la historia del país”.
En 2009, al inicio del primer mandato del presidente Barack Obama, ICE estableció un récord que se mantuvo durante más de una década, deportando a 238.000 personas que habían sido arrestadas a lo largo y ancho del país.
La inmigración fue, junto con la economía, uno de los movilizadores del voto cuando Trump se impuso en las urnas en noviembre de 2024.
Ahora, con los arrestos registrados tanto en estados gobernados por demócratas como por republicanos y encuestas que muestran a parte de la ciudadanía tildando de “demasiado agresiva” la campaña antiinmigración, habrá que ver el efecto de ello en unas elecciones en las que está en juego el control del Congreso y que se leen como una evaluación del desempeño del gobierno de Trump.
Diseño de imagen: Daniel Arce-Lopez, del Equipo de periodismo visual de BBC News Mundo.
Dentro de un auto, un hombre abraza a su bebé mientras el pequeño llora. Por la ventanilla, se ve la mano de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE) que sujeta al hombre del cuello mientras éste convulsiona.
Con esta escena, Enrique Díaz Álvarez, comienza su libro “Lo intolerable: repulsión, vergüenza y responsabilidad colectiva ante la crueldad contemporánea” (Anagrama, 2026), en donde explora los mecanismos de represión que surgen de las expresiones más brutales del poder.
Díaz Álvarez nació en México en 1976, es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona y profesor de Pensamiento Político Contemporáneo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Hay una política de la crueldad que está en marcha”, dice el ganador del Premio Anagrama de Ensayo en 2021 por su anterior libro, “La palabra que aparece” (Anagrama, 2021).
A Díaz Álvarez no solo le preocupa que esto ocurra, sino que también pone la atención en la indiferencia con la que muchas personas responden al sufrimiento ajeno frente a la crueldad que nace del abuso de poder.
Por eso, llama a pensar “con todo el cuerpo” y dejarse afectar por las emociones de repulsión, indignación y vergüenza para activar la responsabilidad colectiva.
Enrique Díaz Álvarez habló con BBC Mundo en el marco del Hay Festival, que se celebró del 4 al 6 de septiembre en Querétaro, México.
Oswaldo Ruiz/Anagrama: Enrique Díaz Álvarez es doctor en Filosofía y autor de “Lo intolerable”.
“Lo intolerable” comienza con la descripción de un operativo de ICE. ¿Qué lugar ocupa la voz de quienes atraviesan esas experiencias en tu manera de pensar el poder?
Es muy importante escuchar a las víctimas de la violencia. En mi libro le doy mucho peso al testimonio porque creo que sigue siendo el último recurso que tienen aquellos que solo cuentan con su palabra.
En esta época, es importante visibilizar y acompañar a esas víctimas de la violencia. Por eso, el libro comienza con una escena brutal. Es una de esas imágenes atroces, que revuelven el estómago y a las cuales nos estamos acostumbrando.
Para eso recurres a la noción de la “política de la crueldad”. ¿Podrías definirla?
Hay una política de la crueldad que está en marcha. La hemos visto en los últimos años con el genocidio en Gaza o con las políticas de Donald Trump, en las que se criminaliza y se encierra a los migrantes.
Ya no hay el reparo por ocultarla, ahora se trata de una apuesta por mostrar abiertamente imágenes que nos tendrían que ofender y hacernos sentir vergüenza, repulsión y responsabilidad colectiva.
La política de la crueldad parece haber existido siempre. ¿Crees que lo que cambió es una suerte de exhibicionismo?
La crueldad va ligada a la historia de la humanidad. A lo largo de la historia, muchos episodios reflejan el sadismo y la brutalidad, pero lo que sorprende es la exhibición del cinismo, la burla, la humillación.
Sí, lo que se busca ahora es aclimatarnos, normalizar cosas que antes no podíamos tragar. Por eso, en este libro intento pensar en la tolerancia como virtud política –esa que nació con Voltaire (1694-1778) y John Locke (1632-1704)– para luchar contra los fanáticos.
Sin embargo, creo que la tolerancia no nos alcanza para luchar contra los fanáticos de lo propio –que es como los llamo– sino que tenemos que pensar en una ética de lo intolerable.
Anagrama:
¿Qué implica una ética de lo intolerable?
Debemos entender que esas cuestiones brutales y humillantes, que derivan del abuso de poder, no las podemos tragar sin hacer daño a nuestro propio cuerpo social.
Es decir, no podemos tragar que se detenga a un niño ecuatoriano de 5 años porque eso nos hace daño a todos. No podemos pasarlo por alto.
¿Ahí es donde aparece la idea de pensar con todo el cuerpo?
Sí, este libro es una invitación a pensar con todo el cuerpo. La idea parte de esa incomodidad que sentía, de ese mal cuerpo, de esa impotencia y de intentar de pensar con otros.
Hay una filósofa que me gusta mucho, María Zambrano (1904–1991). Ella hablaba de la necesidad de pensar desde las entrañas.
Por eso, creo que tenemos que prestar atención a ella y a otros pensadores y pensadoras que son emigrantes o exiliados, como es su caso, porque tienen una sensibilidad que nos puede echar algo de luz en momentos como estos.
Para explicar el riesgo de naturalizar la crueldad, retomas a Michel Foucault (1926-1984) y su idea de que el poder del Estado muchas veces busca “normalizar”. ¿Por qué crees que funciona para pensar el presente?
En mi libro busco recuperar a Foucault porque es él quien –después ser testigo de las detenciones de presos políticos, estudiantes y extranjeros en Francia en 1968– busca penetrar a las cárceles para entender la verdadera cara del poder.
Foucault redefine el poder de una forma en apariencia simple pero muy brillante. Lo que hace es alejarse del léxico jurídico de Thomas Hobbes (1588–1679) y otros contractualistas y ubica al cuerpo humano en el centro. Foucault dice que el poder es esencialmente aquello que reprime.
Por eso, trato de recuperar ese llamado, para decir que hoy en lugar de entrar en una cárcel deberíamos entrar y saber qué está pasando, por ejemplo, en los centros de detención de migrantes.
Necesitamos saber qué pasa con esos cuerpos migrantes: qué comen, cómo duermen, si se les da las medicinas que necesitan, si lo que buscamos es entender la microfísica del poder en su deriva más autoritaria.
Getty Images: La vergüenza (shame, en inglés) es un sentimiento puede da lugar a la responsabilidad colectiva, según el autor.
Mencionas “Microfísica del poder”, un libro que nació de los debates de la década del 1970, cuando los Estados europeos todavía eran fuertes. ¿Cómo se aplica esa idea del poder en un presente en el que los Estados han perdido fuerza?
Es una buena pregunta. Ahora que se cumplen 100 años desde su nacimiento, sería bueno saber qué diría Foucault de estos oligarcas tecnológicos porque el poder ahora no está solo en el Estado.
En esa línea, Foucault habló del paso del suplicio al castigo. Él decía que el suplicio –que es la exhibición de la crueldad– funcionó en el pasado mientras había fascinación por ver esa brutalidad.
Pero cuando la humanidad abandonó esa fascinación, se abrió paso a un castigo más oculto, que ese el que se da en las cárceles. Por eso, la prisión aparece cuando deja de haber fascinación por la crueldad.
Entonces, creo que podemos aprender a cultivar pedagogías que nos permitan dejar de fascinarse como sociedad ante los actos crueles y sádicos. Debemos dejar de fascinarnos con la burla y el sentido del humor macabro, para volver a sensibilizarnos.
Pensaba en los grandes empresarios tecnológicos que mencionas y en cómo se transforman las relaciones de poder cuando somos nosotros mismos quienes les cedemos la información. ¿Qué pasa entonces?
Sí, esa es una cuestión que me preocupa. Me preocupa cómo hemos devenido en datos y la manera en que la tecnología aplicada a la seguridad experimenta en los cuerpos de los migrantes.
Tenemos que ser más autocríticos para comprender la real dimensión de lo que está en juego cuando cedemos en nuestra privacidad de manera acrítica.
Para recuperar a Foucault, él dice que la transparencia, la visibilidad total, es una trampa, y ahora somos nosotros los que gustosamente decimos dónde estamos, qué comemos y qué preferimos, alimentando un algoritmo que luego nos encierra en burbujas de eco.
Oswaldo Ruiz/Anagrama: La responsabilidad colectiva se emparenta con la vergüenza ante la brutalidad, según dice el autor.
¿Cuál es la responsabilidad colectiva ante esa situación?
Una de las preguntas centrales de este libro es qué podemos hacer. Esa pregunta está ligada al sentimiento de impotencia, de incomodidad incluso física ante la exhibición de la crueldad de la que hablamos.
Por eso recupero la noción de responsabilidad colectiva de Hannah Arendt (1906-1975), una pensadora que también atravesó tiempos muy oscuros. Fue exiliada y pasó 18 años como apátrida, sin documentos.
La diferencia que Arendt establece sobre el sentimiento de culpa me parece reveladora. Ella plantea la idea de apelar a la responsabilidad colectiva que surge de situaciones políticas complejas y tiene como condición el saber que pertenecemos a un grupo.
No es la culpa del que ha hecho algo personalmente, sino la responsabilidad de quien sabe que se ha hecho algo en su nombre. Esa responsabilidad colectiva tiene mucho que ver con la posibilidad de decir: “No, no maltraten al migrante en mi nombre, con mis impuestos”.
¿Dónde ves ejemplos de eso?
A mí me da mucha esperanza lo que se vivió en Minneapolis, por ejemplo. Esa ciudad que se puso en guardia, salió a la calle a defender a los migrantes porque eran sus vecinos, porque es la gente que ha construido la ciudad que es.
Esa es la responsabilidad colectiva que se emparenta con la vergüenza. Por eso, creo que la vergüenza es prima hermana de la responsabilidad. Es ese motor que nos puede hacer salir a la calle y decir “no” en nuestro nombre.
En una época donde la extrema derecha mueve una serie de pasiones tristes como son el miedo, el resentimiento, el odio, la nostalgia, creo que habría que pensar en movilizar no solo buenos principios, sino otra clase de afectos comunes y la vergüenza es una de ellas.
Entonces, se trata de intentar no perder esas emociones que nos vinculan con el dolor de los demás.
Totalmente. Hay que apostar por esas emociones que nos revelan un vínculo con el otro como la indignación, la fraternidad, aunque suene a rancio o ingenuo. Pero se nos olvida que la fraternidad es de los tres principios de la Revolución Francesa.
Getty Images:
En tu libro dices que la ampliación del umbral de tolerancia nos ha llevado a la indolencia. Cuando se corre el umbral del dolor, ¿qué aparece? ¿El cinismo?
Me perturba la brutalidad de administraciones como la de Trump y Netanyahu. Pero también cómo hemos ampliado ese umbral de tolerancia a niveles críticos. Parte de eso responde también a esta abrumadora acumulación de información que vemos cada día en redes sociales y que tiende a insensibilizarse ante imágenes terribles.
Vemos un delfín que hace malabares en el agua en el Caribe mexicano y después pasamos a una imagen brutal. Creo que necesitamos pensar en cómo resistir a esa aclimatación, cómo cultivar la sorpresa, la curiosidad, aquella forma de indignarnos cuando vemos que se inflige un dolor a los demás.
Mencionas a Trump y a Netanyahu. ¿Te preocupa lo que ves en América Latina?
Sí, no estamos exentos. Si vemos lo que pasa en Chile, Argentina, Colombia son tiempos en los que nuestros avances en materia de derechos y libertades se han visto amenazados.
Por ejemplo, el ataque a las universidades públicas en un país como Argentina, en donde la universidad pública representa justamente ese pensamiento crítico, donde se puede cultivar esa sensibilidad, esa responsabilidad y vergüenza colectiva que que nos permita decir no.
Entonces Latinoamérica no escapa a esa preocupación por esta deriva autoritaria y esta ola neofascista que amenaza a la época.
Getty Images:
Sin embargo, en los casos que mencionas, son líderes que ganan elecciones y son muy populares. ¿Cómo se explica eso?
Eso que mencionas es muy importante. Por eso, hay que hacer autocrítica. Tenemos que pensar qué clase de condiciones tienen que cristalizar para que esta clase de sujetos y políticas no solo lleguen al poder, sino que sean extremadamente populares.
No me preocupa esta clase de sujetos. Me preocupa más los millones de personas que los votan, que los aúpan en los comentarios de las redes sociales, que cultivan ese malestar. Esa desafección es la que la que preocupa.
Creo que falta una narrativa potente, unas políticas públicas potentes desde la izquierda para volver a capturar a ese electorado que en el fondo se beneficiaría de las políticas.
Donde hay poder, hay resistencia. ¿Cuáles son esas fisuras que permiten responder a la política de la crueldad?
Me detengo mucho en eso en el libro. Creo que buena parte de la política contemporánea se juega en el espacio de la percepción.
Por eso, creo que desde el campo de la práctica artística encontramos ejemplos de cómo resistir a esos relatos hegemónicos, que perpetúan discursos abiertamente excluyentes, misóginos, xenófobos, racistas.
En una época en donde reina el ruido, la mentira, la ofensa, el insulto, creo que el lenguaje es parte central de la batalla. En una época en donde se descuida y se maltrata también el lenguaje, creo en el poder que tienen ciertas historias concretas para movernos con otros destinos.
Quizá suene ingenuo para algunos, pero a mí me parece que se juega en estas trincheras que tienen que ver con el periodismo de investigación a fuego lento, con dar clases y escribir novelas, en una época en donde nos informamos por redes y 40 segundos.
De lo que se trata justamente es de apelar a la posibilidad de vincularnos a través de la palabra, del lenguaje audiovisual, de las fotos, del cine para combatir esas narrativas que nos quieren hacer ver al migrante como un criminal.
BBC:
Descarga la nueva app del BBC World Service. Elige BBC News Mundo y recibe alertas de noticias, documentales y análisis, todo en un solo lugar. Importante: la nueva aplicación no está disponible en Reino Unido ni Estados Unidos.
