Category: Inmigracion

  • México presenta 20 denuncias en EE.UU. por muertes de connacionales bajo custodia del ICE

    México presenta 20 denuncias en EE.UU. por muertes de connacionales bajo custodia del ICE

    El Gobierno de México presentó 20 denuncias ante fiscalías estatales y de condado de Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales ocurridas desde mayo durante operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en una nueva escalada de las acciones emprendidas para exigir el esclarecimiento de los casos.

    En un comunidad, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este miércoles que las denuncias fueron interpuestas el pasado 13 de julio por el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, en las jurisdicciones donde ocurrieron los fallecimientos: ocho ante fiscalías estatales y doce ante fiscalías de condado en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Missouri y Texas.

    Además de estos recursos, la Embajada de México remitió el 14 de julio al Departamento de Justicia, por conducto del Departamento de Estado, la denuncia elaborada por la Fiscalía General de la República (FGR), con la solicitud formal de abrir investigaciones sobre los 17 casos e informar sobre el curso de las indagatorias.

    La Cancillería precisó que las acciones forman parte del seguimiento a las medidas anunciadas el pasado 9 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que el Gobierno mexicano denunciara la muerte de 17 connacionales en operativos o centros de detención del ICE desde mayo de este año.

    Asimismo, informó que el embajador Lazzeri sostuvo la semana pasada reuniones con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del ICE, a quienes expresó la preocupación del Gobierno mexicano por las condiciones en los centros de detención, incluidos los administrados por empresas privadas, y solicitó el esclarecimiento de cada uno de los fallecimientos.

    En paralelo, el canciller, Roberto Velasco Álvarez, envió una carta al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para solicitar que el organismo recabe información mediante solicitudes de aclaración a Estados Unidos, analice si los hechos son compatibles con los instrumentos internacionales de derechos humanos y emita recomendaciones para prevenir casos similares.

    La dependencia agregó que la red consular mantiene el acompañamiento jurídico a las familias de las víctimas, además de brindar apoyo para la repatriación de restos y otras gestiones que soliciten los familiares.

    Las nuevas acciones se producen después de que el pasado viernes Estados Unidos devolviera al Gobierno mexicano las cartas en las que expresaba su preocupación por los operativos migratorios y el trato a sus connacionales bajo custodia del ICE.

    México presenta 20 denuncias en EE.UU. por muertes de connacionales bajo custodia del ICE
    México presenta denuncias contra ICE.
    Crédito: Gregory Bull | AP

    El alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, argumentó que las misivas pretendían dirigir las acciones del personal estadounidense en su territorio soberano y recomendó a México plantear sus inquietudes mediante los canales diplomáticos habituales.

    La tensión bilateral aumentó tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, quien falleció el 7 de julio en Houston (Texas) después de recibir disparos de un agente del ICE durante un operativo migratorio, lo que intensificó los reclamos de México sobre el trato a los migrantes bajo custodia de las autoridades estadounidenses. EFE

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  • ICE cambia su código de vestimenta tras tiroteos y un operativo fallido en Las Vegas

    ICE cambia su código de vestimenta tras tiroteos y un operativo fallido en Las Vegas

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) implementó un nuevo código de vestimenta para sus agentes de deportación luego de varios incidentes que desataron críticas sobre la forma en que se realizan los operativos migratorios en el país, informó The Intercept, quien obtuvo un memorando interno confirmado por funcionarios de la agencia.

    La nueva política surge después de dos tiroteos mortales en los que participaron agentes del ICE y de un intento de arresto fallido en el aeropuerto de Las Vegas, donde los oficiales vestían ropa casual y no portaban una identificación visible.

    Uniformes obligatorios en operativos

    El memorando, firmado por el director interino del ICE, David Venturella, establece que los agentes deberán utilizar uniformes fácilmente identificables durante las operaciones en campo.

    Las nuevas reglas, según el medio citado, indican que el uniforme incluirá pantalones tácticos color caqui o marrón, un polo oficial del ICE y chaleco antibalas en operativos de alta visibilidad. Además, prohíben el uso de jeans, sudaderas con capucha, camisetas sin cuello y prendas con estampados.

    El documento también ordena que los agentes muestren claramente su placa durante las detenciones.

    El incidente en Las Vegas aceleró el cambio

    Según The Intercept, la decisión fue impulsada por un operativo realizado la semana pasada en el aeropuerto de Las Vegas, donde un video mostró a dos agentes vestidos con sudaderas intentando detener a un hombre mientras ocultaban parcialmente su identidad. La intervención terminó sin el arresto y provocó fuertes cuestionamientos.

    “No parecía profesional. No mostraron ninguna identificación al iniciar el proceso”, declaró un funcionario del ICE bajo condición de anonimato.

    Por su parte, Nick Wilson, director sénior de políticas de seguridad pública del Center for American Progress, afirmó que exigir uniformes visibles representa un avance.

    “La aplicación de la ley sin identificación es peligrosa, infunde miedo y erosiona la confianza pública”, señaló.

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo, en cambio, que el operativo fracasó porque un grupo de personas rodeó a los agentes, obligándolos a retirarse por razones de seguridad.

    Funcionarios consultados por el mismo medio consideran que el nuevo código de vestimenta podría marcar el inicio de una transformación más amplia dentro del ICE, con una mayor presencia de agentes uniformados y plenamente identificados durante los operativos.

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  • Juicio político a secretario Mullin por asesinatos de ICE, exigen Voto Latino y 50 organizaciones

    Juicio político a secretario Mullin por asesinatos de ICE, exigen Voto Latino y 50 organizaciones

    Voto Latino y 50 organizaciones interreligiosas, de derechos humanos, empresariales, de inmigración, veteranos y de derechos civiles, enviaron una carta al Congreso exigiendo la presentación inmediata de artículos de juicio político o ‘impeachment’ al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, por el asesinato de inmigrantes.

    Las organizaciones exigen una investigación exhaustiva del Congreso sobre la gestión del secretario Mullin que incluya las muertes de personas en centros de detención, los tiroteos perpetrados por agentes del Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), “y otros actos de violencia cometidos por el DHS durante su mandato”.

    La exigencia a congresistas se justifica por el asesinato de Lorenzo Salgado Araujo, un padre de familia que recibió disparos de agentes durante una parada de tráfico el 7 de julio de 2026, así como el asesinato de Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años con autorización para trabajar en Estados Unidos, quien recibió disparos de agentes del ICE en Biddeford, Maine, el 13 de julio de 2026.

    “Dos hombres latinos han muerto con una semana de diferencia, asesinados por la misma agencia que ha desatado el caos en nuestros barrios”, declaró Beatriz López, directora ejecutiva de Voto Latino. “Cuando asumió la dirección del Departamento de Seguridad Nacional, el secretario Mullin intentó desvincularse de los abusos de su predecesora, Kristi Noem. Pero en los últimos cuatro meses, ha quedado claro que Mullin no es diferente, sino que está exacerbando los peores impulsos de la agencia”.

    Además de las muertes de Salgado Araujo y de Durán Guerrero, la carta detalla otras violaciones de derechos documentadas bajo el liderazgo Mullin, incluida la obstrucción a la supervisión del Congreso en el Centro de Detención Delaney Hall en Nueva Jersey, “donde el DHS restringió las visitas y empleó gas lacrimógeno, gas pimienta y porras contra detenidos y activistas que investigaban huelgas de hambre, hacinamiento y una muerte bajo custodia”.

    La misiva fue enviada al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson (Louisiana) y al líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries (Nueva York), ya que un proceso de ‘impeachment’ inicia en esa Cámara.

    También se envió la carta al republicano Jim Jordan (Ohio), presidente del Comité Judicial, y al demócrata Jamie Raskin (Maryland), miembro demócrata de mayor rango en ese comité; así como al republicano Andrew Garbarino (Nueva York), presidente del Comité de Seguridad Nacional, y al demócrata Bennie Thompson (Mississippi), miembro de alto rango de tal comité.

    Desacato del DHS de órdenes judiciales

    Los activistas destacan que bajo Mullin, el DHS ha entrado en desacato de al menos 100 órdenes judiciales federales, además de recordar la negativa del propio secretario –durante su comparecencia ante el Senado en junio de 2026–, a comprometerse con el cumplimiento de esas órdenes.

    “Separación masiva de familias: más de 205,000 niños han perdido a uno de sus padres por detención desde que la administración asumió el cargo, incluyendo 145,000 niños ciudadanos estadounidenses y más de 22,000 con ambos padres detenidos”, recuerdan las organizaciones.

    A eso se suma el aumento de las muertes bajo custodia de ICE con 21 fallecimientos en 2026, ocho de las cuales ocurrieron desde que Mullin asumió el cargo en marzo.

    “Instamos a todos los líderes mencionados en esta carta a que la traten con la urgencia que requiere”, añadió López. “Hay vidas en juego, y cada día de inacción es un día más de destrucción para las familias”.

    Los defensores también alertan sobre la ampliación de la infraestructura de detención familiar en Texas, Arizona, California y Luisiana, incluida una instalación con capacidad para 528 familias y niños ubicada junto a un centro de vuelos de deportación.

    Voto Latino también hizo un llamado a la población a sumarse a la campaña “Una muerte es suficiente”, firmando una petición en MullinMustGo.com, para exigir que el actual titular del DHS sea retirado.

    “El Congreso debe actuar, y nuestra comunidad no guardará silencio hasta que se vaya”, indicó López.

    Hasta ahora, las autoridades federales culpan a los inmigrantes que murieron recientemente a manos de ICE, como incluso lo indicó el zar de la frontera, Tom Homan.

    Entre las organizaciones firmantes están el Center for Gender & Refugee Studies, el Center for Law and Social Policy, la Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), Democracy Power Project, Hispanic Federation, Immigrant Defenders Law Center (ImmDef), Latino Victory Project, Mi Familia Vota, Poder Latinx y UnidosUS Action Fund.

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  • Juan Jairo Coronilla, mexicano que murió tras huir de ICE en Florida, estaba de vacaciones

    Juan Jairo Coronilla, mexicano que murió tras huir de ICE en Florida, estaba de vacaciones

    Juan Jairo Coronilla Durán, el mexicano que murió atropellado por un tráiler en Florida tras huir de agentes el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se encontraba de vacaciones en Estados Unidos y contaba con una visa de turista, según autoridades mexicanas y una organización que brinda apoyo a su esposa.

    El hombre, originario de San Luis de la Paz, Guanajuato, murió el pasado 14 de julio en St. Augustine luego de que, según las autoridades, corrió hacia una carretera de alto tránsito durante un encuentro con agentes del ICE y terminó en la trayectoria de un camión.

    La información sobre su estancia en territorio estadounidense fue proporcionada por su esposa, Yezzika Alamilla, y por una organización que la ha acompañado después del fallecimiento.

    Su viaje a Estados Unidos comenzó en Georgia antes del accidente en Florida

    De acuerdo con Isaret Jeffers, fundadora de Colectivo ARBOL, Coronilla Durán había viajado desde Guanajuato hasta Atlanta, Georgia, para visitar familiares y amigos.

    Después de permanecer alrededor de tres semanas en esa ciudad, decidió trasladarse a la costa este de Florida para conocer las playas.

    Jeffers explicó que Alamilla contactó a la organización después de la muerte de su esposo para solicitar apoyo con su traslado desde México y con los trámites para recuperar los restos.

    La activista indicó que la familia sostiene que Coronilla Durán tenía una visa de turista y que no se encontraba en Estados Unidos por motivos laborales.

    Operativo de ICE en Florida

    La mañana del 14 de julio, Coronilla Durán viajaba en un vehículo junto con otras tres personas que se detuvo en una gasolinera antes de las 7:00 horas, informó la Patrulla de Carreteras de Florida.

    Según la versión oficial, al percatarse de la presencia de agentes del ICE y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), los cuatro ocupantes descendieron del vehículo y huyeron a pie

    Las autoridades señalaron que uno de ellos cruzó una carretera transitada y fue alcanzado por un tráiler que circulaba por la zona, que posteriormente fue identificado como Juan Jairo Coronilla Durán.

    Hasta el momento, las autoridades no han explicado qué originó el operativo ni cuál fue la situación de las otras tres personas que viajaban con Coronilla Durán.

    La Patrulla de Carreteras de Florida y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mantienen la investigación en curso.

    Familia prepara el traslado de sus restos a México

    Tras la muerte de Coronilla Durán, su esposa recibió apoyo de Colectivo ARBOL para viajar a Florida y realizar los procedimientos relacionados con la repatriación.

    La organización cubrió su boleto de avión y le proporcionó alojamiento temporal, mientras que el consulado mexicano también intervino para brindar asistencia.

    De acuerdo con Susana Guerra Vallejo, subsecretaria de atención a migrantes y asuntos de movilidad del gobierno de Guanajuato, el cuerpo será enviado desde Orlando hacia México en un vuelo comercial para posteriormente ser sepultado en su comunidad natal.

    Coronilla Durán dejó dos hijos: una bebé de siete meses y un niño de siete años.

    La esposa cree que el miedo influyó en su reacción

    Jeffers señaló que Alamilla considera que su esposo pudo haber actuado bajo una situación de temor durante el encuentro con los agentes federales.

    Según la representante de Colectivo ARBOL, la esposa del mexicano dijo que no entendía lo que estaba ocurriendo en ese momento.

    El Departamento de Seguridad Nacional no ha confirmado públicamente si Coronilla Durán contaba con una visa vigente ni ha ofrecido información adicional sobre las circunstancias del operativo.

    México pide revisar muertes relacionadas con acciones migratorias

    La muerte de Coronilla Durán ocurrió después de otros casos recientes relacionados con encuentros entre personas y autoridades migratorias estadounidenses.

    El gobierno mexicano informó que solicitó a fiscales generales estatales en Estados Unidos revisar muertes ocurridas durante operativos migratorios o bajo custodia del ICE para determinar si existen elementos que requieran acciones legales.

    El caso de Florida continúa bajo investigación mientras la familia del mexicano espera el regreso de sus restos a Guanajuato.

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  • Juez de Texas bloquea deportación de testigo tras muerte de Lorenzo Salgado en operativo de ICE

    Juez de Texas bloquea deportación de testigo tras muerte de Lorenzo Salgado en operativo de ICE

    La disputa legal por uno de los testigos del operativo de ICE que terminó con la muerte de Lorenzo Salgado Araujo dio un nuevo giro en Texas, luego de que un juez federal bloqueara temporalmente la deportación de José Trinidad Rojas Pliego, quien se encontraba en el vehículo durante el incidente ocurrido en Houston.

    El juez Keith P. Ellison, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, ordenó que Pliego no pueda ser expulsado del país ni trasladado fuera de esa jurisdicción mientras la corte revisa su caso.

    La decisión representa una pausa en el proceso migratorio contra uno de los hombres que podría aportar información sobre el operativo que terminó con la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, un caso que ha generado cuestionamientos sobre las acciones de los agentes federales.

    Defensa rechaza que Pliego sea un riesgo

    El abogado Raed González presentó una petición de hábeas corpus para solicitar la liberación de Pliego y de Daniel Tirado Pantoja, otro hombre que viajaba en la camioneta cuando ocurrió el enfrentamiento y que también permanece bajo custodia federal.

    Según los documentos entregados al tribunal, Pliego no tiene antecedentes penales y lleva casi tres décadas viviendo en Estados Unidos. Su abogado señaló que reside en el país desde 1998, mantiene una relación con una ciudadana estadounidense y tiene tres hijos y cuatro hijastros que cuentan con ciudadanía estadounidense.

    En el caso de Pantoja, la defensa indicó que vive en Estados Unidos desde 1996, tiene un hijo y una hijastra ciudadanos estadounidenses y tampoco cuenta con historial criminal.

    Ambos hombres permanecen detenidos en el Centro de Procesamiento de ICE de Montgomery, en Conroe, Texas.

    El tribunal analiza la situación migratoria de testigo

    La orden del juez Ellison no resuelve el caso migratorio de Pliego, pero impide que las autoridades lo deporten mientras la corte evalúa los argumentos presentados por su defensa.

    El abogado sostiene que la permanencia de Pliego bajo custodia afecta su capacidad para participar en la investigación relacionada con la muerte de Salgado Araujo y cuestiona que pueda ser removido del país antes de que se aclaren las circunstancias del operativo.

    Otro recurso judicial fue presentado en nombre de Víctor Hugo Salgado Araujo, hermano del hombre fallecido, quien también permanece detenido por autoridades migratorias.

    ICE defiende el uso de la fuerza durante el operativo

    El enfrentamiento que provocó la muerte de Salgado Araujo ocurrió el 7 de julio durante un control de tráfico en Houston.

    De acuerdo con ICE, Salgado Araujo,
    quien presuntamente no tenía autorización migratoria para permanecer en Estados Unidos, ignoró las órdenes de los agentes y utilizó el vehículo como una amenaza al intentar atropellar a un funcionario.

    La agencia afirmó que el disparo ocurrió como una respuesta de defensa propia.

    Hasta el momento, no se han presentado cargos contra ninguna persona relacionada con el incidente y la investigación continúa abierta.

    Representantes locales han cuestionado la versión oficial y han señalado que Salgado Araujo, ciudadano mexicano que vivió y trabajó en Estados Unidos durante 35 años, no era el objetivo principal del operativo.

    El caso provoca críticas sobre las operaciones migratorias de ICE

    La muerte de Salgado Araujo generó protestas pacíficas en Houston y llevó a algunos legisladores demócratas de Texas a pedir una revisión de las operaciones de control migratorio realizadas por ICE.

    Los críticos del operativo han señalado la necesidad de mayor transparencia en los procedimientos utilizados por los agentes federales, mientras que las autoridades migratorias defienden sus acciones como parte del cumplimiento de las leyes de inmigración.

    Con la orden emitida por el tribunal federal, Pliego permanecerá protegido temporalmente contra la deportación mientras avanza la revisión judicial de su caso y continúa la investigación sobre la muerte de Salgado Araujo.

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  • ICE registra su mayor cifra de detenciones bajo Trump y julio avanza hacia un nuevo récord

    ICE registra su mayor cifra de detenciones bajo Trump y julio avanza hacia un nuevo récord

    El ritmo de las detenciones migratorias en Estados Unidos apunta a un nuevo récord durante julio, después de que ICE y CBP arrestaran a 43,138 extranjeros en junio, la cifra mensual más alta registrada durante la Administración del presidente Donald Trump.

    Los datos de junio, correspondientes al año fiscal 2026, muestran que ICE realizó 39,563 arrestos, mientras que otros 3,575 fueron efectuados por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

    La tendencia no se ha frenado. En los primeros 11 días de julio, las dos agencias acumularon 16,213 detenciones, con una media diaria de 1,593 personas bajo custodia migratoria.

    Si ese promedio se mantiene durante el resto del mes, julio podría terminar con cerca de 50,000 arrestos, superando ampliamente el registro anterior. Aun así, el ritmo estaría por debajo del objetivo de 2,000 detenciones diarias fijado por la Casa Blanca, según funcionarios citados por The New York Times.

    Estrategia de la Administración Trump

    El incremento de las operaciones responde a la estrategia migratoria de Trump, que ha establecido nuevas metas para aumentar las detenciones y acelerar las deportaciones de extranjeros.

    Sin embargo, la intensificación de los operativos también ha provocado protestas y cuestionamientos por el uso de la fuerza. En julio, dos inmigrantes murieron tras incidentes en los que participaron agentes migratorios.

    El primero fue Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años, quien murió el 7 de julio en Houston, Texas. Seis días después falleció el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, durante un operativo en Biddeford, Maine.

    La lista de incidentes mortales se amplió el 14 de julio, cuando un mexicano que había ingresado a Estados Unidos con una visa murió atropellado por un camión en una autopista de Florida mientras escapaba de un operativo migratorio.

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  • Revés judicial para Mohsen Mahdawi: tribunal permite que avance el proceso de deportación impulsado por Trump

    Revés judicial para Mohsen Mahdawi: tribunal permite que avance el proceso de deportación impulsado por Trump

    Un tribunal federal de apelaciones revocó la orden que había permitido la liberación de Mohsen Mahdawi, estudiante de la Universidad de Columbia y residente permanente en Estados Unidos, al considerar que un juez federal intervino antes de tiempo en su proceso migratorio.

    El fallo del Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos no determinó si el gobierno violó los derechos constitucionales de Mahdawi ni si su detención estuvo relacionada con sus opiniones políticas. Los jueces señalaron que esas cuestiones deberán analizarse después de que el caso avance dentro del sistema de inmigración.

    La decisión representa una victoria para la administración del presidente Donald Trump, que ha defendido sus medidas contra estudiantes extranjeros señalados por participar en protestas o expresar críticas hacia Israel, argumentando que los tribunales federales tienen una autoridad limitada durante procesos migratorios activos.

    ICE detuvo a Mahdawi durante una entrevista de naturalización

    Mahdawi, de 35 años, nació en un campo de refugiados en Cisjordania y obtuvo la residencia permanente legal en Estados Unidos en 2015. Su situación migratoria cambió en abril de 2025, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo arrestaron en Vermont mientras acudía a una entrevista relacionada con su solicitud de ciudadanía estadounidense.

    Sus abogados afirmaron que Mahdawi esperaba completar una etapa del proceso de naturalización cuando fue detenido por agentes vestidos de civil. Después del arresto, un juez federal de Vermont ordenó su liberación al considerar que existían elementos para revisar si la administración estaba actuando contra él por sus expresiones políticas protegidas por la Constitución.

    Sin embargo, el tribunal de apelaciones determinó que esa intervención judicial ocurrió antes de que concluyera el procedimiento migratorio correspondiente.

    Su defensa busca frenar la orden de expulsión

    Mahdawi enfrenta una orden de expulsión emitida por la Junta de Apelaciones de Inmigración, mientras su equipo legal continúa presentando recursos para evitar su deportación. El Segundo Circuito aclaró que el activista aún puede solicitar una revisión ante los tribunales federales, pero solo después de completar las etapas establecidas dentro del proceso migratorio.

    Los abogados de Mahdawi, pertenecientes a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), señalaron que la decisión deja abierta la posibilidad de una nueva detención mientras avanza la apelación. Tras conocerse el fallo, Mahdawi calificó la resolución como un retroceso y advirtió que podría permitir que el gobierno utilice los procedimientos migratorios para castigar la disidencia política.

    El gobierno de Trump celebra la decisión

    El Departamento de Seguridad Nacional respaldó la resolución y aseguró que representa una victoria para el cumplimiento de las leyes migratorias. La agencia sostuvo que permanecer en Estados Unidos mediante una visa o residencia es un privilegio condicionado al respeto de las normas del país. Mahdawi fue incluido por el secretario de Estado Marco Rubio entre los estudiantes extranjeros que, según la administración, podrían enfrentar consecuencias migratorias por representar posibles efectos adversos para la política exterior estadounidense.

    Las acusaciones presentadas contra Mahdawi

    Durante el proceso de deportación, el gobierno presentó antecedentes relacionados con dos episodios.
    El primero ocurrió en 2015, cuando el propietario de una tienda de armas afirmó que Mahdawi habría realizado comentarios sobre fabricar armas para matar judíos mientras vivía en Palestina. El estudiante reconoce haber visitado el establecimiento, pero niega haber hecho esas declaraciones.

    El segundo caso corresponde a 2019, cuando autoridades fronterizas presuntamente encontraron sustancias ilegales durante una inspección. Mahdawi rechazó esa acusación y su defensa indicó que cualquier registro relacionado con ese episodio fue eliminado después de completar un programa de reinserción.

    Un caso dentro del debate sobre estudiantes extranjeros

    El proceso contra Mahdawi forma parte de una serie de disputas migratorias que involucran a estudiantes extranjeros vinculados con protestas relacionadas con la guerra entre Israel y Hamás. Su caso tiene similitudes con el de Mahmoud Khalil, otro estudiante de la Universidad de Columbia que enfrenta un procedimiento migratorio. En ambos casos, los tribunales de apelaciones han evitado pronunciarse sobre las acusaciones de persecución política y se han concentrado en los límites de la intervención judicial.

    También continúa pendiente una resolución sobre Rumeysa Ozturk, estudiante de doctorado de la Universidad de Tufts detenida después de participar en la publicación de un artículo crítico con Israel.

    Con la decisión del Segundo Circuito, Mahdawi deberá continuar su defensa dentro del sistema migratorio mientras intenta detener su deportación y buscar una futura revisión judicial de sus argumentos.

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  • “Deportado o muerto”: HRW y ACLU denuncian graves abusos contra migrantes en Camp East Montana

    “Deportado o muerto”: HRW y ACLU denuncian graves abusos contra migrantes en Camp East Montana

    La política de detención migratoria en Estados Unidos volvió a quedar bajo escrutinio tras la publicación de un informe de Human Rights Watch (HRW) y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que documenta presuntas violaciones a los derechos humanos en Camp East Montana, el mayor centro de detención para migrantes del país, ubicado dentro de la base militar de Fort Bliss, en El Paso, Texas.

    El documento, de 84 páginas, reúne testimonios de decenas de personas detenidas entre octubre de 2025 y junio de 2026, quienes denunciaron golpizas, negligencia médica, aislamiento prolongado, obstáculos para acceder a representación legal y condiciones de reclusión que, según las organizaciones, podrían constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes conforme al derecho internacional.

    Camp East Montana, administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tiene capacidad para albergar hasta 5,000 personas en cinco estructuras tipo carpa instaladas dentro de Fort Bliss.

    Denuncian uso excesivo de la fuerza y muertes bajo custodia

    Uno de los casos que centra el informe es la muerte del ciudadano cubano Geraldo Lunas Campos, de 55 años, ocurrida el 3 de enero de 2026 mientras permanecía en una unidad de aislamiento.

    De acuerdo con testimonios recopilados por HRW, varios guardias lo inmovilizaron después de que solicitara sus medicamentos. Algunos detenidos aseguraron haber escuchado al migrante gritar repetidamente: “No puedo respirar” antes de que el lugar quedara en silencio. En su momento, ICE informó que el personal encontró al detenido con problemas médicos y que intentó reanimarlo. Sin embargo, la autopsia determinó que falleció por asfixia derivada de la compresión del cuello y el torso, además de clasificar la muerte como homicidio.

    Deportado o muerto HRW y ACLU denuncian graves abusos contra migrantes en Camp East Montana
    Migrantes con mascarillas y grilletes en manos y pies permanecen sentados en un avión militar en Fort Bliss, El Paso, Texas, el 30 de enero de 2025, a la espera de ser deportados a Guatemala.
    Crédito: Christian Chavez/ Archivo | AP

    El informe sostiene que Lunas Campos fue uno de los tres migrantes fallecidos en Camp East Montana durante los últimos seis meses y forma parte de las decenas de muertes registradas bajo custodia migratoria desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, según cifras citadas por las organizaciones.

    Además de este caso, 64 de las 71 personas entrevistadas afirmaron haber sufrido agresiones físicas o presenciado golpizas presuntamente cometidas por personal de seguridad del centro. Varios testimonios describen que los guardias portaban uniformes negros, máscaras y carecían de identificaciones visibles.

    Javier C., entrevistado en Ft. Bliss, Texas, diciembre de 2025, señaló: “Nunca había sentido el racismo como lo he sentido aquí dentro de este centro de detención. Cuando llegué por primera vez, los guardias me dijeron: “Cuando llegues a El Paso, Texas, no hay vuelta atrás. Solo saldrás deportado o muerto”.

    Hacinamiento, falta de atención médica y llamados al cierre

    El reporte también describe condiciones sanitarias deficientes dentro del complejo. Los entrevistados denunciaron módulos hacinados con hasta 72 personas compartiendo seis baños y seis duchas, instalaciones cubiertas de desechos, inundaciones frecuentes y escasez de productos básicos de higiene como jabón, pasta dental y desinfectante.

    Las organizaciones documentaron además retrasos de semanas o incluso meses para recibir atención médica, interrupciones en tratamientos previamente prescritos y respuestas insuficientes ante emergencias de salud física y mental.

    Algunos migrantes aseguraron haber permanecido largos periodos sin acceso al exterior ni actividades recreativas, mientras que otros reportaron haber perdido peso debido a porciones insuficientes o alimentos en mal estado. El informe también recoge denuncias de presuntas presiones para que algunos detenidos renunciaran a sus procesos migratorios y aceptaran ser deportados a terceros países, incluso cuando sus casos continuaban abiertos.

    Tras presentar sus hallazgos, Human Rights Watch y la ACLU solicitaron al gobierno estadounidense cerrar Camp East Montana, realizar investigaciones independientes sobre las muertes bajo custodia, revisar las denuncias de uso excesivo de la fuerza y garantizar mecanismos efectivos de rendición de cuentas para el personal involucrado.

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  • “Los agentes migratorios se sienten protegidos y con derecho de hacer lo que quieran”, advierte experta Marielena Hincapié

    “Los agentes migratorios se sienten protegidos y con derecho de hacer lo que quieran”, advierte experta Marielena Hincapié

    Marielena Hincapié, abogada e investigadora en Derecho y Política Migratoria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell, y exdirectora ejecutiva del National Immigration Law Center (NILC), conoce el tema migratorio a nivel personal, como inmigrante naturalizada nacida en Colombia.

    También, a nivel profesional, lleva décadas involucrada en la asistencia legal de inmigrantes y en la complejidad de los esfuerzos por conseguir la esquiva reforma migratoria que legalice a millones.

    El tema es tan personal que la semana pasada, cuando un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató al inmigrante colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 25 años de edad, su corazón dio un vuelco.

    “Yo estaba viajando y cuando escuché las noticias de un joven colombiano, inmediatamente pensé en mi sobrino que vive en Maine y se me bajó el corazón. Me comuniqué con él, que vive como a diez minutos de donde ocurrió el asesinato, y creo que esa misma mañana o el día anterior, había pasado por esa intersección en su bicicleta. Y su papá es indocumentado”, narró Hincapié.

    “Mi sobrino es nacido en Colombia, pero ya es ciudadano porque mi hermana es ciudadana, pero ha estado tan impactado porque como él dice, ‘me podría haber pasado a mí’”, agregó.

    El terror de su sobrino es el de toda una comunidad ante los excesos de agentes migratorios que operan con total impunidad. La muerte del joven colombiano fue la segunda de un inmigrante latino en 6 días tras la muerte a tiros del mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston, Texas, por un agente de ICE.

    La conversación con Hincapié abordó varios aspectos sobre la política migratoria del presidente Donald Trump.

    ¿A qué responde esta escalada de violencia y la impunidad que la acompaña?

    “Creo que parte de lo que está pasando en este momento es que los ataques antiinmigrantes han llegado a tal nivel de violación que ninguno estamos exentos de que nos toque. Pensé que cuando asesinaron a los dos ciudadanos en Minnesota (Renée Good y Alex Pretti), eso iba a cambiar las cosas. Hasta cierto punto sí, pues fue parte de lo que le abrió los ojos al pueblo estadounidense. Pero el problema es la impunidad. Que no hay rendición de cuentas de forma automática y pasamos entonces al próximo incidente.

    “Por ejemplo, tras el asesinato de Maine, el DHS indicó que haría una pausa en las detenciones de tránsito, pero Trump salió diciendo que no, que sigan con su trabajo. Tienen el apoyo del presidente.

    “Y esto no es nuevo. Estamos hablando de agencias donde reina una cultura de violencia. Especialmente los agentes de la Patrulla Fronteriza han cometido muchos crímenes aunque no han sido encontrados culpables y ni siquiera enjuiciados en muchos casos. Pero todo esto estaba fuera de la vista de la mayoría de la gente porque ocurría en la frontera y cuando la gente estaba tratando de cruzar.

    “Pero ahora está ocurriendo al interior del país, en nuestras ciudades, y tienen permiso desde los más altos niveles, y una cantidad de dinero a su disposición que es una atrocidad. Los agentes se sienten protegidos y con derecho de hacer lo que quieran.

    “Y seguimos con la misma narrativa de que no importa que estamos hablando de trabajadores, de padres de familia, de personas que llevan décadas viviendo aquí, pero ellos y Trump en particular, siguen mintiendo, diciendo que son personas que han cometido crímenes, y aunque los hubieran cometido, no se les debe de matar sino seguir el debido proceso de ley.”

    ¿Se están normalizando entonces las violaciones de derechos y el atropello a la Constitución?

    “Sí. En realidad lo que estamos viendo son violaciones de derechos humanos. Si esto hubiera ocurrido en cualquier otro país, el gobierno de los Estados Unidos estaría criticando a esos gobiernos por violación de derechos humanos, por matanzas y asesinatos extrajudiciales. Y los agentes de inmigración aquí en Estados Unidos básicamente están funcionando como paramilitares, haciendo el trabajo de un gobierno y un presidente que ha decidido que los migrantes son menos que humanos, que somos inferiores, que no pertenecemos aquí, que no debemos de estar aquí, y está dispuesto a hacer lo que sea sin importar lo que diga la Constitución ni la humanidad de cada persona”.

    Y entonces, ¿qué va a pasar? Porque tenemos un poder ejecutivo antiinmigrante, un poder legislativo de mayoría republicana que es un sello de goma del presidente, y un poder judicial que a veces falla en contra de Trump y gira órdenes que la administración simplemente ignora, y en otras instancias falla a favor de Trump.

    “Yo diría que hay cuatro formas en las que se puede enfrentar esto.

    “Primero, hemos visto el poder de la gente cuando se une, cuando las comunidades se organizan. Lo vimos no solamente en Minneapolis después de la ocupación del DHS y de los asesinatos de los dos estadounidenses, pero también lo hemos visto en otras comunidades. Por ejemplo, yo estoy viviendo en Pennsylvania y hay un pueblo que se llama Downingtown con una comunidad anglosajona y conservadora y muchos votaron por Trump, pero se unieron para apoyar a una pareja, ella ciudadana, él mexicano, pero residente del estado por casi 30 años. Fue detenido por ICE y la presión logró que lo liberaran después de nueve meses en detención. Y eso no fue un cambio de ley, o una demanda. Es el poder de la comunidad cuando se organiza y decide luchar contra algo que considera injusto.

    “En segundo lugar, está el poder de los políticos a nivel estatal y local. Es cierto que algunos dicen que no pueden hacer nada porque no tienen jurisdicción sobre agencias federales, pero ya hemos visto en California, en Illinois, en Minnesota, en otros estados, cuando los fiscales generales o los gobernadores o los alcaldes dicen nosotros vamos a estar documentando las violaciones para que el día que estemos en control podamos entonces tomar medidas en contra de los agentes individuales pero también de la agencia como tal.

    “Las investigaciones independientes son vitales. Si es una violación de derechos humanos, de derechos civiles, de la Constitución en una zona geográfica específica, los gobernantes tienen el derecho de hacer su propia investigación. Entonces, yo creo que a corto plazo, es ahí donde tenemos que poner presión y asegurarnos que esos gobernantes, esos políticos también tomen medidas y asuman el liderazgo en contra de esta administración.

    “En tercer lugar, está el papel del voto. Ahora vienen las elecciones de medio tiempo y si la Cámara de Representantes por lo menos cambia de mando, es el organismos que tiene un papel muy importante con respecto al presupuesto de estas agencias migratorias asegurándose que haya un balance y que se estén siguiendo todos los requisitos bajo la Constitución.

    “Desafortunadamente, en este momento al Partido Republicano se le olvidó gobernar, se le olvidó legislar. No están haciendo su trabajo y eso no es solamente peligroso para los inmigrantes sino para la democracia porque estamos viendo a una de las tres ramas del gobierno, la legislativa, que ha dejado de funcionar por intereses políticos.

    “En cuarto lugar están las demandas interpuestas contra las acciones de esta administración en materia migratoria. Hemos visto una y otra vez, sin importar si los jueces han sido nombrados por presidentes demócratas o republicanos, que esta administración sigue perdiendo ante las cortes. Las violaciones son tantas y son tan claras que las cortes están frenando muchas de estas acciones migratorias. El problema es que esta administración también se ha rehusado a seguir las órdenes de los tribunales pero, sin embargo, hay que seguir interponiendo todas las demandas posibles porque es la única manera de documentar y tratar de lograr justicia en cada caso individual pero también un cambio sistemático estructural”.

    Hincapié está escribiendo un libro, Becoming America, que se publicará en 2028, que es la historia del país, pero señala que será narrado como una novela de familia, de su familia. Uno de los puntos que Hincapié quiere resaltar es que la lucha por la democracia no puede separarse de la lucha por los inmigrantes porque se entrelazan “desde el principio del país hace 250 años”.

      “La exclusión de inmigrantes ha debilitado la democracia y en los momentos en que hemos sido más inclusivos, esa democracia se ha fortalecido”.

    1. Tribunal federal suspende revocación de permisos de trabajo para beneficiarios de TPS y asilo

      Tribunal federal suspende revocación de permisos de trabajo para beneficiarios de TPS y asilo

      Un tribunal federal de Massachusetts otorgó una medida cautelar de emergencia para suspender la aplicación de nuevas políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que amenazaban con retirar los permisos de trabajo a miles de beneficiarios del TPS y solicitantes de asilo.

      La sentencia mantiene su vigencia durante el desarrollo del litigio y frena los efectos normativos derivados de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act. La medida legal evita que los beneficiarios del TPS pierdan su permiso para trabajar legalmente a partir del 22 de julio, informó la organización Democracy Foward, que logró acceder a la sentencia.

      Asimismo, el fallo también protege a los solicitantes de asilo ante la cancelación de sus autorizaciones laborales y el rechazo de sus expedientes sin el debido procedimiento formal.

      Organizaciones demandantes y argumentos

      La demanda fue interpuesta de forma conjunta por la Asociación Venezolana de Massachusetts, la Alianza Nacional TPS, el Proyecto de Apoyo para Solicitantes de Asilo (ASAP), el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) y la seccional 32BJ SEIU. La representación legal del colectivo está a cargo de las organizaciones Democracy Forward, la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) y ASAP.

      Las entidades demandantes cuestionan las medidas de USCIS por establecer trabas administrativas sin previo aviso ni debido proceso. Tras conocerse el dictamen, la coalición y sus asesores legales expresaron en un comunicado conjunto:

      Esta decisión protege a miles de solicitantes de asilo y titulares de TPS de un daño inmediato e irreparable mientras avanza este caso. Sin este alivio, las familias que han cumplido con la ley y han confiado en protecciones humanitarias de larga data se enfrentaban a la pérdida repentina de su autorización de empleo y de su capacidad para mantenerse por sí mismas sin culpa alguna”, expresó la coalición.

      Las organizaciones agregaron además que los solicitantes de asilo enfrentaban el rechazo de sus solicitudes de alivio, por lo que la orden, según señalan, brinda protección mientras el tribunal considera las serias cuestiones legales presentadas en este caso.

      Seguimos comprometidos a garantizar que las personas que buscan seguridad y las protegidas por el TPS reciban el proceso legal que el Congreso garantizó y que estas políticas ilegales queden anuladas permanentemente“, concluyó la coalición.

      El expediente se tramita bajo la denominación Asociación Venezolana de Massachusetts y otros contra USCIS, entre otros.

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