Category: Inmigracion

Las autoridades sanitarias de Colorado dieron a conocer que investigan la confirmación de un caso de tuberculosis descubierto en una persona ingresada en un centro de detención de inmigrantes ubicado en Aurora, la tercera ciudad más grande de Denver.

Aunque algunos medios informativos locales señalan que, hasta una docena de internos podrían haber adquirido la enfermedad, todavía no se efectúa una visita de especialistas para verificar tal señalamiento al interior de las instalaciones donde temporalmente llegan a ubicarse a cientos de personas detenidas por haber ingresado al territorio estadounidense sin la documentación necesaria para avalar su estancia.

La única información oficial publicada por el Departamento de Salud del condado Adams es que, en el inmueble administrado por la empresa privada GEO Group para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sólo existe un enfermo, pero no se especifica de quién se trata.

La preocupación de los familiares de los extranjeros carentes de estatus legal que permanecen en el sitio con capacidad para albergar hasta 1,500 detenidos es la posibilidad de que la bacteria de la tuberculosis se haya extendido, pues no existe un protocolo sanitario implementado para al menos marcar una sana distancia entre las personas.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se transmite exclusivamente a través del aire cuando un enfermo tose, estornuda, habla o incluso llega a cantar.

En casos extremos, sino se atiende a tiempo, puede llegar a dañar principalmente a los pulmones, pero también a otros órganos como el cerebro, los riñones o la columna vertebral.

A raíz de que el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) señaló que el Departamento de Salud de Adams y la Clínica de Tuberculosis de Denver reportó “obstáculos” para investigar lo qué sucede en el mencionado centro de detención, se le exigió a GEO Group, además de permitir el ingreso de especialistas para corroborar que no haya más enfermos, entregar los expedientes médicos de toda la población en el lugar, incluidos los empleados en servicio, contratistas, visitantes y personas trasladadas o liberadas.

“La continua falta de GEO de proporcionar acceso completo y oportuno está obstaculizando una investigación de salud pública.

Cada retraso hace más difícil identificar, examinar y tratar a las personas que pudieron haber estado expuestas y aumenta el riesgo de una mayor transmisión”, indica un comunicado emitido por la CDPHE.

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Chuck Schumer responsabilizó a los republicanos por las recientes muertes ocurridas durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al asegurar que rechazaron reformas destinadas a aumentar la supervisión sobre los agentes federales.

Durante un discurso en el pleno del Senado, Schumer sostuvo que el Partido Demócrata impulsó medidas para establecer cámaras corporales, requisitos de órdenes judiciales, normas sobre el uso de la fuerza y mayor capacitación para los agentes de ICE, pero aseguró que todas fueron rechazadas por la mayoría republicana.

“Los republicanos del Senado saben perfectamente que fueron ellos quienes abandonaron nuestras reformas de sentido común para imponer límites al ICE”, afirmó Schumer.

Demócratas insisten en imponer controles a ICE

El senador criticó especialmente a la republicana Susan Collins, de Maine, por responsabilizar a los demócratas de la situación, pese a que —según recordó— votó en contra de una enmienda que buscaba obligar a los agentes de ICE a portar cámaras corporales.

Schumer aseguró que, de haberse aprobado esas medidas, algunos hechos recientes podrían haberse evitado.

“Si los republicanos hubieran aceptado nuestra propuesta de exigir cámaras corporales, requisitos de órdenes judiciales, normas sobre el uso de la fuerza y otras reformas básicas, estas muertes podrían haberse evitado”, declaró.

El líder demócrata también cuestionó que los republicanos aprobaran un paquete presupuestario que destinó decenas de miles de millones de dólares a las agencias migratorias sin incluir mecanismos adicionales de supervisión.

Además, criticó el restablecimiento de políticas relacionadas con detenciones de vehículos y cuestionó la postura de la administración del presidente Donald Trump respecto a la actuación de los agentes federales.

Al cierre de su intervención, Schumer lanzó uno de sus mensajes más duros contra la bancada republicana.

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La investigación por el tiroteo en el que murió Lorenzo Salgado Araujo, un inmigrante mexicano abatido por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, tomó un nuevo giro luego de que se hiciera pública una supuesta orden de registro del FBI enfocada en la búsqueda de presuntas drogas dentro del vehículo, en lugar de evidencias relacionadas directamente con el uso de la fuerza.

De acuerdo con un reporte de KHOU 11 Investigates, la solicitud, autorizada por un juez federal, señala que agentes del FBI observaron varias bolsas con una sustancia blanca cristalina dentro de la camioneta que conducía Salgado el pasado 7 de julio.

Según la declaración jurada, el empaquetado y la apariencia de la sustancia “son consistentes con la metanfetamina“, por lo que los investigadores solicitaron inspeccionar el vehículo con base en una posible violación a las leyes federales sobre sustancias controladas.

La orden judicial abre nuevas interrogantes

Uno de los aspectos que más llamó la atención es que la orden judicial no utiliza como fundamento principal el presunto ataque contra agentes federales anunciado días antes por ICE, sino la posible presencia de narcóticos.

La analista legal de KHOU 11, Carmen Roe, consideró inusual que el documento se hiciera público en una etapa tan temprana de la investigación.

“Parece un intento del gobierno de reinterpretar la situación que todos vimos desarrollarse”, afirmó Roe.

La especialista también cuestionó que el FBI dedicara recursos a una posible posesión de drogas cuando aún existe una investigación abierta sobre el tiroteo.

Persisten versiones encontradas sobre el tiroteo

El documento judicial señala que agentes de ICE intentaron detener la camioneta, pero que el conductor habría cruzado un camellón para escapar y que los oficiales no iniciaron una persecución.

Sin embargo, KHOU 11 Investigates asegura haber revisado videos donde aparentemente se observa a vehículos sin identificación de ICE siguiendo la camioneta durante varias cuadras antes del enfrentamiento.

Por su parte, ICE sostiene que Lorenzo Salgado Araujo utilizó el vehículo como arma para intentar atropellar a un agente, quien respondió disparando en defensa propia.

En contraste, el abogado Hugo Balderas-Ibarra, así como la congresista Sylvia García, señalaron que los ocupantes de la camioneta aseguran que el vehículo ya estaba detenido cuando un agente abrió fuego a través de la ventanilla del pasajero.

El alcalde de Houston, John Whitmire, pidió transparencia durante las investigaciones y lamentó que los agentes federales involucrados no portaran cámaras corporales.

“Quiero que sean transparentes y que informen en tiempo real lo que descubran. Es necesario revelar todos los detalles del tiroteo”, declaró Whitmire.

Mientras tanto, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS-OIG) mantiene abierta la investigación sobre el uso de la fuerza, mientras el FBI continúa indagando el presunto asalto contra un agente federal y otros posibles delitos relacionados con el caso.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado al Gobierno de Estados Unidos para que las políticas migratorias se apliquen con pleno respeto a los derechos humanos y sin criminalizar a las personas por su condición migratoria. Sus declaraciones se produjeron luego de que se confirmara la muerte de un ciudadano mexicano durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria reiteró que México no comparte una política migratoria del presidente Trump que considere la migración como un delito y sostuvo que cualquier procedimiento de deportación debe realizarse con apego a la ley y al respeto de la dignidad humana.

“Si hay alguna persona que haya cometido algún delito, pues debe perseguirse. Pero la migración no debe criminalizarse. Si una persona, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, debe ser deportada, que se haga en el marco del respeto a los derechos humanos”, expresó.

Confirman muerte de un mexicano tras operativo del ICE en Florida

Las declaraciones de Sheinbaum ocurrieron después de que se confirmara el fallecimiento de un ciudadano mexicano que intentó escapar durante un operativo migratorio en Florida.

La presidenta explicó que, de acuerdo con la información proporcionada por autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el connacional corrió para evitar ser detenido y perdió la vida al ser atropellado cuando cruzaba una vialidad.

“En un operativo del ICE él corre y, al cruzar una calle, es atropellado”, señaló.

Hasta ahora, las autoridades mexicanas informaron que la identidad de la víctima aún no ha sido confirmada públicamente.

México dará seguimiento al caso por la vía diplomática

Sheinbaum indicó que este fallecimiento será incorporado a las acciones diplomáticas y legales que el Gobierno mexicano mantiene para proteger a los connacionales que enfrentan procedimientos migratorios en Estados Unidos.

Explicó que las autoridades consulares ya brindan acompañamiento y que el caso formará parte de las denuncias que México ha impulsado por incidentes registrados durante operativos del ICE.

La mandataria insistió en que la cooperación entre ambos países debe privilegiar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, independientemente de su situación legal.

Caso se suma a otras muertes recientes relacionadas con el ICE

La muerte del mexicano en Florida ocurre apenas unos días después del fallecimiento de Lorenzo Salgado Araujo, quien murió tras recibir un disparo de un agente del ICE durante un operativo realizado en Houston, Texas.

A estos hechos se suma el caso del ciudadano colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26 años, quien también perdió la vida recientemente durante un incidente con autoridades migratorias en Maine.

Los casos han incrementado el escrutinio sobre los procedimientos utilizados por el ICE durante sus operativos en distintas regiones de Estados Unidos.

Sheinbaum volverá a plantear el tema a Donald Trump

La presidenta reconoció que recientemente no ha sostenido una conversación con el mandatario estadounidense, Donald Trump, aunque adelantó que la situación de los migrantes mexicanos será uno de los temas que abordará cuando vuelva a dialogar con él.

Recordó que la protección de los connacionales ha sido un asunto recurrente en las conversaciones bilaterales y aseguró que México continuará defendiendo el respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos en el extranjero.

México mantiene denuncias por muertes de connacionales

Como parte de la respuesta institucional, el Gobierno de México informó que ha presentado denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos por la muerte de ciudadanos mexicanos ocurridas durante operativos migratorios o mientras permanecían bajo custodia del ICE.

Además, solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, recabar información sobre estos hechos y dar seguimiento a las posibles violaciones a los derechos humanos de migrantes mexicanos en territorio estadounidense.

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La investigación por el tiroteo en el que murió Lorenzo Salgado Araujo, un inmigrante mexicano abatido por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, tomó un nuevo giro luego de que se hiciera pública una orden de registro del FBI enfocada en la búsqueda de presuntas drogas dentro del vehículo, en lugar de evidencias relacionadas directamente con el uso de la fuerza.

De acuerdo con un reporte de KHOU 11 Investigates, la solicitud, autorizada por un juez federal, señala que agentes del FBI observaron varias bolsas con una sustancia blanca cristalina dentro de la camioneta que conducía Salgado el pasado 7 de julio.

Según la declaración jurada, el empaquetado y la apariencia de la sustancia “son consistentes con la metanfetamina“, por lo que los investigadores solicitaron inspeccionar el vehículo con base en una posible violación a las leyes federales sobre sustancias controladas.

La orden judicial abre nuevas interrogantes

Uno de los aspectos que más llamó la atención es que la orden judicial no utiliza como fundamento principal el presunto ataque contra agentes federales anunciado días antes por ICE, sino la posible presencia de narcóticos.

La analista legal de KHOU 11, Carmen Roe, consideró inusual que el documento se hiciera público en una etapa tan temprana de la investigación.

“Parece un intento del gobierno de reinterpretar la situación que todos vimos desarrollarse”, afirmó Roe.

La especialista también cuestionó que el FBI dedicara recursos a una posible posesión de drogas cuando aún existe una investigación abierta sobre el tiroteo.

Persisten versiones encontradas sobre el tiroteo

El documento judicial señala que agentes de ICE intentaron detener la camioneta, pero que el conductor habría cruzado un camellón para escapar y que los oficiales no iniciaron una persecución.

Sin embargo, KHOU 11 Investigates asegura haber revisado videos donde aparentemente se observa a vehículos sin identificación de ICE siguiendo la camioneta durante varias cuadras antes del enfrentamiento.

Por su parte, ICE sostiene que Lorenzo Salgado Araujo utilizó el vehículo como arma para intentar atropellar a un agente, quien respondió disparando en defensa propia.

En contraste, el abogado Hugo Balderas-Ibarra, así como la congresista Sylvia García, señalaron que los ocupantes de la camioneta aseguran que el vehículo ya estaba detenido cuando un agente abrió fuego a través de la ventanilla del pasajero.

El alcalde de Houston, John Whitmire, pidió transparencia durante las investigaciones y lamentó que los agentes federales involucrados no portaran cámaras corporales.

“Quiero que sean transparentes y que informen en tiempo real lo que descubran. Es necesario revelar todos los detalles del tiroteo”, declaró Whitmire.

Mientras tanto, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS-OIG) mantiene abierta la investigación sobre el uso de la fuerza, mientras el FBI continúa indagando el presunto asalto contra un agente federal y otros posibles delitos relacionados con el caso.

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A pesar de la controversia generada por las muertes de tres inmigrantes, ocurridas por separado en una semana durante operativos a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional (DHS), anticipó que todo extranjero carente de estatus legal detectado en el territorio estadounidense terminará siendo deportado tarde o temprano sin importar dónde se encuentre.

El primer incidente desafortunado se produjo el miércoles 7 alrededor de las 6:38 am durante un intento de arresto en un control de tráfico efectuado en Houston, Texas.

De acuerdo con un comunicado divulgado por la agencia federal, el mexicano Lorenzo Salgado Araujo de 52 años presuntamente además de negarse a cooperar con las autoridades durante un operativo de control migratorio, trató de embestir a un oficial con la camioneta que conducía.

En respuesta, recibió varios disparos que a la postre le quitaron la vida.

Seis días después, en la ciudad de Biddeford, Maine, durante otro operativo de detención de inmigrantes, un agente de ICE disparó el arma que portaba en contra de Johan Sebastián Durán Guerrero, colombiano de 26 años quien perdió la vida.

Posteriormente, el 14 de junio, para evitar de ser detenido por el ICE, un tercer inmigrante falleció tras ser arrollado por un tráiler cuando trataba de huir en San Agustín, poblado ubicado en el noreste de Florida.

Las muertes han provocado indignación entre la comunidad latina y las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

No obstante, a través de una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Markwayne Mullin descartó que el trabajo de las autoridades migratorias continuará en la mayor parte del territorio nacional y les recomendó a las personas carentes de documentos para avalar su estadía, abandonar el país por voluntad propia.

“Los inmigrantes indocumentados serán arrestados y deportados dondequiera que se encuentren. Si estás aquí ilegalmente, VETE AHORA. Nuestros agentes están llevando a cabo operativos para hacer cumplir las leyes de nuestra nación.

Recordamos a los inmigrantes indocumentados que intentar evadir el arresto es peligroso”, escribió.

Acto seguido, el funcionario despotricó en contra de tres políticos demócratas por estar asesorando a los inmigrantes para eludir su eventual deportación.

“Organizó un seminario web con consejos para que los inmigrantes indocumentados eviten arrestos en sus hogares, lugares de trabajo o en público” señaló sobre Alexandria Ocasio-Cortez, representante por Nueva York a quien acusó de estar asesorando a los inmigrantes carentes de estatus legal.

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La administración del presidente Donald Trump volverá a aplicar una interpretación más estricta de la llamada prueba de “carga pública”, un criterio que permitirá al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) considerar si algunos inmigrantes utilizaron programas financiados con recursos públicos, como Medicaid, cupones de alimentos (SNAP) o asistencia para la vivienda, al momento de decidir si pueden obtener la Green Card.

CBS News reveló que la medida anunciada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) revierte una regulación implementada durante la administración de Joe Biden en 2022, la cual limitaba considerablemente los beneficios públicos que podían ser considerados dentro de la evaluación migratoria.

¿Qué cambia con la nueva regla del DHS?

La legislación migratoria contempla desde hace décadas que ciertos solicitantes pueden ser considerados inadmisibles si existe la posibilidad de que dependan del apoyo del gobierno para mantenerse económicamente, ya que tendrían que ser capaces de solventar sus gastos.

Con la nueva norma, los funcionarios del USCIS recuperarán una mayor discrecionalidad para analizar cada caso de manera individual. Además del uso de determinados beneficios públicos, también podrán valorar factores como la edad, el estado de salud, la situación familiar, los recursos financieros, la educación y las habilidades laborales del solicitante.

El director del USCIS, Joseph B. Edlow, defendió la medida en declaraciones al medio citado: “Bajo la presidencia de Trump, el USCIS está restableciendo el principio fundamental de que los inmigrantes deben ser capaces de mantenerse por sí mismos”.

De acuerdo con el gobierno, el objetivo es reforzar el principio de autosuficiencia y proteger los recursos financiados por los contribuyentes.

Miles de inmigrantes podrían modificar sus solicitudes

La nueva política podría afectar directamente a unos 588,000 solicitantes de ajuste de estatus cada año, según estimaciones del propio DHS.

Sin embargo, especialistas consideran que el mayor impacto podría ser indirecto. El propio departamento calcula que cerca de 950,000 personas pertenecientes a hogares de inmigrantes podrían dejar de solicitar beneficios públicos por temor a que esto afecte sus posibilidades de obtener la residencia permanente.

No obstante, el USCIS aclaró que los beneficios recibidos por familiares del solicitante no serán considerados automáticamente como propios, aunque sí podrán formar parte de la evaluación de la situación económica general del hogar.

La norma entrará en vigor durante los próximos días, una vez concluido el proceso de publicación oficial. También se actualizará el Formulario I-485, utilizado para solicitar la residencia permanente o ajustar el estatus migratorio.

Aunque históricamente las negativas por “carga pública” han sido poco frecuentes, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes anticipan que la medida podría volver a generar incertidumbre entre miles de familias que dependen legalmente de programas de salud, alimentación o vivienda mientras regularizan su situación migratoria.

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