Category: Inmigracion

Un operativo de agentes federales de inmigración terminó este miércoles con una persecución y un accidente de tránsito en North Brunswick, Nueva Jersey, que dejó herida a la esposa del alcalde de una localidad vecina.

El incidente comenzó alrededor de las 7:30 a.m. del 2 de septiembre, cuando agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE) detuvieron un vehículo cerca de la Ruta 130, según autoridades locales.

El conductor inicialmente se detuvo, pero posteriormente aceleró para escapar de los agentes federales, atravesó un semáforo en rojo y terminó chocando contra otro automóvil.

La esposa del alcalde resultó herida

El vehículo impactado era conducido por Penelope Cohen, esposa del alcalde de East Brunswick, Brad Cohen. La mujer, médica dermatóloga, sufrió una lesión en una pierna y fue trasladada a un hospital de la zona. Las autoridades indicaron que sus heridas no ponían en peligro su vida.

Tras la colisión, el conductor perseguido abandonó su vehículo y escapó a pie, pero fue detenido poco después por los agentes federales y también recibió atención médica después del incidente.

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Qué se sabe del operativo de ICE

La Policía de North Brunswick aclaró que sus agentes no participaron del procedimiento inicial de ICE ni de la persecución. Según las autoridades municipales, los agentes federales habían realizado una parada del vehículo antes de que el conductor decidiera huir.

La Ruta 130, una de las principales vías de la zona, tuvo que ser cerrada parcialmente durante más de una hora mientras las autoridades investigaban el accidente, lo que provocó importantes demoras durante la mañana.

Hasta la tarde del miércoles, ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no habían revelado públicamente la identidad del detenido ni explicado por qué los agentes intentaban arrestarlo.

Las autoridades tampoco habían detallado oficialmente la situación migratoria del hombre ni los posibles cargos relacionados con la fuga y el accidente.

El episodio ocurre en medio de un fuerte incremento de las operaciones migratorias en Nueva Jersey. De acuerdo con datos citados por The New York Times, más de 2,100 personas fueron detenidas por ICE en el estado durante julio, más del doble de las cifras mensuales registradas entre febrero y mayo.

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El miedo a ICE no debería formar parte del regreso a clases

El próximo 9 de septiembre marcará un antes y un después para más de 170,000 salvadoreños en EE.UU., cuando llegue a su fin el Estatus de Protección Temporal (TPS) y se enfrenten a la obligación de regresar a El Salvador, un país que algunos apenas conocen o del que, incluso, no conservan recuerdos.

“Prácticamente he estado toda mi vida en Estados Unidos: aquí crecí, fui a la escuela, compré mi casa, y estoy haciendo una carrera”, dice a EFE Alma, una salvadoreña amparada por el beneficio desde 2001 y que no quiso revelar su apellido por temor a represalias.

La inmigrante, de 30 años y residente de Misuri, fue beneficiada por el TPS cuando apenas tenía apenas cinco años, después que su mamá pidió el amparo migratorio para las dos.

Alma asegura que no tiene recuerdos de El Salvador, pero sí memorias del amparo migratorio. “Yo crecí con el TPS”, insiste la inmigrante, que llegó a EE.UU. en brazos de su madre con apenas 18 meses de edad.

“Una vez los oficiales de inmigración me subieron en una silla para tomarme las huellas, yo pensaba que era un juego. Ahora de adulta sé que eran los datos biométricos”, cuenta la mujer, que ha estado protegida por el TPS desde su designación en 2001.

Alma ha querido llamar la atención del público sobre inmigrantes como ella, que llegaron a EE.UU. siendo niños y han estado en la mira de la Administración del presidente Donald Trump, quien desde su primer gobierno ha apuntado a terminar el TPS y el programa de Acción Diferida (DACA).

“Crecí con una vida estadounidense, con valores estadounidenses, ¿por qué nos quieren sacar?”, se pregunta. “De niña yo no tuve la posibilidad de elegir donde hacer mi vida”, añade.

La Casa Blanca ha terminado con el TPS de varios países incluido Haití, Venezuela y Afganistán.

En el caso de El Salvador, un país con el que Trump actualmente mantiene buenas relaciones, el Ejecutivo dejará expirar la protección que vence este 9 de septiembre para unos 170,000 inmigrantes, de acuerdo con datos del The National Immigration Forum.

Estos salvadoreños perderán su permiso de trabajo y su estatus para residir legalmente en el país, lo que los pone en un inminente riesgo de deportación.

Una fábrica, varios afectados

Alma trabaja en una empresa de Misuri, donde ha alcanzado el rango de supervisora. Cuenta que la compañía, que tiene plantas fuera de EE.UU., está preparándose para perder a “gente muy trabajadora”, algunos de ellos empleados desde 2001.

“Duele ver cómo la vida va a seguir fluyendo y serán reemplazados, cuando los afectados (los protegidos por el TPS) nos vamos sin nada”, reflexiona.

Para Alma y sus compañeros, el panorama se complica aún más por vivir en un estado republicano, donde los mismos congresistas federales a los que ella debería acudir para que aboguen a su favor quieren que se termine el TPS y que los inmigrantes regresen a su país.

“Cuando la gente me dice ‘regresa’ (a El Salvador), para mí no es regresar a una vida porque no viví allí. Pensar en eso es muy fuerte”, advierte.

Una vida temporal

Una idea que comparte José Palma, coordinador de la Alianza TPS, una iniciativa conformada desde 2017 para defender el amparo, y que reúne a organizaciones proinmigrantes que abogan por la aprobación de una ley que les permita acceder a la residencia permanente.

Palma, de 48 años, dijo a EFE que la incertidumbre sobre su futuro le ha obligado a frenar los proyectos que tenía, como una construcción en su vivienda.

El activista, que es padre de cuatro ciudadanos estadounidenses, también ha hecho recortes en sus gastos, en un esfuerzo para ahorrar ante la terminación del amparo, que lo dejaría sin autorización para trabajar.

Sin embargo, aún tiene la esperanza de que el Congreso de EE.UU. encuentre un camino para quedarse. Al igual que Alma, resalta que en estos 25 años no se les ha ofrecido una solución.

“Lo habríamos solicitado hace mucho tiempo. ¿Quién quiere vivir sin saber qué pasará con su futuro?”, dice Palma.

En el caso de Alma, su madre falleció esperando lograr un camino a la residencia. Ella sigue esperando que el país que la vio crecer le dé una oportunidad para quedarse.

Ana Milena Varón

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Carlos Sánchez Villa, un migrante venezolano que formó parte del primer grupo de personas deportadas por la administración de Donald Trump a Liberia, África, aseguró que ahora busca ser admitido en un tercer país, mientras permanece separado de su esposa e hijos en Estados Unidos.

Contó desde un hotel en Liberia cómo enfrenta su nueva realidad después de ser enviado a ese país bajo un controvertido acuerdo entre Estados Unidos y Liberia que contempla la recepción de hasta 1,200 migrantes durante un año, incluidos ciudadanos de países de América Latina y el Caribe.

El venezolano aseguró que, hasta ahora, las autoridades y la población local lo han recibido de manera adecuada y que se encuentra alojado en un hotel que calificó como confortable.

La Organización Internacional para las Migraciones también les brinda asistencia, principalmente con información y orientación. Sánchez explicó a Noticias Telemundo que puede salir del hotel, aunque se les ha recomendado hacerlo acompañados porque desconocen la ciudad y el entorno.

“Sí podemos salir, lo único es que nos han dicho que tenemos que salir acompañados, ya que no conocemos el lugar, no conocemos la ciudad”, explicó durante la entrevista.

No puede regresar a Venezuela

Sánchez explicó que su situación migratoria es compleja porque tampoco puede ser enviado de regreso a Venezuela. Relató a la cadena de noticias obtuvo un beneficio migratorio conocido como withholding of removal, que impide su deportación al país del que teme persecución mientras las circunstancias que originaron esa protección no cambien.

El venezolano aseguró que pertenece a una familia opositora al régimen de su país, razón por la que considera que regresar a Venezuela representa un riesgo.

“Gané un beneficio, se llama withholding of removal, que dice que no puedo ser deportado a mi país hasta que la situación en mi país se arregle”, explicó.

“Quiero abrazar a mis hijos”

Sánchez permaneció cinco años en Estados Unidos y contaba con Estatus de Protección Temporal. Su esposa y sus hijos continúan en Texas, mientras él intenta encontrar una alternativa para establecerse en otro país.

Entre sus posibilidades contempla Europa, aunque mantiene la esperanza de poder regresar eventualmente a Estados Unidos y reencontrarse con su familia.

El hombre contó que sus familiares están “asustados, nerviosos, ansiosos” por su situación en Liberia y reconoció sentirse especialmente vulnerable después de haber pasado siete meses detenido antes de ser deportado.

“Estoy demasiado ansioso. Quiero abrazar a mis hijos, a mi esposa”, dijo.

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El excomandante general de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino fue objeto de una investigación interna de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza por cuestionamientos relacionados con su testimonio ante un tribunal federal y por presuntos comentarios antisemitas, de acuerdo con documentos revisados por CBS News y divulgados la semana pasada.

La CBP notificó a Bovino mediante un correo electrónico enviado el 2 de marzo que la agencia estaba realizando una “investigación oficial” sobre denuncias de conducta indebida. Dieciséis días después, el exfuncionario presentó una solicitud oficial para trasladar su residencia por motivos relacionados con su retiro.

Bovino declaró a CBS News que fue “obligado a retirarse” y acusó al comisionado de la CBP, Rodney Scott, de actuar contra él por razones políticas.

Afirmó que Scott era su rival político y que se oponía a que la Patrulla Fronteriza participara en operaciones de control migratorio dentro del territorio estadounidense.

Bovino afirmó además que surgieron dos investigaciones “a los pocos días de la infame rendición en Minnesota”, en referencia a los acontecimientos que rodearon el operativo migratorio en esa ciudad.

La CBP respondió a CBS News que Bovino se retiró voluntariamente y que no está autorizada para proporcionar seguridad a funcionarios retirados.

Cuestionamientos sobre su credibilidad

Uno de los focos de la investigación estaba relacionado con las conclusiones de la jueza federal Sara Ellis sobre la credibilidad de Bovino durante un litigio relacionado con las tácticas empleadas por agentes de la Patrulla Fronteriza en Chicago, de acuerdo con el medio.

Una demanda presentada en 2025 por el Chicago Headline Club y otros grupos acusó a la agencia de utilizar métodos de fuerza considerados excesivos contra periodistas y manifestantes, incluidos gases lacrimógenos, proyectiles de pimienta y balas de goma.

Ellis emitió posteriormente una orden preliminar para limitar el uso de la fuerza y cuestionó la veracidad de las declaraciones de Bovino sobre algunos enfrentamientos.

En los documentos de la investigación interna, un investigador preguntó a Bovino si coincidía en que las conclusiones de Ellis sobre su falta de credibilidad tendrían que ser reveladas si posteriormente era llamado a declarar en un juicio.

También le preguntaron qué debería ocurrir cuando un juez federal determina que el testimonio de un agente de la Patrulla Fronteriza carece de credibilidad y si consideraba que las conclusiones de Ellis podían convertirlo en un testigo Giglio impaired, término utilizado para describir a un agente cuya credibilidad presenta problemas que los fiscales podrían estar obligados a revelar a la defensa.

El Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito posteriormente anuló la orden preliminar de Ellis, aunque no determinó si sus conclusiones sobre la credibilidad de Bovino eran correctas.

Presuntos comentarios antisemitas

La investigación también abordó declaraciones que Bovino habría realizado sobre personas judías. En lugar de formular una pregunta general sobre sus comentarios, el investigador le preguntó si había hecho una expresión relacionada con si los “criminales ortodoxos” también dejaban de trabajar los sábados y qué había querido decir con ella.

Además, los documentos muestran que Bovino fue interrogado sobre otro comentario relacionado con las “personas elegidas”, una aparente referencia al pueblo judío.

El New York Times había informado previamente que Bovino supuestamente se enteró de que estaba siendo investigado por comentarios despectivos sobre un juez de Minneapolis que se ausentaba los sábados para observar el Shabat.

Los investigadores también preguntaron si tanto sus declaraciones ante el tribunal como esos comentarios podían constituir violaciones de las normas de conducta de la CBP.

Entre ellas figura una disposición que exige profesionalismo en el trato con supervisores, subordinados, compañeros y miembros del público, así como otra que prohíbe expresiones abusivas, denigrantes, profanas o de acoso, además de conductas que evidencien odio o prejuicio por motivos como raza, color, religión, nacionalidad, sexo u orientación sexual.

Del rostro del operativo migratorio a su salida

Bovino, un veterano de la Patrulla Fronteriza, se convirtió en uno de los principales rostros públicos de la ofensiva migratoria impulsada por la administración de Donald Trump. Encabezó operaciones en Los Ángeles, Chicago, Charlotte y Nueva Orleans antes de asumir un papel central en el operativo de Minneapolis.

A finales de enero fue relevado de su cargo como “commander at large”, después de que las muertes a tiros de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis provocaran una fuerte reacción política contra las autoridades federales y su actuación en la ciudad.

Tras la muerte de Pretti, Bovino afirmó, sin presentar pruebas, que el hombre tenía la intención de llevar a cabo una masacre contra agentes federales.

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Uno de cada cinco latinos en Estados Unidos considera que ha alcanzado el “sueño americano”, mientras que un 18 % cree que está fuera de su alcance, según una encuesta del Pew Research Center publicada este martes, que refleja un mayor optimismo económico entre los migrantes que entre los latinos nacidos en el país.

La Encuesta Nacional de Latinos del Pew Research Center, realizada por correo a 8.046 adultos en Estados Unidos, 4.923 de ellos hispanos, desveló un halo de pesimismo generalizado con respecto a la idea tradicional del sueño americano, pero un marcado optimismo hacia el crecimiento económico.

Apenas el 20 % de los latinos encuestados dijo haber logrado el sueño americano, frente al 18 % que lamentó que está fuera de su alcance, mientras que el 27 % indicó que “no existe”.

Además, la mayoría siente que alcanzar este objetivo -asociado principalmente a factores económicos y a una vida mejor para sus familias- es hoy más difícil que hace una década.

Casi uno de cada dos (48 %) afirmó que el sueño americano es más complicado de alcanzar ahora de lo que era para sus padres, y un 35 % dice que la dificultad es la misma.

Son los latinos nacidos en EE.UU. quienes muestran un mayor pesimismo al respecto: el 52 % de la tercera generación o superior y el 44 % de la segunda generación creen que se ha vuelto más difícil en relación con sus padres.

Sin embargo, la mayoría coincidió en que las claves del sueño americano son “el trabajo duro, la motivación y el acceso a las oportunidades adecuadas”, más que “la suerte y el azar”.

 La confianza es superior en el caso de la población no hispana. El 28 % expresó que está viviendo el sueño americano, mientras que el 29 % dijo estar en proceso.

El 19 % aseguró que es inalcanzable, y el 23 % negó que existiese; ambas cifras son similares a las compartidas por los latinos.

Optimismo intergeneracional

Sin embargo, al valorar el progreso intergeneracional, los latinos se muestran mucho más optimistas que el resto del país: un 57 % asegura que su nivel de vida es superior al que tenían sus padres a su misma edad y un 53 % confía en que sus hijos estarán aún mejor.

Esta visión sobre el futuro de la siguiente generación contrasta drásticamente con la de los adultos no hispanos en Estados Unidos, de los cuales solo un 29 % cree que sus hijos vivirán mejor.

La confianza es mayor entre los migrantes. Siete de cada diez dijeron vivir mejor que sus progenitores, mientras que casi la mitad de los latinos nacidos en EE.UU. que fueron encuestados (49 %) tiene ese sentimiento.

Los encuestados difirieron a la hora de definir el “sueño americano”: además de ir ligado a la economía (59 %) y a la mejora de la vida de sus familias (39 %), un 18 % lo asoció a “la libertad o sentirse libre”.

Un 17 % de los hispanos de origen sudamericano define el sueño americano como “estar a salvo o vivir sin miedo”, un porcentaje que duplica al de cualquier otro grupo de origen hispano (8 % o menos).

La encuesta coincide con un momento especialmente frágil para los migrantes en Estados Unidos, y especialmente para los de origen latino, debido a la políticas antimigratorias establecidas por el presidente, Donald Trump, desde su llegada a la Casa Blanca en enero de 2025.

Más de 51.000 migrantes fueron arrestados por el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) el pasado julio, la cifra más alta del segundo mandato de Trump. 

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantuvo un elevado volumen de arrestos durante el mes de agosto, registrando aproximadamente 50,000 detenciones a nivel nacional, según un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional familiarizado con los datos preliminares citado por NBC News.

La cifra de agosto iguala los niveles alcanzados en julio, período que marcó el total mensual más alto de arrestos registrado durante la segunda administración del presidente Donald Trump, indicó el medio anteriormente citado.

Evolución de los arrestos y asignación de fondos públicos

El volumen de detenciones del ICE experimentó una disminución drástica durante los meses de febrero y marzo, pero el flujo de arrestos comenzó a incrementarse a partir de mayo, alcanzando cifras récord en los meses de junio y julio.

Las operaciones coinciden con la aprobación en junio de un paquete financiero por parte de la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano. La legislación asignó aproximadamente $70,000 millones de dólares para financiar al ICE y a la Patrulla Fronteriza hasta el cierre del mandato presidencial.

Infraestructura y nuevas contrataciones

Los recursos económicos aprobados se han destinado a la adquisición de instalaciones “llave en mano” para la custodia de personas inmigrantes. Asimismo, la planificación institucional incluye la compra de herramientas de control migratorio como guantes eléctricos y perros robot.

La agencia afemás gestionó la firma de un contrato por $17 millones de dólares con un nuevo contratista privado. Según los registros de contratación del gobierno, los fondos estarán destinados a la administración de las operaciones de un nuevo centro de almacén del ICE ubicado en San Antonio, Texas.

Las acciones actuales del ICE forman parte de una fase de intensificación de controles migratorios a nivel nacional, que sucede a los operativos fronterizos ejecutados a comienzos de 2026.

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El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, informó que recientemente se ejecutaron los arrestos de más de 2,100 migrantes en todo el estado de Nueva York, en el marco de la denominada “Operación Manzana Podrida”.

Mullin, en compañía de autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), precisó que las detenciones se ejecutaron entre el 27 de julio y el 29 de agosto. Durante su intervención, el funcionario sostuvo que las acciones se llevaron a cabo “sin ninguna ayuda” del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, ni de la gobernadora del estado, Kathy Hochul, informó ABC7.

“La Operación Manzana Podrida logró lo que los políticos que defienden los santuarios en la ciudad y el estado de Nueva York se niegan a hacer: hacer que el estado de Nueva York sea más seguro”, expresó el funcionario desde Bajo Manhattan.

Asimismo, Mullin añadió que no permitirán que los políticos que “defienden los santuarios se interpongan en nuestro camino”, y les recomendó cooperar con las autoridades migratorias.

Marco legal y acuerdos de colaboración en el condado de Nassau

Asimismo, el representante de Seguridad Nacional justificó sus críticas en la reciente legislación estatal que restringe la firma de convenios entre dependencias locales y la agencia de control migratorio.

Pese a esta medida, en el condado de Nassau la policía y el departamento del sheriff contaban previamente con acuerdos operativos con el ICE. En ese territorio, la policía local seleccionó a diez detectives para colaborar de forma directa con la agencia federal en tareas de control civil, mientras que las autoridades del sheriff custodian a personas puestas a disposición del organismo en el centro penitenciario de East Meadow.

Cifras de arrestos migratorios a nivel nacional

El balance presentado en Nueva York coincide con la divulgación de datos de detención a escala federal. Un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó a NBC News que el ICE arrestó a cerca de 50,000 personas en todo el país durante agosto.

Esta cifra se equipara a la de julio, período que marcó el volumen mensual de arrestos más elevado de la segunda administración del presidente Donald Trump.

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