La tensión crece en Connecticut luego de una semana marcada por operativos de ICE que, según activistas y autoridades locales, dejaron más de 70 personas detenidas. Frente al temor que se ha extendido entre las familias, organizaciones comunitarias convocaron para este miércoles 2 de septiembre a un “Día sin inmigrantes”, con negocios cerrados, ausencia de trabajadores y una manifestación pública.
La convocatoria surgió después de varios días de intensa presencia de agentes federales. La organización Danbury United for Immigrants (DUFI) sostiene que decenas de personas fueron detenidas en distintos puntos de la ciudad y que los operativos afectaron al menos a 65 familias. La cifra no ha sido confirmada por ICE, que no ha dado un balance detallado de las detenciones.
El miedo llegó hasta las escuelas
Uno de los aspectos que más ha generado preocupación es el impacto sobre los niños y las familias inmigrantes durante el regreso a clases.
El alcalde de Danbury, Roberto Alves, dijo a NBC que la asistencia escolar se ha reducido en alrededor de 700 estudiantes, debido al temor de algunos padres a enviar a sus hijos a las escuelas o a recogerlos en las paradas de autobús. Comerciantes también reportaron una caída en la actividad de la zona centro.
El senador demócrata Chris Murphy denunció que algunos padres habrían sido detenidos cerca de paradas de autobuses escolares. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó esa versión y aseguró que una de las detenciones señaladas ocurrió lejos de una parada escolar. El caso continúa siendo motivo de disputa entre autoridades y organizaciones comunitarias.
Activistas buscan paralizar la ciudad
La protesta del 2 de septiembre pretende mostrar el peso económico y social de la comunidad inmigrante. Los organizadores pidieron a trabajadores, comercios y aliados no acudir a sus actividades habituales y participar posteriormente en una manifestación frente a la biblioteca pública.
“Les pedimos solidarizarse. El 2 de septiembre no vayan a trabajar. No vayan a la escuela, no vayan de compras”, señala el llamado difundido por los grupos comunitarios y retomado por EFE.
Mientras tanto, el senador Richard Blumenthal estimó que las detenciones podrían ser todavía mayores a nivel estatal. Durante una conferencia en Danbury afirmó que se han reportado “cientos” de arrestos en Connecticut, aunque reconoció que la cifra aún no ha sido confirmada.
Del lado del Gobierno de Donald Trump, el ‘zar’ fronterizo Tom Homan defendió las operaciones y afirmó que ICE busca a personas con órdenes finales de deportación, personas que hayan excedido sus permisos o individuos con antecedentes criminales. También negó que la agencia tenga como objetivo “aterrorizar” a los niños.
La situación mantiene a Danbury en alerta mientras crece la presión política y comunitaria sobre las autoridades federales.
Una revisión de cifras entregadas por ICE al Deportation Data Project, de las universidades de California en Berkeley y UCLA, estableció que el mes de julio fue el de mayor número de arrestos durante la segunda administración de Donald Trump. La cifra representó un aumento de 15% frente a junio y de aproximadamente 70% respecto a febrero, pero en agosto alcanzó un nuevo récord.
Una estrategia menos visible, pero más extendida
El cambio no necesariamente significa que haya desaparecido la presión migratoria. Lo que ha cambiado es la forma de ejecutarla.
De acuerdo con AP, los operativos de ICE se han desplazado de las grandes redadas que dominaron los primeros meses de 2026 hacia acciones menos llamativas, como detenciones durante controles de tránsito, en tribunales, aeropuertos y citas migratorias. También aumentó la participación de policías estatales y locales mediante acuerdos conocidos como 287(g).
En julio, esas asociaciones estuvieron relacionadas con unas 6,500 detenciones, alrededor del 13% del total mensual. Texas y Florida concentraron casi 20,000 arrestos, según los datos analizados por la agencia citada.
El volumen también contrasta con los niveles registrados antes del regreso de Trump a la Casa Blanca. En ese momento, las detenciones mensuales de ICE rondaban poco más de 8,000.
Más dinero para ampliar la maquinaria de deportación
El crecimiento de las detenciones ocurre después de que Trump firmara en junio una legislación que destinó $70,000 millones adicionales a ICE y a la Patrulla Fronteriza durante el resto de su mandato, una inyección de recursos que Reuters calificó como un refuerzo considerable para la política migratoria de la Administración.
La expansión también alcanza la infraestructura. En San Antonio, Texas, ICE adjudicó recientemente un contrato de $17.3 millones para convertir un almacén en un centro de detención migratoria, con capacidad proyectada para procesar entre 1,000 y 1,500 personas diariamente.
Brian Morales, un ciudadano estadounidense nacido en Denver, Colorado, regresó a Estados Unidos después de permanecer casi cinco meses en México tras ser detenido y deportado por agentes de inmigración, pese a haber nacido en territorio estadounidense.
Morales, de 25 años, contó a N+ Univision que cruzó nuevamente la frontera por el puente internacional número 1 en Laredo, Texas, luego de que sus abogados alcanzaran un acuerdo con el Departamento de Justicia y presentaran pruebas de su ciudadanía.
Morales había sido detenido en abril por agentes de la Patrulla Fronteriza durante una parada de tráfico cuando se dirigía a su trabajo de construcción. Aunque no conducía la camioneta, los agentes le solicitaron una identificación, pero no la llevaba consigo.
El joven explicó que informó a los oficiales que su acta de nacimiento de Colorado se encontraba en su casa. Sin embargo, aseguró que los agentes no le creyeron y terminó siendo deportado a México.
Antes de cruzar nuevamente la frontera, Morales dijo que sentía ansiedad por la posibilidad de recibir el mismo trato que experimentó durante su primera detención.
“Me sentía nervioso, más que nada porque pensé que me iban a dar el mismo trato que me dieron cuando me agarraron”, relató a la cadena de noticias.
El joven también aseguró que, durante la detención, fue amenazado con pasar varios años en prisión si no firmaba los documentos relacionados con su deportación. “Con cinco años de cárcel, de dejarme ahí encerrado”, contó.
Una batalla legal para demostrar su ciudadanía
La abogada de Morales explicó que durante casi cinco meses trabajaron para demostrar ante las autoridades que el joven nació en Estados Unidos y, por lo tanto, es ciudadano estadounidense.
“Han sido meses de lucha para Brian y él ha sufrido mucho”, señaló la representante legal, quien calificó como una injusticia que un ciudadano nacido en Estados Unidos tuviera que librar una batalla legal para poder regresar al país.
El caso derivó además en una demanda contra el gobierno federal por los daños que, de acuerdo con sus abogados, fueron ocasionados por la negligencia de empleados federales.
Inicialmente, el Departamento de Seguridad Nacional cuestionó la ciudadanía estadounidense de Morales. La presentación de evidencia sobre su nacimiento en Denver permitió finalmente alcanzar un acuerdo que abrió el camino para su retorno.
Durante su ingreso a Estados Unidos por Laredo, Morales pasó el control fronterizo sin inconvenientes. Ahora, después de casi cinco meses lejos del país donde nació, el joven busca reconstruir su vida y regresar a su trabajo. Su principal objetivo, afirmó, es volver a trabajar y recuperar la normalidad que perdió tras su detención y deportación.
Daniela Portillo, una mujer venezolana que vive en Estados Unidos, llamó a las autoridades después de verse involucrada en un accidente de tránsito en Florida, pero terminó bajo custodia migratoria, un desenlace que su familia considera difícil de comprender.
Portillo relató a Noticias Telemundo que permaneció en el lugar del accidente ocurrido el pasado 8 de junio en el condado Polk, mientras el otro conductor presuntamente abandonaba la escena. De acuerdo con el reporte de la Oficina del Alguacil del condado Polk, el otro vehículo habría impactado el automóvil de Portillo y su conductor huyó del lugar. El hombre posteriormente fue arrestado y enfrenta un cargo por abandonar la escena de un accidente.
Portillo, en cambio, permaneció allí a la espera de los agentes.
“Yo me quedé en dicho accidente para cumplir las leyes, normal como cualquier ciudadano”, relató a Telemundo. Sin embargo, unas cuatro horas después, un sheriff se presentó y le informó que ICE la estaba solicitando.
La mujer fue detenida y posteriormente trasladada a un centro de detención migratoria en Luisiana, donde, según su relato, lleva alrededor de dos meses.
“Es traumático, es devastador, es agotador, no duermes, no descansas. Esto es lo peor que le puede pasar a una persona”, afirmó la joven.
¿Por qué la detuvieron?
El informe policial citado por Telemundo 51 indica que durante la investigación del accidente los agentes determinaron que Portillo no era ciudadana estadounidense y que, de acuerdo con la información disponible para las autoridades, no residía legalmente en el país y estaba sujeta a un proceso de remoción.
Señala asimismo que un funcionario de inmigración se presentó en el lugar y confirmó la información con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Posteriormente, las autoridades migratorias emitieron una orden de retención civil para Portillo.
La Oficina del Alguacil proporcionó el informe sobre la detención, pero no hizo comentarios adicionales sobre el caso. Telemundo también contactó a ICE para conocer su versión sobre la detención, pero no había recibido respuesta al momento de la emisión del reportaje.
La familia de Portillo cuestiona que haya terminado detenida después de permanecer en el lugar del accidente y colaborar con las autoridades. “Fue muy devastador cuando se la llevaron como si ella fuera una delincuente”, expresó uno de sus familiares.
Tenía un proceso de asilo pendiente
La defensa de Portillo explicó a Telemundo que la venezolana llegó a Estados Unidos hace cuatro años y que se encontraba en un proceso de asilo.
“Ella tenía todos sus documentos en regla y tiene un proceso todavía. Ella no tiene una orden de removerla del país. Ella tenía una fecha en el 2027″, aseguró la representante legal.
Mientras Portillo continúa detenida, sus familiares buscan su liberación y aseguran que el caso ha reavivado los temores que los llevaron a abandonar Venezuela. “Vinimos huyendo de nuestro país por mucha inseguridad, por miedo, por persecuciones, etcétera, y hoy en día nos sentimos igual en este país”, afirmó uno de sus familiares a Telemundo 51.
Un fotoperiodista presentó este lunes una demanda contra la ciudad y un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles por la agresión que sufrió por parte de un oficial mientras cubría una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en agosto de 2025.
En un comunicado de sus abogados, la demanda del fotoperiodista Nick Stern acusa una violación de derechos civiles por un oficial del LAPD que violó una orden judicial que prohibía el uso de armas menos letales contra periodistas que reporteaban las protestas contra ICE en Los Ángeles.
La demanda fue presentada este lunes por los abogados de Stern ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.
Stern alega que, mientras cubría la protesta del 8 de agosto de 2025 en el centro de Los Ángeles, el oficial Wyatt Aulick avanzó agresivamente y lo golpeó con su porra en la cara, pese a mostrar repetidamente su credencial de prensa y a identificarse como periodista en activo.
La orden prohibía a los oficiales del LAPD agredir, obstruir o usar armas antidisturbios contra periodistas que no representaran ninguna amenaza.
Además, se ordenaba a la dirección del Departamento de Policía de Los Ángeles que comunicara dichas restricciones a los agentes asignados a tareas de vigilancia de protestas.
Dos meses antes, el 7 de junio de 2025, Stern fue alcanzado por un fragmento de un proyectil de 40 mm, considerado menos letal, cuando cubría una protesta contra ICE en Compton.
La carcasa de plástico duro del proyectil se incrustó en su muslo, causándole una lesión física grave que requirió cirugía y meses de recuperación. La protesta del 8 de agosto era la primera que podía documentar tras la lesión que sufrió en junio de 2025.
“Nick Stern estaba haciendo su trabajo informando sobre un evento importante y de gran relevancia que ocurría en la ciudad”, declaró el abogado de derechos civiles V. James DeSimone, del bufete V. James DeSimone Law, en un comunicado de prensa.
“Se identificó clara y repetidamente como periodista en activo. En lugar de permitirle hacer su trabajo, tal como se le ordenó al Departamento de Policía de Los Ángeles mediante una orden de restricción temporal, parece que fue atacado específicamente”, añadió el abogado.
Según la demanda federal, Aulick y la ciudad de Los Ángeles violaron la Primera y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, así como la Ley Bane de California; agresión y lesiones, negligencia e infligir intencionalmente angustia emocional.
“La ciudad de Los Ángeles ha tenido conocimiento de un patrón de uso de la fuerza por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles contra los periodistas durante décadas”, agregó DeSimone.
La instrucción surgió de una orden de un tribunal federal emitida en julio de 2025, después de que varios periodistas denunciaran haber sido alcanzados por munición no letal, empujados, detenidos e impedidos de documentar las protestas durante las manifestaciones de junio contra las redadas de inmigración.
Un portavoz del LAPD informó que el departamento no podía hacer comentarios de forma inmediata en relación con la demanda.
Pourrain contó a Noticias Telemundo que fue abordado por agentes de ICE el pasado 6 de agosto en el aeropuerto de Fort Lauderdale, cuando se disponía a viajar a Los Ángeles para disputar una semifinal. De acuerdo con su relato, los agentes le dijeron que debía acompañarlos “por las buenas o por las malas”.
El argentino fue trasladado inicialmente al centro de procesamiento de Miramar, Florida, donde afirma que permaneció esposado y encadenado durante horas mientras se procesaba su detención. “Realmente es inhumano. Yo estuve casi tres días sin comer”, relató.
El futbolista aseguró que durante su estancia en Miramar tuvo que permanecer sentado durante prácticamente todo un día, incluso cuando intentó acostarse en el piso para descansar. También denunció las condiciones de alimentación e hidratación que enfrentó.
La comida que recibió presentaba manchas negras que, por su apariencia, le hicieron pensar que podía tener moho y que resultaba incomible, según Pourrain. También afirmó que le entregaban una botella de aproximadamente medio litro de agua para todo el día y que, si necesitaba más, debía rellenarla en bebederos que tenían un flujo de agua muy limitado.
Posteriormente fue trasladado al Centro de Detención Glades. Aunque ya tenía una audiencia programada, Pourrain explicó que terminó siendo enviado a Laredo, Texas, donde tuvo que esperar por una nueva fecha ante un juez de inmigración.
El cambio de centro y la incertidumbre sobre su situación, dijo, tuvieron un fuerte impacto psicológico. “Eso en la cabeza juega con uno, juegan con la cabeza de uno, te torturan mentalmente. Es durísimo, es durísimo”, expresó.
El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que Pourrain permaneció en Estados Unidos más allá de los seis meses autorizados por la visa temporal con la que ingresó legalmente al país en 2019. Su abogada, no obstante, señaló que el futbolista mantiene pendiente una solicitud de residencia.
Pourrain aseguró que lleva en Estados Unidos desde noviembre de 2019 y recordó que durante ese tiempo perdió momentos importantes de su vida familiar, como el fallecimiento de su abuela, el nacimiento de familiares y el matrimonio de su hermano, acontecimientos a los que no pudo asistir.
Una fianza de $20,000 dólares
También cuestionó que las autoridades consideren que existe riesgo de fuga y que, bajo ese argumento, le hayan impuesto una fianza de $20,000 dólares.
Tras su liberación, el futbolista pidió no tener que utilizar un grillete electrónico en el tobillo. En su lugar, las autoridades le entregaron un teléfono celular con el que deberá reportarse semanalmente.
Explicó asimismo que su vida está estrechamente ligada al fútbol: juega para el Miami United FC y trabaja como entrenador en academias de Miami United y Key Biscayne. Por ello, consideró que portar un grillete frente a los niños a los que entrena sería especialmente difícil.
“Yo juego al fútbol, yo doy clases en dos academias. No puedo estar con un grillete con los nenes como si fuese un criminal”, afirmó.
Ahora, Pourrain espera poder regresar a las canchas con el Miami United FC, equipo de ligas menores que le manifestó su respaldo durante su detención. “Es lo que me relaja, es mi cable a tierra, es lo que amo desde que soy chiquito y sinceramente no veo la hora”, dijo sobre su regreso al fútbol.
“La ilusión era que por fin pudiera estar bien en Estados Unidos, con residencia legal y un permiso de trabajo, pero resulta que estoy aquí, deportado”.
Isidro Mendoza Jiménez habla con BBC Mundo desde Ciudad de México.
Lleva en la capital mexicana desde que en abril fuera expulsado de EE.UU., país al que llegó indocumentado, en el que vivió durante casi 4 décadas y donde nacieron sus 6 hijos.
Oriundo del estado de Oaxaca, es uno de los antiguos clientes de Alexandra Lozano Kennedy, la autodenominada “abogada de los milagros”, de la que supo a través de las redes sociales y a quien acabó pagando $19,000 dólares con la esperanza de que pudiera regularizar su situación.
Hoy forma parte de una de las 2 demandas colectivas contra la exletrada, quien se encuentra en el centro de lo que los expertos describen como el mayor escándalo por un presunto fraude migratorio de la historia reciente de EE.UU., acusación que ella niega.
Obligada a entregar su licencia en el estado de Washington y a cerrar oficinas, se calcula que podría haber dejado a hasta 54,000 clientes en un limbo legal.
Mientras el proceso contra ella avanza, los especialistas consultados por BBC Mundo advierten de un aumento en las prácticas fraudulentas en el ámbito de los servicios legales de inmigración en EE.UU: desde individuos que suplantan la identidad de abogados genuinos hasta consultores y notarios que asesoran sin tener licencia para ello.
“Estamos ante un ambiente sin precedentes, con una comunidad más vulnerable y desesperada que nunca ante la presión migratoria del gobierno de Donald Trump, y una sofisticación de los estafadores cada vez mayor”, subraya Daniel Sharp, jefe de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Condado de Los Ángeles, en California.
Isidro Mendoza Jiménez (izquierda, de azul) llevaba casi 4 décadas en EE.UU., donde nacieron sus seis hijos. (Foto: Cortesía familia Jiménez)
“Arreglo casos imposibles”
Corría el año 2023 y Mendoza Jiménez llevaba meses viendo aquellos anuncios en Facebook.
“Arreglo casos supuestamente imposibles”, prometía en uno de ellos Lozano, con su característica melena rubia y un vestido estampado con el Sagrado Corazón de Jesús.
“Arreglar sin salir de los Estados Unidos, ¡es posible!”, aseguraba en otro, posando junto a una imagen de la Virgen de Guadalupe, iconografía con la que, según las demandas, apelaba a la fe de muchos en la comunidad inmigrante. “Gracias a la Virgencita por las familias unidas y por las vidas cambiadas”.
Alexandra Lozano se especializaba en buscar la regularización de sus clientes con base en la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA). (Foto: Alexandra Lozano / TikTok)
Aquello era todo lo que Mendoza Jiménez siempre había querido escuchar.
“Ya lo había intentado con otros abogados”, le cuenta a BBC Mundo. Pero habiendo ingresado a EE.UU. en 1989 de forma irregular y con un historial que incluía la conducción bajo los efectos del alcohol (DUI) cuando era joven, “todos me dijeron que no podría poner al día mi estatus”.
Animado por las promesas que le llegaban desde las redes sociales y por recomendación de un amigo que ya la había consultado, en octubre de aquel año decidió probar suerte con Lozano.
“Ella me aseguró que, si se habían regularizado terroristas y criminales, yo también lo conseguiría”, cuenta.
El bufete de Lozano se especializaba en gestionar visas T para víctimas de trata y en buscar la regularización de sus clientes en base a la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) que, a pesar del nombre, permite a personas de cualquier género que hayan sufrido abuso por parte de familiares ciudadanos o residentes permanentes solicitar la residencia legal en EE.UU.
Jiménez Mendoza asegura que nunca la vio en persona, y cree haber hablado por teléfono con ella una sola vez. El resto fueron gestiones con personas que trabajaban para la abogada, asegura.
Tras meses de engordar el expediente para presentar su caso ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS, por sus siglas en inglés), el pasado 17 de marzo acudió a una primera cita en una oficina federal en Tukwila, en el estado de Washington, donde residía.
A los 10 días fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cuando volvía a casa de su trabajo nocturno. Y después de pasar por el centro de detención de Tacoma, el primero de abril fue finalmente deportado a México.
Asegura que fue en la capital mexicana donde logró por fin tener acceso a su expediente y encontró una declaración con su firma en la que se afirmaba que fue víctima de maltrato por parte de una de sus hijas, algo que asegura es totalmente falso y que él nunca rubricó.
“Nunca me enteré. Los papeles que ella me pedía, yo se los llevaba, pero jamás me dijo que eso era lo que íbamos a poner (en la solicitud) y que así era como iba a calificar (para los beneficios migratorios)”.
Según datos publicados por USCIS, entre 2020 y 2025 las peticiones en base a la Ley VAWA se triplicaron. (Foto: Getty Images)
“Una operación a escala industrial”
Su relato es similar al de otros antiguos clientes de Lozano.
2 demandas que agrupan a algunos de ellos, presentadas ante un tribunal federal de Seattle, en el estado de Washington, la acusan de presentar ante USCIS peticiones que contenían declaraciones falsas o exageradas, y de crear un sistema para copiar las firmas de los clientes en documentos que estos nunca vieron.
También señalan que la mayor parte del trabajo lo realizaban empleados con conocimientos de las leyes migratorias pero sin licencia, y que el bufete recurrió a abogados radicados en México y Colombia para revisar expedientes y comunicarse con los clientes, haciéndoles creer que estaban en EE.UU. y que podían ejercer allí.
Su firma, La Luz del Camino PLLC, con 5 oficinas principales y representación en 13 estados, llegó a tener 750 empleados en 2024.
“Montó prácticamente una operación a escala industrial”, le dice a BBC Mundo Vicente Omar Barraza, el abogado que lidera una de las querellas civiles que reúne a 34 demandantes.
Con ese esquema presuntamente fraudulento y el impulso de una amplia campaña de promoción en las redes sociales, Lozano habría amasado en pocos años una fortuna que invertiría, directamente o a través de entidades bajo su control, en bienes raíces en EE.UU. y en el extranjero.
“Se aprovechó de clientes con muy pocas opciones para que sus casos progresaran, mayormente mexicanos atrapados en un sistema que no se ha actualizado en 40 años”, le dice a BBC Mundo Lucero Ortiz, abogada de la Loyola Immigrant Justice Clinic (LIJC), un programa de la Universidad Loyola Marymount de Los Ángeles que ha apoyado a unos 50 exclientes.
Las demandas colectivas acusan a Alexandra Lozano de presentar ante USCIS solicitudes que contenían declaraciones falsas o exageradas. (Foto: NurPhoto vía Getty Images)
Lozano, por su parte, ha rechazado todas estas acusaciones.
BBC Mundo contactó a Angelo Caldo, el letrado que la representa, para conocer su versión de los hechos, pero no obtuvimos respuesta.
Sin embargo, en unas declaraciones a la agencia AP, Caldo dijo que se esperaba que los clientes de Lozano revisaran las peticiones antes de firmarlas y los responsabilizó de cualquier declaración falsa.
“La práctica de Alexandra siempre ha sido luchar por sus clientes, perseguir con fervor todas las opciones legales disponibles para ellos y apoyar sus esfuerzos por construir una vida en este país”, aseguró.
En mayo, la demandada renunció al Colegio de Abogados del Estado de Washington en lugar de enfrentar medidas disciplinarias, lo que la inhabilitó para ejercer en ese estado de manera permanente.
Cerró su firma el 10 de junio, y el 18 de ese mes la Junta de Apelaciones de Inmigración la suspendió, imposibilitándole ejercer ante el Departamento de Seguridad Nacional (incluido USCIS) y los tribunales de inmigración.
Perjuicio para víctimas legítimas
Defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que el caso puede terminar afectando a víctimas legítimas que serían elegibles para beneficios migratorios.
Ya el año pasado, la administración Trump comenzó a reformar los programas humanitarios que Lozano presuntamente explotó, endureciendo sus condiciones y alegando que un aumento de solicitudes desde el año 2020 era “señal de fraude generalizado”.
Según datos publicados por USCIS, entre 2020 y 2025 las peticiones en base a la Ley VAWA se triplicaron, pasando de 15,000 a 53,000 por año, mientras las solicitudes de visa T aumentaron en un 1.044%.
BBC Mundo solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comentarios respecto a los señalamientos contra Lozano, pero este se limitó a reenviar el aviso de USCIS en el que se explica que la abogada fue suspendida y recoge instrucciones para aquellos exclientes que tienen procedimientos pendientes.
Por su parte, el abogado Barraza teme que el caso termine alimentando las narrativas antiinmigración. “Es algo que ya estoy viendo en las redes”, le confiesa a BBC Mundo.
Y a su vez, se lamenta de que pueda acabar de dinamitar la confianza de la comunidad migrante en los abogados. “La gente saldrá más cínica y más dañada. Es una tragedia”.
El gobierno de Trump ha lanzado una ofensiva contra la migración, tanto legal como ilegal. (Foto: Getty Images)
Aprovecharse de la desesperación
De establecerse que Lozano incurrió en prácticas fraudulentas, sería un caso sin precedentes por la cantidad de afectados.
Sin embargo, las estadísticas disponibles de agencias estatales y federales muestran que los fraudes en los servicios legales destinados a la comunidad inmigrante en EE.UU. son un fenómeno al alza.
La Comisión Federal de Comercio, la agencia del gobierno encargada de la protección del consumidor y de la competencia, ha recibido en lo que va de año 1,012 denuncias por fraudes en servicios legales de inmigración.
El año pasado registró 1,625, un aumento respecto a las 1,315 del año anterior y las 623 reportadas en 2023, aunque los expertos advierten que las cifras reales podrían ser mayores, por la renuencia de las víctimas a denunciar.
Y, según datos publicados por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, dependiente del Departamento de Justicia, en los primeros seis meses de este año 26 abogados de inmigración han enfrentado medidas disciplinarias a nivel nacional.
Mientras, entre julio de 2025 y junio de este año se presentaron ante el Colegio Estatal de Abogados de California 1.637 quejas relacionadas con personas que no son abogadas, aunque el organismo le aclaró a BBC Mundo que no todas tienen que ver con casos de inmigración. “La cifra se ha ido incrementando año con año desde el año fiscal de 2022”.
Los fraudes han aumentado en un momento en el que la comunidad inmigrante en EE.UU. es más vulnerable que nunca, señalan los expertos. (Foto: The Austin American-Statesman vía Getty Images)
El rol de las redes sociales
Los expertos consultados coinciden en fijar el inicio de la tendencia alcista en la pandemia.
“Fue en el contexto del Covid cuando más gente empezó a buscar servicios legales en internet y con eso comenzamos a ver un claro incremento de las estafas”, le dice a BBC Mundo Daniel Sharp, quien lleva desde 2020 al frente de la Oficina de Asuntos del Inmigrante.
Aunque el fenómeno lleva algunos años cocinándose, Sharp, al igual que otros entrevistados, reconoce que desde el regreso de Trump a la presidencia en enero de 2025 con la promesa de llevar a cabo la “mayor deportación de la historia del país”, la situación no tiene precedentes.
“La comunidad está más vulnerable que nunca, con las políticas y los cambios radicales en el marco legal y la forma en la que se están implementando las leyes migratorias”, explica. A eso se suma que “las organizaciones sin ánimo de lucro están saturadas, sin capacidad para representar todos los casos”.
Destaca, además, que los agentes fraudulentos se aprovechan de momentos de máxima desesperación.
“En muchos casos, la gente empieza a buscar servicios legales a raíz de la detención de un familiar. Sondean las redes sociales, sobre todo Facebook, donde se promocionan abogados reales, pero también impostores”, advierte.
“Me suplantó la identidad”
El fenómeno de la suplantación de identidad lo vivió en carne propia Marissa Montes, la directora del Loyola Immigrant Justice Clinic (LIJC).
“Recibí un correo de una chica que me dijo: ‘Mi mamá asegura que eres su abogada, pero ya me puse a investigar y creo que alguien está usando tu identidad para defraudar a la gente migrante’”, le cuenta a BBC Mundo.
“Me tomó totalmente por sorpresa y me espanté”, dice. Pero lejos de quedarse de brazos cruzados, empezó a indagar.
Así descubrió que la farsante utilizaba su nombre y número de licencia para promocionarse en Facebook y que mostraba su perfil en el Colegio Estatal de Abogados de California como supuesta prueba de su legitimidad. A los interesados les explicaba que ya no trabajaba para el LIJC, sino que ejercía como abogada particular en Utah, y empezaba a comunicarse con ellos por WhatsApp.
Defensores de los derechos de los migrantes advierten que el caso de la exabogada Alexandra Lozano acabará afectando a víctimas legítimas elegibles para alivios migratorios. (Foto: Getty Images)
Montes intentó denunciar el fraude, pero se topó con un muro.
El Colegio de Abogados de Utah le sugirió que contactara a las autoridades locales, pero la policía de Los Ángeles no tenía jurisdicción, ya que la estafadora decía estar en Utah y la víctima residía en Colorado. También la reportó ante el equipo antifraude del banco en el que ella mantenía una cuenta vigente, pero le dijeron que no podían hacer nada sin un informe policial.
“Fue de veras frustrante ver que no había manera de proteger a la comunidad migrante ni a mí misma”, dice, y advierte que con el uso de la inteligencia artificial el peligro aumenta.
Fraude notarial
Otra variante de prácticas irregulares sobre las que advierten los expertos es el llamado “fraude notarial”.
Tiene origen en cómo desde hace años personas que ofrecen servicios migratorios se aprovechan de la confusión que el término notario genera en la comunidad inmigrante.
Mientras que en muchos países latinoamericanos los notarios deben licenciarse en derecho para ejercer la profesión, en EE.UU. se puede obtener una licencia para realizar tareas notariales sin ser abogado.
“Son personas que ofrecen servicios legales de inmigración sin estar autorizadas para ello, desde consultores, pasando por agencias de seguros o de viajes, hasta pastores”, le explica a BBC Mundo Kathleen Rivas, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de Public Counsel, organización que acaba de publicar una guía dirigida a combatir estos fraudes.
A menudo cobran tarifas exorbitantes a cambio de un trabajo mediocre, “y las consecuencias para las víctimas pueden ser catastróficas, incluida la detención, la deportación o la descalificación permanente para obtener un estatus migratorio legal”, advierte.
En EE.UU. los notarios no tienen licencia para ofrecer servicios legales de inmigración. (Foto: Reading Eagle vía Getty Images)
Marta, quien pide que se omita su apellido, es una de esas víctimas.
Originaria de México, nunca hubiera sospechado que aquel hombre que le aseguró que en tres años podría obtener la residencia permanente y le cobró $14,000 por los trámites, no era un abogado.
La verdad empezó a revelarse a raíz de que en 2023 fuera interceptada por un agente de ICE en un aeropuerto de Dakota del Sur. “¿Sabes que te podemos deportar?”, le advirtieron para su sorpresa.
Cuando le pidió al supuesto abogado que presentara una solicitud de cancelación de deportación, este le contestó que aquello no entraba en el contrato. “Por suerte conseguí otra abogada que logró parar mi expulsión, aunque solo por un año”, le cuenta a BBC Mundo.
En abril de 2025 tuvo su cita final ante ICE, en la que la agencia evaluó su caso para decidir si se procedía a su remoción. Describe al funcionario que la atendió como “un ángel” que le recomendó solicitar el perdón migratorio.
Con ese objetivo acudió de nuevo al presunto abogado, quien la remitió a una cita biométrica donde le tomarían las huellas. “Pensé que era señal de que estaba avanzando mi proceso (para la residencia permanente)”, cuenta. Se convenció de ello cuando le llegó el permiso de trabajo.
Después se enteraría de que los trámites en los que estaba sumida eran en realidad para un asilo político. Cuando confrontó al abogado, dice que le respondió: “¿Qué más quiere? Pues váyase a su país”.
“Fue ahí cuando me di cuenta de que no iba a hacer nada por mí, que todo era pura farsa”, se lamenta. Algo que confirmó cuando, tras una exhaustiva búsqueda en internet, descubrió que aquel presunto abogado era, en realidad, un notario.
Lo primero para evitar caer en estafas es verificar la identidad de quien ofrece el servicio legal. (Foto: Bauer-Griffin/GC Images)
Consultados por recomendaciones para evitar caer en este y otro tipo de estafas de migración, los expertos coinciden en varias.
Lo primero es verificar la identidad de quien ofrece el servicio legal, comparando sus datos con la información del colegio de abogados correspondiente. Recomiendan también reunirse en persona, pedir una segunda y hasta una tercera opinión, exigir revisar cada uno de los documentos, y, sobre todo, no fiarse de aquellos que prometen soluciones inmediatas y aseguran resultados favorables.
“Ningún trámite migratorio es rápido”, advierte Rivas, de Public Counsel.
“Y alguien que te garantiza que va a lograr regularizar tu situación legal es una enorme bandera roja”, señala por su parte Ortiz, de Loyola Immigrant Justice Clinic.
Una señal de alerta que ni Marta ni Isidro pudieron ver a tiempo y que pagaron caro.
“Mi caso sigue abierto. Tengo una cita del proceso de asilo pendiente y nunca he estado en un tribunal. Es algo que me asusta de verdad”, explica Marta, a quien ahora asesora Public Counsel.
“Ojalá que me regresen a EE.UU.”, dice por su parte Isidro, mientras sigue desde Ciudad de México los avances de su demanda.
Isidro Mendoza Jiménez solo espera poder regresar a EE.UU. (Foto: BBC)
Activistas del área de Danbury, una ciudad de más de 86,000 habitantes en el estado de Connecticut, llamaron a protestar el próximo miércoles con un “día sin inmigrantes” después de que más unos 70 residentes fueran detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE) en apenas una semana.
El alcalde de Danbury, Roberto Alves, junto al senador Richard Blumenthal, ambos demócratas, dieron una rueda de prensa tras hablar con residentes y visitar negocios en la calle principal en la que transmitió el miedo de los vecinos de origen inmigrante a acudir a sus trabajos y enviar a sus hijos a la escuela, recoge el canal ABC.
La organización Danbury United For Inmigrants (DUFI) denunció que los arrestos, que se concentraron entre el lunes y el jueves de la semana pasada después de que “decenas de vehículos de ICE patrullaran” la ciudad y agentes enmascarados se llevaran a miembros de 65 familias, indica un comunicado que llama a la acción.
DUGI y otras redes activistas urgieron a la sociedad a participar en un “día sin un inmigrante” el 2 de septiembre, con una huelga por parte de los negocios “que cerrarán sus puertas para mostrar el poder de las comunicades inmigrantes” y sus aliados, y una manifestación prevista por la tarde frente a la biblioteca pública local.
“Les pedimos solidarizarse. El 2 de septiembre no vayan a trabajar. No vayan a la escuela, no vayan de compras”, dice.
De acuerdo con DUFI, los vecinos fueron “secuestrados frente a una guardería, en el aparcamiento de un supermercado, conduciendo al trabajo, delante de sus casas y cuando dejaban a sus hijos en la parada del autobús escolar”, precisamente cuando el martes era el primer día de escuela para muchos niños.
Según el canal NBC, el alcalde Alves afirmó que unos 700 estudiantes no están asistiendo a sus clases este año por el miedo de sus padres a los arrestos en las paradas del autobús, y mucha gente tampoco está yendo a las tiendas.
El senador Blumenthal también denunció que el Gobierno de Donald Trump no está cumpliendo su promesa de “detener a lo peor de lo peor”, inmigrantes con historial criminal grave, y señaló que “100 o más, quizás muchos más, han sido detenidos y solo una fracción, quizás seis o siete, tenían un historial criminal”, recoge ABC.
Otro senador demócrata, Chris Murphy, denunció recientemente en X los arrestos de inmigrantes en Danbury en las paradas del autobús escolar, y denunció que muchos estaban en el país legalmente.
El ‘zar’ de la frontera del Gobierno Trump, Tom Homan, dijo ayer domingo en CNN que ICE está bucando a “extranjeros ilegales con órdenes de deportación finales” porque “son criminales”, pero la agencia no “tiene intención de atettorizar niños”, y declinó hablar de Connecticut por ser una operación en curso.
La Administración de Donald Trump ha intensificado el envío de inmigrantes deportados a países distintos a los de su nacionalidad, con más de un centenar de personas trasladadas a África durante los últimos 10 días, según documentos obtenidos por NBC News.
Los registros revelan que tres vuelos de ICE llevaron a los deportados a ocho países africanos: Burundi, Camerún, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Liberia, Ruanda y Sierra Leona.
Los inmigrantes procedían de distintas partes del mundo. Entre ellos había ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Afganistán, Irán, Nepal y Turquía, además de algunas personas originarias de países africanos.
Sin embargo, ninguno de los deportados incluidos en los documentos fue trasladado al país del que era ciudadano.
Deportados con y sin antecedentes penales
Los documentos citados por CBS News muestran que algunos de los inmigrantes enviados a África tenían antecedentes penales, además de infracciones relacionadas con su situación migratoria.
Otros, en cambio, no contaban con antecedentes penales y su principal circunstancia era encontrarse en Estados Unidos sin autorización migratoria.
El uso de terceros países permite a Washington ejecutar deportaciones incluso cuando los inmigrantes no son trasladados directamente a sus países de origen.
Una estrategia que Trump busca ampliar
Los vuelos hacia África forman parte de una política más amplia de la Administración Trump para conseguir que otros países acepten a personas deportadas desde Estados Unidos.
Más de 30 países han alcanzado acuerdos con Washington para recibir inmigrantes de terceros países. Entre ellos figuran Panamá, Costa Rica, El Salvador, Ecuador y Paraguay.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha impulsado este mecanismo como parte de su estrategia para aumentar el ritmo de las deportaciones y cumplir una de sus principales promesas electorales.
El Gobierno mexicano confirmó que los tres drones derribados esta semana por el Ejército de Estados Unidos cerca de la frontera con México eran utilizados por traficantes de migrantes para vigilar a las autoridades y precisó que fueron neutralizados en territorio estadounidense.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur del Comando Norte estadounidense notificó al Ejército mexicano sobre la detección e inhabilitación de los tres aparatos durante las noches del 25 y 26 de agosto.
Los dispositivos, “con características comerciales”, eran “utilizados por traficantes de indocumentados para la vigilancia de autoridades”, indicó la dependencia en un comunicado.
La Defensa precisó que los hechos ocurrieron en “territorio soberano” de Estados Unidos y en el contexto de las denominadas operaciones concurrentes o “espejo” que realizan las fuerzas de ambos países en la frontera.
Estos despliegues, que comenzaron el 5 de febrero de 2025, consisten en reconocimientos simultáneos a lo largo de la frontera común, pero con las fuerzas de cada país actuando dentro de su propio territorio, para combatir principalmente el tráfico de armas y drogas.
La información mexicana complementa la difundida el viernes por el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad) y el Comando Norte de Estados Unidos, que revelaron que los aparatos fueron derribados mediante el Láser de Alta Energía Multipropósito (AMP-HEL) del Ejército estadounidense.
La operación, realizada cerca de la frontera entre Texas y México, marcó la primera ocasión en que Estados Unidos utilizó ese sistema para neutralizar drones vinculados con organizaciones criminales en su frontera sur.
Las autoridades estadounidenses habían clasificado los aparatos como una amenaza para su personal militar y para agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
El mayor general Curtis Taylor, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta-Frontera Sur, advirtió entonces de que las organizaciones criminales utilizan cada vez más aeronaves no tripuladas para facilitar el tráfico ilícito de personas y vigilar las actividades de militares y agentes fronterizos.
Taylor agradeció además la cooperación del Ejército mexicano en el operativo.
La precisión de Defensa sobre el lugar donde fueron derribados los drones ocurre en un contexto de especial sensibilidad en México ante las operaciones estadounidenses contra los cárteles.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha rechazado reiteradamente cualquier acción militar unilateral de Estados Unidos dentro de territorio mexicano y ha advertido de que supondría una violación de la soberanía nacional, al tiempo que defiende la cooperación bilateral en seguridad siempre que respete la territorialidad de ambos países.
La colaboración fronteriza se ha intensificado desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025, en medio de las presiones de Washington a México para frenar el tráfico de fentanilo y la migración irregular hacia Estados Unidos.
