Un grupo de más de 110 legisladores demócratas, liderados por el representante Joaquín Castro, solicitó formalmente al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, la clausura definitiva del Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en Texas, mediante una carta dirigida al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El centro de Dilley, gestionado por la empresa privada CoreCivic, funciona actualmente como la única instalación de detención familiar activa en los Estados Unidos. Aunque había sido cerrado durante el mandato de Joe Biden, la administración de Donald Trump reactivó sus operaciones el año pasado dentro de sus políticas de control migratorio.
“No existe una forma humana de encarcelar a un niño y a su familia. No es más que una prisión móvil que retiene a familias. De hecho, el centro de Dilley es el único lugar en Estados Unidos dedicado a la detención de familias con niños que no han sido acusados de ningún delito“, señaló el grupo, de acuerdo con ABC News.
Asimismo, denunciaron casos de desatención médica oportuna, como el retraso en la cirugía de un menor con apendicitis y el contagio de una bebé de un año con COVID-19 y VSR bajo custodia de CoreCivic.
Violación al Acuerdo de Flores
Los firmantes afirman que los menores permanecen recluidos excediendo el límite de 20 días que dicta el Acuerdo de Flores. Datos oficiales indican que, entre febrero y marzo de 2026, la estancia promedio de los niños en Dilley fue de 57 días.
“Ningún niño debería estar en un lugar como la prisión móvil de Dilley. Bajo la administración Trump, el ICE está arrebatando a los niños de sus familias, escuelas y vidas. Deben ser tratados como niños, no como criminales. Agradezco que más de 100 de mis colegas en el Congreso se unan a la lucha para cerrar la prisión móvil de Dilley”, señaló el representante Castro al respecto.
Respuesta del DHS
Entretanto, el director médico del DHS, doctor Sean Conley, desestimó las críticas, y describió al medio anteriormente citado algunos de los servicios que ofrecen en declaraciones, ABC News:
“Estas acusaciones de que a los inmigrantes indocumentados se les niega la atención médica adecuada bajo custodia del ICE son FALSAS. Es política y práctica habitual que los inmigrantes reciban atención médica oportuna y apropiada desde el momento en que ingresan bajo custodia del ICE. Esto incluye servicios médicos, dentales, de salud de la mujer, de salud mental, cualquier cita médica de seguimiento necesaria, así como atención de emergencia las 24 horas”, apuntó..
Por su parte, un portavoz del DHS defendió la legalidad de los operativos asegurando que el pacto de Flores ha sido un instrumento político de la izquierda para promover fronteras abiertas.
“«”Durante años, el decreto de consentimiento Flores ha sido una herramienta de la izquierda para promover una agenda de fronteras abiertas. Ya es hora de que un solo distrito de California deje de gestionar las funciones de inmigración del Poder Ejecutivo. La administración Trump está comprometida a restablecer el sentido común en nuestro sistema de inmigración”»”.
Para que Lázaro Romero León pudiera regresar a Estados Unidos, desde donde fue deportado a México a pesar de la orden de un juez federal que lo prohibía, tuvieron que pasar casi tres meses y varios intentos fallidos.
Cubano de 59 años, había sido detenido en Puerto Rico, territorio no incorporado de EE.UU., donde se instaló tras salir de su isla natal en los 90 y pasar por Miami, Tennessee y Los Ángeles.
Sobre él pendía desde 2002 una orden de expulsión no ejecutada. Por no haber un acuerdo de deportación entre EE.UU. y Cuba, a Romero León, como a decenas de miles de otros inmigrantes cubanos, se le permitió seguir con su vida en el país.
Y así lo hizo, bajo una orden de supervisión que lo obligaba a presentarse periódicamente ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
“Llevaba 28 años firmando, sin fallar ni una cita”, le cuenta a BBC Mundo. “Hasta que el 20 de mayo de 2025 me agarraron entre seis agentes afuera de mi casa en Aguadilla (Puerto Rico) y, sin más explicaciones, me llevaron”, señala, algo que también confirma ICE.
Así acabó primero en el centro de detención del ICE en Adelanto (California) y en el de Florence (Arizona) después.
Según ICE, en junio de 2025 la agencia solicitó a las autoridades cubanas documentos para que Romero León pudiera viajar al país, algo que sigue pendiente. Y en septiembre del mismo año les notificó que sería expulsado a un tercer país, un aviso que también le fue entregado a Romero León. De acuerdo a ICE, este se negó a firmar la notificación.
De nada sirvió entonces que en diciembre el hombre solicitara ante un tribunal federal el hábeas corpus y que se revisara la legalidad de su detención, señalando que era poco probable que Cuba lo aceptara de vuelta. Tampoco que el juez federal Hernán Diego Vera para el Distrito Central de California le ordenara al gobierno de EE.UU. que no lo deportara mientras se resolvía la acción legal.
“Para ser extremadamente claro, esta orden significa que se prohíbe (…) trasladar al peticionario fuera de Estados Unidos a México (…) hasta que este tribunal haya resuelto la solicitud por completo”, se lee en la orden del juez a la que tuvo acceso BBC Mundo.
Sin embargo y tras un “aparente error de comunicación”, según admitió el gobierno más adelante, tal como se recoge en la orden del juez, el 16 de febrero de este año, Romero León fue llevado a la frontera, desde donde fue trasladado al sur de México.
Después de eso, casi tres meses “de agonía pura”, dice.
Fue un tiempo en el que, dice, perdió la cuenta de los días, mientras su abogada peleaba por su regreso a EE.UU. en los tribunales, y ICE intentaba sin éxito cumplir la orden del juez y hacer que Romero León regresara a EE.UU.
Cortesía de Lázaro Romero León: A Lázaro Romero León lo detuvieron en Puerto Rico, donde llevaba 28 años viviendo y trabajando en construcción.
En esas semanas, indocumentado en el sur de México, lo interceptaron agentes migratorios mexicanos, ingresó en otro centro de detención y fue dejado en la frontera con Guatemala. Afirma que terminó viviendo en la calle en la ciudad de Tapachula, con la misma ropa que cuando lo deportaron y a base de comida donada.
“Vi a muchos otros como yo. Aquello está lleno de cubanos mayores, hasta abuelos, algunos enfermos, sin dinero ni papeles, condenados a la indigencia”, cuenta ahora.
“Parece que quisieran mandarnos a morir allá”, subraya ya de regreso en EE.UU., desde la ciudad californiana de Palmdale.
De cómo logró finalmente regresar hablaremos más adelante.
Consultado ahora sobre el caso por BBC Mundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) subraya que se trata de un “inmigrante ilegal criminal con un historial delictivo extenso” y una orden de expulsión desde 2002.
Romero León cumplió hace años condena por varios delitos: en 1997 por agresión física a la cónyuge, en 2000 por intentar transportar marihuana para su venta y en 2001 por falsificación de la licencia de conducir y por presentar información falsa.
“Lázaro Romero León recibió un debido proceso completo, incluida una orden de deportación final de un juez. Este gobierno no va a ignorar el Estado de derecho. ICE cumple con las órdenes judiciales”, expresó un vocero del DHS.
“Los inmigrantes ilegales criminales no son bienvenidos en Estados Unidos. Estamos aplicando la ley tal como está escrita. Si un juez determina que un inmigrante ilegal no tiene derecho a estar en este país, vamos a deportarlo”.
Un tercer país para los cubanos
Durante años, los cubanos no fueron un objetivo prioritario de las políticas de deportación de EE.UU., en parte por falta de acuerdos y porque Cuba se negaba a aceptar a determinadas personas de vuelta, como aquellas que habían cumplido condenas.
Por ello, muchos inmigrantes recibieron órdenes de expulsión que no se llegaron a efectuar y, como Romero León, permanecieron hasta por décadas en EE.UU., donde trabajaron y formaron familias, a menudo con parejas naturalizadas e hijos con la ciudadanía por nacimiento.
Pero eso cambió drásticamente bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump.
Desde que asumió el cargo en enero de 2025, su gobierno, como prometió antes de ser presidente, ha ordenado operaciones antiinmigración masivas para deportar indocumentados y tomado medidas para ampliar tanto las vías de expulsión como los convenios con países dispuestos a recibir a deportados de otras nacionalidades.
Según un reporte de abril del Instituto Cato, un centro de estudios no partidista y de corte conservador con sede en Washington, los arrestos por parte del ICE de los nacidos en la isla saltaron de menos de 200 al mes a finales de 2024 a más de 1.000 mensuales un año después.
Y mientras las deportaciones enfrentan litigios en tribunales federales, la lista de las naciones dispuestas a convertirse en “terceros países” receptores ha ido ampliándose.
Costa Rica ha sido el último en sumarse al grupo que ya engrosaban Camerún, Ecuador, El Salvador, Esuatini, Ghana, Honduras y Panamá.
AFP vía Getty Images: Lázaro Romero León estuvo detenido primero en el centro que ICE tiene en Adelanto (en la imagen), California, y en el de Florence, en Arizona, después.
Con México no existe un contrato público de ese tipo —y la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que fuera a suscribirlo—, pero el país también ha recibido a miles de ciudadanos de otras nacionalidades deportados de EE.UU., principalmente cubanos, haitianos y venezolanos, desde el regreso de Trump al poder.
Pero México lleva años haciéndolo en virtud de un compromiso adquirido con el gobierno anterior, el del demócrata Joe Biden.
Aunque entonces se trataba de migrantes que acababan de cruzar la frontera de forma irregular y eran devueltos de inmediato, algo muy diferente al tipo de deportaciones que se están viendo ahora.
Las autoridades de ambos países no han dado cifras oficiales respecto a las nuevas expulsiones. Pero poco a poco han ido saliendo pistas a la luz.
En diciembre la presidenta Sheinbaum aseguró que su país había recibido a 11.886 extranjeros hasta ese momento.
Y en marzo, el juez federal William G. Young señaló en una resolución que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le había indicado que, con base en un “acuerdo no escrito”, en el último año EE.UU. habría deportado a 6.000 cubanos a México.
Un informe de Human Rights Watch recién publicado en mayo señala que entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026 el gobierno de Trump envió al país vecino a casi 13.000 extranjeros; de ellos, el grupo más numeroso lo constituyen cubanos: 4.353 deportados en total.
Sin papeles ni dinero
Para el reporte, HRW entrevistó a más de 50 personas en Tapachula (Chiapas) y Villahermosa (Tabasco), ciudades del sur de México a las que se destina a estos deportados.
Con excepción de uno, todos los cubanos interrogados afirmaron haber tenido previamente residencia permanente en EE.UU. y la mayoría reconocieron haberla perdido tras una condena.
En gran parte de los casos fue por delitos menores, como conducir bajo los efectos del alcohol, falsificación de documentos o cargos vinculados a drogas, señala HRW tras su investigación de los datos disponibles. Algunos fueron sentenciados por faltas más graves, como agresión o delitos relacionados con armas.
“Ya pagué”, le dice Romero León a BBC Mundo sobre las condenas que cumplió por sus delitos 25 años atrás.
Como él muchos cubanos terminaron en un país extraño sin documentación, dinero ni pertenencia alguna.
Anadolu vía Getty Images: México ha recibido a miles de ciudadanos de otras nacionalidades deportados de EE.UU., principalmente cubanos, haitianos y venezolanos, desde el regreso de Trump al poder.
El gobierno mexicano no garantiza servicios a los deportados originarios de otros países, según HRW, y los obliga a navegar por un complicado sistema para pedir asilo.
De acuerdo con la organización, todos los entrevistados dijeron que, antes de ser liberados, las autoridades migratorias mexicanas les notificaron que tenían un permiso limitado para permanecer en el país —en la mayoría de los casos, por un período de 10 días— y les instaron a iniciar un proceso ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
Así se lo recomendaron también a Romero León, le confirma a BBC Mundo su abogada, la defensora pública Margaret Farrand.
Bajo la legislación mexicana, quienes lo hacen deben permanecer en el estado donde presentaron la solicitud mientras esta se tramita.
BBC Mundo trató de comunicarse con la Comar sin éxito y consultó al Instituto Nacional de Migración (INM) cuántos extranjeros deportados desde EE.UU. solicitaron refugio en México desde la llegada de Trump al poder y a cuántos se les otorgó.
A ello, el INM contestó que toda información relacionada con cifras la maneja la Unidad de Política Migratoria y que, al tratarse en muchos casos de “procesos administrativos migratorios personales que están en cauce”, no puede proporcionarse.
Y ante la pregunta de si existe un acuerdo o algún tipo de coordinación entre las autoridades migratorias estadounidenses y las mexicanas para las deportaciones de otras nacionalidades, respondió: “Sobre eso no tenemos información”.
“Si vienes a nuestro país ilegalmente, podrías terminar en el CECOT [el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la infame prisión de máxima seguridad de El Salvador] o en cualquier otro tercer país”, contestó a esa misma pregunta de BBC Mundo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“Estamos aplicando la ley tal como está escrita. Si un juez determina que un extranjero ilegal no tiene derecho a estar en este país, lo vamos a deportar. Punto”, subrayó en un correo electrónico.
“Estos acuerdos con terceros países, que aseguran el debido proceso bajo la Constitución de EE.UU., son esenciales para la seguridad de nuestro país y del pueblo estadounidense”.
A la cuarta, la vencida
Cuando BBC Mundo habló por primera vez con Romero León, llevaba dos meses en Tapachula, una ciudad del estado más pobre de México situada a escasos kilómetros de la frontera con Guatemala y acostumbrada a las caravanas de migrantes.
“Aquí estoy, pasando unos trabajos tremendos. Un muchacho me vio en la calle y me acogió, me dio de su comida… Pero sigo con esta ropa, desde el año pasado ando con la misma”, contó durante aquella conversación telefónica el 5 de mayo.
Para entonces se había puesto en contacto con Arody Tomé, un paisano al que conoció mientras estaba detenido antes de ser deportado y al que cuidó cuando se enfermó de neumonía. Liberado pero con una tobillera con GPS para monitorearlo, Tomé prometió ayudarle e hizo de puente con la abogada Margaret Farrand.
Así, con los recursos que la letrada presentó y la presión del juez en California, ICE intentó primero que Romero León tomara un avión con destino a Tijuana.
Algo inviable con la copia de su carnet de Puerto Rico, la única identificación con la que fue deportado, y la copia de certificado de nacimiento cubano que la abogada había conseguido.
Después trataron de que viajara a la frontera con EE.UU. en autobús. La propia abogada pagó por un boleto para el 11 de abril.
“Pero al poco de salir, antes de llegar a Tuxtla Gutiérrez (la capital de Chiapas) había un retén, y me bajaron y me llevaron a la estación migratoria” de Tapachula, cuenta.
“Después de tenerme preso unos días, me dejaron en la frontera con Guatemala”.
BBC Mundo consultó al INM sobre esto, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no recibió respuesta.
Cortesía de Lázaro Romero León: Regresar a Estados Unidos, de donde había sido deportado, le costó a Lázaro Romero Torres casi tres meses.
A pesar de su reticencia a reintentarlo sin el acompañamiento de un funcionario estadounidense que les asegurara a los agentes mexicanos que iba a EE.UU. requerido por su gobierno, la historia se repitió una vez más.
Se volvió a subir a un bus. Y lo volvieron a bajar en el retén, dice. Acabó de nuevo en detención y luego en la calle.
“¿Cómo es posible que exista un mecanismo para deportar a alguien a un país que no es el suyo pero no haya ninguno para traerlo de vuelta?”, se cuestionó la defensora en ese punto cuando BBC Mundo la llamó para contrastar con ella el relato de su cliente.
La pesadilla empezó a llegar a su fin este 8 de mayo, cuando con un salvoconducto en mano y gracias a la coordinación entre autoridades de ambos países pudo subirse a un avión con destino a Tijuana.
Desde esa ciudad fronteriza cruzó por el paso de San Ysidro a EE.UU., donde tras pasar de nuevo por un centro de detención, quedó libre bajo supervisión.
Ahora acude a firmar a una oficina de ICE en el centro de Los Ángeles. Lo hace como un deportado al que tuvieron que traer de regreso.
BBC:
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Hace un año, este mismo mes, la vida de Javier cambió radicalmente. Este hombre de 41 años trabajaba en Glass House Farms, en la costa central de California, cuando agentes federales de inmigración llevaron a cabo la que entonces fue la mayor operación de control migratorio en la historia del estado.
Cinco días después de su detención, Javier fue deportado a México.
“No le deseo a nadie lo que vivimos ese día”, dijo Javier, quien pidió que solo usáramos su nombre de pila. Habló desde su casa en Chiapas, al sur de México. “Todavía estoy lidiando con el daño psicológico”.
La operación, en la que participaron vehículos blindados, helicópteros y drones, resultó en la detención de más de 360 trabajadores agrícolas, entre ellos 14 menores y cuatro ciudadanos estadounidenses.
‘Seguimos preocupados’
El pasado sábado 11 de julio, activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes en Oxnard, a unos 40 kilómetros al sur de Los Ángeles, realizaron una vigilia en memoria de las víctimas de las redadas y Jaime Alanis García, el trabajador agrícola de 57 años que murió mientras intentaba evitar la detención.
Un monumento en memoria de Jaime Alanis García, el trabajador agrícola de 57 años que murió mientras intentaba evadir a agentes de inmigración durante una redada en Glass House Farms.Crédito: Araceli Martínez/ACoM | Cortesía
“El 10 de julio fue muy traumático para nosotros”, dijo Leo Martínez, de la red de respuesta rápida VC Defensa, que organizó la vigilia.
Habló mientras los residentes encendían velas en un altar improvisado cercano con imágenes de Lorenzo Salgado Araujo, el trabajador de la construcción de Texas asesinado el 7 de julio de este año por un agente del ICE en Houston. Un tiroteo similar, en el que participó el ICE, el 13 de julio, le costó la vida a Joan Sebastián Guerrero, de 26 años y originario de Colombia.
Martínez agregó que después de las redadas, la comunidad se transformó “de una manera que nunca antes había visto”.
Los vecinos se unieron a grupos de WhatsApp para mantenerse informados sobre la presencia de agentes de inmigración. Formaron redes de voluntarios para patrullar los vecindarios. Según dijo, los agentes ya no tienen espacio para operar aquí.
Aun así, añadió, el miedo persiste.
“Hay niños que ya no van a la escuela, padres que no trabajan”, dijo Martínez. “El terror sigue presente”.
Luis, de 52 años, es originario del estado de Oaxaca, en el sur de México, y ha trabajado en el campo en el condado de Ventura y sus alrededores durante más de 30 años. Dijo que aún siente miedo de aquel día y le preocupa que algo similar pueda volver a ocurrir.
“Seguimos preocupados”, dijo Luis, quien también pidió que solo usáramos su nombre de pila. Añadió: “Nos cuidamos entre nosotros, y si vemos algo inusual… avisamos”.
Otros asistentes a la vigilia expresaron preocupaciones similares.
“Mi esposa y yo salimos todos los días a trabajar sin saber si podremos regresar a casa con nuestros hijos”, dijo Pedro, de 48 años, y agregó que sus cuatro hijos nacieron en Estados Unidos.
Agresión y malicia
El día de la redada, Javier recuerda haber estacionado la camioneta de la empresa que conducía frente a uno de los almacenes de la granja cuando vio por primera vez a un numeroso grupo de agentes de inmigración.
“Salí de la camioneta y me escondí en una habitación oscura del almacén”, dijo. “Me cubrí con plantas para que no me vieran. Éramos unos 20 trabajadores escondidos allí. Estuvimos ocultos unos 40 minutos hasta que nos encontraron”.
Cuando lo descubrieron, lo apuntaron con una pistola taser. Asustado Javier se entregó.
“¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡No me lastimen! les dije”.
El 10 de julio de 2025 tuvo lugar una de las redadas migratorias más grandes y agresivas en la historia de California. Crédito: AP
Cuando sacaron a los inmigrantes, los obligaron a ponerse de rodillas como si fueran delincuentes.
“La gente lloraba y gritaba”, recordó. “Había parejas que trabajaban juntas y cuyos hijos habían quedado al cuidado de una niñera”. Los agentes, dijo, actuaron con extrema agresividad y “malicia”.
Finalmente, ese día, los agentes subieron a Javier a una camioneta con otros detenidos, entre ellos, hombres y mujeres con solicitudes de asilo abiertas y permisos de trabajo, o trabajadores que habían pasado más de 30 años en el país “sin una sola infracción de tránsito”.
Los detenidos fueron llevados al centro de detención de ICE en el centro de Los Ángeles. Javier fue hacinado en una habitación pequeña y con poca luz junto a otras 50 personas. Pasó los siguientes cinco días comiendo burritos medio congelados y durmiendo por turnos en el suelo.
“No comí para no tener que ir al baño”, dijo Javier. “Solo teníamos un inodoro a la vista de todos, sin ninguna privacidad”.
Los agentes de ICE les dieron a los detenidos dos opciones: defenderse en el centro de detención, lo que significaría meses de confinamiento; o la deportación.
“Me dijeron que si firmaba mi salida voluntaria, al regresar a México me enviarían un cheque de 1000 dólares. Firmé la salida”, dijo Javier. “Los 1000 dólares nunca llegaron”.
El trabajador coincidió con Martínez al enfatizar la importancia de la movilización de la comunidad en respuesta a los momentos difíciles y de angustia que vivieron durante la redada de hace un año. Destacó la labor de VC Defensa y 805 UndocuFund, otra red de respuesta rápida, y describió cómo “amigos y conocidos organizaron lavados de autos, ventas de comida y rifas” para recaudar fondos en su apoyo.
Tras la redada, afirmó que la comunidad “estaba más unida que nunca”.
Este reportaje se produjo como parte de “Aquí Estamos/Here We Stand”, un proyecto periodístico colaborativo de American Community Media y medios de comunicación comunitarios de todo el estado.
A pesar de la controversia generada por las muertes de tres inmigrantes, ocurridas por separado en una semana durante operativos a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional (DHS), anticipó que todo extranjero carente de estatus legal detectado en el territorio estadounidense terminará siendo deportado tarde o temprano sin importar dónde se encuentre.
El primer incidente desafortunado se produjo el miércoles 7 alrededor de las 6:38 am durante un intento de arresto en un control de tráfico efectuado en Houston, Texas.
De acuerdo con un comunicado divulgado por la agencia federal, el mexicano Lorenzo Salgado Araujo de 52 años presuntamente además de negarse a cooperar con las autoridades durante un operativo de control migratorio, trató de embestir a un oficial con la camioneta que conducía.
En respuesta, recibió varios disparos que a la postre le quitaron la vida.
Seis días después, en la ciudad de Biddeford, Maine, durante otro operativo de detención de inmigrantes, un agente de ICE disparó el arma que portaba en contra de Johan Sebastián Durán Guerrero, colombiano de 26 años quien perdió la vida.
Posteriormente, el 14 de junio, para evitar de ser detenido por el ICE, un tercer inmigrante falleció tras ser arrollado por un tráiler cuando trataba de huir en San Agustín, poblado ubicado en el noreste de Florida.
Las muertes han provocado indignación entre la comunidad latina y las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Los operativos efectuados por el ICE han establecido cifras récord de detenciones. (Crédito: Charles Reed / Servicio de Inmigración y Aduanas vía AP)
No obstante, a través de una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Markwayne Mullin descartó que el trabajo de las autoridades migratorias continuará en la mayor parte del territorio nacional y les recomendó a las personas carentes de documentos para avalar su estadía, abandonar el país por voluntad propia.
“Los inmigrantes indocumentados serán arrestados y deportados dondequiera que se encuentren. Si estás aquí ilegalmente, VETE AHORA. Nuestros agentes están llevando a cabo operativos para hacer cumplir las leyes de nuestra nación.
Recordamos a los inmigrantes indocumentados que intentar evadir el arresto es peligroso”, escribió.
Acto seguido, el funcionario despotricó en contra de tres políticos demócratas por estar asesorando a los inmigrantes para eludir su eventual deportación.
“Organizó un seminario web con consejos para que los inmigrantes indocumentados eviten arrestos en sus hogares, lugares de trabajo o en público” señaló sobre Alexandria Ocasio-Cortez, representante por Nueva York a quien acusó de estar asesorando a los inmigrantes carentes de estatus legal.
Mientras su hermano Lorenzo sangraba por el disparo que había recibido en el torso, Víctor Salgado estaba tendido en el suelo, con las manos esposadas a la espalda, y suplicaba a los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos que llamaran a una ambulancia.
La ayuda médica tardó cerca de 30 minutos en llegar. Lorenzo fue trasladado después al hospital Ben Taub, en Houston, donde murió poco después a causa de sus heridas, el pasado martes siete de julio.
Víctor y los otros dos hombres que viajaban en la camioneta de Lorenzo cuando los agentes de ICE los interceptaron acabaron en un centro de detención migratoria, donde aún permanecen recluidos.
Ruby Powers, la abogada que representa a Víctor y a quien él ha transmitido su testimonio, cuestionó en una entrevista con EFE la decisión del Gobierno de mantenerlo detenido, ya que considera que su voz es “esencial” para las investigaciones que se están llevando a cabo sobre el incidente, que ha generado una ola de indignación en el país.
“Si realmente les importara la justicia, ¿por qué están deteniendo a uno de los pocos testigos directos de lo que sucedió?”, señaló Powers, quien fue contactada por el consulado de México en Houston para ayudar con el caso migratorio de Víctor.
“No sabían quién los estaba persiguiendo”
El día del incidente, Lorenzo Salgado recogió por la mañana a su hermano y a los otros dos compañeros para dirigirse a una obra de construcción en la que trabajaban, según el relato que Víctor transmitió a su abogada.
Durante el trayecto, varios vehículos que no estaban identificados como patrullas comenzaron a seguirlos. “Lorenzo no sabía qué estaba pasando, estaba nervioso”, indicó Powers.
Tras una persecución, Lorenzo detuvo la camioneta a un lado de la carretera. Entonces, un individuo bajó de uno de los vehículos que los seguían, se acercó al costado de la camioneta, gritó “¡paren!” y disparó a través de la ventanilla abierta.
“Ellos no sabían quiénes los estaban persiguiendo ni qué estaba pasando”, relató la abogada, “Víctor cuenta que supo que eran agentes de migración fue cuando lo estaban bajando de la camioneta para esposarlo, porque uno de los agentes llevaba una identificación de ICE al cuello. Para entonces, el daño ya estaba hecho”.
El testimonio de Víctor contradice directamente la versión del Gobierno y coincide con el relato que dieron los otros dos testigos, que se han dado a conocer a través del abogado Hugo Balderas-Ibarra.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), del que forma parte ICE, Lorenzo intentó embestir uno de los coches de los agentes con su carro, se negó a obedecer varias órdenes verbales y “utilizó su vehículo como arma para intentar arrollar” a un agente de ICE, antes de que este disparara en “defensa propia”.
De acuerdo con Powers, “la vida de ningún agente estuvo en riesgo; de hecho, ellos eran quienes estaban en peligro y Lorenzo murió”.
Un duelo desde un centro de detención
Tras el incidente, el DHS informó que la Oficina del Inspector General del departamento abrió una investigación sobre la muerte de Salgado y que el FBI lideraría las pesquisas sobre la presunta “agresión” del migrante contra un agente de ICE.
Por su parte, la Fiscalía del condado de Harris, al que pertenece Houston, decidió iniciar una investigación paralela sobre los hechos en respuesta a las solicitudes de legisladores, activistas y familiares de Salgado para que se llevara a cabo una pesquisa independiente de la del Gobierno federal.
Powers insistió en que “en aras de la transparencia y del respeto al debido proceso” Víctor debe ser “liberado para que pueda entregar el testimonio que se necesita y cooperar con todas las investigaciones”.
El hombre, de nacionalidad mexicana, enfrenta un proceso migratorio ante la corte y tiene una audiencia programada para la próxima semana, relató la abogada.
Desde el centro, a las afueras de Houston, Víctor está “viviendo el duelo por su hermano, en varios niveles, además del impacto de haber presenciado el momento en que le dispararon y todo lo que ocurrió”, subrayó Powers.
“Está detenido y sigue viendo en televisión las imágenes de su hermano. Es como si tuviera que revivir esos momentos una y otra vez, completamente solo, mientras enfrenta el duelo y la pérdida”, agregó.
Las muertes de dos migrantes latinoamericanos por disparos de agentes de ICE en menos de una semana han vuelto a poner el foco sobre el uso de la fuerza durante los operativos migratorios en Estados Unidos, intensificados por orden del gobierno del presidente Donald Trump.
Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano de 52 años, murió el 7 de julio en Houston, Texas, mientras que el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26, falleció seis días después en Biddeford, Maine.
En ambos casos, los fallecidos iban al volante cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron detener sus vehículos.
La respuesta de la agencia fue acusar a Durán de intentar huir y a Salgado de poner en peligro la vida de los agentes.
Sin embargo, ninguno era la persona que buscaban los agentes, según confirmaron legisladores tras recibir información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La congresista demócrata Sylvia García aseguró que el director interino de ICE le confirmó que Salgado no era el objetivo del operativo en Houston.
Según el DHS, los agentes se dirigían a una vivienda que mantenían bajo vigilancia cuando vieron una camioneta blanca similar a otras relacionadas con el lugar.
Uno de sus ocupantes también se parecía, según la agencia, a la persona que buscaban, por lo que decidieron interceptar el vehículo.
En Maine, el senador Angus King aseguró, tras conversar con el secretario de Seguridad Nacional, que los agentes tampoco buscaban a Durán.
La versión oficial, bajo la lupa
En ambos casos, ICE justificó el uso de la fuerza al señalar que los conductores representaban un peligro.
La agencia afirmó que Durán intentó huir durante una parada de tráfico y que un agente, al temer por la seguridad pública, disparó contra él.
En Houston, ICE aseguró que Salgado chocó contra un vehículo oficial, desobedeció varias órdenes e intentó arrollar a un agente con su camioneta, por lo que este abrió fuego en defensa propia.
Esa versión ha sido cuestionada por los tres hombres que viajaban con el hombre mexicano —su hermano y dos compañeros—, hasta ahora los únicos testigos directos conocidos.
Los tres, recluidos en un centro de detención migratoria, afirmaron que Salgado no intentó arrollar a ningún agente y que los disparos entraron por los costados de la camioneta, según su abogado, Hugo Balderas.
Quiénes eran los fallecidos
Salgado llevaba 35 años viviendo en Estados Unidos, trabajaba en la construcción y estaba en proceso de regularizar su situación migratoria, según su familia.
Era padre de tres hijos y se dirigía al trabajo con su hermano y otros dos compañeros cuando los agentes interceptaron el vehículo.
Durán, nacido en Bucaramanga, vivía en Maine con su esposa y su hija de tres años y contaba con autorización para trabajar en Estados Unidos.
Por las mañanas trabajaba en una veterinaria y por las tardes hacía entregas a domicilio, contó su padre, Omar Durán, a Blu Radio.
Dos mil detenciones diarias
Los tiroteos se produjeron en medio de una campaña del Gobierno de Donald Trump para aumentar las detenciones de migrantes.
Según reveló el diario The New York Times, ICE recibió instrucciones de destinar más agentes a realizar arrestos y considerar 2,000 detenciones diarias como el nuevo estándar.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025, se han registrado 29 incidentes en los que agentes de ICE dispararon contra civiles, según el portal The Trace. Ocho personas murieron.
Las muertes han generado pedidos de investigaciones independientes y una mayor presión sobre las autoridades migratorias.
Human Rights Watch (HRW) reclamó una investigación “oportuna, transparente y exhaustiva” sobre la muerte de Durán en Maine.
En Texas, la Fiscalía del condado de Harris abrió una pesquisa paralela a la del DHS tras los reclamos de activistas, legisladores y familiares de Salgado. La fiscalía denunció, sin embargo, la falta de cooperación del Gobierno federal y aseguró que todavía desconoce la identidad de los agentes implicados.
A estas iniciativas se sumaron las acciones anunciadas por México por las muertes de 17 ciudadanos de ese país bajo custodia o durante operativos de ICE. La Cancillería informó que la red consular comenzó a presentar denuncias ante fiscalías estatales y solicitó la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
De acuerdo con información de CBS News, la decisión se tomó luego de que un inmigrante mexicano muriera en Houston, Texas, y un inmigrante colombiano falleciera en Biddeford, Maine, en incidentes separados donde los agentes involucrados no portaban cámaras corporales.
“Garantizar que todos nuestros agentes del ICE cuenten con cámaras corporales en todo el país es una prioridad absoluta para el DHS”, señaló la dependencia en un comunicado.
El DHS acelera el despliegue de cámaras corporales
El DHS informó que más de la mitad de las oficinas regionales del ICE ya cuentan con estos dispositivos y aseguró que el resto recibirá el equipo en un plazo de 60 días.
La dependencia atribuyó el retraso a problemas de financiamiento derivados del cierre parcial del gobierno a principios de este año. Sin embargo, legisladores demócratas sostienen que el Congreso ya aprobó recursos suficientes para acelerar el programa.
La representante Sylvia García, demócrata por Texas, aseguró que el director interino del ICE, David Venturella, le prometió que todos los agentes en servicio tendrán acceso a cámaras corporales antes de que termine julio.
“Confía en mí, le exigiré que cumpla su palabra”, declaró la legisladora.
También cambian las detenciones vehiculares del ICE
Tras los hechos ocurridos en Texas y Maine, el ICE también suspendió temporalmente la mayoría de las detenciones de vehículos durante sus operativos, salvo en casos relacionados con personas consideradas de alto riesgo.
Según el medio citado, la pausa permitirá capacitar nuevamente a los agentes sobre los protocolos de intervención y el uso de las cámaras corporales.
Las muertes de ambos inmigrantes reavivaron el debate sobre las tácticas del ICE y la necesidad de contar con evidencia audiovisual durante los operativos, una práctica que organizaciones civiles consideran clave para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
El camionero de origen indio Jashanpreet Singh fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por un accidente que dejó tres muertos en California, en un caso que la Administración del presidente Donald Trump utilizó para impulsar restricciones a conductores inmigrantes con licencias comerciales.
Singh, de 21 años, se declaró culpable de tres cargos de homicidio vehicular con negligencia por el choque ocurrido el 22 de octubre en una autopista del sur de California, donde además cuatro personas resultaron heridas.
Durante el proceso judicial también enfrentó un cargo por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, aunque esa acusación fue retirada posteriormente.
De acuerdo con las autoridades, el camión que conducía no logró detenerse y terminó impactando a gran velocidad contra vehículos que permanecían detenidos en una de las autopistas más transitadas del área metropolitana de Los Ángeles.
Tras el accidente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de arresto contra Singh, quien cumplirá la condena en una prisión estatal.
Uso político de la administración Trump
La Casa Blanca utilizó este caso para defender medidas dirigidas a retirar de las carreteras a conductores inmigrantes a los que calificó como “ilegales”, pese a que Singh contaba con un permiso de trabajo otorgado por las autoridades migratorias, lo que le permitió obtener una licencia comercial de conducir en California.
El Gobierno de Trump también cuestionó que California hubiera expedido esa licencia y relacionó el caso con el de Harjinder Singh, otro camionero de origen indio involucrado en un accidente ocurrido el 12 de agosto en Florida, donde murieron tres personas tras un giro en U en una zona no autorizada.
Como parte de esa política, la Administración Trump estableció nuevos requisitos para los conductores de camiones, entre ellos demostrar dominio del inglés y retirar las licencias comerciales a quienes no sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales.
Un detenido venezolano de 45 años murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras era trasladado entre dos centros de detención en el estado de Georgia, según informó este miércoles la propia agencia federal.
ICE identificó al fallecido como Jesús Manuel Arenas-Silva y señaló que el incidente ocurrió el 13 de julio, cuando era transportado en autobús desde el Centro de Detención del Condado de Irwin, en Ocilla, hasta el Centro de Procesamiento D. Ray, en Folkston.
Según el comunicado, Arenas-Silva fue encontrado inconsciente alrededor de las 7:46 de la mañana. El personal del transporte solicitó asistencia médica e inició maniobras de reanimación mientras llegaban los servicios de emergencia.
La agencia indicó que los paramédicos trasladaron al venezolano al Hospital del Condado de Irwin, donde fue declarado muerto a las 8:31 de la mañana. ICE afirmó que la causa preliminar de la muerte sería un paro cardíaco, aunque precisó que la causa oficial permanece pendiente de los resultados de un examen médico.
De acuerdo con la versión de ICE, Arenas-Silva ingresó a Estados Unidos sin autorización en octubre de 2021, tras ser interceptado por la Patrulla Fronteriza cerca de Calexico, California. La agencia agregó que previamente había sido declarado inadmisible en el puerto de entrada de San Luis, Arizona.
Asimismo, indicó que un juez de inmigración de Atlanta ordenó su deportación a Venezuela el 27 de abril de 2026 y que fue arrestado nuevamente el pasado 9 de julio durante un operativo de control migratorio en Dallas, Georgia, debido a una orden de deportación pendiente.
ICE aseguró que, mientras permaneció bajo custodia, el venezolano recibió atención médica y fue evaluado por profesionales de la salud.
La agencia indicó que comunicó el caso a la Embajada de Venezuela en Washington y a los familiares del fallecido.
Muertes bajo custodia de ICE
La muerte de Arenas-Silva ocurre en medio del aumento de fallecimientos registrados bajo custodia de ICE durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.
Según datos oficiales de la agencia y del Proyecto de Datos Tras Las Rejas de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), 51 personas han muerto bajo custodia migratoria desde enero de 2025.
Solo entre enero y julio de 2026 se han registrado 20 fallecimientos bajo custodia de ICE. Si se utiliza la medición por año fiscal del Gobierno de Estados Unidos —que comenzó en octubre de 2025— la cifra asciende a 32 muertes hasta julio de 2026, el mayor número registrado para ese periodo en las últimas dos décadas.
Aunque la población detenida por ICE también ha aumentado, los registros muestran que el incremento de las muertes ha sido proporcionalmente mayor. Entre 2024 y 2025, la cantidad de personas bajo custodia creció un 73,5 %, mientras que los fallecimientos aumentaron un 191 %, al pasar de 11 a 32 casos.
En un mensaje en su red Truth Social, Trump elogió el “trabajo excelente” y la “labor necesaria” que realizan los agentes del ICE y reiteró sus acusaciones contra la anterior Administración del demócrata Joe Biden sobre la supuesta entrada de millones de personas al país “sin control ni verificación”.
“Muchos eran delincuentes, y debemos expulsarlos. Para lograrlo, debemos ser fuertes, firmes e inteligentes, y no podemos renunciar a una de las herramientas más importantes y eficaces del ICE para combatir el crimen: ¡los controles de tráfico! Si lo hacemos, estaremos jugando a favor de los delincuentes”, advirtió.
The men and women of ICE are doing a GREAT job, one that has to be done. CRIME IS WAY DOWN IN AMERICA, in many cases with numbers that haven’t been seen in decades. The Open Border Policy of Sleepy Joe Biden allowed 25,000,000 people to pour into our Country, unchecked and? pic.twitter.com/im7J8Q60wd
— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 15, 2026
Según el mandatario republicano, a los demócratas “radicales de izquierda les encantaría que esto sucediera”, pero insistió en que esto no ocurrirá bajo su mandato.
“ICE, sean prudentes, justos e inteligentes, y vuelvan a hacer su trabajo tan importante. ¡Sigan registrando esas cifras positivas en la lucha contra el crimen! Recuerden que en Estados Unidos se les aprecia y respeta”, aseguró.
El mensaje del presidente llega después de que esa agencia federal decidiera el martes suspender hasta nueva orden la mayoría de sus registros de tráfico y los controles de vehículos, días después de que un inmigrante colombiano fuese asesinado en su auto en Biddeford, al sur de Maine, tras recibir disparos de un agente del ICE.
El senador de Maine Andy King explicó que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le dijo que el agente abrió fuego contra el joven después de que este intentara usar su vehículo como arma contra ellos.
Este fue el mismo argumento que el ICE utilizó el pasado enero cuando un agente disparó contra la estadounidense Renée Good en Minnesota en su auto.
Unos días antes del incidente en Maine, otro agente del ICE acabó con la vida de un mexicano durante un operativo de detención en Texas. El fallecido también iba en su vehículo cuando fue tiroteado.
Estas nuevas muertes han reavivado las críticas contra la agencia y los llamamientos a una investigación independiente sobre sus procedimientos.
El ‘zar de la frontera’ de la Casa Blanca, Tom Homan, explicó que la suspensión de las paradas de tráfico es solo “una breve pausa” y no representa una modificación general de la política de la Administración de Trump, que llegó al poder con la promesa de deportaciones masivas.
Homan agregó que el ICE seguiría desempeñando su labor por otras vías.
