El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevará a sus operaciones una nueva herramienta de uso de la fuerza que ya genera cuestionamientos en Washington. La agencia adjudicó un contrato de $16.7 millones para adquirir 6,000 guantes capaces de administrar descargas eléctricas, de acuerdo con documentos federales citados por CBS News.
El acuerdo, firmado con la empresa de Kentucky Compliant Technologies LLC, tiene una duración de seis meses e incluye los guantes, equipo de apoyo y servicios. Cada dispositivo tiene un precio de $2,495, según los registros revisados por el medio estadounidense.
Un guante que puede dar descargas
El dispositivo es conocido como G.L.O.V.E., siglas en inglés de Generated Low Output Voltage Emitter. A simple vista funciona como un guante convencional para agentes, pero puede activar un modo eléctrico cuando entra en contacto directo con la piel.
ICE sostiene que la tecnología puede utilizarse durante arrestos, traslados de detenidos y situaciones de resistencia, con la intención de ofrecer a sus agentes una alternativa al uso de armas más graves.
En los documentos de adquisición, la agencia describe los dispositivos como herramientas de “distracción conductiva y desescalada” y argumenta que podrían reducir la necesidad de recurrir a la fuerza física o a armas de fuego.
La propia agencia justificó la compra al señalar que actualmente no cuenta con un dispositivo de uso de fuerza sin armas que pueda emplearse en situaciones de alta tensión.
Sin embargo, los documentos no detallan completamente las medidas de seguridad que acompañarán el despliegue.
El manual de Compliant Technologies establece que los agentes deben dar a una persona una oportunidad razonable para cooperar antes de utilizar la fuerza. También recomienda limitar la descarga a un máximo de 15 segundos, salvo que exista un riesgo mayor.
Demócratas cuestionan la compra
La adquisición provocó una reacción inmediata de legisladores demócratas. La senadora Catherine Cortez Masto, de Nevada, y otros 15 senadores pidieron al ICE cancelar la compra y reclamaron información sobre capacitación, supervisión y reglas para utilizar los dispositivos.
Los legisladores advirtieron que una herramienta capaz de provocar una descarga eléctrica durante detenciones civiles de inmigración plantea dudas sobre proporcionalidad, seguridad médica y derechos constitucionales.
El Departamento de Seguridad Nacional defendió la decisión. Un portavoz dijo al medio citado que las críticas son un intento de poner en riesgo a los agentes y aseguró que ICE revisa sus herramientas para garantizar que cumplan con las políticas y normas aplicables.
El funcionario añadió que el personal está “altamente capacitado en tácticas de desescalada”.
Un audio revelado esta semana volvió a colocar a ICE en el centro de la discusión electoral en Estados Unidos. Bobby Charles, candidato republicano a gobernador de Maine, dijo ante simpatizantes que buscaría la intervención de Tom Homan, encargado de la frontera de la Casa Blanca, para llevar agentes de inmigración a los centros de votación durante las elecciones de noviembre.
La revelación fue reportada por Associated Press, que obtuvo la grabación de un encuentro celebrado el 20 de agosto con integrantes de los Jóvenes Republicanos de Maine, en Arundel.
En el audio, Charles menciona su relación con Homan y plantea solicitar la presencia de ICE y alguaciles en las urnas semanas antes de las elecciones de mitad de mandato.
“Tengo un amigo que se llama Tom Homan”, dijo Charles durante el encuentro, según la grabación difundida por la agencia.
Posteriormente, el candidato intentó precisar sus declaraciones. Su campaña aseguró que la intención era mantener comunicación entre autoridades electorales locales y federales para actuar ante posibles casos de violencia, intimidación o actividades ilegales.
En mayo, el presidente Donald Trump fue cuestionado sobre la posibilidad de enviar a la Guardia Nacional o a ICE a centros de votación. Su respuesta fue que haría “todo lo necesario” para garantizar elecciones honestas.
Sin embargo, la Casa Blanca ha insistido en que no existe un plan formal para colocar agentes de ICE fuera de los centros de votación. En febrero, la exsecretaria de prensa Karoline Leavitt dijo que nunca había escuchado al presidente hablar de un despliegue de ese tipo, aunque tampoco garantizó que ningún agente pudiera encontrarse cerca de un centro de votación.
El propio DHS declaró previamente a Newsweek que ICE no tiene operaciones dirigidas específicamente contra los centros de votación. La agencia señaló que una intervención podría ocurrir únicamente ante una amenaza concreta a la seguridad pública dentro de una operación basada en información de inteligencia.
Maine rechaza presencia de agentes
Las declaraciones de Charles provocaron una respuesta inmediata de funcionarios y grupos demócratas. La secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, sostuvo que los agentes de ICE están impedidos por la ley de permanecer en los centros de votación y aseguró que las elecciones de noviembre serán libres y seguras.
La ACLU también ha expresado preocupación por una eventual presencia de agentes federales en las urnas y recordó que los ciudadanos tienen derecho a votar “sin temor a ser engañados o intimidados”.
Por ahora, la Casa Blanca no ha anunciado un despliegue formal de ICE en las urnas. El audio de Charles, sin embargo, vuelve a poner sobre la mesa una posibilidad que distintos funcionarios de la administración Trump han evitado descartar por completo.
La multifacética campaña antiinmigrante de Donald Trump continúa a todo vapor y la inmigración legal a Estados Unidos es uno de sus objetivos principales.
La Opinión informó que “la administración de Donald Trump puso en pausa las citas para visas en embajadas y consulados de Estados Unidos alrededor del mundo, una medida que se presenta como parte de una nueva etapa de capacitación para funcionarios consulares y que llega mientras Washington endurece el control sobre la inmigración legal”.
“La nueva pausa no equivale, por ahora, a una prohibición permanente. Sin embargo, representa otro obstáculo para personas que ya habían avanzado en un proceso migratorio y que ahora deberán esperar una nueva fecha para su entrevista”, señala el artículo.
Agrega además que “el anuncio ocurre apenas días después de que una jueza federal en Nueva York bloqueara una política de la administración Trump que había suspendido el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países”.
Según la jueza Jeannette Vargas, “esa medida excedía la autoridad del secretario de Estado, Marco Rubio, y cuestionó que las solicitudes fueron frenadas de manera general con base en la nacionalidad”.
Por otra parte, la agencia de noticias Associated Press (AP) reportó que “la administración Trump se está preparando para revocar las visas de negocios y turismo de hasta 200,000 extranjeros que han solicitado o están solicitando asilo en Estados Unidos”. “De producirse, esta medida supondría la mayor revocación masiva de visas de la historia de Estados Unidos y probablemente se enfrentaría a impugnaciones legales”, escribió la AP.
Igualmente, el gobierno de Trump publicó un reglamento para codificar una cuota de $103,265 dólares para las visas H-1B de trabajadores especializados en tecnología, investigaciones y educación.
Un plan similar fue bloqueado en las cortes el año pasado, pero se trató de una proclama temporal que expira en septiembre y que Trump quiere hacer permanente.
Trump acusa a las empresas que utilizan esta visa de no querer contratar estadounidenses, pero las empresas aseguran que no encuentran empleados con ciertas destrezas especiales requeridas.
En febrero, Bloomberg reportó que “solo unos 70 empresarios han pagado la tarifa de $100,000 dólares impuesta por Trump a los trabajadores con visas H-1B procedentes de otros países desde que se aplicó mediante un decreto de la Casa Blanca en septiembre (de 2025)”.
“El escaso número de pagos desmiente los argumentos de que la tarifa sea una medida de recaudación de ingresos que requiera una autorización explícita del Congreso, al igual que los aranceles de la administración Trump”, reportó Bloomberg.
“Dicha tarifa ha sido la medida más restrictiva adoptada hasta la fecha por la administración Trump contra los trabajadores extranjeros especializados, en el marco de una campaña más amplia de represión de la inmigración”, agregó la nota.
Todas estas medidas restrictivas forman parte de un asalto frontal contra la inmigración autorizada que se suman a las otras que Trump ha tomado para deslegalizar a la mayor cantidad posible de inmigrantes y hacerlos vulnerables a la deportación. Entre esas medidas figuran la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 1.5 millones de inmigrantes de diversas nacionalidades, y del parole humanitario a 500,000 nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Parte de la estrategia ha sido además dificultar la obtención de asilo y, de hecho, muchos de los detenidos por ICE y colocados en proceso de deportación tienen casos de asilo pendientes.
ICE alcanza cifras récord
La Opinión reportó que “en julio, los agentes realizaron en promedio más de 1,580 arrestos al día, el nivel más alto registrado durante el segundo mandato del presidente”. El gobierno de Trump aspira a detener 2,000 inmigrantes por día.
“Por primera vez en este periodo, más de la mitad de las personas detenidas correspondieron a casos en los que existían únicamente infracciones civiles de inmigración, sin cargos penales pendientes o condenas”, agregó el diario.
Es decir, que más de 800 inmigrantes detenidos diariamente no tenían antecedentes penales.
Según el Deportation Data Project, más de 45,000 inmigrantes fueron detenidos en julio.
“En total, desde la toma de posesión de Trump el año pasado, ICE ha detenido a más de 610,000 personas, una cifra superior a la población de Atlanta, Baltimore, Milwaukee o de todo el estado de Wyoming”, reportó The Marshall Project.
“Alrededor del 80% de las personas detenidas desde que Trump volvió a ocupar el cargo proceden del interior del país, donde es mucho más probable que tengan vínculos con la comunidad —familias, trabajos, hogares— que aquellas que cruzan la frontera. Esto supone casi un cambio radical con respecto a la práctica de los dos años anteriores bajo el mandato del presidente Joe Biden, cuando el 30 % de las detenciones se produjeron en el interior de Estados Unidos”, agregó The Marshall Project.
La impunidad de agentes de ICE prevalece
La Opinión informó que “el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), acusado de dispararle a un inmigrante en Minneapolis y de denunciar falsamente lo sucedido, fue liberado de una cárcel de Texas este jueves luego de que un juez federal dictaminó que no podía impedir su liberación ni obligar a su extradición a Minnesota”.
Christian Castro, “fue arrestado en Texas en mayo luego de que las autoridades de Minnesota emitieran una orden de arresto en su contra por cuatro cargos de agresión en segundo grado y un cargo de denuncia falsa”.
Según The Daily Beast, “el gobernador republicano (de Texas), Greg Abbott, no había aprobado la solicitud de extradición presentada por el gobernador demócrata (de Minnesota) Tim Walz. Tras 90 días de detención, la legislación de Texas exigía la puesta en libertad de Castro”.
Cita de la semana
“Esto me rompe el corazón. No sé cómo voy a poder seguir trabajando más de 12 horas al día sabiendo que mi padre está en algún sitio, posiblemente tratado como un delincuente”, escribió el marinero Joshua Avilés, asignado por nueve al portaaviones USS Abraham Lincoln en el Medio Oriente, y cuyo padre, Luis Manuel Avilés Roa, fue detenido por ICE. El hombre lleva 19 años viviendo y trabajando en Estados Unidos, tiene permiso de trabajo y una solicitud pendiente de ajuste migratorio a través de su hijo militar. Días después de la denuncia de su hijo y de la indignación en redes sociales, ICE liberó a Avilés Roa.
California se mueve contra una nueva herramienta que podría terminar en manos de agentes federales de inmigración. Legisladores estatales impulsan el AB 2760, una propuesta que busca prohibir los guantes eléctricos utilizados por fuerzas del orden, incluidos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La iniciativa tomó fuerza después de que Associated Press revelara que el Departamento de Seguridad Nacional contemplaba destinar entre $10 millones y $20 millones para adquirir estos dispositivos de Compliant Technologies. Pero este viernes la misma agencia informó que ICE ya adjudicó un contrato de $16.7 millones para comprar 6,000 pares, elevando la presión sobre California.
El proyecto fue presentado por la asambleísta demócrata LaShea Sharp-Collins y plantea impedir que agencias locales, estatales y federales posean, utilicen o compren guantes de descarga eléctrica en California con fondos estatales. La propuesta avanza con rapidez ante el cierre de la sesión legislativa, previsto para el 31 de agosto.
Un dispositivo bajo escrutinio
El modelo CTG-5 G.L.O.V.E. tiene apariencia de guante de trabajo y puede generar una descarga de hasta 380 voltios al hacer contacto con el cuerpo. La empresa sostiene que su potencia es menor que la de un Taser convencional y que puede servir para controlar situaciones de riesgo.
Sus críticos cuestionan que se incorpore a operaciones de control migratorio. La ACLU y otros grupos de derechos civiles han advertido sobre posibles abusos y falta de controles.
“No podemos gastar dinero estatal ni impuestos en tecnología que no beneficie a nuestro estado”, dijo Sharp-Collins, según Los Angeles Times.
El asambleísta Alex Lee también rechazó sumar otra herramienta de fuerza y sostuvo que las autoridades ya cuentan con alternativas.
California acelera el debate
El Senado estatal aprobó por 30 votos contra 9 un cambio de reglas para facilitar el avance del proyecto antes del cierre legislativo.
La discusión ocurre mientras aumenta la controversia nacional sobre el uso de fuerza por parte de ICE. Ahora, California busca poner un límite antes de que los guantes lleguen a sus operativos.
La Fiscalía del condado de Harris (Texas) tiene previsto presentar ante un gran jurado a varios testigos del tiroteo en el que un agente del Servicio de Control de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató al inmigrante Lorenzo Salgado Araujo, para determinar si existen méritos para una acusación.
Rafael Lemaitre, director de Comunicaciones de la Fiscalía, confirmó este jueves en un mensaje de X, que el fiscal del condado de Harris, Sean Teare, busca presentar pronto a los testigos frente al jurado.
Asímismo, Teare envió una carta a las autoridades migratorias solicitando que no se deporte a ninguno de los tres testigos del tiroteo ocurrido el pasado 7 de julio en un área de Houston eminentemente hispana.
Salgado, de 54 años, iba rumbo a su empleo en su camioneta en la que viajaban otros tres trabajadores de la construcción: su hermano Víctor Salgado, José Trinidad Rojas Pliego y Daniel Tirado Pantoja, cuando fue baleado.
Los tres testigos fueron detenidos por ICE para ser deportados. Tanto la familia como defensores de los derechos humanos, entre los que se encuentran varios congresistas estadounidenses, han pedido que se investigue el caso como uno de posible fuerza excesiva por parte del agente de ICE.
Aunque las autoridades migratorias se han negado a liberar a los testigos, los tribunales federales han ordenado que se deje en libertad a al menos dos de los tres testigos.
Rojas Pliego fue el primero de los testigos del tiroteo que recuperó su libertad a finales del mes pasado. Tirado Pantoja fue liberado este miércoles y Víctor Salgado aún se encuentra detenido por ICE.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes han advertido sobre el valioso testimonio de los tres hombres acerca del tiroteo.
La versión oficial del Gobierno y el relato de los tres hombres que viajaban con Salgado siguen enfrentados.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Salgado embistió un vehículo de ICE, desobedeció varias órdenes y “utilizó su vehículo como arma para intentar arrollar” a un agente, quien disparó en “defensa propia”, algo que niegan los testigos.
Además, los trabajadores han asegurado que los agentes sacaron a los hombres por la fuerza del vehículo y que Salgado, pese a estar gravemente herido, fue esposado y colocado en el suelo.
DHS sostiene que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales. Las autoridades aún no han publicado imágenes del tiroteo.
A poco más de medio año de haber sido relevado como jefe de la patrulla fronteriza, Greg Bovino reconoció temer que alguien prenda atentar contra su vida.
A pesar de que, durante más de un año, el controversial californiano encabezó los esfuerzos para llevar a cabo la deportación de inmigrantes carentes de estatus legal más grande de la historia, el abuso de autoridad del cual se le señaló en repetidas ocasiones durante diversos operativos al final propició su degradación al puesto que ostentaba.
De hecho, la muerte de dos civiles a merced de agentes federales, durante un par de redadas para detener a inmigrantes carentes de estatus legal en Minneapolis, precipitó la carrera de quien parecía ser un hombre inamovible para la administración Trump.
Para calmar la presión de la población de Minnesota expresada a través de algunos mítines exigiendo la salida los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), así como de los integrantes de la Guardia Civil, orillaron a la administración federal a exhibir a Gregory Bovino como principal responsable de una deficiente planeación durante los operativos antiinmigrantes.
Días después,el exoficial optó por jubilarse sin imaginar que el mismo gobierno que lo proyectó como un ejemplo de patriotismoal deportar a inmigrantes considerados peligrosos para los ciudadanos estadounidenses, terminaría por relegarlo incluso exigiéndole entregar el control de las cuentas de la Patrulla Fronteriza (CBP) en redes sociales, las cuales manejaba para mostrar cómo el personal a su cargo detenía a extranjeros carentes de estatus legal.
Dicha acción, permitió que más de 850,000 seguidores estuvieran pendientes de las publicaciones de Bovino en Instagram.
No obstante, todo ese trabajo realizado para la administración Trump también le generó muchos detractores y durante una participación en el podcast conducido por Tucker Carlson, reconoció temer que alguien termine quitándole la vida.
“En cuanto me marché, retiraron mi equipo de seguridad. Estoy en una batalla constante cada vez que salgo. ‘Quiero decir, siempre.’ ¿Creo que quieren matarme? Por supuesto. No creo que Trump lo hiciera”, señaló en un adelanto del testimonial que en breve será proyectado de manera completa.
Christian Díaz declaró que la salud de su pareja, Karla Godoy, de 24 años, enfrenta complicaciones de salud cada vez mayores debido a una lesión en el pie y a la diabetes.
El hispano aseguró que lucha por la liberación de Godoy, preocupado por el deterioro de su condición de salud, por las lesiones que su prometida padece en un pie, que se han agravado por la diabetes y por una fractura en el pie, que lleva ocho meses sin recibir tratamiento.
“Ni siquiera le ponen un vendaje con yeso. Es increíble lo que estoy viendo, lo que tiene que pasar. Si no le operan el pie, llegará un punto en que tendrán que amputárselo“, declaró Díaz, en una entrevista con la cadena ABC.
De acuerdo con el hombre del sur de California, por el momento, Karla Godoy está confinada a una silla de ruedas, sin poder caminar.
La mujer hispana se encuentra bajo custodia en un centro de detención de ICE en Tacoma, Washington, después de haber sido arrestada durante una cita migratoria en Los Ángeles en noviembre de 2025.
Christian mencionó que él y su prometida habían estado planeando su futuro juntos antes del arresto de Godoy por parte de los agentes de ICE.
“Teníamos planes de casarnos. De empezar nuestra vida juntos. Ver cómo todo se derrumba… es una pesadilla”, expresó Díaz.
Karla Godoy llegó a Los Ángeles en agosto de 2024 procedente de El Salvador. La mujer entró al país con una visa de turista y posteriormente solicitó asilo, tras alegar persecución política.
“Unos meses después descubrimos que tenía una alerta roja de Interpol, lo cual es claramente una motivación política. Su padre fue abogado del presidente salvadoreño Nayib Bukele“, explicó Díaz.
De acuerdo con el hispano del sur de California, Karla abandonó El Salvador antes de que Bukele ordenara el arresto de sus padres por acusaciones de fraude, después de que su padre descubriera irregularidades en un caso.
“Su temor es que, si la deportan (a El Salvador), la torturen, la agredan sexualmente, e incluso, que la maten“, expresó Díaz.
Christian dijo que un equipo de abogados trabaja en la apelación de la orden de deportación contra Godoy, así como para solicitar su liberación inmediata para que la mujer pueda someterse a una cirugía por la fractura antes de correr el riesgo de que pierda la extremidad.
“Si consigo tenerla de regreso, va a estar en un estado muy delicado de salud, posiblemente sin el pie. Simplemente, no está bien”, reconoció Díaz.
A Díaz le han informado que, en el centro de detención de ICE, Godoy recibe tratamiento para sus heridas, con la administración de analgésicos, pero no ha recibido atención médica adecuada por la fractura.
El agente de ICE Christian Castro, acusado en Minnesota de disparar contra un inmigrante venezolano y de mentir posteriormente sobre lo ocurrido, recuperó este jueves su libertad en Texas después de que un juez federal rechazara ordenar su extradición al estado donde enfrenta cargos.
Castro estaba detenido desde mayo por cargos de agresión y denuncia falsa de un delito relacionados con el operativo migratorio del 14 de enero en el que resultó herido Julio Sosa Celis, un venezolano de 24 años.
La decisión judicial llegó después de que Minnesota demandara al estado de Texas y a su gobernador, el republicano Greg Abbott, para intentar forzar la entrega del agente antes de que venciera el plazo para mantenerlo bajo custodia.
Según informó The New York Times, el jefe del Departamento del Alguacil del condado de Cameron, Manuel Treviño, confirmó que Castro fue puesto en libertad durante la mañana.
Rechaza obligar a Texas a entregar al agente
Las autoridades de Minnesota habían solicitado la extradición de Castro desde su arresto. El trámite debía resolverse en un plazo de 90 días y, de no concretarse, el detenido podía recuperar su libertad.
Ante la falta de respuesta del Gobierno de Texas, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, presentó la semana pasada una demanda contra Abbott y el estado. Ellison expresó su preocupación por la posibilidad de que Castro fuera liberado y huyera a México.
Sin embargo, el juez federal concluyó que Minnesota no demostró que Abbott hubiera actuado de forma indebida al retrasar la tramitación de la solicitud de extradición.
La decisión abrió el camino para la liberación del agente, quien había sido localizado y arrestado en Texas después de que las autoridades de Minnesota presentaran los cargos.
Operación “Metro Surge”
El caso se remonta al 14 de enero, durante la operación migratoria denominada “Metro Surge”, en la que el Gobierno de Donald Trump desplegó a cientos de agentes migratorios en Minneapolis.
Según los cargos presentados en Minnesota, Castro disparó contra Sosa Celis y posteriormente mintió sobre las circunstancias del incidente.
El venezolano fue una de las tres personas que recibieron disparos de agentes de ICE durante esa operación, que generó fuertes enfrentamientos entre los agentes migratorios y sectores de la población civil.
Las otras dos víctimas fueron Renée Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses, quienes murieron tras recibir disparos de agentes migratorios.
El futbolista argentino Matías Pourrain podrá recuperar su libertad luego de que un juez de inmigración fijara en $20,000 la fianza para que salga del centro de detención donde permanece bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos.
La decisión se tomó este jueves durante una audiencia realizada en Texas, después de que el caso del jugador fuera trasladado desde Florida. De acuerdo con información publicada por Noticias Telemundo, la defensa de Pourrain logró convencer al juez de que el futbolista cuenta con suficientes vínculos con Estados Unidos para continuar su proceso migratorio fuera de prisión.
La abogada Regina Borges de Moraes señaló que el Gobierno se opuso a la liberación al considerar que su cliente representaba un posible riesgo de fuga. La defensa respondió que la relación de Pourrain con Estados Unidos va mucho más allá de sus familiares directos.
La defensa destacó sus lazos en Florida
Según el comunicado difundido por la oficina de la abogada, Borges presentó ante el tribunal los vínculos que el futbolista ha construido durante años dentro de la comunidad futbolística del sur de Florida, particularmente por su trabajo con niños y jóvenes.
La defensa sostuvo que esa labor, además de su actividad como jugador y entrenador, demuestra que Pourrain mantiene una vida estable y arraigada en la comunidad.
El proceso no ha terminado. El pago de la fianza de $20,000 permitirá que el argentino deje el centro de detención y continúe su caso migratorio en libertad, una vez que se completen los procedimientos necesarios.
La noticia representa un giro importante para el deportista, detenido el 6 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, en Florida, cuando viajaba con su equipo rumbo a Los Ángeles.
Fue detenido antes de abordar un vuelo
Pourrain había pasado por los controles de seguridad del aeropuerto y se encontraba con sus compañeros cuando agentes de ICE lo detuvieron, según explicó anteriormente su abogada.
Borges relató al medio citado que el jugador estaba asustado después del arresto. “No resistió, no hizo nada. Se lo llevaron ahí”, afirmó al describir lo ocurrido.
El Club de Lyon FC, que también respaldó públicamente al futbolista, aseguró que Pourrain ingresó legalmente a Estados Unidos, tiene un caso de asilo pendiente, permiso de trabajo vigente y una identificación de Florida. El equipo también afirmó que no cuenta con antecedentes penales.
“Matías no es un delincuente”, sostuvo el club en su mensaje de apoyo.
Ahora, con la fianza establecida, el jugador podrá volver a su hogar en el sur de Florida y reencontrarse con su familia, aunque todavía deberá enfrentar el proceso ante las autoridades de inmigración de Estados Unidos.
Con un monitor electrónico, una madre mexicana salió de una audiencia migratoria el viernes 21 de agosto en Los Ángeles, después de que días antes estuvo cerca de ser arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La mujer, que solicitó no ser identificada, acudió a la cita con los oficiales de inmigración en Los Ángeles sosteniendo una carta que escribió su hijo de 8 años, en la que expresaba una petición a las autoridades federales.
“ICE, por favor, ICE, por favor, no quiero que se lleven a mi mamá“, decía la carta, que fue el sostén que mantuvo en sus manos la madre mexicana durante las cuatro horas que se prolongó su comparecencia ante los agentes.
Uno de los agentes se acercó y la llamó por su nombre, y se desistieron de arrestarla gracias a la intervención de una vecina que les gritó que la dejaran ir mientras grababa el incidente con su teléfono celular.
Sin embargo, la hispana recibió una orden para presentarse este viernes 21 de agosto en las oficinas federales de inmigración en Los Ángeles.
“En cuanto escuché que me dijeron que no me iban a encerrar, sentí un gran alivio, se me salió una sonrisa muy grande al pensar en mis niños”, expresó la mujer.
Antes de escuchar esas palabras, la mujer inmigrante mantuvo la incertidumbre durante las cuatro horas que duró la audiencia, mientras sus tres hijos, de 3, 8 y 13 años, esperaban su regreso en su hogar en Covina.
La mexicana estuvo invadida por la tensión durante su comparecencia, sobre todo después de los acontecimientos que vivió el lunes previo con el encuentro con los agentes de ICE.
Tras la audiencia, la mujer salió de las oficinas federales con un monitor electrónico, y deberá reportarse ante las autoridades de inmigración cada dos meses.
La mujer explicó anteriormente que no renovó su DACA porque fue víctima de violencia doméstica, mientras que sus asesores legales buscarán alternativas para que tenga una estabilidad migratoria y pueda permanecer en el país a lado de sus tres hijos.
Según la abogada Elsa Martínez, la madre latina tendrá una próxima audiencia, ante un juez de inmigración, aproximadamente en 30 días, en Los Ángeles.
“Va a tener una audiencia en 30 días, en Los Ángeles, y vamos a explicarle al juez que ella califica para varias opciones“, expresó la abogada.
Entre las opciones, Martínez mencionó que está la cancelación de remoción, debido a que la mujer inmigrante ha estado más de 10 años en Estados Unidos.
