El Gobierno de México elevó ante las Naciones Unidas su preocupación por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos ocurridas bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en una nueva escalada de la estrategia diplomática y legal impulsada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para exigir investigaciones y responsabilidades en Estados Unidos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el canciller Roberto Velasco envió una comunicación al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, con la solicitud de que su oficina recabe información de las autoridades estadounidenses, analice si los hechos son compatibles con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y, de ser procedente, emita recomendaciones y remita el caso a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.
La petición forma parte de un paquete de acciones anunciado por el Gobierno mexicano tras los recientes fallecimientos de connacionales relacionados con operativos migratorios y centros de detención administrados por ICE. La administración federal sostiene que la respuesta irá más allá de las tradicionales notas diplomáticas y buscará utilizar las vías jurídicas disponibles tanto en Estados Unidos como en el ámbito internacional.
México amplía su estrategia legal en Estados Unidos
Como parte de las medidas, la SRE confirmó que, en coordinación con la Fiscalía General de la República, presentará una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos por conducto de la Embajada de México en Washington.
Al mismo tiempo, la red consular mexicana comenzó la presentación de denuncias ante las fiscalías estatales competentes en los estados donde ocurrieron los fallecimientos.
Otra de las acciones consiste en el envío de escritos de cese y desistimiento a centros de detención migratoria donde murieron ciudadanos mexicanos. El primero fue dirigido al centro de detención de Adelanto, California, instalación donde, de acuerdo con la Cancillería, han fallecido cuatro mexicanos.
Según explicó la dependencia, estos documentos buscan que cesen de inmediato las acciones u omisiones que presuntamente contribuyeron a las muertes, entre ellas la falta de acceso oportuno a atención médica y la aplicación de políticas consideradas incompatibles con estándares médicos y penitenciarios internacionales. La SRE señaló que estos escritos representan el primer paso formal hacia una eventual presentación de demandas civiles.
Caso surge tras recientes muertes de migrantes mexicanos
La ofensiva jurídica del Gobierno mexicano ocurre después de la muerte del migrante Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo de ICE en Houston, Texas, caso que motivó a la administración de Sheinbaum a reforzar su postura frente a las autoridades estadounidenses.
De acuerdo con la Cancillería, las acciones actualmente emprendidas corresponden a una etapa de investigación indispensable antes de iniciar procedimientos judiciales adicionales conforme a la legislación estadounidense y al derecho internacional.
La dependencia también reiteró que mantiene acompañamiento permanente a las familias de las víctimas mediante la red consular y aseguró que continuará utilizando los mecanismos institucionales disponibles para defender los derechos de los mexicanos en el exterior.
La decisión de acudir a la ONU también se produce después de que el propio alto comisionado Volker Türk solicitara recientemente investigaciones independientes sobre las muertes de migrantes registradas en centros de detención y durante operativos migratorios en Estados Unidos, un contexto que ha intensificado el escrutinio internacional sobre las políticas de control migratorio y las condiciones de detención de personas migrantes en el país.
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