Leticia Ugboaja, la religiosa nigeriana que fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando caminaba hacia una misa en Texas, habló por primera vez sobre lo ocurrido y lanzó un llamado para que los migrantes tengan la oportunidad de ser escuchados antes de ser arrestados.
Durante una conferencia de prensa en la iglesia Our Lady of Sorrows, en McAllen, Texas, la monja aseguró que decidió hacer pública su experiencia porque muchas personas viven situaciones similares pese a cumplir con las condiciones impuestas por las autoridades migratorias.
“Hay muchas otras personas en esta misma situación, personas a quienes nuestras leyes les han otorgado algún tipo de protección, que han seguido todas las reglas que se les han pedido y que, aun así, viven con incertidumbre”, afirmó.
Relata cómo fue detenida camino a la iglesia
Ugboaja recordó que el pasado 28 de junio caminaba hacia la misa dominical, vestida con su hábito y llevando únicamente un rosario y su teléfono celular, cuando fue interceptada por dos agentes armados de ICE.
“En ese momento no entendía lo que estaba pasando”, dijo al recordar los minutos en que fue puesta bajo custodia.
La religiosa contó que pidió permiso para continuar hasta la iglesia y participar en la eucaristía, pero los agentes se lo negaron.
“Para mí, como monja, no poder asistir a misa un domingo ni recibir la Sagrada Comunión fue algo muy, muy doloroso”, expresó.
Horas después fue liberada, luego de que la parroquia difundiera su caso en redes sociales y varios integrantes del Congreso de Estados Unidos solicitaran información e intervinieran a su favor.
Su abogado asegura que tiene protección migratoria
El abogado Carlos García explicó que, aunque un juez de inmigración rechazó su solicitud de asilo en 2019, también le concedió protección contra la expulsión al considerar que existía un alto riesgo de que fuera torturada si regresaba a Nigeria.
Añadió que la religiosa ha cumplido con todas las obligaciones impuestas por las autoridades migratorias, cuenta con autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos y nunca dejó de presentarse cuando fue requerida.
Según García, durante la detención los agentes no le explicaron claramente por qué era arrestada. La única información que recibió fue que el gobierno planeaba trasladarla a un tercer país, una política migratoria que ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos y que enfrenta impugnaciones en los tribunales.
Ugboaja tiene programada una nueva cita con ICE la próxima semana como parte de su proceso migratorio.
Además de religiosa, trabaja como enfermera en Texas
La Diócesis de Brownsville informó que Leticia Ugboaja pertenece a la congregación Hijas de María Madre de Misericordia y colabora como ministra extraordinaria de la Sagrada Comunión en la iglesia Our Lady of Sorrows.
Además, ejerce como enfermera titulada en el South Texas Health System y anteriormente trabajó durante diez años como asistente certificada de enfermería en Edinburg.
Su caso genera debate sobre los operativos migratorios
La detención de la religiosa ocurrió en medio del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, que han alcanzado incluso lugares considerados sensibles, como los templos religiosos.
El caso también reavivó el debate sobre los procedimientos de ICE contra personas que cuentan con algún tipo de protección migratoria. Hasta ahora, ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ni ICE han explicado públicamente las razones específicas por las que Ugboaja fue detenida.
Mientras espera la resolución de su caso, la religiosa insistió en que seguirá alzando la voz por quienes atraviesan procesos migratorios similares.
“Estoy agradecida por todo el apoyo que recibí, pero eso no significa que pueda quedarme callada sobre lo que me pasó o sobre lo que les sigue pasando a otras personas”, concluyó.
La investigación por la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo dio un nuevo giro luego de que la Fiscalía del Condado de Harris confirmara que la sustancia encontrada en la camioneta que conducía el día en que fue abatido por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no era una droga ilícita.
El resultado del análisis echa abajo una de las sospechas que surgieron tras el operativo ocurrido el pasado 7 de julio en Houston, cuando agentes migratorios dispararon contra el trabajador de la construcción durante una persecución.
El FBI creyó que la sustancia podía ser metanfetamina
Sin embargo, las pruebas de laboratorio descartaron que se tratara de narcóticos.
Un portavoz de la Fiscalía del Condado de Harris confirmó que la sustancia dio negativo a drogas ilícitas, aunque no precisó oficialmente cuál era su composición.
La familia siempre sostuvo que era sal para hidratarse
Desde que se conoció el hallazgo, la familia del migrante rechazó cualquier vínculo con drogas.
Su abogada explicó que las bolsas contenían sal granulada que Lorenzo Salgado y sus compañeros de trabajo mezclaban con agua y limón para preparar una bebida con electrolitos y mantenerse hidratados durante las largas jornadas de construcción bajo las altas temperaturas de Texas.
Aunque la Fiscalía no confirmó que el contenido fuera sal, el análisis respaldó la versión de la familia al descartar por completo la presencia de sustancias ilícitas.
Muerte de Lorenzo Salgado rodeada de controversia
Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, murió el 7 de julio cuando agentes de ICE interceptaron la camioneta en la que viajaba rumbo a su trabajo en Houston.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que el conductor golpeó vehículos oficiales y después intentó atropellar a un agente, quien respondió con disparos en defensa propia. El operativo fue realizado por agentes que no portaban cámaras corporales.
Hijos de Lorenzo Salgado exigen respuestas al Congreso
Mientras la investigación continúa, la familia intensificó su exigencia de justicia.
Dos de los hijos de Salgado Araujo comparecieron esta semana ante miembros del Congreso en Houston durante una audiencia pública realizada en Houston para pedir una investigación independiente y transparente sobre la actuación de ICE.
Durante su intervención, Ronaldo Salgado cuestionó la falta de respuestas oficiales y pidió que el caso no quede impune.
“¿Cuántos más de nuestros padres tienen que morir, cuántos niños más tienen que esperar respuestas y cuántas familias más tienen que pasar por esto?”, expresó ante los legisladores.
La familia también ha solicitado que las autoridades federales entreguen todas las pruebas del caso y que los tres testigos detenidos por inmigración puedan declarar libremente sobre lo ocurrido el día del operativo.
Lorenzo “Enzo” Thompson, sobrecargo de Southwest Airlines, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando regresaba de un viaje de trabajo en el Aeropuerto Internacional de Nashville, Tennessee.
El trabajador originario de Jamaica fue detenido el pasado 14 de julio cuando regresaba de un viaje de trabajo. Actualmente permanece bajo custodia en un centro migratorio de Mississippi mientras las autoridades revisan su caso.
El caso generó una disputa entre la versión del gobierno, que afirma que Thompson permaneció en Estados Unidos más tiempo del permitido por su visa, y la postura de su defensa y compañeros, quienes aseguran que contaba con autorización para trabajar y que seguía los procedimientos legales para regularizar su situación.
ICE sostiene que excedió el tiempo permitido por su visa
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que Thompson llegó a Estados Unidos desde Jamaica el 17 de abril de 2021 con una visa que le permitía permanecer en el país durante seis meses.
Según la agencia, su permiso venció en octubre de ese año y Thompson no salió del territorio estadounidense, por lo que habría quedado en una situación migratoria irregular.
ICE indicó que el arresto se realizó sin incidentes y que el trabajador colaboró con los agentes durante el procedimiento.
Su abogada asegura que tenía autorización para trabajar
La defensa de Thompson rechazó que se trate de una persona que ignoró las leyes migratorias.
Su abogada, Tremaine Hemans, explicó que su cliente tenía un documento de autorización de empleo vigente y que podía trabajar legalmente mientras esperaba una decisión sobre su caso migratorio.
También afirmó que Thompson no tiene antecedentes penales y que ha cumplido con los requisitos establecidos durante su proceso.
La defensora señaló que la detención representa una situación difícil para una persona que, según ella, ha intentado seguir las vías legales para permanecer en Estados Unidos.
Foto: Cortesía GoFundMe
Compañeros de Southwest muestran apoyo al sobrecargo
La detención sorprendió a colegas de Thompson, quienes lo describieron como una persona cercana, amable y respetada dentro de la tripulación.
Edward Marq, auxiliar de vuelo de Southwest y miembro del Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano, dijo que quedó impactado al conocer lo ocurrido.
Marq explicó que Thompson llegó al país en 2021, consiguió autorización laboral y posteriormente comenzó a trabajar para Southwest Airlines.
“Es un compañero del sindicato, un trabajador y parte de una familia. Merece que su caso sea escuchado de manera justa”, expresó.
Sindicato pide que se respete su proceso legal
La sección Local 556 del sindicato TWU, que representa a más de 21,000 auxiliares de vuelo de Southwest Airlines, confirmó la detención de Thompson y aseguró que está apoyando a sus familiares.
La organización informó que su equipo legal mantiene comunicación con la familia y con el abogado del trabajador para darle seguimiento al caso.
Además, creó un fondo para ayudar con los gastos relacionados con su defensa migratoria.
Southwest Airlines no ha fijado una postura
Hasta ahora, Southwest Airlines no ha emitido comentarios públicos sobre la situación de su empleado.
Mientras tanto, Thompson continúa bajo custodia de ICE a la espera de que avance su proceso migratorio, en medio de reclamos de sus compañeros y sindicato para que tenga acceso a un procedimiento justo.
Crean campaña en GoFunMe para apoyar a Lorenzo Thompson
Amigos y allegados de Lorenzo “Enzo” Thompson también lanzaron una campaña en GoFundMe para ayudar con sus gastos legales tras su detención. Kristin Foster, una amiga del sobrecargo, aseguró que Thompson ha trabajado durante años para construir una vida estable en Estados Unidos, siguiendo los pasos necesarios para regularizar su situación migratoria. También destacó que no tiene antecedentes penales ni historial de problemas con la ley.
Los hijos de Lorenzo Salgado Araujo acudieron este viernes al Congreso para exigir justicia por la muerte de su padre, un inmigrante mexicano que falleció tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Houston, Texas.
Durante una audiencia pública realizada en la ciudad texana, los familiares pidieron una investigación independiente y mayor transparencia sobre lo ocurrido el pasado 7 de julio, cuando Salgado murió mientras conducía su camioneta de trabajo.
La sesión fue organizada por integrantes demócratas del Caucus Hispano del Congreso (CHC) y del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, quienes analizaron las preocupaciones por las acciones de agentes federales de inmigración.
Hijos de Lorenzo Salgado exigen respuestas por su muerte
Ante los legisladores, los hijos de Salgado describieron a su padre como un hombre trabajador que dedicó su vida a sacar adelante a su familia.
Explicaron que vivió más de 30 años en Estados Unidos, dirigía una empresa de construcción y nunca había tenido problemas con la ley.
Lorenzo Salgado Araujo Jr. recordó que su padre trabajó para que sus hijos pudieran estudiar y construir un mejor futuro.
“Trabajó arduamente para proteger y mantener a nuestra familia, para que mis hermanos y yo pudiéramos ir a la universidad. Nos enseñó que el esfuerzo tiene su recompensa”, declaró durante la audiencia.
La familia pidió a los congresistas actuar para que el caso no quede sin esclarecer y para evitar que otras personas enfrenten situaciones similares.
Piden liberar a testigos y revisar todas las pruebas
Los familiares solicitaron que se realice una investigación con acceso completo a la evidencia del operativo, especialmente porque los agentes involucrados no portaban cámaras corporales.
También pidieron que los tres hombres que viajaban con Salgado en la camioneta, Daniel Tirado Pantoja, José Trinidad Rojas Pliego y Víctor Hugo Salgado, hermano de la víctima, sean liberados de custodia migratoria para que puedan contar lo que presenciaron.
“Deportarlos y no garantizar su seguridad es un encubrimiento”, afirmó Ronaldo Salgado ante los legisladores.
ICE y testigos tienen versiones distintas del tiroteo
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa a ICE, aseguró después del incidente que Salgado utilizó su camioneta contra vehículos de agentes migratorios y que posteriormente intentó atropellar a uno de ellos, por lo que el oficial disparó en defensa propia.
Sin embargo, los pasajeros que viajaban con él rechazaron esa explicación y afirmaron que los agentes no estaban en una situación de peligro cuando ocurrió el disparo.
La familia también cuestionó la versión oficial y sostuvo que Salgado no habría intentado huir si hubiera sabido que se trataba de agentes de inmigración.
Congreso reclama información a ICE y DHS
La congresista por Texas Sylvia García señaló que la audiencia buscaba iniciar un proceso de rendición de cuentas y transparencia.
García afirmó que legisladores demócratas enviaron seis cartas, firmadas por 180 miembros del Congreso, al DHS y a ICE para solicitar información sobre tiroteos relacionados con agentes migratorios, pero indicó que no han recibido respuestas completas.
La legisladora agregó que representantes de ICE y DHS fueron invitados a participar en la audiencia, pero no asistieron.
En el encuentro también participaron el representante Bennie Thompson, integrante de mayor rango del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, y Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso.
Fiscalía de Harris mantiene abierta la investigación
El fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare, informó que su oficina continúa investigando la muerte de Salgado y que ha solicitado información al gobierno federal, incluida la identidad del agente que realizó el disparo.
Teare dijo que existen avances en el caso, aunque evitó revelar detalles de la investigación o establecer una fecha para su conclusión.
Además, señaló que una sustancia encontrada dentro de la camioneta durante una revisión del FBI dio negativo en las pruebas de drogas ilegales.
La familia había rechazado previamente cualquier relación de Salgado con actividades ilícitas y explicó que el material encontrado correspondía a sales utilizadas por trabajadores de construcción para mantenerse hidratados durante jornadas bajo el calor.
Familia recuerda el último día de Lorenzo Salgado
Los hijos de Salgado contaron que la mañana del 7 de julio comenzó como cualquier otro día.
Relataron que su padre se levantó temprano, desayunó junto a su esposa, se despidió de su familia y salió a trabajar antes del amanecer.
Horas después, sus familiares comenzaron a buscar información tras enterarse por redes sociales de un enfrentamiento con agentes de inmigración. Ronaldo Salgado dijo que acudió al lugar y posteriormente encontró videos en internet donde escuchó la voz de su padre pidiendo ayuda.
Más tarde confirmaron que había fallecido.
Los hijos de Lorenzo Salgado insistieron ante el Congreso en que su objetivo es conocer toda la verdad sobre lo ocurrido y lograr que se establezcan medidas para evitar nuevas muertes durante operativos migratorios.
A partir de que los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se incrementaron en Estados Unidos, durante los primeros seis meses del año suman ya cerca de 10,000 inmigrantes salvadoreños deportados.
De acuerdo con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), institución pública oficial encargada de ejecutar la política migratoria y controlar el flujo de entrada, permanencia y salida de personas (tanto nacionales como extranjeras), de enero a junio, se han llevado a cabo 10,504 deportaciones de inmigrantes salvadoreños que en su momento fueron detectados viendo como extranjeros carentes de estatus legal principalmente en dos países de América.
De manera segmentada, en los registros de la DGME se indica que 9,829 salvadoreños fueron expulsados de territorio estadounidense durante el primer semestre del año, lo cual supera a los 5,553 que enfrentaron el mismo problema entre enero y junio de 2025, es decir que la cantidad se elevó 73.8%.
A esta cifra se suman otros 513 salvadoreños que fueron deportados de México durante el mismo periodo superando también a los 454 casos reportados un año antes entre enero y junio.
Las deportaciones de salvadoreños provenientes de otros países también se elevaron al pasar de 37 casos a 162 en un comparativo entre el primer semestre de este año con respecto al anterior.
Cerca de 17 mil salvadoreños corren en riesgo de ser deportados si finaliza el TPS que recibieron en 2001. (Crédito: Steve Helber / AP)
Dicho indicativo de 337.8% más, refleja una enorme demanda de personas tratando de encontrar mejores condiciones de vida fuera de El Salvador, esto a pesar de que la criminalidad ha descendido bajo la presidencia de Nayib Bukele y su política de encerrar en una prisión de máxima seguridad a toda persona ligada a las pandillas.
En contraparte, las deportaciones de salvadoreños continúan presentándose y en cantidades más grandes, pues los registros de la DGME exhiben que durante 2025 fueron deportados 16,051 salvadoreños, cifra equivalente a 7.1% más que en 2024, cuando se reportaron 14,986 personas enviadas de regreso a San Salvador.
La preocupación de miles de familias salvadoreñas es que, en septiembre, la administración Trump ponga fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) del que gozan cerca de 17,000 de sus compatriotas viviendo desde 2001 en Estados Unidos, esto después de que dos terremotos sacudieron ese año a la nación centroamericana y el entonces presidente George W. Bush decidió brindarles ese beneficio temporal.
Desde entonces, gracias a permisos de trabajo temporales, cientos de millones de dólares llegan a El Salvador a través de remesas, las cuales son realmente el soporte de la economía, pues en la nación centroamericana el progreso avanza a un ritmo por demás semi lento, sin opciones de trabajo bien remunerado.
Autoridades federales presentaron cargos contra 11 personas por su presunta responsabilidad en la muerte de siete migrantes que fueron encontrados dentro de un contenedor en un tren en Texas, luego de un intento de traslado ilegal hacia el interior de Estados Unidos.
La investigación señala que las víctimas quedaron atrapadas durante horas en un contenedor de carga sin ventilación ni sistema de enfriamiento, expuestas a temperaturas extremas que provocaron su muerte. Entre los muertos se encontraba un adolescente de 14 años.
Migrantes quedaron atrapados durante traslado en tren
Según la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Texas, el grupo de migrantes abordó un tren de carga en Del Rio, una ciudad fronteriza de Texas, con destino a San Antonio como parte de una operación de tráfico de personas.
Cuando el tren llegó a San Antonio, los traficantes abrieron el contenedor, pero al ver que uno de los ocupantes cayó al exterior decidieron cerrar nuevamente la puerta y abandonar el lugar, dejando a las demás personas encerradas.
El tren continuó su recorrido hasta Laredo. Al día siguiente, un trabajador del patio ferroviario de Union Pacific descubrió una pierna que sobresalía del contenedor y alertó a las autoridades. Dentro fueron encontrados seis cuerpos.
Una séptima víctima fue localizada junto a las vías ferroviarias en San Antonio, según informó el fiscal federal Justin R. Simmons.
Muertes causadas por calor extremo dentro del contenedor
Las autoridades indicaron que el contenedor no podía abrirse desde el interior y carecía de ventilación o aire acondicionado. Las temperaturas registradas ese día en la región alcanzaron entre 31 y 33 grados Celsius (88 y 92 grados Fahrenheit).
El médico forense del condado de Webb determinó que las muertes estarían relacionadas con hipertermia, una condición provocada por una exposición prolongada al calor extremo.
Simmons explicó que sobrevivir dentro de un contenedor cerrado, sin aire acondicionado y bajo esas condiciones climáticas era prácticamente imposible.
La investigación también reveló que uno de los migrantes logró comunicarse con familiares mientras sufría los efectos del calor antes de morir.
Cargos federales podrían llevar a cadena perpetua
Los 11 acusados enfrentan cargos por conspiración para transportar extranjeros con resultado de muerte, así como por ayudar e instigar el traslado ilegal de personas con consecuencias mortales.
Cada acusación contempla una pena máxima de cadena perpetua, informó la Fiscalía.
De acuerdo con los documentos judiciales, los migrantes habrían pagado entre 1,500 y 10,000 dólares a integrantes de la red de tráfico de personas para ser trasladados desde distintos países hacia Estados Unidos.
Arrestos y situación migratoria de los acusados
Uno de los sospechosos fue detenido el 12 de mayo en Del Rio, mientras que otros ocho fueron arrestados posteriormente durante operativos realizados en distintas zonas del centro y sur de Texas.
Un hombre y una mujer permanecen prófugos. Las autoridades informaron que entre los acusados hay cuatro ciudadanos estadounidenses, dos residentes permanentes legales y cinco personas que se encontraban en Estados Unidos sin autorización migratoria. No se dieron a conocer las nacionalidades de estos últimos.
Tráfico de migrantes en trenes, una práctica que preocupa a las autoridades
El uso de trenes de carga para transportar migrantes de manera clandestina ha sido una preocupación constante para las autoridades fronterizas.
Los investigadores señalan que estos trenes pueden ser utilizados por organizaciones criminales debido a sus rutas extensas y a las paradas que realizan antes de ingresar a Estados Unidos, lo que facilita ocultar personas o mercancía ilegal.
Laredo, donde fueron encontrados los cuerpos, es uno de los cruces comerciales más importantes entre Estados Unidos y México y también una zona utilizada por redes de tráfico de personas.
En marzo, agentes de la Patrulla Fronteriza registraron alrededor de 40 detenciones diarias por cruces irregulares en el sector de Laredo, ubicándolo entre las zonas con mayor actividad de la frontera sur.
Antecedentes de tragedias relacionadas con tráfico de personas
El caso recuerda otros incidentes ocurridos en Texas. En 2023, dos migrantes murieron después de ser encontrados dentro de vagones ferroviarios cerca de Knippa, Texas, junto a otras personas que intentaban ingresar al país.
En 2022, 53 migrantes fallecieron dentro de un tráiler abandonado en San Antonio, en lo que autoridades calificaron como uno de los casos más mortales de tráfico de personas en la frontera entre Estados Unidos y México. Dos responsables fueron condenados posteriormente a cadena perpetua.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a un inmigrante jamaiquino que, desde hace cinco años, trabaja como auxiliar de vuelo de Southwest Airlines.
El Sindicato de Trabajadores del Transporte de Estados Unidos (TWU) dio a conocer que, cuando regresaba de un viaje de trabajo, Lorenzo “Enzo” Thompson fue privado de su libertad, el 14 de julio en el Aeropuerto Internacional de Nashville, Tennessee.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la persona detenida ingresó al país a través de Miami, Florida.
Presuntamente, el 17 de abril de 2021, presentó con un documento que le permitía permanecer seis meses en Estados Unidos.
Sin embargo, al vencer el plazo no abandonó el país y eso lo convirtió en un extranjero carente de estatus legal con opción de ser deportado una vez que las autoridades concluyan su proceso.
Mientras tanto, permanece bajo custodia en un centro de detención ubicado en el estado de Misisipi, lugar al cual fue trasladado desde Tennessee a la espera de que se determine su situación legal.
Se han incrementado los operativos antinmigrantes al interior de algunos de los aeropuertos más importantes de Estados Unidos. (AP Photo/Ted Shaffrey)
En una entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC 5, Edward Marq, auxiliar de vuelo y compañero de sindicato del jamaiquino detenido, aseguró que el movimiento sindical defiende desde hace tiempo que “la solidaridad debe existir sin importar la raza, la religión o el estatus migratorio”.
Por su parte, Kristin Foster, amiga del caribeño en riesgo de ser enviado de regreso a su país, inició una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe en espera de obtener el dinero necesario para cubrir los costos de su defensa legal.
“Lorenzo siempre ha sido el primero en ayudar a los demás, sin pedir nada a cambio”, escribió.
Presuntamente, Thompson carece de antecedentes penales y, de lo poco que se conoce de su persona, es que abandonó la nación donde nació y vivió la mayor parte de su vida debido a los problemas de inseguridad que ponían en riesgo su integridad.
A pesar de cumplir cada paso legal en su proceso para obtener una hipotética ciudadanía, las autoridades estadounidenses consideran su situación migratoria es irregular, lo cual justifica su detención.
Durante años, organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que algunos inmigrantes liberados de centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) eran obligados a pagar tarifas de taxi desproporcionadas para abandonar las instalaciones. Ahora, una investigación periodística apunta a un presunto esquema que podría involucrar a un conductor y a una funcionaria de una prisión privada en Mississippi.
De acuerdo con una investigación de The Mississippi Independent, complementada con información de El Molino Informativo, registros públicos, publicaciones en redes sociales y mensajes de texto vinculan al taxista Otis Anderson con Tameka Moore Anderson, teniente del Centro Correccional del Condado de Adams, administrado por la empresa CoreCivic. Aunque hasta ahora no existen cargos penales, las revelaciones reavivaron las denuncias de organizaciones que desde hace años alertan sobre posibles abusos durante el proceso de liberación de personas detenidas por motivos migratorios.
Cobros excesivos a inmigrantes recién liberados
Louisiana Advocates for Immigrants in Detention (LA-AID) sostiene que numerosos inmigrantes fueron obligados a pagar entre $200 y $600 por recorridos de apenas unos minutos hacia estaciones de autobús o puntos de transporte cercanos, pese a que las normas de ICE establecen que, cuando no existe transporte público accesible, los centros deben ofrecer traslados gratuitos.
“Es una amenaza que hemos escuchado muchas veces“, afirmó Frances Kelley, coordinadora de proyectos de LA-AID. Según explicó, algunos detenidos recibían advertencias de que, si no pagaban el taxi asignado, podrían enfrentar problemas para abandonar el centro.
Uno de los casos más recientes involucra a un menor de edad liberado del Centro Correccional del Condado de Adams. De acuerdo con mensajes obtenidos por la investigación, un conductor identificado como “Anderson Taxi” solicitó un pago de $300 antes de trasladarlo junto con otros pasajeros. El familiar del joven esperaba que fuera llevado a una estación de autobuses ubicada a unos 13 minutos del centro, pero el conductor aseguró que el destino sería el aeropuerto de Baton Rouge, a unas dos horas de distancia.
Investigación apunta a posibles vínculos con personal del centro
El reportaje también documenta que Otis Anderson comparte domicilio con Tameka Moore Anderson, quien ha trabajado durante 17 años en el centro de detención y aparece identificada en publicaciones de redes sociales como teniente del área encargada de la recepción y liberación de personas detenidas.
Para los defensores de los derechos de los inmigrantes, esta conexión resulta relevante porque el personal de esa unidad es responsable del proceso de salida de los detenidos, incluyendo la entrega de pertenencias y la coordinación del transporte.
Consultado por The Mississippi Independent, Otis Anderson rechazó responder preguntas sobre las acusaciones y únicamente señaló que no haría comentarios sobre el caso. Por su parte, Tameka Moore Anderson, el director del centro y CoreCivic tampoco respondieron a las solicitudes de información enviadas por el medio.
Organizaciones exigen una investigación
LA-AID asegura que presentó denuncias ante autoridades federales y miembros del Congreso desde hace aproximadamente cinco años, argumentando que varios centros de detención incumplían las normas sobre transporte para personas liberadas.
La organización afirma haber ayudado a cerca de 20,000 inmigrantes durante los últimos años, proporcionándoles traslados, alimentos, hospedaje temporal y apoyo para contactar a sus familias. Sin embargo, sus integrantes sostienen que muchos afectados evitan denunciar por miedo o porque desean alejarse lo antes posible del sistema de detención.
El caso también recuerda otros esquemas similares documentados en Estados Unidos. La investigación cita un proceso federal en Nueva York, donde varios hombres fueron condenados por extorsionar a solicitantes de asilo mediante cobros abusivos por servicios de taxi. Mientras tanto, organizaciones civiles piden que las autoridades revisen las denuncias en Mississippi y determinen si existió una red para aprovecharse de inmigrantes en uno de los momentos más vulnerables de su proceso migratorio.
WASHINGTON.- Una demanda busca detener al gobierno del presidente Donald Trump de realizar una política secreta que recopila, almacena y utiliza información personal de personas que se manifiestan o documentan la aplicación de las leyes de inmigración, incluidas las operaciones de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“Creo que la rendición de cuentas del gobierno comienza con la transparencia”, declaró Nicole Clealand, una de las demandantes. “Las personas deberían tener la libertad de observar y documentar pacíficamente las acciones de su gobierno en público sin temor a ser rastreadas o sufrir represalias. Este caso trata de proteger ese derecho para todos”.
Los demandantes acusan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de crear una especie de “lista negra” sobre personas que se manifiestan o documentan acciones migratorias y deberían estar protegidas por la Primera Enmienda.
“El DHS ha desplegado tecnología de reconocimiento facial, cámaras corporales, información de matrículas, dispositivos móviles y otras herramientas de vigilancia para identificar y rastrear a personas que observan legalmente las medidas de control migratorio en público”, acusa la demanda.
Los demandantes advierten que el DHS ha mantenido y accedido a esos registros, incluido el Sistema Automatizado de Selección de Objetivos (ATS), lo cual permitiría que sean compartidos a otras agencias gubernamentales de aplicación de la ley.
Incluso se alega que el DHS utilizó esa información para revocar a los demandantes sus privilegios de Global Entry –una identificación que permite facilitar el tránsito en aeropuertos– en represalia por ejercer sus derechos constitucionales.
Los demandantes son el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica (EPIC), Cleland, Jacquelyn Ivey y Anna Walker, observadoras legales que han sido objeto de vigilancia y represalias por parte del DHS, indicó la organización Democracy Forward, la cual representa a los demandantes en conjunto con y Hagens Berman Sobol Shapiro LLP.
Los agentes saben todo
En el documento judicial ante la Corte de Distrito Sur en California, se indica que los agentes del DHS no han ocultado su intención de recopilar información ni el objetivo, con casos documentados en Maine, cuando incluso se informó a varios observadores que serían incluidos en una base de datos de “terroristas nacionales”.
En Chicago, los agentes utilizaban el reconocimiento facial en ciudadanos, mientras en Minneapolis, los observadores fueron llevados a sus casas por agentes, en una práctica ya conocida coloquialmente como “ser llevado a casa por el ICE”.
Destaca que, en todo el país, los agentes del DHS se han acercado a los observadores y se han dirigido a ellos “por su nombre completo”, aunque esas personas nunca se identificaron ni mostraron ningún tipo de identificación, lo que desata más preocupaciones.
“No se trata de perder un privilegio; se trata de defender nuestros principios”, dijo Ivey. “El gobierno intenta intimidar a la gente para que mire hacia otro lado en lugar de exigirle responsabilidades. Pero los momentos en que quienes están en el poder se esfuerzan más por silenciarnos suelen ser los momentos en que más necesitamos alzar la voz”.
La demanda acusa que el DHS viola la Ley de Privacidad, la cual prohíbe al gobierno federal mantener registros que describan cómo las personas ejercen sus derechos de la Primera Enmienda –salvo en circunstancias limitadas– y exige que las agencias divulguen y justifiquen por qué recopilan información personal.
“Ahora más que nunca, quienes tenemos el privilegio de expresarnos tenemos la responsabilidad de defender los derechos de todos en nuestras comunidades”, expuso Walker. “Cuando se castiga a las personas por ejercer sus derechos de la Primera Enmienda, comenzamos a perder los principios democráticos que nos protegen a todos”.
Parte de la impugnación se argumenta bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, mientras los demandantes alegan que el DHS tomó represalias ilegales contra ellos.
“Cuando nuestro gobierno recopila expedientes secretos sobre personas comunes por ejercer sus derechos constitucionales, envía un mensaje escalofriante: si alzas la voz, ten cuidado”, advirtió John Davisson, subdirector y director de cumplimiento de EPIC. “Si cada protesta, cada grabación, cada acto de disidencia nos expone a la vigilancia y la represalia, la privacidad y la libertad de expresión corren el riesgo de colapsar”.
La demanda busca anular la política de recopilación secreta de datos y se defienda la Primera Enmienda.
“El gobierno federal no puede crear expedientes secretos sobre las personas porque ejercen su derecho, amparado por la Primera Enmienda, a observar, documentar o criticar pacíficamente sus acciones”, declaró Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward. “Ese es precisamente el tipo de vigilancia gubernamental que el Congreso intentó evitar al promulgar la Ley de Privacidad tras algunos de los capítulos más oscuros de la historia de nuestra nación”.
En el Distrito de la Moda del centro de Los Ángeles, los andenes están semivacíos, no hay grandes clientelas en las tiendas y algunos negocios incluso bajaron las cortinas para siempre: no pudieron sobrevivir tras las dos semanas de redadas de junio de 2025.
“Todo va muy mal. No hay ventas”, dijo Sandra F., cuyo negocio se ubica en la esquina del bulevar Pico y la calle Wall. “La gente ya no viene, tiene miedo al ICE”.
La magnitud de la perturbación comercial fue inmediata tras las agresivas embestidas de agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en nueve corredores comerciales latinos del condado de Los Ángeles, según indica un nuevo estudio del Instituto de Políticas y Política Latina de UCLA (LPPI, por sus siglas en inglés), realizado en colaboración con la organización Inclusive Action for the City.
“Todo va muy mal. No hay ventas”, dice Sandra F. (der.), cuyo negocio se ubica en el bulevar Pico y la calle Wall.Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia
Si bien Sandra no fue parte del informe, en las dos semanas posteriores a las operaciones de control migratorio lideradas por los tristemente célebres Greg Bovino (excomandante de la Patrulla Fronteriza) y Kristi Noem (exdirectora del Departamento de Seguridad Nacional), ella sigue resintiendo la pérdida de ingresos más de un año después.
“No sale ni siquiera para la renta”, agregó la comerciante originaria de Michoacán, México. “Mire, muchos negocios ya cerraron”.
En efecto, a la entrada de los llamados “callejones”, en el Distrito de la Moda, se hallan abajo las cortinas de acero galvanizado.
Hay tiendas que no sobrevivieron el impacto de las redadas en el Distrito de la Moda de Los Ángeles.Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia
Las zonas geográficas afectadas
El informe de UCLA señala que ocho de las nueve ubicaciones (Distrito de la Moda, Distrito de Almacenes, Westlake, Cypress Park, Paramount, Huntington Park, Pacoima y Ladera Heights) registraron una disminución en las visitas a los negocios y la magnitud de dichas caídas varió. La excepción fue la zona de Whittier.
Las nueve ubicaciones presentaban características demográficas diversas, que iban desde barrios con una gran población inmigrante y latina hasta una comunidad históricamente afroamericana (Ladera Heights) y distritos comerciales del centro de la ciudad; cabe destacar que los efectos comerciales de las operaciones de control migratorio no se limitaron a las zonas de mayoría latina.
El reporte combina datos de movilidad de todos los negocios cercanos a los nueve puntos de intervención con encuestas y grupos focales realizados con 75 empresarios latinos de todo el condado.
Los autores de la investigación descubrieron, además, que entre los 989 negocios del sector formal ubicados en un radio de media milla de los nueve puntos de intervención documentados, se registraron 46,000 visitas menos de clientes y pérdidas de ingresos acumuladas estimadas en $3.16 millones de dólares durante las dos semanas posteriores a la actividad de control migratorio.
Son días calurosos en Los Ángeles, pero la afluencia de visitantes al Distrito de la Moda ha sido escasa desde hace ya 13 meses.Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia
En Paramount, 14 días antes de los operativos migratorios, las visitas a negocios fueron de 43,711. Dos semanas después, la cifra disminuyó a 38,916 (-11.0%).
Para el popular Distrito de la Moda del centro de Los Ángeles, los números se establecieron en 942,795 visitas antes de que ICE llegara; dos semanas más tarde, la afluencia bajó a 919,889 (-2.4%), mientras que en Huntington Park, de 105,981 visitas, la presencia de agentes migratorios provocó una disminución a 103,484 (-2.4%).
La ciudad de Paramount experimentó la mayor disminución (-11.0 %), seguida por Ladera Heights (-4.8 %), el Distrito de Almacenes (-4.3 %) y Cypress Park (-3.0 %).
La magnitud de la caída porcentual no siempre correspondía con la escala de la pérdida económica estimada. El Distrito de la Moda registró una de las menores disminuciones en la afluencia de público (-2.4 %); sin embargo, se estima que fue la zona que más ingresos perdió ($1.52 millones de dólares), lo que representa casi la mitad de la pérdida total estimada en las nueve ubicaciones.
En cambio, en Paramount —donde se registró la mayor caída en la afluencia de público— se estima que la pérdida fue menor ($367,000 dólares), mientras que en el área de Westlake fue de $620,000 y en Huntington Park de $332,293.
La diferencia en las mermas refleja, en parte, el número de negocios ubicados dentro del radio de influencia de cada una.
“Nuestros datos muestran que había más de 550 negocios en un radio de media milla alrededor de Ambiance Apparel —donde el ICE llevó a cabo una operación el 6 de junio de 2025—, frente a los 18 negocios situados en un radio de media milla de la ubicación de Paramount”, indican los autores del reporte.
Así lucen de manera regular los llamados callejones del Distrito de la Moda, en el centro de Los Ángeles.Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia
Muchas pérdidas económicas y pesadillas
Óscar Fernández, gerente y propietario de “Home Boy Big & Tall”, ubicado en el 330 de E. Pico Boulevard, le contó a La Opinión que abrió su negocio en mayo de 2025 y que, un mes después, se realizaron las redadas de inmigración.
“Hasta ahora he perdido medio millón de dólares y apenas he recuperado una cuarta parte”, estimó. “Aún falta que regrese el 60% de mis clientes que venían antes de las redadas”.
Fernández, originario de Mazatlán, Sinaloa, expresó que el negocio está afectado por altos costos, como rentas y salarios, que ascienden a $5,000 mensuales. Mencionó que “sobrevive” gracias a las ventas de fin de semana.
De la misma manera, Lorraine Brice, gerente del restaurante de mariscos estilo Sinaloa, “La Doñita”, manifestó que asumió bastantes pérdidas, pero que ya se están recuperando.
“La intensificación de las medidas federales de control migratorio ha devastado nuestras comunidades y nuestra economía”, señaló Rudy Espinoza, director ejecutivo de Inclusive Action for the City.
“Pequeñas empresas y corredores comerciales han quedado vacíos, mientras los propietarios y trabajadores luchan por salir adelante y las familias sufren. Esta investigación [de UCLA] pone de relieve el terrible impacto de estas políticas y ofrece a los miembros de nuestra comunidad una plataforma para compartir su realidad”.
Los autores del reporte constataron que la presión financiera en los negocios y el deterioro de la salud se retroalimentaban mutuamente. El miedo, la incertidumbre prolongada y la presión económica afectaron la salud de los emprendedores, lo que a su vez limitó su capacidad para trabajar, gestionar sus negocios y recuperarse.
La tienda “Ever Cristal & Mineral Store”, en Huntington Park, totalmente vacía. Su dueño, un hombre de El Salvador, dice que vive una “pesadilla americana”.Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia
Justamente, uno de quienes se han visto afectados por la presión de las bajas ventas y las pocas visitas es el salvadoreño Josué Quijada, cuyo negocio se llama “Ever Cristal & Mineral Store”, ubicado en el bulevar Pacific de Huntington Park.
“Ya quiero vender toda la mercancía que tengo”, mencionó a La Opinión el nacido en el departamento de La Libertad. “Se acabó el sueño americano después de 30 años; ya quiero dejarlo todo e irme de Estados Unidos. Lo que estoy viviendo es la pesadilla americana”.
Su estresante situación se debe a que el fin de semana sus ventas apenas totalizaron $300 dólares, $40 el miércoles y nada el jueves.
“Ya gasté $80,000 en cubrir la renta del local cada mes; eran mis ahorros, y ahora me cuesta pagar los $3,500 mensuales. Tengo problemas con el dueño, pero ya quiero cerrar para siempre”.
Más hallazgos del informe de UCLA
Todos los propietarios de pequeñas empresas participantes reportaron menos clientes y menos ventas.
El 59% reportó caídas de ingresos superiores al 50%, mientras que otro 20% reportó descensos entre el 26% y el 50%.
El 68% cerró temporalmente o redujo sus horarios de funcionamiento.
El 51% informó que el personal faltaba al trabajo por temor a las medidas de control.
Casi un año después del inicio de las redadas, el 95% seguía reportando estrés financiero.
El 52% señaló que los ingresos ya no cubren de manera constante los costos operativos, mientras que otro 43% indicó que apenas cubría los gastos, con poco o ningún beneficio económico.
Óscar Fernández, propietario de “Home Boy Big & Tall”, calcula que ha perdido medio millón de dólares. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia
El 76% de los participantes informó haber sufrido un impacto emocional considerable.
En los grupos focales, los participantes describieron sentimientos persistentes de miedo, ansiedad, depresión, alteraciones del sueño, hipervigilancia y estrés.
Los consultados reportaron trastornos gastrointestinales, ataques de pánico, agravamiento de enfermedades crónicas y otras dolencias relacionadas con el estrés. Varios indicaron haber comenzado a tomar nuevos medicamentos, aumentado las visitas médicas o haber requerido de hospitalización.
Los propietarios relataron cómo tranquilizaban a clientes asustados y reconfortaban a empleados y familiares, todo ello mientras lidiaban con su propia ansiedad.
