Category: Inmigracion

El gobierno de Donald Trump responsabilizó este miércoles a la administración de Joe Biden por la naturalización de un hombre acusado de asesinar a una empleada del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el pasado 13 de abril.

Según el DHS, Olaolukitan Adon Abel, de 26 años, nacido en el Reino Unido y naturalizado en 2022 durante la administración Biden, es señalado como responsable del asesinato de Lauren Bullis, funcionaria del organismo.

“El lunes, Lauren Bullis, empleada del DHS, fue brutalmente asesinada a tiros y puñaladas por Olaolukitan Adon Abel (…) quien obtuvo la ciudadanía estadounidense gracias a la administración Biden en 2022”, declaró el secretario del DHS, Markwayne Mullin.

El funcionario añadió que, desde la llegada de Trump al poder, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha adoptado medidas para evitar la naturalización de personas con antecedentes penales.

De acuerdo con el comunicado, Abel cuenta con un historial delictivo que incluye condenas por agresión sexual, agresión a un agente de policía, obstrucción a la justicia, agresión con arma mortal y vandalismo.

Las autoridades lo acusan de asesinar a Bullis en un ataque que incluyó disparos y apuñalamiento mientras la víctima paseaba a su perro.

Otra víctima

El DHS también indicó que el sospechoso ha sido arrestado por otros hechos violentos, entre ellos el asesinato de una mujer no identificada frente a un supermercado Checkers y un ataque a tiros contra un hombre sin hogar en las afueras de un supermercado Kroger en Brookhaven.

“Estos actos de pura maldad han devastado nuestro Departamento y mis oraciones están con las familias de las víctimas”, declaró Mullin.

Lauren Bullis se desempeñaba en la Oficina del Inspector General del DHS, donde ocupó cargos como auditora en la Oficina de Auditorías y jefa de equipo en la Oficina de Innovación. El organismo destacó su trayectoria, señalando que su trabajo se caracterizó por la integridad y el compromiso, y que era una figura respetada dentro de la institución.

Medidas para reforzar controles

En respuesta al caso, el DHS destacó nuevas medidas adoptadas por el USCIS para reforzar los controles en los procesos migratorios.

Entre ellas, la creación de un centro de evaluación anunciado en diciembre de 2025, enfocado en detectar posibles amenazas a la seguridad pública mediante el uso de tecnologías avanzadas y la colaboración con agencias de inteligencia.

Asimismo, la agencia restableció las llamadas “investigaciones vecinales” para solicitantes de ciudadanía, una práctica que busca verificar aspectos como la residencia, el carácter moral y el compromiso con la Constitución de Estados Unidos.

Según el DHS, estas medidas son clave para “salvaguardar la integridad del sistema de inmigración” y prevenir casos similares.

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Una mujer francesa de 86 años fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

Marie-Thérèse se mudó de Francia al territorio estadounidense el año pasado, tras reavivar un romance de la década de 1960, y ahora permanece detenida en un centro de ICE en el estado de Luisiana.

El hijo de Marie-Thérèse, originaria de la ciudad de Nantes, dio la voz de alarma después de que su madre fuera arrestada en Anniston, Alabama, a principios de abril.

“Le esposaron las manos y los pies como si fuera una criminal peligrosa”, declaró al medio francés Ouest-France.

La BBC contactó al Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., encargado de supervisar a ICE, para pedir comentarios sobre el caso.

Una larga historia de amor

Marie-Thérèse se mudó a Estados Unidos tras reencontrarse con Billy, un hombre estadounidense con quien no tuvo contacto durante 50 años, pero que había sido su amor de juventud.

Ambos se conocieron en la década de 1960, cuando Billy era un soldado destinado en la base de la OTAN en Saint-Nazaire y ella trabajaba como secretaria.

Billy regresó a EE.UU. en 1966. Él y Marie-Thérèse perdieron el vínculo; cada uno se casó en su respectivo país y tuvieron hijos.

Sin embargo, ambos retomaron el contacto en 2010 y se visitaron mutuamente junto con sus respectivos cónyuges, reportó Ouest-France.

Para 2022, ambos habían enviudado y comenzaron una relación sentimental.

Billy era un “hombre encantador y adorable”, comentó el hijo de Marie-Thérèse, y la pareja estaba enamorada “como si fueran adolescentes”.

Se casaron el año pasado y Marie-Thérèse se trasladó a Alabama, donde pidió una residencia permanente que le otorgaría el derecho de permanecer en EE.UU.

Sin embargo, ella aún no había recibido la green card cuando Billy falleció repentinamente en enero, por lo cual su estatus migratorio quedó en el limbo.

Poco después de la muerte de Billy, el hijo de este y Marie-Thérèse habrían entrado en una disputa por la herencia.

El hijo de Billy “la amenazó, la intimidó e incluso, llegó al extremo de cortarle el suministro de agua, internet y electricidad”, contó el hijo de ella a Ouest-France.

Marie-Thérèse contrató a un abogado, pero fue detenida por ICE el día antes de una audiencia programada. Los vecinos alertaron a sus hijos.

No existen pruebas de que haya sido una denuncia del hijo de Billy lo que condujo a su madrastra a un centro de detención de ICE.

La intervención de Francia

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia intervino en el caso y Marie-Thérèse ya recibió una visita consular, según declaró su hijo a los medios franceses.

Añadió que su madre es una “luchadora que se mantiene entera”, aunque padece problemas cardíacos y de espalda.

“Nuestra prioridad es sacarla de este centro de detención y repatriarla a Francia. Dada su salud, no aguantará ni un mes en semejantes condiciones de reclusión”, afirmó.

Desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, ICE ejecuta la iniciativa de deportaciones masivas de su gobierno.

Tanto su presupuesto como su misión se han ampliado considerablemente y la agencia desempeña una función clave en la expulsión de migrantes indocumentados de EE.UU.

El hijo de Marie-Thérèse comentó que su historia “parecía sacada de una mala película estadounidense”.

“Cada mañana me despierto y me repito que nada de esto es real, que todo ha sido solo una pesadilla”.

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Las autoridades del condado de Ramsey, en Minnesota, investigan el arresto de un ciudadano estadounidense de origen hmong como un posible caso de secuestro, robo y detención ilegal, tras una operación realizada por agentes federales que quedó registrada en video.

El fiscal del condado, John Choi, y el sheriff Bob Fletcher informaron en rueda de prensa que están recopilando información del Departamento de Seguridad Nacional para esclarecer lo ocurrido durante la detención de ChongLy “Scott” Thao, de 56 años, el pasado 18 de enero en St. Paul, indicó AP.

Según las autoridades locales, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas habrían irrumpido en la vivienda de Thao derribando la puerta principal con armas desenfundadas y sin una orden judicial, para luego sacarlo del domicilio en condiciones climáticas extremas, vestido únicamente con ropa interior y una manta.

El sheriff Fletcher aseguró que no existe duda de que Thao es ciudadano estadounidense y que no tiene antecedentes penales. “No hay duda de que lo sacaron de su casa a la fuerza y lo llevaron de un lado a otro”, afirmó.

Falta de cooperación federal

El fiscal John Choi indicó que el condado intenta determinar si existen posibles delitos bajo legislación estatal o federal, aunque señaló que el DHS no ha cooperado plenamente con la investigación. También informó que la policía de St. Paul examina un caso relacionado con la misma redada migratoria.

Las autoridades locales enviaron el 20 de marzo solicitudes formales al DHS, al ICE y a fiscales federales, exigiendo acceso a grabaciones, reportes internos, identidades de los agentes involucrados y documentación de la operación.

Choi advirtió que, si no reciben respuesta antes del 30 de abril, podrían presentar una demanda o convocar un gran jurado.

El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, ha rechazado las acusaciones y sostiene que los agentes buscaban a dos delincuentes sexuales convictos.

Sin embargo, Thao afirmó posteriormente que no conocía a esas personas ni tenía vínculo con ellas. Registros del Departamento Correccional de Minnesota confirmaron que uno de los sospechosos seguía encarcelado en el momento del operativo.

El ICE defendió la actuación de sus agentes y negó que se tratara de un secuestro, asegurando que los objetivos buscados tenían vínculos con la propiedad intervenida. Thao y su familia rechazan esa versión.

El momento del operativo

Videos grabados por vecinos muestran el despliegue de más de una docena de agentes armados frente a la vivienda, mientras residentes protestaban con silbatos y bocinas y exigían que detuvieran la operación.

De acuerdo con una entrevista previa de Thao con Associated Press, los agentes se percataron horas después de que se trataba de un ciudadano estadounidense sin antecedentes, tras lo cual fue liberado y devuelto a su hogar.

“No existe inmunidad absoluta para los agentes federales”, dijo Fletcher. “Detener a un ciudadano en su propia casa sin justificación no los exime de responsabilidad”, añadió.

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Un tribunal federal de apelaciones ordenó poner fin a la investigación por desacato contra la administración de Donald Trump relacionada con vuelos que trasladaron a migrantes venezolanos a El Salvador en 2025, al considerar que el proceso judicial fue improcedente.

La decisión la tomó un panel dividido de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, cuya mayoría concluyó que el juez de primera instancia, James Boasberg, excedió sus facultades al impulsar un procedimiento por desacato penal.

Según la opinión mayoritaria, redactada por la jueza Neomi Rao, la administración Trump tiene un derecho “claro e indiscutible” a que se cierre el caso, reseñó la agencia de noticias The Associated Press.

El fallo sostiene que el desacato penal solo procede cuando se viola una orden judicial “clara y específica”, algo que, a juicio del tribunal, no ocurrió.

“La orden de marzo de 2025 no prohibía de forma clara y específica al gobierno transferir a los demandantes a la custodia salvadoreña”, escribió Rao, quien argumentó que continuar con la investigación constituía un abuso de discreción.

Las deportaciones a El Salvador

El conflicto se remonta al 15 de marzo de 2025, cuando Boasberg emitió una orden judicial provisional que bloqueaba la deportación de un grupo de migrantes venezolanos a El Salvador, basándose en una ley del siglo XVIII.

Pese a la medida, dos aviones con migrantes partieron desde Estados Unidos hacia ese país centroamericano, donde los trasladados fueron recluidos en una prisión de alta seguridad.

La administración atribuyó la decisión a la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Boasberg consideró que el gobierno pudo haber actuado de mala fe al ejecutar los vuelos y aseguró que no recibió explicaciones satisfactorias, lo que dio pie al proceso por desacato.

“Un duro golpe al estado de derecho”

La decisión del tribunal de apelaciones no fue unánime. La jueza J. Michelle Childs emitió un voto disidente en el que advirtió que el fallo limita la autoridad de los tribunales inferiores.

Según Childs, la decisión podría afectar futuros procesos judiciales, al permitir que las partes cuestionen el alcance de las órdenes antes de que se determine si hubo desacato.

Por su parte, Lee Gelernt, abogado de los migrantes y representante de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, anunció que solicitarán una revisión del caso ante el pleno del tribunal.

Calificó la decisión como “un duro golpe al estado de derecho” y afirmó que la administración violó deliberadamente la orden judicial.

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La reanudación de los vuelos directos de American Airlines entre Miami y Caracas, que podría comenzar tan pronto como este 30 de abril, significa para muchos venezolanos en Estados Unidos la posibilidad de acortar una separación que durante años se volvió rutina, dolor y gasto.

Aunque la fecha tentativa, anunciada por la aerolínea estadounidense la semana pasada, aún depende de permisos oficiales y planes de seguridad, una vez que comiencen, estos serían los primeros vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos en más de seis años.

Para una diáspora acostumbrada a medir el tiempo en cumpleaños, navidades y funerales perdidos, o presenciados mediante videollamadas, la noticia cayó como un bálsamo sobre la nostalgia y alimentó la esperanza de que “las cosas por fin mejoren en Venezuela” y que la vida de alrededor de un millón de venezolanos en Estados Unidos se suavice, al menos a la hora de ir a casa, según expresaron algunos de ellos a EFE.

Magaly García, venezolana radicada en Weston, ciudad dormitorio al norte de Miami apodada ‘Westonzuela’, resumió ese sentimiento con un deseo: “Quiero darle un abrazo a mi mamá en su cumpleaños”.

En Doral, la ciudad con mayor proporción de venezolanos de EE.UU., Miguel Ángel Ruiz ve ahora más cerca la posibilidad de cumplir su sueño de ver a sus hijos disfrutar de las playas de su infancia.

“Esa noticia me emocionó tanto como cuando se llevaron a (Nicolás) Maduro”, expresó en referencia a la operación de enero en la que militares estadounidenses trasladaron al gobernante chavista desde Caracas a una cárcel en Nueva York, donde lo están juzgando por narcotráfico y terrorismo.

Nuevos aires entre EE.UU. y Venezuela

American, una de las aerolíneas internacionales con mayor presencia en el mercado venezolano durante décadas, había suspendido sus vuelos al país suramericano en 2019, en medio de la prohibición impuesta entonces por la primera Administración de Donald Trump (2017-2021) a las empresas aéreas estadounidenses de operar hacia ese país, como parte de un paquete de sanciones contra el régimen chavista.

La autorización para volver llegó después de que el Departamento de Transporte, en el segundo mandato de Trump, aprobara en marzo la reanudación de los servicios a los aeropuertos de Maiquetía y Maracaibo por parte de American, y de que la Administración de Seguridad en el Transporte realizara inspecciones recientes en Caracas.

Entretanto, viajar de Estados Unidos a Venezuela se convirtió para miles de familias en un viacrucis, pues ya no bastaba con comprar un boleto, había que calcular escalas, revisar si el tránsito exigía visa, prever noches de hotel, y asumir cambios de último minuto porque había que entrar por terceros países, como Panamá, República Dominicana, y Colombia, o las islas de Aruba y Curazao.

Ese mapa volvió a romperse a finales de 2025, cuando varias aerolíneas suspendieron vuelos después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) advirtiera sobre los riesgos para la seguridad en el espacio aéreo venezolano, en medio del aumento de la actividad militar.

Por ello, familias que ya tenían maletas listas cancelaron sus viajes navideños, perdieron conexiones y vieron cómo una visita planeada durante meses volvía a esfumarse.

Gran parte del tráfico se desplazó a Bogotá y luego a la frontera entre Colombia y Venezuela, especialmente por Cúcuta, con pasajeros obligados a rehacer sus itinerarios y a completar por tierra la última parte del trayecto.

Barreras persisten

Una vez que se reanuden los vuelos, que expertos en el sector consideran que podrían conectar al país suramericano con Miami y Nueva York, en un comienzo, la reapertura anunciada por American no elimina de golpe todas esas barreras.

Persisten, por ejemplo, los problemas de documentación, pues los consulados de Venezuela en territorio estadounidense aún no están funcionando, por lo que los trámites consulares, comenzando por obtener un pasaporte vigente, siguen siendo un obstáculo.

Para entrar al país, los nacidos en Venezuela deben presentar pasaporte venezolano, vigente o vencido, junto con la cédula, lo que crea un nudo burocrático que se ha vuelto especialmente duro para quienes llevan años fuera y no han podido renovar sus papeles. 

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La falta de información detallada por parte de Washington sobre las muertes de migrantes mexicanos en centros de detención ha llevado al Gobierno de México a escalar su respuesta. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó este martes la ausencia de explicaciones claras y anunció nuevas acciones diplomáticas y legales.

“No ha habido respuestas puntuales a cada caso”, afirmó la mandataria al referirse a los fallecimientos ocurridos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos.

El reclamo surge tras la confirmación reciente de otra muerte en Luisiana, con lo que el número de connacionales fallecidos en centros migratorios asciende a al menos 15 desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025.

Ante este panorama, Sheinbaum indicó que su administración ya elevó el tono frente a las autoridades estadounidenses. “Se hizo una carta muy fuerte. Ayer hubo un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores al Gobierno de Estados Unidos”, explicó.

Nuevas medidas

Como parte de las medidas, la presidenta instruyó a la red consular a modificar su esquema de supervisión en los centros de detención.

A diferencia de las visitas semanales que se realizaban hasta ahora, pidió que haya presencia diaria de funcionarios consulares. “(Dí) instrucciones a todos los cónsules (…) para que visiten diario los centros de detención”, detalló.

En paralelo, el Gobierno mexicano impulsa acciones en instancias internacionales. Según explicó, ya se han activado mecanismos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se evalúa recurrir a otros organismos de Naciones Unidas.

“Lo que hemos solicitado es la investigación, porque la investigación tiene que hacerla el Gobierno de los Estados Unidos”, enfatizó Sheinbaum, al señalar que es necesario esclarecer las condiciones de los fallecimientos y determinar si hubo “un presunto maltrato o una violación a los derechos humanos”.

La mandataria también reiteró su desacuerdo con la política migratoria estadounidense, al considerar que ha derivado en detenciones masivas. “Hay muchos mexicanos que su único delito es no tener papeles”, concluyó.

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