Category: Inmigracion

El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Florida debido a irregularidades en su situación migratoria, y permanece en un centro de detención en el condado de Glades, de acuerdo con registros oficiales del organismo.

La detención se realizó este lunes el 13 de abril y, según la información disponible, el empresario fue trasladado a instalaciones migratorias mientras se revisa su estatus en Estados Unidos.

Presunto fraude inmobiliario en México

En México, Zaga Tawil enfrenta acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en un esquema de fraude contra el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), por un monto estimado en $294 millones de dólares. También es señalado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, junto con otros miembros de su familia.

El caso está relacionado con la empresa Telra Realty, que en 2014 firmó un contrato con el Infonavit para el desarrollo de un programa de movilidad hipotecaria. Tres años después, el instituto dio por terminado el acuerdo de manera anticipada y autorizó una indemnización millonaria, pese a que el proyecto no habría cumplido con los objetivos establecidos.

De acuerdo con la FGR, el pago de aproximadamente $294 millones de dólares careció de sustento legal y formó parte de un esquema de desvío de recursos públicos. Las investigaciones señalan que los fondos habrían sido canalizados hacia estructuras financieras privadas.

El expediente también incluye a Teófilo Zaga Tawil y Elías Zaga Hanono, además de exfuncionarios del Infonavit como Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, quienes participaron en la autorización del convenio de terminación anticipada. Ambos exfuncionarios fueron detenidos previamente y posteriormente liberados, aunque en 2024 se reactivaron órdenes de aprehensión en su contra.

Prófugo de la justicia mexicana

Zaga Tawil es considerado prófugo de la justicia mexicana desde 2020, cuando fueron emitidas órdenes de aprehensión en su contra. El proceso ha enfrentado suspensiones temporales derivadas de recursos legales, pero las autoridades mantienen vigentes las acusaciones.

En Estados Unidos, el empresario presentó un recurso legal tras su detención al considerar que fue irregular. Una jueza ordenó al ICE proporcionar información que justifique el arresto y estableció que no puede ser trasladado fuera de la jurisdicción mientras se resuelve su situación.

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Un hombre que fue baleado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un control policial en el centro de California fue arrestado por el FBI el lunes, poco después de recibir el alta médica, según informó su abogado.

Se trata de Carlos Iván Mendoza Hernández, quien había sido sometido a tres cirugías tras recibir múltiples impactos de bala.

Sin información sobre los cargos

El abogado Patrick Kolasinski señaló que las autoridades federales no han especificado los cargos que podría enfrentar su cliente. Además, afirmó que Mendoza fue puesto bajo custodia sin notificación previa a su familia ni a su equipo legal.

“Estamos conmocionados. No debería haber salido de ese hospital. No estaba en condiciones de ser dado de alta”, declaró el abogado.

Versión oficial del tiroteo

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que los agentes del ICE dispararon en defensa propia cuando Mendoza presuntamente intentó embestirlos durante una parada de control.

El hecho ocurrió en Patterson, California, a unas 75 millas al sureste de San Francisco. Las autoridades describieron al hombre, de 36 años, como un presunto miembro de una pandilla buscado en El Salvador para ser interrogado por un caso de homicidio.

Kolasinski sostuvo que su cliente nunca ha pertenecido a una pandilla y que no cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos. También afirmó que Mendoza fue absuelto de un caso de asesinato en El Salvador, donde no existe una orden de arresto en su contra.

El abogado agregó que el hombre fue detenido inicialmente por infracciones de tránsito menores.

Dudas sobre el uso de la fuerza

Según la defensa, los agentes dispararon cuando el vehículo estaba detenido y Mendoza intentó huir tras los disparos. Imágenes de una cámara de tablero difundidas por medios locales muestran a varios agentes rodeando el automóvil antes de que el vehículo retroceda y avance bruscamente.

El video no incluye audio y no permite determinar con claridad en qué momento se efectuaron los disparos.

Hasta el momento, las autoridades federales no han explicado por qué Mendoza fue objeto de una acción coercitiva ni han respondido a las declaraciones de su abogado.

El incidente se produce en medio de operativos migratorios intensificados en Estados Unidos. Mendoza, quien tiene doble nacionalidad salvadoreña y mexicana, llegó al país en 2019.

De acuerdo con su abogado, trabaja como obrero en la reparación de daños por incendios, tiene una hija de dos años y está comprometido con una ciudadana estadounidense.

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Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia y exlegislador fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Florida y permanece bajo custodia migratoria, de acuerdo con registros oficiales del organismo.

El ICE lo mantiene “bajo custodia”, sin ofrecer detalles sobre las circunstancias del arresto, el lugar exacto de detención ni posibles cargos. Versiones difundidas señalan que el procedimiento habría ocurrido tras un control de tránsito, antes de su traslado a instalaciones migratorias.

Las acusaciones en Brasil

Ramagem enfrenta en Brasil una condena de 16 años de prisión dictada por el Tribunal Supremo en un caso relacionado con un presunto intento de golpe de Estado vinculado al expresidente Jair Bolsonaro. La sentencia lo señala por el uso del aparato de inteligencia estatal para realizar vigilancia ilegal contra opositores políticos.

Uso de herramientas de espionaje

Las investigaciones judiciales en Brasil establecen que, durante su gestión al frente de la inteligencia, Ramagem habría utilizado herramientas de espionaje para rastrear a magistrados del Tribunal Supremo, legisladores, periodistas y otros funcionarios públicos. El caso también incluyó indagaciones relacionadas con el entorno del expresidente Bolsonaro.

El exfuncionario abandonó Brasil antes de la sentencia y ha permanecido en Estados Unidos durante los últimos meses, residiendo en el estado de Florida. Brasil solicitó su extradición en diciembre, aunque no se han informado avances oficiales del proceso.

La Policía Federal de Brasil indicó en un comunicado que la detención de un fugitivo brasileño condenado por la Corte Suprema ocurrió en Florida como resultado de la cooperación internacional entre Brasil y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado.

Sin embargo, otras versiones apuntan a que el arresto se habría producido inicialmente por una infracción de tránsito antes de su remisión a ICE. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han confirmado públicamente los detalles del operativo ni el estatus del proceso.

Ramagem, quien dirigió la Agencia Brasileña de Inteligencia durante el gobierno de Bolsonaro, habría participado recientemente en eventos públicos en Estados Unidos, incluido un foro de seguridad realizado en un resort de golf en Miami.

El caso se desarrolla en medio e recientes acuerdos de cooperación entre Brasil y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al crimen organizado, tras anuncios de ambos gobiernos sobre el fortalecimiento de la colaboración bilateral.

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El gobierno del presidente Donald Trump despidió a dos jueces de inmigración que previamente habían desestimado procesos de deportación contra estudiantes universitarios vinculados a la defensa de los derechos palestinos, según confirmó el sindicato que representa a estos funcionarios.

Los casos involucrados corresponden a Roopal Patel y Nina Froes, ambas nombradas como juezas de inmigración en 2024 durante la administración anterior.

Decisiones judiciales en casos de deportación

En febrero, la jueza Roopal Patel determinó que no existían fundamentos para la deportación de Rümeysa Öztürk, estudiante de posgrado de la Universidad de Tufts, quien permaneció detenida durante 45 días en Luisiana.

Por su parte, Nina Froes desestimó el proceso de deportación contra Mohsen Mahdawi, estudiante de la Universidad de Columbia, arrestado tras una entrevista para obtener la ciudadanía estadounidense.

Despidos dentro de un grupo mayor de jueces removidos

De acuerdo con la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, Patel y Froes forman parte de un grupo de 113 jueces de inmigración despedidos durante la actual administración, mientras que seis destituciones adicionales se habrían producido durante el fin de semana previo al anuncio.

Hasta el momento, no se ha confirmado si los despidos están directamente relacionados con las decisiones emitidas en los casos mencionados.

El Departamento de Justicia, a través de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.

El organismo ha señalado en comunicados previos que evalúa de forma continua el desempeño de los jueces de inmigración en función de criterios como imparcialidad, conducta profesional y cumplimiento de la ley.

Remoción de jueces

El representante demócrata Dan Goldman afirmó en redes sociales que las destituciones “violaron procedimientos legales básicos”, y acusó a la administración de remover jueces que no se alinean con su política migratoria.

Según estas declaraciones, más de un centenar de jueces habrían sido removidos desde el inicio del actual periodo presidencial.

Los casos de Öztürk y Mahdawi

Los procesos involucraron a estudiantes que fueron detenidos en el marco de investigaciones migratorias relacionadas con su participación en actividades de defensa de derechos palestinos.

Ambos casos fueron revisados por tribunales de inmigración, que posteriormente desestimaron o frenaron los intentos de deportación presentados por las autoridades federales.

Situación en los tribunales de inmigración

Informes citados por medios estadounidenses señalan cambios en la composición de los tribunales, así como la incorporación de nuevos jueces en distintos estados.

Según datos recientes del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), Massachusetts mantiene decenas de miles de casos pendientes en cortes de inmigración.

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El Gobierno de México informó este lunes sobre la muerte de un ciudadano mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, y exigió una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que el deceso ocurrió el pasado 11 de abril en el Centro Correccional de Winn, en el estado de Luisiana. Según la dependencia, “hasta el momento, la causa de la muerte permanece bajo investigación”.

La víctima fue identificada como Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, quien falleció tras ser trasladado de urgencia a un hospital, luego de ser encontrado inconsciente dentro del centro de detención. De acuerdo con la versión oficial del ICE, “el personal lo encontró inconsciente, solicitó atención médica de inmediato e inició maniobras de reanimación”.

Cabrera había sido detenido en enero en Chattanooga y permaneció bajo custodia migratoria durante casi dos meses antes de su muerte.

Tras conocerse el caso, el Consulado de México en Nueva Orleans activó los protocolos de protección consular y, en coordinación con el Consulado General de México en Atlanta, estableció contacto con la familia para brindar asistencia legal y acompañamiento.

La Cancillería mexicana expresó su preocupación por la recurrencia de estos hechos, al señalar que reflejan “deficiencias graves” en las condiciones de detención, las cuales consideró incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.

Con este caso, suman ya al menos 15 ciudadanos mexicanos fallecidos en centros de detención migratoria desde el regreso a la presidencia de Donald Trump, de acuerdo con cifras oficiales mexicanas.

El caso ocurre en medio de crecientes críticas a la política migratoria estadounidense. Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre condiciones deficientes en los centros de detención del ICE, incluyendo hacinamiento, acceso limitado a atención médica y supervisión insuficiente.

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Mauro Yosueth Henríquez tenía 18 años, era capitán del equipo de fútbol de su escuela en Houston y estaba a meses de terminar la secundaria. Su rutina era la de cualquier estudiante: clases, entrenamientos, amigos y el objetivo claro de graduarse. Pero todo eso se interrumpió el 16 de diciembre de 2025.

Ese día, Mauro acompañó a su padre a una cita migratoria rutinaria en Texas. No era un operativo ni una redada: era un trámite. Pero ya no volvieron a casa. Ambos fueron detenidos por agentes de inmigración.

De la escuela a un centro de detención

Hasta ese momento, Mauro estudiaba en la secundaria Sam Houston Math, Science and Technology Center, en Houston. Profesores y compañeros lo describían como un alumno comprometido, con liderazgo dentro y fuera de la cancha. Era, además, capitán del equipo de fútbol. No tenía antecedentes penales.

Tras la detención, fue trasladado a distintos centros migratorios en Texas. Allí pasó casi cuatro meses bajo custodia. Mientras tanto, en su escuela, su nombre seguía presente: los compañeros organizaron muestras de apoyo, los docentes impulsaron pedidos para su liberación y la comunidad educativa intentó frenar la deportación.

Sin embargo, el proceso siguió adelante.

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El factor clave: el caso de su padre

Aunque Mauro no tenía historial delictivo, su situación quedó atada a la de su padre. Según registros migratorios, su padre tenía una orden de deportación previa emitida, en 2008. Ese antecedente fue determinante en el proceso.

A los 10 años, Mauro había cruzado la frontera de manera ilegal junto a su papá. Y aunque el trayecto posterior fue intachable, quedó detenido dentro de una fortaleza de alta seguridad, el Centro de Detención de Adultos IAH Polk. Allí pasó cuatro meses, hasta que esta semana fue deportado a Honduras.

Allí se reunió con su padre. El regreso no fue solo geográfico. También significó dejar atrás su escuela, su equipo, su entorno social y su posibilidad inmediata de graduarse.

Lo que dejó en Houston

La historia no terminó con la deportación. En Houston, su caso dejó consecuencias visibles. En su escuela, sus compañeros siguieron hablando de él y los docentes siguen destacando el impacto emocional en los alumnos. En su equipo de fútbol lo sienten irremplazable.

A nivel más amplio, el caso reforzó un clima de temor: familias migrantes comenzaron a evitar trámites oficiales, algunos estudiantes dejaron de asistir a clases y se reportó una caída en la matrícula de alumnos inmigrantes en el distrito.

El caso de Mauro no generó impacto solo por lo que pasó, sino por a quién le pasó. No encaja en el perfil que suele asociarse a deportaciones prioritarias: no tenía antecedentes, estaba escolarizado, tenía un rol activo en su comunidad y fue detenido en una cita administrativa, no en un operativo.

Por eso, su historia se convirtió en un punto de debate sobre cómo se aplican las políticas migratorias en Estados Unidos y a quién terminan afectando en la práctica.

Un comunicado oficial explicó que “ICE simplemente está cumpliendo la ley al detener a ambos“, ya que el padre, “Mauro Rigoberto Henríquez-Alfaro, había regresado al país tras haber sido deportado anteriormente en 2008. Padre e hijo han recibido el debido proceso pleno conforme a la ley y se ha ordenado su deportación”.

Una historia que se repite más de lo que parece

Aunque cada caso es distinto, lo que ocurrió con Mauro refleja una situación más amplia: jóvenes que crecieron en EE.UU., integrados al sistema educativo, pero que siguen expuestos a procesos migratorios vinculados a sus familias.

En ese cruce —entre integración y estatus legal— aparecen historias como las de Mauro. Historias que lloran toda una comunidad.

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