Category: Inmigracion

El ambicioso plan de expansión de centros de detención migratoria en todo Estados Unidos, impulsado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha encendido alertas por posibles sobreprecios millonarios y beneficios indirectos para grandes instituciones financieras. De acuerdo con una investigación del medio More Perfect Union, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) habría pagado cifras muy por encima del valor de mercado por almacenes adquiridos para este fin.

La estrategia forma parte de un esfuerzo más amplio por aumentar la capacidad de detención de inmigrantes en el país. Según los registros citados, el DHS buscaba adquirir propiedades por hasta $38 mil millones, con el objetivo de alojar a más de 92 mil personas. Tan solo en lo que va del año, el gobierno federal ya había gastado cerca de mil millones de dólares en la compra de decenas de almacenes.

Sin embargo, los datos analizados por el grupo activista Project Salt Box apuntan a que varias de estas operaciones se realizaron con sobreprecios significativos. En Social Circle, Georgia, por ejemplo, el gobierno pagó casi $129 millones por un inmueble valorado previamente en $29 millones. En Surprise, Arizona, un almacén tasado en $12 millones fue adquirido por $70 millones, mientras que en Socorro, Texas, una propiedad estimada en $11 millones se vendió por $123 millones.

ICE ha comprado con un sobreprecio superior al 100%

Para los investigadores, estas cifras no son anomalías aisladas. “En varias de las compras de almacenes del ICE… las propiedades eran propiedad de fondos inmobiliarios institucionales y se financiaban con deuda bancaria”, explicó Michael Wriston, de Project Salt Box. “Cuando el gobierno federal compró las propiedades, esas ventas coincidieron con el pago de los préstamos y la liberación de los gravámenes”.

En la práctica, esto sugiere que algunas de estas transacciones podrían haber servido como una salida financiera para activos en dificultades, permitiendo a inversionistas recuperar capital —o incluso obtener ganancias— con recursos públicos.

Entre los actores involucrados aparecen grandes firmas como Blue Owl Capital, Goldman Sachs y Deutsche Bank. En Pensilvania, un almacén vinculado a Blue Owl fue vendido al DHS por $119 millones, aproximadamente el doble de su valor estimado. La propiedad había quedado vacía tras la quiebra de la cadena minorista Big Lots en 2024.

En otro caso, Goldman Sachs refinanció un almacén en Maryland meses antes de que fuera vendido al gobierno, mientras que en Nueva Jersey una propiedad previamente vinculada al banco fue adquirida por ICE con un sobreprecio superior al 100%. Un portavoz de la institución declaró a More Perfect Union que el banco no participa en las decisiones operativas ni en la venta de activos individuales.

Deutsche Bank también figura en la lista.

Una de sus filiales vendió un almacén en Salt Lake City por $145 millones, más de 50% por encima de su valor estimado. La operación ha generado críticas adicionales debido al alto consumo de agua proyectado para el sitio, en medio de condiciones de sequía en la región.

El tema ha escalado al ámbito político. El 30 de marzo, 54 legisladores demócratas iniciaron una investigación sobre posibles irregularidades en estos contratos. En una carta oficial, señalaron “acuerdos apresurados y secretos”, así como pagos que superan ampliamente el valor real de las propiedades.

Además, los congresistas advirtieron sobre potenciales conflictos de interés entre funcionarios de la administración y empresas privadas involucradas en las transacciones, así como el uso de mecanismos de contratación propios del sector defensa para acelerar las adquisiciones.

Aunque el DHS ha pausado temporalmente algunas compras para revisarlas, el caso abre un debate más amplio sobre el costo real de las políticas migratorias y quién se beneficia económicamente de su implementación. Para los críticos, el esquema actual no solo impacta a los migrantes detenidos, sino también a los contribuyentes que financian estas operaciones.

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Las políticas migratorias del presidente Donald Trump han cuadriplicado la detención de inmigrantes y quintuplicado las deportaciones, además de mantener una tendencia de arrestar a cualquier indocumentado, sin importar que no tenga historial criminal, revela un nuevo reporte del Deportation Data Project.

“Las detenciones del ICE se cuadruplicaron con creces (4.4 veces). Los traslados del ICE desde cárceles y prisiones, que representaban la mayoría de las detenciones antes de 2025, prácticamente se duplicaron”, indica el reporte.

Esos traslados son posibles con los acuerdos 287(g) que la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realiza con las policías locales y estatales. De enero de 2025 a marzo de 2026, la administración Trump ha logrado 1,501 acuerdos de ese tipo. Al inicio de gobierno se tenían apenas 137 acuerdos.

Los tipos de detenciones de ICE también se han modificado, ya que ha habido operaciones en las calles mucho más que antes.

“Las detenciones callejeras del ICE aumentaron once veces, incluyendo no solo las detenciones en barrios, sino también en juzgados de inmigración y en oficinas de campo del ICE durante controles rutinarios”, advierte el reporte. “Las detenciones fuera de cárceles o prisiones, de esta magnitud, constituyen un fenómeno nuevo”.

Las nuevas políticas de Trump han permitido un aumento de más de ocho veces en las detenciones de personas sin antecedentes penales, contrario al argumento de que se detienen solamente a “criminales”.

Más deportaciones

Debido a que se cuadriplicaron las detenciones, también las deportaciones aumentaron. Esta política se aborda en dos frentes: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aumentó el número de camas para retener a las personas y procesó a más gente para sacarla de EE.UU.

“Ese aumento de capacidad fue resultado tanto de nuevos fondos (para nuevos centros de detención y más camas en los centros existentes) como de una disminución en los arrestos en la frontera”, se indica.

Antes, ICE liberaba principalmente a las personas que no representaban un peligro a la seguridad pública, sobre todo si no tenían acusaciones o hubieran sido convictas por algún delito. Eso cambió.

“Las personas sin antecedentes penales solían ser puestas en libertad bajo fianza. Esto cambió en 2025”, se agrega.

En promedio, durante el gobierno del presidente Joe Biden se liberaba a las personas a los 60 días de su arresto, pero ahora esta práctica se ha vuelto poco común, con solamente el 7% de los casos.

“La tasa de deportación dentro de los dos meses posteriores al arresto se duplicó para este grupo, del 27% al 57%”, se agrega. “La disminución en la tasa de liberación explicó la mayor parte de ese aumento en las deportaciones. Quizás debido a la menor tasa de liberación, muchas más personas optaron por abandonar sus casos: las salidas y retornos voluntarios (que son raros en comparación con las expulsiones) se multiplicaron por 28”.

¿Una nueva política menos violenta?

El nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo durante su proceso de confirmación en el Senado que su plan es mantener las políticas migratorias de Trump, pero “sin ser noticia principal” a diario.

“Mi objetivo en seis meses es que no seamos noticia principal todos los días”, dijo Mullin. “Mi objetivo es que la gente entienda que estamos ahí fuera, que los protegemos y que trabajamos con ellos”.

Sin embargo, Mullin tiene una visión sobre inmigrantes alineada con la del presidente Trump y la detención de cualquier indocumentado.

En su primer conferencia de prensa esta semana, el secretario lanzó una nueva y polémica idea: evitar vuelos internacionales en ciudades santuario.

No queda claro cómo se implementaría ese plan ni si violaría alguna ley federal, pero Mullin consideró que los aeropuertos en esas ciudades no deberían tener servicios de inmigración, aunque la seguridad y el control de viajeros extranjeros en aeropuertos es un asunto federal, no estatal.

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Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años cuya detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) generó indignación internacional, enfrenta hoy las secuelas emocionales de esa experiencia. A más de dos meses del arresto, sus padres aseguran que el menor vive con miedo constante y recibe atención psicológica para sobrellevar el trauma.

El menor fue detenido en Minnesota junto a su padre a inicios de este año, en un operativo cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo. En ellas, el niño —con un gorro azul de conejo y su mochila escolar— se convirtió en símbolo del impacto de las políticas migratorias en la infancia.

Desde entonces, su comportamiento ha cambiado de forma notable. “Como padres, nos preocupa mucho que ya no sea el mismo de antes”, dijo su padre, Adrián Conejo Arias en una entrevista con CBS News. “Nos inquieta que esto pueda durar mucho tiempo”.

“Es ICE, mami”, repite constantemente Liam

Su madre, Erika Ramos, detalló que el niño presenta signos de trauma psicológico, como hipervigilancia, aislamiento y cambios en su conducta. “Mi hijo es muy diferente”, afirmó. Incluso, relató que al ver a policías, Liam reacciona con temor: “Dice: ‘Es ICE, mami’”.

El menor y su padre permanecieron detenidos durante dos semanas en un centro en Texas antes de ser liberados tras la intervención de un juez federal. En su fallo, el magistrado fue contundente al señalar que la detención tenía su “origen en la búsqueda mal concebida e incompetente del gobierno de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si eso requiere traumatizar a los niños”.

A pesar de su liberación, la familia sigue enfrentando incertidumbre legal. El gobierno estadounidense continúa con el proceso de deportación, tras haber desestimado su solicitud de asilo y apelado la decisión judicial que permitió su salida de custodia.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por su parte, defendió el procedimiento. En un comunicado citado por el mismo medio, indicó que un juez de inmigración ordenó la deportación tras garantizar el debido proceso, e instó a las familias a acogerse a programas de salida voluntaria.

Sin embargo, la experiencia vivida ha dejado una huella profunda. Liam, que antes era descrito como un niño alegre, ahora evita jugar con otros menores y rechaza asistir a ciertas clases en la escuela.

“Lo más difícil fue no poder hacer nada”, recordó su madre sobre el tiempo que su esposo e hijo estuvieron detenidos. “Mi desesperación era ir a sacarlos de ahí”.

El impacto psicológico de las detenciones migratorias en menores ha sido tema de conversación. Expertos advierten que este tipo de experiencias puede tener efectos duraderos en el desarrollo emocional de los niños.

Mientras la familia espera una resolución legal, su principal preocupación sigue siendo el bienestar de Liam.

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Annie Ramos, esposa de un soldado del ejército de Estados Unidos, fue liberada tras haber sido detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de una base militar en Luisiana.

Ramos, de 22 años y originaria de Honduras, fue arrestada a inicios de abril, apenas unos días después de contraer matrimonio con el sargento Matthew Blank. La joven llegó a Estados Unidos siendo apenas una niña y ha vivido la mayor parte de su vida en el país. Sin embargo, una orden de deportación emitida en 2005 —cuando su familia no se presentó a una audiencia migratoria— complicó su situación legal desde entonces.

Su detención ocurrió el 2 de abril, cuando la pareja acudió a la base militar con la intención de inscribir a Ramos en el programa de beneficios para cónyuges del ejército. En ese momento, agentes de ICE ejecutaron la orden pendiente.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la acción, señalando que se trataba de una medida basada en el cumplimiento de la ley. “Esta administración no va a ignorar el estado de derecho”, indicó la dependencia en un comunicado citado por el Times.

Ramos había iniciado previamente un proceso para regularizar su estatus, incluyendo una solicitud bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que no fue procesada.

Tras su liberación, la joven compartió un mensaje en el que expresó tanto alivio como determinación. “Lo único que siempre he deseado es vivir con dignidad en el país que he llamado hogar desde que era un bebé”, afirmó.

Ramos también destacó el apoyo de su entorno cercano durante el proceso. “Estoy profundamente agradecida a mi esposo, quien nunca dejó de luchar por mí, y a nuestra comunidad, que nos rodeó de apoyo. Gracias a ellos, estoy en casa”, añadió.

Ahora, su prioridad es avanzar en la regularización de su situación migratoria. “Quiero terminar mi carrera, continuar mi formación y servir a mi comunidad”, señaló.

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La historia de Annie Ramos tuvo, hasta ahora, un final feliz. El martes fue liberada por ICE tras cinco días de detención, reportó The New York Times.

La joven de 22 años, recién casada con el militar estadounidense Matthew Blank, de 23 años, acudió a Fort Polk, Louisiana, para inscribirse como esposa de un militar. Pero fue detenida por ICE pues tenía una orden de deportación girada cuando tenía apenas 22 meses de edad.

Ramos lleva 20 años viviendo en Estados Unidos. Es estudiante de bioquímica y no tiene historial delictivo. Va a iniciar su proceso de ajuste migratorio a través de su esposo.

La atención mediática del caso hizo que Mark Kelly, senador demócrata de Arizona, de donde procede la familia de Blank, interviniera con el Secretario del DHS, Markwayne Mullin.

“Esta experiencia ha sido increíblemente difícil, pero también me ha hecho recordar el poder de la fe, el amor y la comunidad. Tengo esperanza en lo que está por venir”, declaró Ramos al ser liberada.

Ramos no debió ser prioridad de detención y deportación si en realidad el gobierno quiere centrarse en remover criminales. Pero para la administración se trata de sumar otro número a su cuota de 3,000 arrestos diarios.

El caso de Ramos es esperanzador, pero es más la excepción que la regla. La mayoría culmina en la deportación de personas que no debieron ser prioridad de remoción.

Y es que cuando de inmigración se trata, los reveses de la administración Trump en los tribunales son múltiples y eso parece intensificar la saña con que la Casa Blanca, y en especial el asesor Stephen Miller, responden mostrando una crueldad reflejada en cómo deshumanizan a los afectados.

Las políticas migratorias de esta administración provocan muertes, separación familiar, y daños físicos y mentales que pueden ser irreparables y que pudieron evitarse por ser personas que no tenían que ser detenidas al no ser criminales.

Pero en su afán de llenar cuotas, personas sin historial delictivo se convierten en “daño colateral” de la campaña de deportaciones de Trump.

La prensa reportó sobre el horrendo caso de una niñita de tres años detenida junto a su madre cuando ésta cruzó la frontera por El Paso, Texas. Luego fue separada de su mamá quien fue acusada de hacer declaraciones falsas. Se siguen separando niños de sus madres y padres a pesar de la tragedia humana que provocó la inmoral práctica de cero tolerancia durante la primera presidencia de Trump. Lo hacen de otro modo, pero lo siguen haciendo pues las detenciones y deportaciones indiscriminadas suponen separación familiar.

Y las nuevas reglas impuestas por la administración para devolver esos menores a sus familiares autorizados en Estados Unidos hace que pasen meses antes de la reunificación.

En el caso de la niña, su padre, que es residente autorizado, indicó que las trabas burocráticas impidieron que le entregaran a su hija quien había sido colocada en un hogar temporal donde presuntamente fue abusada sexualmente por otro menor. La niña estaba bajo la custodia de la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados (ORR) “quienes le dijeron al padre que se había producido un “accidente” y que iban a examinar a su hija”, reportó la AP.

La niña está con su padre y sus abuelos, pero ya acarrea traumas totalmente injustificados.

Como en tantos otros temas donde la administración Trump pretende gobernar por decreto pisoteando la Constitución y los derechos civiles, en inmigración la acción constante de la comunidad, activistas, legisladores, abogados de inmigración y en última instancia los tribunales han frenado muchas de esas políticas. Así lo prueba el caso de Ramos.

Lamentablemente, aunque muchos casos no progresen, el daño está hecho. Según el Instituto de Política Migratoria (MPI), “aunque el balance de victorias y derrotas de la agenda migratoria del gobierno aún se está decidiendo en los tribunales, estos cambios normativos han tenido repercusiones drásticas en innumerables personas, incluso en los litigios en los que el gobierno ha acabado perdiendo. Las detenciones prolongadas e injustificadas, la interrupción de la educación, la amenaza de deportación a un país lejano y la incertidumbre que se ha extendido incluso a los titulares de la tarjeta verde y a otros no ciudadanos que residen legalmente en el país han contribuido a crear un clima de miedo que se ha dejado sentir en los hogares y las comunidades de inmigrantes. Parece probable que avivar este miedo sea un objetivo de la administración en sí mismo, como un esfuerzo por animar a las personas a marcharse por su propia cuenta”.

Es la política migratoria Trump-Miller en su máxima expresión: ocasionar el mayor daño posible aunque al final los casos no progresen.

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