Deisy Fidelina Rivera Ortega, esposa de un sargento en servicio activo, con casi tres décadas en el Ejército, enfrenta hoy la posibilidad de ser deportada a un tercer país, a pesar de haber seguido los procesos legales establecidos.
Rivera Ortega fue detenida el pasado 14 de abril en El Paso, Texas, mientras acudía a una entrevista de rutina para el programa “Parole in Place”, diseñado para otorgar protección migratoria a familiares de militares, según informó ABC News.
Su esposo, José Serrano, sargento de primera clase del Ejército de Estados Unidos, ha sido desplegado en Afganistán en tres ocasiones a lo largo de sus 27 años de servicio. En declaraciones al mismo medio, aseguró que ambos han cumplido con todos los requisitos legales.
“Ella va al trabajo o a la iglesia. Esa es la vida de mi esposa, Daisy”, dijo.
Sin embargo, lo que debía ser un trámite administrativo terminó en una detención inesperada. Serrano relató que su esposa fue esposada dentro de las instalaciones migratorias sin explicación alguna. “Al final del pasillo, detuvieron a mi esposa… le pusieron las esposas y se la llevaron. Y nadie me dijo nada”, afirmó.
Actualmente, Rivera Ortega se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un centro de procesamiento en El Paso. Aunque cuenta con un permiso de trabajo vigente hasta 2030 y había obtenido previamente una suspensión de deportación hacia El Salvador, ahora enfrenta el riesgo de ser enviada a México, un país con el que no tiene vínculos.
El abogado de la familia, Matthew Kozik, cuestionó la legalidad del proceso. “No permitieron que nadie hiciera preguntas, se la llevaron y no la hemos vuelto a ver desde entonces”, denunció. Además, sostuvo que su clienta no cuenta con una orden final de deportación, lo que abriría la puerta a impugnar la decisión en tribunales federales.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentó que Rivera Ortega ingresó ilegalmente al país y que existe una orden de expulsión vigente. “Permanece bajo custodia del ICE a la espera de su deportación”, señaló un portavoz.
El caso también ha tenido un impacto personal en Serrano, quien reveló que recibe tratamiento por trastorno de estrés postraumático (TEPT), derivado de su servicio militar.
“No puedo dormir ni siquiera con la medicación… es sumamente doloroso y estresante no poder hacer nada”, confesó.
Esta situación expone que, mientras el gobierno reconoce el sacrificio de sus militares, sus familias pueden quedar atrapadas en un sistema migratorio que no siempre contempla esas realidades.
Deisy Fidelina Rivera Ortega, esposa de un sargento de primera clase destinado en Fort Bliss, está bajo custodia de ICE tras ser arrestada durante una entrevista rutinaria de inmigración y corre el peligro de ser deportada a un tercer país.
El arresto de la mujer de origen salvadoreño ocurrió el pasado 14 de abril, mientras asistía a una cita para el programa “Parole in Place”, un beneficio legal diseñado para que familiares de personal militar puedan regularizar su estancia en los Estados Unidos, informó ABC News.
Rivera Ortega está casada con José Serrano, un sargento con 27 años de servicio activo y tres despliegues en Afganistán, quien relató que el arresto se produjo de forma inesperada dentro de un edificio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
“Al final del pasillo, detuvieron a mi esposa… le pusieron las esposas y se la llevaron”, declaró Serrano a ABC News. “Y nadie me dijo nada, ni siquiera cuando preguntaba: ‘¿Qué está pasando? ¿Qué le ocurre?’”.
Serrano precisó que la vida de su esposa se basa principalmente en ir al trabajo a a la iglesia. Actualmente, la mujer trabaja en los hoteles de la base militar Fort Bliss y tiene un permiso de trabajo válido hasta el año 2030.
Conflicto legal y riesgo de deportación
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que Rivera Ortega ingresó al país de forma irregular y cuenta con una orden de expulsión.
Sin embargo, la defensa legal, encabezada por Matthew Kozik, afirma que en 2019 un juez otorgó a la mujer una suspensión de su expulsión hacia El Salvador. El argumentó que ella no está sujeta a una salida inmediata y que “tiene derecho a impugnar esas designaciones de terceros… tiene derecho a impugnar cualquier despido”. Agregó que recurrieron a un tribunal federal porque que se encuentran “completamente a ciegas” ante el proceso.
La posibilidad de que Rivera Ortega sea enviada a México, país con el que la familia no tiene nexos, supone un obstáculo logístico para el sargento Serrano. Kozik explicó que, por su rango activo, Serrano enfrenta prohibiciones de traslado: “En el ejército, viajar a México es extremadamente restrictivo. Ni siquiera podía ir a ver a su esposa”.
“No puedo dormir ni siquiera con la medicación, ni siquiera puedo leer. Es sumamente doloroso y estresante no poder hacer nada”, señaló Serrano, quien padece de estrés postraumático.
Le pareció extraño que su esposo la llamara por teléfono unos minutos después de haber salido de la casa rumbo al trabajo.
Mientras la línea telefónica permanecía abierta, escuchó que la policía migratoria lo estaba arrestando.
En ese momento entendió que su vida cambiaría para siempre. Pero lo que no imaginó es que terminaría viviendo en México con su esposo y sus 2 hijas pequeñas.
“No hay nada más importante que estar juntos”, dice la estadounidense Janie Hughes, que no habla español, a pesar de lo difícil que es comenzar desde cero en un país desconocido.
Este tipo de decisiones están enfrentando las familias de estatus migratorio mixto (un cónyuge estadounidense y el otro cónyuge indocumentado), luego de que Donald Trump incrementara las detenciones y las deportaciones de ciudadanos extranjeros en situación irregular en EE.UU. desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025.
Otras parejas, como la que forman Raegan Klein y Alfredo Linares, han preferido irse voluntariamente a vivir al otro lado de la frontera para evitar el riesgo de deportación.
“Si le pasaba algo, jamás podría perdonármelo”, dice Klein desde Puerto Vallarta, México.
En BBC Mundo te contamos la historia de estas dos estadounidenses que, junto a sus esposos, están iniciando una nueva etapa de sus vidas en México.
Los Pérez el día de su boda en Missouri, Estados Unidos. (Foto: Gentileza Janie Hughes)
“Tenía lágrimas de felicidad cuando volví a verlo”
Salió de la casa a las 6:30 de la mañana rumbo al trabajo el 23 de octubre del año pasado.
Alejandro Pérez se despidió de su esposa, Janie, y sus dos hijas pequeñas, Luna y Lexie, antes de cerrar la puerta.
Lo que no sabía en ese momento es que esa mañana sería la última vez que estaría en su hogar de St. Louis, Misuri, Estados Unidos.
Unos 15 minutos después, Janie recibió una llamada de su marido diciéndole “creo que ICE está aquí”, refiriéndose a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
“Caí al suelo de rodillas llorando sin parar”, cuenta la estadounidense de 29 años. (Foto: Gentileza Janie Pérez)
“Nos pusimos a orar”, cuenta Janie, hasta que le hicieron bajar del auto.
En ese momento ella oyó que un agente le dijo: “Alejandro Pérez, tenemos una orden de arresto en su contra”. Luego, la llamada se cortó.
“Caí al suelo de rodillas llorando sin parar”, cuenta la estadounidense de 29 años.
Siendo cocinero, esa misma noche Alejandro iba a preparar tacos al pastor en la iglesia presbiteriana a la cual pertenecen desde hace años.
La cena tuvo que ser suspendida luego de que se conociera la noticia de la detención.
Al ser indocumentado, los dos sabían que el escenario más probable era la deportación a México. Y así fue.
La idea de separar a su familia, dice Janie Pérez, era “simplemente inconcebible”, aunque tuviera que dejar atrás su vida en Misuri y comenzar una nueva vida en un país completamente desconocido para ella.
“No hay nada más importante que estar juntos”, subraya en diálogo con BBC Mundo.
Para los Pérez, la religión ha sido una parte fundamental de su relación desde que se conocieron en 2019, cuando trabajaban en el mismo café donde él cocinaba y ella era mesera.
“Él también era un hombre de fe y eso fue algo muy importante para mi”, cuenta Janie.
Con el paso del tiempo decidieron casarse y, como Alejandro era indocumentado, fueron a consultar a un abogado para tratar de regularizar su situación.
Las gestiones no fructificaron y, aunque sabían que él estaba expuesto al peligro de ser arrestado, intentaron seguir con su vida de la manera más normal posible.
Hasta que todo se derrumbó cuando fue detenido por agentes de ICE.
El reencuentro de la familia Pérez en el aeropuerto de Querétaro, México. (Foto: Gentileza Janie Pérez)
De ahí en adelante, cuenta Janie, quedó claro que la próxima parada de su esposo sería México. ¿Pero cuánto tiempo pasaría detenido a la espera de la deportación?
Mientras esperaban la decisión del juez, un domingo ella lo sorprendió cuando fue a verlo al centro de detención. “Como no podíamos tocarnos, pusimos las manos frente a frente separados por un vidrio”, cuenta la estadounidense. “Y llorábamos juntos”.
Ella también tuvo la oportunidad de verlo desde la distancia en cada una de las audiencias judiciales, esposado de pies y manos, y con cadenas en la cintura. “Era desgarrador verlo así”, dice.
Pero la ley es la ley. Pérez ingresó indocumentado a Estados Unidos y eso constituye un delito.
Si las leyes son claras al respecto, ¿por qué el país debería permitirle quedarse?, le pregunto.
Su esposo nació en Michoacán, explica, uno de los estados donde las organizaciones criminales tienen su centro de operaciones y en el que -bajo amenazas- reclutan a niños y jóvenes para trabajar con ellos.
Pérez cruzó por primera vez la frontera junto a su padre cuando tenía unos 7 años.
Aunque volvieron a su país de origen, unos años después Alejandro decidió probar suerte viajando en dos ocasiones a EE.UU. sin autorización.
En total, vivió cerca de 16 años como migrante indocumentado.
“Aunque cruzó sin autorización, pienso que él tomó una decisión moralmente correcta cuando viajó a EE.UU.”, argumenta su esposa, porque buscaba tener oportunidades y una vida lejos de las organizaciones criminales.
“Todos estos años se ha dedicado a trabajar y no tiene antecedentes penales”, afirma.
Pero las decisiones de las cortes no hacen ese tipo de distinciones morales, le digo.
“Lamentablemente no”, responde. Pero lo que está pasando ahora, con las detenciones masivas, explica, es que no distinguen entre personas acusadas de crímenes violentos y personas que nunca le han hecho nada a nadie.
“Eso me hace pensar que muchos quieren que este sea un país solo de blancos. Yo soy blanca y eso no me hace mejor persona”.
Esta entrevista fue hecha a comienzos de marzo, cuando la expulsión de su esposo era inminente. Y así ocurrió. El 11 de marzo fue deportado a México.
Unos días después, ella viajó a México con sus dos hijas.
“Tenía lágrimas de felicidad cuando volví a verlo en el aeropuerto”, dice la estadounidense a través de una videollamada junto a su marido, desde el estado de Querétaro.
A él le pasó lo mismo. Cuando vió que su hija de 3 años, Luna, se acercaba a abrazarlo, sintió una profunda emoción. “No se puede explicar con palabras”, dice.
Pero esa felicidad ha estado acompañada de momentos muy duros. A veces se siente confundido, dice Pérez. Despierta en mitad de la noche, mira alrededor y se pregunta: ¿es verdad todo esto?
Aún no sabe cómo logrará adaptarse a un país que a ratos se le hace ajeno. “Hasta ahorita siento que todo esto es un sueño, pero creo en Dios y sé que él lo hizo con un propósito”.
Una política migratoria más agresiva
Pese al vínculo marital, los extranjeros indocumentados tienen dificultades para conseguir una residencia permanente -o green card– por matrimonio, a diferencia de los extranjeros que ingresaron al país de manera regular.
Según una carta firmada por el exdirector del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) en noviembre de 2023, cerca de 1,1 millones de ciudadanos estadounidenses están casados con una persona indocumentada.
Esa es la estimación oficial más utilizada hasta ahora, ante la ausencia de datos más recientes.
Lo mismo ocurre con el total de migrantes no autorizados que viven en EE.UU.
De acuerdo a las últimas proyecciones del Pew Research Center -con datos a julio de 2023-, hay unos 14 millones de personas (cerca de un 4% de toda la población estadounidense) en esa situación.
Agentes de ICE han realizado redadas en distintas partes del país buscando migrantes indocumentados para enviarlos a centros de detención. (Foto: Getty Images)
Es probable que en la actualidad, señala el centro de estudios, la población de migrantes no autorizados sea menor, a raíz de las políticas migratorias del gobierno.
Es que la Casa Blanca ha lanzado una ofensiva para frenar lo que considera como una “invasión”.
La prioridad es “la expulsión de los peores entre los peores extranjeros ilegales con antecedentes penales”, dice una declaración publicada en diciembre por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
La misma afirmación que ha repetido innumerables veces el presidente Trump.
Pero, en la práctica, muchos deportados que ingresaron sin autorización a EE.UU., tienen sus antecedentes limpios.
Una investigación realizada por el centro de estudios conservador CATO reveló que solo un 5% de las personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) fueron condenadas por delitos violentos, mientras que la gran mayoría no tiene ningún tipo de antecedentes delictivos.
Atrás quedó la barbacoa estilo japonés
Raegan Klein y Alfredo Linares en su negocio de comida en Los Ángeles, California. (Foto: Gentileza Raegan Klein)
La historia de la estadounidense Raegan Klein y el mexicano Alfredo Linares es muy distinta a la de los Pérez en Misuri.
Cuando instalaron un puesto de comida callejera en Los Ángeles, estaban muy ilusionados.
Linares, quien entró sin autorización a Estados Unidos con 17 años y se quedó más de dos décadas en el país, hizo una carrera que lo llevó a convertirse en chef de un restaurante de alta cocina.
Con su esposa, pensaron que sería una buena idea instalar su propio negocio de barbacoa estilo japonés y, tras conseguir financiamiento, se lanzaron a la aventura.
Pero a mitad de camino, el sueño se derrumbó.
Klein temía que los agentes de ICE detuvieran a su esposo y lo convenció para que se fueran voluntariamente a México.
“Si le pasaba algo, jamás podría perdonármelo”, dice Klein desde Puerto Vallarta, México, donde residen actualmente. “Yo fui la instigadora”.
Para Linares, abandonar EE.UU., un país que se convirtió en su hogar, fue muy difícil.
Tan difícil, que compartió en redes sociales un video en el que se despedía de California con lágrimas.
“Hoy es mi último día aquí en Estados Unidos. Después de 20 años, es hora de partir”.
Klein y Linares viven ahora en Puerto Vallarta, México. (Foto: Gentileza Raegan Klein)
Tras haber vivido cerca de un año en México, cuentan que la experiencia ha sido muy desafiante.
Aunque Linares es mexicano, se siente como un extranjero en el país que dejó atrás cuando era adolescente.
El aterrizaje fue más duro de lo que la pareja había imaginado y actualmente siguen enfrentando dificultades para conseguir empleo.
Muchas veces se han arrepentido de la decisión que tomaron porque no han logrado generar una fuente de ingresos permanente, aunque Klein sigue siendo la más convencida de que era necesario partir.
Linares cuenta que, pese a trabajar como chef independiente, ofreciendo cenas para grupos pequeños, no es suficiente. Y Klein, que no habla español, ha tenido problemas para conseguir algún trabajo remoto.
Pese a las dificultades, no se dan por vencidos y tienen un objetivo muy claro: abrir un restaurante en Puerto Vallarta.
Les falta, sin embargo, la inversión inicial. “Estamos buscando un inversionista”, dice Klein.
Conseguir financiamiento es el inicio de lo que podría llamarse “el sueño mexicano” para esta pareja, porque el otro, “el sueño americano”, ya quedó atrás.
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Le pareció extraño que su esposo la llamara por teléfono unos minutos después de haber salido de la casa rumbo al trabajo.
Mientras la línea telefónica permanecía abierta, escuchó que la policía migratoria lo estaba arrestando.
En ese momento entendió que su vida cambiaría para siempre. Pero lo que no imaginó es que terminaría viviendo en México con su esposo y sus dos hijas pequeñas.
“No hay nada más importante que estar juntos”, dice la estadounidense Janie Hughes, que no habla español, a pesar de lo difícil que es comenzar desde cero en un país desconocido.
Este tipo de decisiones están enfrentando las familias de estatus migratorio mixto (un cónyuge estadounidense y el otro cónyuge indocumentado), luego de que Donald Trump incrementara las detenciones y las deportaciones de ciudadanos extranjeros en situación irregular en EE.UU. desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025.
Otras parejas, como la que forman Raegan Klein y Alfredo Linares, han preferido irse voluntariamente a vivir al otro lado de la frontera para evitar el riesgo de deportación.
“Si le pasaba algo, jamás podría perdonármelo”, dice Klein desde Puerto Vallarta, México.
En BBC Mundo te contamos la historia de estas dos estadounidenses que, junto a sus esposos, están iniciando una nueva etapa de sus vidas en México.
Gentileza Janie Hughes.: Los Pérez el día de su boda en Misuri, Estados Unidos.
“Tenía lágrimas de felicidad cuando volví a verlo”
Salió de la casa a las 6:30 de la mañana rumbo al trabajo el 23 de octubre del año pasado.
Alejandro Pérez se despidió de su esposa, Janie, y sus dos hijas pequeñas, Luna y Lexie, antes de cerrar la puerta.
Lo que no sabía en ese momento es que esa mañana sería la última vez que estaría en su hogar de St. Louis, Misuri, Estados Unidos.
Unos 15 minutos después, Janie recibió una llamada de su marido diciéndole “creo que ICE está aquí”, refiriéndose a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Gentileza Janie Pérez: “Caí al suelo de rodillas llorando sin parar”, cuenta la estadounidense de 29 años.
“Nos pusimos a orar”, cuenta Janie, hasta que le hicieron bajar del auto.
En ese momento ella oyó que un agente le dijo: “Alejandro Pérez, tenemos una orden de arresto en su contra”. Luego, la llamada se cortó.
“Caí al suelo de rodillas llorando sin parar”, cuenta la estadounidense de 29 años.
Siendo cocinero, esa misma noche Alejandro iba a preparar tacos al pastor en la iglesia presbiteriana a la cual pertenecen desde hace años.
La cena tuvo que ser suspendida luego de que se conociera la noticia de la detención.
Al ser indocumentado, los dos sabían que el escenario más probable era la deportación a México. Y así fue.
La idea de separar a su familia, dice Janie Pérez, era “simplemente inconcebible”, aunque tuviera que dejar atrás su vida en Misuri y comenzar una nueva vida en un país completamente desconocido para ella.
“No hay nada más importante que estar juntos”, subraya en diálogo con BBC Mundo.
Para los Pérez, la religión ha sido una parte fundamental de su relación desde que se conocieron en 2019, cuando trabajaban en el mismo café donde él cocinaba y ella era mesera.
“Él también era un hombre de fe y eso fue algo muy importante para mi”, cuenta Janie.
Con el paso del tiempo decidieron casarse y, como Alejandro era indocumentado, fueron a consultar a un abogado para tratar de regularizar su situación.
Las gestiones no fructificaron y, aunque sabían que él estaba expuesto al peligro de ser arrestado, intentaron seguir con su vida de la manera más normal posible.
Hasta que todo se derrumbó cuando fue detenido por agentes de ICE.
Gentileza Janie Pérez: El reencuentro de la familia Pérez en el aeropuerto de Querétaro, México.
De ahí en adelante, cuenta Janie, quedó claro que la próxima parada de su esposo sería México. ¿Pero cuánto tiempo pasaría detenido a la espera de la deportación?
Mientras esperaban la decisión del juez, un domingo ella lo sorprendió cuando fue a verlo al centro de detención. “Como no podíamos tocarnos, pusimos las manos frente a frente separados por un vidrio”, cuenta la estadounidense. “Y llorábamos juntos”.
Ella también tuvo la oportunidad de verlo desde la distancia en cada una de las audiencias judiciales, esposado de pies y manos, y con cadenas en la cintura. “Era desgarrador verlo así”, dice.
Pero la ley es la ley. Pérez ingresó indocumentado a Estados Unidos y eso constituye un delito.
Si las leyes son claras al respecto, ¿por qué el país debería permitirle quedarse?, le pregunto.
Su esposo nació en Michoacán, explica, uno de los estados donde las organizaciones criminales tienen su centro de operaciones y en el que -bajo amenazas- reclutan a niños y jóvenes para trabajar con ellos.
Pérez cruzó por primera vez la frontera junto a su padre cuando tenía unos 7 años.
Aunque volvieron a su país de origen, unos años después Alejandro decidió probar suerte viajando en dos ocasiones a EE.UU. sin autorización.
En total, vivió cerca de 16 años como migrante indocumentado.
“Aunque cruzó sin autorización, pienso que él tomó una decisión moralmente correcta cuando viajó a EE.UU.”, argumenta su esposa, porque buscaba tener oportunidades y una vida lejos de las organizaciones criminales.
“Todos estos años se ha dedicado a trabajar y no tiene antecedentes penales”, afirma.
Pero las decisiones de las cortes no hacen ese tipo de distinciones morales, le digo.
“Lamentablemente no”, responde. Pero lo que está pasando ahora, con las detenciones masivas, explica, es que no distinguen entre personas acusadas de crímenes violentos y personas que nunca le han hecho nada a nadie.
“Eso me hace pensar que muchos quieren que este sea un país solo de blancos. Yo soy blanca y eso no me hace mejor persona”.
Esta entrevista fue hecha a comienzos de marzo, cuando la expulsión de su esposo era inminente. Y así ocurrió. El 11 de marzo fue deportado a México.
Unos días después, ella viajó a México con sus dos hijas.
“Tenía lágrimas de felicidad cuando volví a verlo en el aeropuerto”, dice la estadounidense a través de una videollamada junto a su marido, desde el estado de Querétaro.
A él le pasó lo mismo. Cuando vió que su hija de 3 años, Luna, se acercaba a abrazarlo, sintió una profunda emoción. “No se puede explicar con palabras”, dice.
Pero esa felicidad ha estado acompañada de momentos muy duros. A veces se siente confundido, dice Pérez. Despierta en mitad de la noche, mira alrededor y se pregunta: ¿es verdad todo esto?
Aún no sabe cómo logrará adaptarse a un país que a ratos se le hace ajeno. “Hasta ahorita siento que todo esto es un sueño, pero creo en Dios y sé que él lo hizo con un propósito”.
BBC:
Una política migratoria más agresiva
Pese al vínculo marital, los extranjeros indocumentados tienen dificultades para conseguir una residencia permanente -o green card– por matrimonio, a diferencia de los extranjeros que ingresaron al país de manera regular.
Según una carta firmada por el exdirector del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) en noviembre de 2023, cerca de 1,1 millones de ciudadanos estadounidenses están casados con una persona indocumentada.
Esa es la estimación oficial más utilizada hasta ahora, ante la ausencia de datos más recientes.
Lo mismo ocurre con el total de migrantes no autorizados que viven en EE.UU.
De acuerdo a las últimas proyecciones del Pew Research Center -con datos a julio de 2023-, hay unos 14 millones de personas (cerca de un 4% de toda la población estadounidense) en esa situación.
Getty Images: Agentes de ICE han realizado redadas en distintas partes del país buscando migrantes indocumentados para enviarlos a centros de detención.
Es probable que en la actualidad, señala el centro de estudios, la población de migrantes no autorizados sea menor, a raíz de las políticas migratorias del gobierno.
Es que la Casa Blanca ha lanzado una ofensiva para frenar lo que considera como una “invasión”.
La prioridad es “la expulsión de los peores entre los peores extranjeros ilegales con antecedentes penales”, dice una declaración publicada en diciembre por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
La misma afirmación que ha repetido innumerables veces el presidente Trump.
Pero, en la práctica, muchos deportados que ingresaron sin autorización a EE.UU., tienen sus antecedentes limpios.
Una investigación realizada por el centro de estudios conservador CATO reveló que solo un 5% de las personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) fueron condenadas por delitos violentos, mientras que la gran mayoría no tiene ningún tipo de antecedentes delictivos.
BBC:
Atrás quedó la barbacoa estilo japonés
Gentileza Raegan Klein: Raegan Klein y Alfredo Linares en su negocio de comida en Los Ángeles, California.
La historia de la estadounidense Raegan Klein y el mexicano Alfredo Linares es muy distinta a la de los Pérez en Misuri.
Cuando instalaron un puesto de comida callejera en Los Ángeles, estaban muy ilusionados.
Linares, quien entró sin autorización a Estados Unidos con 17 años y se quedó más de dos décadas en el país, hizo una carrera que lo llevó a convertirse en chef de un restaurante de alta cocina.
Con su esposa, pensaron que sería una buena idea instalar su propio negocio de barbacoa estilo japonés y, tras conseguir financiamiento, se lanzaron a la aventura.
Pero a mitad de camino, el sueño se derrumbó.
Klein temía que los agentes de ICE detuvieran a su esposo y lo convenció para que se fueran voluntariamente a México.
“Si le pasaba algo, jamás podría perdonármelo”, dice Klein desde Puerto Vallarta, México, donde residen actualmente. “Yo fui la instigadora”.
Para Linares, abandonar EE.UU., un país que se convirtió en su hogar, fue muy difícil.
Tan difícil, que compartió en redes sociales un video en el que se despedía de California con lágrimas.
“Hoy es mi último día aquí en Estados Unidos. Después de 20 años, es hora de partir”.
Gentileza Raegan Klein: Klein y Linares viven ahora en Puerto Vallarta, México.
Tras haber vivido cerca de un año en México, cuentan que la experiencia ha sido muy desafiante.
Aunque Linares es mexicano, se siente como un extranjero en el país que dejó atrás cuando era adolescente.
El aterrizaje fue más duro de lo que la pareja había imaginado y actualmente siguen enfrentando dificultades para conseguir empleo.
Muchas veces se han arrepentido de la decisión que tomaron porque no han logrado generar una fuente de ingresos permanente, aunque Klein sigue siendo la más convencida de que era necesario partir.
Linares cuenta que, pese a trabajar como chef independiente, ofreciendo cenas para grupos pequeños, no es suficiente. Y Klein, que no habla español, ha tenido problemas para conseguir algún trabajo remoto.
Pese a las dificultades, no se dan por vencidos y tienen un objetivo muy claro: abrir un restaurante en Puerto Vallarta.
Les falta, sin embargo, la inversión inicial. “Estamos buscando un inversionista”, dice Klein.
Conseguir financiamiento es el inicio de lo que podría llamarse “el sueño mexicano” para esta pareja, porque el otro, “el sueño americano”, ya quedó atrás.
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Las organizaciones Public Citizen Litigation Group y Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP) presentaron una demanda judicial en representación de una trabajadora inmigrante, donde se cuestiona la normativa de la administración de Donald Trump que eliminó de forma repentina las prórrogas automáticas para los permisos de trabajo.
La demandante, identificada bajo el pseudónimo de Jane Doe, se trata de una ciudadana de origen mexicano que ha residido en Estados Unidos durante casi una década, informó Public Citizen Litigation Group.
Actualmente, es el único sustento de su hija de ocho años, quien posee la ciudadanía estadounidense. En tal sentido, por a la nueva regla impuesta en octubre de 2025, la trabajadora enfrenta la posibilidad de perder su autorización legal para laborar en junio de 2026.
“Pronto podría perder mis empleos porque el gobierno terminó abruptamente las extensiones automáticas de los permisos de trabajo, en las cuales he confiado en el pasado para seguir trabajando”, declaró Jane Doe. “Estoy presentando esta demanda para desafiar esta política ilegal y, con suerte, restaurar la extensión automática del permiso de trabajo para todos nosotros los que la necesitamos para mantenernos legalmente a nosotros mismos y a nuestras familias”.
Papel previo del USCIS para otorgar las extenciones
La demanda sostiene que el gobierno de Trump no siguió los procedimientos legales requeridos, omitiendo el periodo de consulta pública y fallando al no evaluar las consecuencias negativas de la medida.
“Durante décadas, los funcionarios federales de inmigración han entendido que los trabajadores inmigrantes no deberían ser obligados a abandonar la fuerza laboral solo porque el gobierno no procesó sus solicitudes de permiso de trabajo con la suficiente rapidez”, declaró Stephanie Garlock, abogada de Public Citizen.
Asimismo, Garlock señaló que con esta nueva regulación, la administración Trump eliminó de forma ilegal salvaguardias necesarias que protegían a trabajadores inmigrantes como en el caso de Jane Doe, y advirtó que tamo ella, mucho empleadores y comunidades en general resultarían afectados.
Consecuencias para las comunidades locales
Juan Bedoya, abogado de ASAP, expresó que su cliente es uno de los muchos trabajadores inmigrantes que viven con el temor de perder su empleo debido a la decisión del gobierno de eliminar las extensiones de los permisos de trabajo.
“Los inmigrantes que trabajan legalmente y contribuyen a sus comunidades locales en los EE.UU. ahora están sintiendo las consecuencias del movimiento apresurado e ilegal del gobierno para eliminar las extensiones de los permisos de trabajo”, acotó Bedoya a Public Citizen.
En sus primeros siete meses, el gobierno del presidente Donald Trump ha detenido a los padres de al menos 11,000 niños estadounidenses, como parte de las políticas migratorias implementadas por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Una investigación de ProPublica reveló que, de haberse mantenido es ritmo de arrestos, la cifra podría haberse duplicado, pero solamente se tienen datos limitados.
“En los primeros siete meses de su segundo mandato [de Trump], las autoridades arrestaron y detuvieron a padres de al menos 11,000 niños ciudadanos estadounidenses, un número que, de haber mantenido ese ritmo hasta ahora, prácticamente se habría duplicado”, indica el reporte. “Eso equivale un promedio de más de 50 niños ciudadanos estadounidenses al día con un padre llevado a detención“.
El periodista Mario Ariza, uno de los autores del reportaje, ofreció en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ cómo se realizó la investigación y cuáles son las principales preocupaciones sobre las políticas migratorias, como el hecho de dejar a los niños a su suerte o bajo custodia de otras personas como un último recurso.
Ariza participó en la investigación con algunas de las historias que ejemplifican el impacto negativo en estadounidenses de las políticas migratorias de Trump.
Si bien el reporte reconoce que durante el gobierno del presidente Joe Biden había una práctica similar, las decisiones posteriores marcan una diferencia sobre cómo se trata a las familias y se buscó proteger a los niños.
“Las diferencias entre el destino de los padres inmigrantes detenidos bajo los dos presidentes son muy marcadas”, indica el análisis de datos obtenidos bajo la Ley de Datos (FOIA). “El impacto en las madres es particularmente notable. Trump está deportando cada día a casi cuatro veces más madres de niños ciudadanos estadounidenses, en comparación con Biden”.
>> ¿Cómo aplica ICE las detenciones de padres de niños estadounidenses? >> ¿Qué opciones tienen los padres de niños estadounideses cuando son detenidos por ICE? >> ¿Cuáles son las diferencias entre una misma política durante el gobierno de Biden?
ElServicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)enfrenta cuestionamientos tras una acelerada campaña de contratación que, según una investigación de AP, habría permitido el ingreso de agentes con antecedentes problemáticos o perfiles poco sólidos.
La contratación responde a una estrategia impulsada por el presidente Donald Trump, quien priorizó reforzar el aparato migratorio con la incorporación de hasta 12 mil nuevos oficiales y agentes especiales. Esta medida fue posible tras una asignación extraordinaria de $75 mil millones aprobada por el Congreso.
Sin embargo, el ritmo acelerado del reclutamiento ha encendido alertas. La investigación documenta casos de nuevos agentes con historiales que incluyen bancarrotas, demandas por presunta mala conducta policial y trayectorias laborales inestables.
Uno de los casos citados es el de un agente que acumuló seis empleos en cuerpos policiales en solo tres años y que había enfrentado problemas financieros significativos. Expertos advierten que este tipo de antecedentes pueden representar riesgos en funciones sensibles.
“Si la verificación de antecedentes no se realiza correctamente y se hace demasiado rápido, existe un mayor riesgo de abuso de poder o malas decisiones”, advirtió Claire Trickler-McNulty, quien trabajó en la agencia durante distintas administraciones.
ICE ha defendido su proceso de contratación
En declaraciones recogidas por la agencia antes mencionada, el director interino Todd Lyonsaseguró que la expansión responde a la necesidad de cumplir con una “agenda ambiciosa” y que los estándares se mantienen. “Esta ampliación de una plantilla bien capacitada contribuirá a fortalecer la misión de la agencia“, afirmó.
No obstante, la evidencia recopilada sugiere que algunos candidatos recibieron ofertas de trabajo antes de completar verificaciones de antecedentes. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del cual depende ICE, reconoció que estas revisiones son “un proceso continuo”, lo que implica que pueden completarse después de la contratación inicial.
El análisis se centró en más de 40 perfiles de nuevos agentes que hicieron público su empleo en plataformas profesionales. Aunque muchos contaban con experiencia en seguridad o fuerzas armadas, varios presentaban señales de alerta, como deudas impagadas o antecedentes legales.
Especialistas en reclutamiento policial señalaron a la agencia que, en contextos de expansión masiva, es común que se flexibilicen ciertos criterios. Sin embargo, advierten que esto puede afectar la calidad del cuerpo operativo. “La pregunta es si se trata de casos aislados o de un problema sistémico”, explicó un experto citado en la investigación.
El tema cobra relevancia en un contexto donde el ICE ha sido objeto de críticas por el uso de la fuerza en operativos recientes. Por lo que la combinación de presión política, crecimiento acelerado y posibles fallas en la selección podría aumentar el riesgo de incidentes.
Además, exinstructores de la agencia han señalado que la capacitación podría no ser suficiente para preparar a los nuevos agentes. Esto incluye aspectos clave como el uso proporcional de la fuerza y el respeto a derechos civiles.
A pesar de las críticas, el gobierno defiende que el fortalecimiento del ICE es esencial para implementar su política migratoria.
Un cubano de 27 años falleció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE)en Miami, según reveló esta agencia el viernes, lo que representa la decimoséptima muerte de este tipo en lo que va del año fiscal 2026 y la número 49 bajo la Administración de Donald Trump.
ICE afirmó en un comunicado que Aled Damien Carbonell Betancourt falleció por un “presunto suicidio” el 12 de abril, menos de un mes después de señalar la misma causa de muerte en el deceso, el 16 de marzo, de Royer Pérez Jiménez, un mexicano de 19 años que también estaba detenido por esta agencia en Florida.
La agencia aseveró ahora que un guardia del Centro de Detención Federal (FDC) en el centro de Miami encontró el 12 de abril a las 6:30 horas al cubano (11:30 GMT) “en lo que parecía ser un intento de suicidio”.
El oficial, sostuvo el ICE, llamó a los servicios de emergencia, pero a pesar de los intentos para salvarlo, el Departamento de Bomberos de Miami lo declaró muerto cerca de una hora después.
“Carbonell Betancourt murió de un presunto suicidio; sin embargo, la causa de muerte oficial permanece bajo investigación“, indicó el reporte.
Los agentes migratorios encontraron al cubano en noviembre de 2025 en una cárcel del Condado de Miami-Dade, donde estaba detenido por “resistirse con violencia a un oficial”, por lo que el 11 de febrero pasado lo transfirieron a custodia del ICE, que ordenó su deportación, añadió la nota informativa.
El hombre entró a Estados Unidos en octubre de 2024 y un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB) emitió un citatorio por ser un “inmigrante sin documentos válidos”, pero en ese entonces quedó en libertad condicional.
Familiares de otras víctimas y forenses han cuestionado antes a ICE por atribuir a “suicidios” las muertes de migrantes, como la del nicaragüense Víctor Manuel Díaz y el cubano Gerardo Lunas Campos en Fort Bliss, un centro de detención en la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas.
El deceso de Carbonell Betancourt es el decimoséptimo conocido de un migrante bajo custodia del ICE en lo que va del año y el número 49 desde que empezó el segundo mandato de Trump, según un registro del diario Miami Herald con base en las comunidades y datos de la agencia migratoria.
En respuesta a la adopción de una ordenanza de “santuario” impulsada por John Whitmire, alcalde de Houston y por varios concejales de la ciudad con el objetivo de limitar la cooperación entre las autoridades de la ciudad y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Ken Paxton, fiscal general de Texas, presentó una demanda en su contra; en tanto que a manera de presión Greg Abbott, gobernador de Texas, amagó con congelar decenas de millones de dólares que les otorga como parte de su presupuesto anual.
Desde la semana pasada, mediante una votación de 12 sufragios a favor y cinco en contra, se aprobó la ordenanza con la cual la policía de Houston ya no está obligada a que sus agentes esperen, al menos 30 minutos, el arribo del personal de ICE en caso de detectar a un sospechoso de orden de detención por motivos de inmigración.
En respuesta, el fiscal Paxton emitió un comunicado donde indica que esa acción implica una violación al Proyecto de Ley 4 del Senado, el cual fue aprobado en 2017 con el propósito de impedirles a los gobiernos locales adoptar, aplicar o respaldar políticas que prohíban o limiten la aplicación de las leyes federales de inmigración.
“No permitiré que ningún funcionario local promueva políticas de santuario que hagan a nuestras comunidades menos seguras.
Bajo mi mandato, ninguna ciudad de Texas será un refugio seguro para inmigrantes.
La Legislatura de Texas aprobó una legislación contundente que prohíbe específicamente este tipo de ordenanza ilegal.
Houston no tiene autoridad para ignorar la Constitución ni las leyes debidamente promulgadas por la Legislatura”, expuso.
La cruzada de Greg Abbott para detener inmigrantes carentes de estatus legal continúa en marcha. (Crédito: Eric Gay / AP)
Mientras tanto, Greg Abbott, gobernador de Texas, señaló estar dispuesto a congelarle a Houston $100 millones de dólares correspondientes a fondos para la seguridad pública si insiste en rehusarse a colaborar con la aplicación de la ley de migración.
A través de un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el republicano prácticamente emitió un ultimátum dirigido a las autoridades de la ciudad más poblada de Texas.
“Houston recibió más de $100 millones de dólares del estado en virtud de un acuerdo por escrito en el que se comprometían a cumplir con las leyes de inmigración. Si se niegan a cumplir, más les vale sacar la chequera. Les saldrá caro si se niegan a mantener sus calles seguras”, escribió.
Rümeysa Öztürk, estudiante turca que cursaba un doctorado en la Universidad Tufts cuando fue detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en marzo del año pasado, prefiere regresar a su nación de origen para evitar ser objeto de hostigamiento por parte del gobierno estadounidense.
Por haber sido coautora de un artículode opinión publicado en el periódico de la universidad citada,donde criticaba la devastación ocasionada por las Fuerzas armadas de Israel en la Franja de Gazay la respuesta de la institución educativa frente al conflicto bélico,la mujer de 30 años fue detenida por el Departamento de Seguridad Nacional al salir de su apartamento ubicado fuera del campus en Somerville, Massachusetts.
En el Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS) se indicaba que su visa había sido cancelada acusándola de ser “infractora de estatus de no inmigrante”.
Durante los días en que fue privada de su libertad, la llevaron hasta Luisiana mientras se resolvía su situación legal.
Después, William Sessions III, juez federal para el Distrito de Vermont, dictaminó que Öztürk planteó importantes alegatos de protección a la Primera Enmienda y al debido proceso, elementos que le permitieron recuperar su libertad.
“No hay absolutamente ninguna prueba de que haya participado en actos violentos ni haya incitado a la violencia. No tiene antecedentes penales. Ella no ha hecho nada más que asistir a su universidad y ampliar sus contactos dentro de la comunidad de una manera tan solidaria”, expuso.
De acuerdo con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la administración Trump y Öztürk llegaron a un acuerdo para desestimar su caso de inmigración.
El año pasado, decenas de personas exigían la liberación de Rümeysa Öztürk, estudiante de la Universidad Tufts (Crédito: Michael Casey / AP)
De esa manera, la estudiante logró concluir su doctorado y tras conseguirlo a través de un comunicado anunció su deseo de regresar a Turquía.
“Luego de 13 años de estudio dedicado, me siento muy orgullosa de haber finalizado mi doctorado y de regresar a casa cuando me lo propongo.
El tiempo que el gobierno estadounidense me ha arrebatado no me pertenece solo a mí, sino también a los niños y jóvenes a quienes he dedicado mi vida a defender.
Pensando en ellos, he decidido regresar a casa según lo previsto para continuar mi carrera como académica, sin perder más tiempo debido a la violencia y la hostilidad impuestas por el Estado que he sufrido en Estados Unidos, todo por el mero hecho de firmar un artículo de opinión en defensa de los derechos palestinos”, expresó.
