El Departamento de Justicia (DOJ) puso en marcha una iniciativa para acelerar los procesos de desnaturalización, tras identificar a centenares de ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero a quienes busca revocar la ciudadanía, de acuerdo con información publicada por The New York Times.
Como parte de este plan, los casos, que suman 384, serán distribuidos entre fiscales de litigios civiles en 39 oficinas regionales del país, con el objetivo de presentar demandas en tribunales federales para retirar la ciudadanía a las personas señaladas. La medida forma parte de un plan para incrementar el ritmo de estos procedimientos a nivel nacional.
Expansión del trabajo en fiscalías federales
Durante una reunión en Washington, altos funcionarios del Departamento de Justicia informaron que abogados de distintas divisiones civiles serán incorporados al manejo de estos casos. Según un funcionario citado en el reporte, la instrucción busca ampliar la participación de fiscalías regionales en procesos de desnaturalización.
Personas con conocimiento de la estrategia confirmaron que el objetivo es aumentar el número de casos activos, aunque no se detallaron los criterios utilizados para seleccionar a los 384 individuos.
Marco legal de la desnaturalización en Estados Unidos
La legislación federal establece que el gobierno puede solicitar la revocación de la ciudadanía cuando esta ha sido obtenida mediante fraude, como la omisión de antecedentes relevantes o matrimonios simulados. También puede aplicarse en casos relacionados con delitos.
El proceso requiere una resolución judicial, ya sea civil o penal, en la que el gobierno debe presentar evidencia clara ante un juez federal. Por esta razón, se trata de procedimientos complejos y de larga duración.
Hasta ahora, estos casos eran manejados principalmente por unidades especializadas del área de litigios migratorios del DOJ. Sin embargo, la nueva estrategia busca involucrar a fiscales de otras áreas, lo que podría incrementar el número de procedimientos iniciados.
Aumento de casos y directrices recientes
La iniciativa se produce meses después de que el gobierno federal ordenara al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) remitir más de 200 casos mensuales de posible desnaturalización al Departamento de Justicia.
Matthew Tragesser, portavoz del DOJ, señaló que la institución está “persiguiendo el mayor volumen de remisiones de desnaturalización de la historia” provenientes de Seguridad Nacional. Por su parte, la Casa Blanca ha respaldado el enfoque, afirmando que quienes hayan obtenido la ciudadanía mediante fraude deben enfrentar consecuencias legales.
Organización del nuevo esquema de trabajo
De acuerdo con el plan, los 384 casos identificados serían considerados la primera fase de una estrategia más amplia. Francey Hakes, funcionaria de la Oficina Ejecutiva de Fiscales, explicó que esta etapa inicial representa una “primera oleada” de expedientes que serán procesados.
Hakes también reconoció que varias fiscalías civiles enfrentan limitaciones de personal, debido al aumento de litigios relacionados con temas migratorios.
Impacto en el sistema judicial federal
El redireccionamiento de recursos hacia estos procesos implica que las fiscalías civiles podrían reducir su atención en otros casos, como fraude sanitario, corrupción en contrataciones públicas, violaciones de derechos civiles y confiscación de bienes.
El incremento de casos de desnaturalización también se enmarca en un contexto en el que este tipo de procedimientos ha sido históricamente poco frecuente en Estados Unidos.
Controles migratorios
En 2024, más de 818,000 personas obtuvieron la ciudadanía estadounidense tras completar los requisitos establecidos por el sistema migratorio, que incluye revisiones de antecedentes, exámenes de inglés y educación cívica, así como controles biométricos.
La ley establece que los ciudadanos naturalizados tienen prácticamente los mismos derechos que los nacidos en el país, aunque no pueden postularse a la presidencia.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos indica que la revocación de la ciudadanía requiere un estándar de prueba elevado, basado en evidencia “clara, convincente e inequívoca”.
Debate sobre el alcance de la medida
Especialistas citados en el reporte señalaron que el aumento de estos procedimientos podría tener implicaciones en la percepción de estabilidad de los ciudadanos naturalizados dentro del país.
El exfuncionario del Departamento de Justicia Lucas Guttentag advirtió que este tipo de campañas podría reinterpretar principios establecidos de la ciudadanía estadounidense, aunque reconoció que los casos de fraude comprobado han sido históricamente perseguidos por las autoridades.
El nuevo plan del Departamento de Justicia marca un incremento en el uso de herramientas legales para revisar la ciudadanía de personas naturalizadas en Estados Unidos.
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