Category: Inmigracion

  • Trabajadores agrícolas de California expresan miedo abrumador ante redadas  

    Trabajadores agrícolas de California expresan miedo abrumador ante redadas  

    Los campesinos indocumentados que viven en Estados Unidos consideran que son tratados como si no fueran seres humanos, y casi la totalidad de 2,250 encuestados por la Fundación de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW Foundation) teme una probable detención y deportación bajo la agresiva apliación de leyes migratorias por parte de la administración Trump.  

    “Tengo temor de salir a trabajar y no regresar a casa para ver a mis hijas”, declaró Yazmín, una trabajadora del campo nacida en Hidalgo, México, quien está amparada de la deportación bajo el programa de DACA. “No sé qué haría si llegara a encontrarme con esos hombres enmascarados, quienes no se si sean secuestradores”.  

    El testimonio de Jazmín se presentó mientras los autores del reporte denominado “Bajo el sol y fuera de las sombras: Miedos, esperanzas y aspiraciones de los trabajadores agrícolas indocumentados afectados por las medidas de control de la era Trump”, informaban que el 88% de los 2,250 trabajadores agrícolas encuestados –la mayoría de California- expresaron su preocupación por ser presa de las continuas redadas migratorias y deportaciones masivas.  

    Los resultados de la investigación se dieron a conocer este jueves en una conferencia en Los Ángeles.

    Imagen de la conferencia en la que se dieron a conocer los resultados de una delicada encuesta con trajadores agrícolas ante las políticas migratorias del actual gobierno federal.
    Imagen de la conferencia en la que se dieron a conocer los resultados de una delicada encuesta con trajadores agrícolas ante las políticas migratorias del actual gobierno federal.
    Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

    Preocupa la separación familiar  

    “A menudo se trata a los trabajadores agrícolas indocumentados como si no fueran seres humanos importantes, como si sus temores, aspiraciones e inquietudes no tuvieran la suficiente relevancia para ser tomados en cuenta”, señala el estudio, liderado por Jonathan Angulo, analista de investigación y políticas de la Fundación UFW y profesor adjunto en la Universidad Estatal de San Diego, campus Imperial Valley.  

    Los autores del reporte de 29 páginas entrevistaron a trabajadores agrícolas de California y también de los estados de Washington, Michigan, Georgia y 12 más.  

    Otros resultados indican que el 90% de los campesinos respondió que su principal preocupación era la separación familiar, es decir, 2,225 de un total de 2,250.  

    “Yo temo por mis padres”, le dijo a La Opinión Andrés Alonso Felipe, ciudadano estadounidense y trabajador agrícola de Oxnard, California. Sus padres son originarios de Michoacán, México.  

    Alejandro Herrera, analista senior de investigación y datos para la UFW Foundation afirmó que la protección de la información confidencial de los participantes fue fundamental para completar el informe, porque los encuestados sabían que su privacidad estaría resguardada.  

    “Yo temo por mis padres”, le dijo a La Opinión Andrés Alonso Felipe, ciudadano estadounidense y trabajador agrícola de Oxnard, California.
    “Yo temo por mis padres”, le dijo a La Opinión Andrés Alonso Felipe, ciudadano estadounidense y trabajador agrícola de Oxnard, California.
    Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

    Hay demanda contra Trump  

    Erica Lomelí Corcoran, directora ejecutiva de la UFW Foundation, señaló que durante, demasiado tiempo, investigadores académicos y gubernamentales, así como los responsables de formular políticas, se han enfrentado a importantes obstáculos para acceder a datos exhaustivos sobre las personas cuyas vidas se ven más directamente afectadas por las redadas migratorias.  

    Enfatizó que “Bajo el sol y fuera de las sombras” es el primer estudio en profundidad que examina las preocupaciones y los temores de los trabajadores agrícolas indocumentados, así como sus esperanzas y aspiraciones.  

    “Esperamos que esta encuesta arroje luz sobre la situación y permita que quienes ostentan el poder comprendan la realidad que viven los sectores más vulnerables”, dijo.

    La representante de la UWF Foundation indicó que los datos recopilados han sido compartidos con legisladores y congresistas para educarlos sobre la realidad que están viviendo cientos de miles de familias.  

    Actualmente, la Fundación UFW y su organización hermana, la Unión de Campesinos (UFW), mantienen una demanda contra la administración Trump y el Departamento del Trabajo por recortar los salarios de los campesinos entre $3 y $7 por hora.  

    “Fue una regla aprobada en noviembre de 2025 y entró en vigor de inmediato”, informó la fundación. “Es injusta y también ilegal”.  

    Erica Lomelí Corcoran, directora ejecutiva de la Fundación UFW, explicó las dificultades para realizar una encuesta como “Bajo el sol y fuera de las sombras".
    Erica Lomelí Corcoran, directora ejecutiva de la Fundación UFW, explicó las dificultades para realizar una encuesta como “Bajo el
    sol y fuera de las sombras”.
    Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

    Trabajadores agrícolas: 45% indocumentados

    Los aproximadamente 300,000 trabajadores agrícolas que hay en California, incluyendo a Yazmín, su esposo Andrés Alonso y sus padres, ayudan a producir más de 350 productos alimenticios para todo Estados Unidos. Dicha producción incluye un tercio de las verduras y casi dos tercios de las frutas y frutos secos. Además, en el “Estado Dorado” se cosecha el 90% de las fresas del país.  

    Según la Fundación UFW, de los casi 2.5 millones de trabajadores agrícolas que hay en Estados Unidos, cerca del 70 por ciento son inmigrantes y más del 45 por ciento son inmigrantes indocumentados.  

    Debido a su situación migratoria, muchos son vulnerables al robo de salarios y a otras prácticas laborales injustas.  

    Dicha situación afecta los salarios, los derechos laborales, así como la salud y la seguridad de estos trabajadore y sus familias. Los inmigrantes indocumentados son más vulnerables a la explotación y tienen menos probabilidades de tomar medidas al respecto debido al temor a la deportación.  

    De hecho, Erica Lomelí Corcoran informó que la fundación que dirige ha atendido casi medio millar de casos de trabajadores agrícolas arrestados por ICE y les ha brindado asesoría legal. Sin embargo, no pudo dar a conocer cuántos de ellos lograron evitar la deportación.  

    Jonathan Angulo, el analista de investigación de la fundación, manifestó que el 13% de las personas encuestadas, es decir, aproximadamente 300 de 2,250, teme sufrir persecución en sus lugares de nacimiento.  

    “[El porcentaje] refleja términos cualitativos del miedo a ser asesinados y extorsión: dicen que si regresan a su pueblo o comunidad le tiene que dar una cantidad de dinero a los narcos porque, si no lo hacen, secuestran sus familias”, le dijo Angulo a La Opinión. Esa fue la razón por la que no preguntaron a los encuestados por su país de origen.  

    Trabajadores agrícolas, algunos de los cuales asistieron a la conferencia en Los Ángeles, temen ser separados de su familia por agentes de inmigración.
    Trabajadores agrícolas, algunos de los cuales asistieron a la conferencia en Los Ángeles, temen ser separados de su familia por agentes de inmigración.
    Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

    Conclusiones de la encuesta  

    • Impactos de las redadas: el 92% de los encuestados reportaron que las redadas migratorias y las deportaciones han afectado su empleo.  
    • Residencia estadounidense: la mayoría, el 80%, ha vivido en los Estados Unidos por más de 10 años, y el 41% por más de 20 años, revelando las raíces profundas que han creado en sus comunidades.  
    • Años de empleo: más del 40% de los encuestados han laborado en la agricultura por más de 20 años, lo que demuestra su experiencia profesional y habilidades laborales.  
    • Efectos inhibidores: el 90% se preocupa por la separación de su familia debido a las deportaciones, el 49% no ha vivido en su país de origen por muchos años, el 43% tiene miedo de no poder regresar a Estados Unidos y el 13% tiene miedo de la persecución en su país de origen.  
    • Deportaciones y las separaciones de familias: el 76% reportó su deseo de protección contra la deportación y detención y el 53% espera una vía hacia un estatus legal y la ciudadanía estadounidense.  
    • Prioridades de política migratoria: el 66% de los encuestados quieren un salario digno y el 50% empleo con beneficios, lo que señala su deseo de políticas laborales a favor de los campesinos.  
    • Prioridades de política económica: si el Congreso estadounidense llegara a aprobar una ley de reforma migratoria que les dé un estatus legal a los campesinos, el 87% de los encuestados dijo que una de sus primeras acciones sería visitar a sus seres queridos en su país de origen, a quienes muchos no han podido ver durante muchos años. 
  • Trump pretende reemplazar a inmigrantes indocumentados que “conducen camiones” por veteranos del ejército

    Trump pretende reemplazar a inmigrantes indocumentados que “conducen camiones” por veteranos del ejército

    El presidente Donald Trump dio a conocer una controversial iniciativa mediante la cual pretende reemplazar a inmigrantes indocumentados que presuntamente conducen camiones por veteranos del ejército estadounidense.

    Sin embargo, la posición del conservador de 80 años parece carecer de fundamento, pues las leyes estadounidenses imposibilitan el otorgamiento de licencias para conducir camiones a extranjeros carentes de una documentación que justifique su estancia en Estados Unidos.

    De hecho, esa responsabilidad recae en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), agencia que se encarga de emitir licencias de conducir, registrar vehículos y expedir sus correspondientes placas metálicas en todo el país. Así que, sin su aval, a cualquier extranjero carente de estatus legal le resulta imposible acceder a una licencia para conducir camiones.

    Basado en ello, resulta sorprendente que Trump haya lanzado la iniciativa denominada “Freedom Haulers” (Transportistas de la Libertad), la cual se enfocará en camioneros prácticamente inexistentes, pues, en teoría, ningún inmigrante sin documentos que avalen su estancia en el territorio estadounidense puede acceder a una licencia para conducir camiones y, hacerlo sin ella, implicaría un riesgo muy alto de ser detectado por las autoridades durante los controles de vigilancia efectuados periódicamente en distintas carreteras estadounidenses.

    En Estados Unidos a los inmigrantes carentes de estatus legal se les impide obtener licencias para conducir camiones. (Crédito: Tony Avelar / AP)

    A sabiendas de ello, este jueves, el hombre de 80 años que gobierna la Casa Blanca, acompañado por Sean Duffy, secretario de Transporte, y Keith Sonderling, secretario de Trabajo interino, advirtió que su lucha para deportar a inmigrantes indocumentados se extenderá hacia un sector de ellos condiciendo camiones en distintas las carreteras de la nación.

    Trump además anticipó que la baja de estos conductores será reemplazada por veteranos de las Fuerza Armadas que se ajusten al perfil y cumplan con los requisitos.

    A todos ellos se les otorgarán licencias de conducir comerciales (CDL) aceleradas.

    Incluso se aseguró que los veteranos sin experiencia en la conducción de camiones podrán recibir capacitación para obtener el documento exigido por el Departamento de Transporte.

    Alineándose a la nueva disposición del presidente, Werner Enterprises, empresa estadounidense de transporte y logística que presta servicios en Estados Unidos, México y Canadá, anunció estar abierta a contratar a 1,400 veteranos y cónyuges de veteranos para sumarse a la conducción de camiones.

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  • Corte de Apelaciones frena política de Trump que elimina audiencias de fianza para inmigrantes

    Corte de Apelaciones frena política de Trump que elimina audiencias de fianza para inmigrantes

    Un tribunal federal de apelaciones rechazó este jueves la política de la administración del presidente Donald Trump que obliga a detener a millones de inmigrantes sin permitirles solicitar ante un juez una audiencia para determinar si pueden quedar en libertad bajo fianza.

    El fallo fue emitido por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito y se originó en una demanda presentada por el Northwest Immigrant Rights Project y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

    La decisión se suma, según la ACLU, a fallos de otros cuatro tribunales federales de apelaciones y de cientos de jueces de tribunales de distrito que han considerado ilegal esta política de detención.

    Durante décadas, las personas inmigrantes sometidas a procedimientos de deportación y detenidas por el Gobierno habían tenido, por lo general, la posibilidad de solicitar ante un juez de inmigración su liberación bajo fianza.

    Sin embargo, a mediados de 2019, la administración Trump adoptó una nueva interpretación de las leyes migratorias y sostuvo que las personas que hubieran ingresado a Estados Unidos sin inspección debían permanecer detenidas sin posibilidad de obtener una fianza, según las organizaciones.

    La política afecta también a personas que podrían ser elegibles para obtener un estatus migratorio legal, incluidas aquellas con solicitudes de inmigración pendientes desde hace años debido a los retrasos administrativos.

    Celebran la decisión

    Uno de los afectados es Ramón Rodríguez Vázquez, principal demandante en el caso. Según la ACLU, Rodríguez no tiene antecedentes penales y fue detenido en su vivienda en el estado de Washington, donde ha vivido durante más de 15 años junto con su esposa y sus cuatro hijos y donde actualmente también residen sus nietos.

    El fallo establece que los integrantes de la demanda colectiva y otras personas en circunstancias similares a las de Rodríguez que permanezcan detenidas dentro de la jurisdicción del Noveno Circuito podrán solicitar una audiencia de fianza mientras avanzan sus procedimientos migratorios.

    “Este fallo restablece el derecho a una audiencia de fianza para los miembros de la demanda colectiva y para todas las personas en situación similar a la del Sr. Rodríguez que se encuentren detenidas en la jurisdicción del Noveno Circuito, mientras atraviesan este largo y difícil proceso”, declaró Matt Adams, director legal del Northwest Immigrant Rights Project.

    Adams agregó que la decisión también “reafirma el Estado de derecho al dejar claro que la administración no puede modificar la ley de manera unilateral”.

    Por su parte, My Khanh Ngo, abogada principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, afirmó que los tribunales han rechazado nuevamente la interpretación adoptada por la administración Trump sobre las normas de detención migratoria.

    “Estamos muy contentos por nuestros clientes y sus familias”, señaló Ngo.

  • Otro Tribunal de Apelaciones rechaza que ICE mantenga detenidos a inmigrantes sin fianza

    Otro Tribunal de Apelaciones rechaza que ICE mantenga detenidos a inmigrantes sin fianza

    El plan de detenciones masivas del gobierno del presidente Donald Trump enfrenta una nueva derrota, luego de que el Tribunal de Apelaciones para el Noveno Circuito echara atrás el plan de someter a millones de inmigrantes a detención obligatoria sin derecho a fianza.

    Esta decisión es vinculante para los tribunales inferiores en los estados de Alaska, Arizona, California, Hawai, Idaho, Montana, Nevada, Oregón y Washington. Otros tribunales han decidido en el mismo sentido, ampliando el bloqueo a esta política de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

    El fallo del Noveno Circuito de 2 a 1 determinó que el gobierno de Trump había interpretado erróneamente leyes de inmigración vigentes desde hace décadas para justificar su política de detención masiva de inmigrantes.

    ICE pretendía aplicar a nivel nacional –y para personas que llevan varios años viviendo en EE.UU.– una política de 1996 que se utiliza para las personas detenidas al cruzar la frontera o poco tiempo despues.

    “El cambio de política del gobierno ha dado lugar a que miles de extranjeros detenidos presenten recursos de hábeas corpus ante tribunales federales de todo el país, solicitando audiencias de fianza y una posible liberación”, escribió el juez Daniel Bress, nombrado por Trump, en nombre de la mayoría.

    El juez agrega que la política del presidente Trump no se apega a una determinación del Congreso.

    “La postura del gobierno implica que el Congreso, en 1996, introdujo un cambio importante en las leyes de inmigración al someter a millones de extranjeros indocumentados presentes en Estados Unidos a la detención obligatoria, pero que este cambio pasó desapercibido para el Poder Ejecutivo durante las siguientes tres décadas”, dice la opinión. “Por consiguiente, no creemos que el Congreso, en 1996, haya introducido un cambio tan drástico en nuestro sistema de detención de inmigrantes como el que ahora sostiene el gobierno”.

    Un caso que defiende a miles

    El fallo emitido por el Noveno Circuito es resultado de una demanda interpuesta por el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

    El demandante principal fue Ramón Rodríguez Vázquez, quien fue arrestado en su casa en el estado de Washington, a pesar de no tener antecedentes penales y haber vivido durante más de 15 años en EE.UU., formando una familia con su esposa, sus cuatro hijos y ahora sus nietos.

    “Este fallo restablece el derecho a una audiencia de fianza para los miembros del grupo [que demanda] y todas las personas como el Sr. Rodríguez detenidas en el Noveno Circuito, mientras atraviesan este largo y difícil proceso”, dijo Matt Adams, director legal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste. “Y, lo que es igual de importante, defiende el estado de derecho, dejando claro que la administración no puede cambiar la ley unilateralmente”.

    Este fallo se suma a decisiones similares de otros cuatro tribunales federales de apelaciones: el Oncenavo Circuito (con sede en Atlanta); el Segundo Circuito (con sede en Nueva York); el Décimo Circuito (con sede en Colorado), y el Secto Circuito (con sede en Cincinnati).

    Las decisiones de esos tribunales protegen, por ahora, solamente a los inmigrantes de los estados que cubren dichas jurisdicciones.

    ACLU recuerda que durante décadas, los inmigrantes en proceso de deportación detenidos por ICE generalmente han tenido derecho a solicitar su liberación ante un juez de inmigración.

    “A mediados de 2025, el gobierno de Trump adoptó repentinamente una nueva y radical reinterpretación de las leyes de inmigración y declaró que cualquier persona que ingresara sin inspección debía ser detenida sin acceso a fianza”, advierte el grupo. “Entre los afectados se encontraban personas elegibles para obtener estatus legal, incluso aquellas con solicitudes de inmigración pendientes desde hace mucho tiempo que llevaban años esperando debido a la acumulación de trámites administrativos”.

    My KhanhNgo, abogada principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, destacó cómo más tribunales limitan las acciones migratorias de la actual administración.

    “Los tribunales han dictaminado una vez más que la cruel y radical reinterpretación de las leyes de detención de nuestro país por parte de la administración Trump no puede mantenerse. Estamos muy contentos por nuestros clientes y sus familias”, expuso.

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  • Abogado enfrenta multa de $470 mil dólares por supuestas solicitudes de asilo falsas

    Abogado enfrenta multa de $470 mil dólares por supuestas solicitudes de asilo falsas

    Tras una investigación de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicitará una multa de más de $470 mil dólares contra un abogado de inmigración que presuntamente presentó solicitudes de asilo falsas en nombre de sus clientes.

    “Las solicitudes de asilo fraudulentas amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, socavan nuestro sistema de inmigración y retrasan la deportación de inmigrantes ilegales peligrosos y delincuentes”, declaró el asesor jurídico General del DHS, James Percival.

    Según el reporte oficial, el 28 de julio, HSI anunció una Notificación de Intención de Multa contra el abogado Suraj Raj Singh, quien ejerce a nivel nacional y representa principalmente a extranjeros originario de la India que solicita.

    La investigación alega que para respaldar sus solicitudes de asilo, el abogado presentó “declaraciones de extranjeros idénticas o casi idénticas en lenguaje y contenido, con la misma o casi la misma narración de hechos y detalles que respaldan la supuesta persecución”.

    “El ICE solicita una multa de más de $470,000 al abogado Suraj Raj Singh. Bajo la presidencia de Trump y la secretaría Mullin, exigiremos responsabilidades a abogados como este y pondremos fin a la práctica de defraudar y abusar de nuestro sistema de inmigración”, agregó Percival sobre este caso.

    La notificación de intención de multa abarca 54 casos de inmigración en los que se alega que el abogado Singh preparó y presentó 118 documentos fraudulentos.

    En mayo, el DHS emitió una directiva para investigar y castigar a abogados bajo sospecha de presentar casos de asilo fraudulentos.

    La decisión del gobierno del presidente Donald Trump se basa en la 1324c(d) del Título 8 del Código de los Estados Unidos, relativo al fraude de documentos civiles.

    Un primer caso se produjo en junio, cuando el ICE emitió cinco notificaciones de infracción al abogado Vinod Doddamani, por un total de $255,232 dólares en multas.

    Los abogados acusados pueden impugnar las notificación de intención de multa ante un juez administrativo.

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  • Escasez de trabajadores por redadas de ICE encarece la vivienda en el sur de Texas

    Escasez de trabajadores por redadas de ICE encarece la vivienda en el sur de Texas

    Las obras avanzan con mayor lentitud, los costos de construcción continúan al alza y encontrar personal se ha convertido en un reto para numerosas empresas del Valle del Río Grande. Ese fue el mensaje que constructores, empresarios y autoridades locales llevaron a la denominada “Concentración en el Valle”, donde pidieron al Congreso impulsar permisos de trabajo para inmigrantes con años de residencia y antecedentes laborales comprobados.

    El encuentro, organizado por la Asociación de Constructores del Sur de Texas y la American Business Immigration Coalition Action (ABIC Action), puso sobre la mesa el impacto que, aseguran, están teniendo las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre la economía regional.

    Menos trabajadores, más retrasos y viviendas más caras

    Los participantes afirmaron que el temor generado por los operativos migratorios ha reducido las cuadrillas en obras de vivienda e infraestructura, provocando retrasos y un incremento en los costos para empresas y compradores.

    El congresista Henry Cuellar sostuvo que la aplicación de las leyes migratorias debería enfocarse en personas con antecedentes criminales y no en trabajadores que han contribuido durante años al desarrollo económico del estado.

    “Cuando no tenemos suficientes trabajadores, ¿saben qué pasa? Los precios suben y la vivienda también. ICE debe centrarse en los delincuentes, no en las familias”, declaró Cuellar.

    Por su parte, el representante Vicente González recordó que los inmigrantes representan una parte fundamental de la fuerza laboral del sector.

    “En Texas, cerca del 40% de los trabajadores de la construcción son inmigrantes. Son quienes están construyendo nuestras comunidades”, afirmó.

    Piden una solución migratoria con impacto económico

    Durante el evento, Emiliano Valencia, subdirector de ABIC Action en Texas y beneficiario de DACA, pidió avanzar hacia un mecanismo que permita a trabajadores con arraigo permanecer legalmente en el país.

    Mientras tanto, la representante estatal Christina Morales destacó la aportación económica de la población inmigrante, al señalar que genera alrededor de $19 mil millones en impuestos estatales y locales cada año.

    Los organizadores también citaron datos de la Associated General Contractors of America, según los cuales el 92% de las empresas constructoras enfrenta dificultades para cubrir vacantes. En un país que ya registra un déficit cercano a 1.5 millones de viviendas, advirtieron que la reducción de mano de obra podría agravar el problema y encarecer aún más el acceso a la vivienda.

    Además del impacto económico, los asistentes coincidieron en que la discusión migratoria tendrá un peso importante en las próximas elecciones, al considerar que el voto hispano será determinante en varias contiendas legislativas. Para los organizadores, fortalecer la seguridad fronteriza y, al mismo tiempo, crear vías legales para que los inmigrantes puedan trabajar no son objetivos incompatibles, sino parte de una estrategia necesaria para mantener el crecimiento económico del sur de Texas.

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  • Congresistas presentan propuesta para exigir atención médica a inmigrantes detenidos

    Congresistas presentan propuesta para exigir atención médica a inmigrantes detenidos

    Una propuesta legislativa de congresistas será presentada este jueves para exigir que todos los inmigrantes recluidos en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reciban una evaluación y tratamiento médicos al ingresar a las instalaciones.

    La iniciativa surge tras las denuncias de familiares de inmigrantes detenidos, como el caso de Carlitos Ricardo Parias, quien no ha recibido atención médica en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, California, pese a sufrir una herida en el brazo izquierdo por un balazo de agentes federales.

    Los legisladores presentarán el proyecto de ley en la Cámara de Representantes de Estados Unidos después de las denuncias que recibieron por parte de inmigrantes bajo custodia quienes alegan no haber recibido un tratamiento médico por parte de la agencia federal.

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    El abogado de Parias, Carlos Jurado, presentó un video del momento en que el hispano recibe un disparo de agentes federales en el brazo izquierdo tras ser interceptado el 21 de octubre de 2025 mientras se trasladaba en un vehículo.

    Nueve meses después, Gabriela Hernández, esposa de Parias, denunció que su esposo todavía no recibe una atención médica adecuada mientras permanece bajo custodia en la instalación de ICE en Adelanto.

    “Sin un chequeo de un hospital, lo único que le están dando son pastillas“, declaró Hernández, en referencia a la condición en que permanece su esposo en el centro de detención de ICE en California.

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    Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Parias ha recibido atención médica en siete ocasiones desde que fue recluido en Adelanto.

    La agencia federal mencionó que el hispano ha recibido tratamiento médico por diferentes motivos relacionados con la lesión en su brazo, por la cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente antes de ser recluido.

    “Hay veces que me llama en la noche y solo estamos hablando; solo se pone a llorar por el dolor de su mano“, expresó el hijo del inmigrante detenido, Ulises Parias.

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    Jurado dijo que solicitó ante un tribunal federal la liberación bajo fianza de Parias para que pueda tener atención médica, con énfasis en que Carlitos Ricardo no cuenta con antecedentes penales, además de tener dos hijos ciudadanos estadounidenses.

    El magistrado refirió el caso de Parias a un juez de inmigración.

    “Hemos esperado una decisión desde febrero de 2025 sin respuesta del juez“, aseguró el abogado Carlos Jurado.

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    La congresista Sydney Kamlager-Dove, del Distrito 37, dijo que la familia de Parias la contactó para denunciar que el inmigrante presuntamente no ha recibido atención médica adecuada.

    Kamlager-Dove dijo que presentará un proyecto de ley ante el Congreso de Estados Unidos para que todas las personas que permanecen bajo custodia de las agencias federales de inmigración reciban asistencia médica.

    “Una vez que sean detenidos, tendrán que ser examinados por un profesional médico independiente para recibir el tratamiento adecuado”, expresó.

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    En un comunicado a la cadena Telemundo, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que son falsas las afirmaciones de que hay condiciones deficientes en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto.

    “Todos los detenidos reciben comidas adecuadas, agua y atención médica… Es una práctica establecida desde hace mucho tiempo brindar atención médica integral desde el momento en que un extranjero entra bajo custodia de ICE”, expresó la agencia federal.

    Según Carlos Jurado, recibieron una oferta para trasladar a Parias al Centro de Detención de Otay Mesa para que el inmigrante reciba tratamiento médico. Sin embargo, el abogado dijo que podría tratarse de una táctica para deportarlo, ya que la instalación se encuentra en la frontera con México.

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  • 92% de trabajadores agrícolas en EE.UU. expresó que las redadas migratorias y las deportaciones han afectado su empleo

    92% de trabajadores agrícolas en EE.UU. expresó que las redadas migratorias y las deportaciones han afectado su empleo

    NUEVA YORK – Un 92% de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos expresó que las redadas migratorias y las deportaciones han afectado su empleo, mientras que un 88% indicó tener temor a ser detenido y deportado.

    Las cifras anteriores forman parte de los resultados de una encuesta para la que la Fundación UFW entrevistó a 2,250 campesinos, la mayoría indocumentados.

    Los hallazgos, divulgados este jueves en conferencia de prensa, apuntan a que, debido al temor que experimenta esta población ante la posibilidad de ser intervenidos por agentes migratorios, un 61% de los participantes ha reducido salir a comprar, el 29% no ha buscado atención médica y el 21% ha limitado su uso de las redes sociales.

    La investigación, descrita como “pionera” y “exhaustiva”, reveló además que un 90% teme separarse de su familia debido a las deportaciones; un 43% tiene miedo de no poder regresar a EE. UU. y 13% ha sufrido persecución en sus países de origen.

    Otro dato relevante es que alrededor del 76% de los trabajadores agrícolas desea protección contra la detención y la deportación. Un 53% apuesta a una vía para regularizar su estatus y, eventualmente, obtener la ciudadanía estadounidense.

    La indagación concluyó que más del 40% de los encuestados ha trabajado en la agricultura durante más de 20 años, mientras que el 49% lleva años sin vivir en su país de origen.
    Un 87% de los encuestados anticipó que, si se aprobara una reforma migratoria, una de las primeras acciones sería visitar a sus seres queridos en su país de origen.

    El informe, titulado “Bajo el sol y fuera de las sombras”, documenta las experiencias y perspectivas de los trabajadores agrícolas con respecto a las medidas de control migratorias implementadas por la Administración de Donald Trump desde principios del 2025.

    La descripción del estudio resaltó que, mientras el Congreso sigue sin aprobar una ley de reforma migratoria desde 1986 o desde hace casi 40 años, el número de trabajadores agrícolas indocumentados ha aumentado, lo que los expone al riesgo de detención, especialmente en las comunidades cercanas a las fronteras norte y sur.

    “Durante casi cuatro décadas, las autoridades migratorias han incrementado la escala y la intensidad de sus operaciones en las comunidades de trabajadores agrícolas, intensificando aún más estas actividades en los últimos años”, planteó la organización.

    Lo anterior no constituye un problema nuevo. “Estados Unidos enfrentó un dilema similar entre la década de 1960 y principios de la de 1980, dado que los trabajadores agrícolas de aquella época también luchaban por obtener su autorización”, lee otra parte del reporte.

    Los activistas cuestionaron que empleadores rechacen una vía hacia la ciudadanía y promuevan la expansión del programa de trabajadores agrícolas temporales H-2A al tiempo que reducen las mínimas protecciones que ofrece el mismo.

    La fundación favoreció una medida como la “Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola” que les garantizaría a los campesinos una vía para obtener su estatus legal y evitaría la separación familiar.

    Dicha medida fue reintroducida en mayo del 2025.

    En el 2021, fue aprobada en la Cámara de Representantes de EE. UU. con 30 votos republicanos.

    De acuerdo con Congress.gov, la medida crearía un estatus migratorio legal temporal conocido como visa de Trabajador Agrícola Certificado (CAW) para los trabajadores agrícolas extranjeros y sus familias.

    Además, ofrecería una vía para que los trabajadores agrícolas indocumentados que ya están en el país y sus cónyuges o hijos puedan ajustar su estatus legal y solicitar la residencia permanente (green card) tras cumplir requisitos de labor continua.

    La legislación además reformaría la visa temporal H-2A para simplificar el proceso a los empleadores y mejorar las protecciones a los empleados y estabilizar los salarios.

    La Fundación UFW ayuda a decenas de miles de trabajadores y sus familiares, muchos de ellos indocumentados, a través de distintos servicios que incluyen los legales.

    Lomeli Corcoran, directora ejecutiva de la Fundación UFW, destacó el carácter novel del estudio.

    “Durante demasiado tiempo, investigadores académicos y gubernamentales, así como responsables de formular pólizas, se han enfrentado a importantes obstáculos para acceder a datos exhaustivos y desarrollarlos sobre las personas cuyas vidas se ven directamente afectadas por las redadas migratorias. Este es el primer estudio en profundidad que examina las preocupaciones y temores de los campesinos indocumentados, así como sus esperanzas y aspiraciones. Esperamos que esta encuesta de luz sobre la situación para que quienes ostentan el poder puedan comprender las realidades que enfrentan los más vulnerables. Quizás así, los trabajadores agrícolas indocumentados —que producen la mayor abundancia de alimentos que el mundo haya visto— sean vistos y tratados como los seres humanos importantes que son”, compartió en el comunicado que incluye los resultados de la investigación.

    Jonathan Angulo, Ph.D., investigador y analista de políticas de la entidad, espera que el estudio ayude a agilizar la aprobación de una reforma migratoria integral.

    “Esta encuesta fue posible gracias a que la Fundación UFW ocupa una posición única para lograr lo que a otros les cuesta conseguir. A pesar del riesgo muy real de arresto, deportación y separación familiar, esta encuesta revela que la mayoría de los trabajadores indocumentados aún aspiran a participar plenamente en el país al que sirven con tanta lealtad, mediante una reforma migratoria significativa, un tema que no se ha abordado en casi 40 años”, expuso el también profesor adjunto en la Universidad Estatal de San Diego.

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  • ACLU acusa que agentes migratorios eligieron negocios por Google para realizar redadas

    ACLU acusa que agentes migratorios eligieron negocios por Google para realizar redadas

    Agentes migratorios eligieron un lavadero de carros para realizar una redada en Los Ángeles, después de hacer una búsqueda en Google de los negocios más cercanos al lugar donde se encontraban desplegados, como parte del primer gran operativo migratorio impulsado por el Gobierno del presidente Donald Trump.

    Nuevas pruebas ante la justicia

    Los detalles de cómo se organizaron las redadas ocurridas en junio del año pasado en el área metropolitana de Los Ángeles forman parte de las nuevas pruebas presentadas por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) a un tribunal federal en California, como parte de una demanda que busca frenar los operativos.

    Los documentos revelaron que los agentes migratorios usaron el perfilamiento racial mediante las ‘patrullas móviles’, que escogían los lugares de manera aleatoria.

    “En dichas operaciones, los demandados (las autoridades migratorias) no alegan que los agentes tengan un ‘objetivo’ específico de actuación policial… Más bien, los agentes recorren las comunidades en busca de ‘posibles’ sospechosos”, asegura la moción a la que tuvo acceso EFE.

    Google y la selección de objetivos

    El documento contiene el testimonio de un agente de la Patrulla Fronteriza que describió cómo los agentes eligieron el lugar para una redada realizada el 18 de junio de 2025 en un lavadero de autos de Whittier, una ciudad del condado de Los Ángeles, a través de Google, de acuerdo con Los Angeles Times.

    Según el agente, el equipo buscó lavaderos de carros cercanos en el buscador y el negocio fue seleccionado porque “era uno de los lugares que aparecía en la lista como la ubicación más cercana”.

    Del lavadero, los agentes se llevaron a uno de los detenidos que encabeza la demanda, un ciudadano estadounidense de origen latino al que retuvieron mientras verificaban su estatus legal.

    Acusan perfilamiento racial

    Las nuevas evidencias incluyen grabaciones de cámaras corporales en las que se escucha a los agentes utilizar insultos racistas para referirse a personas de apariencia latina y de bajos ingresos o clase trabajadora que, según los demandantes, revelan que las operaciones ordenadas por el Gobierno del presidente Donald Trump han servido de pretexto para detenciones basadas en la raza.

    Las nuevas pruebas forman parte de una solicitud para que se emita una medida cautelar sobre los operativos que se han multiplicado en las últimas semanas en barrios latinos de Los Ángeles.

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  • Agentes migratorios buscaron en Google negocios cercanos para redadas, según demanda de la ACLU

    LOS ÁNGELES – Agentes migratorios eligieron un lavadero de carros para realizar una redada en Los Ángeles, después de hacer una búsqueda en Google de los negocios más cercanos al lugar donde se encontraban desplegados, como parte del primer gran operativo migratorio impulsado por el Gobierno del presidente Donald Trump.

    Los detalles de cómo se organizaron las redadas ocurridas en junio del año pasado en el área metropolitana de Los Ángeles hacen parte de las nuevas pruebas presentadas por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) a un tribunal federal en California, como parte de una demanda que busca frenar los operativos.

    Los documentos revelaron que los agentes migratorios usaron el perfilamiento racial mediante las “patrullas móviles”, que escogían los lugares de manera aleatoria.

    “En dichas operaciones, los demandados (las autoridades migratorias) no alegan que los agentes tengan un ‘objetivo’ específico de actuación policial… Más bien, los agentes recorren las comunidades en busca de ‘posibles’ sospechosos”, asegura la moción a la que tuvo acceso EFE.

    El documento contiene el testimonio de un agente de la Patrulla Fronteriza que describió cómo los agentes eligieron el lugar para una redada realizada el 18 de junio de 2025 en un lavadero de autos de Whittier, una ciudad del condado de Los Ángeles, a través de Google, de acuerdo a Los Angeles Times.

    Según el agente, el equipo buscó lavaderos de carros cercanos en el buscador y el negocio fue seleccionado porque “era uno de los lugares que aparecía en la lista como la ubicación más cercana”.

    Del lavadero, los agentes se llevaron a uno de los detenidos que encabeza la demanda, un ciudadano estadounidense de origen latino al que retuvieron mientras verificaban su estatus legal.

    Las nuevas evidencias incluyen grabaciones de cámaras corporales en las que se escucha a los agentes utilizar insultos racistas para referirse a personas de apariencia latina y de bajos ingresos o clase trabajadora que, según los demandantes, revelan que las operaciones ordenadas por el Gobierno del presidente Donald Trump han servido de pretexto para detenciones basadas en la raza.

    Las nuevas pruebas hacen parte de una solicitud para que se emita una medida cautelar en los operativos que se han multiplicado en las últimas semanas en barrios latinos de Los Ángeles.