El caso de Deisy Rivera Ortega, esposa de un sargento activo, ha encendido nuevamente el debate sobre las políticas migratorias. La mujer, originaria de El Salvador, fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y, pese a que inicialmente se le informó que sería liberada, ahora enfrenta una posible deportación a México.
De acuerdo con información de CBS News, Rivera Ortega fue arrestada el pasado 14 de abril durante una cita migratoria relacionada con su solicitud al programa conocido como Parole in Place, el cual ofrece protección a familiares directos de militares en activo o veteranos.
El giro en su situación ocurrió en cuestión de horas. Su esposo, el sargento primero José Serrano, quien ha servido durante 27 años en el Ejército, incluyendo despliegues en Afganistán, había declarado que le informaron que su esposa sería liberada. Sin embargo, esa decisión fue revertida.
“Como se pueden imaginar, la familia está desconsolada”, señaló su abogado, Matthew James Kozik, en declaraciones recogidas por el medio citado.
De la esperanza a la deportación
Rivera Ortega permanece en un centro de detención en El Paso, Texas. Según su defensa, autoridades migratorias le indicaron posteriormente que no sería liberada en territorio estadounidense, sino deportada a México, un país con el que no tiene vínculos directos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó previamente que la detención responde a una orden de deportación emitida en 2019, tras haber sido declarada culpable de ingresar de manera irregular al país, lo cual constituye un delito menor federal.
No obstante, su equipo legal ya prepara una demanda para frenar la expulsión, argumentando que su situación debería ser reconsiderada debido a su relación con un miembro activo del Ejército.
El caso reabre el debate migratorio
El programa Parole in Place fue diseñado precisamente para evitar que familias de militares enfrenten este tipo de situaciones. Por ello, el caso ha generado cuestionamientos sobre la aplicación de las políticas migratorias actuales.
Para la familia Serrano, el impacto es inmediato y personal. Tras más de una década viviendo en Estados Unidos, Rivera Ortega enfrenta ahora la posibilidad de ser separada de su entorno y enviada a un país distinto al suyo.
Mientras tanto, el caso sigue en desarrollo y ha comenzado a atraer atención mediática, en un contexto donde las decisiones del ICE continúan bajo escrutinio público.
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