El sistema creado en Estados Unidos para reunir a niños migrantes con sus familiares quedó bajo fuerte cuestionamiento tras una investigación que reveló el uso de información sensible para operativos migratorios.
De acuerdo con un reportaje exclusivo de Reuters, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) compartió desde enero de 2025 más de 460,000 registros investigativos con ICE, la agencia encargada de hacer cumplir las leyes migratorias dentro del país.
Esos datos incluían información sobre menores no acompañados, sus patrocinadores —en muchos casos padres, madres u otros familiares— y también otros adultos que vivían en el mismo hogar.
Según los documentos internos citados por Reuters, esa información estuvo vinculada con más de 12,000 arrestos realizados por ICE.
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El programa que buscaba reunir a los niños con sus familias
La ORR depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y tiene la tarea de recibir y alojar a menores migrantes que llegan solos a Estados Unidos, hasta que puedan ser entregados a un patrocinador. Habitualmente, ese patrocinador es un padre, una madre, un hermano mayor, un tío, un abuelo u otro adulto que asume la responsabilidad del niño mientras avanza su proceso migratorio.
Para aprobar la entrega, la agencia solicita documentos personales, datos de contacto, antecedentes del hogar e incluso huellas dactilares o pruebas de ADN en determinados casos. El objetivo formal de ese control es evitar que los menores terminen en manos de traficantes, abusadores o personas que no tengan una relación legítima con ellos.
Durante años, esa información se consideró parte de un proceso de protección infantil. La investigación de Reuters sostiene que, bajo la política actual, esos mismos datos comenzaron a ser utilizados también como insumo para acciones de control migratorio.
Qué descubrió la investigación de Reuters
Reuters informó que, desde enero de 2025, la ORR empezó a remitir a ICE más de 460,000 “tips”, “leads” o registros para investigación. No se trata necesariamente de 460,000 personas distintas ni de 460,000 arrestos, sino de entradas de información vinculadas con menores, patrocinadores u otros miembros del hogar.
A partir de ese flujo de datos, ICE realizó más de 12,000 arrestos, según las cifras internas revisadas por la agencia.
La investigación añade un matiz clave: los arrestos no se limitaron a personas con antecedentes penales graves o sospechas de tráfico de menores. También alcanzaron a familiares que, en muchos casos, se habían presentado ante el gobierno justamente para intentar reunirse con un niño.
Ese hallazgo abrió un debate sensible: si el sistema que debía facilitar la reunificación familiar puede convertirse, al mismo tiempo, en una vía para localizar y detener a quienes intentan asumir el cuidado del menor.
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El caso de una madre que recuperó a su hija y luego fue detenida
Uno de los episodios relatados por Reuters es el de una madre mexicana que entregó documentos, huellas y una prueba de ADN para recuperar a su hija de seis años. Días después de concretar la reunificación, tanto la madre como la niña fueron detenidas y trasladadas a un centro familiar de Texas, según la investigación.
El caso ilustra el temor que, según abogados y defensores de inmigrantes, comenzó a extenderse entre muchas familias: presentarse para patrocinar a un menor podría facilitar el reencuentro, pero también exponer a los adultos a detención o deportación.
Reuters también describió otros casos de familias que, después de aportar sus datos al proceso oficial, quedaron bajo la mira de autoridades migratorias.
El gobierno defiende el intercambio de información
Según Reuters, el gobierno sostiene que el intercambio de datos busca proteger a los menores y ubicar situaciones de posible riesgo, como entregas a patrocinadores no verificados o a personas con antecedentes.
Desde esa perspectiva, compartir información con ICE sería una herramienta para detectar fraude, tráfico de personas o casos en los que un menor termina en un entorno inseguro.
Sin embargo, exfuncionarios y organizaciones que trabajan con niñez migrante advierten que la consecuencia práctica puede ser otra: que familiares elegibles dejen de presentarse por miedo a ser arrestados, y que los niños queden más tiempo en refugios federales.
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Los niños pasan más tiempo en custodia
Ese posible efecto ya aparece en otro dato relevante citado por Reuters. El tiempo promedio que los menores permanecen bajo custodia de la ORR habría aumentado de forma drástica.
Según la investigación, la estadía media pasó de alrededor de 30 días en el año fiscal 2024 a 194 días en junio de 2026.
Aunque el endurecimiento de controles no sería el único factor detrás de ese incremento, la cifra sugiere que el sistema de patrocinio y entrega se volvió mucho más lento. Para abogados y defensores, eso puede traducirse en más tiempo de separación, más incertidumbre y mayores dificultades emocionales para niños que ya atravesaron situaciones de extrema vulnerabilidad.
Por qué este tema preocupa a familias migrantes
La noticia golpea un punto particularmente delicado para la comunidad inmigrante: el temor a que acudir al gobierno para proteger a un hijo o un familiar termine derivando en una detención.
En el caso de los menores no acompañados, el patrocinador suele ser la única vía para que el niño salga del refugio y pase a vivir con alguien de confianza. Si los potenciales patrocinadores temen ser arrestados, el sistema puede quedar bloqueado en su núcleo más básico.
Además, el intercambio de información plantea una discusión más amplia sobre el uso de datos personales entregados en contextos humanitarios. Para muchos defensores, una cosa es investigar redes de tráfico o abuso; otra, muy distinta, utilizar información suministrada para la reunificación familiar como base de operativos migratorios más amplios.
Qué dijo la agencia encargada de los menores
De acuerdo con Reuters, la ORR sostuvo que no participa directamente en arrestos de niños y que las decisiones de cumplimiento migratorio corresponden al Departamento de Seguridad Nacional.
Ese punto es importante: la agencia de salud y reasentamiento no ejecuta detenciones por sí misma. El cuestionamiento surge por el traslado de información a ICE y por las consecuencias que ese intercambio puede tener para patrocinadores y familias.
La investigación de Reuters probablemente intensifique la presión sobre la administración federal y sobre las agencias involucradas en el cuidado de menores migrantes.
Por ahora, lo que la quedó en evidencia es que la frontera entre protección infantil y enforcement migratorio se volvió mucho más difusa.
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