Los retrasos en la renovación del programa DACA bajo la administración de Donald Trump están dejando a cientos de beneficiarios en un limbo legal que impacta directamente en su vida laboral y personal. Casos recientes documentados por NOTUS evidencian cómo incluso quienes cumplen con los plazos recomendados terminan perdiendo sus empleos y enfrentando el riesgo de deportación.
Uno de los casos más representativos es el de Vicente, un bombero paramédico beneficiario de DACA, quien tuvo que renunciar a su trabajo luego de que su permiso expirara sin que su renovación fuera procesada. A pesar de haber presentado su solicitud con meses de anticipación, la respuesta nunca llegó.
“Haces todo bien y aun así no consigues ni una respuesta ni ninguna novedad”, declaró.
De acuerdo con NOTUS la situación de Vicente no es aislada, trabajadores en distintas áreas —desde terapeutas infantiles hasta empleados del sector público— han perdido sus empleos por retrasos similares. El problema radica en que, sin autorización de trabajo vigente, los beneficiarios de DACA no pueden seguir laborando legalmente, lo que los empuja a una crisis económica inmediata.
El programa DACA, creado en 2012, protege de la deportación a jóvenes migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad y les permite trabajar legalmente. Sin embargo, actualmente solo se procesan renovaciones, y estas enfrentan demoras crecientes. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el tiempo promedio de procesamiento ha alcanzado los 2.3 meses, aunque muchos casos superan ese plazo.
Historias como la de César reflejan el impacto humano detrás de las cifras. A sus 25 años, perdió su empleo como probador de videojuegos justo cuando estaba por comprar una casa con su esposa.
“Es como una pesadilla constante… ahora mismo no hay nada positivo que celebrar”, dijo. Hoy, su familia depende de ingresos adicionales y vive en incertidumbre.
El panorama ha generado críticas desde el ámbito político. El senador Dick Durbin acusó que estas demoras forman parte de una estrategia para debilitar el programa.
“Permitir que se retengan las renovaciones mientras pierden su protección es la última táctica para destruir DACA”, afirmó.
Funcionarios como Joseph Edlow han reconocido retrasos, aunque los justifican como parte de un proceso más riguroso. “Es un dolor a corto plazo que llevará a un beneficio a largo plazo”, sostuvo.
Muchos beneficiarios, aun cumpliendo con los tiempos sugeridos, enfrentan desempleo, ansiedad y temor constante a la deportación. “No solo es económico, también es mentalmente agotador”, expresó Yenifer, terapeuta infantil que lleva semanas sin poder trabajar.
El caso de Vicente resume el dilema: un servidor público obligado a dejar su vocación no por incumplimiento, sino por la lentitud del sistema.
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