Un tribunal federal de apelaciones determinó darle la oportunidad de solicitar la libertad bajo fianza a todas aquellas personas que buscan ser deportadas por la administración de Donald Trump.
“Incluso si la nueva interpretación del gobierno de la Sección 1225(b)(2)(A) fuera plausible —y no lo es—, la rechazaríamos de todos modos basándonos en nuestra obligación de interpretar estos estatutos de una manera que evite las serias cuestiones constitucionales, lo cual conlleva lo que sería el mandato de detención masiva sin fianza más amplio en la historia de nuestra nación para millones de no ciudadanos”, señala la opinión que fue aprobada por unanimidad 3-0.
Fue el juez Joseph Bianco, nombrado por el presidente Trump, quien escribió la opinión que fue respaldada por otros dos jueces, uno nombrado por Bill Clinton y otro por Joe Biden.
“Es aún más difícil explicar por qué el gobierno, si tenía la responsabilidad de detener a la enorme cantidad de no ciudadanos contemplados en la Sección 1225, habría descuidado durante casi treinta años aumentar su capacidad de detención lo suficiente como para implementar realmente ese mandato”, señala la decisión.
NUEVA YORK.- La Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito, con sede en Nueva York, rechazó rechazó la política del gobierno del presidente Donald Trump de detener a inmigrantes que busca deportar y determinó que las autoridades deben permitirles a esas personas solicitar fianza.
“Incluso si la nueva interpretación del gobierno de la Sección 1225(b)(2)(A) fuera plausible —y no lo es—, la rechazaríamos de todos modos basándonos en nuestra obligación de interpretar estos estatutos de una manera que evite las serias cuestiones constitucionales, lo cual conlleva lo que sería el mandato de detención masiva sin fianza más amplio en la historia de nuestra nación para millones de no ciudadanos”, determina la opinión aprobada por unanimidad, es decir 3-0.
El juez Joseph Bianco, nombrado por Trump, escribió la opinión que fue respaldada por otros dos jueces, uno nombrado por Bill Clinton y otro por Joe Biden.
Aunque es una decisión importante para la jurisdicción del Segundo Distrito, esto crea una división en el tribunal de circuito con los fallos del Quinto y Octavo circuitos, por lo que esto podría ser llevado a la Corte Suprema.
En la opinión, el juez Bianco indica que la administración Trump no logró justificar su plan de detención de inmigrantes durante un tiempo indeterminado, mientras los procesa para su deportación.
“Es aún más difícil explicar por qué el gobierno, si tenía la responsabilidad de detener a la enorme cantidad de no ciudadanos contemplados en la Sección 1225, habría descuidado durante casi treinta años aumentar su capacidad de detención lo suficiente como para implementar realmente ese mandato”, dice la decisión en referencia al plan migratorio del actual gobierno.
La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha implementado un plan para ampliar los centros de detención, pero su intención de retener a inmigrantes en forma indefinida ha sido desafiada en tribunales.
La administración Trump está implementando medidas para agilizar la deportación de niños migrantes bajo custodia federal, y es que según funcionarios de la administración y abogados defensores, la Casa Blanca presiona hacer estas expulsiones adalantando procesos judiciales que anteriormente podían tomar meses o años.
De acuerdo con información de CNN, las audiencias de inmigración, donde se decide si un niño puede permanecer en el país o ser deportado, se están reprogramando con semanas o incluso meses de antelación, lo que dificulta que los abogados obtengan protecciones legales en un sistema que ya es complejo.
El medio agregó que niños de apenas cuatro años están siendo obligados a presentarse repetidamente ante el tribunal para actualizar el estado de sus casos, en ocasiones sin contar con asistencia legal.
Entratanto, Emily Norman, directora regional de Kids in Need of Defense, reportó que algunos menores sufren tal presión que llegan a orinarse en los pantalones durante las audiencias. Según Norman, una cita programada originalmente para el año 2027 fue movida repentinamente para ocurrir en menos de una semana.
Alertan sobre el impacto emocional en los niños
Scott Bassett, abogado principal del Programa de Niños en el Amica Center for Immigrant Rights, describió que ante esta situación, los menores “son alguna combinación de confundidos, asustados y frustrados”.
“Está orientado a sacar a estos niños del país. Ellos sienten que las paredes se están cerrando porque así es”, dijo Bassett sobre esta postura del gobierno estadounidense.
¿Qué dice el gobierno al respecto?
Por su parte, Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) defendió estas acciones como una forma de mejorar la eficiencia y seguridad. Andrew Nixon, portavoz del HHS, afirmó que el departamento “se enfoca en resolver los casos que involucran a niños no acompañados de la manera más rápida y eficiente posible, de acuerdo con la ley”.
“Hacer avanzar los casos ayuda a desbaratar esas redes y garantiza que los niños sean devueltos a entornos seguros lo antes posible. Reducir el tiempo bajo custodia también disminuye los costos para los contribuyentes y asegura que el sistema funcione según lo previsto”, acotó Nixon.
Por su parte, un funcionario de la Casa Blanca, citado por CNN, indicó que la administración “está trabajando para desbaratar los complots de los carteles y devolver humanamente a los niños traficados a sus hogares y familias lo más rápidamente posible”.
Situación de niños bajo custodia
Aunque el gobierno los tiempos de los procesos judiciales para niños migrantes para agilizar sus casos, las cifras oficiales indican que los menores permanecen ahora más tiempo retenidos que en años anteriores, alcanzando un promedio de siete meses bajo la supervisión del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), un hecho confirmado y denunciado por Steven Wright, miembro del Centro de Justicia para Inmigrantes de la Universidad de Wisconsin-Madison.
La rapidez de los tribunales choca con la necesidad de tiempo para preparar defensas sólidas, como el Estatus de Joven Inmigrante Especial (SIJ). Según los expertos, el estado emocional de los niños requiere un manejo pausado que los nuevos plazos no permiten.
Un juez federal falló el lunes en contra de la pausa a las solicitudes de residencia permanente de más de ochenta inmigrantes originarios de países cuyos ciudadanos tienen restringida la entrada a EE.UU.
USCIS “no tiene discreción para decidir no adjudicar en absoluto” los casos”, señaló el juez, quien determinó que la pausa, impuesta por el Gobierno de Donald Trump, es ilegal.
Actualmente, EE.UU. bloquea o restringe la entrada al país de los individuos de 39 países y las personas con documentos de la Autoridad Palestina.
En el fallo de hoy, el juez señala que el Gobierno no ha explicado por qué decidió pausar los beneficios migratorios para las personas de estos países que han estado en el país “por años, incluso décadas, han mantenido un estatus legal y, en muchos casos, han contribuido sustancialmente a la investigación médica y científica”.
Además de las restricciones de viaje, el Gobierno de Trump también canceló la revisión de solicitudes de visas de migrante de 75 países del mundo, incluyendo Afganistán, Brasil, Colombia, Egipto, Irán, Rusia y Somalia.
Organizaciones de derechos humanos, así como la agencia de la ONU para los refugiados y las oficinas de derechos humanos, han condenado los vetos y restricciones de viaje, argumentando que los migrantes y extranjeros tienen derecho al debido proceso.
El gobierno de Donald Trump estableció nuevas directrices para la emisión de la tarjeta de residencia, que, aunque no han sido publicadas oficialmente, podrían permitir negar el estatus a personas que hayan participado en actos catalogados como propalestinos, antisemitas o en la quema de la bandera de Estados Unidos, según The New York Times.
Las disposiciones forman parte de materiales internos de capacitación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en los que se instruye a los funcionarios a tomar en cuenta, al evaluar solicitudes de residencia permanente o “tarjeta verde (Green Card), la expresión de opiniones políticas por parte de los solicitantes, de acuerdo con el diario, que tuvo acceso a los documentos.
Nuevas reglas
Según esas directrices, los oficiales de Seguridad Nacional deben remitir todos los casos que impliquen “posibles conductas o ideologías antiamericanas y/o antisemitas” a sus superiores y a la oficina del asesor jurídico general de la agencia para su revisión, destaca el diario.
Aunque el inmigrante no haya violado la ley, bajo estas nuevas reglas, expresar sus puntos de vista será considerado como “respaldar, promover o apoyar opiniones antiestadounidenses” o “terrorismo, ideologías o grupos antisemitas”, y se les negará la residencia y con ello su acceso a la ciudadanía, recoge el diario.
Se ha indicado a los agentes de inmigración que valoren esos factores como “abrumadoramente negativos”, de acuerdo con el Times, que señala que los documentos citan el apoyo a ideologías “subversivas” como uno de los factores que podrían llevar al rechazo de una solicitud.
También se incluye lo que la Administración considera antisemitismo “mediante acciones retóricas o físicas” y se pide a los funcionarios que se concentren particularmente “en los extranjeros que participaron en actividades antiestadounidenses y antisemitas en los campus universitarios” después de los ataques de Hamás contra Israel en 2023, según lo analizado por el diario.
Protestas antiestadounidenses
Quemar la bandera de Estados Unidos es otra causa para negar la solicitud de “tarjeta verde”, aunque el Tribunal Supremo dictaminó que es un acto protegido por la libertad de expresión.
En agosto del año pasado, Trump firmó una orden ejecutiva con el fin de castigar la quema de la insignia nacional.
La Coalición de Inmigración de Nueva York reivindicó, tras conocerse la noticia, que la libertad de expresión es un pilar “fundamental” de la democracia y la gozan todos, independientemente de su lugar de nacimiento.
El presidente de la coalición, Murad Awawdeh, advirtió que Trump “está dando un paso peligroso hacia el castigo de los inmigrantes por la expresión pública de sus creencias”, algo que consideró parte de la agenda de deportación más amplia de su administración.
“La nueva política de la Administración Trump censura de hecho a las personas y sienta un precedente peligroso que amenaza los derechos de todos los estadounidenses”, afirmó Awawdeh.
El presidente Donald Trump respaldó públicamente la propuesta de cambiar el nombre del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduanas, lo que daría como resultado el acrónimo NICE.
La iniciativa comenzó a circular el mes pasado en la plataforma social X, impulsada por la influencer conservadora Alyssa Marie, quien propuso el cambio en una publicación en marzo.
Publicación viral propone el cambio de ICE a NICE
“Quiero que Trump cambie ICE por NICE (Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduanas) para que los medios tengan que decir agentes de NICE todo el día, todos los días”, destaca el mensaje de Alyssa Marie.
La propuesta hacía referencia al uso cotidiano del nombre de la agencia en medios de comunicación y redes sociales.
Respuesta de Donald Trump en Truth Social
El domingo por la noche, Trump reaccionó a la idea a través de su red social Truth Social.
“¡¡¡GRAN IDEA!!! ¡HÁGANLO!”, respondió el presdente Trump en la red social, publicación que fue interpretada como un respaldo público al cambio de nombre sugerido en redes.
Reacciones de conservadores
Tras el mensaje del presidente, otros usuarios influyentes del ámbito conservador también expresaron apoyo a la propuesta.
El comentarista Nick Sortor escribió en X que estaba “100% de acuerdo” con la idea y pidió que el Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, la respalde.
Posible cambio de nombre requeriría aprobación del Congreso
De acuerdo con el funcionamiento del gobierno federal, un cambio de nombre de una agencia como ICE normalmente requiere la aprobación del Congreso de Estados Unidos, mediante una ley que modifique su estructura legal.
Sin embargo, el gobierno de Trump ha impulsado en el pasado propuestas para modificar nombres de agencias sin aprobación legislativa, como el intento de renombrar el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra.
Polémica por reformas migratorias
La propuesta surge en un momento en que la inmigración sigue siendo un tema central en el debate político estadounidense. El ICE permanece en medio de discusiones legislativas sobre financiamiento y reformas migratorias.
En el Congreso, los demócratas han pedido cambios a la aplicación de leyes migratorias, mientras que legisladores republicanos han impulsado iniciativas para asegurar financiamiento a agencias como ICE y la Patrulla Fronteriza.
El ICE es la agencia federal encargada de la aplicación de leyes migratorias dentro de Estados Unidos, incluyendo operaciones de control fronterizo, detenciones y deportaciones.
Durante la administración de Trump, la agencia ha sido un elemento central de la política migratoria, en medio de críticas de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos por operativos, detenciones y condiciones en centros migratorios.
Sin cambios oficiales hasta el momento
Hasta ahora, no existe un decreto, iniciativa formal ni anuncio oficial que confirme el cambio de nombre del ICE a NICE. La propuesta se mantiene como una discusión surgida en redes sociales, amplificada por la reacción del presidente en plataformas digitales.
La revisión de los programas de protección migratoria en Estados Unidos mantiene en alerta a cientos de miles de personas, especialmente a la comunidad salvadoreña que ha vivido por décadas bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Y es que la próxima discusión en la Corte Suprema sobre la eliminación de este beneficio para ciudadanos de Haití y Siria también genera preocupación entre migrantes de otros países que dependen de este mecanismo, de acuerdo con lo publicado por ABC.
Qué es el TPS y a quiénes afecta
El TPS permite a extranjeros permanecer legalmente en territorio estadounidense con permisos de trabajo renovables, siempre que las condiciones en sus países de origen sean consideradas inseguras. Este estatus fue otorgado a salvadoreños desde 2001, tras los terremotos que afectaron al país centroamericano. Desde entonces, muchos han construido su vida en Estados Unidos, formando familias y desarrollando negocios.
Durante el gobierno del presidente Donald Trump, se decidió poner fin al TPS para varios países cuyos permisos estaban en proceso de renovación. La medida impactó a unas 350,000 personas de Haití y 6,000 de Siria, y también forma parte de una política más amplia que ha afectado a cerca de un millón de migrantes de distintas nacionalidades.
Salvadoreños, entre los más afectados
Entre los más atentos a la resolución judicial se encuentran alrededor de 200,000 salvadoreños. Muchos de ellos llevan más de dos décadas residiendo en Estados Unidos y tienen hijos nacidos en ese país. La posibilidad de perder la protección migratoria implica riesgos como la pérdida de empleo, la separación familiar y la deportación.
El futuro del programa tiene además un punto clave en el calendario: el Estatus de Protección Temporal para los salvadoreños tiene como fecha límite el 9 de septiembre de 2026, momento en el que el gobierno de Estados Unidos deberá determinar si extiende, modifica o pone fin a la protección migratoria. Este plazo es seguido de cerca por miles de beneficiarios que dependen de una decisión oficial para mantener su residencia y permisos de trabajo en el país.
El impacto del TPS también se refleja en la economía salvadoreña. Según datos del banco central, las remesas enviadas desde Estados Unidos alcanzaron los $9,900 millones de dólares el año pasado, lo que representa el 24% del producto interno bruto del país.
Relación bilateral y contexto político
En el ámbito político, la relación entre Estados Unidos y El Salvador ha cobrado relevancia, ya que ambos gobiernos han coincidido en estrategias de seguridad y cooperación en temas migratorios. Incluso se ha alcanzado un acuerdo para que El Salvador reciba deportados de distintas nacionalidades.
A pesar de estos vínculos, no existe certeza sobre una posible extensión del TPS. Expertos y representantes de organizaciones migrantes coinciden en que no hay garantías de que se mantenga el programa una vez que expire el plazo establecido.
Un juez federal en Maryland ordenó este lunes al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) reanudar el procesamiento de solicitudes de residencia permanente de 83 migrantes cuyos casos habían quedado congelados por una política de la administración de Donald Trump.
La decisión del juez George L. Russell invalida la suspensión aplicada a solicitantes originarios de países cuyos ciudadanos enfrentan restricciones de ingreso a Estados Unidos.
En su fallo, Russell concluyó que USCIS no puede simplemente negarse a tramitar estos expedientes. “No tiene discreción para decidir no adjudicar en absoluto los casos”, escribió el magistrado.
El juez consideró ilegal la pausa y cuestionó que el gobierno no ofreciera una justificación suficiente para detener estos procesos migratorios.
También destacó que muchos de los afectados han vivido legalmente en Estados Unidos durante largos períodos. Según señaló, algunos han permanecido en el país “por años, incluso décadas”, y en numerosos casos han realizado aportes importantes en áreas como la investigación médica y científica.
Demanda colectiva
La demanda fue presentada por 83 personas afectadas por la suspensión. Todos buscaban avanzar en sus solicitudes de residencia permanente cuando sus trámites fueron detenidos.
Actualmente, Estados Unidos mantiene bloqueos o restricciones de entrada para ciudadanos de 39 países, así como para personas con documentos emitidos por la Autoridad Palestina.
Además de esas limitaciones de viaje, la administración Trump también suspendió la revisión de solicitudes de visas de inmigrante procedentes de 75 países, entre ellos Afganistán, Brasil, Colombia, Egipto, Irán, Rusia y Somalia.
La política ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos y de organismos internacionales. Tanto la agencia de la ONU para los refugiados como oficinas de derechos humanos han cuestionado estas medidas, al considerar que los migrantes y extranjeros tienen derecho al debido proceso.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la propuesta de una ciudadana de cambiar el nombre del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) por Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduanas (NICE, por sus siglas en inglés).
Fue el pasado 24 de marzo que la usuaria de la red social “X”, que se identifica con el nombre de “Alyssa” (@alyssamariiee11), dio a conocer su idea donde le pide al presidente hacer el cambio del acrónimo “ICE” por “NICE”.
“Quiero que Trump cambie ICE a NICE (National Immigration and Customs Enforcement) para que los medios tengan que decir “agentes NICE” todo el día todos los días”, señaló la usuaria de “X”.
I want Trump to change ICE to NICE (National Immigration and Customs Enforcement) so the media has to say NICE agents all day everyday
La idea de “Alyssa” pasó de ser una ocurrencia a una posibilidad luego de recibir la respuesta del mandatario estadounidense quien respondió en su red social Truth Social de que estaba de acuerdo.
“GREAT IDEA!!! DO IT” (“Gran idea. Háganlo”), respondió Trump a Alyssa Marie quien se identifica como periodista y seguidora de MAGA, según se lee en su cuenta de Instagram.
De ser aprobada la propuesta de cambiar este acrónimo, las personas podrían referirse al personal de ICE como “agentes NICE” o “agentes agradables” en español, lo que podría ayudar a cambiar la imagen negativa de este agrupamiento anti inmigrante.
En Filadelfia, la ciudad considerada la cuna de la democracia de Estados Unidos y en vísperas del 250 aniversario de la nación, ha nacido un nuevo frente de resistencia civil.
Bajo el nombre de “Estadounidenses Conectados”, ciudadanos originarios de más de 15 estados se han unido con un objetivo común: frenar las políticas de detención y deportación masiva que, aseguran, están devastando sus hogares y la estabilidad de sus comunidades.
La movilización ciudadana responde a una realidad estadística que, por lo general, pasa desapercibida en el debate político. De acuerdo con el Instituto de Política Migratoria, alrededor de 14 millones de ciudadanos estadounidenses y residentes legales conviven en hogares con al menos un inmigrante irregular. La interdependencia convierte las políticas migratorias en una amenaza directa para millones de ciudadanos estadounidenses.
Costo humano detrás de los números
En la reunión, los testimonios de las personas pintaron un cuadro de inestabilidad y trauma emocional que se amplía desde los salones de clase hasta las iglesias. Aquí varios ejemplos:
• Angela: maestra de Pensilvania, narró el calvario de su esposo, transportado 16 veces entre 11 centros de detención en solo 8 meses, incluso después de ganar su caso legal. “Siento que el sistema nos separa constantemente”, zanjó.
• Josue: un pastor de Texas describió el ambiente de terror que hay en su congregación, donde las familias han sido pilares fundamentales de la comunidad por años y ahora enfrentan la custodia de ICE.
• Nathaly: profesora de Nueva Jersey, alertó sobre las secuelas que ha dejado el tema migratorio en el sistema escolar: “Ese miedo acompaña a los estudiantes al aula, afectando su concentración, su asistencia y su capacidad para ser niños plenamente”.
