Category: Inmigracion

La posibilidad de que agentes federales, incluidos elementos del ICE, sean desplegados cerca de los centros de votación durante las elecciones intermedias ha generado preocupación entre organizaciones civiles y especialistas en derecho electoral. Aunque el presidente Donald Trump y algunos de sus aliados han insinuado la necesidad de reforzar la vigilancia para garantizar “elecciones honestas”, expertos sostienen que utilizar agentes armados para intimidar al electorado sería una violación de la legislación federal.

Un análisis publicado por el Brennan Center for Justice, elaborado por la abogada Hayne Yoon, explica que la ley estadounidense prohíbe expresamente que tropas o funcionarios federales armados intervengan en los procesos electorales o influyan en la participación ciudadana. El documento subraya que cualquier intento de intimidar a los votantes podría derivar en acciones judiciales inmediatas.

Las leyes prohíben la intimidación en las elecciones

El informe recuerda que normas federales como las secciones 18 U.S.C. §§ 592, 593 y 595 impiden que funcionarios civiles o militares desplieguen fuerzas armadas en lugares donde se desarrollan elecciones. Además, otras disposiciones castigan cualquier intento de intimidar o impedir que una persona ejerza su derecho al voto.

“A pesar de la amenaza implícita, la ley es clara: enviar agentes federales armados, como los de ICE, a los sitios de votación es ilegal”, señala el documento del Brennan Center for Justice.

La organización añade que estas disposiciones fueron creadas precisamente para evitar que un gobierno utilice el poder del Estado para influir en el resultado de una elección.

Autoridades y organizaciones preparan respuesta

El reporte también explica que fiscales, autoridades electorales y organizaciones de derechos civiles ya cuentan con estrategias legales para responder si llegara a registrarse un despliegue de agentes federales en centros de votación.

Entre las medidas previstas se encuentran la presentación de demandas para solicitar órdenes judiciales, ampliar los horarios de votación en caso de interrupciones y garantizar que ningún ciudadano deje de votar por temor.

Asimismo, el Brennan Center recomienda a la ciudadanía documentar cualquier incidente, reportarlo a las líneas de protección electoral y evitar difundir información sin verificar que pueda generar pánico o desalentar la participación.

Aunque hasta el momento no existe evidencia pública de un plan oficial para desplegar agentes federales en las urnas, especialistas consideran que las declaraciones de funcionarios han incrementado la inquietud entre organizaciones que vigilan el respeto a los derechos electorales y la democracia en el país.

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La campaña de detenciones y deportaciones del gobierno de Donald Trump no solo separa familias y cobra vidas. También reduce la fuerza laboral en sectores económicos cruciales y provoca un alza de precios en bienes y servicios, lo que un nuevo reporte de America’s Voice describe como “el impuesto de ICE”, y es cuantificable.

Según el informe, “los precios están subiendo más rápidamente en las categorías que más dependen de la mano de obra inmigrante”.

El reporte se basa en un análisis de los economistas Robert Lynch y Michael Ettlinger, de la firma Economic Insights and Research Consulting, del índice de precios al consumo que encontró que “durante los doce meses que finalizaron en junio de 2026, los precios básicos (excluyendo los alimentos y la energía) subieron un 2.6%, pero los bienes y servicios que requieren mucha mano de obra inmigrante registraron alzas muy superiores a esa cifra”.

Las alzas fluctuaron entre el 6.3% y el 32.1%. Por ejemplo, “la lechuga subió un 32.1%, la fruta en conserva un 7.9%, los cítricos frescos un 6.3%, las manzanas un 7.1%, el cuidado asistido a domicilio un 10.7%, la jardinería un 10.8%, y la leche un 9%”.

Desde que Trump asumió su segundo mandato, intensificó una violenta campaña de controles migratorios. Esto ha ido reduciendo la población inmigrante y trabajadora, y en consecuencia, la fuerza laboral estadounidense mediante deportaciones, autodeportaciones, la cancelación en masa de permisos de trabajo, por ejemplo, a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), y otras iniciativas para reducir tanto la inmigración autorizada como la indocumentada.

Esto a su vez impacta sectores de la economía que dependen de la mano de obra inmigrante e indocumentada. En la agricultura, 68% de los trabajadores son inmigrantes, 42% de ellos indocumentados. El 39.8% de los cuidadores a domicilio son inmigrantes, aproximadamente 220,000; y en la jardinería, 39% de los trabajadores son inmigrantes, 24% de esos indocumentados.

Otro sector que se ha visto afectado es el de la construcción donde 26% de los trabajadores son inmigrantes y la mitad de esos son indocumentados.

Según el reporte de America’s Voice, “la construcción se está estancando y las viviendas nuevas son más caras, precisamente donde la mano de obra inmigrante es más escasa”.

“Los estados y las regiones que más dependen de los trabajadores inmigrantes de la construcción están experimentando descensos en el empleo, una caída en las licencias de construcción, y un aumento en los precios de las viviendas nuevas, mientras que

las regiones menos dependientes (de mano de obra inmigrante) registran crecimiento”, agrega el reporte.

Por ejemplo, en el Oeste del país, donde el 25% de la fuerza laboral está compuesta por inmigrantes, el precio de las viviendas nuevas aumentó un 8.2%. Y en el Noreste, donde el 23 % de la fuerza laboral es de origen extranjero, el precio de las viviendas nuevas aumentó un 15.4 %. Pero en el Sur y el Medio Oeste, con menos inmigrantes en su fuerza laboral, el precio de las viviendas nuevas se mantuvo estable.

También se pierden puestos de trabajo ocupados por estadounidenses porque los operativos reducen la actividad económica en empresas y negocios y eso resulta en despidos, eliminación de plazas y reducciones salariales.

Según el reporte, “un análisis de los datos de nóminas de cientos de ciudades estadounidenses reveló que la oleada de medidas de control de 2025 supuso la pérdida estimada de 668,000 puestos de trabajo, con una estimación que oscila entre el límite conservador y el límite superior de entre 51,000 y 297,000 de esos puestos ocupados por trabajadores nacidos en Estados Unidos”.

“Donde ICE interviene, las economías locales se contraen para todos”, dice el análisis. Un estudio de la Wharton School de la

Universidad de Pennsylvania, encontró que cuando las operaciones de ICE se extienden a una zona metropolitana, el gasto de los consumidores se sitúa en un 6.2 % por debajo de lo normal, y la frecuencia de visitas a los comercios, en un 2.7 % por debajo de lo normal en el negocio medio, semana tras semana”.

“Si se extrapola a toda la economía, eso supone aproximadamente 8.1 mil millones menos visitas de clientes, y entre $3,000 y $14,000 millones de dólares en gasto perdido en un solo año, agrega el reporte, y “el daño recae con mayor dureza sobre las pequeñas empresas independientes”.

En resumen, la campaña de detenciones y deportaciones de Trump, ha reducido la fuerza laboral estadounidense bajo la falsa premisa de que están removiendo criminales, pero son trabajadores en sectores esenciales y su ausencia hace que los precios de bienes y servicios se disparen. Es el impuesto de ICE que todos pagamos.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) lanzó una nueva campaña para que el público reporte posibles casos de fraude migratorio, delitos y conductas de extranjeros que puedan afectar la seguridad nacional o pública.

La iniciativa, denominada Protect America Together, permite enviar información sobre personas, empresas u organizaciones sospechosas de utilizar documentos falsos, cometer fraude en solicitudes migratorias o participar en actividades violentas o vinculadas con terrorismo.

La agencia aclaró que los reportes deben referirse a personas extranjeras sospechosas de fraude, actos ilegales, amenazas, violencia o conductas relacionadas con inmigración.

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Qué se puede denunciar ante USCIS

El portal incluye una amplia variedad de situaciones. Entre ellas aparecen:

• Documentos falsos o alterados.
• Fraude matrimonial.
• Identidad falsa.
• Fraude en solicitudes de asilo.
• Abuso de visas laborales H-1B.
• Irregularidades en el programa de inversionistas EB-5.
• Declaraciones falsas de ciudadanía estadounidense.
• Registro o voto en elecciones federales por parte de personas no ciudadanas.
• Apoyo material a organizaciones terroristas.
• Amenazas, violencia o actividades que pongan en riesgo la seguridad pública.

USCIS también menciona conductas como promover el derrocamiento violento del gobierno, colaborar con grupos que busquen alterar la seguridad nacional o realizar actividades que la agencia considere incompatibles con los principios constitucionales.

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Las categorías que generan más controversia

El formulario oficial incluye expresiones especialmente amplias, como “odio hacia los valores estadounidenses” o conductas que demuestren “deslealtad” hacia Estados Unidos.

Esas frases no equivalen por sí solas a un delito y tampoco significan que cualquier crítica política pueda llevar automáticamente a una sanción migratoria. Sin embargo, su falta de una definición precisa abre interrogantes sobre cómo serán interpretadas por los funcionarios.

La administración de Donald Trump ya había incorporado en 2025 el análisis de supuestas posturas “antiestadounidenses” dentro de determinados procesos migratorios. USCIS indicó entonces que esas actividades podrían funcionar como un factor negativo al evaluar solicitudes de visas, residencia u otros beneficios.

Organizaciones migratorias y especialistas en libertades civiles cuestionaron la amplitud del criterio y advirtieron sobre posibles consecuencias para la libertad de expresión.

El director de USCIS, Joseph Edlow, sostuvo posteriormente que la política no busca castigar críticas al gobierno, sino identificar apoyo a organizaciones terroristas o ideologías violentas. También afirmó que cuestionar a una administración forma parte de la actividad política legítima en Estados Unidos.

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Cómo funciona el nuevo portal

La persona que presenta el reporte puede incluir el nombre del sospechoso, fecha de nacimiento, domicilio, número migratorio si lo conoce y una descripción detallada de los hechos.

También puede aportar documentos, fotografías u otra evidencia que ayude a verificar la denuncia. USCIS solicita información de contacto del denunciante, aunque presentar un reporte no garantiza que la agencia informe posteriormente sobre el resultado.

La información recibida puede ser revisada por USCIS o remitida a otras agencias federales cuando exista una posible infracción penal o un riesgo de seguridad.

Una denuncia no produce una deportación automática

Enviar un reporte no significa que la persona denunciada será arrestada, deportada o perderá de inmediato una visa, residencia o permiso de trabajo. La denuncia funciona como una pista. Antes de tomar una decisión, las autoridades deben analizar la información, revisar expedientes y determinar si existe evidencia suficiente de fraude, delito o una causal migratoria.

El portal tampoco reemplaza las vías de emergencia. Cuando exista una amenaza inmediata, la recomendación es contactar al 911 o a las autoridades correspondientes.

USCIS endurece sus controles

La campaña forma parte de un cambio más amplio dentro de USCIS. La agencia reforzó la revisión de solicitudes, amplió el control de redes sociales y creó una unidad con agentes capaces de ejecutar órdenes de registro, realizar arrestos y portar armas en investigaciones de fraude migratorio a gran escala.

Edlow señaló que esos agentes se concentrarán en esquemas complejos, como fraude masivo de asilo o matrimonios simulados, y no funcionarán como una fuerza policial general.

La nueva plataforma amplía ahora la participación del público en ese proceso. Pero también plantea un desafío: distinguir entre información verificable y denuncias falsas, maliciosas o motivadas por conflictos personales.

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La revelación de una tercera muerte de un inmigrante vinculado al centro de detención Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, incrementó esta semana la presión sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y reavivó el debate sobre las condiciones médicas y la transparencia en los centros de detención migratoria de Estados Unidos.

El representante demócrata por Nueva Jersey, Rob Menéndez, informó que la muerte ocurrió a finales de julio, antes del fallecimiento del salvadoreño Edwin López Cornejo, pero aseguró que el caso no fue dado a conocer públicamente debido a un cambio en la política de ICE para reportar los decesos de personas bajo su custodia. La información le fue confirmada durante una visita de supervisión sin previo aviso a Delaney Hall por funcionarios de ICE y de GEO Group, empresa privada que administra las instalaciones.

Con este caso, suman tres personas fallecidas relacionadas con el centro de detención desde que reanudó operaciones. Las otras víctimas fueron Jean Wilson Brutus, inmigrante haitiano fallecido en diciembre de 2025, y Edwin López Cornejo, quien murió el pasado fin de semana tras sufrir una emergencia médica.

ICE changed its policies to hide deaths of detained individuals and keep the number of publicly-reported fatalities as low as possible.

By “releasing” people from their custody right before they die, ICE avoids having to report or investigate these deaths – and they hide the? https://t.co/VPg3DbarZT

— Rep. Rob Menendez (@RepMenendez) August 6, 2026

Cuestionan cambios en el reporte de muertes

Según el relato de Menéndez, el tercer migrante comenzó a presentar síntomas compatibles con una convulsión poco después de haber ingresado a Delaney Hall. Personal médico solicitó una ambulancia y posteriormente el detenido fue trasladado al Hospital Universitario de Newark.

El congresista explicó que la oficina de ICE en Newark autorizó una liberación discrecional mientras la persona era trasladada al hospital. Debido a que dejó formalmente de estar bajo custodia de la agencia antes de fallecer, el caso no habría sido incluido en los reportes oficiales de muertes.

Menéndez sostuvo que el cambio responde a una modificación reciente en los criterios de notificación de ICE, mediante la cual ya no se informan públicamente algunos fallecimientos ocurridos después de que un detenido es liberado de manera formal, situación que, afirmó, limita la rendición de cuentas. Hasta el momento, ICE no ha identificado públicamente a la tercera persona fallecida ni ha emitido una explicación oficial sobre el caso, mientras que el Hospital Universitario declinó hacer comentarios citando la privacidad del paciente.

I’ve been notified of another death in ICE custody.

This is the 55th death under Trump’s second term and the second reported death at Delaney Hall in less than 8 months.

We must end the use of these deadly private prisons and reform our country’s cruel detention policies.

— Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) August 4, 2026

Crecen las críticas por la atención médica

La denuncia ocurre apenas días después de la muerte de Edwin López Cornejo. De acuerdo con el congresista, el salvadoreño manifestó sentirse cansado y mareado mientras almorzaba antes de desplomarse en la unidad médica. Recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar y fue trasladado al hospital, donde fue declarado muerto.

La familia de López Cornejo aseguró que un día antes había informado que se sentía mal y que presentaba entumecimiento en una mano y parte del rostro. Documentos judiciales también indican que padecía epilepsia, hipertensión e hiperglucemia y requería tratamiento médico continuo, aunque la causa oficial de su fallecimiento permanece bajo investigación.

Las tres muertes han intensificado las críticas contra Delaney Hall, donde anteriormente se registraron protestas, huelgas de detenidos y demandas por presuntas deficiencias médicas, alimentos en mal estado y condiciones insalubres. La Coalición Inmigrante de Nueva York calificó el nuevo caso como “una tragedia devastadora que debería haberse evitado” y afirmó que refleja un patrón de problemas en la atención a personas detenidas.

Mientras tanto, organizaciones civiles, legisladores y autoridades locales continúan exigiendo una investigación independiente sobre el funcionamiento del centro y mayor transparencia por parte de ICE respecto a las muertes ocurridas bajo su responsabilidad.

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La detención del profesor Berhanu Kibret, integrante de la Universidad de Maryland (UMD) y recientemente reconocido como Profesor del Año, ha generado preocupación dentro del ámbito académico del país, luego de que fuera arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando intentaba abordar un vuelo en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth.

De acuerdo con información difundida por CBS Baltimore y un comunicado oficial de la universidad, el académico, originario de Etiopía, regresaba de una conferencia organizada por la Asociación Estadounidense de Facultades de Farmacia, donde acababa de recibir el reconocimiento a su trayectoria docente.

La versión del DHS y la defensa de la universidad

La Universidad de Maryland aseguró que el investigador contaba con una autorización de trabajo válida y expresó su confianza en que la situación pudiera resolverse rápidamente.

“El Dr. Kibret cuenta con una autorización de trabajo válida, por lo que esperamos que cualquier problema relacionado con su situación se resuelva rápidamente”, señaló la institución en un comunicado.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo una versión distinta. En declaraciones retomadas por el medio señalado, la dependencia informó que el profesor ingresó a Estados Unidos el 21 de junio de 2021 con una visa cuya vigencia terminó el 31 de mayo de 2024 y que permaneció en el país después del periodo autorizado.

El organismo añadió que el académico permanecerá bajo custodia de ICE mientras enfrenta su proceso migratorio.

Crecen los arrestos en aeropuertos de EE.UU.

El caso de Berhanu Kibret no es aislado. En las últimas semanas se han reportado más detenciones de inmigrantes en aeropuertos estadounidenses, en medio de una mayor coordinación entre ICE y la Administración de Seguridad del Transporte (TSA).

Uno de los casos más recientes fue el de Fatima Ameaka, investigadora de la Universidad Johns Hopkins, arrestada el 28 de julio en el aeropuerto Baltimore-Washington. Según el DHS, también permaneció en el país más tiempo del permitido por su visa. Días después fue liberada mientras espera la resolución de su caso ante un tribunal de inmigración.

Las recientes detenciones han provocado inquietud entre instituciones educativas y organizaciones civiles, que advierten sobre el impacto que estas acciones podrían tener en investigadores, docentes y estudiantes extranjeros que desarrollan actividades académicas en el país.

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La política migratoria del presidente Donald Trump ha alcanzado a un grupo que durante años contó con protecciones especiales: los familiares directos de integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Una investigación de The Associated Press documentó que más de 50 padres y cónyuges de militares en servicio activo han sido detenidos por ICE desde el inicio del segundo mandato del mandatario.

De acuerdo con el reportaje, al menos seis personas ya fueron deportadas, una salió voluntariamente del país y ocho permanecen bajo custodia migratoria. La agencia señala que el gobierno no lleva un registro oficial de estos casos y que la cifra real podría ser mayor.

Un cambio que preocupa a las Fuerzas Armadas

Durante décadas existió un consenso bipartidista para evitar la deportación de familiares directos de militares mientras regularizaban su situación migratoria. Sin embargo, la agencia encontró que ahora varios de ellos han sido arrestados incluso durante citas con autoridades migratorias, cuando buscaban acceder a beneficios legales disponibles para las familias de quienes sirven en el Ejército.

El impacto también ha llegado a los cuarteles. Algunos militares han tenido que retrasar despliegues, solicitar licencias o asumir solos el cuidado de sus hijos tras la detención de sus esposas o padres.

“¿Cómo puedo siquiera concentrarme en mi carrera militar si tengo que preocuparme por cómo está mi esposa?”, declaró a AP el sargento Hedar Leonel Turcios Juárez, cuya esposa fue detenida frente a su hija de seis años.

El DHS defiende la política

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió al mismo medio que el servicio militar de un familiar “no otorga automáticamente un estatus migratorio legal ni exime a los extranjeros de las consecuencias de violar las leyes de inmigración”.

No obstante, exfuncionarios del propio ICE consideran que la estrategia representa un cambio radical respecto a administraciones anteriores.

“No los someteríamos a un proceso de deportación, punto. Eso es una locura”, afirmó Dan Gividen, exsubdirector jurídico del ICE durante la primera administración Trump.

La investigación también revela que los tiempos para obtener beneficios migratorios dirigidos a familias de militares se han duplicado, lo que las deja más expuestas a ser detenidas mientras esperan una resolución.

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