Category: Inmigracion

  • Cámara de Representantes busca aprobar fondos para DHS tras 76 días de cierre parcial

    Cámara de Representantes busca aprobar fondos para DHS tras 76 días de cierre parcial

    La Cámara de Representantes se prepara para votar un proyecto de ley que permitiría financiar gran parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en un intento por poner fin a un cierre parcial que ya suma 76 días. A decir de Politico, la acción refleja la presión creciente dentro del Partido Republicano para resolver una crisis que afecta a miles de trabajadores federales.

    El presidente de la Cámara, Mike Johnson, ha retrasado durante semanas la votación mientras buscaba consenso dentro de su bancada. Sin embargo, con el receso legislativo a la vuelta de la esquina, la Casa Blanca y varios legisladores han intensificado las negociaciones para destrabar el proyecto aprobado previamente por el Senado.

    La iniciativa contempla financiar agencias clave del DHS, como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Guardia Costera y la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), pero deja fuera a dos de las más polémicas: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza. Este punto ha sido el principal obstáculo político, ya que los republicanos buscan garantizar recursos para estas agencias mediante un paquete separado.

    “Tenemos que asegurarnos de que esas dos agencias cruciales reciban financiación completa, y los republicanos tenemos que hacerlo por nuestra cuenta”, declaró Johnson ante medios, dejando claro que la estrategia pasa por avanzar en paralelo con otras medidas presupuestarias.

    El proyecto necesitará el respaldo de dos tercios de la Cámara para su aprobación, lo que obligará a sumar votos demócratas. La tensión entre ambos partidos ha sido constante desde el inicio del cierre, que comenzó el 14 de febrero tras desacuerdos sobre las políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump.

    Mientras tanto, funcionarios han advertido sobre las consecuencias de prolongar la falta de financiamiento. Legisladores cercanos al proceso han señalado que los fondos de emergencia están cerca de agotarse, lo que podría dejar sin salario a miles de empleados federales.

    En tanto, los republicanos avanzan en una estrategia alternativa para asegurar recursos a largo plazo para el ICE y la Patrulla Fronteriza mediante un paquete presupuestario que podría alcanzar los 70 mil millones de dólares en los próximos años. Este mecanismo permitiría sortear la oposición demócrata en el Senado utilizando reglas especiales de aprobación.

    El desenlace de esta votación será clave no solo para reactivar el funcionamiento del DHS, sino también para definir el rumbo de la política migratoria.

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  • Congreso aprueba reabrir partes clave del DHS tras cierre histórico

    Congreso aprueba reabrir partes clave del DHS tras cierre histórico

    El Congreso dio un paso clave para destrabar una de las crisis administrativas más prolongadas del año al aprobar el financiamiento de gran parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), poniendo fin a un cierre parcial que se extendió por 75 días. La decisión fue avalada por la Cámara de Representantes tras semanas de tensión política.

    De acuerdo con NBC News, el proyecto de ley, previamente aprobado por el Senado, fue respaldado “a viva voz” en la Cámara, un mecanismo que evita el registro individual de votos. Ahora, el documento será enviado al presidente Donald Trump, quien ya adelantó que lo firmará para convertirlo en ley.

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  • Infancias con miedo: el otro rostro del Día del Niño

    Infancias con miedo: el otro rostro del Día del Niño

    Esta semana, miles de familias celebrarán el Día del Niño, un día para honrar la infancia y recordar que todos los niños merecen crecer con amor y protección. Sin embargo, para miles de niños en este país, esta celebración está marcada por la amenaza constante de ser separados de sus padres debido a las políticas migratorias del gobierno del presidente Trump.

    Así, mientras algunos niños abren regalos, otros aprenden a memorizar números de teléfono “por si acaso”. Mientras unos reciben dulces, otros cargan preguntas que ningún niño debería hacerse: ¿y si hoy mi mamá no regresa? ¿y si mi papá desaparece en el camino al trabajo?

    Esta situación no es una exageración. Más de 11,000 niños ciudadanos estadounidenses han quedado sin uno o ambos padres como consecuencia de las deportaciones. Otros menores han sido separados de sus familias sin el debido proceso, vulnerando derechos fundamentales.

    Lejos de ser hechos aislados, estos ejemplos muestran un patrón que continúa profundizándose y que hoy también se refleja en el aumento de detenciones que impactan directamente a la niñez. En el último año, más de 6,200 niños han sido detenidos por ICE, una cifra que evidencia hasta qué punto estas políticas están alcanzando a los más vulnerables.

    El impacto de este clima de miedo, además, no se limita a la separación familiar. Desde 2025, las escuelas, los hospitales y las iglesias —los espacios que deberían ser sagrados para la infancia— han dejado de ser percibidos como lugares seguros. Las políticas migratorias de este gobierno no solo han endurecido la vigilancia, sino que también han sembrado un miedo profundo que disuade a las familias de buscar atención médica, de enviar a sus hijos a la escuela o de acudir a servicios esenciales. El resultado es devastador: niños que crecen aislados de los sistemas que deberían protegerlos.

    Por si fuera poco, el golpe económico también se siente en las mesas de nuestros hogares. Según estimaciones de FWD.us, las deportaciones masivas y la cancelación de permisos de trabajo podrían costarle a la familia promedio en Estados Unidos hasta $2,150 adicionales al año en 2028. El gasto semanal en alimentos podría aumentar de $165 a $195 y el precio de una vivienda nueva podría incrementarse en cerca de $48,000. Son cifras que reflejan una realidad clara: estas políticas no solo afectan a las familias inmigrantes, sino también a todo el país.

    Mientras tanto, a pesar de este contexto, las familias en Estados Unidos han sido consistentes en sus prioridades: quieren que Washington se enfoque en reducir el costo de la vida y en invertir en programas esenciales como el cuidado infantil, la salud y el cuidado de las personas mayores. Sin embargo, el proyecto de financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional impulsa lo contrario. Destina recursos a intensificar el caos en nuestras comunidades, a detenciones crueles de niños y familias, y a deportaciones que eliminan trabajadores clave en sectores como la construcción, la agricultura, la salud y el cuidado infantil.

    En consecuencia, nuestro país necesita un sistema migratorio que sea seguro y ordenado, sí, pero también humano. Uno que equilibre la seguridad con la compasión. Lo que no necesitamos son recortes en la salud ni políticas basadas en la crueldad.

    En este Día del Niño, mientras cantamos y celebramos, no perdamos de vista a ese niño que se acuesta con miedo,un miedo nacido de políticas migratorias que continúan separando familias y vulnerando derechos fundamentales.Ese niño que ha aprendido a vivir con la incertidumbre como parte de su rutina, representa la consecuencia más dolorosa de estas decisiones. Frente a esa realidad, la pregunta es inevitable: ¿qué tipo de país queremos ser?

    Debemos aspirar a ser un país donde ninguna madre tema llevar a su hijo al médico o a la escuela. Donde ningún niño cruce la puerta del salón con la angustia de no saber si su familia seguirá intacta al final del día. Un país donde la infancia no esté atravesada por el miedo, sino resguardada por la dignidad y el cuidado colectivo. Eso es lo que merece cualquier niño. Y eso es lo que debemos exigir a nuestros legisladores, no solo el 30 de abril, sino cada día del año.

    (*) Linda Stone es directora de Mamás con Poder.

    Los textos publicados en esta sección son responsabilidad única de los autores, por lo que La Opinión no asume responsabilidad sobre los mismos.

    Referencias

    1. Center for Children and Families, Georgetown University. “Critical Threats to Child and Family Health Intensify in 2026.” Feb. 2026. https://ccf.georgetown.edu/2026/02/06/critical-threats-to-child-and-family-health-intensify-in-2026-here-is-what-we-are-watching-at-ccf/
    2. Physicians for Human Rights & Migrant Clinicians Network. “ICE Tactics and Deportation Fears Limit Access to Health Care for Children of Immigrants.” Nov. 2025. https://phr.org/news/ice-tactics-and-deportation-fears-limit-access-to-health-care-for-children-of-immigrants-survey/
    3. Children Thrive Action Network. “Factsheet on Children in Mixed-Status Families and Current Policy Threats.” Mar. 2025. https://childrenthriveaction.org/wp-content/uploads/2025/03/Factsheet-on-Children-in-Mixed-Status-Families-and-Current-Policy-Threats.pdf
    4. Center for Children and Families, Georgetown University. “Public Charge Changes Will Have Far-Reaching Consequences for Children.” Nov. 2025. https://ccf.georgetown.edu/2025/11/21/public-charge-changes-will-have-far-reaching-consequences-for-children-pregnant-women-and-families-and-sow-fear-in-immigrant-communities/
    5. Chowdhury, Jennifer. “For Children of Immigrants, Immigration Enforcement Fuels Mental Health Crisis.” Prism Reports, nov. 2025. https://prismreports.org/2025/11/17/immigrant-children-mental-health/
    6. Society for Research in Child Development. “How the Threat of Deportation Affects Children in Latino Immigrant Families.” https://www.srcd.org/research/how-threat-deportation-affects-children-latino-immigrant-families
    7. The Budget Lab at Yale. “State of U.S. Tariffs: November 17, 2025.” https://budgetlab.yale.edu/research/state-us-tariffs-november-17-2025
    8. Center on Budget and Policy Priorities. “Trump Administration, Congressional Republicans Are Worsening Affordability Challenges.” Dic. 2025. https://www.cbpp.org/research/poverty-and-inequality/trump-administration-congressional-republicans-are-worsening
    9. Food Research & Action Center (FRAC). “USDA Food Security Report Reveals 47.9 Million Americans Facing Hunger.” Dic. 2025. https://frac.org/news/usdafoodsecurityreportdec2025
    10. Economic Policy Institute. “Cuts to SNAP Benefits Will Disproportionately Harm Families of Color and Children.” https://www.epi.org/blog/cuts-to-snap-benefits-will-disproportionately-harm-families-of-color-and-children/
    11. HipLatina / Pew Research Center. “How Cuts to SNAP Benefits Affected the Latine Community.” Nov. 2025. https://hiplatina.com/snap-benefits-latine-community/
  • Inmigrante venezolano se declara inocente por la muerte de Sheridan Gorman una estudiante de Loyola en Chicago

    Inmigrante venezolano se declara inocente por la muerte de Sheridan Gorman una estudiante de Loyola en Chicago

    El inmigrante venezolano José Medina, de 26 años, acusado de la muerte de Sheridan Gorman, una estudiante de la Universidad Loyola en Chicago, se declaró inocente durante una audiencia judicial en la que enfrentó por primera vez a los padres de la víctima.

    Medina compareció ante el Tribunal Penal Leighton con uniforme caqui de la cárcel del Condado de Cook y caminando con ayuda de un bastón. Durante la audiencia se dirigió al juez Alfredo Maldonado en español con apoyo de un intérprete.

    Cargos por asesinato y múltiples delitos

    El acusado enfrenta cargos de asesinato en primer grado y otros 18 delitos relacionados con la muerte de Sheridan Gorman, de 18 años, estudiante de primer año de la Universidad Loyola.

    La audiencia contó con la presencia de los padres de la víctima, así como otros familiares y estudiantes de la universidad.

    Detalles del caso presentado por la fiscalía

    De acuerdo con la fiscalía, el hecho ocurrió la madrugada del 19 de marzo en una playa de Rogers Park, cerca del campus universitario, cuando la estudiante caminaba con amigos.

    Las autoridades señalan que Medina habría salido de entre unos arbustos y presuntamente abrió fuego contra Gorman y su grupo.

    Contexto migratorio y versiones contrapuestas

    El caso ha generado atención internacional debido a cuestionamientos sobre las políticas migratorias en Illinois. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que Medina es un inmigrante indocumentado que fue detenido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) el 9 de mayo de 2023 y posteriormente liberado dentro de Estados Unidos.

    Sin embargo, la defensora pública del acusado, Julie Koehler, sostuvo que Medina se entregó a autoridades en Texas en 2023, permaneció detenido y solicitó ser deportado a Colombia, país donde habría vivido previamente, pero fue trasladado a Chicago.

    Reacción de la familia de la víctima

    Tras la audiencia, los padres de Sheridam Gorman hablaron públicamente por primera vez desde el incidente y exigieron justicia.

    El padre, Thomas Gorman, afirmó que el proceso apenas comienza y que la familia seguirá cada etapa del caso hasta lograr una rendición de cuentas.

    La madre, Jessica, agradeció el apoyo recibido y describió a su hija como “hermosa por dentro y por fuera”.

    Debate público y postura de la familia

    El caso ha sido mencionado por críticos de las políticas de “ciudad santuario” en Chicago, mientras que el presidente Donald Trump y otros sectores conservadores han responsabilizado esas políticas por el crimen.

    Sin embargo, el padre de la víctima pidió que el caso no sea utilizado en debates políticos y afirmó que la familia no busca eslóganes ni discusiones partidistas, sino evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.

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  • Debate sobre el ICE deja sin respuesta a Ala Stanford, candidata demócrata al congreso de Pensilvania

    Debate sobre el ICE deja sin respuesta a Ala Stanford, candidata demócrata al congreso de Pensilvania

    Ala Stanford, candidata demócrata al Congreso por Pensilvania, planteó dudas sobre la estructura actual del sistema migratorio en Estados Unidos durante una entrevista televisiva en vivo, en la que fue cuestionada sobre quién haría cumplir las leyes si se eliminara el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

    Las declaraciones se produjeron durante una conversación el viernes con la periodista Lauren Mayk de NBC Philadelphia, mientras Stanford abordaba su campaña por el tercer distrito congresional de Pensilvania.

    Pausa en vivo ante pregunta sobre reemplazo de ICE

    Durante la entrevista, Mayk insistió en saber qué agencia asumiría las funciones de control migratorio si el ICE fuera abolido. Stanford hizo una pausa antes de responder y reconoció la complejidad de la pregunta.

    “Es una buena pregunta, y puedes hacer una pausa porque solo quiero pensarlo un minuto”, señaló la candidata.

    La periodista respondió que debían continuar con la entrevista sin interrupciones, por lo que Stanford retomó el diálogo sin nombrar una agencia sustituta.

    Críticas al poder ejecutivo en materia migratoria

    Stanford sostuvo que la responsabilidad del sistema migratorio no debería recaer en el poder ejecutivo, sino en el Congreso.

    “No le corresponde al poder ejecutivo. Por lo tanto, no al presidente. Le corresponde al Congreso”, afirmó.

    También criticó el enfoque de la administración del presidente Donald Trump en materia de inmigración, al señalar que las decisiones han estado influenciadas por intereses políticos y no por la seguridad pública.

    Postura sobre el futuro del sistema migratorio

    Ante la insistencia sobre quién haría cumplir la ley en ausencia del ICE, Stanford señaló que cualquier nuevo sistema tendría que construirse desde cero.

    “Así que no se puede; una vez que se disuelve, hay que reconstruir”, dijo, al tiempo que cuestionó la estructura actual del organismo.

    También afirmó que el nombre ICE tiene una carga negativa que dificultaría su continuidad bajo cualquier reforma.

    “Creo que a estas alturas la connotación de esa palabra es tan negativa que se necesitaría un nombre nuevo”, expresó.

    Enfoque sobre seguridad fronteriza y migración

    Stanford defendió una visión que combine seguridad fronteriza con un enfoque humanitario hacia los migrantes.

    “Las personas que vienen a este país aportan valor, diversifican y han ayudado a construir Estados Unidos”, señaló.

    Agregó que los migrantes que llegan al país buscan un refugio y que el sistema debería reflejar ese principio.

    Candidatura en Pensilvania

    Ala Stanford compite por el escaño que dejará vacante el representante Dwight Evans. En un distrito con fuerte inclinación demócrata, el proceso de primarias será clave para definir al próximo miembro del Congreso.

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  • La Corte Suprema debate futuro del TPS para haitianos y sirios

    La Corte Suprema debate futuro del TPS para haitianos y sirios

    La Corte Suprema escuchó argumentos sobre la iniciativa de la Casa Blanca para eliminar las protecciones legales de inmigrantes haitianos y sirios, en un caso que podría dejar sin estatus legal a miles de personas en el país.

    Posible impacto en cientos de miles de migrantes

    Si la administración logra una decisión favorable, podría avanzar con la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para aproximadamente 350,000 haitianos y 6,000 sirios. Mientras el caso se resuelve, las protecciones continúan vigentes.

    El programa TPS, vigente desde 1990, ofrece estatus legal y autorización de trabajo a personas provenientes de países afectados por guerras, desastres naturales u otras crisis, con renovaciones de hasta 18 meses.

    Origen de las protecciones para Haití y Siria

    Los ciudadanos haitianos han podido acceder al TPS desde el terremoto de 2010, mientras que los sirios lo obtuvieron en 2012 durante la guerra civil en la que gobernaba Bashar al-Assad, quien dejó el poder en 2024.

    La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que ambos países ya no cumplían las condiciones para mantener el estatus, al considerar que las circunstancias habían mejorado.

    Argumentos del gobierno y disputa legal

    El procurador general D. John Sauer defendió que las decisiones sobre el TPS no deben ser revisables por los tribunales, basándose en la interpretación de la ley federal que regula el programa.

    Sauer sostuvo que la normativa “prohíbe la revisión judicial tanto de la decisión final del secretario como de cada paso previo”.

    Los abogados que se oponen a la medida argumentaron que la cancelación del TPS no fue debidamente consultada con agencias federales y que estuvo influenciada por motivaciones políticas.

    Debate sobre los límites del poder judicial

    Durante la audiencia, el centro del debate fue si el Poder Judicial puede revisar decisiones del Ejecutivo sobre el TPS. Varios magistrados conservadores cuestionaron la posibilidad de intervención judicial, mientras los jueces liberales mostraron mayor apertura a revisar el caso.

    El juez Samuel Alito y el juez Clarence Thomas expresaron dudas sobre la capacidad de los tribunales para intervenir, citando el lenguaje amplio de la ley.

    Argumentos de los demandantes

    El abogado Geoffrey Pipoly, representante de los demandantes haitianos, sostuvo que la decisión estuvo influenciada por animadversión hacia inmigrantes no blancos y comentarios previos del presidente Donald Trump.

    Por su parte, el abogado Ahilan Arulanantham, que representa a los demandantes sirios, afirmó que aunque el secretario tiene autoridad para revocar el TPS, debe hacerlo conforme a las normas establecidas por el Congreso.

    El TPS en disputa

    La administración del presidente Donald Trump también ha buscado terminar el TPS para otros países como El Salvador, Honduras, Nepal y Afganistán, lo que podría afectar litigios en curso relacionados con Somalia, Myanmar y Etiopía.

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  • Organizaciones advierten sobre el riesgo de viajeros a Los Ángeles para el Mundial

    Organizaciones advierten sobre el riesgo de viajeros a Los Ángeles para el Mundial

    Organizaciones de derechos civiles, como Amnistía Internacional, emitieron una advertencia de viaje a los aficionados que tienen planes de viajar a ciudades como Los Ángeles para asistir al Mundial 2026 debido a la aplicación de las políticas migratorias.

    Los organismos civiles dijeron que en el caso de Los Ángeles, los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han generado un clima de creciente autoritarismo, tensiones sociales y episodios de violencia, que han ocasionado un deterioro en la situación de los derechos humanos.

    “Cuando quedan seis semanas para que comience el Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aún no ha dado a conocer públicamente cómo afición, periodistas y comunidades locales estarán a salvo de detenciones arbitrarias, deportaciones masivas y la represión de la libertad de expresión“, declaró el director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, Steve Cockburn.

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    Según el informe, las ciudades donde se tienen programados partidos del Mundial 2026, como en el caso de Los Ángeles, registraron un aumento en el número de redadas de inmigración, que derivó en denuncias de discriminación racial y represión durante las protestas civiles.

    Ante la situación, los organismos internacionales de derechos civiles advirtieron que este entorno puede impactar directamente a los visitantes extranjeros durante el Mundial, que inicia el 11 de junio, especialmente en zonas con alta presencia de comunidades inmigrantes.

    Desde junio de 2025, el área de Los Ángeles y las comunidades inmigrantes del sur de California han sido objetivo de operativos por parte de agencias federales con el propósito de arrestar a inmigrantes indocumentados para deportarlos.

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    Las advertencias que emitieron los organismos no gubernamentales internacionales incluyen diversas situaciones de riesgo que pudieran enfrentar los viajeros, entre ellas:

    • Negación arbitraria de entrada a Estados Unidos.
    • Detenciones en condiciones consideradas inhumanas.
    • Revisiones invasivas de teléfonos celulares y redes sociales.

    La serie de señalamientos por parte de Amnistía Internacional y otras entidades mundiales encendió las alarmas entre grupos defensores de los derechos humanos, que consideraron que no existen las garantías suficientes por parte del gobierno estadounidense, ni de las ciudades anfitrionas ni de la FIFA.

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    El presidente de la Asociación de Viajes de Estados Unidos, Geoff Freeman, no estuvo de acuerdo con la advertencia al afirmar que, aunque existen preocupaciones legítimas sobre las políticas de ingreso al país, estas son exageradas.

    “El planteamiento de que visitar Estados Unidos representa un riesgo significativo no es una advertencia de buena fe, sino una táctica política diseñada para causar perjuicios económicos“, declaró Freeman en una entrevista con la cadena Univision.

    Desde el regreso de Trump a la presidencia, en enero de 2025, Estados Unidos registró una caída en el número de visitantes internacionales tras las controversias diplomáticas y las restricciones de viaje para ciudadanos de 19 países.

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    Sin embargo, la celebración del Mundial 2026 representa un impulso clave para el sector del turismo, especialmente en Los Ángeles, que tiene programados ocho partidos en el SoFi Stadium de Inglewood.

    Las autoridades confían en que medidas como la agilización de visas y el interés global por el fútbol mitiguen las preocupaciones de los visitantes.

    A pesar de esa confianza, las organizaciones civiles de derechos humanos insistieron en que no existen garantías para los visitantes.

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  • Emmer cuestiona a Walz por atribuciones tras redadas federales en Minnesota

    Emmer cuestiona a Walz por atribuciones tras redadas federales en Minnesota

    Tom Emmer, líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, cuestionó públicamente al gobernador demócrata Tim Walz tras una serie de operativos federales realizados en Minneapolis, acusándolo de adjudicarse méritos que, según afirmó, corresponden a agencias federales.

    La polémica surgió después de que el Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ejecutaran órdenes de registro en 22 empresas sospechosas de fraude. Las redadas forman parte de una investigación en curso relacionada con un esquema que involucra guarderías, el programa Medicaid y la comunidad inmigrante somalí en Minnesota.

    Emmer rechaza que Walz se atribuya el mérito

    Emmer aseguró que las acciones fueron dirigidas exclusivamente por autoridades federales, incluyendo el FBI, y rechazó las declaraciones del gobernador.

    “Más tonterías de nuestro gobernador”, expresó, al tiempo que afirmó que Walz no debería atribuirse el mérito de los operativos.

    El congresista también lanzó críticas más amplias, señalando que durante la administración estatal se habrían perdido $9,000 millones de dólares en fondos públicos. “Lo único de lo que el gobernador debería responsabilizarse es de haber permitido que se robaran 9 mil millones de dólares de los contribuyentes durante su mandato”, declaró.

    Walz defiende cooperación entre agencias

    Por su parte, Walz defendió la participación de agencias estatales en la detección del presunto fraude. En un mensaje publicado en la plataforma X, sostuvo que las redadas fueron posibles gracias a que autoridades estatales identificaron irregularidades y compartieron la información con instancias federales.

    “Si cometes fraude en Minnesota, te atraparán”, escribió el gobernador, quien destacó la cooperación entre distintos niveles de gobierno como clave para el éxito de las investigaciones.

    Además, Walz solicitó una investigación conjunta en torno a las muertes de Alex Pretti y Renee Good, ocurridas durante enfrentamientos con agentes federales de inmigración, instando a que se profundicen las indagaciones.

    Críticas adicionales y respuesta federal

    Las declaraciones del gobernador fueron rechazadas nuevamente por Emmer, quien, a través de su equipo, calificó sus afirmaciones como “absurdas”. Un portavoz comparó la situación con “un pirómano que se atribuye el mérito de apagar un incendio”.

    El Departamento de Justicia de también respondió directamente a Walz, señalando en su cuenta oficial que el gobernador ha estado “demandando, no compartiendo”.

    La agencia federal solicitó información adicional al gobierno estatal para avanzar en la investigación, incluyendo datos del programa SNAP, registros electorales y acceso a información sobre extranjeros con antecedentes penales en centros de detención.

    La disputa refleja tensiones entre autoridades estatales y federales en torno a la autoría y gestión de las investigaciones, mientras continúa el proceso por el presunto fraude en Minnesota.

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  • ICE enfrenta acusaciones de abandono médico a inmigrante detenido

    El caso de un inmigrante ucraniano detenido en Miami ha encendido nuevas alertas sobre las condiciones dentro de los centros de detención migratoria. De acuerdo con Miami New Times, la familia y los abogados de Andriy Shepitsen denuncian que el hombre pasó meses sin recibir la medicación psiquiátrica que necesita, lo que habría provocado un grave deterioro en su salud mental.

    Shepitsen, de 46 años y originario de Kiev, fue detenido en diciembre de 2025 por el ICE tras vencer su visa de estudiante. Desde entonces, ha sido trasladado por varios centros de detención en Florida, incluido el de Krome, en Miami.

    Según su esposa, Svitlana Shepitsena, el cambio ha sido devastador. “Ahora mismo está en su propio mundo porque lleva mucho tiempo sin recibir su medicación. Su estado es terrible”, declaró al medio. El hombre padece trastorno bipolar y depresión mayor, condiciones para las que tenía tratamiento diario antes de ser detenido.

    La defensa sostiene que, pese a informar en repetidas ocasiones sobre pensamientos suicidas, Shepitsen no recibió la atención adecuada durante meses. Incluso inició una huelga de hambre que se prolongó cerca de 60 días y requirió hospitalización. Aunque ya no está en huelga, aseguran que ha perdido más de 27 kilos y sigue teniendo dificultades para alimentarse.

    “Nos preocupa mucho lo que sucedería si regresara a Ucrania”, afirmó su abogada, Katie Blankenship. “Seguiremos luchando por todos los medios posibles”.

    El caso también ha generado controversia por la respuesta oficial. En un comunicado citado por Miami New Times, el Departamento de Seguridad Nacional negó las acusaciones y sostuvo que el detenido ha tenido acceso a atención médica. “ICE nunca negó la atención médica adecuada”, indicó la agencia, que además aseguró que el propio Shepitsen se ha negado a tomar sus medicamentos.

    Sin embargo, la defensa lo desmiente y afirma que el acceso al tratamiento ha estado condicionado, lo que agrava su estado físico y mental. “Su cuerpo está completamente colapsado”, señaló Blankenship.

    El caso de Shepitsen ocurre en un contexto más amplio de críticas a las políticas migratorias y a las condiciones en centros de detención. Organizaciones de derechos humanos han señalado que los sistemas de salud dentro de estas instalaciones suelen ser insuficientes, especialmente para personas con padecimientos mentales.

    Mientras el gobierno busca su deportación a un afectado por la guerra, su familia insiste en que necesita atención médica urgente.

    Busque ayuda / Revise información enLínea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis

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  • Organización para asistencia de refugiados defiende legalidad del TPS ante la Corte Suprema

    Organización para asistencia de refugiados defiende legalidad del TPS ante la Corte Suprema

    El Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP, por sus siglas en inglés) presentó este jueves sus argumentos ante la Corte Suprema en representación de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) en medio de la disputa por si el gobierno de Donald Trump tiene facultad de anular este programa que afectaría a cientos de miles de migrantes de Haití y Siria.

    Pese a que el fallo de la corte afectará directamente a los beneficiarios de estos dos países, la resolución tiene el potencial de impactar a 1.3 millones de personas procedentes de todos los países designados con TPS. La disputa se centra en el respeto a los controles y equilibrios constitucionales frente a las decisiones de la administración presidencial.

    “Si bien no sabemos qué decidirá finalmente la Corte Suprema, sabemos que lo que está en juego no podría ser más importante. La decisión de la Corte determinará el futuro no solo de cientos de miles de beneficiarios de TPS haitianos y sirios, sino potencialmente de 1.3 millones de personas de todos los países designados con TPS“, declaró Sharif Aly, presidente del IRAP en declaracione recogidas por NP Agency.

    Dilema en la corte ante posible anulación del TPS

    Asimismo, el líder de la organización precisó que la Corte se enfrenta ahora a la elección sobre si mantendrá los controles y equilibrios “en el corazón de la Constitución”, o si Trump “puede pasar por encima de las leyes creadas por el Congreso”.

    “De igual importancia es la cuestión moral de si nuestro país desestabilizará a innumerables familias, comunidades y la economía al despojar del estatus legal a las personas que lo tienen y enviarlas de regreso al peligro en Haití, Siria y más allá”, agregó.

    Presencia de beneficiarios frente a la Corte

    Durante la jornada, cientos de beneficiarios se manifestaron frente a la sede judicial para exigir estabilidad migratoria. La representación legal enfatizó que diversas instancias judiciales han fallado previamente indicando que las agendas políticas no pueden sustituir la voluntad legislativa.

    “Los beneficiarios de TPS viven con miedo todos los días, sin saber si podrán quedarse con sus familias y en sus comunidades. Corte tras corte ha dictaminado que la agenda política del Presidente no puede anular la voluntad del Congreso. Hoy, argumentamos ante la corte más alta del país que la administración Trump debe cumplir con la ley, y nos acompañaron afuera cientos de beneficiarios de TPS y simpatizantes que se unieron para decir: debemos proteger el TPS”, declaró Lupe Aguirre, directora Adjunta de Litigios del IRAP.

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