Category: Inmigracion

El gobierno del presidente Donald Trump estaría en conversaciones sobre un plan para permitir a ciertos inmigrantes indocumentados obtener una Green Card y, eventualmente, aplicar por la ciudadanía, según el zar de la frontera, Tom Homan.

La revelación del funcionario se dio en una entrevista con CBS News, con el periodista Camilo Montoya-Galvez.

“Sé que el presidente está hablando con varios miembros de su gabinete. Hay conversaciones en curso”, afirmó Homan. “Participo en algunas y en otras no, pero no voy a adelantarme al presidente en este asunto”.

No hay precisión sobre cómo sería un proyecto de regularización de inmigrantes sin papeles, a quiénes beneficiaría ni bajo qué condiciones, ya que desde su primer mandato, el presidente Trump ha estado en contra de programas de protección temporal.

Sin embargo, el presidente Trump ha reconocido que sus operaciones migratorias contra indocumentados han impactado sectores clave para la economía de Estados Unidos, como la agricultura, lo que desató presiones de agricultores.

“Quiero trabajar con ellos”, dijo en agosto de 2025 en una entrevista en NBC News. “No podemos permitir que nuestros agricultores se queden sin nadie. Estas personas son muy difíciles de reemplazar. La gente que vive en zonas urbanas deprimidas no hace ese trabajo. Simplemente no lo hace. Y lo han intentado, lo hemos intentado. Todos lo han intentado. No lo hacen. Estas personas lo hacen de forma natural”.

Esa presión ocurrió desde inicios de 2025, cuando la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), apoyada por la Patrulla Fronteriza, que depende de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), iniciaron operativos con detenciones masivas que se extendieron hacia California, Florida, Illinois, Georgia, Tennessee, Texas, Minnesota, además de Nueva Jersey y Nueva York, afectando a trabajadores agrícolas y de otras industrias, como la construcción.

“Es intuitivo para mis compañeros agricultores saber también que esta torpe acción de aplicación de la ley de inmigración por parte de esta administración solo agrega una capa más de incertidumbre al entorno creado por la debacle arancelaria, la falta de nuevos acuerdos comerciales reales para comercializar mi maíz y soya y el continuo aumento en el costo de los insumos para hacer negocios en la granja”, lamentó Chris Gibbs, presidente de Rural Voice USA y Rural Voices Network, en una conferencia virtual en agosto pasado.

La Ley Dignidad

Si el presidente Trump quisiera impulsar una regularización de inmigrantes a través del Congreso, el único proyecto bipartidista es la llamada Ley Dignidad, presentada por la representante María Elvira Salazar (Florida), copatrocinada por el demócrata Tom Suozzi (Nueva York), pero que entre los otros 38 congresistas que la respaldan incluye al presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Adriano Espaillat (Nueva York).

El proyecto, sin embargo, no ha logrado avanzar en el Congreso y en una conferencia realizada en Nueva York, a pregunta expresa de este diario, la congresista Salazar reconoció que el proyecto podría realmente avanzar si Trump se integrara al mismo.

“Los siguientes pasos son básicamente que el presidente [Donald] Trump entienda que esta es una legislación que necesitamos y que esto se de la luz verde para que el Congreso federal sepa que una vez que nosotros pasemos esta legislación, él la va a firmar”, reconoció Salazar.

Se preguntó a la oficina de la congresista si ella ha sido integrada a las conversaciones reveladas por Homan, pero hasta el momento no ha habido respuesta.

Aunque el proyecto Ley Dignidad tiene respaldo de algunas organizaciones civiles, como American Business Immigration Coalition Action (ABIC Action), hay otras que critican el plan por las condicionantes.

El proyecto establece que los indocumentados que demuestren que han vivido en Estados Unidos al menos cinco años y no tienen historial criminal podrían ser beneficiados.

Tras aprobar la revisión de seguridad correspondiente y otros criterios, el inmigrante debería pagar $7,000 dólares, para obtener una protección legal temporal con un permiso de trabajo, además de tener un impuesto adicional del 1% sobre la renta sin beneficios federales, para luego solicitar una Green Card.

La guerra de Trump contra protecciones temporales

En su primer mandato de gobierno, Trump impulsó el fin de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), pero la Corte Suprema retornó el caso a tribunales menores, donde ha seguido varios litigios. Actualmente, aunque DACA sigue operando, la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha retrasado renovaciones, aumentando el riesgo de ‘Dreamers’ a ser detenidos y deportados.

En su segundo mandatario, el republicano ha terminado con protecciones provisionales a la deportación de inmigrantes, incluida la visa humanitaria para originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Además, también el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) busca terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) de varios países y la Corte Suprema podría decidir contra la protección para gente de Haití y Siria, aunque esa determinación podría afectar a 1.3 millones de personas bajo esa política que protege a gente de 17 países.

Desde el inicio de su gobierno, Trump también canceló el programa CBP One, que permitía a extranjeros hacer citas para obtener una protección temporal, bajo el patrocinio de algún familia o amigo, y tras revisiones de seguridad, aunque el programa no otorgaba un estatus de estancia permanente, permitía el ingreso legal de ciertas personas.

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El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) optó por dar marcha atrás a su programa de capacitación acelerada impartido a nuevos agentes reclutados con el objetivo de enviarlos lo más pronto posible a detener a inmigrantes carentes de estatus legal.

Con el objetivo de fortalecer la campaña de deportaciones masivas ordenadas por el presidente Donald Trump, se había implementado un entrenamiento exprés dirigido al personal de nuevo ingreso en la agencia federal.

Sin embargo, en un informe publicado por el sitio web Politico, donde cita a un par de funcionarios ligados a la administración Trump bajo condición de mantener su identidad bajo resguardo, se indica que ICE renunció a la capacitación acelerada de su personal debido a los problemas que surgieron al iniciar el año en Minneapolis, cuando la inexperiencia de un par de agentes causó la muerte de dos ciudadanos estadounidenses mientras protestaban en contra de los operativos para detener a extranjeros considerados peligrosos para la seguridad del país.

Gracias a los fondos provenientes del paquete legislativo impulsado por el presidente Trump en 2025, se logró contratar a más personal para incorporarlo a la estrategia de detener a inmigrantes con antecedentes policiacos para enviarlos lo más pronto posible a sus naciones de origen.

Sin embargo, comenzaron a surgir denuncias ligadas al uso de fuerza excesiva en los operativos de ICE y, ante la falta de respuesta del gobierno federal, se produjeron varios mítines que se salieron de control.

Presuntamente, el principal problema de esto se debía a la capacitación básica que recibían los nuevos agentes de Ice, la cual se redujo a sólo 72 días.

De ahí que se haya pausado dicho programa para rediseñarlo con el objetivo de entrenar mejor al personal de ICE.

Bajo este enfoque, los protocolos de capacitación para la división de Operaciones de Cumplimiento y Remoción (ERO) de ICE se encuentran en revisión.

No obstante, para continuar adelante con los operativos de la agencia implementados a nivel nacional ahora se contempla enviar a agentes veteranos para acompañar al personal de reciente ingreso y enseñarle cómo reaccionar ante distintas condiciones adversas al momento de detener a inmigrantes.

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Aunque ICE y CBP parecen evitar los operativos al estilo del retirado excomandante migratorio Greg Bovino, el gobierno de Donald Trump sigue centrado en detener y deportar a inmigrantes sin historial delictivo aunque el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, diga que “seguimos yendo tras lo peor de lo peor”.

La diferencia, dijo Mullin a CNBC, es que ahora “lo estamos haciendo de una manera más discreta”.

Pero siguen causando daño.

Uno de los sectores más afectados son los “dreamers” que desde 2012, con la implementación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) por el presidente demócrata, Barack Obama, fueron amparados de la deportación y obtuvieron permisos de trabajo renovables.

Desde su primera administración, Trump quiere eliminar el programa y, de hecho, mientras el caso sigue su curso en tribunales, no se aceptan nuevas solicitudes, aunque sí se renuevan los permisos existentes.

Pero el gobierno de Trump sostiene que DACA no confiere un estatus legal y que, por ende, no evita que puedan ser detenidos y deportados, sobre todo si cometen algún delito.

Recientes desarrollos evidencian la precariedad de DACA para sus beneficiarios: unos 174 fueron deportados entre enero y septiembre de 2025; la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) falló que tener DACA no frena automáticamente un proceso de deportación; y los retrasos en la renovación de DACA han dejado a muchos sin empleo y sin protección ante una posible detención y deportación.

El caso de José Contreras Díaz ha sido ampliamente reportado porque fue arrestado en plena cita de renovación de DACA. Se informó que Contreras fue traído por su familia desde Honduras a los ocho años de edad. Obtuvo DACA, pero no fue hasta esta cita de renovación que los agentes lo detuvieron.

Contreras fue deportado a Honduras, pero su abogada, Stacy Tolchin, argumentó que la deportación era ilegal pues su DACA estaba vigente. El gobierno lo trajo de vuelta a Texas, pero al arribar, fue arrestado y enviado a un centro de detención.

El caso de Contreras no es aislado.

Según FWD.us, hasta septiembre de 2024, unos 530,000 “dreamers” tenían DACA.

“Se calcula que los “dreamers” ya aportan cada año unos $65,000 millones de dólares a la economía estadounidense a través de sus salarios, y pagan anualmente cerca de $18,000 millones de dólares en impuestos federales, sobre nómina, estatales y locales”, de acuerdo a FWD.us.

Pero muchos de esos “dreamers” están perdiendo sus empleos y sus protecciones por los retrasos en la renovación de DACA. La Associated Press reportó que “a finales de abril de 2026, el USCIS informó que la mayoría de las solicitudes de renovación se completaban en unos 122 días…Las organizaciones de inmigrantes afirman que, últimamente, algunos solicitantes han tenido que esperar seis meses —unos 183 días— o incluso más”.

La realidad es que la administración Trump se ha centrado en deslegalizar inmigrantes y, de hecho, detiene y deporta a personas amparadas por diversos programas, como solicitantes de asilo, beneficiarios de DACA, TPS y de otras iniciativas humanitarias.

Incluso ciudadanos estadounidenses y residentes autorizados son víctimas del uso de perfiles raciales. En su afán de cumplir con su meta de deportar a 1 millón de inmigrantes al año, el gobierno de Trump ignora el debido proceso de ley, el estado de derecho y la propia Constitución.

De hecho, muchos inmigrantes son detenidos cuando, cumpliendo con la ley, acuden a las citas de seguimiento de sus casos en oficinas de ICE o tribunales. Muchas deportaciones son sumarias sin la oportunidad de audiencias. Los que son detenidos se exponen a estancias prolongadas y bajo condiciones deplorables sin acceso a atención médica adecuada o enfrentando violencia física y abusos.

El País reportó que “una investigación de The Washington Post ha revelado que, en el primer año del mandato de Trump, en al menos 780 casos el personal de los centros del ICE utilizó la fuerza física o agentes químicos para controlar a los detenidos”.

La crueldad es tal que niños son obligados a presentarse solos ante jueces de inmigración sin representación legal. Como Wilfredo, un niño venezolano de 10 años que navega solo su proceso de deportación a un tercer país. Wilfredo y su madre tienen un caso pendiente de asilo, pero la mujer fue detenida en Texas y los casos se separaron.

“La experiencia fue tan abrumadora que el menor, presa del pánico, perdió el control de sus esfínteres y se orinó encima”, reportó La Opinión citando a Univision.“Tenía miedo porque era mi primera vez en una corte”, explicó Wilfredo.

Crueldad en su máxima expresión.

Tom Homan reaccionó ante algunos comentarios vertidos por opositores a la administración Trump señalando que las deportaciones de inmigrantes se están quedando muy por debajo de las proyecciones dadas a conocer del año pasado y anticipó la aceleración de estas a nivel masivo.

“Para aquellos que dicen que ‘el presidente Trump se está debilitando en materia de deportaciones masivas’, no tienen ni idea de lo que están hablando. Aún no han visto nada. Este va a ser un buen año. Se avecinan deportaciones masivas”, indicó durante su intervención en la Exposición de Seguridad Fronteriza efectuada en Phoenix, Arizona.

El zar fronterizo incluso mencionó haber intercambiado puntos de vista a primera hora de la mañana con Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional (DHS), para acordar cómo se implementará la estrategia migratoria en los próximos meses.

A diferencia del trabajo llevado a cabo por Kristi Noem al frente de la agencia federal, el republicano de Oklahoma no ha parado de trabajar, pero sus operaciones se llevan a cabo con mayor planeación y menor exposición pública, en gran medida para evitar nuevos roses con los ciudadanos que se oponen a la detención de extranjeros carentes de estatus legal.

El enfoque de Mullin es tratar de restar gran parte de la tensión experimentada meses atrás en ciudades como Chicago, Minneapolis y Los Ángeles.

No obstante, el objetivo de Homan continúa siendo el mismo, que las amenazas a la seguridad pública y a la delincuencia figuren como prioridad.

“No me importa cuánto tiempo lleves aquí; si entraste ilegalmente a este país, hiciste trampa. Engañaste al sistema.

Verán un aumento de las detenciones indirectas y más agentes en sus barrios, porque ustedes nos obligaron a llegar a esta situación”, expresó como un aviso de advertencia dirigido a los inmigrantes que llevan años sin poder legalizar su estadía en el territorio estadounidense.

Aunque reconoció que entre el 35% y el 40% de los inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante el segundo mandato de Trump no tienen antecedentes penales, Homan considera que es la única manera de “enviar un mensaje al mundo entero” apuntando hacia el final de la tolerancia de ingresar sin la documentación debida a Estados Unidos.

“Sencillamente no me importa lo que la gente piense de mí. Nunca me ha importado ni me importará”, puntualizó el zar fronterizo.

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Los comités Judicial y de Seguridad Nacional del Senado, liderados por republicanos, publicaron su propuesta legislativa del proyecto de ley de Reconciliación de $72 mil millones de dólares para financiar a a la agencia de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza hasta 2029.

Con esta propuesta, los republicanos no necesitan el voto de los demócratas para la aprobación, lo cual podrían lograr luego de que el mes pasado el Senado y la Cámara de Representantes aprobaran el proceso para avanzar con la asignación presupuestal especial.

“Los demócratas del Senado se niegan a votar a favor de destinar un solo dólar a la seguridad de nuestras fronteras o al cumplimiento de nuestras leyes de inmigración, incluso contra los inmigrantes ilegales más violentos”, afirmó el republicano Rand Paul (Kentucky), presidente de la Comisión de Seguridad Nacional. “Para garantizar la financiación de estas funciones vitales, mi comité votará a finales de este mes para otorgar los fondos necesarios”.

Es decir, para finales de mayo, los republicanos habrán aprobado más presupuesto para ICE y la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), de la que depende la Patrulla Fronteriza, para acciones migratorias, incluidas las operaciones contra indocumentados.

Los demócratas han rechazado respaldar este proyecto presupuestal exigiendo cambios sustanciales en la forma en que se realizan detenciones de inmigrantes: evitar que agentes utilicen máscaras, evitar la violencia en arrestos, no realizar detenciones en viviendas y otras áreas privadas sin una orden ejecutiva, entre otras.

El presidente del Comité Judicial del Senado, el republicano Chuck Grassley (Iowa), defendió también el plan de sus miembros de partido.

“Los demócratas sentaron un precedente negativo al paralizar el DHS durante 76 días, lo que obligó a valientes agentes del orden y a sus familias a perder varios sueldos”, justificó Grassley. “Lamentablemente, el cierre irresponsable del DHS por parte de los demócratas demostró que siguen siendo el partido de las fronteras abiertas y de la reducción de fondos para la policía”.

Destaca que los republicanos acusen a los demócratas de querer “fronteras abiertas”, pero no hay ningún demócrata que afirme que quiera tal política, pero rechazan la forma en que se detiene a los inmigrantes, violando incluso su debido proceso constitucional.

“Los republicanos no permitiremos que nuestro país retroceda debido a la agenda radical y contraria a las fuerzas del orden de los demócratas”, agregó Grassley. “El Comité Judicial del Senado está tomando medidas para brindar certidumbre a las fuerzas del orden federales y calles más seguras para las familias estadounidenses”.

Si el calendario de los republicanos avanza como indican, para finales de mayo, o a más tardar a inicios de junio, el presidente Donald Trump firmaría el proyecto presupuestal.

¿A qué se destinaría el presupuesto para ICE?

El proyecto del Comité de Seguridad Nacional incluye $7,500 millones de dólares “para contratar, capacitar, pagar y equipar al personal de Investigaciones de Seguridad Nacional hasta el año fiscal 2029”.

El texto del Comité Judicial destinaría $30,730 millones de dólares para la contratación, el pago, la capacitación y el equipamiento del personal del ICE, incluyendo oficiales, agentes, investigadores, abogados y personal de apoyo.

Ambos textos señalan el plan presupuestal hasta 2029, es decir, un año después de que termine el segundo mandato del presidente Trump.

También se asignarían $22,570 millones de dólares para la contratación, capacitación, remuneración y equipamiento del personal de CBP.

Se consideran $3,500 millones de dólares para mejorar la seguridad fronteriza, “incluidas las operaciones aéreas y marítimas y los esfuerzos para combatir el narcotráfico, así como el control de las personas que entran o salen del país”.

Hay mil millones de dólares al Servicio Secreto para mejorar la seguridad del complejo de la Casa Blanca, esto con relación a la construcción del salón de baile.

Los demócratas rechazan propuesta

El líder de la minoría demócrata Chuck Schumer (Nueva York) criticó la propuesta presupuestal.

“Los republicanos viven en otro planeta que las familias estadounidenses. Los republicanos vieron a familias ahogándose en deudas y decidieron que lo que realmente necesitaban eran más redadas y un salón de baile para Trump”, expresó.

Algunos montos para inmigración

El proyecto presupuestal para ICE y CBP de los republicanos incluye:

$38,200 millones para ICE
$26,100 millones para CBP
$5,000 millones para destinar a deportaciones
$1,500 millones de dólares para acciones judiciales del Departamento de Justicia
$1,000 millones para el salón de eventos de Trump

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