Category: Inmigracion

  • ICE equipará a sus agentes con cámaras corporales pero podrá decidir qué videos publica

    ICE equipará a sus agentes con cámaras corporales pero podrá decidir qué videos publica

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos comenzará a equipar a sus agentes de campo con cámaras corporales en todo el país, aunque la política de la agencia le concede un amplio margen para decidir qué grabaciones de incidentes graves serán divulgadas públicamente.

    ICE prevé completar el despliegue de las cámaras a finales de septiembre, después de años de retrasos y en medio de una creciente presión para aumentar la transparencia de los agentes encargados de ejecutar la política migratoria de la administración de Donald Trump, informó ABC News.

    La implementación cobra relevancia tras varios tiroteos protagonizados por agentes de ICE que terminaron con personas muertas. En dos de esos casos, ocurridos recientemente en Houston y Maine, los agentes no llevaban cámaras corporales, lo que generó críticas de legisladores que habían destinado fondos federales para adquirir estos dispositivos.

    Aunque las cámaras están concebidas como una herramienta de rendición de cuentas, las propias reglas de ICE establecen que la agencia podrá determinar si las imágenes de incidentes graves deben hacerse públicas. La normativa señala que los videos de tiroteos u otros enfrentamientos en los que un agente provoque la muerte o lesiones graves podrán ser divulgados cuando la agencia considere que hacerlo responde a su “mejor interés”.

    Después de un incidente de este tipo, un comité integrado por altos funcionarios y abogados de ICE revisará las grabaciones y recomendará si deben ser publicadas. Si se determina que procede su divulgación, el video podría hacerse público en un plazo de 72 horas.

    No obstante, el director de ICE puede bloquear o retrasar indefinidamente la publicación si considera que existen “circunstancias específicas y convincentes” para mantener las imágenes reservadas. La política no define con precisión cuáles serían esas circunstancias.

    Para Christopher Schneider, profesor de la Universidad de Brandon en Canadá y especialista en el uso de cámaras corporales por parte de las fuerzas policiales, esta disposición deja abierta la posibilidad de que ICE seleccione las imágenes que favorezcan su imagen pública, indicó el medio.

    Schneider sostuvo que este tipo de divulgación selectiva existe en otros cuerpos policiales, aunque consideró llamativo que la política de ICE lo establezca de manera tan explícita. A su juicio, las cámaras pueden convertirse también en una herramienta de relaciones públicas para mostrar las actuaciones de los agentes bajo una determinada perspectiva.

    La normativa establece que los agentes deberán activar las cámaras durante actividades habituales de aplicación de la ley, incluidas detenciones, registros y respuestas a emergencias. Al menos un integrante de cada equipo de detención deberá portar uno de los dispositivos.

    Además, incluso cuando las imágenes sean publicadas, ICE deberá ocultar información que permita identificar a los agentes, incluidos sus rostros, nombres y números de placa.

    Un despliegue marcado por retrasos

    ICE comenzó a probar las cámaras corporales en 2021, durante el gobierno del entonces presidente Joe Biden. Tres años después había distribuido alrededor de 1,400 dispositivos y aseguró que el programa se ampliaría conforme hubiera recursos disponibles.

    Sin embargo, la implementación a escala nacional se retrasó incluso después de que ICE recibiera una importante inyección de recursos durante la administración Trump y comenzara a contratar a miles de nuevos agentes.

    En julio, la agencia gastó $30.9 millones en equipos de cámaras corporales fabricados por Axon, empresa con sede en Arizona conocida también por producir las pistolas Taser. Las compras se realizaron mediante un contrato gubernamental existente.

    La ausencia de estos dispositivos provocó indignación entre legisladores, particularmente porque el Congreso había asignado $20 millones de dólares a ICE para la adquisición de cámaras corporales como parte de una legislación aprobada para poner fin al cierre parcial del Gobierno federal.

    Hasta ahora, ICE asegura que las cámaras ya fueron enviadas a más de la mitad de sus agentes de campo y que el resto las recibirá antes de que termine septiembre. El nuevo calendario representa un retraso respecto de estimaciones anteriores.

    La senadora republicana por Maine Susan Collins había dicho que la agencia esperaba completar el despliegue a finales de agosto, mientras que anteriormente se había hablado de mediados de septiembre.

    En Houston, donde ICE envió más de 800 cámaras, algunos agentes ya comenzaron a recibir capacitación para utilizarlas, según el representante demócrata de Texas Henry Cuellar, integrante del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

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  • Colorado busca obligar a GEO a permitir ingreso a centro de detención de inmigrantes por un caso de tuberculosis

    Colorado busca obligar a GEO a permitir ingreso a centro de detención de inmigrantes por un caso de tuberculosis

    Legisladores y funcionarios de Colorado buscan obligar a GEO Group a permitir el ingreso de investigadores de salud pública a un centro de detención de inmigrantes en Aurora, luego de que se reportara un caso de tuberculosis y las autoridades locales advirtieran que no han podido determinar si otras personas estuvieron expuestas.

    La iniciativa, que podría permitir al fiscal general estatal imponer multas de hasta $50,000 por cada negativa de acceso, pretende resolver el enfrentamiento entre las autoridades sanitarias y la empresa privada que opera el centro bajo contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

    El caso fue reportado a principios de junio. Según las autoridades, una persona detenida dio positivo a tuberculosis y habría tenido contacto con otras 61 personas. Sin embargo, el Departamento de Salud del Condado de Adams sostiene que no cuenta con información suficiente para determinar si hubo nuevos contagios.

    Miriam Ordóñez Rodríguez, de American Friends Service Committee (AFSC), pidió al gobernador Jared Polis y al Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado que actúen de inmediato. “Es necesario que GEO Group rinda cuentas ante nosotros y cumpla con las leyes locales y estatales”, afirmó.

    Autoridades denuncian falta de información sobre posibles contagios

    El Departamento de Salud del Condado de Adams asegura que sus investigadores no han podido ingresar al centro para realizar una investigación epidemiológica completa. Michael Ruddock, asesor principal de políticas públicas del condado, calificó la situación como inusual y dijo que las autoridades se han encontrado con “importantes dificultades” debido a la falta de cumplimiento del centro.

    Kelly Weidenbach, directora ejecutiva del departamento de salud, señaló que la legislación estatal obliga a investigar los casos de tuberculosis una vez que son reportados. “Cuando las autoridades de salud pública tienen conocimiento de un caso de tuberculosis notificado o sospechoso, la investigación no es opcional”, declaró.

    De acuerdo con la cronología del condado, GEO informó del caso a comienzos de junio. Posteriormente, las autoridades solicitaron información y acceso al centro, pero la compañía remitió las comunicaciones a sus abogados. El 25 de junio, el condado emitió una orden de salud pública. Aunque GEO entregó información parcial sobre las personas que pudieron haber estado expuestas, las autoridades consideraron que los datos no eran suficientes para completar la investigación.

    Legisladores presionan mientras continúa disputa en tribunales

    La preocupación se extendió al gobierno estatal. Elizabeth Velasco, legisladora demócrata y promotora de la medida que contempla las multas, pidió al fiscal general Phil Weiser que considere sanciones civiles contra GEO. La empresa, entretanto, mantiene una disputa legal con el estado y cuestiona la autoridad de Colorado para acceder a sus instalaciones. Un juez federal debe pronunciarse sobre la solicitud de GEO para suspender la aplicación de la nueva legislación.

    Wendy Bamberg, directora médica del Condado de Adams, sostuvo que la investigación continúa siendo necesaria incluso si actualmente no existen casos activos dentro del centro. “Necesitamos poder hacer un seguimiento de las personas expuestas”, explicó.

    Rachel Herlihy, epidemióloga jefa de Colorado, reconoció que las autoridades estatales siguen preocupadas porque carecen de información suficiente para evaluar el nivel de riesgo. El senador federal John Hickenlooper también respaldó las acciones contra GEO y acusó a ICE de intentar “encubrir un brote de tuberculosis” en la instalación, una afirmación que refleja la creciente tensión política alrededor del caso.

    Mientras el proceso judicial continúa, las autoridades sanitarias sostienen que necesitan acceso al centro para identificar a las personas potencialmente expuestas, verificar quiénes fueron sometidos a pruebas y conocer sus resultados.

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  • DOJ demanda a NY, Connecticut y Vermont por ayudas a migrantes indocumentados

    DOJ demanda a NY, Connecticut y Vermont por ayudas a migrantes indocumentados

    El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó este lunes a los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont para impugnar varias leyes estatales que conceden matrículas a precio de residente y ayudas económicas a inmigrantes indocumentados.

    La Justicia estadounidense argumenta en tres querellas que estas leyes “discriminan de forma inconstitucional a los ciudadanos” de Estados Unidos, a quienes “no se les conceden las mismas tarifas reducidas de matrícula ni becas”.

    Además, considera que las normas “crean incentivos para la inmigración irregular y recompensan a los extranjeros indocumentados con prestaciones”, y solicita que se prohíba su aplicación.

    En el caso de Nueva York, el estado permite que estudiantes indocumentados y otros alumnos accedan a becas y subvenciones administradas por el estado para cubrir los costes de su educación universitaria.

    No obstante, estas ayudas no están destinadas únicamente a extranjeros sin estatus migratorio legal, sino también a aquellos que disponen de una visa U (para víctimas de determinados delitos como violencia doméstica), un visado T (para víctimas de trata humana) o del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés).

    La norma también exige que se cumplan otros requisitos, como que la persona beneficiaria se haya graduado de la escuela secundaria en el estado y, además, se haya inscrito en un grado universitario dentro de los cinco años posteriores a su graduación.

    Por su parte, la ley de Vermont permite que estudiantes indocumentados o no ciudadanos que residen en en el estado accedan al precio de matrícula para residentes, y además extiende la ayuda financiera estatal por necesidad económica a todos los alumnos, independientemente de su estatus migratorio.

    Del mismo modo, Connecticut aprobó en 2011 una ley que permite a estudiantes indocumentados que residen en el estado pagar la matrícula a precio de residente, con requisitos como haberse graduado en un instituto del estado.

    Según el comunicado, las demandas presentadas hoy elevan a 17 el número de acciones judiciales que tratan de impugnar este tipo de medidas.

    El DOJ ya ha conseguido que Texas, Kentucky, Oklahoma, Nebraska e Illinois bloqueasen leyes similares que concedían matrículas con precio reducido a inmigrantes en situación irregular.

    Este departamento ha presentado además otras querellas contra leyes similares de Minesota, Virginia, California, Nueva Jersey, Kansas, Massachusestts, Rhode Island, Maryland y Colorado.

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  • Departamento de Estado confirma que la administración Trump ha revocado más de 175,000 visas

    Departamento de Estado confirma que la administración Trump ha revocado más de 175,000 visas

    El Departamento de Estado confirmó este lunes que la administración Trump ha revocado más de 175,000 visas de ciudadanos extranjeros, tras detectar violaciones a las condiciones de estos documentos, vinculadas a actos delictivos e incitaciones a la violencia.

    La cifra representa un promedio superior a las 10,000 cancelaciones al mes en 2026, un incremento frente al registro de 2025, periodo en el que se contabilizaron algo más de 8,000 anulaciones en total, sumadas al informe oficial de enero sobre más de 100,000 visados revocados durante el ciclo previo.

    Causas de las anulaciones de visas según el departamento

    Según el Departamento de Estado, la causa principal de estas medidas responde a “encuentros con las fuerzas del orden”. De acuerdo The Hill, esta explicación generó inquietud entre abogados de inmigración, quienes advierten que se podrían estar anulando permisos por infracciones menores o señalamientos que no atravesaron un proceso judicial.

    “La mayoría de estas visas fueron revocadas debido a encuentros con las fuerzas del orden por diversos delitos, entre los que destacan la agresión, la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, el robo y los delitos relacionados con las drogas. Un porcentaje significativo de visas fueron revocadas por conducción temeraria, agresión sexual, abuso infantil, fraude, malversación de fondos y otros delitos”, apuntó el departamento.

    En ese sentido, la institución reafirmó que continuarán identificando, investigando y revocando las visas de “ciudadanos extranjeros que amenacen la seguridad del pueblo estadounidense.”

    “Una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho. El Departamento mantiene su compromiso de utilizar todas las herramientas disponibles para proteger a nuestras comunidades de quienes abusan de ella”, concluyó el departamento.

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  • ICE intensifica arrestos en aeropuertos, pero algunas aerolíneas comienzan a negarle el acceso

    ICE intensifica arrestos en aeropuertos, pero algunas aerolíneas comienzan a negarle el acceso

    Los aeropuertos de Estados Unidos se están convirtiendo en un nuevo escenario de tensión entre las autoridades migratorias y las compañías aéreas. Mientras el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intensifica los arrestos de viajeros en terminales del país, comenzaron a conocerse casos en los que empleados de aerolíneas se negaron a facilitar el acceso de los agentes a zonas vinculadas con sus vuelos o exigieron documentación judicial antes de permitirles avanzar.

    Uno de los episodios más significativos ocurrió recientemente en Dallas, Texas, cuando agentes de ICE intentaron abordar un avión de Southwest Airlines para detener a una persona que viajaba hacia Orlando. El personal de la compañía no permitió que los oficiales subieran porque llevaban una orden administrativa de inmigración y no una orden judicial firmada por un juez, según documentos revisados por The Wall Street Journal.

    El caso no implica que Southwest haya adoptado una política general para impedir los operativos de ICE. Sin embargo, forma parte de una serie de incidentes que está llevando a las aerolíneas a exigir reglas más claras sobre cómo deben desarrollarse las acciones migratorias dentro de los aeropuertos.

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    Qué ocurrió con ICE y Southwest en Dallas

    El episodio se produjo el 25 de julio durante el embarque de un vuelo de Southwest desde Dallas hacia Orlando. Según la reconstrucción de The Wall Street Journal, los agentes buscaban a una persona cerca de la puerta de embarque y posteriormente solicitaron subir al avión.

    Los oficiales presentaron una orden administrativa de inmigración, pero un empleado de la aerolínea se negó a permitirles abordar y sostuvo que necesitaban una orden judicial firmada por un juez. Los trabajadores tampoco facilitaron determinada información de pasajeros ni permitieron que los agentes observaran la pantalla utilizada durante el proceso de embarque.

    El episodio de Dallas no habría sido aislado. El mismo reporte señala que Southwest enfrentó al menos media docena de encuentros similares en las semanas anteriores, de acuerdo con una persona familiarizada con la situación.

    También se registró otro caso en un aeropuerto del sur del país en el que ICE pidió colaboración a una compañía aérea para ingresar a un puente de embarque y detener a un pasajero. Esa aerolínea —cuyo nombre no fue difundido— se negó a facilitar el acceso, según el mismo reporte.

    ICE aumenta los arrestos de pasajeros en aeropuertos

    Los arrestos migratorios dentro de los aeropuertos no comenzaron ahora, pero su frecuencia y modalidad parecen haber cambiado. La American Immigration Lawyers Association (AILA) emitió el 27 de julio una alerta después de recibir numerosos reportes de personas detenidas mientras realizaban viajes domésticos dentro de Estados Unidos.

    Entre los casos reportados no aparecen únicamente personas con órdenes finales de deportación. AILA advirtió sobre detenciones de inmigrantes sin estatus legal e incluso de algunas personas que se encontraban en un período de permanencia autorizado debido a solicitudes migratorias pendientes.

    The Wall Street Journal informó, citando a un funcionario gubernamental familiarizado con las cifras, que durante julio ICE llegó a realizar entre una y tres docenas de arrestos diarios en aeropuertos estadounidenses. La cifra no ha sido publicada como una estadística oficial consolidada por ICE.

    Los operativos se han registrado en lugares que van desde mostradores de facturación y controles de seguridad hasta puertas y puentes de embarque.

    Puedes ver: ICE realiza hasta 36 arrestos diarios en aeropuertos, pero aerolíneas se rebelan a operativos

    Por qué las aerolíneas están preocupadas

    La controversia no gira solamente alrededor de la política migratoria. Las compañías aéreas son responsables de la seguridad de sus pasajeros y empleados, y determinadas áreas del aeropuerto —como puertas de embarque, puentes de acceso y aeronaves— tienen controles específicos.

    Representantes de la industria aérea se reunieron a fines de julio con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para discutir los procedimientos de los operativos migratorios en terminales y solicitar mayor claridad sobre cómo deben actuar los trabajadores cuando ICE intenta acceder a esas áreas.

    Airlines for America, organización que representa a las principales compañías estadounidenses, confirmó que el sector mantiene conversaciones con ICE y TSA para establecer procedimientos que prioricen la seguridad cuando se produzca una acción policial dentro de un aeropuerto.

    Southwest, por su parte, señaló que cumple las leyes federales y estatales y que dispone de políticas destinadas a verificar que las autoridades presenten la documentación legal apropiada antes de entregar información sobre sus clientes.

    JetBlue también sostuvo que no recopila información sobre el estatus migratorio de sus pasajeros y que no posee un programa destinado a identificar o denunciar clientes ante las autoridades por ese motivo.

    Puedes ver: ICE arrestó a más de 12,000 personas con datos entregados por la agencia que cuida a niños migrantes

    Orden administrativa y orden judicial: no son lo mismo

    La diferencia entre ambos documentos es central para entender lo sucedido en Dallas. Una orden administrativa de ICE puede ser emitida dentro de la propia estructura de las autoridades migratorias. No está firmada ni revisada previamente por un juez independiente.

    Una orden judicial, en cambio, es expedida por un tribunal y supone la intervención de un juez. La Cuarta Enmienda de la Constitución establece requisitos relacionados con causa probable y especificidad para la emisión de órdenes judiciales de registro y detención.

    ICE posee amplias facultades legales para realizar detenciones migratorias en determinadas circunstancias. La legislación federal establece también facultades específicas para los agentes de inmigración, incluidas algunas relacionadas con medios de transporte y zonas próximas a las fronteras.

    Sin embargo, una orden administrativa no debe interpretarse automáticamente como equivalente a una orden judicial para ingresar en cualquier espacio no público que controle un tercero.

    Las reglas pueden depender del lugar, quién controla el área, si existe consentimiento, el propósito del ingreso y las circunstancias específicas del operativo. La normativa federal reconoce además que, en investigaciones criminales, generalmente debe obtenerse una orden de registro salvo que se aplique alguna excepción reconocida, como consentimiento o circunstancias de emergencia.

    Por eso, el episodio de Southwest no permite concluir simplemente que “ICE no puede entrar a un avión sin una orden judicial”. La cuestión jurídica es más compleja y depende de la autoridad invocada y de las circunstancias concretas.

    Tripulantes también cuestionan la presencia de ICE

    La preocupación se extiende entre los trabajadores del sector. La Association of Flight Attendants-CWA (AFA), uno de los principales sindicatos de auxiliares de vuelo de Estados Unidos, abrió un sistema para que sus afiliados denuncien incidentes relacionados con la presencia de agentes de ICE en aeropuertos.

    La organización expresó inquietud por posibles problemas de seguridad y por el acceso de agentes a determinadas áreas aeroportuarias. El sindicato sostiene que las operaciones migratorias pueden generar situaciones de tensión en espacios donde pasajeros y trabajadores se encuentran muy próximos.

    No se trata, por lo tanto, únicamente de una discusión entre ICE y pasajeros: aerolíneas, empleados, sindicatos y autoridades aeroportuarias están empezando a quedar involucrados directamente en los operativos.

    TSA e ICE intensifican su cooperación

    Otro elemento detrás del aumento de arrestos es la coordinación entre agencias federales. TSA e ICE pertenecen al Departamento de Seguridad Nacional. Según fuentes gubernamentales citadas por The Wall Street Journal, TSA ha compartido información de pasajeros para que ICE pueda identificar posibles objetivos de detención antes o durante sus desplazamientos. Esa colaboración habría contribuido a cientos de arrestos desde que comenzó a intensificarse.

    DHS defendió sus acciones y sostuvo que las autoridades están aplicando las leyes migratorias y las políticas vigentes.

    Al mismo tiempo, la mayor visibilidad de los operativos está generando un escenario que hasta hace poco era menos frecuente: detenciones frente a otros pasajeros, intervenciones cerca de puertas de embarque y agentes intentando ingresar a espacios administrados por las propias compañías aéreas.

    ¿Puede ICE detener a alguien que toma un vuelo dentro de Estados Unidos?

    Viajar en un vuelo doméstico no protege a una persona frente a una eventual acción de ICE. AILA confirmó que recibió múltiples reportes recientes de detenciones de personas que estaban viajando dentro del territorio estadounidense, incluidas algunas con trámites migratorios pendientes.

    Eso tampoco significa que cualquier persona con un trámite en curso pueda ser legalmente detenida o deportada de manera automática. El estatus y los derechos de cada viajero dependen de su situación migratoria concreta, las solicitudes presentadas, posibles órdenes previas y otros factores.

    Lo que sí evidencia la tendencia reciente es que un aeropuerto ya no puede considerarse un lugar ajeno a los operativos migratorios.

    La novedad ahora es otra: a medida que ICE lleva esas acciones más cerca de las puertas de embarque y de los aviones, las compañías aéreas empiezan a preguntarse dónde termina su obligación de colaborar y cuándo deben exigir una autorización judicial adicional. El episodio de Southwest en Dallas muestra que esa discusión ya dejó de ser teórica.

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    ICE detiene a más de 1,200 inmigrantes durante un operativo sorpresa ejecutado en Georgia

    En una sorpresiva operación llevada a cabo en Atlanta, Georgia, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvieron a más de 1,200 extranjeros carentes de estatus legal.

    Durante una entrevista concedida al programa de televisión “Fox & Friends”, Marcos Charles, director ejecutivo asociado de la Oficina de Ejecución y Operaciones de Remoción (ERO), una división clave del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), indicó que el operativo puesto en marcha fue dirigido hacia personas violentas sin documentos que avalaran su estancia en el territorio estadounidense.

    “Arrestamos a más de 1,200 extranjeros, inmigrantes ilegales, en el área de Atlanta, Georgia. Más de la mitad de esas personas tenían antecedentes penales. Estamos hablando de delitos sexuales, agresiones y lesiones, algunos con condenas por conducir bajo los efectos del alcohol, violencia doméstica.

    Estas personas debían ser sacadas de las calles, no sólo porque son delincuentes, sino porque se encuentran ilegalmente en Estados Unidos”, expuso.

    La presencia de agentes de ICE se ha extendido por todo el país poniendo en alerta a los grupos de inmigrantes. (Crédito: Nick Ut / AP)

    Acto seguido, el funcionario anticipó que continuarán llevándose a cabo más detenciones de inmigrantes detectados como posibles amenazas en todo el país.

    “Todos los días, los hombres y mujeres de ICE ERO patrullaban las calles de todo el país, haciendo cumplir las leyes de inmigración establecidas por el Congreso. Así que velamos por la seguridad de la comunidad. Viajaremos por todo Estados Unidos haciendo lo mismo”, subrayó.

    Es de llamar la atención que, el mes pasado, ICE reportó haber llevado a cabo la detención de aproximadamente 51,000 inmigrantes carentes de estatus legal, la mayoría en proceso de ser deportados como lo ha exigido el presidente Donald Trump desde las primeras horas en que regresó a la Casa Blanca por segunda ocasión.

    Una investigación llevada a cabo por el diario The New York Times, donde se incluye la revisión de documentos oficiales y el testimonio de abogados de inmigración revela que, en su afán por incrementar las deportaciones de extranjeros carentes de estatus legal, el gobierno federal incluso ha empezado a exigir la detención en los aeropuertos de extranjeros cuyas visas estadounidenses se encuentran vencidas, esto sin importar que sean cónyuges de ciudadanos nativos.

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    Votó por Trump y terminó golpeado por su política migratoria; el ICE detuvo a su prometida

    Un empresario de Texas que respaldó la candidatura de Donald Trump en las elecciones de 2024 aseguró estar arrepentido de su voto después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieran a su prometida, una inmigrante venezolana con un proceso de asilo en curso.

    “Está destruyendo familias”, afirma el empresario

    John Gannon, propietario de una empresa de publicidad exterior en Texas, relató a CBS News que su prometida, Yasmin Suárez Reyes, fue detenida por agentes del ICE en julio, poco después de pasar un filtro de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston.

    Gannon afirmó que votó por Trump convencido de que las deportaciones estarían dirigidas contra personas con antecedentes criminales.

    “Están deteniendo a ciudadanos respetuosos de la ley. Hombre, está destruyendo familias y empleos”, declaró.

    También describió el momento de la detención como un operativo sorpresivo. “La rodearon y la metieron a la fuerza en un vehículo. Esto es como la Gestapo”, afirmó.

    Por su parte, la abogada Anne Kennedy explicó que Suárez Reyes ingresó legalmente al país, cuenta con una solicitud de asilo pendiente, permiso de trabajo y licencia de conducir de Texas, además de no tener antecedentes penales.

    El caso divide opiniones en redes sociales

    Cuando fue cuestionado sobre qué mensaje enviaría al presidente, Gannon respondió: “Persigan a los criminales, pero dejen en paz a los pequeños negocios familiares y a los niños”.

    El caso también provocó reacciones encontradas. La periodista Molly Knight criticó el cambio de postura del empresario al escribir: “Votaste por Trump para que les hiciera esto a otras personas”.

    En el mismo sentido, la analista política Rachel Bitecofer ironizó que el arrepentimiento llegó únicamente cuando las políticas migratorias afectaron a su propia familia.

    Esta no es la primera vez que las políticas migratorias de la administración en curso golpean a los simpatizantes de Trump, pero sí es una historia que ha generado debate en redes sociales.

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    ICE estrenará cámaras corporales, pero decidirá qué videos de operativos hará públicos

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzará a equipar a sus agentes con cámaras corporales a finales de septiembre, una medida que busca aumentar la supervisión durante los operativos migratorios, aunque la propia política de la agencia mantiene dudas sobre la transparencia de las grabaciones.

    De acuerdo con AP, el ICE tendrá la facultad de decidir cuándo hacer públicos los videos obtenidos durante encuentros de alto impacto, incluidos aquellos relacionados con uso de fuerza, lesiones graves o muertes provocadas por agentes.

    La política interna establece que las grabaciones podrán difundirse cuando la agencia determine que hacerlo responde a sus “mejores intereses”, una cláusula que ha generado cuestionamientos entre especialistas en vigilancia policial y derechos civiles.

    ICE controlará la difusión de videos de incidentes graves

    La nueva medida llega después de años de retrasos en la incorporación de cámaras corporales para los agentes de campo y en medio de una creciente presión para mejorar la rendición de cuentas en las operaciones migratorias.

    Según la normativa del ICE emitida en febrero de 2025, los agentes deberán activar las cámaras durante acciones como detenciones, órdenes de registro, investigaciones y respuestas a emergencias.

    Sin embargo, cuando ocurra un incidente donde un agente cause la muerte o lesiones graves, un comité integrado por funcionarios y abogados de la agencia revisará el material antes de recomendar si debe hacerse público.

    Expertos advierten que este mecanismo podría permitir una publicación selectiva de imágenes.

    Christopher Schneider, profesor de la Universidad de Brandon en Canadá y coautor del libro ‘Cámaras corporales policiales: los medios de comunicación y el nuevo discurso de la reforma policial’, señaló que esta práctica puede convertir las cámaras en herramientas de manejo de imagen.

    “En cierto modo, el ICE está diciendo en voz alta lo que muchos piensan en silencio”, afirmó Schneider. “Las cámaras corporales se están utilizando como herramientas de imagen modernas para presentar a la policía al público de la manera más favorable posible”.

    La transparencia, el punto de debate

    El programa representa una inversión de decenas de millones de dólares provenientes de recursos públicos, por lo que organizaciones defensoras de derechos civiles han pedido reglas más estrictas para garantizar el acceso a las grabaciones.

    La agencia sostiene que las cámaras ayudarán a documentar los procedimientos de sus agentes y fortalecerán la seguridad durante los operativos.

    No obstante, el debate se centra en quién tendrá el control final de esas imágenes y si la ciudadanía podrá conocer con rapidez lo ocurrido en operativos donde existan acusaciones de abuso de autoridad.

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    Karen Bass exige al LAPD dejar Flock tras temor de que datos acaben en manos de ICE

    La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, endureció su postura contra la empresa Flock Safety y pidió públicamente que el LAPD deje de utilizar su sistema de lectores inteligentes de placas vehiculares, al considerar que la compañía perdió la confianza de la ciudadanía por el riesgo de que la información pueda ser utilizada en operativos migratorios.

    De acuerdo con información publicada por Los Angeles Times, la alcaldesa dejó claro que respalda el uso de tecnología para combatir el crimen, pero considera que el proveedor actual ya no ofrece garantías suficientes para proteger la privacidad de los residentes, especialmente de las comunidades inmigrantes.

    “El Departamento de Policía de Los Ángeles necesita encontrar otra empresa que no comparta datos”, afirmó Bass.

    LAPD defiende su tecnología

    El LAPD sostiene que los lectores automáticos de matrículas han permitido localizar vehículos robados e identificar automóviles relacionados con investigaciones criminales. Sin embargo, la preocupación aumentó después de que diversas ciudades del país cancelaran sus contratos con Flock Safety por el temor de que la información termine siendo utilizada por autoridades federales para facilitar deportaciones.

    La controversia también se intensificó tras un reporte de The Washington Post, que documentó al menos 50 casos en los que agentes del orden fueron acusados de utilizar de forma indebida sistemas de vigilancia para acosar a exparejas o seguir a ciudadanos sin una justificación oficial.

    Mientras tanto, un informe de la oficina del Inspector General del LAPD detectó deficiencias en los contratos del departamento con proveedores de lectores de placas, entre ellas la falta de claridad sobre cuánto tiempo se almacenan los datos y cómo pueden compartirse con otras agencias.

    Flock niega colaborar con ICE y promete reforzar controles

    Ante las críticas, Flock Safety aseguró que no mantiene contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y afirmó que son sus clientes quienes deciden quién puede consultar la información recopilada por las cámaras.

    Su director ejecutivo, Garrett Langley, explicó en una entrevista con ABC7 que la empresa conserva los registros únicamente durante 30 días y rechazó que sus dispositivos empleen tecnología de reconocimiento facial.

    Aun así, organizaciones civiles y activistas consideran que los riesgos para la privacidad siguen siendo elevados. Durante una consulta pública organizada por el Inspector General del LAPD, vecinos y especialistas advirtieron que estos sistemas podrían facilitar una vigilancia masiva si no existen reglas claras sobre el acceso y uso de la información.

    La petición de Karen Bass coloca nuevamente al LAPD bajo la lupa sobre el equilibrio entre la seguridad pública, la privacidad y la protección de las comunidades inmigrantes frente a las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump.

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  • Hechos de la semana en inmigración: redadas, deportaciones y el impacto de Trump

    Hechos de la semana en inmigración: redadas, deportaciones y el impacto de Trump

    Esta semana, sondeos y reportes evidencian los efectos de la política migratoria de Trump a nivel humanitario y económico, pero la administración intensifica su ofensiva en diversas áreas.

    Por ejemplo, ya se canceló oficialmente el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos, dejándolos vulnerables a ser detenidos y deportados. Y según reportó La Opinión, “el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) registró en julio el mayor número de arrestos en un solo mes desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al detener a unas 51,000 personas”. El diario informó además que “ICE intensificó las detenciones en terminales aéreas de ciudades como San Francisco, Miami y Kansas City, donde en algunos días se registraron entre una y tres docenas de arrestos”.

    De otra parte, una encuesta del Intelligence Center de My Code para La Opinión encontró que los jóvenes hispanos de la Generación Z, los nacidos entre 1997 y el 2012, son los que más conocen a personas afectadas por las políticas migratorias de Trump ya sean familiares, amistades o conocidos.

    “El 61% de la Generación Z (hispana) conoce personalmente a alguien afectado por las políticas migratorias de Trump”, reportó el diario angelino. Lo mismo ocurre con el 50% de la Generación Z en general.

    Por su parte, el 48% de los Millennials hispanos y 39% de los Millennials en general dijeron conocer de cerca las consecuencias de las políticas migratorias, al igual que 36% de los hispanos de la Generación X y 22% de la Generación X en general.

    Asimismo, las políticas migratorias afectan a demócratas y republicanos hispanos casi por igual. El 54% de los demócratas latinos y el 47% de los republicanos hispanos dijeron tener algún familiar o conocido que se ha visto afectado.

    Ocho prácticas de ICE que ponen en peligro a los inmigrantes

    Un reporte de la Alianza de Inmigrantes de Ohio enumeró ocho prácticas y conductas de agentes de ICE que representan un peligro para los inmigrantes que son blanco de los operativos migratorios. Estos son: “1) abuso de autoridad; 2) fallas en la verificación de antecedentes de oficiales; 3) violencia doméstica; 4) depredación sexual; 5) agentes operando sin tener verificación de antecedentes, sin capacitación, sin rendición de cuentas; 6) la misoginia como cultura; 7) el racismo y sentimiento antiinmigrante, y 8) el uso de tácticas delictivas”, informó La Opinión.

    Impacto económico de las redadas

    Un análisis de la organización pro inmigrante America’s Voice concluyó que la campaña de detenciones y deportaciones del gobierno de Trump ha reducido la fuerza laboral en sectores cruciales de la economía como la agricultura, la construcción, el cuidado de personas a domicilio, y los servicios de jardinería, por ejemplo.

    Esto a su vez se traduce en alzas de precios en productos y servicios, algo que la organización describe como ‘el impuesto de ICE’.

    El reporte se basa en un análisis de los economistas Robert Lynch y Michael Ettlinger, de la firma Economic Insights and Research Consulting, del índice de precios al consumo que encontró que “durante los doce meses que finalizaron en junio de 2026, los precios básicos (excluyendo los alimentos y la energía) subieron un 2.6%, pero los bienes y servicios que requieren mucha mano de obra inmigrante registraron alzas muy superiores a esa cifra”.

    Las alzas fluctuaron entre el 6.3% y el 32.1%. Por ejemplo, “la lechuga subió un 32.1%, la fruta en conserva un 7.9%, los cítricos frescos un 6.3%, las manzanas un 7.1%, el cuidado asistido a domicilio un 10.7%, la jardinería un 10.8%, y la leche un 9%”.

    La Opinión informó que “un análisis de datos de nómina en cientos de ciudades estadounidenses reveló que el aumento de los controles [migratorios] en 2025 provocó la pérdida de aproximadamente 668,000 empleos, de los cuales entre 51,000 y 297,000 correspondían a trabajadores nacidos en Estados Unidos”.

    Termina oficialmente el TPS para los haitianos

    La Raza reportó que “el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 350,000 haitianos llegó oficialmente a su fin en Estados Unidos, luego de que una jueza federal autorizara el cierre definitivo del programa tras la decisión emitida por la Corte Suprema. La medida deja a miles de inmigrantes en una situación de incertidumbre, ya que muchos podrían perder su autorización para trabajar y enfrentar procesos de deportación”.

    “De acuerdo con un análisis del grupo FWD.us, cerca de 200,000 haitianos beneficiarios del TPS forman parte de la fuerza laboral estadounidense, principalmente en los sectores de salud, servicios de alimentación, comercio y almacenamiento”, agregó el artículo.

    Gobierno de Trump deporta a padres y cónyuges de militares

    “La política migratoria del presidente Donald Trump ha alcanzado a un grupo que durante años contó con protecciones especiales: los familiares directos de integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”, escribió La Opinión.

    Según el diario, “una investigación de The Associated Press documentó que más de 50 padres y cónyuges de militares en servicio activo han sido detenidos por ICE desde el inicio del segundo mandato” de Trump.

    “De acuerdo con el reportaje, al menos seis personas ya fueron deportadas, una salió voluntariamente del país y ocho permanecen bajo custodia migratoria. La agencia señala que el gobierno no lleva un registro oficial de estos casos y que la cifra real podría ser mayor”, agrega el artículo.

    Niños inmigrantes

    La Agencia EFE reportó vía La Opinión que “el Gobierno de Estados Unidos prevé adjudicar un contrato de hasta $150 millones para la representación legal de niños inmigrantes a un pequeño bufete de Texas especializado en derecho ambiental y regulatorio, que cuenta con solo dos abogados dedicados a casos de inmigración” y que tiene vínculos con Trump.

    “El contrato, que entraría en vigor el 15 de agosto con una duración de un año, sustituirá al que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) mantenía con Acacia Center for Justice, una red de organizaciones sin ánimo de lucro cuyo acuerdo no fue renovado”, dice el artículo.

    No obstante, el jueves “un juez federal de California ordenó a la administración del republicano (Trump) restablecer los pagos destinados a organizaciones sin fines de lucro que brindan asistencia legal a menores inmigrantes que llegaron solos a Estados Unidos, después de que el gobierno dejara de entregar recursos durante meses pese a una orden judicial previa”, reportó La Opinión.

    Citas de la semana:

    “La forma en que se ha atacado específicamente a este grupo simboliza los esfuerzos del gobierno por criminalizar a los inmigrantes de color”, afirmó Katie Kersh, abogada de Advocates for Basic Legal Equality sobre la oficialización del fin del TPS para los haitianos.

    “¿Cómo puedo siquiera concentrarme en mi carrera militar si tengo que preocuparme por cómo está mi esposa?”, declaró a The Associated Press el sargento Hedar Leonel Turcios Juárez, cuya esposa fue detenida frente a su hija de seis años.

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